L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius ha publicado un informe en el que explica el papel de organizaciones surgidas en el Estado español como líderes de una ofensiva internacional “antigénero”. “Los derechos sexuales y reproductivos son el corazón de la disputa de poder”, explican las impulsoras del estudio.
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Con la defensa de los derechos humanos como brújula, el trabajo de Patricia Simón aúna el reporterismo en terreno y el periodismo de investigación. Hablamos con la autora de los libros 'Miedo' y 'Narrar el abismo' sobre el papel de los medios de comunicación ante los genocidios, el neofascismo o los ataques desde los tribunales a la libertad de prensa.
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Un programa muy dinámico hoy en el que conectamos en varias ocasiones con la manifestación antifascista del 20N de Zaragoza y nos acordamos también de la de Huesca que se desarrollaban al mismo tiempo que la emisión. Pero en este 50 aniversario de la muerte de Franco por supuesto hablamos de ello y del poso […]
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Cuando el diputado de ERC se enuncia como hijo de migrante para hablar de inmigración en clave de seguridad e integración, marca su posición de buen migrante asimilado, que ha llegado lejos por portarse bien en términos nacionalistas. Su discurso muestra los malabarismos que hacen unas izquierdas temerosas de su blanquitud.
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Todo por Hacer es una publicación anarquista que se edita mensualmente en Madrid. Se distribuye de forma gratuita en esta ciudad y se puede descargar en www.todoporhacer.
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“Carlos no murió, le mataron por defender lo que creía justo” – Mavi Muñoz, madre de Carlos Palomino.
Hace 18 años, el 11 de noviembre de 2007, ocurrió algo que marcaría a toda una generación de antifascistas.
El antifascista Carlos Palomino se dirigía al barrio madrileño de Usera junto a varios de sus compañeros y compañeras. La Coordinadora Antifascista de Madrid (CAM) había organizado una respuesta ante un acto contra la inmigración que el partido neonazi Democracia Nacional había convocado en dicho barrio. La estrategia consistía en llevar a cabo una contramanifestación con el objetivo de hacer presión, señalarles y no permitir que su discurso de odio se normalizara.
Estos jóvenes decidieron coger el metro para llegar hasta el lugar. Al entrar en el vagón se dieron cuenta de la presencia de un neonazi que viste la marca Three Stroke. Más tarde se conocería su nombre: Josué Estébanez, un militar fascista del Ejército de Tierra de 23 años que se dirigía a la concentración racista. Instantes antes se había percatado de la presencia de los antifascistas, esperando en el andén la llegada del metro. Decidió aguardar con una navaja abierta. En cuanto Carlos se acercó, Josué le propinó una puñalada directa al corazón sin ningún tipo de titubeo. Los antifascistas salieron del vagón, pero antes, dos de ellos, recibieron navajazos, quedando heridos. Instantes más tarde, Josué huyó hasta la calle donde es alcanzado por el resto de compañeros de los agredidos hasta que la policía llega al sitio. Carlos es trasladado al hospital Doce de Octubre, donde más tarde se confirmó la desgracia: había muerto.
A su muerte le siguió un relato mediático que obviaba o disminuía el componente ideológico detrás del asesinato de Carlos. De esta manera, se aupaba una versión simplista, que reducía todo a una pelea entre “bandas rivales”, entre “dos extremos” o entre “tribus urbanas”. Se ponía al mismo nivel a los neonazis que a los antifascistas; se ponía en el mismo nivel al joven Carlos que a su asesino Josué.
Otros medios, como El Heraldo, llegaron a poner de titular en una noticia estas declaraciones de Josue Estévanez: “Le ataqué porque me vi acorralado”, con subtítulos como “Soy español nada más, una persona a la que le gusta que gane la selección española”.
Dos años después, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Josué Estébanez a un total de 26 años de prisión: 19 por el delito de asesinato con el agravante de odio ideológico y 7 por tentativa de homicidio y una indemnización de 150.000 euros.
Doce años después de su crimen, el 15 de marzo de 2019, el austrialiano Brenton Tarrant llevó a cabo un ataque terrorista contra dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, matando a 51 personas e hiriendo a otras 50. El día de su ataque, publicó un manifiesto de 74 páginas titulado El gran reemplazo, en el que deploraba «la expansión del Islam y el genocidio blanco«. Uno de los cargadores del fusil que utilizó en su matanza llevaba escrito, en letras blancas, «Josué Estébanez».
En el año 2022, coincidiendo con el 15º aniversario del asesinato de Carlos, la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Villabona (Asturias) concedió el primer permiso de salida a Josué.
Por Janio Mora Murillo. Extraído de AraInfo
Contra el racismo antiespañol, contra la inmigración. Esta fue la consigna con la que el partido neonazi Democracia Nacional llevó a cabo una manifestación hace 18 años. El 11 de noviembre de 2007.
Históricamente, el fascismo, con la intención de atraer a las masas, ha utilizado dos elementos discursivos clave para la propagación de sus ideas: estos son el miedo y el victimismo. Los cuales a su vez desembocan en la emoción movilizadora por excelencia de esta corriente ultra: el odio. La victimización nacional ha funcionado y funciona como elemento legitimador de la moral fascista, siendo esta victimización un trampolín que permite dar el pistoletazo de salida a las proclamas racistas. Así lo pusieron en práctica en sus respectivos países Hitler y Mussolini, entendiendo que sus naciones habían sido humilladas por la elite liberal, la Primera Guerra Mundial o la conspiración internacional judía. Las puertas del miedo y la inseguridad se abrían de par en par y con ellas llegaban los adeptos a los regímenes totalitarios.
Aunque las hostilidades por parte de los grupos más radicalizados siguen siendo dirigidas hacia la población semita, desde hace unos cuantos años las miradas de la extrema derecha, con su victimismo, miedo y odio, están puestas sobre las personas migrantes. Con una gran diferencia. Lo que antes eran unas pocas miradas irrisorias, ahora son millones de ojos.
En aquel 11 de noviembre que mencionamos al comienzo, términos como “inmigración masiva”, haciendo alusión a un plan de sustitución racial, o frases como “barrer la calle de esa escoria venidera de tierras lejanas” (inmigrantes), solo eran aplaudidas por unas pocas decenas de personas que se encontraban en aquella manifestación. En la actualidad, ya no sorprende que expresiones similares o calcadas reciban la aprobación de miles de personas, ya sea en actos físicos o a través de redes sociales.
Las crisis, ya sean estas económicas, sociales o institucionales, son momentos decisorios donde se pone en juego las lógicas políticas imperantes y sus relaciones de poder. Así en estos contextos entre lo viejo y lo nuevo nos encontramos con dos posibles desenlaces: una prolongación o una ruptura de lo hegemónico. La ruptura, no es algo que pueda atender a razones de un único espacio político, sino que es algo que se puede encontrar en disputa entre diferentes fuerzas ideológicas. Así, la extrema derecha, planteando un análisis distorsionado de la realidad, se bate en duelo aprovechando la degradación política, para llamar la atención de las masas.
Y de momento no le va mal. Utilizando un discurso en el que encontramos constantes guiños y paralelismos a los fascismos históricos (nacionalismo exacerbado, un pasado mítico que anhelan, división social entre un “nosotros” -los buenos- contra un “ellos” -los malos-, demonización de la democracia, etc.), han sabido dar la batalla cultural y mediática, normalizando lo que hace unos años no era normal. Transversalizando lo que hace no mucho era residual. Quien consigue influenciar, determinar, marcar la lectura que la población hace de los problemas de la sociedad y sus soluciones, gana.
Pero aquel 11 de noviembre no solo se escucharon aplausos de fascistas. También se escucharon lamentos, gritos de rabia y desolación. Un joven llamado Carlos se dirigía junto a varios compañeros y compañeras a la contramanifestación convocada por la Coordinadora Antifascista de Madrid con un único propósito, obstaculizar la propagación de odio que un partido neonazi pretendía expandir por las calles del barrio de Usera. No consentir que su discurso se normalizara.
En el metro de camino a la contramanifestación, los y las jóvenes antifascistas se topan con el neonazi Josué Estébanez, el cual se dirigía a la manifestación racista. En ese preciso instante en el que cruzan miradas, aun nadie lo sabía, pero se iba a producir un asesinato. Y su autor, no iba a titubear.
Los movimientos fascistas se sirven de una violencia simbólica promovida a través de la palabra para crecer como movimiento. Es una forma de movilizar las emociones de odio que necesitan para señalar al enemigo a batir, y por lo tanto dar sentido a su existencia (presentándose como salvadores). Cuando se asume esto como deber y sobre todo como identidad, recorrer el pequeño paso que separa la violencia simbólica de la física, no cuesta nada. Ya que la primera es la antesala de la segunda.
Cuando el militar neonazi apuñaló a Carlos, fue la culminación de todo un proceso que tuvo como desenlace el asesinato de un chaval de 16 años. El odio, que Estébanez llevaba tiempo gestando dentro de sí, llegó a su máximo nivel. El odio siguió el transcurso esperado. Porque cuando el fascismo se apodera de una persona, esta pasa a ver el mundo en blanco y negro. Y lo contrario a su figura y a lo que representa deja de tener ningún tipo de valor. La vida de una persona migrante, LGTBIQ +, de un izquierdista, de un demócrata, deja de tener relevancia. Es el enemigo y como tal, hay que lapidarlo.
Carlos, desangrado, se encontraba entre la vida y la muerte. El asesino intenta escapar, pero previamente propina navajazos a otros dos compañeros. El resto lo consigue reducir una vez es alcanzado en la calle. Los servicios médicos trasladan a Carlos al hospital Doce de Octubre. Ya era tarde. Al rato se confirmó la desgracia que marcaría a toda una generación de antifascistas. Había muerto.
Los fascistas se llenan la boca hablando de amor a la patria, amor a la raza, amor a la bandera por encima de todo. Decía Erich Fromm que “quien sólo ama a un hombre no ama a ninguno”. Nosotros decimos que quien en nombre del amor solo sabe discriminar, no ama, odia.
En su libro «Pedagogía antifascista», Enrique Javier Díez, recuerda dos frases de Albert Camus haciendo referencia al fascismo: 1ª) La peste “nunca muere o desaparece para siempre; puede permanecer dormida durante años, hasta que vuelva a parecer otra vez” 2ª) “La serpiente muda de piel, pero no de veneno”. Se hace imprescindible recordar estas palabras en un momento donde, como señala Josep Ramoneda, la encrucijada capitalista nos deja vislumbrar dos caminos principales opuestos. Estos son, el avance con vista al futuro hacia el desarrollo de democracias alejadas de lógicas neoliberales o el retroceso al pasado con la instauración de autoritarismos post democráticos.
Hoy no son pocos los y las jóvenes que, ya no solo escapan de los cantos de sirena de la extrema derecha, sino que lejos de correr, se plantan, le miran de tú a tú y le dicen: ¡No pasaréis! Carlos fue (es) uno de esos jóvenes que predicó con el ejemplo. No tomo el camino de la indiferencia, tomo el de la lucha. No callo, gritó. No sucumbió ante la injusticia, la desafió.
Este 11 de noviembre, recordaremos su ejemplo. Como dice el poema de Mercedes Sosa:
Que no calle el cantor porque el silencio
cobarde apaña la maldad que oprime,
no saben los cantores de agachadas
no callarán jamás de frente al crimen
Por Alejandro Plana. Extraído de Diario Red
ace dieciocho años, un 11 de noviembre de 2007, ocurrió algo que marcó para siempre a toda una generación de antifascistas. Aquel día, Carlos Palomino, un joven de 16 años se dirigía junto a sus compañeros y compañeras hacia el barrio madrileño de Usera. Iban a participar en una movilización convocada por la plataforma Madrid Antifa como respuesta a un acto racista organizado por el partido neonazi Democracia Nacional.
Carlos no iba solo: lo acompañaban sus amigos, sus convicciones y la certeza de que el silencio nunca puede ser una opción frente al odio y la barbarie fascista. En el metro de Legazpi, un militar y militante neonazi, Josué Estébanez, decidió atacarle sin dudar. Le asestó una puñalada directa al corazón. Carlos murió minutos después.
El impacto fue inmediato. Miedo, rabia y desolación recorrieron los barrios antifascistas de Madrid. A ello se sumó la indignación al ver cómo la policía protegía a los neonazis y cómo parte de los medios trataban de criminalizar al joven asesinado, culpabilizando a su entorno y a su familia. No era la primera vez que ocurría: la misma estrategia mediática ya se había repetido tras los asesinatos de Lucrecia Pérez, Guillem Agulló, Richard, Aitor Zabaleta o Jimmy. Convertir a la víctima en sospechosa y deslegitimar el movimiento antifascista se convirtió —y sigue siendo— en una práctica habitual.
Los titulares de entonces hablaban de una “pelea entre bandas rivales”, de “enfrentamientos entre extremos” o de “tribus urbanas”. Se colocaba en el mismo plano a los agresores neonazis y a quienes se organizaban para combatir el fascismo. Un ejemplo fue el diario Hoja de Lunes, que tituló: “Muere un joven de Vallecas en enfrentamientos extremistas”.
Sin embargo, la verdad se defendió con fuerza frente a esa maquinaria mediática, política y judicial. Gracias a la lucha de familiares, amistades, colectivos y medios alternativos, se logró desmontar ese relato falso. La realidad era clara: Carlos Palomino fue asesinado por ser antifascista. Su muerte fue un asesinato político.
Esa violencia institucional no terminó en 2007. Recientemente se ha sabido que María Ángeles Gómez Armendáriz, una agente policial infiltrada durante 35 años en espacios de la izquierda, llegó a espiar a madres que luchan para que sus hijos reciban justicia. Entre ellas, Mavi, la madre de Carlos, y Elena, la de ‘Alfon’. Esta agente llegó incluso a posar junto a Mavi, sosteniendo pancartas en las concentraciones por la memoria de Carlos.
A pesar de todo, su nombre sigue vivo. Dieciocho años después, Carlos Palomino forma parte del imaginario colectivo: está en las pancartas de las manifestaciones, en los murales, en las gradas de los estadios con hinchadas antifascistas y en los conciertos de grupos como Non Servium, Kaos Urbano o Improbus, y tantos otros que mantienen viva su memoria.
Gracias a esa lucha por defender la verdad frente al relato oficial, hoy Carlos representa a todas las personas que no se callan ante la injusticia. Está en quienes enfrentan el racismo, el machismo y la desigualdad, en cada puño alzado y en cada consigna que recuerda que la memoria no se rinde.
Hoy, 11 de noviembre de 2025, se volverá a salir a la calle para gritar que Carlos vive. Porque su asesinato fue político, pero su vida, su ejemplo y su memoria son una victoria colectiva.
Intentaron silenciarlo, pero su voz sigue resonando. Intentaron apagarlo, pero su luz aún deslumbra. Intentaron pararlo, pero la lucha sigue.
Dieciocho años después, las calles de Madrid recordarán que no olvidamos ni perdonamos. Porque recordar a Carlos es seguir luchando contra el fascismo de ayer y de hoy.
Supongo que aún no he superado el no poder decirte adiós.
Mi corazón, despedazado, aquel día se quedó,
añorando un último abrazo que nunca llegó.
Pero hermano, sigues vivo, siempre vivo en mi corazón.
Por la redacción de Kaosenlared
El 11 de noviembre de 2007 el Partido Democracia Nacional, de clara ideología ultraderechista, había convocado una manifestación contra la inmigración, que fue autorizada por la Delegación del Gobierno de Madrid. En el mismo lugar un grupo de jóvenes antifascistas y de izquierda convocaron, a su vez, una contra-manifestación para mostrar su oposición a las ideas y a la presencia de un partido neonazi como Democracia Nacional.
Los hechos –según se refleja en el vídeo que grabó la escena- ocurrieron de la siguiente forma: uno de los manifestantes ultras, un militar profesional de 24 años, Josué Estébanez de la Hija, que luego negó dirigirse a participar de la manifestación, al ver la entrada de muchos jóvenes en el vagón de metro en el que se encuentra, en la estación de Legazpi, sacó del bolsillo trasero del pantalón una navaja que escondió detrás de su cuerpo. En ese momento un muchacho le increpa por la camiseta que lleva, en la que puede leerse el lema ‘Three Stroke’ de clara simbología neonazi. Josué, sin mediar palabra, agarra por el cuello al muchacho y le asesta una puñalada en el costado izquierdo, a la altura del corazón. Este hecho provocó la huida de los pasajeros del vagón, que estaba en aquellos momentos atestado de gente. Luego, Josué Estébanez propinó otra cuchillada a un joven que intentó reducirle y, tras vaciar un extintor, abandonó el vagón perseguido por una multitud de gente y los servicios de seguridad.
El muchacho que había recibido la primera puñalada, Carlos Palomino, fue trasladado lo antes posible fuera del metro a una carpa improvisada en el mismo Paseo de Las Delicias, muy cerca de donde está colocada la placa en su homenaje. Poco se pudo hacer, pues el filo del arma le había alcanzado el corazón. Murió cincuenta minutos más tarde. Su otro compañero, también herido, logró sobrevivir.
En cuanto al agresor, fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 26 años de prisión, 19 por el delito de asesinato con el agravante de odio ideológico y 7 por tentativa de homicidio.
Carlos Palomino había nacido en Madrid, en el barrio de Vallecas: era hijo único de una familia trabajadora y tenía 16 años. Era un adolescente comprometido en la lucha por los derechos de igualdad y bienestar social, contrario al racismo y a las ideologías ultraderechistas. Su único delito fue defender sus ideas públicamente y, por ello, fue asesinado aquella mañana soleada de domingo del mes de noviembre. No pudo sospechar la rabia, la intolerancia y el odio de su agresor.
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El lunes 3 de octubre al menos cuatro personas trabajadores de la empresa Horus Desokupa acudieron a un domicilio de la calle Mena en Bilbao para desalojarlo. En respuesta, unas 90 personas se concentraron y la Ertzaintza desplegó a una treintena de antidisturbios.
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En una maniobra que mezcló teatro político y ofensiva contra la disidencia, el pasado mes de septiembre Donald Trump colocó definitivamente la etiqueta de “organización terrorista doméstica”1 a una supuesta organización que se llama Antifa y que, realmente, engloba a todo el movimiento antifascista. Según su orden ejecutiva, se trataría de una “iniciativa militante anarquista que llama explícitamente al derrocamiento del gobierno de Estados Unidos” y que hace uso de “la violencia y el terrorismo” para reprimir la libertad de expresión y a las fuerzas del orden.
El pretexto fue, como buen ejemplo de cómo funciona la doctrina del shock, el asesinato del influencer de extrema derecha Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre y una narrativa diseñada para apuntar al “radicalismo de izquierdas” como amenaza principal del país norteamericano. Pero detrás de este barniz hay mucho más que un simple acto administrativo: hay un cambio de régimen en curso, una profundización autoritaria del aparato estatal y una advertencia dirigida a cualquiera que disienta o se oponga.
Es de perogrullo, pero en estos tiempos que corren a veces tenemos que aclarar lo más obvio: el antifascismo no es —ni ha sido nunca— una “organización”, y mucho menos una con una estructura jerárquica, un liderazgo claro, un listado de miembros, un cuartel general y un presupuesto. Incluso Cristopher Wray, el director del FBI durante el primer mandato de Trump, siempre lo ha definido como “una ideología o un movimiento”, heterogéneo y descentralizado, rehuyendo de la idea de que se pueda considerar una organización.
El historiador Mark Bray2 —autor de Antifa— lo define así: “Antifa puede ser descrito como una especie de ideología, una identidad, una tendencia o un ambiente de autodefensa”. Su eje central es más práctico que ideológico: autodefenderse de los movimientos racistas, fascistas y autoritarios y evitar que crezcan lo suficiente como para que supongan una amenaza real contra personas oprimidas. En este sentido, “el antifascismo es proactivo, no espera a que el fascismo conquiste el poder para actuar e intenta pararlo de raíz”. Bray, además, resalta que el antifascismo además cuestiona las estructuras de poder y dominación que permiten que el fascismo exista, por lo que “el antifascismo no es solo la oposición a los fascistas, sino una lucha por un mundo sin fascismo, sin racismo, sin jerarquías autoritarias”.
Otro historiador, Michael Seidman —autor de Antifascismos, 1936-1945— define el antifascismo como “la ideología más poderosa del siglo XX”, aunque su “naturaleza extremadamente diversa”, a la que se podían adherir comunistas, capitalistas y anarquistas, lo hace difícil de acotar. Por ello, Seidman opta por una definición amplia: antifascismo es (1) la ideología que prioriza la lucha contra el fascismo, (2) que se opone a las teorías conspirativas racistas, antisemitas, anticomunistas, etc. que culpaban a determinadas minorías de los problemas sociales, económicos y políticos existentes y (3) que rechaza el pacifismo, creyendo que es necesario ejercer el poder o la violencia para frenar tanto a los fascismos domésticos como a su maquinaria de guerra internacional.
A principios de octubre, unas semanas después de designar a Antifa “organización terrorista doméstica”, el presidente Trump, la fiscal general Pam Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem celebraron una mesa redonda en la Casa Blanca con influencers de extrema derecha y difusores de bulos, autoproclamados expertos en antifascismo, como Jack Posobiec y Brandi Kruse. En ella, declararon que Antifa es una organización que existe desde hace casi cien años, remontándose a la República de Weimar, que es “tan peligroso como la Mara Salvatrucha, ISIS y Hamás” e insistieron en que hay que “aplastarla” por todos los medios.
La designación de “terrorista” de Antifa no es un acto aislado, sino que forma parte de un paquete mucho más amplio de ofensiva del gobierno de Trump contra cualquier disidencia contra el “orden americano” que él lidera.
Tras el asesinato de Charlie Kirk, que Trump y sus aliados vincularon desde el primer momento, sin pruebas, a “las izquierdas” y al activismo antifascista, comenzó a vislumbrarse un plan: “vamos a utilizar todos nuestros recursos para investigar y desarticular estos ‘terrorismos domésticos’”, dijo entonces el consejero Stephen Miller, el personaje más siniestro de la Administración. A partir de ahí, siguiendo el manual de instrucciones del autoritarismo, se ha empezado a abrir un frente amplio contra la oposición, se ha fusionado la seguridad nacional con la represión interna y se han puesto los aparatos federales —FBI, Departamento de Justicia, Servicios de Seguridad Interior, el Departamento del Tesoro, etc— a funcionar a pleno rendimiento contra los críticos del actual ocupante de la Casa Blanca.
La persecución no se reduce al activismo de base: humoristas, periodistas, profesores, migrantes, abogados y organizaciones de migrantes han sido objeto de un control ampliado y muchos han perdido sus trabajos en las últimas semanas.
Incluso antiguos aliados de Trump, como el ex-director del FBI James Comey, o su ex-asesor de Seguridad, el halcón neocón John Bolton, están sufriendo persecuciones políticas de la Administración en los tribunales.
Varias ONGs, nada sospechosas de fomentar la violencia, se encuentran bajo investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad estadounidenses, después de que Trump anunciara, en la mencionada cumbre de podcasters fachas, que “los anarquistas a sueldo” quieren “destruir nuestro país”, alimentando el bulo de la financiación de ricos progres del movimiento antifascista. Sostuvo que los “carteles hechos de papel caro” que lucen los antifas han tenido que ser pagados por organizaciones con mucho dinero y que tenía preparados “un montón de registros y malas sorpresas” para ellas.
En consecuencia, el Gobierno ha dado instrucciones de investigar a ONGs (algunas progresistas, otras ni eso) y asociaciones pro derechos humanos, usando la normativa de organización criminal, como la Open Society (la fundación de George Soros), ActBlue (importante financiadora del Partido Demócrata), Indivisible (una organización juvenil vinculada al Partido Demócrata), la Coalition for Humane Immigrant Rights (colectivo de derechos de personas migrantes) y la Jewish Voice for Peace (una de las organizaciones de judíos antisionistas más importante), entre otras. Se están revisando minuciosamente las cuentas de estos colectivos para ver si han apoyado o financiado “el terrorismo” y, mientras la investigación siga en curso, sus exenciones fiscales quedan en suspenso, por lo que muchos acabarán en quiebra tarde o temprano.
Así, lo que se presenta como un ataque a “una organización anarquista violenta” es, en realidad, una estrategia de control político de amplio alcance: criminalizar a manifestantes y activistas sociales, eliminar a organizaciones y a la oposición política y aplastar a cualquier colectivo que se imponga a la agenda de Trump. Dinamitar la democracia liberal, vamos.
Y esto ocurre, además, en un contexto de recrudecimiento de la violencia estatal, en el que los agentes de ICE están organizando redadas racistas masivas en casas, colegios, centros de trabajo, etc., utilizando material militar (helicópteros black hawk, tanquetas, metralletas, etc), entrando en viviendas sin órdenes judiciales, llevándose a 3.000 personas detenidas al día por individuos enmascarados sin identificar, en vehículos no rotulados, trasladando a inmigrantes a centros de detención opacos y deportándolos a países que ni siquiera son los suyos de origen.
De forma paralela, Trump está desplegando al ejército en diversas ciudades del país —aquellas que votaron mayoritariamente al Partido Demócrata—, alegando un problema de seguridad pública, para que patrulle por sus calles, en un ambiente de terror distópico.
En el último mes hemos asistido a casos palpables en los que la criminalización del movimiento antifascista sirve como excusa para perseguir a activistas, académicos o entidades de la sociedad civil. Un caso emblemático es el del propio Mark Bray: tras la firma de la orden ejecutiva de Trump y después de que medios de derechas y el Gobierno le señalaran como un miembro e ideólogo del “grupo terrorista Antifa”3, comenzó a recibir amenazas de muerte y acoso de grupos de extrema derecha en su domicilio (que fue publicado en Twitter). Le dijeron que le matarían delante de sus alumnos, o que quemarían su casa, entre otras lindezas. Por ello, finalmente acabó por exiliarse con su familia a Madrid, desde donde imparte sus clases de forma remota.
La buena noticia es que, pese al cariz que están tomando las cosas, todavía hay muchas personas dispuestas a plantar cara al autoritarismo monárquico de Trump. Un ejemplo de ello es la manifestación “No Kings” (“sin reyes”) que tuvo lugar el 18 de octubre, en la que participaron unas 5 millones de personas en más de 2.100 municipios del país.
Lo que está pasando en Washington es una advertencia de lo que podría importarse dentro de poco a Europa. De hecho, a finales de septiembre, el húngaro Viktor Orbán y el grupo Patriotas por Europa (al que pertenece Vox) solicitaron que el Parlamento Europeo otorgase la designación de “organización terrorista” al movimiento Antifa en Europa.
El manual ya lo tienen estudiado: se empieza etiquetando a un movimiento difuso y sin estructura clara como “terrorista” y se le reviste de amenaza existencial; y el día que ocurra algo, ya sea un acto de violencia, unos desórdenes públicos, una manifestación, lo que sea, se abre el aparato de represión estatal (legislación especial, movilización del aparato policial) y se termina por extender al conjunto de la disidencia (organizaciones antifascistas, colectivos antirracistas, sindicatos, asociaciones de vecinas, colectivos de barrio, etc).
El movimiento anarquista del Estado español conoce muy bien cómo funcionan estos planes de criminalización. Ya lo vivimos hace una década, cuando en 2013 fueron detenidas dos anarquistas (Mónica y Francisco), acusadas de plantar una bomba en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Tras ello, varios políticos y medios de comunicación comenzaron a informar, de forma constante, que el anarquismo se estaba organizando para planear atentados terroristas y que estaba “imitando a Al-Qaeda”. Un año después, en 2014, tuvo lugar la Operación Pandora, que en 2015 fue seguida por las Operaciones Piñata, Pandora 2 y Ice, en las que decenas de anarquistas fueron detenidas e imputadas por terrorismo por no se sabe muy bien qué motivos. Por suerte, finalmente todas las causas acabaron archivadas y quedaron en nada, pero la próxima vez el resultado podría ser otro.
Por suerte, hemos sacado aprendizajes de estos golpes y también sabemos cómo debemos actuar: con solidaridad, con determinación, con movilizaciones contra sus discursos criminalizadores y, sobre todo, planteando alternativas a su sistema de dominación, para convertir a los represores en irrelevantes. Es decir, frente a su fascismo, más antifascismo y más militancia en todos los colectivos que buscan erradicar.
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1Las leyes federales estadounidenses no permiten designar a organizaciones nacionales como “terroristas”; solo lo pueden hacer con internacionales. Sin embargo, este escollo legal no ha impedido a Trump hacerlo y ordenar a distintas agencias que comiencen a investigar a personas y organizaciones. En cualquier caso, Trump ahora sopesa designar a Antifa una organización terrorista internacional.
2Hace años, le entrevistamos en este medio.
3Fox News, por ejemplo, le llama Dr. Antifa.
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📢📢Una semana más desde ONDA NEGRA, el programa de CGT Aragón-La Rioja, os ofrecemos a través de Radio Topo📻 una hora cargada de información laboral y sindical, social, feminismo y cultura💪🏽 👉🏿Podrás escuchar el programa durante tres semanas😁. 👉🏽El programa Nº 39 se emitirá los días 29 de octubre y los días 5 y 12 […]
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Jorge Jiménez militó durante años en el desaparecido colectivo Distrito 14, donde coincidió con chicos como Carlos y Sergio, con los que desarrolló una relación de amistad y confianza. Años después, acabaría por descubrir que éstos eran agentes de policía infiltrados en su colectivo que habían traicionado su confianza. Esta experiencia le empujó a participar en iniciativas de divulgación y crítica política de esta práctica, como la publicación a principios de este año del Manual para destapar a un policía infiltrado.
El 15 de septiembre, El Salto informó que Jorge había sido denunciado y detenido, precisamente por investigar a varios de los policías infiltrados que, en los últimos dos años, han sido destapados por medios como La Directa y El Salto. Jorge estaba estudiando dónde residían y qué bienes tenían, a fin de sopesar si presentar denuncias contra ellos por cometer delitos contra la intimidad. Por ello, la policía le imputa delitos como falsedad documental (por pedir notas simples de ellos en el Registro de la Propiedad) y revelación de secretos (por supuestamente publicar en redes sociales en qué ciudades residen).
La causa sigue abierta y se encuentra pendiente de ver si se archiva, puesto que la defensa de Jorge sostiene que nada de lo que ha hecho se tipifica como delito en el Código Penal. Pero, de forma paralela, la Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado un expediente informativo por supuestamente difundir los nombres, apellidos y fotos de algunos de los agentes encubiertos que fueron destapados por medios de comunicación y le ha advertido que podría abrirse un procedimiento sancionador y acabar siendo multado.
Más información en @j28030 (Bluesky)
Pese a que el perridente Sánchez manifestara su “admiración” por quienes salieron a protestar contra la presencia israelí en la Vuelta ciclista, su policía acabó por detener a cinco activistas en l’Alt Empordà, a doce en Asturies, diez en Galiza y dos en Madrid en el marco estas movilizaciones. Además, varias otras fueron identificadas y, a finales de septiembre, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte abrió expedientes sancionadores y propuso multas de entre 3.000 y 5.000 euros para 38 de ellas. Un ejemplo de cómo la burorrepresión pretende alcanzar el mismo efecto desmovilizador que la represión penal y policial pero con medios más sutiles e invisibles; en vez de detenerte ante decenas de cámaras y miles de compañeras, te llega una carta a casa y te sangran económicamente.
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El pasado 4 de octubre, en el marco de la masiva manifestación en Barcelona por el segundo año del genocidio en Gaza, 10 personas resultaron detenidas después de que una manifestación improvisada de 2.000 personas saliera desde l’Arc de Triomf (donde terminó la oficialmente convocada), hacia Plaça de Catalunya. A las detenidas se les imputa causar destrozos en empresas que colaboran con la ocupación, como McDonald’s, Carrefour o Starbucks, y enfrentarse con los Mossos d’Esquadra.
Por otro lado, ese mismo día, al menos ocho policías de paisano se infiltraron en la manifestación convocada por la Coordenadora Galega de Solidariedade coa Palestina en Santiago de Compostela y, en su transcurso, golpearon y detuvieron a un rapaz. Según relata O Salto, los hechos ocurrieron cuando varios agentes de paisano cargaron contra los miembros de la Asociación Galego-Arxentina pola Memoria (AGAMA), que portaban una pancarta enorme con el nombre de los más de 60.000 palestinos asesinados en los últimos dos años. Al verlo, el chaval, que desconocía que eran agentes de policía, se puso en medio para mediar y acabó reducido, llevándose un porrazo en la pierna y con el móvil roto. Al poco tiempo fue liberado y se le informó que le llegará una citación.
Después de 526 días en prisión para Adrián y 491 para Javitxu, el Gobierno español concedió, a mediados de septiembre, el indulto a los dos de los cuatro antifascistas encarcelados en el caso conocido como “Los seis de Zaragoza”.
Desde la Plataforma ‘Libertad 6 de Zaragoza’ valoran la liberación de Javitxu y Adrián como una “victoria colectiva del movimiento popular”, que “durante seis años ha denunciado la represión del Estado y la vulneración del derecho a manifestarse y organizarse frente a los discursos de odio de la extrema derecha”.
“Este logro nunca hubiera sido posible sin la creación de una plataforma plural y diversa, compuesta por personas individuales, colectivos sociales, sindicatos y organizaciones políticas que han trabajado incansablemente en manifestaciones, concentraciones, ruedas de prensa, campañas en redes sociales, mesas informativas, pegadas de carteles, repartos de octavillas, actos, crowdfunding y eventos de recaudación de dinero”, señalan en un comunicado.Sin embargo, la Plataforma advierte que “no podemos hablar de satisfacción” porque “sigue siendo injusto” que Imad y Daniel, los otros dos jóvenes aún encarcelados, no han recibido el mismo indulto. “Se trata del mismo caso, las mismas detenciones aleatorias y las mismas sentencias injustas. ¿Por qué no se les ha aplicado la misma medida?”, cuestiona la Plataforma para afirmar que “el objetivo del Gobierno PSOE-Sumar” es “dividir el movimiento” y “acallar la movilización social” generada por este caso.
Otro aspecto crítico que señala ‘Libertad 6 de Zaragoza’ es la parte económica de la sentencia, que podría alcanzar los 200.000 euros entre multas, indemnizaciones y costas, afectando de manera directa a los presos y sus familias y perpetuando la doble penalización de las personas de clase trabajadora. “No se ha hecho justicia”, subrayan, porque aunque se conceda el indulto, la carga económica se mantiene intacta.
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