• Ecologistas en Acción organiza una movilización en Berlín contra el modelo agroindustrial de la feria Fruit Logística.
• Activistas, jornaleras y organizaciones sociales llevan a juicio popular los impactos sociales y ambientales del modelo agroindustrial.

Ecologistas en Acción, junto a organizaciones de la sociedad civil alemana, organizó dos jornadas de protesta en Berlín contra la feria Fruit Logística, celebrada del 4 al 6 de febrero en Berlín, uno de los principales encuentros internacionales del lobby hortofrutícola.

Una veintena de activistas se manifestaron frente al recinto ferial para denunciar los impactos sociales y ambientales del modelo agroindustrial en los países productores.

Celebramo un tribunal popular contra la agroindustria, en el que distintas personas, entre ecologistas, jornaleras, sindicalistas y activistas, presentaron testimonios sobre los abusos del sistema agroindustrial.

Las acciones se enmarcan en la campaña El Verdadero Precio de los Alimentos, con la que Ecologistas en Acción cuestiona el relato de sostenibilidad que proyecta Fruit Logistica desde hace décadas. En los pabellones de la feria se exhibe una imagen de agricultura sostenible que no se corresponde con la realidad que se vive en los territorios productores.

Ecologistas en Acción denuncia que el modelo de agricultura intensiva tiene un impacto devastador tanto ambiental como social: degrada ecosistemas, sobreexplota recursos hídricos y se sostiene sobre la vulneración sistemática de Derechos Humanos y laborales.

Estas denuncias fueron recogidas en el Tribunal Popular celebrado el viernes, donde diversos testimonios documentaron los efectos de la agroindustria sobre la naturaleza y las personas. En su intervención, Sara Facchinelli, de Ecologistas en Acción Almería, denunció «En los humedales y en el mar los contaminantes procedentes de la agroindustria perjudican la vida de las miles de especies que habitan nuestro entorno» Jennifer Cárdenas Tovar, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, denunció las condiciones laborales y de vida inhumanas, precarias y sin derechos en las que viven miles de personas trabajadoras del sector agroindustrial, que son mayoritariamente personas migrantes, en las provincias de Almería y Huelva. Afirmó: «además de sufrir condiciones de explotación laboral, se ven obligadas a vivir en asentamientos chabolistas, sin agua, sin luz, sin acceso a servicios básicos».

Para Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción de la Región Murciana, existe una presión desde el sector, y muchas veces desde algunas administraciones, para callar las voces que denuncian los impactos del modelo agroindustrial. «Además, se lanzan bulos y falsas noticias para eludir responsabilidades y facilitar que se acepten falsas soluciones que más benefician a las empresas». Incluso se intenta eludir el cumplimiento de la normativa, o promover su modificación a la baja. «Está claro que todo esto no es casual, responde a una estrategia para proteger el interés económico empresarial, a toda costa».

El caso de Murcia, Almería y Huelva

En Fruit Logística estuvieron representados numerosos productores españoles, incluidos grandes grupos de Murcia, Almería y Huelva, provincias clave para la exportación hortofrutícola.

En Murcia, décadas de agricultura intensiva han provocado la grave degradación del Mar Menor, con episodios recurrentes de eutrofización, mortandad de fauna y múltiples procedimientos judiciales por prácticas agrícolas ilegales.

En Almería, las más de 32.000 hectáreas de invernaderos generan anualmente unas 150.000 toneladas de residuos plásticos, de las cuales alrededor de 30.000 toneladas acaban vertidas ilegalmente en el medio rural. A ello se suma un déficit hídrico anual de 170 hm³ y un grave deterioro de la calidad del agua, afectando a la flora y fauna y al deterioro de nuestros humedales costeros tan importantes para las aves migratorias y para otras especies en peligro de extinción, como ejemplo el deterioro de Las Albuferas de Adra. En Huelva, la agricultura intensiva de frutos rojos está secando los acuíferos de Doñana y poniendo en riesgo este espacio protegido, por lo que España ha sido condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la sobreexplotación de las aguas subterráneas y el deterioro de los hábitats.

Ecologistas en Acción y una decena de organizaciones alemanas concluyeron las jornadas con un veredicto colectivo contra el modelo agroindustrial que representa Fruit Logistica. Elena Alter, portavoz de Ecologistas en Acción y coordinadora de la campaña El Verdadero Precio de los Alimentos, señaló: «Las jornadas han permitido visibilizar los impactos reales de este modelo y reforzar una amplia alianza social en defensa de los derechos de la naturaleza y de las personas».

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Ecologistas en Acción de Villaviciosa de Odón ha presentado una denuncia formal ante el Ayuntamiento de Móstoles (Concejalía de Medio Ambiente) por un vertido incontrolado e ilegal de escombros y residuos de obra que se viene produciendo de manera reiterada en una nave de propiedad privada.

Según ha constatado la organización ecologista, en la nave de la empresa Iluminaciones Lledó, situada en la calle Cid Campeador, 14 de la localidad, se están depositando residuos de construcción fuera de cualquier instalación autorizada para la gestión de este tipo de desechos y sin que conste permiso alguno, lo que supone un claro incumplimiento de la normativa medioambiental y urbanística vigente.

Ecologistas en Acción alerta de que estos vertidos incontrolados generan un impacto negativo en el entorno, además de posibles riesgos para la salubridad, la seguridad y el medio ambiente, agravados por el hecho de producirse en una propiedad privada sin control administrativo ni medidas de protección.

Ante esta situación, la organización ha solicitado al Ayuntamiento de Móstoles que los servicios municipales competentes realicen una inspección inmediata, adopten las medidas necesarias para el cese de los vertidos, ordenen la retirada y correcta gestión de los residuos existentes y, en su caso, inicien el correspondiente expediente sancionador.

Desde Ecologistas en Acción se insiste en la necesidad de una actuación rápida y contundente por parte de las administraciones para evitar este tipo de prácticas ilegales que se repiten en el sur de la Comunidad de Madrid, deteriorando el entorno urbano y natural de los municipios, que ven como sus caminos se contaminan con todo tipo de residuos; enseres, textil, neumáticos, etc. siendo especialmente profusos los de construcción, entre los que es frecuente encontrar restos de amianto.

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• Ecologistas en Acción de Getafe ha manifestado que “es inaceptable que se pretenda compensar los enormes perjuicios sobre la salud y el medio ambiente con dinero”, refiriéndose a la propuesta de la Mancomunidad del Sur para bonificar las cuotas que abonan por vertido los municipios más afectados por albergar el macro vertedero que da servicio a 71 municipios: Pinto, Getafe y San Martín de la Vega.
• La organización ecologista ha solicitado al Ayuntamiento de Getafe que se niegue a aceptar esta propuesta, la cual viene a consolidar la ubicación definitiva del macro vertedero y los problemas derivados que sufren las poblaciones cercanas, entre las que está Getafe, desde hace cuarenta años.

La Mancomunidad del Sur, responsable de la gestión del vertedero, cuya extensión abarca ya terrenos de los municipios de Pinto, Getafe y San Martín de la Vega, ha anunciado a través de la prensa su acuerdo para bonificar la tasa que abonan dichos municipios por el depósito de sus residuos en el vertedero.

Ecologistas en Acción asegura que el deterioro de la salud y calidad de vida de los vecindarios cercanos, que durante décadas se viene denunciando desde la Plataforma por el cierre del vertedero de la que forma parte, “no puede ser moneda de cambio” y proclaman que “la salud de la ciudadanía y la protección del medio ambiente no tiene precio”, afirmando que ésta bonificación solo pretende desactivar la lucha vecinal que históricamente viene reclamando una gestión alternativa de los residuos en la Comunidad de Madrid, y concretamente en la Mancomunidad del Sur, para evitar el sacrificio al que se somete a la ciudadanía de los municipios colindantes, que viene soportando durante décadas, y sin horizonte de cierre de la instalación, las consecuencias de convivir con 800 mil toneladas anuales de 71 municipios, alejados en algunos casos más de cien kilómetros del vertedero.

La acumulación de residuos mezclados con materia orgánica es la causa de olores insalubres que afectan principalmente al barrio de la Tenería de Pinto, además de ser, junto con el vertedero de Valdemingómez en Madrid, los responsables de gigantescos escapes de metano detectados por diferentes satélites desde el espacio, lo que está suponiendo un gravísimo perjuicio a gran escala por ser este gas uno de los principales causantes del calentamiento global y consecuentemente del cambio climático, además de ser causante del empeoramiento de diferentes enfermedades al interferir en la formación de ozono troposférico.

La organización ecologista denuncia lo que considera una nefasta gestión de los residuos y la sistemática vulneración de la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, especialmente en lo que se refiere a la implantación de un verdadero modelo de economía circular, inexistente al carecer actualmente de medidas para “favorecer la utilización más eficiente y sostenible de los recursos, extender la vida útil de los productos, prevenir y reducir la generación de residuos (…) tal como proclama en el establecimiento de sus fines. De igual manera, consideran incumplidos sistemáticamente sus principios rectores, especialmente el “principio de jerarquía y circularidad” en el que se prioriza la prevención y minimización de residuos, pero que Ecologistas en Acción considera entra en contradicción con la aprobación de plantas de tratamiento cada vez más complejas y caras, creadas para albergar una cantidad incoherentemente creciente de residuos.

A todo ello hay que añadir la rebaja en el nivel de protección en 80 hectáreas del Parque Regional del Sureste, único espacio natural protegido del sur de la Comunidad de Madrid, para albergar las ampliaciones de las instalaciones previstas, pese a que la clausura del vertedero estaba programada para 2025, y a pesar de que uno de los objetivos de la propia Ley 1/2024 es “promover una mayor protección del medio ambiente o entorno natural”.

Ecologistas en Acción ha presentado escrito ante el Ayuntamiento de Getafe solicitando que haga explícito su rechazo de la bonificación propuesta y su oposición a que la instalación se aloje indefinidamente en terrenos del municipio.

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• La Asamblea congregó a representantes de las asociaciones federadas en Ecologistas en Acción de Cádiz para hacer balance del año 2025 y planificar este año 2026 durante el sábado 31 de enero en Jerez.
• Durante la Asamblea se dio las gracias a Ecologistas en Acción de Jerez, como asociación anfitriona este año, la cual tiene, entre sus principales proyectos, la creación de un sendero fluvial por el Guadalete.

En la Asamblea anual de la Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Cádiz se revisó el ingente trabajo realizado durante el pasado año 2025 y se planificó los importantes retos a afrontar durante este año 2026, tanto por las asociaciones federadas como por las áreas temáticas, con el objetivo de trabajar de forma coordinada en la defensa del medio ambiente, el pacifismo y el interés general.

Durante la Asamblea se presentaron los proyectos más destacados, como nuestro tradicional viaje a Marruecos en Semana Santa para conocer sus espacios naturales o el voluntariado “Salvemos al chorlitejo patinegro”. También se hizo un repaso de los asuntos judiciales en curso, siendo ni más ni menos que un total de 32 recursos contencioso-administrativos y una causa penal.

Además, se ratificó la decisión de abandonar temporalmente el Consejo Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad, ante el bloqueo del Delegado Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido (PP), para debatir asuntos medioambientales que son cruciales como los relativos a residuos, energía y Cambio Climático. A raíz de ello, ya hemos solicitado su cese a la Consejera por la inoperancia a la que ha sometido al máximo órgano de participación ciudadana de la Junta de Andalucía en Cádiz en materia medioambiental.

Como no podía ser de otra manera, en la Asamblea se acordó mantener la participación en acciones anuales como las marchas por la recuperación de la Laguna de La Janda y por el Día de las Vías Pecuarias y los Caminos Públicos (este año será el 22 de marzo en la Sierra de Grazalema), así como apoyar cuantas concentraciones por Palestina se sigan convocando. Asimismo, también se acordó mantener la histórica campaña de Banderas Negras para denunciar el mal estado de nuestro litoral, ya sea por vertidos o desparrame urbanístico.

Una de las tareas principales de cara al plan de trabajo para este año 2026 es seguir presionando a los ayuntamientos en el cumplimiento de las leyes de transición ecológica, donde se incluyen aspectos cruciales como la elaboración y ejecución de los Planes Municipales contra el Cambio Climático; los Planes de Movilidad Urbana Sostenible y Zonas de Bajas Emisiones; la adecuada recogida separada de biorresiduos (materia orgánica), ya sea con el sistema de puerta a puerta o la instalación del contenedor marrón con control de usuario; etc. También en este sentido que los ayuntamientos lleven a cabo una gestión correcta del arbolado urbano y con una ordenanza ejemplar por la que regirse.

Otras cuestiones a destacar es que se seguirá reclamando la planificación -ausente hasta ahora y ya va muy tarde- en el despliegue de las energías renovables para evitar daños en la biodiversidad y el paisaje, y que se continuará el trabajo en las alegaciones a la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), a presentarse por la Federación de Ecologistas en Acción de Andalucía.

Mientras que, entre los aspectos organizativos, se informó del traslado del local de nuestra sede provincial, ubicada en Puerto Real, a un nuevo local en mejores condiciones, también en la ciudad puertorrealeña (concretamente, en la Calle Estuario, en la zona de Marina de la Bahía), lo que es de agradecer a su ayuntamiento por la cesión. Ya por último, en la Asamblea se procedió a aprobar la revisión de nuestros Estatutos para, entre otros asuntos, ampliar los objetivos y adaptarnos a una realidad en continuo cambio.

En definitiva, una Asamblea muy intensa para seguir impulsando el trabajo que llevamos realizando desde hace un cuarto de siglo por un mundo más justo en lo ambiental y en lo social, y todo de forma voluntaria e independiente.

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• La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, OBLIGA a los municipios de más de 5.000 habitantes a la recogida separada de la fracción orgánica de las basuras (biorresiduos) a partir del 1 de julio de 2022, ya sea mediante el sistema puerta a puerta o por el quinto contenedor con control de usuario.

La Ley 7/2022 obliga además a las entidades locales a establecer el coste total de la gestión de los residuos. Tenían tres años, a contar desde su entrada en vigor, para fijar una tasa que dependiera de la generación (pagar por la cantidad de residuos generados) y que reflejara el coste real de todas las operaciones: recogida, transporte, tratamiento, vigilancia, mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de la energía obtenida en su caso.

También debería haber una red de recogida suficiente que incluya puntos limpios o puntos de entrega alternativos para la retirada gratuita de los residuos especiales.

Es obligatorio ahora que las autoridades competentes elaboren y publiquen anualmente un informe de coyuntura sobre la situación de producción y gestión de los residuos, incluyendo datos de procedencia, recogida y tratamiento, y destino de los materiales obtenidos, así como los costes económicos asociados. Deben evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de prevención y gestión de los residuos. Esta información debe estar a disposición del público en general.

A día de hoy, esta información no está disponible en casi ningún municipio, por lo que Ecologistas en Acción ha solicitado a la Diputación Provincial de Sevilla los datos siguientes :

1º- Cantidad de residuos generados en el municipio y destino de los materiales obtenidos.

2º- Costes económicos asociados a la gestión de los residuos y grado de cumplimiento de los objetivos de prevención.

3º- Coste del servicio de recogida de residuos.

4º- Recaudación efectuada por ese Ayuntamiento o entidad que gestione el cobro del servicio de recogida de residuos (tasa de basura), con indicación de la cantidad recaudada por meses.

5º- Sistemas de recogida separada de la fracción orgánica: tipología de los contenedores (control de usuario), número de unidades y coste total.

6º- Nuevas Ordenanzas municipales de residuos. La Ley 7/2022 estableció la obligación de que todos los municipios cuenten con una ordenanza de residuos actualizada, indicando cómo han de actuar los ciudadanos para depositar sus residuos de manera correcta en los medios municipales.

7º- Actualización del convenio con Ecoembes para asegurar el cumplimiento del artículo 23.4 del Real Decreto 1055/2022, por el cual deben hacerse cargo de todos los costes asociados a la recogida de envases.

Ecologistas en Acción recuerda que la tasa de basuras debe depender de la cantidad de residuos generada en cada vivienda y no como hacen ahora los ayuntamientos, que pagan con recursos propios el tratamiento de basuras y por tanto los detraen de otros servicios municipales. Las vecinas tendrán así motivos para generar menos residuos y separarlos mejor.

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• La resolució arriba després d’analitzar les al·legacions presentades per la Colla Ecologista d’Alacant – Ecologistes en Acció.
• L’autorització pretenia regularitzar un abocament il·legal sense permís actiu des de 2010.

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha decidit denegar l’autorització d’abocament d’aigües residuals a les aigües subterrànies sol·licitada per l’Ajuntament del Campello per a l’EDAR La Merced situada a la urbanització Cala Merced.

El conjunt de sis al·legacions de la Colla Ecologista d’Alacant, presentades el 3 de novembre de 2025, advertien de múltiples deficiències en la sol·licitud, tant des del punt de vista tècnic com ambiental i administratiu, i reclamaven la denegació d’una autorització que pretenia legalitzar un abocament que s’ha vingut produint durant anys sense permís.

Zona de vessaments de l’EDAR La Merced, a El Campello.

El propi Ministeri reconeix en el seu informe que l’abocament de l’EDAR de La Merced (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) s’ha realitzat sense autorització administrativa almenys des de 2010, confirmant així un dels aspectes més greus denunciats per la Colla Ecologista.

Malgrat això, el procediment s’havia orientat a regularitzar a posteriori una situació irregular prolongada en el temps, una pràctica que les entitats ecologistes consideren incompatible des del punt de vista del compliment de la legalitat ambiental.

No obstant això, la denegació final no es fonamenta en una valoració crítica d’eixe abocament històric, sinó en l’existència d’una alternativa ja en execució: la connexió del sanejament de la zona nord del Campello amb l’EDAR Alacantí Nord. Segons els informes de la Generalitat Valenciana i de l’EPSAR, aquestes obres finalitzaran previsiblement en 2026, la qual cosa farà que la depuradora de La Mercè deixe d’estar operativa.

EDAR La Merced, El Campello.

Per tant, el Ministeri considera improcedent autoritzar un abocament a aigües subterrànies en una instal·lació amb caràcter temporal i situada a més en una zona inundable, amb risc potencial d’escorrenties cap a zones urbanitzades i àrees de bany pròximes com a Cala Lanuza.

Aquest argument coincideix plenament amb una de les principals al·legacions de la Colla Ecologista, que denunciava l’absència d’una anàlisi real d’alternatives i la falta de sentit a autoritzar un abocament quan existeix una solució definitiva ja en marxa.

No obstant això, la resolució deixa uns certs aspectes preocupants amb la desestimació d’altres al·legacions relatives a la caracterització del punt d’abocament, a les dades de funcionament de l’EDAR i als possibles desplaçaments laterals de l’efluent cap a la mar, els quals es recolzen en informes tècnics que, segons el col·lectiu ecologista, són incomplets i amb errors en l’estudi hidrogeològic.

Des de la Colla Ecologista d’Alacant – Ecologistes en Acció es valora positivament la denegació de l’autorització de l’abocament, en suposar un fre a una pràctica ambientalment injustificable. No obstant això, l’entitat vol recordar que aquesta decisió arriba després de més d’una dècada d’abocaments sense autorització i sense que s’hagen depurat responsabilitats.

Així mateix, s’insisteix en la necessitat que les administracions públiques actuen amb major rigor preventiu, evitant que situacions il·legals es mantinguen durant anys per a ser posteriorment «regularitzades» mitjançant procediments administratius.

Finalment, la Colla Ecologista reclama que aquest cas servisca com a precedent per a reforçar el control dels abocaments i la protecció de les aigües subterrànies i costaneres, garantir la transparència en els procediments d’informació pública i prioritzar sempre solucions definitives que eviten impactes ambientals innecessaris.

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• 60 años de la catástrofe de Palomares y persiste la inacción administrativa.
• La Federación de Ecologistas en Acción de Almería, alerta que posiblemente, más del 90 % del plutonio-241 original ya se ha convertido en americio-241, cuya vida media es de 432 años.
• El movimiento de tierras por la urbanización del PA-4 de Palomares puede dispersar el americio-241 en el aire.

Con motivo del 60 aniversario de la catástrofe nuclear de Palomares (1966–2026), Ecologistas en Acción de Almería denuncia públicamente la persistente inacción de las administraciones públicas ante la contaminación radiactiva que aún afecta a la zona y alerta del grave riesgo que supone impulsar nuevos desarrollos urbanísticos sobre suelos y entornos que no han sido descontaminados.

La organización ecologista ha solicitado formalmente su personación en el expediente del Proyecto de Urbanización del sector PA-4 de Palomares, promovido por la Junta de Compensación para el Desarrollo de la Unidad de Ejecución PA-4, que actualmente se tramita por el ayuntamiento correspondiente. Denuncian que este procedimiento se está desarrollando sin haber sido citada a la consulta pública, vulnerando los principios de participación ciudadana, transparencia administrativa y protección ambiental recogidos en la normativa vigente.

Sesenta años después del accidente nuclear, la contaminación radiológica no solo persiste, sino que ha evolucionado hacia formas más peligrosas. Parte del material liberado en 1966 contenía plutonio-241, que durante su vida media útil, 14,3 años, se transforma progresivamente en americio-241, por lo que transcurridas casi seis décadas, se podría asegurar que casi el 100% del plutonio-241 original ya se ha convertido en americio-241, un elemento más radiotóxico y más móvil en el medio ambiente, especialmente peligroso por inhalación, y lamentablemente puede perdurar durante siglos, pues su vida media es de 432 años.

Ecologistas en Acción advierte que la no descontaminación del plutonio ha generado un riesgo creciente de contaminación del aire, ya que el americio puede resuspenderse en forma de partículas finas debido al viento, la sequía o cualquier movimiento de tierra asociado a obras y procesos de urbanización. Una vez inhaladas, estas partículas pueden depositarse en los pulmones, en órganos oseos y en el hígado, donde la radiación alfa que emiten supone un elevado riesgo para la salud humana y ambiental. Esta realidad convierte en especialmente irresponsable cualquier iniciativa urbanística en la zona sin haber resuelto previamente el problema radiológico.

En el marco del 60 aniversario se van a realizar diferentes acciones por colectivos y personas interesadas, desde presentaciones de libros, exposición de fotografías, charlas informativas etc.

Ecologistas en Acción de Almería, junto a otras organizaciones ecologistas y sociales, convoca un acto público reivindicativo, de información y reflexión: “60 años del accidente nuclear de Palomares” con una mesa redonda “60 años de despropósitos gubernamentales. Palomares, una deuda pendiente”, en el Salón de Actos de la Biblioteca Villaespesa (Almería). En dicho acto que se celebrará el próximo 26 de enero, a las 18:30 h, se analizará la inacción gubernamental, los riesgos radiológicos actuales, los impactos ambientales y el despropósito que supone urbanizar un territorio que arrastra una deuda histórica en materia de justicia ambiental.

Desde Ecologistas en Acción Almería se insiste en que no puede haber desarrollo urbanístico sin una descontaminación radiológica completa, ni puede seguir posponiéndose una solución definitiva que garantice la seguridad de la población, la protección del medio ambiente y la reparación de una injusticia que se prolonga desde hace seis décadas.

Palomares no puede seguir siendo una herida abierta.

Alegaciones Quitapellejos

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Originalmente las centrales de energía nuclear se crearon dentro de un plan de estrategia energética, debido a la gran dependencia que existía hasta esa fecha, de los combustibles fósiles. Así, tras la creación, en la antigua URSS, del primer reactor de energía nuclear en 1954, sobrevino un periodo de edad dorada nuclear, entre 1960 y 1988, cuando se pasó de apenas 16 centrales de energía nuclear a 416.

Acontecimientos como el ocurrido en la central nuclear americana de Three Mile Island en 1979, o el de Chernóbil en 1986 supusieron un alto a una mayor implantación de este tipo de modelo energético. De hecho, desde entonces apenas se ha construido una central nuclear al año en todo el mundo.

El terremoto y posterior tsunami ocurrido el pasado 2011 en Japón derivó en otra catástrofe nuclear, cuya magnitud eclipsó a la del propio terremoto y volvió a recordarnos los peligros de la actividad nuclear. La alarma social creada llevó a políticos de todo el mundo a hacer promesas, más o menos comprometidas con los movimientos antinucleares, especialmente en aquellos países que más dependen de la energía nuclear. Y es que actualmente, debido a la inversión y el desarrollo de sistemas de generación energética a partir de fuentes renovables, es el momento de traer a primer plano de la actualidad la discusión sobre la necesidad de las plantas de energía nuclear a fin de conseguir compromisos políticos aprovechando el momento de sensibilidad social.

En este contexto, y quizá debido a él, en Europa el pasado año se aprobó el llamado “Paquete Nuclear” de directivas sobre seguridad nuclear y tratamiento de residuos nucleares, en un intento de comprometer a los Estados Miembros, no ya con la seguridad en las plantas de energía nuclear, sino sobre todo, con el tratamiento de los residuos generados por el combustible consumido en los reactores. Así en las directivas se compromete a los Estados Miembros para el desarrollo, en el ámbito nacional, de plantas de almacén final para residuos nucleares.

Y es que tras más de 50 años utilizando energía nuclear para uso civil, es necesaria la generación de lugares de almacenamiento final de residuos procedentes del combustible empleado en las centrales nucleares. Actualmente la mayoría de los residuos de combustible nuclear se encuentran en las piscinas de los reactores nucleares, pues se necesitan entre 40-50 años para que estos residuos puedan ser manipulados en unas condiciones de seguridad permisibles. Aunque hay distintos tipos de tratamiento del combustible nuclear, ninguno de ellos puede ser considerado como definitivo. Por lo que durante todo este tiempo se ha utilizado y se sigue usando la energía nuclear, sin saber exactamente qué hacer con los residuos que se ella se derivan.

Dadas las características de los residuos, en muchos países se ha optado por la creación de almacenes en espacios geológicos a gran profundidad, en los que gracias a una superposición de barreras naturales y artificiales se quiere aislar al máximo la radiación para evitar daño a las personas y el medioambiente. El almacén consistiría en túneles o cavernas en las que se depositarían los residuos empaquetados. En algunos casos los contenedores de residuos serán rodeados por material como cemento o arcilla para proveer otra barrera. Las opciones de contenedor varían según el tipo de residuo y la naturaleza geológica del lugar. La profundidad de estos lugares varía desde 250 a 1000 m. Sin embargo debido a la gran duración de la radiactividad de estos residuos (del orden de decenas o centenas de miles de años) es imposible pronosticar la total efectividad de las medidas.

Un antecedente conocido, y sobre el que se han realizado multitud de estudios que sirven de base para plantear este tipo de almacenes, ocurrió hace 2 millones de años, cuando por las condiciones naturales, en una zona del oeste de África rica en uranio, se produjo una serie de reacciones nucleares. La actividad se prolongó durante 500.000 años, y actualmente los residuos que quedan no presentan radioactividad.

Según recomendaciones de la Agencia Internacional para la Energía Atómica, estos lugares de almacenaje de residuos nucleares deben garantizar el aislamiento de los residuos nucleares de forma pasiva, es decir sin que sean necesarias medidas de control o mantenimiento a generaciones futuras. Por lo que todo empleo generado en la región será temporal, mientras que la contaminación será para siempre o al menos durante decenas de miles de años, en el mejor de los casos.

Aún hay controversia a nivel internacional sobre si estos espacios geológicos a gran profundidad deben ser cerrados y sellados completamente, lo que mejoraría en la medida de lo posible el aislamiento de los residuos; o si debe permitirse la posibilidad de recuperar los residuos por si en el futuro el posible utilizarlos nuevamente como fuente de energía. En la actualidad no existe en el mundo ningún almacén final de residuos nucleares. El único ejemplo es una planta piloto en EEUU donde se almacenan desde 1999 residuos nucleares derivados de la actividad investigadora y de la industria bélica.

Quizá haya llegado el momento de echar tierra sobre la energía nuclear, o quizá veamos florecer en los próximos años más plantas de energía nuclear alrededor del mundo (ante el problema del pico del petróleo… pero tengamos en cuenta que los costes previstos de construir y desmantelar centrales nucleares, y guardar sus residuos en ATCs se calculan teniendo en cuenta precios del petróleo asequibles, como los actuales, lo cual puede durar no mucho). En todo caso, ya que la tecnología nos ha llevado hasta aquí, esperemos seguir progresando y encontrar soluciones, aunque sean para problemas generados en el pasado.

Francisco J. López
Voluntario Greenpeace (grupo local de Málaga)

Más información:

• Las lecciones de Fukushima, un año después, por Greenpeace.
• Argumentos Aplastantes CONTRA las Centrales Nucleares.
• ¿Son Defendibles las Centrales Nucleares? (la lotería nuclear y los dos argumentos a favor de las centrales nucleares).
• Un Cementerio Nuclear (ATC) es una Mala Inversión.
• Las Nucleares obligan a parar nuestros Aerogeneradores.
• Ventajas e Inconvenientes de las Energías Sostenibles: Renovables y Ecológicas.

• Ecologistas en Acción de La Ribera denuncia la destrucción del sotobosque y el vertido de plásticos, envases y basura en el río Queiles en su tramo urbano a su paso por la ciudad de Tudela.

El Ayuntamiento de Tudela ha llevado a cabo con maquinaria pesada la “limpieza” de las riberas del río Queiles a su paso por la ciudad, eliminando especies vegetales para las que no tenía permiso como las zarzas que son un tipo de arbusto. Sólo tenían permiso para eliminar las cañas, que es una especie exótica invasora. Además, han destruido gravemente el hábitat de especies de aves insectívoras que invernan y se alimentan en el río Queiles como petirrojos y currucas. Nuestro río Queiles es de los pocos ríos de España en los que habita el Visón Europeo, que está en Peligro de Extinción. ¿Dónde van a criar en primavera todas las aves que allí lo hacían? ¿Y el Visón?

A su vez, en los trabajos de la maquinaria pesada se dejaron al descubierto miles de envases, bolsas de plástico, basura en general que no fue recogida y que acabo en el río Queiles. Los plásticos, envases y basura en general aparecieron entre las cañas y otras especies de arbustos como zarzas en todo el tramo urbano del Queiles, pero en especial en el tramo cercano al mercadillo que se ubica en el Paseo de los Poetas los sábados.

Ecologistas en Acción de La Ribera lamenta la falta de sensibilidad medioambiental del Ayuntamiento de Tudela. A su vez la entidad ecologista denuncia la inconveniencia de estas obras, ya que es precisamente el sotobosque y resto de vegetación lo que frena la velocidad de las aguas en una crecida inminente. Esta es una concepción totalmente equivocada de la gestión de los ríos y de la prevención de daños ante crecidas e inundaciones. Ninguna limpieza de verdad destruye un hábitat y arroja envases, bolsas de plástico y basura en general al cauce.

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