Dice Marouane Laabbas el Guennouni, en plena ola de calor, que para gestionar el calor no podemos esperar a que lleguen las temperaturas extremas. «Deberíamos hacerlo cuando está nevando», analiza en esta entrevista en Climática con motivo del estudio que, junto con el investigador Andreas D. Flouris, acaba de publicar en el Instituto Sindical Europeo (ETUI), el centro de investigación y formación de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

Con el título El cambio climático y la salud de los trabajadores, el informe recoge lo que viene siendo una evidencia desde hace tiempo –»El cambio climático está haciendo más vulnerables a ciertas personas trabajadoras”–, pero también incluye entre sus principales conclusiones qué hay que hacer para evitarlo: «El estrés térmico laboral es prevenible, pero solo si la prevención se aborda como una obligación del empleador y una cuestión laboral colectiva, y no como una cuestión de resiliencia individual«. Entre las medidas figuran la evaluación de los riesgos térmicos mediante indicadores adecuados, la hidratación, la disponibilidad de zonas de descanso frescas o a la sombra, los ciclos de trabajo y descanso remunerados, la reprogramación de tareas, la aclimatación, la ventilación, la planificación de emergencias, la formación, la vigilancia de la salud y medidas específicas para los trabajadores con mayor riesgo.

«La necesidad de protección ante la exposición al calor no es cuando el calor sucede –insiste el coautor del estudio– sino que tienes que tener una preparación, medidas, protocolos de actuación que adopten el principio de prevención, es decir, medidas que estén preparadas para proteger antes, durante y después de la exposición». Es decir, no basta con un indicador concreto que solo tenga en cuenta la temperatura, sino otros factores como la humedad, la velocidad del aire… o, incluso, cómo los equipos de protección individual van a afectar o no al calor que experimentan las personas trabajadoras. 

En ese aspecto, el estudio señala asuntos que generan riesgos climáticos: «El diseño del lugar de trabajo, la organización laboral, la intensidad de las tareas, la vestimenta, los equipos de protección individual (EPI), la jornada laboral y el poder de negociación determinan si dichos riesgos se convierten en exposiciones laborales; y la exposición puede derivar en enfermedades, lesiones, pérdida de capacidad laboral, reducción de ingresos e inseguridad”. Y muchas veces, esas lesiones no son vistas como una consecuencia del efecto del calor.

Según recoge el mismo informe, análisis recientes del Centro Común de Investigación prevén que 22 regiones europeas pueden sufrir pérdidas anuales de productividad laboral superiores al 1% para el año 2050, cifra que ascendería a 107 regiones en la década de 2080. Estas pérdidas no se distribuyen de manera uniforme. Si bien el sur de Europa y la región mediterránea ya presentan una exposición elevada, el centro, el este y el norte de Europa también se ven cada vez más afectados, especialmente en zonas de islas de calor urbanas, edificios mal adaptados y sectores que históricamente no se diseñaron teniendo en cuenta las altas temperaturas.

Entre los trabajadores con menor capacidad para afrontar este riesgo se encuentran los migrantes y las personas en situación irregular, los trabajadores estacionales y de plataformas digitales, los falsos autónomos, los trabajadores remunerados a destajo, las trabajadoras embarazadas, los trabajadores de mayor y menor edad, aquellos con enfermedades crónicas y quienes deben utilizar equipos de protección individual o impermeables; no obstante –insiste el documento–, su vulnerabilidad deriva de factores diversos, como la susceptibilidad fisiológica, la concentración en sectores y ocupaciones de alto riesgo, las condiciones laborales precarias y una capacidad más limitada para ejercer sus derechos laborales.

Dice también Marouane Laabbas el Guennouni, que ha visto los efectos del calor en trabajadoras como su abuela y su madre, que en dos de las tres conferencias que ha organizado desde el ETUI este año se han producido situaciones en las que ha habido una emergencia hablando de la propia emergencia: «Es que recuerdo que en Barcelona estábamos en la sala y todos los móviles empezaron a sonar con la alarma. ¿Por qué digo esto? Porque está pasando ya. Es la nueva realidad. Y sin darle respuesta, nos va a atrapar, ya nos está atrapando».

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El término del día, que, con toda seguridad, tendrá más recorrido: el absentismo laboral. Declaraciones recientes de Feijóo sobre el coste económico del mismo para las empresas y el erario público, recogiendo el testigo de las patronales y la economía y los economistas conservadores. Como si absentismo fuera una argucia de los currantes para trabajar menos o con menos intensidad, sin renunciar a sus ingresos. 

En realidad, nada nuevo en el firmamento. El objetivo es mezclarlo todo para no hablar de lo verdaderamente trascendente. El denominado absentismo laboral, expresión claramente tendenciosa, incluye, entre otros conceptos, la incapacidad temporal –como las bajas médicas– y los permisos retribuidos y no retribuidos. Es una expresión que arremete de forma infame contra derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras. Resulta sencillamente inaceptable que ese sea el debate y no la precariedad en el trabajo y los bajos salarios, que impiden llevar una vida decente y ejercer plenamente los derechos laborales y sociales. 

Pero el asunto en cuestión presenta mucho más recorrido. Tiene que ver con el lenguaje utilizado que pretende incorporar (imponer) un sentido común que, supuestamente, debe tomarse como punto de partida de un debate racional y razonable… ¡un espacio donde se darían cita la buena economía y los buenos economistas! 

Sin pretender ser exhaustivo, algunos ejemplos que pretenden reflejar el sentido común al que acabo de hacer referencia y que constituyen manipulaciones de gran calado:

a) La utilización del término “mercado de trabajo”, cuando en realidad las condiciones de vida de los trabajadores están indisociablemente unidas al ejercicio de los derechos laborales y humanos, derechos que ni pueden ni deben abordarse en clave mercantil.

b) Cuando se aplican políticas para, supuestamente, “flexibilizar” el mercado laboral cuando en realidad se pretende, y se ha conseguido en buena medida, debilitar o anular la capacidad de lucha y negociación de las personas trabajadoras, creando las condiciones para presionar a la baja los salarios.

c) Cuando se asocia “contención salarial” con competitividad, pretendiendo, errónea y sesgadamente, que este es el factor determinante de la misma.

d) Cuando se pretende establecer una relación de causa/efecto entre los salarios y la inflación, ocultando que esta tiene que ver sobre todo con el desorden estructural del capitalismo y el poder de las grandes firmas.

e) Cuando con estos enunciados se desvía descaradamente el foco donde en realidad debería situarse: las retribuciones de las élites empresariales y los grandes accionistas de las empresas, un terreno intocable, que, sin embargo, es fundamental para entender la economía realmente existente y los intereses que la articulan.

Sobre estos y otros temas cruciales se pasa, en el mejor de los casos, de puntillas. El debate queda, de este modo, atrapado y contaminado. 

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El 11 de mayo de 2026 comenzó una huelga indefinida de docentes de la enseñanza pública valenciana que finalizó el 11 de junio de 2026.

A continuación entrevistamos a un docente que ha participado de la misma para que nos explique esta huelga y como funcionan las herramientas autoorganizadas de lxs trabajadorxs: las asambleas de docentes.

Hay activas 433 asambleas de centro por todo el País Valencià, creando una coordinadora horizontal y asamblearia, al margen del control sindical, con la voluntad de dar voz directa a lxs docentes.

Desde la coordinadora de asambleas gestionan una caja de resistencia que tiene como objetivo principal el apoyo económico a lxs docentes que participan de la huelga indefinida.

¿Qué movilizaciones y huelgas preceden a la convocatoria de huelga indefinida del 11 de mayo de 2026?

La preparación de esta huelga comenzó en junio del año pasado con la movilización del profesorado de Formación Profesional. La FP se ha convertido en un sector muy atractivo para la empresa privada debido a la elevada demanda de estos estudios y a la falta de plazas en la enseñanza pública. Las empresas del sector educativo son plenamente conscientes de ello y llevan tiempo apostando por la FP privada. Al mismo tiempo, la Generalitat Valenciana se lo está poniendo en bandeja eliminando plazas, cerrando ciclos formativos, precarizando las condiciones laborales del profesorado y manteniendo una inversión insuficiente. La jugada es clara, se precariza la pública para forzar a parte del alumnado a irse a la educación privada.

Este conjunto de factores desembocó, en junio de 2025, en la celebración de las primeras asambleas de docentes de FP y en la convocatoria de una huelga de dos horas para el primer día del curso 2025-2026. Aunque el seguimiento fue limitado y la convocatoria tuvo un carácter principalmente simbólico, sí permitió organizar diversas acciones de visibilización y marcó el inicio de un curso que ya se anunciaba que no iba a ser “normal”.

Posteriormente, el profesorado experto (profesionales en activo en sus sectores contratados temporalmente por la Administración para impartir docencia en Formación Profesional) inició una huelga indefinida el 3 de noviembre en respuesta a la precariedad y la temporalidad que sufrían. La huelga se prolongó hasta el 9 de diciembre y concluyó tras lograr algunas de sus principales reivindicaciones, como una mayor estabilidad laboral y la paralización de los recortes en su jornada laboral que había planteado la administración para este mismo curso.

Paralelamente, las asambleas docentes de colegios e institutos continuaron fortaleciéndose y comenzaron a elaborar un calendario de movilizaciones para el conjunto de la enseñanza pública. La idea inicial era convocar una jornada de huelga cada mes con el objetivo de obligar a la Conselleria a negociar, ya que, pese a la existencia de mesas sectoriales donde se supone la administración negocia con los sindicatos, esta se negaba sistemáticamente a escuchar las reivindicaciones del profesorado.

La primera cita fue el 11 de diciembre, cuando se convocó la primera huelga general educativa del curso. En ella ya estaban presentes las principales reivindicaciones del conjunto del profesorado.

Tras esa jornada parecía abrirse una posibilidad de negociación y, por ello, el calendario inicial se modificó. Sin embargo, pronto quedó claro que la propuesta de la Administración era insuficiente y era únicamente una estrategia para ganar tiempo, por lo que se convocó una segunda jornada de huelga general para el 31 de marzo.

Esa segunda huelga coincidía, además, con el último día de clase antes de Semana Santa en muchas comarcas. A pesar de ello, la participación fue masiva y evidenció que el conflicto estaba creciendo y que cada vez más docentes decidían implicarse activamente.

Además de las jornadas de huelga, tanto los sindicatos como las asambleas docentes organizaron concentraciones semanales en los centros educativos, repartieron propaganda y desarrollaron un importante trabajo de información y pedagogía dirigido tanto al profesorado como al alumnado y las familias.

¿Cuáles han sido las reivindicaciones?

Las reivindicaciones se dividían en 8 bloques:
• Simplificación burocrática: el trabajo de maestrxs y profesorxs se está convirtiendo cada vez más en rellenar papeles y realizar memorias en lugar de centrarse en lo importante que es acompañar al alumnado. Se pide simplificar trámites, eliminar informes duplicados.
• Mejorar la inclusión educativa del alumnado: se reclama aumento de plantillas y más recursos para inclusión
• Defensa de la formación profesional: tal y cómo he explicado al principio se está llevando a cabo un proceso encubierto de desmantelamiento y privatización de la FP, y las reivindicaciones van encaminadas a la paralización de eliminación de ciclos y al aumento de horas de lxs profesionales.
• Defensa del valenciano como lengua vehicular. El año pasado la Generalitat se sacó de la manga una ley (que con toda su desvergüenza la llamaron “Ley de Libertad Educativa») que intenta arrinconar aún más el valenciano y obliga a los centros a segregar al alumnado por motivo de lengua en vez de por criterios educativos. Además están modificando el currículo de valenciano con criterios ideológicos, por ejemplo quitando autores catalanes y de las Baleares.
• Infraestructuras: se demanda tanto la construcción como el mantenimiento y climatización de unos centros que literalmente se están cayendo a pedazos y en los que en los meses de calor (que aquí os aseguro que son muchos) estamos dando clase a alumnxs a 30º.
• Descenso de ratios de alumnado: Se pide un descenso de ratio en todos los ciclos, desde 0-3 años hasta Bachillerato. Actualmente estamos con unas ratios inasumibles para una sola persona en clase, esto afecta tanto al día a día del profesional como a la atención del alumnado.
• Aumento de plantillas en los centros. Al final todas las reivindicaciones están vinculadas, para disminuir ratios necesitamos más centros y aumento de plantillas. En este aumento de plantillas se incluyen también orentadorxs, personal aministrativo, pedagogxs… Además un punto importante que se demanda es la agilización de las sustituciones, ya que ahora cuando falta un docente el alumnado puede pasar más de 2 semanas sin sustitutx.
• Recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos 20 años por parte del profesorado. En los últimos 20 años Conselleria no a actualizado su parte del sueldo de los profesionales de la educación, se reclama la actualización del IRPF de todo este tiempo y la recuperación de las pagas extras completas (después de la crisis de 2008 se recortaron las pagas extras de lxs docentes y aunque otrxs funcionarixs han recuperado el total de las pagas, lxs docentes del PV siguen sin cobrar estas pagas completas).

Las reivindicaciones eran muchas, pero con ellas se pretende revertir el proceso de desmantelamiento y precarización de la totalidad del sistema educativo valenciano.

¿Cómo surge la convocatoria de huelga docente indefinida del 11 de mayo de 2026 y cual son sus reivindicaciones?

La convocatoria de la huelga indefinida comenzó a gestarse durante el mes de abril. Tras la huelga general del 31 de marzo, la Conselleria de Educación seguía dando largas al profesorado y proponía un calendario de negociación que se prolongaba más allá del final del curso. Todo indicaba que su estrategia consistía en desgastar la movilización y dejar pasar el tiempo sin abordar realmente ninguna de las reivindicaciones planteadas.

El 18 de abril, la Coordinadora de Asambleas Docentes, junto con diversos sindicatos y plataformas (CADPV, STEPV, CCOO, UGT, CNT, COS, CGT, CSO y Docents en Lluita), lanzó una consulta para decidir cómo continuar las movilizaciones. Se plantearon tres opciones: convocar una huelga indefinida a partir del 11 de mayo, iniciar la huelga el 25 de mayo o realizar una huelga escalonada en jornadas clave.

La primera opción pretendía aprovechar el calendario académico para afectar tanto a la EBAU como a las evaluaciones finales. La segunda renunciaba a intervenir en la EBAU, pero buscaba dificultar el cierre del curso tanto institutos como colegios y se consideraba más sostenible en el tiempo. La tercera consistía en concentrar las jornadas de huelga en fechas estratégicas, una fórmula similar a la que posteriormente adoptaron los compañerxs de cataluña.

La consulta arrojó un resultado muy claro: la mayoría apostó por iniciar la huelga cuanto antes, el 11 de mayo. En los centros educativos el cansancio y el malestar eran ya muy evidentes y existía la convicción de que había llegado el momento de demostrar que el profesorado estaba dispuesto a ir a por todas.

¿Cúando nace la coordinadora d’assemblees docents del País Valencià (CADPV)?

Las asambleas docentes ya existían en muchos centros antes de este conflicto. En algunos casos eran simplemente grupos de WhatsApp donde el profesorado más politizado compartía información sobre movilizaciones y acciones. Sin embargo, con el inicio del curso comenzó un proceso de fortalecimiento de esas estructuras y de creación de nuevas asambleas allí donde todavía no existían.

La Coordinadora de Asambleas Docentes nació entre enero y febrero de 2026 como resultado de ese proceso de organización. Su aparición permitió coordinar el trabajo que ya se estaba realizando en numerosos centros y consolidó una estructura horizontal que facilitó el intercambio de información y la toma de decisiones colectivas.

Durante la huelga, el efecto contagio fue determinante. En prácticamente todos los centros había docentes con ganas de implicarse, y comprobar que en otros institutos se estaban organizando asambleas animó a muchas personas a dar el paso y crear las suyas propias.

La labor de la Coordinadora ha sido principalmente técnica y organizativa. Se ha encargado de impulsar consultas al profesorado, elaborar documentos de análisis, coordinar materiales informativos y diseñar campañas de comunicación y propaganda que posteriormente difundían las distintas asambleas.

Según su pagina web la CADPV tiene como objetivo crear una coordinadora asamblearia y horizontal para dar voz directa a lxs trabajadorxs en huelga al margen del control sindical. En el mapa hay 433 asambleas de centro activas. ¿Cómo es el funcionamiento y la organización de tareas en el día a día de la huelga en las asambleas de cada centro?

La verdadera columna vertebral de la huelga han sido las asambleas de centro. Desde ellas se ha organizado el trabajo cotidiano: los piquetes informativos diarios en las puertas de los colegios e institutos, la participación en concentraciones y manifestaciones, la elaboración y distribución de propaganda, así como la celebración de asambleas informativas dirigidas tanto al profesorado como a las familias.

Durante todo el conflicto, la CADPV ha trabajado de manera coordinada con los sindicatos y colectivos que mantuvieron la unidad sindical hasta el final: STEPV, CCOO, UGT, CNT, COS, CGT, CSO y Docents en Lluita.

Ha sido un proceso muy exigente, con una enorme carga de trabajo diario y muchos altibajos emocionales. Sin embargo, también ha resultado profundamente enriquecedor. Una de las experiencias más bonitas ha sido comprobar que no estábamos solos en nuestros centros y ver cómo compañeras y compañeros que inicialmente parecían mantenerse al margen acababan implicándose plenamente y sosteniendo la movilización.

Los medios de comunicación solían mostrar las cabeceras de las grandes manifestaciones y a los representantes sindicales, pero el auténtico trabajo de organización, concienciación y movilización se desarrolló en las asambleas. Fueron ellas las que llenaron los centros educativos y los barrios de carteles, organizaron las acciones diarias, animaron a lxs indecisxs y mantuvieron viva la huelga durante semanas.

La CADPV gestiona una caja de resistencia que tiene como objetivo principal el apoyo económico a las personas docentes que participan en la huelga indefinida. La finalidad es minimizar el impacto económico de la perdida salarial y garantizar la sostenibilidad de la lucha en el tiempo. También dar cabida a la solidaridad. ¿Qué tal funciona la caja de resistencia?

Según los acuerdos aprobados por la Coordinadora, pueden solicitar ayuda las personas que hayan participado activamente en la huelga indefinida o que hayan sufrido algún tipo de represión relacionada con el conflicto o con las acciones desarrolladas durante el mismo.

La ayuda económica podrá cubrir, como máximo, el 50 % del salario descontado por los días de huelga. En caso de que los recursos disponibles no sean suficientes para atender todas las solicitudes, se dará prioridad a las personas con una situación económica más vulnerable o con mayores cargas familiares.

Aun así, todavía es pronto para hacer una valoración de su funcionamiento. Estamos a finales de junio y es ahora cuando comenzarán a aplicarse los descuentos salariales. Todo apunta a que la Conselleria no los realizará de una sola vez, sino de manera escalonada. Si finalmente es así, muchas personas podrán afrontar mejor la pérdida económica y quizá no sea necesario recurrir a la caja de resistencia, lo que permitiría reservar esos recursos para quienes realmente los necesiten y para futuras movilizaciones.

A finales de mayo una profesora recibe una agresión por parte de un policía nacional en Valencia sufriendo diversas lesiones.
A primeros de junio docentes en huelga acudieron a parar un deshaucio de una madre y sus dos hijos, estudiantes del IES El Pla de Alacant. acabando en cargas policiales.
¿Cómo se ha vivido y ha sido la respuesta a la represión?

La represión forma parte de cualquier conflicto de estas características y este no ha sido una excepción. Casos como el del desahucio de Alicante o la agresión sufrida por una docente en Valencia (que además ya estaba jubilada) han servido para visibilizar una realidad que muchas personas no percibían hasta entonces.

Estos episodios hicieron que muchxs compañeros, compañeras y familias tomaran mayor conciencia de la dimensión del conflicto y reaccionaran con indignación. Especialmente llamativo fue el caso de Valencia, que provocó que muchos colegios e institutos se llenaran de carteles denunciando la violencia policial.

Este tipo de casos más llamativos se vuelven en contra de la policia y el gobierno de turno, realmente creo que para ellos es pegarse un tiro en el pie.

En Valencia hubo una acampada de docentes, ¿cómo se vivió la misma?

La acampada comenzó durante la cuarta semana de huelga como una forma de dar un nuevo impulso al conflicto y trasladarlo al centro de la capital. Después de más de tres semanas de movilización, era evidente que la Conselleria seguía apostando por el desgaste. Al mismo tiempo, algunas compañeras empezaban a reincorporarse al trabajo debido a la presión económica y al enorme desgaste físico y emocional que suponía sostener una huelga indefinida.

En ese contexto se decidió organizar la acampada con la intención de recuperar la iniciativa, aumentar la visibilidad del conflicto y demostrar que seguíamos dispuestos a mantener la presión.

En realidad, durante toda la huelga surgieron iniciativas muy imaginativas. La creatividad fue una constante y muchas compañeras dedicaron una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo a idear nuevas formas de movilización. La acampada fue una de ellas, pero también destacaría la Manifa’s Band, una banda formada por docentes de numerosos centros que acompañó manifestaciones y actos públicos, convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles de la movilización.

Asimismo, se acudió de forma sistemática a numerosos actos públicos del president de la Generalitat, del secretario autonómico de Educación y de la consellera. El objetivo era muy claro: que el conflicto estuviera presente allí donde acudieran los responsables políticos y hacer imposible que pudieran ignorarlo.

¿En algún momento del conflicto ha existido la posibilidad de extender la huelga a los estudiantes para hacerla mas fuerte?, ¿ha existido iniciativas asamblearias y horizontales en forma de asambleas de estudiantes que en cada centro extendieran la lucha?

Sí. El estudiantado organizado también tuvo un papel activo durante el conflicto. Inicialmente convocó algunas jornadas concretas de huelga y, posteriormente, puso en marcha una huelga indefinida paralela a la del profesorado.

Al menos en Alicante, estas movilizaciones estuvieron impulsadas por el Sindicato de Estudiantes, aunque tengo constancia de que en otros territorios también surgieron asambleas estudiantiles al calor del conflicto.

Desde el profesorado también se hizo un esfuerzo importante por implicar no solo al alumnado, sino también a las familias. De hecho, varias de las manifestaciones conjuntas de docentes y familias fueron históricas por su dimensión, con miles de personas llenando las calles de pueblos y ciudades.

La implicación de las familias ha sido muy grande sobre todo en la etapa de infantil y primaria (colegios). En estos centros las familias han participado de las concentraciones semanales a las puertas de los centros, han colgado pancartas y han estado apoyando a lxs maestrxs durante toda la huelga.

Desde la CADPV han realizado dos encuestas para ratificar los preacuerdos de 29 de mayo y 9 de junio.
En el preacuerdo del 29 de mayo hay 30014 respuestas, rechazando el mismo un 91% con 27270 respuestas.
En el preacuerdo del 9 de junio hay 30238 respuestas a la encuesta, rechazando el mismo un 87% con 26217 respuestas.
¿Qué organizaciones llegan a esos preacuerdos ampliamente rechazados?, ¿por qué la mayoría de las respuestas rechazan esos preacuerdos?, ¿en las mesas de negociaciones hay delegadxs de las asambleas de centro de la CADPV que puedan defender de manera directa los intereses de lxs huelguistas?

Uno de los principales objetivos de la CADPV durante todo el conflicto fue evitar que las decisiones quedaran exclusivamente en manos de las direcciones sindicales. Desde el principio se defendió un modelo basado en el principio de «un profesor, un voto», mediante consultas abiertas al conjunto del profesorado.

La primera de esas consultas sirvió para decidir qué estrategia de movilización seguir. Posteriormente se realizaron nuevas votaciones para ratificar o rechazar cada una de las propuestas que iban surgiendo durante la negociación. Además, estas consultas siempre iban acompañadas de documentos explicativos y comparativas entre las reivindicaciones iniciales del profesorado y las propuestas presentadas por la Conselleria, de manera que cada docente pudiera votar con toda la información disponible.

El principal problema fue que las asambleas no pudieron participar directamente en la negociación. De hecho, ni siquiera todos los sindicatos convocantes de la huelga estuvieron presentes en la mesa. La Conselleria decidió negociar exclusivamente con los sindicatos que forman parte de la mesa sectorial, es decir, aquellos con representación surgida de las elecciones sindicales. Como consecuencia, tanto la CADPV como sindicatos muy implicados en el conflicto —como CGT, CNT, CSO o COS— quedaron excluidos del proceso negociador.

Desde nuestro punto de vista, esta decisión era muy discutible. Cuando se convoca una huelga debería ser el comité de huelga quien participe en la negociación. Sin embargo, los sindicatos presentes en la mesa sectorial aceptaron el formato planteado por la Conselleria, que les resultaba más favorable, y finalmente fue ese el modelo que se impuso.

Durante las primeras semanas se mantuvo una cierta unidad sindical. Sin embargo, en la tercera semana de huelga ANPE y CSIF, los dos sindicatos más conservadores presentes en la mesa, rompieron esa unidad al apoyar una propuesta de incremento salarial muy alejada de las reivindicaciones defendidas por la mayoría del profesorado.

A partir de ese momento, la Conselleria aprovechó la división para intensificar su estrategia de desgaste. Dio por cerrado el debate salarial al contar con el apoyo de esos dos sindicatos y dejó de convocar reuniones de negociación durante varios días, mientras mantenía encuentros telemáticos únicamente con ANPE y CSIF, que representan aproximadamente al 30 % del profesorado. Al mismo tiempo ignoraba a la inmensa mayoría de docentes que seguíamos movilizados en las calles.

Realmente este fue un momento crítico de la huelga, se mezcló el cansancio, la desilusión con la rabia de mucha gente, aún así se consiguió continuar, eso si, teniendo ya muy claro que teníamos al enemigo sentado a los dos lados de la mesa de negociación.

¿Cómo se decide suspender la huelga y desde que día?, ¿continúan las movilizaciones pese a la suspensión de la huelga?, ¿existe la posibilidad de que en septiembre se vuelva a la huelga indefinida o a retomar la lucha de alguna manera?

Tras finalizar la cuarta semana de huelga, el fin de semana del 6 y 7 de junio, y después de semanas de bloqueo por parte de la Administración, la Conselleria modificó aparentemente su estrategia y dio la impresión de querer abrir una negociación real. Presentó una propuesta mucho más elaborada que las anteriores, en la que ya aparecían cifras de inversión y un calendario de aplicación de las distintas medidas.

El cambio de actitud fue evidente. Llegó incluso a convocar reuniones de negociación en domingo y, a partir de ese momento, las reuniones pasaron a celebrarse diariamente. Además, la Conselleria comenzó a retransmitirlas en streaming, intentando proyectar una imagen de transparencia y diálogo muy distinta de la que había mantenido durante las primeras semanas del conflicto.

El 9 de junio hizo llegar esa propuesta al correo corporativo de todo el profesorado del País Valencià. En ese momento, la CADPV, junto con los sindicatos que todavía mantenían la unidad sindical, lanzó una nueva consulta para que el profesorado decidiera si aceptaba o rechazaba el acuerdo.

La consulta permitía votar cada uno de los puntos por separado y, además, planteaba una cuestión fundamental: qué hacer si la propuesta era rechazada en su conjunto. Se ofrecían tres opciones: continuar con la huelga indefinida, suspenderla o desconvocarla.

La mayoría del profesorado entendía que había llegado el momento de poner fin a la huelga. El seguimiento había disminuido considerablemente y el curso estaba prácticamente terminado, por lo que mantener la huelga indefinida había dejado de tener sentido desde un punto de vista táctico. Sin embargo, quedaba por decidir si convenía suspenderla o desconvocarla.

En ese debate también afloraron las diferencias entre las organizaciones convocantes. Los sindicatos presentes en la mesa sectorial (STEPV, UGT y CCOO) defendían la suspensión, argumentando que eso permitiría reactivar la huelga de manera inmediata si fuera necesario durante el siguiente curso.

Por el contrario, los sindicatos que habían quedado excluidos de la negociación (CGT, CNT, COS y CSO) apostaban por la desconvocatoria. Consideraban que así sería posible replantear la estrategia de movilización en septiembre sin quedar condicionados por la estructura de la huelga anterior. Además, entendían que mantener la convocatoria suspendida implicaría que CSIF siguiera formando parte de la convocatoria si esta se reanudaba, algo que muchos considerábamos políticamente contraproducente.

¿Qué tal ha sido el seguimiento de las empresas de comunicación?, ¿se ha intentado silenciar o desinformar desde los medios la huelga y la lucha de los docentes?

Como ocurre con muchos conflictos laborales, hubo intentos de minimizar o distorsionar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, una huelga de estas dimensiones era prácticamente imposible de ocultar.

Hay que tener en cuenta que el profesorado de la enseñanza pública valenciana está formado por cerca de 80.000 personas y que durante varias semanas decenas de miles participaron diariamente en manifestaciones, concentraciones y todo tipo de acciones. Los cortes de tráfico fueron constantes en las principales ciudades y las camisetas verdes se convirtieron en una imagen habitual en las calles.

En muchos centros el seguimiento fue tan elevado que resultó imposible desarrollar la actividad lectiva con normalidad. Hubo colegios en los que el alumnado permaneció durante las 5 semanas que duró la huelga en los patios y sin dar una sola clase por la falta de profesorado. Esa realidad la vivieron directamente las familias y hacía muy difícil ocultar la magnitud del conflicto.

No sé exactamente cómo se percibió la huelga desde fuera del País Valencià, pero desde aquí la movilización ocupó un espacio muy importante en los medios de comunicación durante prácticamente cinco semanas.

Pero otro tema era la manipulación y el intento de poner al conjunto de la sociedad en nuestra contra. Algunos medios de comunicación próximos a la derecha publicaron informaciones destinadas a generar rechazo hacia la huelga desde incluso antes de que esta empezara. Se difundieron, por ejemplo, noticias sobre el descenso de las bajas médicas durante el verano, se decía que lo único que pedíamos era más dinero o difundían fotografías de docentes tomando algo en una terraza después de una manifestación, intentando transmitir una imagen frívola de la movilización.

En mi opinión, fueron intentos bastante burdos que tuvieron muy poco recorrido porque contrastaban con la realidad que estaba viviendo la sociedad valenciana.

De hecho, si algo ha caracterizado esta huelga ha sido el enorme apoyo social recibido. En numerosos centros las familias participaron activamente en las movilizaciones, acudieron a las manifestaciones y llenaron colegios e institutos de carteles de apoyo.

Era habitual que, durante las manifestaciones, la gente saliera a aplaudir desde las aceras o que simplemente, al ver a alguien con la camiseta verde, se acercara para mostrarle su apoyo y darle ánimos.

A pesar del esfuerzo de algunos medios y de la propia Conselleria por controlar el relato, creo que esta huelga ha conseguido algo muy importante: el respaldo mayoritario de la sociedad valenciana. Con la perspectiva que da el paso del tiempo, creo que ese es uno de sus principales logros. Durante semanas tuvimos la sensación de que nadie nos escuchaba y de que todo el esfuerzo era inútil. Sin embargo, hoy pienso que conseguimos convertirnos en el principal problema político del Gobierno valenciano durante buena parte del final del curso. Y dudo mucho que quieran volver a enfrentarse a una situación similar el próximo curso, además en un contexto preelectoral.

¿Desde fuera del País Valencià como se puede mostrar el apoyo y solidaridad a la lucha de lxs docentes?

Lo más importante es entender que los problemas que han dado lugar a esta huelga no son exclusivos del País Valencià. En muchos territorios se están produciendo procesos similares de deterioro de la educación pública y de precarización de las condiciones laborales del profesorado.

De cara al próximo curso ya se están preparando movilizaciones en distintos puntos del Estado. En Madrid, por ejemplo, ya se ha anunciado una huelga indefinida para el mes de octubre. En Cataluña continuarán las movilizaciones y en Castilla también se están organizando nuevas protestas.

La mejor forma de mostrar solidaridad es apoyar las luchas que se desarrollen en cada territorio, participar en ellas cuando sea posible y contribuir a difundirlas. La defensa de la educación pública es un problema común y solo podrá afrontarse mediante la organización y el apoyo mutuo.

Para finalizar esta entrevista puedes añadir lo que consideres.

Simplemente daros las gracias por brindarnos este espacio y permitir que podamos explicar, aunque sea brevemente, todo lo que hemos vivido durante estas semanas.

Y, sobre todo, animar a todas las compañeras y compañeros a organizarse y a luchar por unas condiciones laborales dignas y por una educación pública de calidad. La huelga sigue siendo nuestra mejor herramienta de lucha, y estando unidxs podemos conseguirlo todo.

Si uno decide visitar el Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía (MCARS) de Madrid, seguramente en la puerta se encuentre con varios trabajadores que advierten de la huelga del servicio de atención al público que realizan desde el 13 de junio. Se trata de algo más de una veintena de empleados que cumplen con un trabajo estructural y continuado en la pinacoteca pero que, sin embargo, son gestionados a través de contratos externalizados a terceras empresas. La gota que ha colmado un vaso ya demasiado rebosante han sido los nuevos pliegos. Según explica Víctor –prefiere no dar su apellido–, portavoz del sindicato Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT), que da cobertura a los paros, el Museo ha licitado el servicio con la desaparición de dos puestos de atención al público por turno.

De esta forma, la nueva compañía adjudicataria tendrá que ejecutar dicha reducción como despido o como reducción horaria con la consiguiente reducción salarial. Desde el Reina Sofía han respondido a La Marea que esta reducción “responde precisamente a una reivindicación sindical reiterada sobre las condiciones climáticas intolerables que presentan los puntos de información situados en el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal”. 

Por su parte, Víctor contradice esta versión. Según asegura, la plantilla en la sede principal del Museo, en la plaza de Juan Goytisolo, siempre ha sido de diez posiciones por turno que ahora se reducen a ocho. “Esto no tiene nada que ver con las posiciones de palacios cuando estaban abiertos hace dos años que eran tres por la mañana, tres por la tarde y tres el fin de semana”, a las que se añadían una decena más en la sede principal.

El SUT recuerda que el Reina Sofía ha experimentado un incremento paulatino del número de visitantes, hasta que este 2025 han superado los 1,6 millones. “Pese a esto, la dirección quiere reducir un 20% la plantilla de atención al público, la que se dedica a la accesibilidad universal al centro, la necesidad de sillas de ruedas, atención e identificación de grupos, validar entradas, así como informar sobre los accesos”, reitera el portavoz.

Este servicio indispensable para el Museo se encuentra externalizado, al igual que el de mediación cultural, cuya plantilla decidió secundar los paros desde su comienzo hasta el pasado 24 de junio. El MNCARS ha detallado que la última oferta de empleo pública resuelta, que corresponde a 2020 pero ofertada en 2025, recogía ocho plazas de informadores que resultaron vacantes. “En los tres años que esta dirección lleva al frente del Museo la plantilla ha aumentado en más de 160 personas, reduciéndose en 140 los contratos externalizados de vigilancia de sala”, han cifrado.

Denuncian los servicios mínimos

La huelga también ha encontrado cierto conflicto con los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Cultura, marcados en un 30%. Desde el SUT denuncian que los servicios mínimos están pensados para servicios de “inaplazable necesidad” que experimentan huelgas por parte de la plantilla que los ofrece. “Y ahora obligan a unos servicios mínimos en un museo que cierra cada martes y domingo por la tarde con la excusa de garantizar el acceso a la cultura”, insiste Víctor. El sindicato considera falso que no poder entrar al Reina Sofía por un conflicto laboral sea motivo suficiente para poder afirmar que por ello se vulnera el derecho a la cultura de la población. Ya han recurrido esta medida implantada por la cartera que tiene a Ernest Urtasun al frente.

“Con esta decisión, que toma el Ministerio, que no es un ente imparcial sino el responsable directo del Museo, sabotean y diluyen totalmente nuestra fuerza frente a la prepotencia institucional y los despidos”, añade Víctor. Cultura ha afirmado a La Marea que el Tribunal Constitucional dictamina que el responsable de establecer los servicios mínimos en una huelga es el órgano gubernamental con competencias en la materia y en los servicios afectados por la misma. “Al ser una cuestión de cultura, le corresponde al Ministerio de Cultura”, han dictaminado.

Tal y como han remarcado, para decretar los servicios mínimos se han basado en jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en dos cuestiones: la “relevancia singular dentro del sistema cultural español” que posee el MNCARS por tratarse de la institución nacional de referencia para la conservación, investigación, exhibición y difusión del arte moderno y contemporáneo; y que “el acceso a la cultura es un derecho constitucional que cualquier administración competente debe garantizar”. Según defienden, se han decretado unos servicios mínimos que garantizan tanto el derecho al acceso a la cultura como el derecho a huelga.

Los efectos de la huelga

Pese a los servicios mínimos establecidos, los paros se dejan ver en las largas colas que se forman a la entrada del Museo, sobre todo en las franjas horarias gratuitas o determinados días de especial afluencia, ya que una de las funciones de la plantilla de atención al público es la validación de entradas. “El Museo ha utilizado a personal propio y a vigilantes de seguridad para sustituir a los huelguistas y hacer que su presión se reduzca”, afirma Víctor, quien apunta a que el SUT también ha denunciado estos hechos ante los tribunales de lo Social. El Museo, por su parte, niega cualquier tipo de sustitución de huelguistas.

El primer impacto directo de la protesta laboral ha sido el cierre del acceso por el edificio Nouvel. Asimismo, el SUT reivindica un descenso de hasta un millar de visitantes desde que comenzó la huelga, un extremo confirmado por el MNCARS, aunque no lo relacionan directamente con los paros. “Si el Ministerio no hubiera establecido los servicios mínimos, el Museo ya se tendría que haber sentado con la plantilla para negociar las futuras licitaciones. Así no habría habido ninguna huelga y el servicio no se habría degradado”, esgrime el portavoz del SUT.

Asimismo, Víctor aclara que cualquier comprador online de la entrada al Reina Sofía no sabrá hasta que llegue al museo que menos de un tercio de la plantilla de atención al público estará en disponibilidad de atenderle. “Una parte no desdeñable pero de difícil cuantificación de los visitantes se solidariza con nosotros al conocer nuestras demandas y no entra al ver cómo la institución tiene un discurso específico de puertas para afuera pero que no se corresponde con la realidad”, prosigue el portavoz. Las pantallas del centro de arte sí advierten in situ de los paros en el servicio de atención al público.

El equipo de 22 trabajadores de la plantilla de atención al público mantiene los ánimos altos gracias a la solidaridad de los primeros días de sus compañeros de mediación cultural y de la caja de resistencia que tantas personas están engrosando con sus aportaciones. “Estamos ante cuatro despidos y un enfado muy grande por el desdén y la hipocresía institucional del Museo”, recalcan desde el SUT.

Un cátering cuesta más que un salario anual

La cuantía de los salarios tampoco ayuda. El sindicato sostiene que los trabajadores de atención al público perciben unos 13.000 euros al año cuando el director de la institución, Manuel Segade, se embolsa más de 145.000 euros anuales. Le siguen la subdirectora con casi 96.000 euros y el director de gabinete, con más de 88.000 euros. Solo el cátering que el MNCARS encargó hace unas semanas para celebrar su 40 aniversario ya costó 14.000 euros, tal y como han confirmado fuentes internas del Museo. 

“Aquí hay trabajadores obligados a trabajar que van a ser despedidos dentro de unas semanas. Hoy son imprescindibles, mañana se van a la calle y no pueden hacer huelga contra su propio despido. Que se fomente esto desde un Museo que, al menos desde su márketing, defiende toda una serie de discursos alternativos y progresistas, es especialmente grave”, finaliza el portavoz.

Por último, el MNCARS ha incidido en que la dirección “ha trabajado conjuntamente con las organizaciones sindicales mayoritarias que representan a las más de 700 personas que integran la plantilla del Museo Reina Sofía con el objetivo de mejorar las condiciones laborales dentro de la institución”. Además, han subrayado que en un contexto de tres años con los presupuestos prorrogados se ha disminuido la rotación de personal, se ha reducido la salida de trabajadores y trabajadoras fuera del Museo y existe un buen clima laboral.

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Hoy, en la primera parte del programa, hablamos con el compañero Hector Martinez, abogado laboralista, sobre el SMI, los ERTE, la reforma laboral… ¿Hacia dónde vamos en cuestiones laborales?Después hablamos con Ruymán Rodriguez, de la FAGC, sobre el contexto socioeconómico en Canarias y, si, también sobre el volcán.

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“El trabajo es la fuente de casi toda la miseria en el mundo. Casi todos los males que puedas mencionar provienen del trabajo, o de vivir en un mundo diseñado para el trabajo. Para dejar de sufrir, tenemos que dejar de trabajar”.Así, con esa contundencia comienza el texto que va a ser protagonista de este […]

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Racismo y esclavitud en la producción de frutos rojos en la provincia de Huelva.

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La Llotja de Mar, símbolo del comercio marítimo barcelonés desde el siglo XIV, albergó durante dos días una conversación sobre los flujos invisibles que mueven el mundo contemporáneo: datos, algoritmos, plataformas, derechos. El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales –organizado en el marco de la Mobile World Capital Barcelona y financiado con fondos europeos de NextGenerationEU– acogió mesas redondas, charlas magistrales y sesiones de participación ciudadana sobre un mismo eje temático abordado desde ángulos muy distintos: el impacto de la inteligencia artificial y las plataformas digitales sobre los derechos fundamentales, la democracia y el trabajo.

Y, sin embargo, uno de los mensajes más repetidos a lo largo de las dos jornadas fue precisamente ese: que el debate llega tarde. Que mientras académicos, juristas y representantes sindicales discuten marcos regulatorios y garantías democráticas, las tecnologías que pretenden regular llevan años operando a escala masiva, moldeando conductas, eliminando empleos y concentrando un poder sin precedentes en manos de unas pocas corporaciones privadas. El congreso no podía resolver esa contradicción, pero al menos la nombraba sin eufemismos.

Buena parte de los asistentes que debatían sobre el empoderamiento de los trabajadores y la necesidad de escuchar voces colectivas lo hacían ataviados con traje. Una contradicción menor, quizás, pero elocuente: la urgencia por democratizar el debate digital convive, todavía, con los códigos y los circuitos de siempre.

El vehículo sin carriles

Geertrui Mieke De Ketelaere, ingeniera e investigadora de inteligencia artificial desde los años noventa y autora de The Chatbot Trap, fue una de las voces más contundentes de la primera jornada. Lleva décadas estudiando cómo las sociedades adoptan tecnología y ha aprendido a reconocer ciertos patrones que se van repitiendo, pero el que ve ahora con el desarrollo de la llamada “Inteligencia Artificial” le inquieta: “Cuando hay un accidente de coche, los daños están a la vista, pero con la IA los daños se esconden”. Su diagnóstico fue claro: el modelo habitual –primero optimizar, luego pensar en el impacto– se está repitiendo con la inteligencia artificial, pero a una velocidad y con una opacidad sin precedentes. “Tenemos que apresurarnos en ponerle carriles al vehículo”, resumió. El coche ya está en marcha, pero la carretera todavía no existe.

De Ketelaere fue más allá de la necesidad de regulación para hablar de algo más estructural, lo que ella llamó “la economía del apego”, es decir, la forma en la que las grandes plataformas explotan mecanismos dopamínicos para generar dependencia emocional, presentándola como mejora de las relaciones sociales cuando los efectos reales apuntan en dirección contraria. La adicción como business model.

Este tipo de análisis, que hace apenas una década habría sonado alarmista en un foro institucional, fue recibido en la Llotja de Mar sin apenas cuestionamiento. Algo ha cambiado en el consenso experto. La pregunta es más qué herramientas disponemos para actuar.

«Estamos entrenando a la máquina para que nos sustituya»

Si la sesión sobre sostenibilidad digital habló del problema en términos sistémicos, la mesa dedicada al impacto de las tecnologías emergentes en el trabajo sirvió para bajarlo a ras de suelo. María Luz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, arrancó desmontando una coartada habitual: “No estamos hablando del futuro del trabajo. Estamos hablando del presente”. Puso el ejemplo de los centros de atención telefónica, donde la voz de los trabajadores se graba sistemáticamente para entrenar a los bots que acabarán sustituyéndoles. “Estamos trabajando para que nos acaben desalojando”, resumió. Y aquí paz y después gloria.

Rodríguez reclamó que el debate sobre la propiedad de los datos laborales se sitúe en el centro de la agenda política y sindical. Los datos que generan los trabajadores en su actividad cotidiana tienen un valor económico enorme. Ese valor se captura, se monetiza y raramente revierte sobre quien lo produce. “No podremos transformar la sociedad sin la voz de las personas implicadas”, insistió. La transformación digital, advertía, requiere un diseño plural que vaya más allá de la perspectiva empresarial.

La mesa completó ese diagnóstico con otras voces. José Varela, responsable de IA y digitalización de UGT Confederal, distinguió entre empleo y empleabilidad: perder un trabajo es un drama individual, pero cuando una tecnología elimina categorías enteras de ocupación, lo que se destruye es la posibilidad misma de encontrar empleo en ese sector. “Eso está ocurriendo”, advirtió. Eva Rimbau-Gilabert, profesora de la UOC, añadió que el control tecnológico excesivo sobre los trabajadores siempre genera desafección y rompe el contrato psicológico. “La IA se está usando para sustituir, cuando debería ser utilizada para complementar”, concluyó. Las empresas, dijo, se están buscando un problema a medio plazo.

Democracia, juventud y el espejo iberoamericano

La primera jornada cerró con una mesa que amplió el foco geográfico y generacional. Alexandre Pupo, secretario general del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, aportó un dato que debería figurar en cualquier informe sobre el estado de las democracias: si en 2010 una mayoría de jóvenes iberoamericanos declaraba apoyar la democracia, en 2020 ese apoyo había caído al 45%. En el mismo período, las tasas de trastorno emocional y depresión se duplicaron.

Ciertamente, correlación no implica necesariamente causalidad. Pero en este caso, y a falta de que baje un estadista y lo certifique, todo apunta a que ambos conceptos se dan de la mano.

Pupo rechazó la narrativa de los que los jóvenes de hoy son “nativos digitales”, identificándola como una trampa conceptual. “Nos toca vivir en esta realidad, pero no nacemos preparados para ella”, dijo. Y apuntó a un dato que da que pensar. “En 2010 ocurre algo…Facebook crea el botón de me gusta”. Correlación no implica causalidad. Pero haríamos bien en recordar estos datos y atar algunos cabos.

Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM, señaló la asimetría regulatoria que subyace a todos estos debates: se regula con más intensidad a los usuarios que a los dueños de las plataformas. En América Latina, ese desequilibrio tiene consecuencias políticas directas que los marcos europeos tienden a subestimar. La cuestión de fondo es quién tiene el poder de definir qué se ve, qué se amplifica y qué se silencia en el espacio público.

Lo que queda pendiente

El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales no pretendía resolver los problemas que ponía sobre la mesa, y no los resolvió. Pero consiguió algo más difícil en el clima actual: reunir en un mismo espacio a personas que habitualmente hablan en registros y foros distintos –el académico, el sindical, el jurídico, el activista, el institucional– y forzarlas a escucharse. En un momento en que la velocidad del cambio tecnológico tiende a dejar obsoletos los marcos de análisis antes de que sean adoptados, esa lentitud deliberativa tiene un valor que no debe subestimarse.

Lo que el congreso dejó en evidencia es que el tiempo del diagnóstico se agota. Durante años, investigadores y activistas han documentado los riesgos de la concentración tecnológica, la explotación de datos, la manipulación algorítmica y la destrucción de empleo. Esa documentación existe. Los marcos regulatorios europeos –el AI Act, el Digital Services Act– existen también, aunque sean insuficientes. Lo que falta es, de algún modo, lo de siempre: voluntad política para actuar a la altura de un problema que ya nos está superando, y hacerlo en clave democrática en contra los intereses del poder tecnofeudal creciente.

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En marzo de 2026, Anthropic –la empresa que fabrica el modelo de inteligencia artificial Claude– publicó un informe sobre el impacto de la IA en el mercado laboral. Sus autores, Maxim Massenkoff y Peter McCrory, introducen un nuevo indicador para medir el riesgo de desplazamiento laboral por IA al que llaman observed exposure, una métrica que cruza la capacidad teórica de los modelos de lenguaje con su uso real y automatizado en entornos profesionales.

Los números son reveladores en su frialdad, aunque a estas alturas ya no sorprenderán demasiado: los programadores informáticos encabezan la lista de ocupaciones más expuestas, con un 74,5% de cobertura automatizable. Les siguen los representantes de atención al cliente (70,1%), los técnicos de entrada de datos (67,1%), los especialistas en registros médicos (66,7%) y los analistas de mercado (64,8%). La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos proyecta, además, que las ocupaciones con mayor exposición observada crecerán menos de aquí a 2034: por cada 10 puntos porcentuales de incremento en la cobertura IA, la proyección de crecimiento del empleo cae 0,6 puntos. Es una pendiente modesta en los decimales, pero inequívoca en la dirección.

El informe también detecta algo que todavía no aparece en las estadísticas de desempleo pero que lo precede: la contratación de jóvenes entre 22 y 25 años en los sectores más expuestos ha caído un 14% en el período post-ChatGPT. Los trabajadores de mayor edad permanecen en sus puestos; los jóvenes, sencillamente, ya no entran. La máquina no expulsa todavía de forma masiva; por ahora, cierra el acceso a quienes aún no han llegado.

Conviene señalar, antes de seguir, algo que ningún modelo econométrico puede capturar: el informe lo publica la misma empresa que construye la herramienta que desplaza los empleos. El capital tecnológico se ha arrogado también la función de diagnóstico, y eso delimita de antemano qué puede ser visto, pensado y, sobre todo, propuesto como solución. El informe mide la exposición al riesgo, pero la pregunta que no formula –a quién va a parar la productividad ganada– la responden los mercados cada trimestre con resultados récord.

La promesa incumplida de la abundancia

En 1930, en plena resaca del crack de Wall Street, John Maynard Keynes publicó un ensayo llamado Economic Possibilities for our Grandchildren en el que imaginó que hacia el año 2030 el progreso tecnológico habría resuelto el problema económico de la humanidad. Su predicción era que por aquel entonces (dentro de cuatro años), la humanidad disfrutaría de una jornada laboral de 15horas semanales, y el resto del tiempo podría ser dedicado al ocio, a la cultura, a lo que a cada cual le diera la gana. Keynes no era un revolucionario ni un utopista de izquierdas; era el economista más influyente de su siglo, y su argumento era puramente aritmético. Si la productividad crece lo suficiente, llega un momento en que las máquinas hacen el trabajo y los seres humanos pueden hacer otra cosa.

Paul Lafargue había llegado a una conclusión similar cincuenta años antes, en El derecho a la pereza (1880), aunque con una carga política que Keynes no compartía: si las máquinas producen más, los seres humanos deberían trabajar menos, y el hecho de que eso no ocurra dice algo sobre quién controla las máquinas, no sobre las máquinas en sí.

Marx lo había formulado en términos más radicales todavía, en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, al describir el trabajo como la forma fundamental de alienación del ser humano bajo el capitalismo. En ese texto, el trabajo se convierte en algo externo al trabajador, en una actividad que no le pertenece y que le arrebata la energía vital para convertirla en mercancía. La tecnología, en este esquema, debería representar la posibilidad histórica de revertir esa alienación: si las máquinas hacen el trabajo, los seres humanos podrían recuperar el tiempo para desarrollarse como tales.

Tres pensadores, tres tradiciones intelectuales distintas, la misma conclusión de fondo…pero lo que estamos viviendo en este momento es exactamente lo contrario de lo que los tres anticiparon. El aumento de productividad que trae la IA no está reduciendo la jornada laboral, ni garantizando una renta de subsistencia a quienes quedan desplazados, ni, por supuesto, financiando sistemas públicos más robustos. Está concentrando el excedente en manos de un número cada vez más reducido de propietarios de infraestructura digital, mientras los trabajadores desplazados navegan solos un mercado que ya no los necesita con la misma urgencia de antes.

La cuestión de fondo, sin embargo, no es que la IA destruya empleos netos, sino que los beneficios extraordinarios separan cada vez a aquellos que necesitan “matarse” a trabajar (a veces se trata de un matarse literal) ante una minoría ultrarrica con un poder económico superior al PIB de varios Estados del mundo.

De alguna manera la ola neoliberal que comenzó en las postrimerías de la primera mitad del siglo XX, ha encontrado en la IA su argumento más poderoso: la inevitabilidad. Si los mercados son eficientes y la tecnología es neutral, cualquier perturbación laboral es simplemente el precio del progreso, y quien no se adapte habrá elegido, en el fondo, su propio destino.

Lo que sería posible si hubiera voluntad política

No existe ninguna razón técnica por la que el aumento de productividad derivado de la IA no pueda distribuirse. Las propuestas son muchas. La renta básica universal, por ejemplo, ofrece un mecanismo: si las máquinas generan riqueza, que esa riqueza financie la vida de quienes las máquinas han desplazado. Una demanda que, lejos de ser una excentricidad de la izquierda, tiene defensores en tradiciones políticas muy diversas, precisamente porque la lógica que la sustenta es difícil de rebatir sin apelar directamente a los intereses de quienes acumulan.

Porque lo que sigue ocurriendo –y lo que el debate técnico sobre la IA sistemáticamente oscurece con sus métricas de cobertura y sus proyecciones de crecimiento sectorial– es que el aumento de la productividad no está sirviendo para liberarnos del trabajo, sino para concentrar la riqueza de muchos en manos de muy pocos. Keynes lo habría reconocido con perplejidad. Lafargue, con rabia. Y Marx, con la amarga satisfacción de quien ya lo habría anticipado.

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El 1 de mayo condensa una historia de huelga, represión, solidaridad y dignidad obrera. Su sentido sigue vivo en la lucha de clases, en la resistencia frente al capital y en el rechazo de las jerarquías patriarcales. Por todo ello se ha convocado una Manifestación libertaria que tomará partida desde la plaza del Cid a partir de las 13:00 horas y recorrerá las calles del centro de Burgos.

El 1 de mayo, nació como una jornada de combate obrero, como fecha de memoria y como llamamiento a la organización de clase. Su raíz no está en los despachos ni en la benevolencia de los gobiernos, sino en la lucha de quienes, frente a jornadas extenuantes, salarios de miseria y una disciplina fabril brutal, decidieron plantar cara al capital, quienes, no conformándose con ser sus esclavos asalariados, decidieron luchar por un mundo nuevo y pelear por la emancipación social. Ocho anarquistas pagaron con su vida tal desafío.

Este 2026 se cumplen 90 años de la Revolución Social de 1936, referente en la lucha por la emancipación social de los trabajadores, que demostró cómo la organización obrera puede parar la reacción fascista. En estos tiempos convulsos no debemos ignorar los numerosos aprendizajes que nos dejó; entre ellos, que no se puede pactar con la burguesía ni con los autoritarios, ya que estos pactos nos llevarían inevitablemente a la derrota del ideal libertario y revolucionario. Como personas libertarias y anarquistas, sabemos que la revolución debe apuntar al Estado y al capital desde el primer momento.
Hoy seguimos viviendo momentos en los que la vida es aplastada bajo el peso del sistema. Mientras que la riqueza se concentra en manos de unos pocos, las obreras sufrimos condiciones cada vez más precarias; cargando con situaciones de estrés, responsabilidades, abusos, explotaciones e injusticias diarias. No somos solo productoras y consumidoras; se nos reduce a cifras, a rendimiento, a piezas reemplazables. Ser obrera no puede ser sinónimo de sacrificio, sino de conciencia, organización y resistencia. Somos la fuerza que levanta cada fábrica, cada oficina, cada escuela. No aceptamos la precariedad como futuro, ni la explotación como norma.

Debemos señalar, por un lado, al sistema capitalista como causa de las crisis, de las inflaciones y la creciente desigualdad; por otro lado, a sus secuaces (CCOO, UGT, CSIF…) que han vendido el movimiento obrero a la patronal y al Estado, firmando negociaciones que producen asco y vergüenza, convirtiéndose así en enemigos de la clase trabajadora. Mientras que los beneficios se acumulan en la cima, quienes producimos realmente la riqueza vivimos en una lucha constante por llegar a fin de mes. Todo esto se suma al miedo por perder el trabajo y la imposibilidad de proyectar un futuro digno.

Hoy, cuando la precariedad cambia de nombre para parecer modernidad, el sentido del 1 de mayo conserva toda su vigencia. Las subcontratas, la temporalidad, los accidentes laborales y las muertes en los trabajos, la extensión encubierta de la jornada, la disponibilidad total, los falsos autónomos, la feminización y racialización de los empleos peor pagados muestran que la vieja cuestión social no ha desaparecido. Por eso el 1 de mayo exige algo más que nostalgia. Exige organización en los centros de trabajo y fuera de ellos. Exige reconstruir vínculos de solidaridad entre plantillas fragmentadas. Exige un sindicalismo de combate y una mirada feminista de clase, capaz de reconocer que ninguna emancipación obrera será completa si deja intactas las jerarquías patriarcales.
Conviene subrayar algo que el sindicalismo domesticado suele olvidar: el 1 de mayo no fue concebido para pedir permiso, sino para medir fuerzas. En la tradición libertaria y anarcosindicalista, esta fecha no remite a una celebración vacía, sino a una pedagogía de la dignidad.
Sería infame no mirar más allá de nuestras narices y obviar la realidad que nos rodea.
En un contexto global de guerra y deshumanización, vemos cómo la apropiación por la fuerza de los recursos y territorios ajenos nos retrotrae a las políticas belicistas y colonialistas, provocando el desplazamiento de millones de personas, destruyendo infraestructuras de todo tipo, masacrando a poblaciones indefensas, bombardeando escuelas, hospitales…

La guerra es característica indispensable y permanente del sistema estatal y capitalista. Según los intereses de la clase dominante, la guerra es desplegada de un modo u otro. Dentro o fuera de nuestros territorios, en la forma colonial, imperialista y extractivista, o dentro de nuestras fronteras, recrudeciendo las condiciones de vida de los oprimidos para aumentar los beneficios de la clase dominante, precarizando más nuestras vidas. El antimilitarismo anarquista debe estar presente en la lucha de clases, no como elemento pacificador, sino como detonante del cambio. Debe ser punto de partida para enfrentar al estado militarista, los ejércitos y las jerarquías, así como las soluciones autoritarias. Porque el cambio social llegará con la disolución del poder en todas sus formas.
Observamos cómo los movimientos sociales han sido reducidos al meme, la lucha y los ideales revolucionarios convertidos en un tuit, la artificialización de la vida ha permeado en los movimientos revolucionarios y de base convirtiéndolos en parte del espectáculo democrático. Obsesionados con los likes, el postureo y la batalla virtual, se ha conseguido mistificar la lucha y los ideales revolucionarios. En nuestra mano está salir de la rueda plantear la alternativa que resquebraje el sistema y nos lleve a la victoria.

Creemos que hay que recuperar la potencialidad revolucionaria que tienen la acción directa, la confrontación y la radicalidad. Tantos años de “convivencia democrática” han terminado por pacificar el movimiento obrero y convertirlo en su propio verdugo.
Ya vale de falsas promesas, ya basta de reforma y de pedir que se cumplan los derechos, basta de mendigar al poder, basta de creer que la democracia y el sistema pueden ser reformados y justos. El capitalismo es nuestro enemigo y el Estado su brazo armado; tendremos que ir a por el todo, tendremos que hablar de revolución, organizarnos y poner en riesgo nuestros privilegios, porque el que no arriesga no gana.

¡1º de mayo: obrero, combativo y libertario!

CNT-CGT-Biblioteca Anarquista La Maldita

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