Se solicita a la dirección del Parque de Sierra Nevada de quién sería la responsabilidad ante un atropello de algún ciclista y si se produjera un incendio.

Tras una primera denuncia en el verano de 2019 se nos respondió que las competencias eran de la Dirección General de Tráfico.

Se volvió a denunciar en el año 2022, a raíz del incendio de uno de estos vehículos y desde el parque no se han molestado ni en responder.

En estos días del mes de julio de 2026, cualquier persona que transite con su coche por la A-395 dirección de Sierra Nevada, ya aproximándose a la estación de esquí, habrá podido observar que decenas (sí, decenas) de coches, con matrícula alemana y muchos de ellos tuneados, para camuflar las formas, le sobrepasan a toda velocidad en cualquier sitio, incumpliendo de forma flagrante las limitaciones establecidas por la normativa de tráfico, y poniendo en peligro a los ciclistas que tengan la desgracia de coincidir en esos adelantamientos.

No solo es la seguridad de los usuarios de la vía (conductores normales y ciclistas) sino que además estas actividades llevan aparejadas el peligro más que probable de incendio de estos vehículos de pruebas. Ya hay constancia de varios de estos fuegos en años anteriores, que fueron denunciados por Ecologistas en Acción ante la dirección del parque, sin que hasta el momento se hayan dignado a responder.

Si observamos que en el actual incendio de la Sierra de Madrid la causa fue un vehículo que ardió en la cuneta, no queremos pensar en cómo la administración andaluza está permitiendo jugar con fuego, y nunca mejor dicho, a unas empresas que pueden poner en peligro al Espacio Natural de Sierra Nevada, Red Natura 2000.

Las fotografías del coche ardiendo corresponden al año 2022 y son de Luis Ángel Maté publicadas en el diario Granada. Hoy y el trazado de la carretera entre zonas boscosas son de Google Earth

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• Ecologistas en Acción Sierra de Cádiz ha realizado un informe sobre el funcionamiento de las depuradoras de aguas residuales (EDARs) de todos los municipios de la Sierra de Cádiz.
• El resultado es que el funcionamiento es dispar; hay EDARs que funcionan correctamente vertiendo aguas bien depuradas a ríos y embalses, y otras son un desastre, vertiendo al medio aguas muy contaminadas.

Para analizar el rendimiento de las distintas EDARs se han tenido en cuenta como indicadores los datos absolutos de tres parámetros: DBO5, DQO y Sólidos en Suspensión, y en algunas EDARs, también el nitrógeno (N) y el fósforo (P). El Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo, que transpone la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, regula los vertidos de aguas depuradas, e impone los siguientes límites máximos de estos parámetros en los efluentes de las EDARs:

La DBO y la DQO son indicadores de materia orgánica que, al ser excesiva, provoca la putrefacción del agua, disminución del oxígeno, malos olores y muerte de la fauna acuática. El exceso de N y P provoca la proliferación de algas, el aumento de materia orgánica y el proceso denominado eutrofización, esto es, aguas con escasez de oxígeno en las que se desarrollan procesos de putrefacción anaerobia, dando lugar a malos olores y a la mortandad de la fauna.

Los datos analíticos han sido aportados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, estando disponibles en su web los municipios de más de 2.000 habitantes.

Los datos de las EDARs de Algar, Benamahoma, La Muela, Torre Alháquime y Villaluenga del Rosario han sido aportados por el Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas de la Delegación Territorial de Cádiz de la misma Consejería.

Las conclusiones del estudio que hemos realizado es el siguiente:

• Las EDARs de Arcos de la Frontera, Bornos, Prado del Rey y Zahara de la Sierra son las que mejor funcionan, teniendo un excelente nivel de eficiencia en la depuración de las aguas residuales.
• Las EDARs de Alcalá del Valle, Algodonales, Espera y Villamartín tienen un nivel aceptable de eficiencia en la depuración de las aguas residuales con bajos niveles de DBO5, DQO y sólidos en suspensión, aunque habría que mejorar los porcentajes de reducción. La EDAR de Alcalá del Valle supera los niveles de P y N en la mayoría de las analíticas.
• Las EDARs de El Bosque, El Gastor, Olvera Norte y Setenil de las Bodegas, tienen un nivel deficiente de depuración. En las EDARs de El Gastor y Setenil de las Bodegas hay graves deficiencias en los porcentajes de reducción y la mayoría de las analíticas superan los niveles de P y N. Olvera Norte tiene varias superaciones de los límites legales, aunque de escasa entidad, lo más grave es que todas las analíticas superan los niveles de P y N. La EDAR de El Bosque incumple de forma generalizada los porcentajes de reducción de DBO5, DQO y sólidos en suspensión, y la mayoría de las analíticas superan los niveles de P y N, con el agravante de que los efluentes van al río Majaceite, que desemboca en el embalse de Los Hurones, destinado a abastecimiento urbano.

EDAr de Grazalema en obras de ampliación y mejora

• Las EDARs que peor funcionan son las de Grazalema, Olvera Sur, Puerto Serrano y Ubrique.

1. La EDAR de Grazalema ha mejorado los parámetros cuantitativos, pero tiene niveles muy bajo de reducción de contaminantes, que no llegan en algunas muestras ni al 10% de lo exigido legalmente. Hay una muestra que supera en 20 veces el nivel máximo de DBO5. Actualmente la EDAR se está ampliando y mejorando.
2. La EDAR de Olvera Sur incumple de forma generalizada los niveles máximos permitidos y, en el caso de la DQO y los sólidos en suspensión, también los porcentajes de reducción. Todas las analíticas superan los niveles de P y N.
3. La EDAR de Puerto Serrano incumple de forma generalizada los niveles máximos permitidos y también los porcentajes de reducción. La mayoría de las analíticas superan los niveles de P y N.
4. La EDAR de Ubrique incumple de forma generalizada los porcentajes de reducción de la DQO y los sólidos en suspensión, y en el caso de la DBO algunas muestras también incumplen los valores absolutos y los porcentajes de reducción. El efluente de esta EDAR también incumple los límites legales del nitrógeno y fósforo, lo que provoca la eutrofización del río Ubrique que desemboca en el embalse de Los Hurones, destinado al abastecimiento urbano. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural tiene redactado el proyecto de ampliación de la EDAR, aunque se desconocen los plazos de ejecución.

Río Ubrique contaminado por los vertidos de la EDAR

• Las EDARs de municipios de menos de 2.000 habitantes equivalentes tienen en general pocas muestras analizadas, lo que impide conocer su rendimiento. En concreto:

1. La EDAR de Algar es, entre los pequeños municipios, la que más muestras se han analizado, 11 en total, siendo su rendimiento bueno.
2. En la EDAR de Benamahoma se han analizado 8 muestras, con resultados satisfactorios, aunque hay una muestra con un alto nivel de contaminación que vertió al río Majaceite.
3. En la EDAR de La Muela se han analizado sólo dos muestras, con un buen rendimiento.
4. En la EDAR de Torre Alháquime se ha analizado sólo una muestra, con un buen rendimiento.
5. La EDAR de Villaluenga ha mejorado ostensiblemente en relación con años anteriores. De las cinco muestras analizadas sólo supera levemente los niveles legales en dos muestras la DQO y en una la DBO5
6. Por último, Benaocaz no tiene EDAR, ni previsiones ni proyecto para construirla.

Hay que destacar que ninguna EDAR tiene el tratamiento terciario imprescindible para garantizar la calidad de las aguas vertidas al medio, la mayoría a ríos y arroyos incluidos en la Red Natura 2000, o permitir la reutilización de las aguas regeneradas.

Enlace al informe: Informe EA EDARs Sierra de Cádiz 2025

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La federación de Ecologistas en Acción de Almería, dentro de su campaña STOP VERTIDOS ILEGALES, ha denunciado ante la Junta de Andalucía, la Fiscalía de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Níjar, la acumulación incontrolada de residuos agrícolas en una parcela del paraje Boqueras Altas (Níjar), con una superficie de 13.018 m², que linda directamente con el cauce de la Rambla de Inox.

El depósito está formado por plásticos de invernadero, ingentes montones de rafia con lo que parecen aún restos vegetales y residuos peligrosos, abandonados sobre el terreno y en el entorno inmediato del cauce. Entre los residuos detectados en la parcela y sus inmediaciones figuran tuberías de uralita (fibrocemento, con posible contenido de amianto) y un vehículo abandonado, ambos residuos peligrosos. Está por ver si en la parcela también hay envases fitosanitarios. Al situarse junto a la rambla —un curso natural integrante del dominio público hidráulico—, los residuos quedan expuestos a ser arrastrados aguas abajo en cualquier episodio de lluvia torrencial, multiplicando la contaminación por microplásticos del suelo, del acuífero del Campo de Níjar y de los espacios naturales situados aguas abajo, como el Parque Natural de Cabo de Gata. La parcela está en la llanura de inundación de la rambla de Inox, afluente de la Rambla Morales, humedal de importancia internacional.

Las ramblas almerienses actúan como corredores ecológicos, zonas de recarga de acuíferos y vías naturales de evacuación al mar. Episodios como el de la riada de 2019 demostraron que estos vertidos no permanecen donde se depositan: terminan en el litoral y, en última instancia, en el Mediterráneo.

No se trata de un caso aislado ni sin recorrido judicial. En el mismo Poniente almeriense, el vertedero ilegal del paraje de Las Palmerillas (Roquetas de Mar), denunciado por esta organización, terminó en condena penal en noviembre de 2025: el responsable fue sentenciado a dos años y un día de prisión por un delito agravado contra los recursos naturales y el medio ambiente, además de la inhabilitación para la gestión de residuos y la obligación de asumir los costes de restauración. Ecologistas en Acción advierte de que el vertido de Boqueras Altas puede seguir el mismo camino si las administraciones no actúan con diligencia.

Ecologistas en Acción de Almería reclama a las administraciones competentes:

1. La inspección urgente de la parcela y del cauce de la Rambla de Inox.
2. La retirada inmediata de los residuos por gestor autorizado y la restauración del terreno.
3. La identificación y sanción de los responsables del vertido.
4. Medidas efectivas de vigilancia para evitar que las ramblas del Campo de Níjar sigan utilizándose como vertederos.

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• La apuesta del Ayuntamiento de Cádiz por seguir invirtiendo en toldos para combatir las altas temperaturas vuelve a evidenciar una política urbana cortoplacista que no responde a las necesidades reales de la ciudad.

Venimos asistiendo a la instalación de toldos llamados “bioclimáticos” en diferentes plazas o zonas abiertas de la ciudad de Cádiz, como es la Plaza de la Estrella en Santa María del Mar o la zona infantil del Parque de la Avenida de la Sanidad, cuya finalidad es la de protegerse del sol y reducir la temperatura en dichos espacios. Los toldos pueden ofrecer una sombra puntual durante unos meses, pero no reducen la temperatura ambiente, no mejoran la calidad del aire, no capturan CO , no favorecen la biodiversidad ni contribuyen a hacer de Cádiz una ciudad más resiliente frente al cambio climático. Frente a ello, el arbolado urbano sí constituye una inversión permanente que aporta beneficios ambientales, sociales y económicos durante décadas.

Para AGADEN-Ecologistas en Acción resulta difícil entender que se destinen recursos públicos a la instalación y sustitución periódica de toldos cuando esos fondos podrían orientarse a un plan ambicioso de renaturalización de calles y plazas, incrementando el número de árboles allí donde sea técnica y patrimonialmente viable.

La ciudadanía necesita espacios públicos más frescos, saludables y habitables durante todo el año, no únicamente durante la temporada en la que permanecen instaladas unas lonas cuya eficacia cuestiona la organización.

La Unión Europea lleva años impulsando la renaturalización de las ciudades como una de las principales herramientas para hacer frente al cambio climático. Estrategias como el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Biodiversidad para 2030 y el Reglamento de Restauración de la Naturaleza promueven el incremento de la infraestructura verde, el arbolado urbano y la recuperación de espacios naturales dentro de las ciudades.

Los árboles proporcionan sombra natural, reducen el efecto “isla de calor”, mejoran la calidad del aire, amortiguan el ruido, aumentan el atractivo urbano y revalorizan los espacios públicos.Son una infraestructura verde con beneficios permanentes, frente a soluciones temporales que requieren mantenimiento y sustituciones periódicas.

Si existen limitaciones técnicas o patrimoniales en determinadas plazas o calles, el Ayuntamiento debería explicarlas con transparencia y estudiar alternativas como la plantación en otras zonas, la ampliación de alcorques, jardines urbanos o soluciones de infraestructura verde adaptadas a cada espacio.

Cádiz merece una estrategia climática de futuro basada en la naturaleza y no en medidas provisionales que, a juicio de numerosos vecinos y organizaciones, no resuelven de forma eficaz el problema del calor.

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Vencejo real herido y cuidado por un particular en la Sierra de Cádiz

• La Sierra de Cádiz alberga algunos de los espacios naturales más valiosos de Andalucía. Es el caso del Parque Natural Sierra de Grazalema, primero en declararse en Andalucía, que es además Reserva de la Biosfera, la primera que se declaró en nuestro país. Además, el territorio cuenta con numerosas áreas protegidas de alto valor ecológico, esenciales para la conservación de aves rapaces, murciélagos, anfibios y otras especies amenazadas.
• Sin embargo, a pesar de esta extraordinaria riqueza natural, y el número de incidencias a la que esta gran biodiversidad puede dar lugar, la comarca carece de un Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) propio que permita atender con rapidez y eficacia a la fauna silvestre herida, enferma, accidentada…

Los CREA desempeñan una función esencial en la conservación de la biodiversidad. Su labor incluye la recogida, atención veterinaria, rehabilitación y posterior liberación de animales de especies amenazadas que, de alguna manera, se encuentran incapacitados ya sea por un accidente o por otra circunstancia, además de proporcionar información científica fundamental para la gestión y conservación de las especies. La Red Andaluza de CREA atendió cerca de 8.000 ejemplares de fauna silvestre en 2024, demostrando la importancia de estas instalaciones para la protección de nuestro patrimonio natural.

La conservación de la biodiversidad no puede sostenerse únicamente mediante actuaciones puntuales financiadas con medidas compensatorias vinculadas a proyectos empresariales. Es necesario un compromiso presupuestario permanente que garantice plantillas adecuadas, medios de intervención suficientes y una red de rescate capaz de responder a las crecientes necesidades derivadas de la presión humana sobre el medio natural. En este sentido es necesario la creación de una red de centros que cubran efectivamente el territorio andaluz.

La Sierra de Cádiz presenta circunstancias que justifican sobradamente la creación de un centro propio. Su gran extensión montañosa, la abundancia de carreteras secundarias, tendidos eléctricos y actividades humanas, como la caza, hacen que numerosos ejemplares de fauna protegida sufran accidentes cada año. A ello se suma la distancia hasta los centros de recuperación actualmente existentes, lo que puede dificultar una atención rápida en situaciones donde cada hora resulta decisiva para la supervivencia del animal.

Además de su función asistencial, un CREA en la Sierra de Cádiz tendría un importante papel educativo y social. Estos centros permiten acercar la conservación de la naturaleza a la ciudadanía, colaborar con centros educativos, asociaciones y administraciones locales, y fomentar una mayor sensibilización ambiental. La creación de esta infraestructura supondría también una oportunidad para generar empleo especializado, impulsar la investigación científica y reforzar la imagen de la comarca como referente en conservación de la naturaleza y turismo sostenible.

No obstante, las administraciones no deben olvidar tampoco que es fundamental la inversión en la prevención de las amenazas que afectan a la fauna silvestre, que evite tener que ser atendida en centros de recuperación como, por ejemplo, la corrección de tendidos eléctricos peligrosos y efectos trampa, la construcción de pasos de fauna para reducir los atropellos, la redacción de legislación para evitar los choques de aves contra cristales…

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado a la Junta de Andalucía que estudie la puesta en marcha de un Centro de Recuperación de Especies Amenazadas en la Sierra de Cádiz, una inversión coherente con la extraordinaria biodiversidad de la comarca. Ya que la conservación de la fauna silvestre no puede depender únicamente de la buena voluntad de quienes encuentran un animal herido. Necesita medios, instalaciones y profesionales. La Sierra de Cádiz necesita contar con ellos.

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Bosques y cumbres del Parque Natural Sierra de Grazalema

• El presidente en funciones de la junta rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema   -a la sazón Oscar Curtido, delegado provincial de la Consejería de Sostenibilidad, por dimisión de su titular-, ha suspendido por segunda vez la sesión de la junta rectora.
• Ecologistas en Acción había solicitado que se incluyera como punto de urgencia información sobre los Planes Locales de Emergencias por Incendios Forestales y los Planes de Autoprotección.
• La respuesta del delegado ha sido suspender la sesión prevista para el próximo jueves 16 de julio, para así no tener que dar explicaciones.

La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema está en estado terminal. El anterior presidente, el delegado provincial de Sostenibilidad de Cádiz y el director del parque natural vienen incumpliendo sistemáticamente las normas que regulan su funcionamiento para impedir que ejerza sus funciones, entre las que se encuentran:

• Velar por el cumplimiento de la normativa reguladora del Parque Natural.

Se ha ocultado a la junta rectora que el Plan Rector de Uso y Gestión del parque natural está caducado y sin efectos desde 2014, lo que es un hecho gravísimo, y significa que todas las autorizaciones y sanciones en ese periodo son ilegales.

• Promover el conocimiento y difusión de los valores del espacio protegido.

Los responsables de la Consejería y la dirección del parque natural no sólo no promueven y apoyan las actividades de entidades como Ecologistas en Acción, sino que las boicotean.

• Facilitar la participación de los habitantes del Parque Natural, como garantía de preservación y desarrollo del espacio protegido.

Se impide la participación de colectivos en la junta rectora, negando la inclusión de puntos en el orden del día y no respondiendo a las solicitudes de información, vulnerando la normativa que regula el derecho a la información ambiental y de transparencia.

• Emitir informe sobre los planes que afecten a los recursos naturales del Parque y a la conservación de sus valores singulares.

Hay planes que no se permite informar, como el del Parque Industrial de Grazalema o los planes hidrológicos de las cuencas del Guadalete y del Guadiaro.

• Requerir información de las actuaciones y actividades que se desarrollen en el Parque Natural.

Los responsables de la junta rectora no contestan a los ruegos y preguntas en la junta rectora. Actualmente hay pendientes 66 ruegos y preguntas sin contestar, acumulados desde 2018.

• Proponer ampliaciones de los límites del Parque Natural.

Se boicotea el proyecto de Ecologistas en Acción de ampliación del parque natural a la sierra de Líjar, mientras se amplían otros espacios naturales.

Además, las juntas rectoras tienen que reunirse, como mínimo, tres veces al año. Pero los responsables de la Consejería de Sostenibilidad le tienen alergia a este órgano de participación. En los últimos 11 años la junta rectora debería haberse reunido 33 veces,  y sólo ha habido 10 sesiones, ni una al año.

La junta rectora estaba convocada para el 26 de junio. Ecologistas en Acción remitió un escrito a la presidencia en funciones relacionando todos los incumplimientos de las normas reguladoras de este supuesto órgano de participación, y exigiendo explicaciones en la propia junta rectora. En dicho escrito proponíamos, además, que se abordara la valoración de los actos del 40 aniversario del parque natural, de los que la Consejería no ha dado explicación alguna, y que se explicara por qué si el anterior presidente había dimitido en noviembre del año pasado, y siendo obligatorio elegir nuevo presidente o presidenta en el plazo de dos meses, habían transcurridos ya siete meses, y todavía no se ha abierto el plazo de candidaturas. La respuesta del presidente en funciones fue aplazarla al 16 de julio.

Ante la emergencia que estamos padeciendo por el cambio climático y las olas de calor,  y ante el gravísimo riesgo de incendios forestales, como ha ocurrida en Almería y en el propio parque natural, los representantes ecologistas en la junta rectora han propuesto incluir un punto de urgencia para que se informe por parte de los responsables del parque natural y de la Consdejería de Sostenibilidad del estado de los Planes Locales de Emergencias por Incendios Forestales de los municipios del parque natural -un total de 9 en la provincia de Cádiz y seis en la de Málaga-, y de los Planes de Autoprotección frente a Incendios Forestales, obligatorios en diseminados urbanísticos, campings, hoteles y demás instalaciones en suelo no urbanizable. El presidente en funciones no nos ha contestado, pero ha suspendido la sesión de la junta rectora hasta nuevo aviso, suponemos que ya después del verano, con la contundente justificación de que se ha suspendido “por circunstancias sobrevenidas”, sin aclarar nada más.

Este aplazamiento y suspensión lo han sido con 24 y 48 horas de antelación respectivamente, lo que supone una falta de respeto a los representantes de entidades sociales que trabajan de forma altruista, se pagan los gastos de desplazamiento y dietas, y habían realizado las gestiones en sus trabajos para poder asistir a estas sesiones suspendidas.

Ecologistas en Acción se ha dirigido a la nueva consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Adolfina Martínez Guirado, para demandarle que intervenga ante esta situación de boicot a la junta rectora de responsables de su Consejería, y que no confirme en su cargo ni al delegado provincial de su consejería en Cádiz, ni al director del Parque Natural Sierra de Grazalema, que deben ser fulminantemente destituidos. `

Ecologistas en Acción denunciará al Defensor del Pueblo esta grave vulneración de las normas reguladoras de la junta rectora y de los derechos a la participación pública de sus miembros.

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• Se trata de una campaña, nacida en 1999, que persigue una denuncia pública de aquellas playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o cualquier otra actuación que ocasione una pérdida de calidad ambiental del litoral.

Es ya el vigésimo sexto año que Ecologistas en Acción de Cádiz presenta su campaña “Banderas Negras”, con un informe exhaustivo del estado ecológico de nuestra costa, basado en los reconocimientos in situ de los grupos locales y en las analíticas de depuración de las aguas residuales que proporciona la Administración. Las dos Banderas Negras para el informe estatal, las de Costa de Trafalgar y Tarifa, presentado el mes pasado, son las más desatacadas, pero hay 14 Banderas Negras más en el informe completo que presentamos.

Los objetivos de “Banderas Negras” son:

1.- Dar una información rigurosa a los andaluces, y a todos los usuarios de las playas, del estado ambiental en que se encuentran éstas.

2.- Requerir a ayuntamientos, a otras administraciones y a empresas, para que contribuyan al saneamiento y conservación de las playas, poniendo fin a la degradación ambiental del litoral.

Las dos calificaciones negativas otorgadas son:

Bandera Negra: Impactos de mayor gravedad (vertidos contaminantes y/o agresiones urbanísticas).
Punto Negro: Impactos significativos, pero de menor gravedad.
Este año 2026 han sido 16 las Banderas Negras y 13 los Puntos Negros identificados por estos impactos.

Izada de Bandera Negra en la Playa de Bonanza en Sanlúcar de Barrameda. (5-7-2026)

Señalamos como avances positivos la movilización en el Bajo Guadalquivir contra los vertidos mineros y la Alianza Bahía Azul para la recuperación de la Bahía de Cádiz. Y como retrocesos a subrayar, el repunte de la especulación urbanística a lo largo del litoral gaditano, la desastrosa gestión del delegado territorial de medio ambiente y la involución que representa el acuerdo de gobierno PP-VOX.

Ecologistas en Acción de Cádiz reitera su llamamiento a la ciudadanía que visita y usa las maravillosas playas naturales que quedan en nuestro litoral para que exijan de las instituciones responsables el respeto a estos espléndidos parajes. Hay que recordar que la sostenibilidad conlleva un uso y disfrute individual y colectivo de los recursos naturales guiado por el respeto a nuestro entorno, garantizando también su preservación para las futuras generaciones.

Informe completo (picar aquí)

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• El negacionismo climático del actual gobierno de la Junta de Andalucía provocará incendios más devastadores.
• Ecologistas en Acción muestra su consternación por el incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, que es consecuencia de las sucesivas olas de calor que se están sufriendo en el ámbito mediterráneo debido al cambio climático.
• El pacto de gobierno de PP-VOX, por el que se comprometen a no actuar frente al cambio climático, agudizará estos eventos catastróficos. 

Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas y muestra su solidaridad con quienes luchan contra el incendio de Almería.

Los incendios forestales se suceden uno tras otro por toda la geografía andaluza, siendo cada vez más virulentos y letales. Los medios que se utilizan para la extinción, en este caso formado por cientos de bomberos forestales, miembros de la UME, guardias civiles… y decenas de aviones y helicópteros, demuestran hasta qué punto se hace cada vez más difícil apagar estos mega incendios.

Es cada vez más evidente que la sociedad no está preparada para este nuevo escenario que provoca el cambio climático, y también es evidente que la inacción y el negacionismo climático provocan destrucción y muertes. Cada año en los países del ámbito mediterráneo se sufren incendios de mayor amplitud y consecuencias más catastróficas; ya sucedieron en Portugal y Grecia, el año pasado desolaron amplias zonas del noroeste de la Península, ahora llegan al sur.

Hay responsabilidades políticas evidentes en este escenario catastrófico. Los políticos que no han hecho nada frente al creciente cambio climático ahora se lamentan. La proliferación de viviendas en el campo como segunda residencia de ciudadanos del centro y norte de Europa fue amparada por los ayuntamientos y por la Junta de Andalucía, que llegó a aprobar varios decretos y promover la modificación de leyes para impedir la demolición y blindar miles de viviendas en suelo no urbanizable en zonas como la Axarquía malagueña o el Levante almeriense. Las consecuencias de tamaña irresponsabilidad se están viviendo ahora, y son responsables tanto la anterior administración del PSOE como las posteriores del PP. La nueva ley urbanística (LISTA) agravará aún más esta situación al permitir todo tipo de construcciones en suelo no urbanizables, promoviendo las segundas residencias sin ligazón a la explotación de fincas rústicas. El urbanismo en suelos no urbanizables se desbocará.

Estos incendios forestales demuestran también el fracaso de las políticas de prevención, no solo en las actuaciones sobre las masas forestales para hacerlas más resistentes a la propagación de los incendios, incluso en terrenos forestales con escasa vegetación arbórea, como es este caso, sino sobre todo por la inoperancia demostrada de los planes de emergencia locales. En Andalucía, todos los municipios ubicados en zona de peligro de incendios forestales están obligados por el Decreto 371/2010 a elaborar un Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF). Este plan debe incluir estrategias de prevención locales, planes de evacuación claros y sistemas de aviso a la población integrados en el Plan INFOCA.

Nivel de riesgo en la interfaz urbano-forestal de la zona del incendio (Fuentes: REDIAM, EFFIS-Copernicus).

Hay ayuntamientos que a estas alturas carecen de estos planes, muchos no los tienen actualizados y la inmensa mayoría son desconocidos por la sociedad, que ignora qué hacer ante un incendio que puede afectar a sus viviendas. Nunca se realizan simulacros en los municipios forestales para que la población sepa que tiene que hacer para colaborar en la prevención y extinción de los incendios forestales, cuándo tiene que confinarse y cuándo y cómo proceder a su evacuación. Esta dejación de funciones y de delegar todo el trabajo a los efectivos del Plan INFOCA, ignorando a la población local, tiene estas consecuencias trágicas.

Estos diseminados urbanísticos deberían contar también con un Plan de Autoprotección frente a Incendios Forestales (PAIF), que es un instrumento técnico obligatorio para núcleos de población aislada, urbanizaciones y campings situados en zonas de peligro. Su objetivo es evaluar los riesgos, definir medidas preventivas, organizar la evacuación y facilitar la intervención de emergencia. Nada de estos existía en las zonas incendiadas.

Muy preocupante es que, ante este escenario, se acabe de constituir un gobierno en Andalucía que asume el negacionismo climático y se compromete por escrito a la inacción climática. En la una de las regiones del mundo que puede sufrir, y ya se está evidenciando, con mayor intensidad las consecuencias del cambio climático, con el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, el nuevo gobierno andaluz se compromete a no hacer nada.

Quienes no actúen frente al cambio climático serán responsables de sus consecuencias.

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• La Junta de Andalucía aprobó en diciembre pasado una disposición administrativa por la que se establece la acreditación y las funciones para el control de predadores cinegéticos y se homologan ciertos métodos de captura de animales.
• Los principios de la restauración ecológica comportan el restablecimiento de los procesos y funciones ecológicas como alternativa satisfactoria para el control de predadores.
• Está demostrado científicamente que los métodos de captura que la Orden homologa pueden causar un daño muy severo a la biodiversidad al incumplir la normativa vigente.
• La Orden pretende regular asuntos en contra de normativa superior y convertir una excepcionalidad creada para casos específicos en una generalidad casi como una nueva modalidad de caza en todo el territorio andaluz.

Gato montés muerto en una jaula trampa no gestionada correctamente

Tras una revisión exhaustiva de la literatura científica y la consulta a diversos investigadores independientes reputados, Ecologistas en Acción de Andalucía ha podido concluir que constituye un error garrafal la Orden que la Junta de Andalucía aprobó en diciembre pasado por la que se establece la acreditación y las funciones de las personas controladoras de predadores cinegéticos y se aprueban los métodos de captura de predadores cinegéticos homologados a usar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por ello, la organización ecologista ha recurrido la Orden.

En primer lugar se ha podido comprobar que esta disposición administrativa de control de predadores no está debidamente motivada. Aunque la disposición explica en su preámbulo que se justifica por una disposición del Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía, lo cierto es que no hay un diagnóstico sobre lo que se quiere controlar, que son los daños a la caza, los cultivos, el ganado, los bosques y montes por zorros, urracas y jabalíes. No hay ni informes sobre la situación original que ha sido perturbada y por ello exigiría actuación de control, ni hay estudios de seguimiento y daños debidos a poblaciones de predadores que requieran una intervención masiva de captura y muerte como la que propone la Orden. Por todo ello, la necesidad de la Orden no es constatable y carece de motivo.

En segundo lugar, estaríamos hablando de un control de predadores que consiste en una excepción que ya está recogida así en la normativa autonómica, estatal, europea e internacional. La excepción se quiere convertir en una generalidad, en algo normal. En las leyes se contemplan determinados métodos de captura en caso de no existir otras soluciones satisfactorias, siempre que se garantice que no existirá perjuicio al mantenimiento en un estado de conservación favorable de las poblaciones de la especie de que se trate en su área de distribución natural. Pero se obvia que sí existe una solución satisfactoria, que es la propia Orden de Vedas, que permite la caza de estas especies desde agosto hasta marzo, ocho meses al año.

En tercer lugar, los métodos de captura de animales que pretende homologar la Orden presentan muchas controversias científicas. Existe evidencia científica de que no son métodos selectivos y capturan otros animales silvestres, algunos protegidos, como lince ibérico, y otros que no son silvestres sino domésticos, como gatos de comunidades o perros perdidos. Además, son métodos que, demostradamente, causan daños físicos, como úlceras y laceraciones, y dolor a los animales, que además tardan tiempo en ser recogidos. Si son animales silvestres, o son el objeto de esta actuación y les deben dar muerte in situ, o son errores que deben ser devueltos al medio natural o llevados a un Ayuntamiento en el caso de los gatos comunitarios y perros. Todos los ejemplares quedan traumatizados y no se readaptan nuevamente a la vida en libertad o en comunidad.

En cuatro lugar, se permitiría usar estos métodos de captura en todo el territorio andaluz, además de en los cotos de caza, y por ello se incluirían los espacios protegidos, las zonas agrícolas, dehesas, etc. El impacto sobre la biodiversidad puede ser muy severo, y no se ha elaborado la Evaluación Ambiental Estratégica que establece la Directiva Hábitats cuando un proyecto, como esta Orden, afecta a los espacios protegidos europeos y sus especies, es decir, los integrantes de la Red Natura 2000. En Andalucía el 30% de su superficie es Red Natura 2000, con casi 200 espacios protegidos europeos.

Sobre todo, hay que reseñar que, además de la propia Orden de Vedas, está acreditada una solución que es la más satisfactoria de todas por su eficacia y bajo coste, que requiere una intervención mínima y está perfectamente demostrada científicamente: las restauración de los procesos y funciones ecológicas. Recuperar los equilibrios naturales de predación es mucho más acertado y económico para atajar los casos en que algunos ejemplares de zorro, jabalí o urraca pudieran causar algún perjuicio en todo el territorio andaluz: simplemente no se darían o, muy excepcionalmente, como prevén las leyes vigentes, pues habría equilibrio.

Un lince ibérico puede alimentarse de zorros, por ejemplo. La restauración de los procesos naturales de la cadena trófica es una alternativa mucho más acertada que la estrategia simple intervencionista que la Orden propone. La arbitrariedad de esta disposición administrativa que va contra toda norma de superior rango y contra las evidencias científicas, con certeza podría desembocar en un desequilibrio mayor, generando un problema más complejo en lugar de una solución. Para Ecologistas en Acción, la forma más adecuada de abordar la restauración ecológica es favorecer los procesos de recuperación natural.

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• Ecologistas en Acción acusa a Aqualia de contaminar deliberadamente el litoral sanluqueño y a las administraciones local y autonómica de permitirlo.
• Esta afirmación se basa en que la mayor parte de los vertidos se producen en tiempo seco, entre noviembre y marzo y son evitables.

Izada de bandera negra, en la playa de Bonanza

Concedemos la Bandera Negra a la playa urbana de Sanlúcar de Barrameda, entre Bonanza, Bajo de Guía y Las Piletas, por los vertidos de aguas residuales sin depurar, tanto directos a la playa como a la desembocadura a través de un emisario procedente de la depuradora municipal (informe completo). Este último es el punto de vertido más importante y se produce por dos causas: 1) por la entrada de aguas salada al alcantarillado a través de los aliviaderos durante las “mareas vivas” y 2) En episodios de lluvias cuando la capacidad de la depuradora se ve sobrepasada. Ninguna de estas causas es razonable. Respecto a la entrada de agua salada, es inexplicable que no se hayan instalado hace tiempo dispositivos antirretorno en los aliviaderos, que solucionarían el problema. Respecto a que la depuradora no de abasto para depurar el agua que le llega cuando llueve, también es algo bastante dudoso. La depuradora se diseñó con dos lineas paralelas para poder hacer frente a aumentos significativos de la población en periodos vacacionales; y una de las dos líneas está la mayor parte del año infrautilizada. La capacidad máxima de depuración es de 2.500 m3/h, bastante superior al caudal medio que recibió en la semana de máxima carga en 2025. Además de todo eso, el Ayuntamiento, en sus Declaraciones Anuales de Vertido, omite sistemáticamente el volumen y los tiempos de vertido. Por otra parte, los vertidos a la playa de Bonanza que se producen mayoritariamente en ausencia de lluvia y de forma continuada durante meses no tienen ninguna justificación técnica. Por segundo año consecutivo, la Consejería de sanidad ha señalado la contaminación microbiológica del agua de la playa de Bonanza en su informe de Semana Santa.

Recientemente hemos conocido que el 43 % de la red de alcantarillado está en mal estado. Ello podría estar provocando fugas de aguas residuales y una contaminación grave de las aguas subterráneas.

La responsabilidad legal de la depuración de las aguas residuales urbanas corresponde a los ayuntamientos y subsidiariamente a la Junta de Andalucía. En el caso de Sanlúcar, al existir una concesión del ciclo del agua a la empresa Aqualia, esta es corresponsable igualmente. VIDEO.

Solicitamos que se publique el proyecto técnico de la nueva depuradora y que la decisión de ubicación de la misma se haga con información y participación ciudadana.

Vertidos a la calle La Habana

Contaminación por vertidos mineros del Estuario del Guadalquivir. VIDEO

Investigaciones recientes (2025 y 2026) de científicos de varias universidades públicas andaluzas demuestran la existencia de contaminación por metales pesados en los sedimentos del Estuario del Guadalquivir (entre la presa de Alcalá y la desembocadura), procedentes de los vertidos de la mina Cobre Las Cruces (CLC) entre 2009 y 2023 (en su primera concesión). Estos metales han pasado ya a la cadena trófica, encontrándose en peces de río (albures o lisas) del estuario alto.

Dos grandes minas ( Aznalcóllar y CLC en su segunda concesión) tiene ya autorización para verter al Estuario un volumen de agua con metales pesados, insuficientemente depuradas, 10 veces mayor al de CLC en su primera concesión. La Junta de Andalucía mantiene la autorización a las dos minas a pesar de la evidencia científica del gran riesgo que ello puede suponer. Un movimiento social formado por la comunidad científica, ayuntamientos, pescadores y ecologistas se opone y solicita una moratoria a los vertidos y un Comité de expertos independientes. El 9 de mayo se hizo una importante manifestación en Sanlúcar a la que asistieron unas 2000 personas y el 17 ó 18 de octubre se celebrará otra gran manifestación en Sevilla.

Rechazo a la concesión por 50 años para un proyecto de infraestructuras soterradas en el DPMT, en la playa de las Piletas.

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones oponiéndose al proyecto de soterramiento de más de 3000 m de canalizaciones, 140 arquetas y más de 120 m3 de hormigón, para instalaciones eléctricas, saneamiento, abastecimiento y telecomunicaciones, en la playa de Las Piletas, solicitadas por la Real Sociedad de Carreras de Caballos (RSCC), todo ello en el DPMT.

Nos oponemos al proyecto por su gran impacto ambiental y porque incumpliría claramente La Ley de Costas que protege la integridad del DPMT. La RSCC plantea que las instalaciones propuestas son imprescindibles sobre todo para la “fiesta de los palcos”. Ecologistas consideramos que el proyecto sería innecesario si solo se dejaran en la playa las instalaciones para la realización de las Carreras de Caballos (a la manera tradicional), pegadas al frente de la Avda. de las Piletas, y se desplazara la Fiesta de los Palcos a las dependencias de la RSCC situadas a 300 m. Además solicitamos la eliminación de la zonas de hormigón de 1500 m², y de albero compactado, la prohibición de aparcamiento de vehículos y la regeneración del cordón dunar.

6ª temporada de la Campaña “Salvemos al Chorlitejo patinegro”

Hacemos un balance negativo de esta 6ª temporada: se han encontrado menos nidos, ha habido más perdida de nidadas y mayor mortandad de pollos que en años anteriores.

El número de nidos fue semejante al de 2025 pero menor que el años anteriores ( 24 en 2026, 26 en 2025 y más de 30 de media en años anteriores).

Las principales amenazas para la conservación de la especie en nuestras playas (Las Piletas y La Jara) son: 1) El incumplimiento del plan de playas (en lo que se refiere a la protección de la especie) por parte de la empresa municipal de limpieza de Sanlúcar (Emulisan), 2) El trasiego de gente, en muchos de los casos con perros sueltos (incumpliendo el bando del Ayto), 3) la falta de información de la ciudadanía y visitantes, y el papel poco activo en este sentido del Ayuntamiento.

Seguimos concediendo un Punto Negro a las playas de La Jara y Montijo por el incumplimiento generalizado de la Ley de Costas: invasión del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y de la servidumbre de paso, y construcción en la Servidumbre de Protección. La Revisión Parcial del PGOU de Chipiona pretende aumentar el suelo urbanizable en el litoral, por ejemplo en la zona de la Grajuela, donde existe una gran amenaza de erosión debido al Cambio Climático.

Finalmente en esta concentración se ha manifestado y valorado negativamente que la PLAYA CANINA (video) se haya ubicado junto al puerto pesquero porque no es una opción segura para los perros. Los desechos de la actividad portuaria representan graves riesgos para su salud. Exponemos los más evidentes: La contaminación química dada la presencia de aceites y combustibles flotando en el agua que pueden provocar diferentes tipos de infecciones. Peligros biológicos tales como restos de pescado en descomposición que pueden causar igualmente infecciones digestivas graves. Anzuelos y redes son un riesgo elevado de cortes en las almohadillas o ingesta accidental de los mismos pudiendo ocasionar intervenciones quirúrgicas urgentes.

En conclusión, se desaconseja por completo el uso de esta zona como playa canina para evitar riesgos innecesarios en la salud y bienestar de los perros.

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• Ecologistas en Acción de Andalucía considera que el pacto PP-VOX consolida la desregulación ambiental, el debilitamiento de los servicios públicos y la criminalización del movimiento social, y llama a construir una amplia respuesta ciudadana.

En Andalucía seguimos la senda de Extremadura, Castilla y León y  Aragón. El PP asume e incorpora las tesis xenófobas de Vox, camuflando la “prioridad nacional” bajo el “arraigo”.

Con este pacto de 60 páginas y 150 medidas, aparecidas para la ciudadanía de un día para otro, se consagra la subordinación de los recursos públicos a los intereses privados, la privatización de la gestión ambiental y la falta de planificación democrática.

Vivimos una crisis ecológica cuya solución ya no admite más demoras, pero este pacto trae, en algunos casos, propuestas que suponen una renuncia vergonzosa de lo que eran principios para el PP, y en otros representan una vuelta de tuerca aún más reaccionaria sobre las políticas antisociales y antiecológicas que venía practicando el gobierno derechista andaluz.

Particularmente preocupantes son los propósitos de este lamentable acuerdo de desregular todo lo inimaginable, dedicando toda una Consejería, en manos de Vox, no a gobernar o legislar, como corresponde a todo gobierno, sino a anular leyes que ordenan la convivencia; deshacer y no crear. Se pretende suprimir cautelas, ayudas y oportunidades generales, para que la ley imperante solo sea la del más fuerte.

La “simplificación” para todo tipo de proyectos e iniciativas empresariales sigue el camino de las letales y recién aprobadas leyes de Gestión Ambiental y de Montes, donde la Administración externaliza las tareas de control al interés privado y permite ceder la explotación de fincas y montes públicos al capital privado.

Incoherencias en este acuerdo las hay a puñados, pero particularmente contradictorio es asegurar que se pretende reducir la presión fiscal a los andaluces al mismo tiempo que se afirma la pretensión de incrementar las partidas de sanidad, educación y dependencia. ¿De dónde piensan que salen esas partidas para los servicios públicos?, ¿Cómo mienten tan tranquilamente? Una de estas “curiosidades” es la propuesta en educación de que se enseñe la historia del terrorismo… ¿todos?, ¿desde cuándo?

En compromisos (o más bien en su ausencia) climáticos, pasamos de un nihilismo paralizante, el Plan Andaluz de Acción por el Clima, que se ha limitado a meras medidas de “compensación” de emisiones, a un negacionismo con todas las señas de identidad de Vox y su anatema de “fanatismo climático”; lo que va mal, es susceptible de empeorar.

La Agenda 2030 y el Pacto Verde, dos iniciativas comunitarias de largo alcance aunque de nimios resultados, se consideran una bestia negra a suprimir. El campo se “blinda” frente a los “aspectos negativos” de la Agenda 2030 y el Pacto Verde, con rechazo formal al acuerdo UE-Mercosur y a la reforma de la PAC 2028-2034. Se suprimen las cargas autonómicas derivadas del Pacto Verde, se revisan las zonas ZEPA y LIC, se exigen al Estado las presas de Alcolea, Gibralmedina, Rules y Siles y se defiende la ganadería intensiva frente a la “criminalización animalista”.

A dos serios problemas de nuestra comunidad, como son las inundaciones y los incendios forestales, se dan soluciones simples e ignorantes, en plan cuñadismo, como “limpiar” ríos y “limpiar” bosques, cuando se trata de efectos de causas mucho más complejas e universales.

Otras defensas sin matices en este pacto son igualmente de vergüenza, como las de la:

• tauromaquia, cuya defensa, junto a la caza como atractivo turístico es patético, y les puede salir mal transmitiendo una imagen atávica y cruel con los seres vivos.
• la caza como gestora del medio natural, una ignorancia irresponsable.
• la ganadería intensiva y la pesca de arrastre, actividades que a corto y medio plazo supondrán problemas graves a nuestros recursos.
• Permitir sin control los fitosanitarios, seguir con la dependencia de fertilizantes y combustibles, en vez de apostar por un modelo agroecológico que reduzca dependencias externas y produzca sano, es otro ejemplo de este sinsentido programático.

Y lo que el pacto entiende por cultura es de traca: más inversión en patrimonio, con un fondo específico para iglesias, conventos y monasterios, además de las ya indicadas en toros y caza: en definitiva, prioridad para la Iglesia, la tauromaquia y caza.

La fiscalidad ambiental, una poderosa herramienta de sostenibilidad, se suprime: desaparecerían los impuestos a las bolsas de plástico, a las emisiones de gases y a los vertidos a aguas litorales: toda una contrarreforma antiecológica.

Las organizaciones sociales son consideradas, no como unos agentes necesarios para el cambio social, sino como un enemigo a abatir: se suprimen todas las subvenciones a ONG que no concuerden con los postulados reaccionarios del acuerdo y la “prioridad nacional”.

Es tal la acumulación de amenazas y peligros que contiene este infausto acuerdo de gobierno, que la respuesta de las organizaciones sociales debe ser contundente y unida. Necesitamos una fuerte movilización, que consiga aunar esfuerzos en defensa de los servicios públicos que se nos quieren arrebatar y asegure la protección ambiental y el compromiso climático.

La acción de gobierno que requiere Andalucía debe hacerse con inclusión, participación real y justicia social; necesitamos hacer frente a esta desposesión y a este retroceso que se nos viene encima.

Frente a esas 150 medidas del pacto, Ecologistas en Acción defiende las 150 medidas plasmadas en el documento que elaboraron cara a las recientes elecciones.

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• La Federación Ecologistas en Acción de Granada ha presentado denuncia ante la delegación provincial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Granada, y tiene intención de ampliar la denuncia ante el SEPRONA si no se toman las medidas pertinentes ante los hechos que citamos a continuación.

La ciudad de Guadix cuenta con una población estival muy importante de la especie protegida vencejo pálido (Apus pallidus), ave insectívora de hábitos aéreos que es beneficiosa para el hombre y forma parte de la cultura y tradiciones de la ciudad.

Esta especie migratoria, al igual que el resto de insectívoras entre las que destacamos el vencejo común, igualmente protegida, realiza sus ciclos vitales reproductivos, desde abril hasta julio, en huecos, orificios, grietas, etc., de edificios, casas, bloques, iglesias, etc., dentro del casco urbano de la ciudad, parte de cuyo casco se encuentra deteriorado, no solo a nivel de edificios históricos como también de viviendas antiguas.

Concretamente, la Alcazaba árabe de la ciudad de Guadix presenta una colonia de esta especie con el mayor número de ejemplares de vencejo pálido, que nidifica en los mechinales de sus muros, y cuya población disminuye año tras año. Las aves insectívoras están protegidas, al margen de su número, por los beneficios que generan al medio al consumir ingentes cantidades de insectos, caso del vencejo, de unos 4 kg/año por grupo familiar.

La Alcazaba de Guadix es un edificio Histórico, catalogado como BIC y por tanto protegido, donde se están llevando a cabo reformas de las paredes y torres en pleno periodo reproductor de esta especie protegida desde hace varios años, 2021, impidiendo el acceso de las aves a sus nidos y en otros casos sellándolos, lo que ocasiona la pérdida de nidos y posibles puestas debido a que se están tapando los huecos de los mechinales.

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en sus arts. 2,f; de prevalencia de la protección ambiental; 2.g, de precaución ante intervenciones que afecten a la fauna; art. 3,2) sobre áreas críticas y conservación de hábitats y aspectos que atenten contra la supervivencia de las especies en su territorio, prohíbe, en su art. 52, las siguientes acciones: “dar muerte dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico. Esta prohibición incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, recolección y retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aun estando vacíos, así como la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos, incluyendo el comercio exterior”.

En su Art. 76.1, la citada ley considera infracciones administrativas: “La perturbación, muerte, captura y retención intencionada de especies de aves en las épocas de reproducción y crianza, así como durante su trayecto de regreso hacia los lugares de cría en el caso de las especies migratorias”.

El Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, incluye en el listado, entre otras, al vencejo pálido y al vencejo común (Apus apus).

Afecta también a la Ley 33/2015 de 21 de septiembre por la que se modifica la ley 42/2007 de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y de la biodiversidad.

En igual sentido se pronuncia la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y Fauna Silvestre de Andalucía, concretamente el art. 5 sobre deberes de los poderes públicos, y arts. 18, 20, al ser una especie contemplada en el RD 139/2011 de 4 de febrero.

Estas aves están protegidas por Directivas europeas varias de aves: 79/409/CE de conservación de aves silvestres, art. 5 b y d; Directiva 85/337/CEE de evaluación de repercusiones de proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente; Directiva 92/43/CEE de conservación de hábitats.

El nuevo Código Penal, en su artículo 334, considera delito la destrucción de nidos de especies protegidas.

Estas especies aparecen en el LESRPE (listado de especies silvestres en régimen de protección especial) lo que obliga a las administraciones a conservar sus zonas de cría, e igual en la LAES (listado andaluz de especies silvestres).

Asociaciones de la localidad de Guadix así como otras de ámbito más global, Ecologistas y SOS Vencejos, han puesto al corriente de los hechos negativos para estas especies que se están produciendo así como de las medidas correctoras que podrían realizarse ante las que los distintos estamentos de ámbito local y andaluz han hecho caso omiso.

Desde Ecologistas en Acción de Granada junto con asociaciones de esa localidad ya denunciamos en su momento, hace 3 años, el 20 de abril de 2023, la situación generada por la “restauración” que posteriormente se paralizó, o al menos se ralentizó. Según SOS Vencejos, en la parte “ya restaurada” había al menos unos 60 ejemplares que no han podido nidificar y que además se enganchaban en la malla de protección que se había colocado.

Las denuncias ya comenzaron en 2021. Los técnicos municipales conocían la reproducción de estas aves y la han ignorado aduciendo que de sus datos se desprendía que en esa torre concreta que se denunciaba hace tres años, Puerta de la muralla, no anidaban los vencejos pálidos, hecho incierto según los vídeos que adjuntamos así como de los datos del seguimiento que se le vienen haciendo a esas poblaciones por miembros de la asociación accitana, de Ecologistas en Acción y de SEO Birdlife.

Se ha solicitado a la administración que realice las investigaciones precisas para el esclarecimiento del hecho denunciado, y la determinación de las posibles responsabilidades y sanciones en que hubiere lugar con arreglo a la normativa vigente.

Entendemos que la citada restauración, al tratarse de un BIC, debe respetar su arquitectura original, manteniendo los mechinales, vanos o huecos que quedaban tras levantar los muros de edificaciones una vez se retiraban los andamios de construcción, que son aprovechadas por numerosas especies de aves como las insectívoras que nos ocupan, cernícalos primilla, carracas, grajillas, etc. También ignoramos si como es preceptivo, la Delegación Provincial de Cultura ha autorizado la citada intervención en el sentido de permitir el sellado de los mechinales.

Como es lógico ya no se usan los bloques de adobe originales pero es imprescindible, dado que además no supone problema alguno con los nuevos materiales de construcción, mantener los mechinales que siempre han dado una morfología característica a este tipo de edificaciones y que sirven de refugio para numerosas especies de fauna.

Solicitamos que la Consejería de Medio Ambiente haga todo lo necesario para mejorar la normativa urbanística municipal, donde se incluyan medidas correctoras, básicamente la rehabilitación de los mechinales para la protección de la fauna urbana (aves insectívoras urbanas y murciélagos fundamentalmente) en las normas urbanísticas que afecten tanto a construcciones de edificios nuevos como en rehabilitaciones exteriores de existentes.

Que se ordene de inmediato la paralización de la obra, la reapertura de los mechinales así como se eviten cualquier tipo de obstáculo tipo malla, etc., que impida el normal tránsito de acceso a los nidos máxime en la época de reproducción en que nos encontramos. Tanto vencejo común como pálido están catalogados según la UICN como LC, catalogación menor.

Solicitamos por tanto que se cumpla la legislación vigente y se interrumpan las intervenciones que se están efectuando en pleno periodo reproductor del vencejo pálido, se pare el cegado de los mechinales y se devuelvan a sus condiciones originales los ya tapados de modo que permitan la reproducción de estas aves migratorias protegidas.

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Estado en el que está quedando la ribera del río Majaceite

• Ecologistas en Acción muestra una gran preocupación por la intervención que la Junta de Andalucía está realizando en el río Majaceite, al considerar que supone una actuación desproporcionada y con importantes consecuencias ambientales.

La eliminación prácticamente total de la vegetación de ribera en partes del río colindante con la población de El Bosque está convirtiendo el cauce en un canal inerte. Esta intervención, que se está llevando a cabo mediante declaración de emergencia con una tramitación reducida, parece responder más al incentivo económico derivado del cobro por cantidad de materia vegetal retirada que criterios técnicos y, mucho menos, ambientales.

Si el objetivo era reducir el riesgo de formación de tapones durante las avenidas de agua, una actuación selectiva consistente en retirar la madera muerta y los residuos habría sido previsiblemente suficiente, sin necesidad de eliminar la vegetación de ribera autóctona.

Suprimir la vegetación en un río en tramos de pendiente considerable aumenta la velocidad y violencia del agua durante las crecidas y favorece una mayor erosión de las márgenes. A ello se suma el grave impacto sobre la biodiversidad al eliminar completamente el hábitat de especies amenazadas como son muchas de las que habitan los bosques de ribera, especialmente porque  las obras se están realizando en época de cría. Además, se reduce la sombra sobre el cauce e incrementa la temperatura del agua en plenas olas de calor.

La retirada de especies exóticas invasoras, como puede ser la caña común, sí es acertada, pero no las especies autóctonas cuanto más que esto puede favorecer precisamente la expansión de las primeras, de más rápido crecimiento y capacidad de expansión.

El Bosque basa una parte importante de su economía en el turismo de naturaleza. Por ello, consideramos profundamente contradictorio destinar dinero público a actuaciones que degradan uno de los principales valores ambientales y paisajísticos del municipio, que es precisamente el río Majaceite.

Por último, reclamamos la máxima transparencia sobre esta intervención. En este sentido, hemos solicitado a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural el proyecto y los informes hidráulicos y ambientales que supuestamente justifiquen esta actuación. y que se explique de forma clara cómo está prevista la restauración del bosque de ribera una vez finalicen los trabajos.

Ecologistas en Acción insiste en que la prevención del riesgo de inundaciones es compatible con la conservación de los ecosistemas fluviales y recordamos que las soluciones basadas en el conocimiento científico y el respeto al funcionamiento natural de los ríos ofrecen mejores resultados a largo plazo que las actuaciones de eliminación masiva de la vegetación.

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• Ni es autovía, ni se va a circular rápido, ni va a eliminar los atascos a la entrada a Granada.

Ejemplo de Talud con paso inferior existente en la vega en la segunda circunvalación y similar a los que se proyectan en la VAU-5

Se trata de una carretera de dos carriles en cada sentido y la nueva vía tiene parámetros de trazado como carretera C-80 y sección tipo como C- 70. Eso quiere decir que la velocidad de diseño para todas las opciones será de 70 km/h en los tramos de carretera multicarril, pasando a 60 km/h en los tramos de carretera convencional.

Para esa velocidad ya se pueden usar las avenidas Cristóbal Colón de Churriana y San Rafael de Armilla, que no se va a notar la diferencia.

Además, antes de llegar a cruzar el río Monachil en la rotonda llamada Nodo 6, los cuatro carriles se quedan en dos y después se tiene que incorporar a la actual carretera que discurre junto al río Genil, GR-3303, para llegar al Puente de la Inmaculada.
No se dice nada de los atascos que supondrá venir a cierta velocidad (sin tirar cohetes) por doble carril y llegar a un estrechamiento con semáforos al final.

Para mayor disfrute, el daño a los agricultores y demás usuarios de la vega será considerable, ya que apenas habrá pasos subterráneos (por debajo del talud de entre 6 y 12 metros de altura que cruzará toda la vega) para dar servicio a los caminos actuales y los que antes usaban un camino recto, ahora tendrán que dar un buen rodeo, usando las nuevas vía de servicio para seguir el camino de costumbre.

Los agricultores van a ser los más “afortunados” ya que además de sufrir la expropiación se sus terrenos a un precio de unos 8 € el metro cuadrado de regadío, deberán soportar cortes y desvíos en sus acequias tradicionales sin que se pueda asegurar los costes que esto supondrá.

Nodo 6, donde los cuatro carriles se quedan en dos y se unen a la GR-3303

Seguimos manteniendo que esta obra es innecesaria, que si en realidad se quiere una buena conexión entre las dos circunvalaciones de Granada hay alternativas más baratas que los más de 40 millones de euros que se piensan invertir (que todo el mundo sabe que luego serán más) y sin dañar irremisiblemente una vega de extraordinario valor ambiental, agrícola, cultural y paisajístico con la que todo el mundo se llena la boca con la necesidad de su protección pero que sucumbe ante los negocios de los de siempre.

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Presencia de Laurence Chagrin y Joaquín Paloma, de Ecologistas en Acción-El Puerto, y Manuel Campuzano, director del Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de La Algaida.

• La Casa de Los Toruños acoge la exposición ‘Sin insectos no hay vida’, organizada por Ecologistas en Acción. Su objetivo es sensibilizar a la población sobre la importancia de los insectos y reclamar a las administraciones medidas concretas para su conservación. Los insectos tienen una tasa de extinción ocho veces más rápida que la de mamíferos, aves y reptiles y el 40 % de los polinizadores están en peligro de extinción por las actividades humanas.

Ante el alarmante descenso de las poblaciones de insectos a nivel mundial y en nuestro país, la gran importancia ecológica de los insectos y el escaso interés que han demostrado las administraciones, y la sociedad en general, Ecologistas en Acción y la Asociación Española de Entomología vienen desarrollando una campaña bajo el lema “Sin insectos no hay vida”.

‘Sin insectos no hay vida” pretende sensibilizar a la sociedad y a las administraciones de la importancia de los insectos, de las graves consecuencias ecológicas, sociales y económicas que tiene su progresiva desaparición y de la necesidad de adoptar medidas urgentes para favorecer su conservación. Para ello se ha elaborado diverso material divulgativo, incluyendo una exposición titulada “Insectos, amigos invisibles” que, en doce paneles, explica la importancia de los insectos en la polinización y producción de alimentos, en el saneamiento y reciclaje de ecosistemas, como eslabones básicos de las cadenas tróficas, en el control de plagas, en la mejora de los suelos, como proveedores de recursos y, en muchas culturas, alimento directos, así como actuaciones para la protección y fomento de las especies beneficiosas.

Durante décadas se ha prestado mucha más atención a la fauna vertebrada: aves, mamíferos, peces, anfibios y reptiles, que a los invertebrados. Sin embargo, los insectos tienen una tasa de extinción ocho veces más rápida que la de mamíferos, aves y reptiles. Mariposas, abejas, libélulas y escarabajos, entre otros, son los grupos con las especies más amenazadas.

El declive de los insectos es consecuencia de la pérdida de hábitat, debido a los usos agrícolas, la utilización de plaguicidas (insecticidas, herbicidas y fungicidas), la incidencia de patógenos y el cambio climático. Se estima que el 40 % de las especies de insectos polinizadores se hallan en peligro de extinción como consecuencia de las actividades humanas.

A la indudable e incalculable importancia ecosistémica de los insectos se une la importancia económica, social y cultural que tienen estas especies. La polinización es uno de los procesos más importantes para la vida silvestre y la alimentación humana, y depende en gran parte de los insectos. Según las estimaciones realizadas por la Unión Europea, el 84 % de las especies vegetales y un 76 % de la producción alimentaria en Europa dependen de la polinización realizada por las diferentes especies de abejas.

Por todo ello es muy importante concienciar a la sociedad y a las administraciones para que se adopten medidas para frenar las principales amenazas que sufren los insectos, especialmente evitar la destrucción de su hábitat, reducir sustancialmente la utilización de plaguicidas, impulsando programas de buenas prácticas agrícolas, recuperar los ecosistemas degradados más utilizados por los insectos, restaurando los espacios silvestres y urbanos, aumentando la abundancia, la diversidad y la continuidad de sus recursos florales o de otra índole e incluir en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas de un importante número de insectos.

La exposición estará instalada y abierta al público hasta el 13 de julio de este mes en la Casa de Los Toruños.

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Pleno municipal de Chiclana en la sesión ordinaria del 30 de junio de 2026

• Algunas de las modificaciones son la prohibición de mostrar carteles, límite de intervención a 5 minutos, aumento del plazo de solicitud a 5 días hábiles y no repetir tema en un año.
• Solo se estimó una de las trece reclamaciones o sugerencias presentadas conjuntamente por TONIZA-Ecologistas en Acción de Chiclana y APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía).

El Pleno municipal ordinario del mes de junio, celebrado el martes 30, conllevó la aprobación definitiva de la modificación del reglamento orgánico municipal para la regulación detallada de la participación ciudadana y asistencia del público a las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. En la presentación del punto, Ana González (PSOE), primera Teniente de Alcalde y en representación del Gobierno municipal, comentó someramente los cambios propuestos en los artículos 85 y 98, así como las reclamaciones o sugerencias presentadas, siendo por parte de TONIZA-Ecologistas en Acción Chiclana y APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) de forma conjunta, de la Asociación Iniciativa Social por una Chiclana y un IBI real, del Partido Popular y de VOX.

La portavoz del Gobierno municipal se centró en las reclamaciones o sugerencias conjuntas de TONIZA-Ecologistas en Acción Chiclana y APDHA, de las cuales solo se ha estimado una de las trece presentadas. Ésta se refiera a la aclaración sobre la intervención en asuntos que se encuentren en expedientes administrativos, de modo que sea solo en aquellos de interés general y no con un interés individual.

Sin embargo, ninguna reclamación o sugerencia más se ha estimado, ya sea de estas asociaciones o de las otras entidades.

Algunas de las reclamaciones o sugerencias que presentamos y fueron desestimadas son las siguientes:

– Mantener el plazo de 48 horas antes del Pleno municipal para la solicitud de intervención de la ciudadanía y no modificarlo a 5 días hábiles (en la práctica, una semana). Fue desestimada, con lo que ahora aún más solicitudes quedarán fuera de plazo.

– Propusimos la intervención de forma telemática, para aquellas personas que justifiquen su imposibilidad de acudir presencialmente. Fue desestimada, impidiendo una mayor accesibilidad.

– Al añadir limitación temporal en las intervenciones, siendo un máximo de 5 minutos, consideramos que fuera ampliado a 10 minutos. Fue desestimada, por lo que asuntos complejos podrían no ser explicados adecuadamente.

– Ante la modificación para que no se pueda intervenir sobre un asunto ya tratado en el último año, salvo novedad en el mismo, nos opusimos a ello, ya que entendemos que una persona, ya sea física o jurídica, debe tener el derecho a intervenir siempre que así lo considere, especialmente, cuando en una intervención anterior no se le haya dado una respuesta satisfactoria o su problema no se haya resuelto. Fue desestimada, ante lo cual entendemos que ya las habituales intervenciones sindicales de la Policía Local no podrán darse de nuevo hasta dentro de un año.

– Una de las mayores polémicas viene de la prohibición de exhibir carteles, bajo la excusa que distrae a los miembros de la Corporación municipal. Mostramos nuestra disconformidad, cuando son carteles más dirigidos a los medios de comunicación como un método de protesta pacífica, siempre que sean respetuosos. Fue desestimada, por lo que ya no se podrá ver ni un cartel más en el Salón de Plenos.

Modelo de participación

En definitiva, mientras que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que “las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de toda la ciudadanía en la vida local”, así como promocionar “la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local”, nos preguntamos a qué modelo de participación pretende aproximarse el Ayuntamiento de Chiclana: si a uno que favorezca una participación real y efectiva o a uno que introduzca restricciones innecesarias.

Menosprecio al Consejo Local de Medio Ambiente

Además, denunciamos una vez más el menosprecio al que se ven sometidos algunos de los Consejos Locales en Chiclana. Como ejemplo el Consejo Local de Medio Ambiente, cuyo reglamento prevé reuniones trimestrales, mientras que en la práctica, desde hace años, las sesiones se celebran, en el mejor de los casos, una vez al año o poco más. A fecha de hoy y en el presente periodo corporativo (iniciado en el verano de 2023), sólo se ha reunido en dos ocasiones: una sesión constitutiva el 18 de julio de 2024 y una segunda reunión el 20 de febrero de 2025. Desde entonces, el silencio administrativo ha sido absoluto, sin que conste convocatoria posterior. Cabe preguntarse si el Alcalde-Presidente, José María Román (PSOE), como máximo responsable de dicho órgano, considera que esta situación es compatible con la efectiva participación ciudadana y qué medidas piensa adoptar para garantizar el cumplimiento del propio reglamento. Mientras, el Delegado de Medio Ambiente, Roberto Palmero (IU), que es el vicepresidente del mismo, se encuentra muy cómodo con esta situación de obstrucción a la participación ciudadana. También nos preguntamos si el propio Secretario General ha advertido de esta anomalía legal y si ha formulado alguna opinión legal al respecto, ya que no debemos olvidar que los Consejos Locales son órganos complementarios del Pleno municipal.

Retroceso en la participación ciudadana

A la vista de los hechos, no creemos que esa proclamada voluntad de fomentar la participación ciudadana se traduzca en una participación verdaderamente real, seria, constructiva y crítica. El retroceso dado en este Pleno municipal lo empezaremos a comprobar una vez que esta modificación sea publicada en el BOP de Cádiz y pase a entrar en vigor. Modificación aprobada con los votos favorables y mayoritarios del Gobierno municipal (PSOE e IU) y los dos concejales no adscritos, frente a los votos en contra de la oposición (PP y VOX).

 Reclamaciones o sugerencias conjuntas de TONIZA-Ecologistas en Acción de Chiclana y APDHA

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• Unas 40 personas, de los colectivos: AAVV de la Jara-Las Piletas, La Borraja, Plataforma por la conservación, cuidado y ampliación del arbolado de Sanlúcar, Ecologistas en Acción y Adelante Andalucía, hemos realizado un paseo guiado por la playa de Las Piletas y su entorno.

La visita tenía como objetivo: Explicar sobre el terreno las alegaciones que estos 5 colectivos han presentado a la solicitud de concesión por 50 años de la Sociedad de Carreras de Caballos para construir y mantener de forma permanente en el Dominio Público Marítimo Terrestre una infraestructura subterránea de más de 3000 metros de canalizaciones, 140 arquetas y más de 120 m³ de hormigón (para abastecimiento de agua, alcantarillado, bombeo, electricidad, alumbrado y telecomunicaciones). Dichas alegaciones se basan en la infracción sobre la Ley de Costas y en el impacto ambiental que dicho proyecto ocasionaría. Enlace

Pudimos comprobar sobre el terreno, además, como las actuales instalaciones de las Carreras de Caballos destruyen las dunas y la vegetación natural; la clara infracción de la ley de Costas que supone la permanencia desde hace mucho tiempo en la playa:

1) de un rectángulo de hormigón de 1500 m²;

y 2) de unos 20.000 m² de albero compactado.

Visitamos el entorno de gran valor natural en el que se encuentra la playa de Las Piletas: el conjunto del navazo del Hoyo del Puja, el bosquete de álamos y las dunas muy bien conservadas situadas entre el acantilado del Espíritu santo y la concesión de las Carreras de Caballos. Y al otro lado, la zona de dunas y vegetación autorregenerada en los últimos años debido a la campaña de protección del chorlitejo patinegro.

Sobre la marcha se propusieron algunas ideas:

1) Hacer un llamamiento a otros colectivos para que se sumen a la defensa de Las Piletas, para su disfrute público y su conservación natural.

2) Poner una denuncia judicial por las infracciones de la Ley de Costas.

Desde Ecologistas en Acción expresamos nuestra satisfacción y agradecimiento por la movilización ciudadana en defensa de lo común y de la Naturaleza.

Documento completo de las alegaciones

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