L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius ha publicado un informe en el que explica el papel de organizaciones surgidas en el Estado español como líderes de una ofensiva internacional “antigénero”. “Los derechos sexuales y reproductivos son el corazón de la disputa de poder”, explican las impulsoras del estudio.
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Con la defensa de los derechos humanos como brújula, el trabajo de Patricia Simón aúna el reporterismo en terreno y el periodismo de investigación. Hablamos con la autora de los libros 'Miedo' y 'Narrar el abismo' sobre el papel de los medios de comunicación ante los genocidios, el neofascismo o los ataques desde los tribunales a la libertad de prensa.
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Este reportaje forma parte del dossier dedicado a Donald Trump en #LaMarea109. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.
«Primero, el miedo. Después, si no estás atento, la crueldad lo invade todo».
Isabel Bono
«Estados Unidos volverá a considerarse una nación en crecimiento, una que aumenta su riqueza, expande su territorio, construye sus ciudades, eleva sus expectativas y lleva su bandera hacia nuevos y hermosos horizontes». Con esta sola frase del discurso con el que inauguró su segunda legislatura, Donald Trump pisoteaba el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas que recoge uno de los principios que ha guiado las relaciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial: la inviolabilidad de las fronteras. El presidente se aliaba así con los líderes que han provocado los dos conflictos que están alumbrando una nueva era: el genocidio de Gaza y la invasión de Ucrania. El magnate había ganado sus primeras elecciones prometiendo acabar con las guerras estadounidenses en el extranjero y comenzó el segundo anunciando la vuelta a las guerras imperialistas y a las anexiones territoriales ilegales. Y lo hizo de manera explícita, sin eufemismos ni falsas justificaciones. Porque Trump está imponiendo un nuevo orden global en el que la única norma es el dominio del más fuerte, es decir, el de Estados Unidos sobre el resto de los países. Y para asentarlo, tanto él como el resto de miembros de su administración emplean un lenguaje que normaliza los pilares y el funcionamiento de un nuevo mundo regido por un desprecio declarado y absoluto por los principios democráticos, por las reglas universales, por la moralidad, por la negociación, por la diplomacia y por el multilateralismo. Un presidente que pilota un gobierno al modo de los cárteles: plata o plomo. O lo que es lo mismo: dinero o fuerza bruta.
Y para normalizar esta ideología neofascista en el imaginario global, el gabinete estadounidense se esfuerza por evidenciarlo en todos los lenguajes: el verbal, como cuando gritó en el homenaje a Charlie Kirk que a sus enemigos les deseaba lo peor, o cuando humilló al presidente Zelensky en su primera visita a la Casa Blanca; el audiovisual, con sus vídeos creados con IA que mostraban la construcción de un resort encima de las fosas del genocidio de Gaza o aquellos en los que él mismo pilota un helicóptero desde el que vierte excrementos sobre quienes se manifiestan contra su presidencia y con el que secuestra a sus opositores políticos para deportarlos; y el gestual, como cuando se hace rodear de líderes europeos en una escenografía que los presenta como súbditos en la Casa Blanca.
Y si Trump se puede permitir estos delirios autocráticos es porque su segunda victoria, tras haber ostentado ya la presidencia entre 2016 y 2020, evidencia que no se trata de un fenómeno aislado o disruptivo, sino de la manifestación de una corriente reaccionaria que recorre el mundo y que en Estados Unidos se ha solidificado en una parte de la sociedad que desprecia la democracia, reclama modos y políticas autoritarias, reivindica la hegemonía del supremacismo blanco, aplaude el insulto, la zafiedad, la ignorancia y la soberbia. La ya frágil democracia norteamericana vive un cambio de régimen y en él Trump está dando una nueva vuelta de tuerca al imperialismo que Estados Unidos ha ejercido de manera tan despiadada como desprejuiciada desde la Segunda Guerra Mundial.
El líder autocrático ha alumbrado una forma de ejercer el poder en la que verbaliza y combina la amenaza, la coerción y el chantaje comercial, económico, político y militar. Con una diferencia sustancial respecto a sus antecesores: no se molesta en justificarlo ni en crear falsas excusas o motivaciones como hizo, por ejemplo, la Administración Bush con las armas de destrucción para invadir Irak. El mundo según Trump debe regirse solo por su orden y mando, como demuestra en la propaganda en la que porta una corona y que difunde en su propia red social (a la que ha llamado Truth, porque en su mundo, él decide qué es verdad, un procedimiento que su entorno ha dado en llamar «hechos alternativos»).
Lo más preocupante es que durante este primer año de la era Trump 2.0, hemos visto cómo la mayoría de los líderes políticos mundiales no han opuesto resistencia a interpretar su rol de vasallos ante el rey, emperador o líder supremo –dependiendo de la tradición de la que procedan–, como han demostrado Ursula von der Leyen, el rey Carlos de Inglaterra o Nayib Bukele.
«Obtendremos Groenlandia. Sí, al cien por cien. Existe una buena posibilidad de que podamos hacerlo sin fuerza militar, pero no voy a descartar nada», anunció el presidente Trump poco después de tomar posesión en una entrevista para la cadena NBC.
El líder republicano combina un lenguaje simplista y directo con una ambigüedad que le permite mantener uno de los rasgos distintivos de los sistemas autocráticos: la arbitrariedad.
A la vez, Trump ha roto con la percepción habitual del tiempo al hacer añicos los conceptos de imprevisibilidad e irracionalidad. Por eso, resulta conveniente repasar algunos de los hitos de la presidencia estadounidense del último año y cómo los ha comunicado para entender la doctrina del shock que está empleando. Como aquel primer sobresalto con el que inició su mandato: la amenaza contra la soberanía de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca. Lo cierto es que ya durante su primera legislatura, Trump intentó negociar la compra de la isla. Ante la negativa del Ejecutivo de Copenhague, el presidente estadounidense canceló su visita oficial. Y de nuevo, cinco días antes de volver a convertirse en inquilino de la Casa Blanca, llamó personalmente al primer ministro danés para advertirle de que si no se la vendía, se la quedaría por la fuerza.
El chantaje económico empleado por Trump bajo la amenaza de intervención militar rompe con los ya difusos límites existentes entre la coerción y la diplomacia y está dibujando nuevas formas de ejercer el poder fuera de cualquier norma. Algo que de seguir en esta senda militarista, veremos agravarse ante la lucha por unos recursos cada vez más escasos. Las áreas costeras de Groenlandia cuentan con unos 17.500 millones de barriles de petróleo y 148.000 millones de pies cúbicos de gas natural, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y posee, igualmente, cantidades significativas de metales de tierras raras, imprescindibles para las tecnologías de energía verde. Además, se trata de un enclave con un valor estratégico creciente para el comercio marítimo con Asia a medida que la crisis climática acelera el descongelamiento del Ártico. El periodista Mario G. Mian, uno de los mayores expertos en Groenlandia, recuerda en su último libro que en esta isla China, Rusia y la OTAN están librando la llamada «Guerra Blanca» por el control geopolítico de la zona. En cualquier caso, Estados Unidos ya cuenta con una base militar allí después de que Truman también intentase comprarla por 100 millones de dólares tras la Segunda Guerra Mundial.
Tras el primer genocidio televisado, el de Gaza, podemos estar asistiendo al primer anuncio televisado de un golpe de Estado. De hecho, si hay un caso de estudio sobre cómo Trump está empleando el lenguaje para crear un escenario en el que sus actuaciones ilegales se presenten como necesarias, lógicas e, incluso, inevitables es, sin duda, el de Venezuela.
Desde que Trump anunciase la primera ejecución extrajudicial de tripulantes de una embarcación procedente de Venezuela, tanto él como todos los miembros de su gabinete han pasado a referirse al gobierno de Nicolás Maduro como régimen «narcoterrorista». Con ese concepto, fusionan la lucha contra las drogas –con la que Washington justifica, desde hace décadas, la intervención militar de sus tropas en Latinoamérica– con el terrorismo, asemejando así al Ejecutivo de Caracas con los talibanes, Al Qaeda y el Estado Islámico. La guerra contra el terrorismo sigue siendo uno de los pilares de las políticas colonialistas estadounidenses y, al vincularla con Venezuela, reviste de seguridad lo que en realidad responde a un choque ideológico contra la izquierda bolivariana y, sobre todo, a la pugna por los recursos naturales –especialmente, el petróleo–.
Además de los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe –pese a que más del 70% de la droga entra en Estados Unidos por el Pacífico–, Trump ha autorizado a la CIA a «realizar operaciones encubiertas», el eufemismo bajo el que la Casa Blanca ha impulsado golpes de Estado, instaurado dictaduras y asediado revoluciones durante décadas. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, el Gobierno estadounidense ha respaldado a la oposición política y ha impuesto severas sanciones económicas al país latinoamericano. Tras su vuelta al poder, Trump ha ofrecido 50 millones de dólares por la entrega de Maduro y ha desplegado en las inmediaciones de Venezuela su mayor operación naval desde la primera guerra del Golfo. Por tanto, la actuación de la CIA debe tener un objetivo que vaya aún más allá.
En su toma de posesión, Trump recuperó el concepto de «destino manifiesto», creado por el columnista conservador John O’Sullivan en 1845 para defender que, siguiendo los dictados de Dios, Estados Unidos debía ocupar Texas y expandirse por toda Norteamérica. De hecho, Trump se ha declarado seguidor de William McKinley, su homólogo entre 1897 y 1901, y quien, como él, fusionó un proteccionismo arancelario con un colonialismo que le llevó a ocupar Filipinas, Puerto Rico, Hawái y Cuba. Se estableció entonces la Doctrina Monroe, según la cual Estados Unidos tenía el deber de controlar Latinoamérica para proteger sus intereses económicos y de seguridad. Esta visión teocrática, conocida como «excepcionalismo», sostiene que se trata de un país superior al resto, un canon al que todos deben aspirar y que, por tanto, tiene la legitimidad y el deber de guiar e imponer su modelo en todo el mundo, instaurando incluso presuntas democracias mediante bombardeos, invasiones y guerras.
La diferencia de Trump con respecto a los anteriores presidentes es que no sólo no lo oculta, sino que hace ostentación de ello. El «America First» enarbolado por el magnate es la expresión más sincera de esta concepción del mundo que tiene parte de la sociedad estadounidense y también del norte global. Un mundo en el que el sur es, si acaso, el fondo de sus postales de vacaciones o lugares en los que hacer negocio desde una posición ventajista, como escribió Zadie Smith. Por ello, el vídeo difundido por Trump sobre la construcción de un resort en Gaza es solo la expresión más descarnada de la identidad fascista estadounidense, como la define la periodista Suzy Hansen en Notas desde un país extranjero, un libro por el que fue finalista del premio Pulitzer en 2018. La actual administración está derruyendo los pocos contrapesos internos con los que contaba la democracia estadounidense y los mecanismos multilaterales internacionales en los que, sobre todo, se teatralizaba la aspiración a un futuro orden global democrático.
En los primeros días de vuelta al Despacho Oval, Trump ordenó a la prensa estadounidense que llamase Golfo de América al Golfo de México. Associated Press, la agencia de noticias más importante del mundo, siguió usando el nombre oficial, por lo que fue expulsada de las ruedas de prensa de la Casa Blanca. Cuando Trump se postuló como ganador irrebatible del premio Nobel de la Paz, llamó «acuerdo de paz» a lo que no era más una tregua dirigida a consolidar la ocupación de los territorios palestinos y a garantizar la impunidad de Israel por sus crímenes, incluido el genocidio. Y durante las primeras horas del anuncio, numerosos medios reprodujeron acríticamente ese concepto de «acuerdo de paz», convirtiéndose en correa de transmisión de su propaganda y legitimándolo ante la opinión pública internacional, pese a que violaba cualquier derecho de los palestinos. Sin embargo, ante la persistencia de los bombardeos israelíes sobre la Franja, muchos se vieron obligados a rectificar y emplear términos como «el plan de Trump». Pero ya había quedado en evidencia su capacidad para imponer marcos de interpretación sin apenas encontrar resistencia entre medios de comunicación y periodistas, quienes tenemos el deber de fiscalizar el lenguaje del poder para descifrar y transmitir su verdadero significado.
Fue, además, durante la presentación de este acuerdo ante la Knéset israelí donde hizo gala de su determinación para hacer de la injerencia explícita un rasgo de su política. Lo hizo al insistirle al presidente israelí, Isaac Herzog, que indultase a Benjamín Netanyahu: «Concédale el indulto. Vamos (…) nos guste o no, es uno de los mejores presidentes en tiempos de guerra. Y unos cuantos cigarros y champán, ¿a quién le importan?». Se refería a los juicios por corrupción que tiene pendientes; para evitarlos, según infinidad de expertos, Netanyahu ha impulsado un genocidio en Gaza que le permite suspenderlos mediante el estado de excepción.
Y, como culmen de la pedagogía de la crueldad que define todas sus políticas, convirtió su intervención parlamentaria en la celebración del genocidio: «Bibi me llamaba muy a menudo. ¿Puedes conseguirme esta arma? ¿Esta otra? ¿Y esta otra? De algunas de ellas nunca había oído hablar. Bibi y yo las fabricamos. Pero las conseguimos, ¿no? Y son las mejores. Son las mejores. Pero tú las has usado bien. También se necesitan personas que sepan usarlas, y tú claramente las has usado muy bien».
También aprovechó para ahondar en su particular doctrina del shock, basada en el desprecio por la moralidad y en la destrucción, como persiguen todos los líderes fundamentalistas, del consenso sobre los valores éticos mínimos que deben regir nuestras sociedades. Para ello, alabó a los firmantes de los Acuerdos de Abraham, a los que ensalzó por ser «hombres muy ricos», los dos elementos que, según la cosmovisión trumpista, deben regir el mundo: los hombres y el dinero. De hecho, apenas unas horas después, en la cumbre que celebró en Egipto con el mismo motivo, entre los mandatarios asistentes sólo había una mujer, Georgia Meloni, a la que enalteció señalando que era «guapa», justo después de decir que referirse a una mujer con este concepto «acabaría con la carrera de cualquier político», pero que él se iba a «atrever». Es decir, apología del machismo disfrazada de la valentía con la que se abanderan los ultras para defender la libertad de expresión que, precisamente, ellos mismos restringen en cuanto llegan al poder.
Apenas un mes después, tras la incontestable victoria de Zohran Mamdani en las elecciones para la alcaldía de Nueva York, varios medios internacionales publicaron que los republicanos habían comenzado a reformar los distritos electorales para garantizarse la victoria en las elecciones legislativas de 2026. Además, alertaban de que es más que posible que el Tribunal Supremo, con mayoría absoluta conservadora, falle en junio a favor de una reforma de la Ley del Derecho al Voto que dejaría fuera a las minorías.
Nos encontramos, pues, ante un escenario en el que incluso los analistas más conservadores y prudentes no descartan que Trump consiga sumir a Estados Unidos en una autocracia. Y lo está haciendo sin ocultar sus aspiraciones, todo lo contrario: verbaliza sus planes para normalizarlos ante la opinión pública, se reivindica como un líder al que le gustaría gozar de un poder absolutista mundial para implantar un régimen dominado por hombres blancos y ricos, de ideología neofascista, ultramachista y con el objetivo declarado de acabar con el sistema democrático, pluralista y multilateral tanto a nivel interno como internacional. Ivo Daalder, exembajador estadounidense ante la OTAN, lo resume así: «Con Trump en el cargo, el orden basado en reglas ya no existe».
Como a cualquier buen cryptobro, a Trump no le gustaba el nombre de Departamento de Defensa. Le parecía que sonaba «demasiado a la defensiva», que los que lo nombraron así después de 1945 se habían dejado arrastrar por «lo woke». Por eso ordenó que volviese a su denominación original, Departamento de la Guerra, porque «a todo el mundo le gusta la increíble historia victoriosa» de cuando se llamaba así. Pero no se trata, o al menos no solo, de una manifestación testosterónica del presidente estadounidense, sino de un nuevo capítulo en su estrategia para legitimar lo reprobable, normalizar el oprobio nombrándolo para reivindicarlo. Incluso, o especialmente, cuando se trata de la peor actuación de la que es capaz el ser humano: la guerra. Durante el anuncio en el Despacho Oval del cambio de nomenclatura, el nuevo secretario de Defensa, Pete Segeth, resumió así su directriz: «Máxima letalidad, no una tibia legalidad».
Según medios especializados como The Diplomat, asistimos a un aumento de las posibilidades de una guerra nuclear después de que Trump anunciase la reanudación de los ensayos con armamento nuclear y de que Putin se jactase de contar con un dron submarino nuclear con capacidad para destruir ciudades enteras. Hablando de nombres: Trump ha puesto el suyo a un nuevo caza con capacidad nuclear, el F-47, llamado así en honor al 47º presidente: él.
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Un programa muy dinámico hoy en el que conectamos en varias ocasiones con la manifestación antifascista del 20N de Zaragoza y nos acordamos también de la de Huesca que se desarrollaban al mismo tiempo que la emisión. Pero en este 50 aniversario de la muerte de Franco por supuesto hablamos de ello y del poso […]
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Cuando el diputado de ERC se enuncia como hijo de migrante para hablar de inmigración en clave de seguridad e integración, marca su posición de buen migrante asimilado, que ha llegado lejos por portarse bien en términos nacionalistas. Su discurso muestra los malabarismos que hacen unas izquierdas temerosas de su blanquitud.
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Todo por Hacer es una publicación anarquista que se edita mensualmente en Madrid. Se distribuye de forma gratuita en esta ciudad y se puede descargar en www.todoporhacer.
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“Carlos no murió, le mataron por defender lo que creía justo” – Mavi Muñoz, madre de Carlos Palomino.
Hace 18 años, el 11 de noviembre de 2007, ocurrió algo que marcaría a toda una generación de antifascistas.
El antifascista Carlos Palomino se dirigía al barrio madrileño de Usera junto a varios de sus compañeros y compañeras. La Coordinadora Antifascista de Madrid (CAM) había organizado una respuesta ante un acto contra la inmigración que el partido neonazi Democracia Nacional había convocado en dicho barrio. La estrategia consistía en llevar a cabo una contramanifestación con el objetivo de hacer presión, señalarles y no permitir que su discurso de odio se normalizara.
Estos jóvenes decidieron coger el metro para llegar hasta el lugar. Al entrar en el vagón se dieron cuenta de la presencia de un neonazi que viste la marca Three Stroke. Más tarde se conocería su nombre: Josué Estébanez, un militar fascista del Ejército de Tierra de 23 años que se dirigía a la concentración racista. Instantes antes se había percatado de la presencia de los antifascistas, esperando en el andén la llegada del metro. Decidió aguardar con una navaja abierta. En cuanto Carlos se acercó, Josué le propinó una puñalada directa al corazón sin ningún tipo de titubeo. Los antifascistas salieron del vagón, pero antes, dos de ellos, recibieron navajazos, quedando heridos. Instantes más tarde, Josué huyó hasta la calle donde es alcanzado por el resto de compañeros de los agredidos hasta que la policía llega al sitio. Carlos es trasladado al hospital Doce de Octubre, donde más tarde se confirmó la desgracia: había muerto.
A su muerte le siguió un relato mediático que obviaba o disminuía el componente ideológico detrás del asesinato de Carlos. De esta manera, se aupaba una versión simplista, que reducía todo a una pelea entre “bandas rivales”, entre “dos extremos” o entre “tribus urbanas”. Se ponía al mismo nivel a los neonazis que a los antifascistas; se ponía en el mismo nivel al joven Carlos que a su asesino Josué.
Otros medios, como El Heraldo, llegaron a poner de titular en una noticia estas declaraciones de Josue Estévanez: “Le ataqué porque me vi acorralado”, con subtítulos como “Soy español nada más, una persona a la que le gusta que gane la selección española”.
Dos años después, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Josué Estébanez a un total de 26 años de prisión: 19 por el delito de asesinato con el agravante de odio ideológico y 7 por tentativa de homicidio y una indemnización de 150.000 euros.
Doce años después de su crimen, el 15 de marzo de 2019, el austrialiano Brenton Tarrant llevó a cabo un ataque terrorista contra dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, matando a 51 personas e hiriendo a otras 50. El día de su ataque, publicó un manifiesto de 74 páginas titulado El gran reemplazo, en el que deploraba «la expansión del Islam y el genocidio blanco«. Uno de los cargadores del fusil que utilizó en su matanza llevaba escrito, en letras blancas, «Josué Estébanez».
En el año 2022, coincidiendo con el 15º aniversario del asesinato de Carlos, la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Villabona (Asturias) concedió el primer permiso de salida a Josué.
Por Janio Mora Murillo. Extraído de AraInfo
Contra el racismo antiespañol, contra la inmigración. Esta fue la consigna con la que el partido neonazi Democracia Nacional llevó a cabo una manifestación hace 18 años. El 11 de noviembre de 2007.
Históricamente, el fascismo, con la intención de atraer a las masas, ha utilizado dos elementos discursivos clave para la propagación de sus ideas: estos son el miedo y el victimismo. Los cuales a su vez desembocan en la emoción movilizadora por excelencia de esta corriente ultra: el odio. La victimización nacional ha funcionado y funciona como elemento legitimador de la moral fascista, siendo esta victimización un trampolín que permite dar el pistoletazo de salida a las proclamas racistas. Así lo pusieron en práctica en sus respectivos países Hitler y Mussolini, entendiendo que sus naciones habían sido humilladas por la elite liberal, la Primera Guerra Mundial o la conspiración internacional judía. Las puertas del miedo y la inseguridad se abrían de par en par y con ellas llegaban los adeptos a los regímenes totalitarios.
Aunque las hostilidades por parte de los grupos más radicalizados siguen siendo dirigidas hacia la población semita, desde hace unos cuantos años las miradas de la extrema derecha, con su victimismo, miedo y odio, están puestas sobre las personas migrantes. Con una gran diferencia. Lo que antes eran unas pocas miradas irrisorias, ahora son millones de ojos.
En aquel 11 de noviembre que mencionamos al comienzo, términos como “inmigración masiva”, haciendo alusión a un plan de sustitución racial, o frases como “barrer la calle de esa escoria venidera de tierras lejanas” (inmigrantes), solo eran aplaudidas por unas pocas decenas de personas que se encontraban en aquella manifestación. En la actualidad, ya no sorprende que expresiones similares o calcadas reciban la aprobación de miles de personas, ya sea en actos físicos o a través de redes sociales.
Las crisis, ya sean estas económicas, sociales o institucionales, son momentos decisorios donde se pone en juego las lógicas políticas imperantes y sus relaciones de poder. Así en estos contextos entre lo viejo y lo nuevo nos encontramos con dos posibles desenlaces: una prolongación o una ruptura de lo hegemónico. La ruptura, no es algo que pueda atender a razones de un único espacio político, sino que es algo que se puede encontrar en disputa entre diferentes fuerzas ideológicas. Así, la extrema derecha, planteando un análisis distorsionado de la realidad, se bate en duelo aprovechando la degradación política, para llamar la atención de las masas.
Y de momento no le va mal. Utilizando un discurso en el que encontramos constantes guiños y paralelismos a los fascismos históricos (nacionalismo exacerbado, un pasado mítico que anhelan, división social entre un “nosotros” -los buenos- contra un “ellos” -los malos-, demonización de la democracia, etc.), han sabido dar la batalla cultural y mediática, normalizando lo que hace unos años no era normal. Transversalizando lo que hace no mucho era residual. Quien consigue influenciar, determinar, marcar la lectura que la población hace de los problemas de la sociedad y sus soluciones, gana.
Pero aquel 11 de noviembre no solo se escucharon aplausos de fascistas. También se escucharon lamentos, gritos de rabia y desolación. Un joven llamado Carlos se dirigía junto a varios compañeros y compañeras a la contramanifestación convocada por la Coordinadora Antifascista de Madrid con un único propósito, obstaculizar la propagación de odio que un partido neonazi pretendía expandir por las calles del barrio de Usera. No consentir que su discurso se normalizara.
En el metro de camino a la contramanifestación, los y las jóvenes antifascistas se topan con el neonazi Josué Estébanez, el cual se dirigía a la manifestación racista. En ese preciso instante en el que cruzan miradas, aun nadie lo sabía, pero se iba a producir un asesinato. Y su autor, no iba a titubear.
Los movimientos fascistas se sirven de una violencia simbólica promovida a través de la palabra para crecer como movimiento. Es una forma de movilizar las emociones de odio que necesitan para señalar al enemigo a batir, y por lo tanto dar sentido a su existencia (presentándose como salvadores). Cuando se asume esto como deber y sobre todo como identidad, recorrer el pequeño paso que separa la violencia simbólica de la física, no cuesta nada. Ya que la primera es la antesala de la segunda.
Cuando el militar neonazi apuñaló a Carlos, fue la culminación de todo un proceso que tuvo como desenlace el asesinato de un chaval de 16 años. El odio, que Estébanez llevaba tiempo gestando dentro de sí, llegó a su máximo nivel. El odio siguió el transcurso esperado. Porque cuando el fascismo se apodera de una persona, esta pasa a ver el mundo en blanco y negro. Y lo contrario a su figura y a lo que representa deja de tener ningún tipo de valor. La vida de una persona migrante, LGTBIQ +, de un izquierdista, de un demócrata, deja de tener relevancia. Es el enemigo y como tal, hay que lapidarlo.
Carlos, desangrado, se encontraba entre la vida y la muerte. El asesino intenta escapar, pero previamente propina navajazos a otros dos compañeros. El resto lo consigue reducir una vez es alcanzado en la calle. Los servicios médicos trasladan a Carlos al hospital Doce de Octubre. Ya era tarde. Al rato se confirmó la desgracia que marcaría a toda una generación de antifascistas. Había muerto.
Los fascistas se llenan la boca hablando de amor a la patria, amor a la raza, amor a la bandera por encima de todo. Decía Erich Fromm que “quien sólo ama a un hombre no ama a ninguno”. Nosotros decimos que quien en nombre del amor solo sabe discriminar, no ama, odia.
En su libro «Pedagogía antifascista», Enrique Javier Díez, recuerda dos frases de Albert Camus haciendo referencia al fascismo: 1ª) La peste “nunca muere o desaparece para siempre; puede permanecer dormida durante años, hasta que vuelva a parecer otra vez” 2ª) “La serpiente muda de piel, pero no de veneno”. Se hace imprescindible recordar estas palabras en un momento donde, como señala Josep Ramoneda, la encrucijada capitalista nos deja vislumbrar dos caminos principales opuestos. Estos son, el avance con vista al futuro hacia el desarrollo de democracias alejadas de lógicas neoliberales o el retroceso al pasado con la instauración de autoritarismos post democráticos.
Hoy no son pocos los y las jóvenes que, ya no solo escapan de los cantos de sirena de la extrema derecha, sino que lejos de correr, se plantan, le miran de tú a tú y le dicen: ¡No pasaréis! Carlos fue (es) uno de esos jóvenes que predicó con el ejemplo. No tomo el camino de la indiferencia, tomo el de la lucha. No callo, gritó. No sucumbió ante la injusticia, la desafió.
Este 11 de noviembre, recordaremos su ejemplo. Como dice el poema de Mercedes Sosa:
Que no calle el cantor porque el silencio
cobarde apaña la maldad que oprime,
no saben los cantores de agachadas
no callarán jamás de frente al crimen
Por Alejandro Plana. Extraído de Diario Red
ace dieciocho años, un 11 de noviembre de 2007, ocurrió algo que marcó para siempre a toda una generación de antifascistas. Aquel día, Carlos Palomino, un joven de 16 años se dirigía junto a sus compañeros y compañeras hacia el barrio madrileño de Usera. Iban a participar en una movilización convocada por la plataforma Madrid Antifa como respuesta a un acto racista organizado por el partido neonazi Democracia Nacional.
Carlos no iba solo: lo acompañaban sus amigos, sus convicciones y la certeza de que el silencio nunca puede ser una opción frente al odio y la barbarie fascista. En el metro de Legazpi, un militar y militante neonazi, Josué Estébanez, decidió atacarle sin dudar. Le asestó una puñalada directa al corazón. Carlos murió minutos después.
El impacto fue inmediato. Miedo, rabia y desolación recorrieron los barrios antifascistas de Madrid. A ello se sumó la indignación al ver cómo la policía protegía a los neonazis y cómo parte de los medios trataban de criminalizar al joven asesinado, culpabilizando a su entorno y a su familia. No era la primera vez que ocurría: la misma estrategia mediática ya se había repetido tras los asesinatos de Lucrecia Pérez, Guillem Agulló, Richard, Aitor Zabaleta o Jimmy. Convertir a la víctima en sospechosa y deslegitimar el movimiento antifascista se convirtió —y sigue siendo— en una práctica habitual.
Los titulares de entonces hablaban de una “pelea entre bandas rivales”, de “enfrentamientos entre extremos” o de “tribus urbanas”. Se colocaba en el mismo plano a los agresores neonazis y a quienes se organizaban para combatir el fascismo. Un ejemplo fue el diario Hoja de Lunes, que tituló: “Muere un joven de Vallecas en enfrentamientos extremistas”.
Sin embargo, la verdad se defendió con fuerza frente a esa maquinaria mediática, política y judicial. Gracias a la lucha de familiares, amistades, colectivos y medios alternativos, se logró desmontar ese relato falso. La realidad era clara: Carlos Palomino fue asesinado por ser antifascista. Su muerte fue un asesinato político.
Esa violencia institucional no terminó en 2007. Recientemente se ha sabido que María Ángeles Gómez Armendáriz, una agente policial infiltrada durante 35 años en espacios de la izquierda, llegó a espiar a madres que luchan para que sus hijos reciban justicia. Entre ellas, Mavi, la madre de Carlos, y Elena, la de ‘Alfon’. Esta agente llegó incluso a posar junto a Mavi, sosteniendo pancartas en las concentraciones por la memoria de Carlos.
A pesar de todo, su nombre sigue vivo. Dieciocho años después, Carlos Palomino forma parte del imaginario colectivo: está en las pancartas de las manifestaciones, en los murales, en las gradas de los estadios con hinchadas antifascistas y en los conciertos de grupos como Non Servium, Kaos Urbano o Improbus, y tantos otros que mantienen viva su memoria.
Gracias a esa lucha por defender la verdad frente al relato oficial, hoy Carlos representa a todas las personas que no se callan ante la injusticia. Está en quienes enfrentan el racismo, el machismo y la desigualdad, en cada puño alzado y en cada consigna que recuerda que la memoria no se rinde.
Hoy, 11 de noviembre de 2025, se volverá a salir a la calle para gritar que Carlos vive. Porque su asesinato fue político, pero su vida, su ejemplo y su memoria son una victoria colectiva.
Intentaron silenciarlo, pero su voz sigue resonando. Intentaron apagarlo, pero su luz aún deslumbra. Intentaron pararlo, pero la lucha sigue.
Dieciocho años después, las calles de Madrid recordarán que no olvidamos ni perdonamos. Porque recordar a Carlos es seguir luchando contra el fascismo de ayer y de hoy.
Supongo que aún no he superado el no poder decirte adiós.
Mi corazón, despedazado, aquel día se quedó,
añorando un último abrazo que nunca llegó.
Pero hermano, sigues vivo, siempre vivo en mi corazón.
Por la redacción de Kaosenlared
El 11 de noviembre de 2007 el Partido Democracia Nacional, de clara ideología ultraderechista, había convocado una manifestación contra la inmigración, que fue autorizada por la Delegación del Gobierno de Madrid. En el mismo lugar un grupo de jóvenes antifascistas y de izquierda convocaron, a su vez, una contra-manifestación para mostrar su oposición a las ideas y a la presencia de un partido neonazi como Democracia Nacional.
Los hechos –según se refleja en el vídeo que grabó la escena- ocurrieron de la siguiente forma: uno de los manifestantes ultras, un militar profesional de 24 años, Josué Estébanez de la Hija, que luego negó dirigirse a participar de la manifestación, al ver la entrada de muchos jóvenes en el vagón de metro en el que se encuentra, en la estación de Legazpi, sacó del bolsillo trasero del pantalón una navaja que escondió detrás de su cuerpo. En ese momento un muchacho le increpa por la camiseta que lleva, en la que puede leerse el lema ‘Three Stroke’ de clara simbología neonazi. Josué, sin mediar palabra, agarra por el cuello al muchacho y le asesta una puñalada en el costado izquierdo, a la altura del corazón. Este hecho provocó la huida de los pasajeros del vagón, que estaba en aquellos momentos atestado de gente. Luego, Josué Estébanez propinó otra cuchillada a un joven que intentó reducirle y, tras vaciar un extintor, abandonó el vagón perseguido por una multitud de gente y los servicios de seguridad.
El muchacho que había recibido la primera puñalada, Carlos Palomino, fue trasladado lo antes posible fuera del metro a una carpa improvisada en el mismo Paseo de Las Delicias, muy cerca de donde está colocada la placa en su homenaje. Poco se pudo hacer, pues el filo del arma le había alcanzado el corazón. Murió cincuenta minutos más tarde. Su otro compañero, también herido, logró sobrevivir.
En cuanto al agresor, fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 26 años de prisión, 19 por el delito de asesinato con el agravante de odio ideológico y 7 por tentativa de homicidio.
Carlos Palomino había nacido en Madrid, en el barrio de Vallecas: era hijo único de una familia trabajadora y tenía 16 años. Era un adolescente comprometido en la lucha por los derechos de igualdad y bienestar social, contrario al racismo y a las ideologías ultraderechistas. Su único delito fue defender sus ideas públicamente y, por ello, fue asesinado aquella mañana soleada de domingo del mes de noviembre. No pudo sospechar la rabia, la intolerancia y el odio de su agresor.
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El lunes 3 de octubre al menos cuatro personas trabajadores de la empresa Horus Desokupa acudieron a un domicilio de la calle Mena en Bilbao para desalojarlo. En respuesta, unas 90 personas se concentraron y la Ertzaintza desplegó a una treintena de antidisturbios.
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Por Manu Pineda, publicado originalmente para Público.
Tuve el privilegio de tratar a Marcelino Camacho, histórico dirigente comunista y fundador de Comisiones Obreras, el mayor sindicato del país. Marcelino, fresador e hijo de ferroviario, con una inteligencia forjada a base de vida, golpes y mucha formación, me dejó una enseñanza que sigo teniendo presente:
«La izquierda tiene que ser como la máquina del tren: tirar de los vagones, pero pegadita a ellos».
Si la locomotora se adelanta demasiado y se separa de los vagones, el tren no anda, y la máquina no sirve de nada. Lo mismo ocurre en política: cuando la izquierda se aleja de la clase trabajadora, del pueblo, de la mayoría social, deja de cumplir su misión. En vez de ser una herramienta útil, se convierte en algo extraño, distante, incluso hostil para aquellos a los que dice defender.
Hubo un tiempo, no muy lejano, en que el fascismo era motivo de vergüenza. Nadie se atrevía a reivindicarlo abiertamente, porque sus crímenes, su racismo y su brutalidad pesaban en la memoria colectiva. Hoy, en cambio, lo vemos crecer con normalidad: políticos que hacen bandera del odio, tertulianos que convierten la crueldad en espectáculo, algoritmos que premian la humillación. Lo que antes generaba repulsa, hoy arranca aplausos.
Ese cambio no ha sido casual. Detrás hay millones de euros invertidos: jueces, medios, think tanks y fortunas dedicadas a blanquear lo que llamamos neofascismo, esa mezcla de autoritarismo, xenofobia y neoliberalismo salvaje. Pero sería ingenuo culpar solo a la derecha. Si hoy el fascismo no da vergüenza, también es porque la izquierda ha perdido la confianza del pueblo.
La soberbia, la arrogancia y un cierto esnobismo han hecho más daño que cien tertulianos ultras. Mientras la vida se precarizaba, demasiadas veces respondimos con tecnocracia fría, discursos llenos de jerga incomprensible y muchas, muchas luchas intestinas.
Hablamos como si estuviésemos presentando una tesis doctoral o dirigiéndonos a un comité de expertos, en lugar de hablar claro con quienes sufren los embates de la vida.
La gente que se siente abandonada no busca doctorados: busca certezas. Y si no se las damos nosotros, acaba encontrándolas en discursos falsos y crueles. Ese es el error de base: la mayoría no nos apoyará solo porque llevemos la etiqueta de «izquierda». Esa etiqueta importa poco. Lo que la gente quiere es vivienda digna, pensiones seguras, hospitales públicos que funcionen, educación para sus hijos y trabajos estables.
Si decimos: «vótame porque soy de izquierdas», no nos votarán. Pero si decimos: «apóyame porque voy a defender tu pensión, tu barrio, tu escuela y tu hospital», entonces la historia cambia.
A estos males se suma algo especialmente dañino: ese complejo de superioridad moral del que muchas veces hacemos gala. Una parte de la izquierda se comporta como si bastara con sentirse del lado correcto de la historia para poder mirar a los demás por encima del hombro. Esa petulancia no tiene ninguna base real: no mejora la vida de nadie, pero sí aleja a muchos.
Quien sufre para pagar la luz o llenar la nevera no necesita que le hablen desde un púlpito, como si fuese ignorante o incapaz de comprender la «verdadera conciencia de clase». Necesita cercanía, respeto y propuestas que funcionen. Cuando la izquierda aparece como arrogante o engreída, en lugar de atraer, repele. Y cuando se limita a dar lecciones en lugar de escuchar, se vuelve repelente.
Además de la soberbia y el elitismo, hay vicios que nos hacen cada vez más irrelevantes:
Nuestros mayores lo entendieron mejor hace noventa años. En 1935 y 1936, ante el ascenso del fascismo, supieron dejar de lado diferencias profundas y construir un frente común: el Frente Popular. Hoy, cuando el monstruo regresa con nuevas máscaras, esa lección no es un simple recuerdo histórico, es una necesidad urgente.
La ultraderecha no ha inventado nada nuevo. Su método es siempre el mismo: primero, precarizar con recortes y contratos basura; después, señalar un chivo expiatorio —migrantes, musulmanes, feministas, personas LGTBI+, sindicalistas— para canalizar la rabia; y mientras tanto, regalar rebajas y exenciones fiscales a los poderosos.
Es el viejo truco del trilero: «mira aquí», mientras te roban por otro lado.
Nuestro deber es desenmascarar ese engaño con ejemplos claros: deportar migrantes no reduce las listas de espera; recortar derechos no crea empleo estable; criminalizar a los pobres no genera seguridad. La seguridad real se llama vivienda, sanidad, educación y salarios dignos.
La primera batalla que la izquierda debe librar es contra sus propios vicios y desviaciones. La autocrítica no es autoflagelación: es medicina. Significa traducir nuestras ideas al lenguaje de la calle, volver a los barrios y a las fábricas, escuchar más de lo que hablamos, pedir perdón cuando toque. Significa dejar de lado el narcisismo de las redes y volver a la organización de base.
La humildad no es una pose: es una necesidad, y tiene que ser una característica irrenunciable de la izquierda. Porque la humildad abre puertas que la soberbia cierra.
El fascismo volverá a dar vergüenza el día en que la izquierda recupere unidad, humildad y legitimidad. El día en que volvamos a demostrar que estamos aquí para servir, no para exhibirnos ni para servirnos. El día en que la mayoría social nos sienta cerca, como la locomotora de Marcelino: tirando de todos, sin dejar a nadie atrás.
Hasta entonces, se nos seguirá viendo como parte del problema y no de la solución. Y eso, más que un fracaso político, sería una rendición histórica.
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En una maniobra que mezcló teatro político y ofensiva contra la disidencia, el pasado mes de septiembre Donald Trump colocó definitivamente la etiqueta de “organización terrorista doméstica”1 a una supuesta organización que se llama Antifa y que, realmente, engloba a todo el movimiento antifascista. Según su orden ejecutiva, se trataría de una “iniciativa militante anarquista que llama explícitamente al derrocamiento del gobierno de Estados Unidos” y que hace uso de “la violencia y el terrorismo” para reprimir la libertad de expresión y a las fuerzas del orden.
El pretexto fue, como buen ejemplo de cómo funciona la doctrina del shock, el asesinato del influencer de extrema derecha Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre y una narrativa diseñada para apuntar al “radicalismo de izquierdas” como amenaza principal del país norteamericano. Pero detrás de este barniz hay mucho más que un simple acto administrativo: hay un cambio de régimen en curso, una profundización autoritaria del aparato estatal y una advertencia dirigida a cualquiera que disienta o se oponga.
Es de perogrullo, pero en estos tiempos que corren a veces tenemos que aclarar lo más obvio: el antifascismo no es —ni ha sido nunca— una “organización”, y mucho menos una con una estructura jerárquica, un liderazgo claro, un listado de miembros, un cuartel general y un presupuesto. Incluso Cristopher Wray, el director del FBI durante el primer mandato de Trump, siempre lo ha definido como “una ideología o un movimiento”, heterogéneo y descentralizado, rehuyendo de la idea de que se pueda considerar una organización.
El historiador Mark Bray2 —autor de Antifa— lo define así: “Antifa puede ser descrito como una especie de ideología, una identidad, una tendencia o un ambiente de autodefensa”. Su eje central es más práctico que ideológico: autodefenderse de los movimientos racistas, fascistas y autoritarios y evitar que crezcan lo suficiente como para que supongan una amenaza real contra personas oprimidas. En este sentido, “el antifascismo es proactivo, no espera a que el fascismo conquiste el poder para actuar e intenta pararlo de raíz”. Bray, además, resalta que el antifascismo además cuestiona las estructuras de poder y dominación que permiten que el fascismo exista, por lo que “el antifascismo no es solo la oposición a los fascistas, sino una lucha por un mundo sin fascismo, sin racismo, sin jerarquías autoritarias”.
Otro historiador, Michael Seidman —autor de Antifascismos, 1936-1945— define el antifascismo como “la ideología más poderosa del siglo XX”, aunque su “naturaleza extremadamente diversa”, a la que se podían adherir comunistas, capitalistas y anarquistas, lo hace difícil de acotar. Por ello, Seidman opta por una definición amplia: antifascismo es (1) la ideología que prioriza la lucha contra el fascismo, (2) que se opone a las teorías conspirativas racistas, antisemitas, anticomunistas, etc. que culpaban a determinadas minorías de los problemas sociales, económicos y políticos existentes y (3) que rechaza el pacifismo, creyendo que es necesario ejercer el poder o la violencia para frenar tanto a los fascismos domésticos como a su maquinaria de guerra internacional.
A principios de octubre, unas semanas después de designar a Antifa “organización terrorista doméstica”, el presidente Trump, la fiscal general Pam Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem celebraron una mesa redonda en la Casa Blanca con influencers de extrema derecha y difusores de bulos, autoproclamados expertos en antifascismo, como Jack Posobiec y Brandi Kruse. En ella, declararon que Antifa es una organización que existe desde hace casi cien años, remontándose a la República de Weimar, que es “tan peligroso como la Mara Salvatrucha, ISIS y Hamás” e insistieron en que hay que “aplastarla” por todos los medios.
La designación de “terrorista” de Antifa no es un acto aislado, sino que forma parte de un paquete mucho más amplio de ofensiva del gobierno de Trump contra cualquier disidencia contra el “orden americano” que él lidera.
Tras el asesinato de Charlie Kirk, que Trump y sus aliados vincularon desde el primer momento, sin pruebas, a “las izquierdas” y al activismo antifascista, comenzó a vislumbrarse un plan: “vamos a utilizar todos nuestros recursos para investigar y desarticular estos ‘terrorismos domésticos’”, dijo entonces el consejero Stephen Miller, el personaje más siniestro de la Administración. A partir de ahí, siguiendo el manual de instrucciones del autoritarismo, se ha empezado a abrir un frente amplio contra la oposición, se ha fusionado la seguridad nacional con la represión interna y se han puesto los aparatos federales —FBI, Departamento de Justicia, Servicios de Seguridad Interior, el Departamento del Tesoro, etc— a funcionar a pleno rendimiento contra los críticos del actual ocupante de la Casa Blanca.
La persecución no se reduce al activismo de base: humoristas, periodistas, profesores, migrantes, abogados y organizaciones de migrantes han sido objeto de un control ampliado y muchos han perdido sus trabajos en las últimas semanas.
Incluso antiguos aliados de Trump, como el ex-director del FBI James Comey, o su ex-asesor de Seguridad, el halcón neocón John Bolton, están sufriendo persecuciones políticas de la Administración en los tribunales.
Varias ONGs, nada sospechosas de fomentar la violencia, se encuentran bajo investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad estadounidenses, después de que Trump anunciara, en la mencionada cumbre de podcasters fachas, que “los anarquistas a sueldo” quieren “destruir nuestro país”, alimentando el bulo de la financiación de ricos progres del movimiento antifascista. Sostuvo que los “carteles hechos de papel caro” que lucen los antifas han tenido que ser pagados por organizaciones con mucho dinero y que tenía preparados “un montón de registros y malas sorpresas” para ellas.
En consecuencia, el Gobierno ha dado instrucciones de investigar a ONGs (algunas progresistas, otras ni eso) y asociaciones pro derechos humanos, usando la normativa de organización criminal, como la Open Society (la fundación de George Soros), ActBlue (importante financiadora del Partido Demócrata), Indivisible (una organización juvenil vinculada al Partido Demócrata), la Coalition for Humane Immigrant Rights (colectivo de derechos de personas migrantes) y la Jewish Voice for Peace (una de las organizaciones de judíos antisionistas más importante), entre otras. Se están revisando minuciosamente las cuentas de estos colectivos para ver si han apoyado o financiado “el terrorismo” y, mientras la investigación siga en curso, sus exenciones fiscales quedan en suspenso, por lo que muchos acabarán en quiebra tarde o temprano.
Así, lo que se presenta como un ataque a “una organización anarquista violenta” es, en realidad, una estrategia de control político de amplio alcance: criminalizar a manifestantes y activistas sociales, eliminar a organizaciones y a la oposición política y aplastar a cualquier colectivo que se imponga a la agenda de Trump. Dinamitar la democracia liberal, vamos.
Y esto ocurre, además, en un contexto de recrudecimiento de la violencia estatal, en el que los agentes de ICE están organizando redadas racistas masivas en casas, colegios, centros de trabajo, etc., utilizando material militar (helicópteros black hawk, tanquetas, metralletas, etc), entrando en viviendas sin órdenes judiciales, llevándose a 3.000 personas detenidas al día por individuos enmascarados sin identificar, en vehículos no rotulados, trasladando a inmigrantes a centros de detención opacos y deportándolos a países que ni siquiera son los suyos de origen.
De forma paralela, Trump está desplegando al ejército en diversas ciudades del país —aquellas que votaron mayoritariamente al Partido Demócrata—, alegando un problema de seguridad pública, para que patrulle por sus calles, en un ambiente de terror distópico.
En el último mes hemos asistido a casos palpables en los que la criminalización del movimiento antifascista sirve como excusa para perseguir a activistas, académicos o entidades de la sociedad civil. Un caso emblemático es el del propio Mark Bray: tras la firma de la orden ejecutiva de Trump y después de que medios de derechas y el Gobierno le señalaran como un miembro e ideólogo del “grupo terrorista Antifa”3, comenzó a recibir amenazas de muerte y acoso de grupos de extrema derecha en su domicilio (que fue publicado en Twitter). Le dijeron que le matarían delante de sus alumnos, o que quemarían su casa, entre otras lindezas. Por ello, finalmente acabó por exiliarse con su familia a Madrid, desde donde imparte sus clases de forma remota.
La buena noticia es que, pese al cariz que están tomando las cosas, todavía hay muchas personas dispuestas a plantar cara al autoritarismo monárquico de Trump. Un ejemplo de ello es la manifestación “No Kings” (“sin reyes”) que tuvo lugar el 18 de octubre, en la que participaron unas 5 millones de personas en más de 2.100 municipios del país.
Lo que está pasando en Washington es una advertencia de lo que podría importarse dentro de poco a Europa. De hecho, a finales de septiembre, el húngaro Viktor Orbán y el grupo Patriotas por Europa (al que pertenece Vox) solicitaron que el Parlamento Europeo otorgase la designación de “organización terrorista” al movimiento Antifa en Europa.
El manual ya lo tienen estudiado: se empieza etiquetando a un movimiento difuso y sin estructura clara como “terrorista” y se le reviste de amenaza existencial; y el día que ocurra algo, ya sea un acto de violencia, unos desórdenes públicos, una manifestación, lo que sea, se abre el aparato de represión estatal (legislación especial, movilización del aparato policial) y se termina por extender al conjunto de la disidencia (organizaciones antifascistas, colectivos antirracistas, sindicatos, asociaciones de vecinas, colectivos de barrio, etc).
El movimiento anarquista del Estado español conoce muy bien cómo funcionan estos planes de criminalización. Ya lo vivimos hace una década, cuando en 2013 fueron detenidas dos anarquistas (Mónica y Francisco), acusadas de plantar una bomba en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Tras ello, varios políticos y medios de comunicación comenzaron a informar, de forma constante, que el anarquismo se estaba organizando para planear atentados terroristas y que estaba “imitando a Al-Qaeda”. Un año después, en 2014, tuvo lugar la Operación Pandora, que en 2015 fue seguida por las Operaciones Piñata, Pandora 2 y Ice, en las que decenas de anarquistas fueron detenidas e imputadas por terrorismo por no se sabe muy bien qué motivos. Por suerte, finalmente todas las causas acabaron archivadas y quedaron en nada, pero la próxima vez el resultado podría ser otro.
Por suerte, hemos sacado aprendizajes de estos golpes y también sabemos cómo debemos actuar: con solidaridad, con determinación, con movilizaciones contra sus discursos criminalizadores y, sobre todo, planteando alternativas a su sistema de dominación, para convertir a los represores en irrelevantes. Es decir, frente a su fascismo, más antifascismo y más militancia en todos los colectivos que buscan erradicar.
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1Las leyes federales estadounidenses no permiten designar a organizaciones nacionales como “terroristas”; solo lo pueden hacer con internacionales. Sin embargo, este escollo legal no ha impedido a Trump hacerlo y ordenar a distintas agencias que comiencen a investigar a personas y organizaciones. En cualquier caso, Trump ahora sopesa designar a Antifa una organización terrorista internacional.
2Hace años, le entrevistamos en este medio.
3Fox News, por ejemplo, le llama Dr. Antifa.
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Por Héctor Martín Ortega
Mientras la sociedad europea se hunde en la inflación, los problemas de vivienda y los recortes derivados del fracaso del neoliberalismo, una parte de la juventud busca respuestas en quienes prometen orden y soluciones sencillas a problemas complejos.
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los partidos abiertamente fascistas desaparecieron; sin embargo, las élites económicas y militares que los sostenían sobrevivieron. Europa se reconstruyó gracias a pactos que ofrecían crecimiento económico a cambio de paz social, apoyados en la democracia y el estado de bienestar. Aunque el fascismo fue derrotado militarmente, su ideología no desapareció del todo.
Con la crisis del Estado de bienestar, la derecha radical comenzó a transformarse: abandonó su vertiente más nacionalista a cambio de adoptar una competitividad autoritaria y una crítica hacia lo público. A partir de los años 90, esta corriente dejó atrás el fascismo explícito y adoptó un discurso centrado en la reducción de impuestos, la oposición a la inmigración y el rechazo a políticas progresistas. Esto dio lugar a movimientos como el Front National en Francia, que abrieron la puerta a la nueva derecha: ya no llevaban uniformes, sino corbatas y trajes.
La nueva generación europea tuvo que vivir la crisis de 2008 y la de 2020, y afrontar sus consecuencias: estabilidad y futuro escasos, con pocas oportunidades de progreso.
Este vacío fue aprovechado por la extrema derecha, que reapareció no tanto como herencia directa del fascismo, sino como respuesta emocional a la precariedad y al fracaso del mercado. Su discurso caló especialmente en sectores vulnerables gracias a la adaptación a las redes sociales, donde ya no era necesario ocultar su pasado. Lo que antes era inconfesable —racismo, misoginia o homofobia— en ciertos espacios se presenta ahora como una opinión legítima. No estamos regresando al fascismo de los años 30; estamos ante su versión contemporánea. Este discurso ha logrado influir en la juventud europea no solo debido a la crisis económica, sino también a una crisis de identidad masculina, donde los adolescentes socializados para medir su valor en términos capitalistas se enfrentan a precariedad y frustración. La derecha radical ofrece un refugio emocional a estos jóvenes: “volver a ser hombres de verdad”. En foros y redes, influencers y gurús canalizan esta frustración hacia la misoginia y la violencia simbólica. El neoliberalismo fabrica hombres rotos, y la extrema derecha promete repararlos a golpes.
El racismo no se limita a grupos neonazis o asociaciones extremistas; es estructural: está presente en la policía, los medios y las leyes migratorias. Cuando los jóvenes observan que el Estado criminaliza la pobreza y la migración, estos mensajes se interiorizan. La derecha radical lleva esto al extremo, identificando culpables visibles (el inmigrante, el pobre, la mujer…) frente a un malestar que proviene en realidad de un sistema económico desigual. El racismo funciona como válvula de escape del miedo social, canalizando el descontento hacia abajo en lugar de hacia arriba.
Según el estudio European Election Studies 2024, más del 21% de los adolescentes europeos se inclinan por partidos de la derecha radical, frente a un 14% de mujeres. Esta cifra indica un apoyo significativo, pero también una brecha de género que se ha ensanchado recientemente, vinculada a la crisis de identidad masculina. Estos datos muestran la urgencia de actuar. Como respuesta surge la alfabetización mediática, destinada a desmontar la manipulación informativa, el discurso de odio y las burbujas algorítmicas, mediante talleres que enseñen a leer memes, identificar bulos y analizar algoritmos, promoviendo la autodefensa digital. Si el algoritmo adoctrina, la autogestión informativa libera.
Otra propuesta es reconstruir comunidad y redes de apoyo mutuo, sustituyendo la falsa pertenencia nacional por vínculos reales de solidaridad. Las cifras se pueden contar, pero la dignidad es algo que no se mide. Mientras el neoliberalismo destruye el sentido de pertenencia, la derecha radical intercambia identidad por obediencia. Sin embargo, en cada barrio, aula o pantalla, sigue existiendo una posibilidad: una juventud que se niega a rendirse ante el odio, que busca comunidad en lugar de fronteras y que elige la ternura en lugar del miedo. Si el siglo XXI va a tener una revolución, será la de cuidarnos unos a otros.
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📢📢Una semana más desde ONDA NEGRA, el programa de CGT Aragón-La Rioja, os ofrecemos a través de Radio Topo📻 una hora cargada de información laboral y sindical, social, feminismo y cultura💪🏽 👉🏿Podrás escuchar el programa durante tres semanas😁. 👉🏽El programa Nº 39 se emitirá los días 29 de octubre y los días 5 y 12 […]
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Cuando hace una semana el agitador de extrema derecha Vito Quiles anunció una gira por una decena de universidades españolas, resultaba evidente que quería replicar la estrategia que algunos miembros de la extrema derecha están llevando a cabo en Estados Unidos y Europa: buscar la confrontación con los sectores demócratas para conseguir visibilidad. Persiguen que las universidades prohíban sus actos para presentarse como víctimas y, a poder ser, que entre los estudiantes que se manifiesten en contra de su presencia haya quienes opten por la confrontación física con él o con sus partidarios.
La primera cita estaba convocada hoy jueves 16 en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a mediodía. Desde el rectorado, le comunicaron que no podía dar la conferencia, para la cual no había solicitado autorización. Hubo enfrentamientos entre un centenar de los seguidores de Quiles, que había traído a su propio personal de seguridad, y un grupo que protestaba contra su presencia. Los Mossos intervinieron, el propagandista pronunció un breve discurso megáfono en mano y, finalmente, consiguió los titulares que buscaba.
Puesto que Quiles aún tiene previsto visitar una decena de universidades españolas -antes de ir a Argentina– hemos consultado a profesoras y profesores de distintas universidades españolas sobre cuál debe ser la respuesta cívica de la comunidad educativa ante esta estrategia global que busca la victimización, la ruptura de la convivencia y de los consensos sociales con el objetivo final de acabar con los sistemas democráticos liberales con pluralidad de ideas.
La profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha Ana Valero, especializada en libertad de expresión, sostiene que “aunque Vito Quiles no aporte nada al debate académico ni social, no debe impedirse ni prohibirse ni su mensaje ni su discurso ni los actos que pretende realizar” porque “la universidad es el lugar por excelencia para el debate académico y social” y, añade, de la pluralidad de ideas. Además, “prohibirlo conseguiría el efecto contrario: lo que Quiles persigue es que no le dejen hablar porque sabe que tiene poco que aportar. Y con la prohibición ratificaría su mensaje demagogo y falso. De hecho, en su tuit (en el que anunciaba la gira) dice que la libertad se encuentra amenazada en las universidades públicas y persigue la prohibición de sus actos para ratificar sus falsedades”.
Valero considera que se combate su discurso “dando herramientas a las y los estudiantes para que puedan identificar por sí mismos que el mensaje de Quiles no vale nada, que es mera desinformación, que es postverdad y que el fin último es la polarización y la manipulación”. De hecho, Valero, que imparte clases en la Facultad de Comunicación de Cuenca, explica que, como ya estaba muy preocupada por la infiltración en la universidad de las ideas ultraderechistas, en la asignatura que imparte sobre partidos políticos, ha pedido a sus estudiantes que lean tres ensayos sobre el auge de la extrema derecha en Europa. “Este tipo de herramientas les va a permitir que vayan a actos de Quiles para plantearles las preguntas adecuadas para desenmascarlo, para que se retrate. Creo que es un modo más ingenioso para evidenciar que el discurso de Vito Quiles en términos de debate público formado e informado es basura”.
El escritor y profesor de Estudios Culturales en la Escola Massana y de Periodismo Literario en la UAB Albert Lladó comparte con Valero que “el papel de la universidad no es prohibir ni únicamente reaccionar”. De hecho, apunta, si se limita a reaccionar ante las provocaciones “será vista por parte de los jóvenes como una institución reaccionaria. La universidad aún puede aportar matiz, complejidad y concretos”.
Para ello, el autor de los ensayos Contra la actualidad y La mirada lúcida considera que hay que entender que “el populismo sabe hurgar en la herida”, por lo que tenemos que atender a “qué miedos y amenazas” activan con sus discursos y escuchar a quienes lo padecen. Y en este sentido alerta de los riesgos de “reírnos de según qué personajes” y recuerda que “conocen bien las técnicas que utilizan. No son payasos inofensivos. Son gente peligrosa. La caricatura del adversario solo provoca su crecimiento. Lo hemos visto con Trump”. Y como respuesta propone crear lugares de encuentro con “personas con nombres y apellidos, complejas, que no sean santos laicos, ni únicamente víctimas. Pero que nos ayuden a entender que esos ‘enemigos’ que señala el autoritarismo se parecen más a cada uno de nosotros de lo que pensamos”. Lladó pone como ejemplo el racismo, que “es difícil combatirlo únicamente con ideas generales. Una persona racista que se hace amiga de su peluquero o de su frutero (racializados) es una victoria. La empatía nace en lo cotidiano, no en macrocifras (que son necesarias contra los bulos, pero insuficientes para transformar percepciones tan interiorizadas)”.
Por su parte, María Valvidares, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, considera que “prohibir desde un punto de vista político no es inteligente, y jurídicamente también es muy problemático”. Sin embargo, sí que considera que, salvo que vaya como invitado por una asociación de estudiantes -en cuyo caso, sostiene, debe permitirse-, “la universidad no tiene que ceder el espacio para no facilitar discursos que en principio no son de promoción de los derechos”. Eso sí tiene encaje ya que una institución pública debe fomentar aquellos discursos que promueven los derechos y contrarrestar los que van en su contra”.
En cualquier caso, Valvidares cree que la mejor respuesta es “el debate de ideas: movilizar a la comunidad universitaria para que vaya al acto y que ponga en evidencia las contradicciones, las falacias y la manipulación del discurso, incluso preparándose antes los temas para desmontarlo con datos”. Otra propuesta de la constitucionalista es “organizar actos sobre esas temáticas con personas expertas. Pero sabiendo que muchas veces no tienen utilidad porque el público no siempre busca saber la verdad, debatir, atender a los hechos y obtener una respuesta científica, sino solo repetir las proclamas”.
Por su parte, Sonia Herrera, profesora en los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y en el Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra, critica que “durante demasiado tiempo, desde las izquierdas, los movimientos sociales, las universidades, la escuela y, también, los medios de comunicación alternativos creímos que personajes como Vito Quiles, Alvise Pérez, Santiago Abascal o Sílvia Orriols se retrataban solos. No ha sido así. Han ocupado un espacio que dejamos vacío (en las redes sociales, sí, pero también en los bares, en las tertulias televisivas, en los grupos de Whatsapp de familias y vecinas), porque dimos por hecho que la razón se impondría por sí misma”.
Por ello, sostiene que no basta con tener la razón, sino que hay que comunicarla desde la razón, pero también la emoción. Para ello, cree que lo primero que hay que hacer es “devolver la esperanza a un alumnado que ha crecido en medio de crisis sucesivas (económica, climática, política, sanitaria, existencial: que si el volcán de La Palma, que si una pandemia global…)”. Y cree que la respuesta tiene que ser en todos los ámbitos: “Debemos volver al ABC de los derechos humanos, a las bases de la convivencia, a las genealogías de los movimientos sociales y de las resistencias que han construido las libertades y los derechos que hoy vemos tambalearse”.
Pero, sobre todo, tener claro cuál es el objetivo de estas acciones de los radicales ultras: “provocar, fracturar la convivencia, romper consensos, intimidar y victimizarse para ganar visibilidad y legitimidad. Frente a eso, necesitamos responder con rigor, sin individualismos y con una pedagogía democrática activa, que no solo se quede en lo teórico, sino que toque calle”, argumenta Herrera.
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Jorge Jiménez militó durante años en el desaparecido colectivo Distrito 14, donde coincidió con chicos como Carlos y Sergio, con los que desarrolló una relación de amistad y confianza. Años después, acabaría por descubrir que éstos eran agentes de policía infiltrados en su colectivo que habían traicionado su confianza. Esta experiencia le empujó a participar en iniciativas de divulgación y crítica política de esta práctica, como la publicación a principios de este año del Manual para destapar a un policía infiltrado.
El 15 de septiembre, El Salto informó que Jorge había sido denunciado y detenido, precisamente por investigar a varios de los policías infiltrados que, en los últimos dos años, han sido destapados por medios como La Directa y El Salto. Jorge estaba estudiando dónde residían y qué bienes tenían, a fin de sopesar si presentar denuncias contra ellos por cometer delitos contra la intimidad. Por ello, la policía le imputa delitos como falsedad documental (por pedir notas simples de ellos en el Registro de la Propiedad) y revelación de secretos (por supuestamente publicar en redes sociales en qué ciudades residen).
La causa sigue abierta y se encuentra pendiente de ver si se archiva, puesto que la defensa de Jorge sostiene que nada de lo que ha hecho se tipifica como delito en el Código Penal. Pero, de forma paralela, la Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado un expediente informativo por supuestamente difundir los nombres, apellidos y fotos de algunos de los agentes encubiertos que fueron destapados por medios de comunicación y le ha advertido que podría abrirse un procedimiento sancionador y acabar siendo multado.
Más información en @j28030 (Bluesky)
Pese a que el perridente Sánchez manifestara su “admiración” por quienes salieron a protestar contra la presencia israelí en la Vuelta ciclista, su policía acabó por detener a cinco activistas en l’Alt Empordà, a doce en Asturies, diez en Galiza y dos en Madrid en el marco estas movilizaciones. Además, varias otras fueron identificadas y, a finales de septiembre, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte abrió expedientes sancionadores y propuso multas de entre 3.000 y 5.000 euros para 38 de ellas. Un ejemplo de cómo la burorrepresión pretende alcanzar el mismo efecto desmovilizador que la represión penal y policial pero con medios más sutiles e invisibles; en vez de detenerte ante decenas de cámaras y miles de compañeras, te llega una carta a casa y te sangran económicamente.
Más información en @defendemos.palestina (Instagram)
El pasado 4 de octubre, en el marco de la masiva manifestación en Barcelona por el segundo año del genocidio en Gaza, 10 personas resultaron detenidas después de que una manifestación improvisada de 2.000 personas saliera desde l’Arc de Triomf (donde terminó la oficialmente convocada), hacia Plaça de Catalunya. A las detenidas se les imputa causar destrozos en empresas que colaboran con la ocupación, como McDonald’s, Carrefour o Starbucks, y enfrentarse con los Mossos d’Esquadra.
Por otro lado, ese mismo día, al menos ocho policías de paisano se infiltraron en la manifestación convocada por la Coordenadora Galega de Solidariedade coa Palestina en Santiago de Compostela y, en su transcurso, golpearon y detuvieron a un rapaz. Según relata O Salto, los hechos ocurrieron cuando varios agentes de paisano cargaron contra los miembros de la Asociación Galego-Arxentina pola Memoria (AGAMA), que portaban una pancarta enorme con el nombre de los más de 60.000 palestinos asesinados en los últimos dos años. Al verlo, el chaval, que desconocía que eran agentes de policía, se puso en medio para mediar y acabó reducido, llevándose un porrazo en la pierna y con el móvil roto. Al poco tiempo fue liberado y se le informó que le llegará una citación.
Después de 526 días en prisión para Adrián y 491 para Javitxu, el Gobierno español concedió, a mediados de septiembre, el indulto a los dos de los cuatro antifascistas encarcelados en el caso conocido como “Los seis de Zaragoza”.
Desde la Plataforma ‘Libertad 6 de Zaragoza’ valoran la liberación de Javitxu y Adrián como una “victoria colectiva del movimiento popular”, que “durante seis años ha denunciado la represión del Estado y la vulneración del derecho a manifestarse y organizarse frente a los discursos de odio de la extrema derecha”.
“Este logro nunca hubiera sido posible sin la creación de una plataforma plural y diversa, compuesta por personas individuales, colectivos sociales, sindicatos y organizaciones políticas que han trabajado incansablemente en manifestaciones, concentraciones, ruedas de prensa, campañas en redes sociales, mesas informativas, pegadas de carteles, repartos de octavillas, actos, crowdfunding y eventos de recaudación de dinero”, señalan en un comunicado.Sin embargo, la Plataforma advierte que “no podemos hablar de satisfacción” porque “sigue siendo injusto” que Imad y Daniel, los otros dos jóvenes aún encarcelados, no han recibido el mismo indulto. “Se trata del mismo caso, las mismas detenciones aleatorias y las mismas sentencias injustas. ¿Por qué no se les ha aplicado la misma medida?”, cuestiona la Plataforma para afirmar que “el objetivo del Gobierno PSOE-Sumar” es “dividir el movimiento” y “acallar la movilización social” generada por este caso.
Otro aspecto crítico que señala ‘Libertad 6 de Zaragoza’ es la parte económica de la sentencia, que podría alcanzar los 200.000 euros entre multas, indemnizaciones y costas, afectando de manera directa a los presos y sus familias y perpetuando la doble penalización de las personas de clase trabajadora. “No se ha hecho justicia”, subrayan, porque aunque se conceda el indulto, la carga económica se mantiene intacta.
Más información @Libertad6zgz (Twitter e Instagram)
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