Durante el presente fin de semana del 5 al 7 de diciembre la Escuela Popular de Prosperidad acogerá el desarrollo del XXIII Encuentro del Libro de Madrid, una iniciativa que, año tras año, se ha afianzado como referente de la difusión del pensamiento crítico y libertario. Para conocer con más detalle el programa puede consultarse la web oficial del encuentro y el siguiente cartel informativo.
La privatización sistemática desplegada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid extiende sus raíces a la totalidad de servicios públicos esenciales.
«La sanidad, en su ámbito más directo de hospitales y centros de salud, es quizá el ejemplo más evidente y denunciado«, explica el periodista Roberto Ugena en elplural.com. «Sin embargo, la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental se deshace progresivamente y alejada del foco, arrastrando con ella a miles de usuarios, que requieren de este apoyo, y a sus trabajadores, precarizados hasta la extenuación y víctimas del peor de los chantajes: el que utiliza a los receptores de la atención.
Manantial Gestión S.L., brazo de reciente creación de Fundación Manantial, es una de las entidades concesionarias de estos servicios cada vez más decadentes. Las concesiones otorgadas por la Comunidad de Madrid a este grupo a lo largo de los años son incontables y su negocio se ha expandido, pero los derechos de los trabajadores, incluidos los legales garantizados por Convenio, han seguido un camino opuesto. Cuando las cosas iban bien, los beneficios se quedaron en la cumbre y los trabajadores recibieron migajas; flujo que se ha invertido con la llegada de las vacas flacas, que se han cargado en las espaldas de la plantilla.
El juego de las concesiones ha salido caro al Grupo Manantial, que ve ahora como otros conglomerados le arrebatan servicios gracias a ofertas que podrían llegar a considerarse bajas temerarias. Esa es la justificación dada a los trabajadores para mantenerles un salario cercano al mínimo interprofesional, en contra del mínimo del convenio sectorial; aumentarles la jornada laboral, incumpliendo el acuerdo alcanzado; eliminar pluses de experiencia ya pactados; o reducir las horas de formación. Así se lo trasladó la dirección al Comité de Empresa en una reunión. […]
La amenaza, tal y como recoge el acta de aquella reunión, es directa. “Son las medidas necesarias para no llegar a tener que hablar de despidos”, trasladó el representante legal de la Dirección. “Por lo que, si se impugna la decisión de la empresa, tendrán que tomar otra serie de medidas a las que no quieren llegar”, apostilló el letrado, por si no había quedado claro el cariz negociador. Unas actuaciones que retiran 2 de los 14 pluses de dirección y 2 de los 14 pluses de disponibilidad a los directivos y que arrebata todo a los trabajadores (literal a continuación):
Y es que la jeta de la Dirección de Manantial Gestión llega al punto de querer acogerse al Convenio Sectorial según conveniencia y vulnerar acuerdos internos, de total validez e inalienables cuando mejoran las condiciones sectoriales (tal y como recoge el propio Estatuto de los Trabajadores en su artículo 3). Es decir, incumplimos el acuerdo interno consolidado, retrocediendo al Convenio, para la jornada laboral, el plus de experiencia, la formación y el número de trabajadoras; pero no ajustamos las nóminas a Convenio porque no hay dinero.
Una práctica a todas luces ilegal, pues vulnera acuerdos válidos suscritos y salvaguardados por el Estatuto de los Trabajadores, además del Convenio; y contraria a la normativa laboral, incurriendo incluso en amenazas con los representantes de los trabajadores, a los que se sugiere que o aceptan estos incumplimientos o se producirán despidos. La Inspección de Trabajo podría actuar de oficio o ante una denuncia anónima y sancionar gravemente. La Comunidad de Madrid, a la que no se espera, también podría tomar cartas en el asunto«, concluye el artículo.
Frente a este ataque contra los derechos laborales y la precarización de las plantillas, más de 300 trabajadoras han sido llamadas a la huelga indefinida por CGT, con el apoyo de CNT Comarcal Sur, en múltiples centros dominados por el Grupo Manantial. Lo hacen «en lucha por sus salarios, contra la pérdida de poder adquisitivo y por la mejora de sus derechos laborales«.
La primera de las jornadas se activó el jueves 4 de diciembre, pero el plato fuerte llegó el viernes 5 por la mañana, cuando las huelguistas se concentraron frente a la sede de la Fundación.
En un comunicado, la CNT Comarcal Sur aclara que «las reivindicaciones que impulsan esta movilización son claras, legítimas y urgentes:
Somos profesionales de la salud mental: psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, terapeutas, integradoras… Y sabemos que la precariedad es una agresión directa a la calidad del servicio. No vamos a permitir que se utilice la excusa de la “crisis” para desmantelar nuestras condiciones mientras se eluden responsabilidades y se pide sacrificio solo a la plantilla.
En un momento como este, resulta imprescindible la unidad de toda la plantilla. Solo con cohesión, apoyo mutuo y una posición colectiva firme será posible frenar el deterioro de las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
El sindicato reafirma su respaldo inequívoco a todas las trabajadoras y trabajadores en esta huelga, así como su compromiso en la defensa activa de sus derechos, la dignidad profesional y la calidad del empleo«.
En un artículo de El Salto, Néstor Camacho, delegado de CGT, explica que «los últimos años venimos sufriendo retrasos en las nóminas”, porque la empresa “no está en un buen momento económico, tienen dificultades de tesorería”. Asegura que Manantial Gestión explica que “la actualización del convenio es inasumible por su economía, que ya de por sí estaba tocada”. Por eso, afirma, llegaron a un acuerdo para que se asumieran mejoras poco a poco. “Se empezó a hablar de septiembre, para luego hablar de octubre, y estamos en diciembre y no ha ocurrido nada”, comenta. “Lo que nos han planteado hasta ahora es quitarnos el 9% de plus de experiencia; pasar de la jornada de 35 horas semanales que tenemos actualmente a tres horas y media más; bajar el número de horas de formación que tenemos, de 30 a 25; y no contratar a personal de refuerzo en épocas estivales o en Navidades”. Además, indica, “nos han dicho que estas medidas serían de manera indefinida”. Algo, que recuerdan, ya les pasó tiempo atrás y aceptaron bajarse el salario, una bajada que no llegaron a recuperar nunca.
“Nos lleva a una situación insostenible, con los precios de las viviendas que hay en Madrid, que ha aumentado la cesta de la compra”, indica Néstor Camacho que asegura que “muchas compañeras tienen que tener dos trabajos para poder llegar a final de mes”. “El resultado es una plantilla extenuada”, afirma.
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“Seguramente ni tú ni yo cambiemos el mundo, mas toma nota: una causa no se vuelve injusta por la derrota. ¿Eres de los que se rebota porque nota que la tierra prometida huele a pota? La gente encima vota, confían en quien luego les azota y les deja la cara rota. Infinitas veces la misma piedra. Mi comprensión se agota” – Folie à Trois
El 29 de abril de este año, el Ayuntamiento de Atlanta (Georgia, EEUU) inauguró el Atlanta Public Safety Training Center, conocido por sus detractoras como Cop City (Ciudad de Polis), un enorme complejo policial valorado en más de 90 millones de dólares (financiado por el gobierno municipal, la Fundación de la Policía de Atlanta y varias empresas privadas), que cuenta con, entre otras instalaciones, una galería de tiro y un pueblo simulado para entrenar misiones cuasi-militares.
Su apertura, lograda tras cuatro de años de movilizaciones, boicots, sabotajes y duros enfrentamientos con activistas, a simple vista simboliza el fracaso de Stop Cop City, un movimiento que, en palabras de las compañeras de Crimethinc, llevó a cabo “la lucha social más importante de la era Biden”1. Sin embargo, pese a que el fin del movimiento era impedir la creación de Cop City, el movimiento ha sido parcialmente exitoso a la hora de generar dudas y debate social acerca de la creciente militarización de los cuerpos policiales en el país. Es decir, tras cuatro años de lucha, Stop Cop City ha logrado instalar la duda de que la respuesta a todos los problemas sea la represión y acudir a la policía.
Todo comenzo en abril de 2021, cuando la entonces alcaldesa Keisha Lance Bottoms anunció la construcción del Atlanta Public Safety Training Center, apenas unos meses después de que estallaran, por todo el país, enormes protestas, tanto violentas como pacíficas, convocadas por los movimientos Black Lives Matter y Defund the Police como respuesta al asesinato de George Floyd a manos del agente Derek Chauvin en Minneapolis. 20 millones de personas participaron en las movilizaciones. Durante esa época, las manifestantes quemaron una comisaría en Atlanta y, de forma simultánea, la ciudad sufrió un episodio de violencia institucional similar al de Floyd, cuando un grupo de agentes mató a tiros a Rayshard Brooks.
Por eso, la noticia de que se iban a invertir elevados fondos públicos para financiar un centro diseñado para entrenar a la policía en tácticas de combate urbano (lo cual contribuirá a una mayor militarización de la policía, incrementando la violencia institucional en situaciones cotidianas) generó una enorme indignación en los movimientos antirracistas, antirrepresivos y antiautoritarios que, precisamente, reivindicaban la abolición de la institución o, al menos, una reducción de sus intervenciones y una disminución de su financiación.
La sensación de agravio fue a más cuando se conoció que Cop City se construiría en el corazón del bosque llamado Weelaunee Forest, lo cual tendría (y ha tenido) un importante impacto ambiental (dado que era uno de los pocos pulmones verdes de la ciudad, lo cual ha exacerbado problemas ambientales como la contaminación del aire) y porque ha privado de espacios verdes a los barrios de población negra colindantes (los cuales cuentan con una cantidad de parques y bosques muy inferior a la que tienen los barrios blancos de la ciudad).
El movimiento Stop Cop City nació al poco de anunciarse el proyecto. Si bien han participado en el mismo socialistas, comunistas, ecologistas, etc., sus principales organizadoras fueron anarquistas y la forma de organizarse siempre ha sido horizontal y asamblearia.
Las primeras acciones consistieron en realizar sabotajes con cócteles molotov contra las empresas constructoras (Reeves&Young y Long Engineering), aunque tras unas semanas se decidió cambiar de estrategia, dada la falta de apoyo popular a la causa; el número de personas que conformaban el movimiento no era suficiente para resistir a las embestidas de la policía. A partir de enero de 2022 las activistas ocuparon el Weelaunee Forest, construyendo campamentos, casas en árboles y barricadas para bloquear la entrada de maquinaria. Enseguida, la popularidad de su lucha fue en aumento y medios como The New Yorker comenzaron a cubrir las acampadas con una curiosidad casi antropológica.
El modus operandi de Stop Cop City consistía en buscar por el bosque a operarios talando árboles, acercarse a ellos, brazos en alto y obligarles a parar. Por lo general, esta estrategia era suficiente para conseguirlo. A veces tiraban petardos en dirección a los currelas para llamar su atención.
Un día, en junio de 2022, los operarios acudieron acompañados de policías2, que encañonaron a las compañeras y las obligaron a retirarse. Esa misma noche, la maquinaria utilizada para la tala apareció quemada. El sabotaje, unido a una campaña de llamadas masivas a las constructoras, consiguió que no se emprendieran obras durante más de cinco meses.
Durante el verano de 2022 cientos de personas cortaron las vallas que impedían el acceso a parque del bosque y acamparon en él. Y durante unos días celebraron un festival musical de “Paz, Amor y Anarquía”.
Durante todos los meses de verano y otoño, organizaciones de derechas y empresarios de la ciudad empezaron a tachar a las activistas de eco-terroristas y a difundir bulos contra el movimiento (como que habían disparado a un obrero), allanando el terreno para una escalada represiva. Y ésta llegó en diciembre de 2022, cuando la Oficina de Investigaciones de Georgia, la policía municipal, la policía condal, la unidad anti-bombas y el Departamento Federal de Seguridad Nacional, acompañados de drones y helicópteros, rodearon el bosque e invadieron el campamento. Algunas activistas resistieron y tiraron piedras a los agentes, aunque la mayoría lo abandonaron, ya que al no haber operarios ese día entendieron que estratégicamente no podían hacer nada para paralizar las obras. Los distintos cuerpos policiales reventaron decenas de tiendas de campaña, pasaron un bulldozer por encima de la cafetería y la enfermería que habían levantado con palés, cortaron hamacas y muebles con sierras mecánicas, cerraron todos los accesos al bosque, dispararon gases lacrimógenos y pelotas de goma y soltaron a perros para perseguir a activistas. Seis de ellas fueron detenidas ese día, una siendo acusada de cometer actos de terrorismo doméstico.
Al día siguiente, las subcontratas entraron en el bosque – por primera vez en más de medio año – y con la maquinaria de obra empezaron a talar árboles a un ritmo frenético, matando a varios animales en el proceso. Únicamente detuvieron su orgía de destrucción cuando algunas periodistas consiguieron acercarse a ellos y empezaron a documentar lo que hacían.
Al día siguiente, la policía obligó a estas empresas a parar su actividad, dado lo caótica y desenfrenada que estaba siendo su actividad. Sin embargo, el empresario a cargo de las obras, Ryan Millsap, recurrió la decisión y un juez estimó su solicitud, alegando que “el bosque ha sido más dañado por las personas que acampaban en él que por lo que se está haciendo ahora” y le concedió permiso para seguir talando. Por ello, las obras se retomaron a principios de 2023. En respuesta, el movimiento Stop Cop City organizó vigilias frente al bosque todas las mañanas y algunas activistas volvieron a encaramarse a árboles.
En enero de 2023 el conflicto había acaparado tanta atención mediática que importantes figuras de la extrema derecha, como la congresista Marjorie Taylor Greene y el entonces expresidente Donald Trump, quienes calificaron el bosque como “una zona autónoma del movimiento Antifa” que debía ser destruido. Tanto estos políticos como militantes fascistas comenzaron a presionar al gobernador Brian Kemp para que pusiera un fin a la resistencia. Por eso, el 18 de enero de 2023, Kemp envió a la policía estatal para atacar a las personas que se encontraban subidas a árboles.
En torno a las 9:04 de la mañana unos 30 disparos resonaron por el bosque. A las horas, trascendió que el anarquista venozolane Manuel Paez Terán, conocide por sus amigas como Tortuguita, había sido asesinade por la policía. Además, otras cinco personas que fueron detenidas por encaramarse a árboles fueron detenidas y acusadas de terrorismo.
Las autoridades, que ese día no portaban cámaras corporales, alegaron que Tortuguita disparó primero contra ellos. Sin embargo, una autopsia independiente reveló que fue alcanzado por 14 disparos mientras estaba sentade con las manos levantadas.
En los días siguientes se organizaron varias concentraciones en Atlanta, donde alrededor de 300 personas, vestidas de negro, lloraron por la muerte de Tortuguita y corearon “Cop City nunca se construirá” y “maderos, cerdos, asesinos”. Algunas quemaron un coche patrulla. Otras rompieron algunas ventanas de algunos bancos. 18 personas detenidas ese día fueron acusadas de formar parte del grupo que llevó a cabo esas acciones, por lo que bajo la Ley Terrorismo Doméstico de Georgia, que persigue los ataques contra “infraestructuras críticas”, se les acusa de un delito de terrorismo.
La muerte de Tortuguita marcó un antes y un después en el movimiento. Resulta imposible, dado nuestro limitado espacio, hacer un recorrido por todas las fases de lucha y las distintas tácticas que coexistieron: desde sabotajes y manifestaciones (que, además, pusieron en relación el papel del gobierno de EEUU en la aniquilación de Gaza y empezaron a movilizarse de forma conjunta contra la policía y por Palestina) hasta la recogida de 116.000 firmas para exigir que se celebrara un referéndum sobre la construcción del centro policial. Para leer sobre ello en profundidad, os recomendamos una lectura de todos los artículos sobre Cop City disponibles (algunos en castellano) en la web de Crimethinc3 que, además, incluyen análisis interesantes acerca de la importancia de la autoorganización negra en este movimiento para hacer frente al supremacismo blanco.
La conclusión que podemos leer en estas piezas es que el movimiento para detener Cop City fue ejemplar en varios aspectos. En primer lugar, porque arrancó con la premisa de que la victoria era algo factible, por lo que no se limitaron a realizar protestas simbólicas (como hacemos muchas veces) e intentaron luchar, de verdad, para lograr su propósito. Por ello, el movimiento se marcó objetivos concretos y experimentó con una variedad de estrategias para alcanzarlos4.
En segundo lugar, las participantes no suavizaron su discurso, ni sus tácticas, por un deseo de atraer a un amplio espectro de personas. Se propusieron crear un movimiento que fuera tanto popular como combativo, en el que la acción directa y el objetivo de abolir la policía eran sus elementos fundamentales. Se aseguraron de articular sus intenciones de forma clara y accesible, dándolas a conocer de manera amplia, con el objetivo de acoger a tantas personas como fuera posible en un movimiento destinado a generar un cambio profundo. “Si todos los movimientos comenzaran desde estos puntos de partida, es probable que muchos de ellos tendrían éxito”, concluyen las compañeras.
El movimiento fue exitoso a la hora de visibilizar que esto se trata de una lucha de clases, en la que hay una obscena desigualdad económica que solo se mantiene gracias al orden impuesto por la policía. Por ello, no sorprende que las autoridades emplearan todos los recursos a su disposición para imponer Cop City en Atlanta, derramando libremente sangre y violando sus propias leyes en el proceso.
A la vista de esto, no podemos juzgar el éxito del movimiento basándonos en si logró su propósito expreso o no, sino valorando el legado que deja tras de sí, cómo influirá las próximas luchas (en cuanto a la solidaridad desplegada y a la variedad de estrategias empleadas) y si ha contribuido a cuestionar la legitimidad de policía en la región.
En la era de Biden, esto bastó para superar la resistencia al proyecto, porque una gran parte de la población se mantuvo al margen del movimiento, conservando la fe en la democracia y el Estado de derecho. Sin embargo, al entrar en la segunda era de Trump, que ya se caracteriza por el abandono de todo compromiso y la erosión de la legitimidad que las instituciones del Estado aún pudieran poseer, nadie podrá mantenerse al margen de las luchas sociales durante mucho tiempo.
El movimiento Stop Cop City ha llegado a su fin, dada la construcción del centro, pero sus participantes siguen activas, esta vez centradas en la labor antirrepresiva, con manifestaciones en apoyo a las procesadas y recolectando fondos para cubrir gastos judiciales5.
Como hemos explicado, el Estado implementó importantes medidas represivas, incluyendo acusaciones de terrorismo doméstico y blanqueo de capitales contra activistas y organizadoras (como, por ejemplo, tres miembros del Atlanta Solidarity Fund, una organización que proporciona apoyo legal a manifestantes, que están acusadas de blanqueo de capitales por reembolsar gastos menores relacionados con las protestas).
En 2023, al menos 61 personas fueron acusadas de “conspiración” bajo las leyes RICO (una legislación diseñada para combatir organizaciones criminales, como la Cosa Nostra), un delito que puede conllevar penas de hasta 20 años de prisión. El perfil de las acusadas es muy variado y oscila de personas acusadas de lanzar cócteles molotov, a otras a las que se les imputa llevar comida a las activistas acampadas en el bosque o repartir panfletos. Sin embargo, en septiembre de 2025, un juez de Georgia archivó el delito de conspiración, manteniendo el resto de acusaciones, incluyendo las de terrorismo. El archivo fue recurrido por la Fiscalía, por lo que, a día de hoy, desconocemos si irán a juicio por supuestamente conformar una organización criminal.
Por último, una investigación llevada a cabo por el movimiento antirrepresivo ha desvelado la construcción de centros policiales de tipo militar en numerosas ciudades de otros estados, como San Pablo (California), Plainfield e Indianápolis (Indiana), Hutchinson (Kansas), Owensboro (Kentucky), Niágara (Nueva York), Las Vegas (Nevada), etc6. Y el legado de Stop Cop City se ha hecho notar en algunos de estos municipios, como por ejemplo en Lacey (Washington), donde un grupo de activistas boicoteó hace algo más de un año el anuncio de un centro de entrenamiento policial con cánticos como “LPD [Departamento de Policía de Lacey], KKK, IDF: sois todos iguales”, “sin justicia no habrá paz” y “no a la policía racista”.
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1Podéis leer los artículos de análisis (muy extensos e interesantes), publicados en inglés y castellano por Crimethinc en www.es.crimethinc.com/tags/cop-city
2En Estados Unidos las empresas pueden contratar a policías fuera de servicio como vigilantes de seguridad privada.
3En esta web se puede encontrar, además, varias líneas temporales que incluyen todas las acciones que se llevaron a cabo en el contexto de este movimiento: manifestaciones, destrucción de cajeros, pintadas, escraches a jefes de policía y políticos, etc.
4Por ejemplo, desde la web www.stopcopcity.net animan a mandar e-mails y DMs a los promotores de la obra, poniendo a disposición del público las cuentas de sus redes sociales.
5La web www.stopcop.city sigue siendo bastante activa
6En www.es.crimethinc.com/2024/02/07/stop-cop-city-por-doquier-resistiendo-los-centros-de-entrenamientos-policiales-en-todos-lados-con-un-informe-desde-lacey-washington podéis encontrar un mapa con todos los centros policiales que se van a construir.
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El Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social se está negociando a día de hoy. Un convenio que rige la relación y ámbito laboral de las trabajadoras de las siguientes áreas, tal y como aparecen denominadas en el actual Convenio: área de intervención psicosocial y socio-educativa (centros de acogida, centros de atención a mujeres víctimas de violencia, agresiones, etc., pisos, centros de día, comedores sociales, programas de atención, intervención y mediación, etc.), área de intervención sociolaboral (servicios de inserción laboral, orientación para el empleo, etc.), área de intervención sociosanitaria y asistencial (servicios de apoyo emocional, de prevención del VIH y drogodependencias, servicios sociosanitarios de rehabilitación dirigidos a colectivos en situación de riesgo o exclusión social, servicios de Salud Mental, servicios de emergencia social, centros de atención a las toxicodependencias y otras dependencias, centros residenciales para poblaciones en riesgo de exclusión social, etc.) y área de gestión, investigación, diseño, evaluación, diagnóstico y planificación estratégica de programas sociales (asesoría y consultoría, servicios de formación y orientación, acompañamiento y mediación a personas para prevenir la pérdida de su vivienda, etc.).
La mesa negociadora se encuentra conformada por los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones patronales AEEISSS, ANESOC y OEIS. Ésta última, la Organización Estatal de Intervención Social, constituida, según su página web, por las siguientes 27 entidades, engloba a 22.000 trabajadoras: Aldeas Infantiles, AECC, Asociación Norte Joven, ACCEM, Asociación Proyecto Hombre, Asociación PAIDEA, Cáritas, COCEDER, Cruz Roja, Acción contra el Hambre, Fundación Adecco, Anesvad, CEPAIM, La Merced Migraciones, Oxfam Intermón, Plan Internacional, RAIS, Secretariado Gitano, Save the Children, Fundación Social La Sapiencia, Fundación Tomillo, Médicos sin Fronteras, Movimiento por la Paz, Pinardi, YMCA, Educo e Intered.
Como informa la Plataforma del Sector Social en Madrid, organización asamblearia que agrupa a trabajadoras de forma independiente a las centrales sindicales mayoritarias, durante los últimos 18 años, se han firmado 3 convenios. La Plataforma señala que el convenio de 2007 sigue siendo la base principal de referencia, habiendo quedado, como es lógico, totalmente desfasado, incompleto y sin actualizar categorías, funciones, jornadas, etc., y, aunque se han producido revisiones salariales anuales, las subidas salariales han sido inferiores a la subida del IPC, es decir, las trabajadoras del sector han perdido poder adquisitivo en los últimos años. Por ello, uno de las reivindicaciones principales es la salarial, pero, con el objetivo no sólo de ajustar el salario al actual nivel de vida sino de alcanzar los salarios de los trabajadores públicos, pues, con cada vez más frecuencia, dichas empresas sustituyen a servicios de carácter estatal, dentro de la dinámica externalizadora y privatizadora presente en todos los niveles de la Administración sin importar el color político de sus gestores.
Otra reivindicación presente es la reducción de las horas de trabajo hasta alcanzar las 37,5 horas semanales, así como la mejora de las condiciones laborales (cuidado de la salud física, mental y emocional de las trabajadoras), el reconocimiento como servicio público esencial, la dignificación de la atención a las personas que participan en estos servicios y, por tanto, la dignificación de las propias personas, etc.
Los sindicatos de carácter reformista y pactista han denunciado el bloqueo patronal a la negociación en un primer comunicado titulado “El principio del fin de la paz social en la intervención social”. En dicho comunicado han acusado a la patronal de no asumir ni la mínima reivindicación de equiparar los salarios al actual nivel de vida, en contraste con la dinámica presente respecto a los altos cargos, por ejemplo, en 2024, las trabajadoras de CEAR denunciaban las subidas salariales de hasta casi un 30% para cargos superiores.
El pasado 24 de noviembre, estos sindicatos publicaban una nueva nota de prensa anunciando el inicio de una serie de movilizaciones si continúa el bloqueo por parte de las tres entidades patronales.
En esta disputa, en la que convergen diferentes ejes de conflicto (como la precarización y feminización de estos servicios de acompañamiento y cuidado, la privatización de un elemento del Estado social que, a través de supuestas fundaciones y asociaciones, la Administración acaba externalizando toda una serie de servicios, los recortes presupuestarios en nombre de, por un lado, el equilibrio fiscal, o, por el otro, el relato neoliberal, racista e individualista de la extrema derecha presente en las instituciones, el impacto personal y mental en las propias trabajadoras, etc.), la amenaza de la ruptura de la paz social por parte de las dos centrales sindicales que con más ahínco han trabajado para mantenerla, nos hace entrever la gravedad de las intenciones de una serie de empresas, ONGs, fundaciones y asociaciones, que proyectan una imagen pública que colisiona con la realidad de las trabajadores que las sostienen.
Pero, aunque dicha imagen pública ha sido de forma recurrente usada como chantaje a las trabajadoras, porque algunas de ellas se sostienen aún en parte por las donaciones y suscripciones de miles de personas voluntariosas, también, es una herramienta de presión y fuerza poderosa para todas nosotras. No olvidemos que tienen mucho que perder. Aplaudimos la organización autónoma de las propias afectadas, con la esperanza de que acabe constituyéndose un elemento de contrapoder suficiente no sólo para plantar a la patronal sino para que CCOO y UGT sientan la presión y deban poner en práctica, como mínimo, lo amenazado en sus comunicados y no acepten las cuatro migajas que les puedan ofrecer apelando a la “responsabilidad” que constantemente mencionan, una responsabilidad que siempre coarta a las trabajadoras pero nunca repercute en sentido contrario.
Por un auténtico principio del fin de la paz social en la intervención social.
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La línea C1 de cercanías entre Lora del Río, Sevilla-Santa Justa y Lebrija solo llega realmente hasta Utrera. 34 trenes hacen diariamente (en días laborables) el recorrido en cada sentido entre Santa Justa y Utrera, de los cuales solo 5 continúan hasta Las Cabezas y Lebrija. Los fines de semana, no hay ningún tren de cercanías hasta Lebrija. Existe un servicio de media distancia entre Sevilla y Cádiz: 12 trenes los días de diario y 9 los fines de semana. Estos trenes paran en Lebrija pero su precio es un 70 % más caro que los de cercanías y frecuentemente van completos.
El objetivo principal de la Plataforma por el tren de la Costa Noroeste es recuperar un tren que una los municipios de la comarca (Trebujena, Sanlúcar, Chipiona y Rota) y los conecte con Jerez-Cádiz y Sevilla. No obstante, mientras se consigue ese objetivo, recuerda que de los 100 km que separan Sevilla y el centro de la Costa Noroeste, ya funcionan desde hace tiempo casi 70 km, entre Sevilla y Lebrija. Por ello la Plataforma reclama que todos los trenes de cercanías que llegan hasta Utrera continúen hasta Lebrija. Además, pide que se ponga en marcha un servicio especial de autobuses entre la estación de Lebrija, Trebujena, Sanlúcar y Chipiona, que permita a las personas de esas poblaciones usar el tren para viajar al área metropolitana de Sevilla con comodidad y sin tener que utilizar el vehículo privado. Esta medida beneficiaría a los 140.000 habitantes de Las Cabezas, Lebrija, Trebujena, Sanlúcar y Chipiona; y a un número aun mayor de personas del área metropolitana de Sevilla que viajan habitualmente a la Costa Noroeste.
Igualmente se pide que, temporalmente mientras el servicio de cercanías siga siendo tan deficiente, que, al menos para las personas que se suben en Lebrija y Las Cabezas a un tren de media distancia, la tarifa de viaje sea la de cercanías.
Estas medidas tendrían un coste reducido, pues no suponen nuevas infraestructuras. En cambio, considerando la estimación del tránsito medio de 11.000 vehículos diarios entre Sevilla y Lebrija; si la mitad de ellos se pasara al tren, se evitaría la emisión de unas 15.000 toneladas de CO2 cada año.
España se ha comprometido legalmente, en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), a reducir sus emisiones de CO2 un 32 % para 2030 (con respecto a las de 1990) sin embargo, hasta ahora solo las ha reducido un 6 %. El transporte es el sector crucial para cumplir estos objetivos de descarbonización ya que supone el 33 % de las emisiones (en su mayoría procedentes del transporte por carretera). El transporte deberá aportar casi la mitad de de la reducción global de emisiones para 2030. En esta transición, el tren electrificado, cuya energía es en su mayor parte ya de origen renovable y limpia, debe desempeñar un papel clave.
Plataforma por el tren de la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz
¡POR UNA VERDADERA ESTACIÓN DE CERCANÍAS PARA LEBRIJA Y LA COSTA NOROESTE!
#trencostanoroeste #luchaporeltren #semanaluchaporeltren
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El Sindicato 25 de Marzo y el Campamento Dignidad Extremadura convocaron una protesta frente a la sede del SEPE (Servicio Público de Empleo) en Mérida el pasado miércoles 22 de octubre contra la cada vez mayor dificultad presente para ser atendido presencialmente en sus oficinas, provocada por la falta de personal, situación extendida por el país por los recortes, la implantación de vías electrónicas, etc.
Estas organizaciones denuncian que las complicaciones presentes, por ejemplo, retrasan el cobro de las diferentes prestaciones, además, es que castigan, especialmente, a aquellas personas que tienen más dificultades para relacionarse virtualmente con la Administración. Como dicen en el llamamiento de la convocatoria, esta situación “es un ataque contra la clase trabajadora y en especial contra quienes más sufren la precariedad dentro de ella”.
Esperamos que se repliquen dichas concentraciones por todo el país y señalen a otras Administraciones en las que, también, es casi imposible conseguir una cita (Seguridad Social, Ayuntamientos, etc.).
El pasado 18 de octubre, la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales organizó una manifestación que, partiendo de la calle Ferraz, donde se encuentra la sede del PSOE, pasando por Génova, donde está la del PP, llegó al Congreso de los Diputados, para exigir el fin de la precariedad en el sector, denunciar la falta de medios adecuados de seguridad y salud laboral, la escasa inversión pública y las externalizaciones y privatizaciones, señalar el nulo compromiso de las diferentes Administraciones con políticas de prevención, etc.
Son muchas las demandas presentes así como los actores en juego, pero, la mayor parte de las reivindicaciones podrían resumirse en las pésimas condiciones laborales y salariales de las trabajadoras y en la falta de compromiso de los diferentes niveles del Estado, de la organización más local a la nacional, con este servicio que debería ser considerado esencial para evitar que ocurran los terribles incendios que tuvieron lugar durante este estío.
CNT inició una huelga indefinida el pasado 6 de octubre en los tres centros de trabajo que dicha empresa tiene en la provincia. Esta huelga afectó en su primera jornada a la cadena de producción, deteniéndose la actividad en las líneas de mecanizado de piezas destinadas a clientes como Airbus, Airbus Defence & Space (empresa con participación estatal), Boeing, Bombardier y otras compañías del sector aeronáutico internacional.
Según el comunicado presente en la web del sindicato, “la huelga estalla tras meses de incumplimientos del convenio colectivo, recortes ilegales y represión sindical creciente”. CNT denuncia que “la dirección se niega a reconocer las categorías profesionales realmente ejercidas, recorta el abono de las vacaciones, impone calendarios unilaterales y rechaza la readmisión de trabajadores despedidos por organizarse sindicalmente”.
GAZC Sevilla forma parte del modelo de subcontratación que las grandes multinacionales del sector aeronáutico utilizan para abaratar costes y precarizar las condiciones laborales. “Este esquema de externalización permite a las principales empresas del sector mantener elevados márgenes de beneficio mientras trasladan la presión productiva, los recortes y la inestabilidad laboral a sus proveedores y talleres auxiliares”.
Pero, a pesar de la persecución que la empresa ha iniciado contra los propios trabajadores, llegando a despedir a miembros de la sección sindical, la plantilla no se ha aminorado y ha continuado adelante con la movilización, llegando a iniciar una huelga indefinida.
El sindicato ha organizado una Caja de Resistencia para sostener el conflicto, podéis consultar todos los detalles en la página web de CNT Sevilla.
El pasado 20 de octubre, las trabajadoras del aeropuerto Rosalía de Castro secundaron una jornada de movilización contra el ERE presentado por Ryanair. Esta jornada de lucha se basó en la convocatoria de un paro general para ese día para el personal de Azul Handling, compañía auxiliar de asistencia en tierra de Ryanair, y de un paro solidario de 3 horas para el resto de trabajadoras de otras empresas ligadas también al aeropuerto.
Pero, la huelga fue saboteada por el propio Ministerio imponiendo unos servicios que, en algunos casos, alcanzaron al 100% de los trabajadores.
La decisión de Ryanair de cerrar la base de Santiago de Compostela supone el despido directo de 79 trabajadoras y una reducción del 50% de la jornada para parte de la plantilla que permanecerá en su puesto. La decisión del cierre entra dentro de la campaña de presión ejercida por la compañía contra las diferentes Administraciones públicas para que, según el sindicato galego CIG, partícipe en esta lucha, “sigan subvencionando e incrementando sus millonarios beneficios”.
Comienza el curso y, en la mayoría de Comunidades Autónomas, continúa abierta la brecha entre los trabajadores y alumnos y los gobiernos regionales. Los recortes en el sector público que esconden la intención de degradar los centros educativos, ya sean escuelas, institutos o universidades, para así impulsar los centros privados a manos de entidades religiosas y entramados mercantiles, movilizaron el pasado curso a una amplia base laboral y social en Madrid, Asturias, Euskal Herria, etc. En el mes de noviembre, se prevén paros, manifestaciones y otras protestas en el ámbito universitario en Madrid, en la FP de Navarra, en Cantabria, etc.
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Un paro general de 24 horas en Italia, convocado para el lunes 22 de septiembre por sindicatos de base y diferentes organizaciones políticas, se convirtió en una importante movilización que ha alcanzado una repercusión considerable, sirviendo de ejemplo para las trabajadoras de otros países, multiplicándose así las convocatorias en el ámbito laboral en solidaridad con la lucha del pueblo palestino.
La determinación de los huelguistas el 22 de septiembre nos han hecho llegar imágenes de enfrentamientos con las fuerzas policiales en puntos estratégicos como estaciones de tren, puertos, carreteras, centros comerciales, etc. El eslogan bloquearlo todo fue asumido de forma colectiva, convirtiéndose en el principal objetivo de la jornada.
La agudización de la operación de exterminio emprendida por el ente sionista bien merece una respuesta contundente y popular. Sus cómplices, sus socios comerciales, no pueden seguir haciendo negocios como si nada, sin que les salpique toda la sangre derramada, por ello, en este espacio dedicado a los conflictos laborales en activo, esta muestra de uno de los atributos más bonitos y necesarios de la lucha de las trabajadoras, la solidaridad internacionalista, la complicidad entre clases y pueblos, debía quedar reflejada.
Para el 15 de octubre, la mayor parte de las organizaciones sindicales vascas han convocado una jornada de huelga en Hegoalde (Euskadi y Navarra), concretada en un paro general y en acciones que aún están por determinar. Entre las reivindicaciones establecidas por el conjunto de sindicatos que respaldan la movilización se encuentran la ruptura de todas las relaciones comerciales con el Estado sionista, la suspensión total del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel, etc.
El 15 de octubre como jornada de lucha también está encontrando eco en otras partes del Estado, como en Galiza, donde la CUT llama a la huelga, o, en el resto del país, donde algunas centrales sindicales llaman a paros puntuales y concentraciones, y otras han convocado una huelga general como respuesta a la detención de la flotilla que iba rumbo a Gaza.
Estaremos atentas a las convocatorias presentes y animamos a acudir con el objetivo de desbordar las calles y las propias protestas de aquellos que quieren convertirlas en meros actos simbólicos para evitar ser recriminados por no hacer nada mientras un genocidio está ocurriendo.
No paremos hasta bloquearlo todo, hasta bloquear a las potencias coloniales.
La compañía rumana de telefonía low cost, que se ha expandido rápidamente por el país tras darse a conocer por una fuerte e insistente presencia en multitud de espacios gracias a constantes campañas publicitarias, como los patrocinios en equipos de fútbol como el Real Oviedo, Rayo Vallecano, Cádiz, Burgos o el Deportivo de La Coruña, se encuentra con la plantilla de trabajadoras en pie de guerra tras la firma del primer convenio de empresa.
En Galicia, Cantabria y Euskadi se sucedieron paros entre los días 23 y 25 de septiembre contra un acuerdo que consideran que precariza las condiciones laborales con recortes salariales encubiertos, la proliferación de los contratos formativos y los gastos generados por desplazamientos cargados sobre los propios trabajadores, entre otras medidas. La empresa respondió enviando esquiroles desde Madrid o Asturias para cubrir estos puestos y criminalizando la acción piquetera de los trabajadores ante los medios de comunicación.
Los sindicatos CGT, CIG o ESK se oponen frontalmente a un convenio pactado por CCOO y UGT y apuestan por una movilización a nivel estatal, caminando ya hacia una huelga que involucre a las 8.000 trabajadoras de la compañía. Tal es el nivel de pérdida de derechos y poder adquisitivo que, el convenio firmado desde Madrid por las dos citadas organizaciones, ha supuesto una rebelión por parte de un número importante de los representantes locales de estos sindicatos, provocando un traspaso de afiliación entre los diferentes espacios.
Los trabajadores de DIGI se rigen actualmente por los convenios del Metal locales, por ello, en aquellas regiones con una larga trayectoria de lucha laboral, dichos convenios contienen ciertas conquistas que la firma de un convenio nacional homogéneo para toda la compañía supondría un muy importante retroceso en sus condiciones. Desde CGT aseguran que ni un sólo trabajador se vería beneficiado por esta homogeneización, que se trata de igualar por debajo del mínimo existente teniendo en cuenta los diferentes convenios que operan.
La presencia de la compañía por toda la geografía del país a través de sus anuncios, tiendas y oficinas, posibilitan las acciones de solidaridad con un conflicto que, en el mes de octubre, tendrá sus horas críticas. Al igual que en el apartado anterior, os invitamos a estar informadas de las novedades de este conflicto y a aportar vuestro granito de arena de solidaridad de clase.
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Hoy hablamos con Jacqueline Rojas, defensora de los derechos humanos, integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), de la Organización Femenina Popular (OFP) y miembro de SINALTRAINAL. Nos contará los pormenores de la situación actual en Colombia.
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Hoy, en la primera parte del programa, hablamos con el compañero Hector Martinez, abogado laboralista, sobre el SMI, los ERTE, la reforma laboral… ¿Hacia dónde vamos en cuestiones laborales?Después hablamos con Ruymán Rodriguez, de la FAGC, sobre el contexto socioeconómico en Canarias y, si, también sobre el volcán.
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Revisitamos esta fecha desde la perspectiva chilena con nuestro compañero y amigo Rodrigo Karmy, alejándonos del ya usual punto de vista estadounidense, y analizando la relación que puede haber entre los dos 11s.
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Conectamos directamente con Palestina
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¿Qué está pasando en Afanistán? ¿Quiénes son los talibanes? ¿Dónde han estado todos estos años?Alberto Cruz nos da las claves para entender qué está pasando y nos resuelve éstas y muchas otras dudas.
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Hablamos con nuestro amigo Eduardo Romero, miembro del colectivo Cambalache. Hace casi exáctamente un año hablabamos con él sobre literatura. En esta ocasión hablamos sobre su novela «En mar abierto», que se ha reeditado por la editorial Pepitas de Calabaza. Además nos comentará unos artículos que escribió entre 2020 y 2021, y aparecieron en el […]
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Hoy estamos con Carlos Olaya, un habitual colaborador del programa. Hablaremos con él de la evolución de la lucha en las calles de Colombia, de los últimos acontecimientos en Haití y de la tán comentada situación en cuba. Todo ello desde un punto de vista distinto al que los medios nos tienen acostumbrados.
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Hoy hablamos con Lola Sepúlveda, del CEDOZ (Centro de documentación sobre zapatismo) y miembro del colectivo Y Retiemble, sobre la gira zapatista por Europa en este año. «[…] Así que, en la Travesía por la Vida, ¿qué esperamos? Esperamos mirarle su corazón de usted. Esperamos que no sea demasiado tarde. Esperamos… todo.»(Fragmento de «Volantem est […]
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En el programa de hoy hablamos de la nueva reforma de las pensiones, acordada por el gobierno, la patronal, CCOO y UGT.¿En que consiste esta reforma? ¿Qué cambia de las reformas anteriores? ¿Es verdad que deroga la reforma del PP del 2013? Hablamos de estas y otras dudas, para entender un poco mas en que contexto […]
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Hoy hablamos con Alberto Cruz, nuestro corresponsal estrella y gran amigo. Hablaremos con él, a raiz de la pasada reunión del G7 en Cornualles, de cómo ha sido la reunión y, ya de paso, haremos un análisis geopolítico de la actualidad.
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Desalojos, Comunidades autogestionadas, emigración versus turismo .Hoy hablamos con nuestro amigo Ruymán Rodríguez, miembro del Sindicato de Inquilinas y de la Federación Anarquista de Gran Canaria. Con él hablaremos de la amenaza de desalojo de la Comunidad de la Marisma, de qué son, cómo surgen y se gestionan las comunidades . También trataremos dos temas […]
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