La cifra de personas sin hogar que acudieron a recursos públicos en busca de ayuda ha registrado un incremento nunca antes visto: un aumento del 57%. Son los datos disponibles desde 2022 a 2024 en el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos en el Informe Pobreza Sur 2025: sin hogar e invisibles a la vista de todos. «Es tan solo la punta del iceberg de un problema mucho más grave”, ha afirmado Diego Boza, coordinador general de APDHA, en la presentación del informe.
Boza ha puesto el foco sobre “la invisibilidad que sufre este colectivo en situación de vulnerabilidad” y ha denunciado “no solo la falta de recursos públicos para brindarles una atención digna, sino también las medidas arquitectónicas agresivas, las actuaciones policiales y las sanciones que sufren por parte de las administraciones públicas”.
El informe denuncia que solo tres de los ocho ayuntamientos de las capitales andaluzas –Almería, Huelva y Jaén– han respondido a la solicitud de información elevada por APDHA bajo el amparo de la Ley de Transparencia. «Parece que los ayuntamientos andaluces están más preocupados en ocultarlos de la vista pública, alejándolos de las zonas más turísticas de nuestras ciudades, que por brindarles la atención que merecen”, prosiguió Boza, que insistió en que la entidad ejercerá sus derechos para que los consistorios andaluces cumplan con sus obligaciones legales y faciliten la información.
Según ha expresado también la vicecoordinadora de la entidad y delegada por Sevilla, Macarena Olid, el perfil de las personas sin hogar ha evolucionado significativamente desde antes de la crisis económica de 2007 hasta el momento actual: «Antes de 2007 asociábamos a las personas sin hogar un perfil vinculado a problemas de salud mental, adicciones y situaciones de exclusión social prolongadas en la trayectoria vital de quienes padecían situaciones de sinhogarismo. Pero a partir de 2007, con una crisis económica que dejó sin empleo a miles de personas y provocó miles y miles de desahucios, pudimos observar cómo numerosas personas que antes jamás lo hubieran imaginado acababan viviendo en situación de calle”.
No obstante, la viccoordinadora de la APDHA ha alertado de que “la actual crisis de la vivienda, los recortes y la precarización de la vida» está llevando a la población a una situación aún peor. A las 8.000 personas que en Andalucía oficialmente viven en situación de sinhogarismo –explica Olid–, hay que añadir a otras muchas personas que no acuden a los recursos públicos y que se ven obligadas a vivir en la calle, en asentamientos o en infraviviendas. «A pesar de que la mayoría de personas en esta situación son hombres, las cifras oficiales apuntan a un significativo aumento de mujeres e incluso de familias con hijos e hijas muy pequeños a su cargo”, ha añadido.
Otro colectivo que se ve obligado a vivir en estas condiciones, destaca Olid, es el de “los jóvenes extutelados por la Junta de Andalucía, los cuales, en cuanto cumplen los 18 años, son expulsados de los centros de acogida en que residían sin tener muchas alternativas”. El informe también incide en que, según los datos oficiales, cada vez son más los migrantes en situación administrativa irregular que, sin poder acceder a recursos públicos, acaban sobreviviendo en situación de calle.
Ante este escenario, la vicecoordinadora de APDHA ha reclamado a las administraciones públicas “un compromiso sincero y honesto con las personas sin hogar” y ha denunciado que “de los 174 centros ubicados en Andalucía para atender a este colectivo tan solo 25 son de carácter público, mientras que hasta 129 son privados”, lo que, según Olid, “demuestra el escaso interés institucional por dar respuesta a estas personas”. Olid también ha precisado que “hasta el 57,1% del personal que trabaja en los centros que prestan atención a este colectivo lo hacen de forma voluntaria”.
Por otra parte, sobre los datos recopilados por la APDHA respecto a la situación socioeconómica en Andalucía, Diego Boza ha destacado que “Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma con mayores índices de pobreza, exclusión social y de baja intensidad del empleo en el hogar, tan solo por detrás de Ceuta y Melilla”, aunque, tal y como ha apuntado el propio Boza, “en privación material y social severa, Andalucía se encuentra incluso por detrás de Melilla”.
«Los datos relativos a pobreza y exclusión social, unidos al aumento de la precariedad laboral y de los precios de la vivienda, están colocando a la sociedad andaluza al borde del abismo”, ha concluido también la vicecoordinadora de la entidad andaluza, que ha precisado que “hasta un 46,2% de las familias con hijos menores a su cargo están riesgo de pobreza, como también lo está el 45,8% de quienes viven de alquiler o el 64,8% de las personas en situación de desempleo”.
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