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AnteayerSalida Principal

Denuncian el fracaso de la política de residuos de la Comunidad de Madrid

23 Julio 2026 at 15:52
  • Ecologistas en Acción denuncia que la Comunidad de Madrid sigue entre las comunidades autónomas con peores resultados de reciclaje de España, con una tasa del 40,8 %, muy por debajo del objetivo europeo del 50%
  • La gestión por mancomunidades evidencia un rotundo fracaso: la Mancomunidad del Sur apenas recicla el 28,4 % y la del Noroeste el 32,8 %

La apertura del procedimiento de infracción de la Comisión Europea contra España por incumplir los objetivos de reciclaje pone de manifiesto el fracaso de las políticas de residuos de la Comunidad de Madrid cuya gestión depende exclusivamente del gobierno regional, del Ayuntamiento de Madrid y de las mancomunidades de gestión de residuos.

Los últimos datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico correspondientes a 2022 sitúan a la Comunidad de Madrid con una tasa de preparación para la reutilización y reciclado del 40,8 %, muy lejos del objetivo europeo del 50 % en 2020 y entre las comunidades autónomas con peores resultados del país.

La organización señala que la situación es aún más preocupante cuando se analizan los datos por mancomunidades. La Mancomunidad del Sur, que gestiona los residuos de 71 municipios y más de dos millones de habitantes, apenas alcanza un 28,4 % de reciclaje, mientras que la Mancomunidad del Noroeste se queda en un 32,8 %. Solo la Mancomunidad del Este supera el objetivo europeo, con un 53,3 %.

Señalan que estos datos de valoración se obtienen por exclusión de residuos incinerados y vertidos, y aseguran que una valoración precisa de los residuos reciclados y reutilizados aún daría para una valoración más negativa.

Residuos

Residuos

Para Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, estos datos demuestran el fracaso del modelo de gestión regional, basado en grandes complejos de tratamiento y eliminación. Consideran especialmente preocupante que, pese a estos malos resultados, la respuesta de las administraciones siga siendo proyectar nuevas ampliaciones de vertederos y mantener un modelo centrado en el tratamiento del residuo mezclado, en lugar de apostar decididamente por la prevención, la reutilización, la recogida separada de calidad y el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).

En su comunicado, la organización ecologista ha asegurado que “los datos oficiales desmontan el discurso del Gobierno regional. Madrid no sólo incumple los objetivos europeos, sino que las dos principales mancomunidades de residuos presentan resultados propios de un sistema agotado que necesita una transformación profunda”.

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Denunciamos un vertedero de residuos agrícolas junto a la Rambla de Inox, en el Campo de Níjar

18 Julio 2026 at 10:26
Por: Sanlúcar

La federación de Ecologistas en Acción de Almería, dentro de su campaña STOP VERTIDOS ILEGALES, ha denunciado ante la Junta de Andalucía, la Fiscalía de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Níjar, la acumulación incontrolada de residuos agrícolas en una parcela del paraje Boqueras Altas (Níjar), con una superficie de 13.018 m², que linda directamente con el cauce de la Rambla de Inox.

El depósito está formado por plásticos de invernadero, ingentes montones de rafia con lo que parecen aún restos vegetales y residuos peligrosos, abandonados sobre el terreno y en el entorno inmediato del cauce. Entre los residuos detectados en la parcela y sus inmediaciones figuran tuberías de uralita (fibrocemento, con posible contenido de amianto) y un vehículo abandonado, ambos residuos peligrosos. Está por ver si en la parcela también hay envases fitosanitarios. Al situarse junto a la rambla —un curso natural integrante del dominio público hidráulico—, los residuos quedan expuestos a ser arrastrados aguas abajo en cualquier episodio de lluvia torrencial, multiplicando la contaminación por microplásticos del suelo, del acuífero del Campo de Níjar y de los espacios naturales situados aguas abajo, como el Parque Natural de Cabo de Gata. La parcela está en la llanura de inundación de la rambla de Inox, afluente de la Rambla Morales, humedal de importancia internacional.

Las ramblas almerienses actúan como corredores ecológicos, zonas de recarga de acuíferos y vías naturales de evacuación al mar. Episodios como el de la riada de 2019 demostraron que estos vertidos no permanecen donde se depositan: terminan en el litoral y, en última instancia, en el Mediterráneo.

No se trata de un caso aislado ni sin recorrido judicial. En el mismo Poniente almeriense, el vertedero ilegal del paraje de Las Palmerillas (Roquetas de Mar), denunciado por esta organización, terminó en condena penal en noviembre de 2025: el responsable fue sentenciado a dos años y un día de prisión por un delito agravado contra los recursos naturales y el medio ambiente, además de la inhabilitación para la gestión de residuos y la obligación de asumir los costes de restauración. Ecologistas en Acción advierte de que el vertido de Boqueras Altas puede seguir el mismo camino si las administraciones no actúan con diligencia.

Ecologistas en Acción de Almería reclama a las administraciones competentes:

  1. La inspección urgente de la parcela y del cauce de la Rambla de Inox.
  2. La retirada inmediata de los residuos por gestor autorizado y la restauración del terreno.
  3. La identificación y sanción de los responsables del vertido.
  4. Medidas efectivas de vigilancia para evitar que las ramblas del Campo de Níjar sigan utilizándose como vertederos.

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Diez años respirando gasolina en Coria del Río

10 Julio 2026 at 01:53
Por: Sevilla

Diez años respirando gasolina: los informes forenses confirman que la contaminación por hidrocarburos ha dañado la salud del vecindario de Coria del Río

Ecologistas en Acción denuncia que unas 4.000 personas continúan viviendo sobre un suelo contaminado mientras las administraciones mantienen paralizada la descontaminación y siguen sin hacer públicos los últimos análisis de calidad del aire [Vídeo de la contaminación].


Diez años después del inicio de uno de los mayores episodios de contaminación por hidrocarburos registrados en una zona residencial andaluza, la Justicia dispone ya de informes forenses que establecen una relación directa entre la exposición continuada a sustancias tóxicas y los daños en la salud de parte del vecindario de la barriada Guadalquivir de Coria del Río.

Para Ecologistas en Acción, esta conclusión supone un punto de inflexión en un caso marcado durante una década por la lentitud administrativa, la falta de coordinación institucional y la ausencia de medidas eficaces para proteger la salud pública. Mientras tanto, alrededor de 4.000 personas continúan viviendo en un barrio donde persiste el olor a gasolina y donde la contaminación del suelo, el subsuelo, las aguas y el aire sigue sin resolverse.

Los nuevos informes del Instituto de Medicina Legal, incorporados al procedimiento judicial en junio de 2026, respaldan las denuncias que las personas afectadas vienen realizando desde hace años y coinciden con las conclusiones recogidas en el informe de la Fiscalía General del Estado de 13 de diciembre de 2024, elaborado a partir de 65 informes técnicos y periciales.

Según dicho informe, el origen de la contaminación se sitúa en una fuga detectada en 2017 en un depósito de la estación de servicio Zamarrilla. El combustible habría alcanzado un emisario de aguas que atraviesa la barriada a través de una conducción deteriorada con grietas, extendiendo la contaminación por el subsuelo hasta afectar al entorno urbano, las aguas subterráneas y el río Guadalquivir.

El informe de la Fiscalía incorpora además un estudio elaborado por Inerco en octubre de 2019 que describe la presencia de un hidrocarburo altamente degradado que llevaría aproximadamente diecisiete años descomponiéndose bajo el barrio, una circunstancia que incrementa su toxicidad y evidencia la prolongada permanencia del foco contaminante.

Una emergencia ambiental y sanitaria que continúa abierta

Ecologistas en Acción recuerda que numerosas personas han padecido durante estos años enfermedades, síntomas persistentes y graves problemas de salud que han motivado múltiples evaluaciones médicas y forenses. Buena parte del vecindario ha colaborado voluntariamente con la investigación judicial, poniendo su propia salud al servicio de la ciencia para esclarecer las causas de esta contaminación.

La organización denuncia que los informes forenses se han elaborado con un número limitado de informes médicos remitidos por la Junta de Andalucía y lamenta especialmente que entre la documentación aportada no existan informes correspondientes a menores afectados.

A ello se suma la falta de transparencia institucional. Los resultados de las últimas campañas de medición de la calidad del aire siguen sin hacerse públicos, pese a haber sido reclamados formalmente tanto por la Asociación de Vecinos Barriada Guadalquivir como por Ecologistas en Acción.

Diez años de retrasos y responsabilidades pendientes

La organización ecologista considera especialmente grave que la recuperación de los suelos contaminados continúe bloqueada diez años después del inicio del problema. A su juicio, la descontaminación debería haber constituido la primera prioridad de todas las administraciones implicadas.

El procedimiento judicial continúa abierto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Coria del Río y en el Juzgado de Instrucción nº 20 de Sevilla, mientras diferentes administraciones —entre ellas la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Ayuntamiento de Coria del Río, Aljarafesa y Emasesa— siguen personadas en un procedimiento de enorme complejidad.

Para Ecologistas en Acción, durante estos años ha predominado la defensa de intereses administrativos y reputacionales sobre la protección efectiva de la ciudadanía. La organización lamenta igualmente que el grupo de trabajo creado por el Parlamento de Andalucía en 2025, del que quedaron excluidas las organizaciones vecinales y ecologistas, terminara disolviéndose sin ofrecer soluciones concretas. Tampoco llegó a materializarse el protocolo sanitario específico anunciado entonces para personas afectadas por contaminación industrial.

«La ciencia confirma lo que el vecindario lleva diez años denunciando»

El portavoz de Ecologistas en Acción, José Carlos González, afirma que:

«La ciudadanía nunca exageró. Lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario: durante diez años se ha minusvalorado un problema gravísimo de salud pública. Hoy los informes forenses empiezan a confirmar lo que las vecinas y los vecinos denunciaban desde el primer momento.»

González añade que «resulta inaceptable que hayan tenido que pasar diez años para que las instituciones comiencen a reconocer oficialmente los efectos de una contaminación que nunca dejó de existir. Ninguna administración puede dar por cumplida su obligación mientras miles de personas sigan viviendo sobre un suelo contaminado.»

Ecologistas en Acción exige actuaciones urgentes

Ante las nuevas evidencias científicas y judiciales, Ecologistas en Acción reclama:

  • La publicación inmediata de los resultados de las mediciones de calidad del aire.
  • El inicio urgente de la descontaminación integral del suelo, el subsuelo y las aguas afectadas.
  • Un seguimiento sanitario especializado para todas las personas expuestas, con especial atención a la población infantil.
  • La máxima transparencia informativa por parte de todas las administraciones implicadas.
  • La depuración de las responsabilidades administrativas, políticas y, en su caso, penales que correspondan.

La organización ecologista reitera su compromiso de seguir acompañando a la Asociación de Vecinos Barriada Guadalquivir y considera que este caso representa uno de los mayores ejemplos de injusticia ambiental registrados en Andalucía, donde durante una década miles de personas han convivido con una contaminación persistente sin que las administraciones hayan ofrecido una solución efectiva.

Dossier notas prensa EEA (enlaces)

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La oposición vecinal crece ante el proyecto de una macroplanta de biogás en el Aljarafe próxima a Doñana

7 Julio 2026 at 14:20
Por: Sevilla
  • La Junta de Andalucía ha abierto el trámite de información pública para la autorización de una macroplanta de biogás y biometano que pretende tratar hasta 140.000 toneladas anuales de residuos.
  • El anuncio, publicado en el BOJA el pasado 1 de junio, ha provocado una creciente inquietud entre la ciudadanía de Bollullos de la Mitación, Benacazón y otros municipios del Aljarafe, donde ya se está articulando una respuesta vecinal e institucional frente al proyecto.

Macroplanta de biogás en el Aljarafe próxima a Doñana

La preocupación ha ido en aumento tras conocerse diversas deficiencias detectadas por el propio Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, que ha trasladado oficialmente sus objeciones durante el procedimiento administrativo. Entre ellas destaca la proximidad de la instalación al entorno de Doñana, ya que la ubicación proyectada se encuentra a tan solo 240 metros de los límites de la Reserva de la Biosfera, uno de los espacios naturales más emblemáticos y protegidos de Europa.

Las alegaciones municipales también cuestionan la calidad de la documentación presentada por la empresa promotora. Según denuncia el consistorio, el estudio no refleja adecuadamente la realidad poblacional del entorno, al omitir la existencia de la urbanización La Juliana, situada a menos de tres kilómetros de la planta proyectada. En esta zona residen miles de personas y se ubican diversos centros educativos, circunstancias que no habrían sido correctamente consideradas en la evaluación de impactos.

Otro de los aspectos que generan preocupación es el posible impacto sobre la salud pública. Los estudios de olores aportados por la promotora son considerados insuficientes por parte de las personas afectadas y de la administración local, al entender que no analizan de forma rigurosa las molestias y riesgos que podrían derivarse de una instalación de estas dimensiones en un entorno habitado.

La movilidad constituye igualmente uno de los focos de conflicto. El funcionamiento de la planta requeriría la entrada y salida continua de camiones de gran tonelaje cargados con residuos orgánicos, lo que podría traducirse en un incremento significativo del tráfico pesado, del ruido, de las emisiones asociadas al transporte y de los riesgos para la seguridad vial en la comarca.

A ello se suman las dudas sobre la compatibilidad urbanística y paisajística del proyecto. Las alegaciones presentadas consideran que la instalación resulta difícilmente compatible con los valores agrarios, territoriales y paisajísticos que caracterizan al Aljarafe y que forman parte de la identidad histórica de la comarca.

Ante esta situación, vecinas, vecinos y colectivos sociales están impulsando la creación de una plataforma ciudadana en coordinación con alcaldías de municipios afectados. Entre sus prioridades figura la organización de una campaña masiva de presentación de alegaciones durante el periodo de exposición pública, cuyo plazo finaliza treinta días hábiles después de la publicación del proyecto. Paralelamente, se estudian diferentes iniciativas de movilización social pacífica para visibilizar el rechazo existente en el territorio.

El debate trasciende, sin embargo, el ámbito local. El auge de las plantas de biogás se ha convertido en uno de los fenómenos más significativos de la política energética española de los últimos años. Numerosos colectivos ecologistas y plataformas ciudadanas advierten de que buena parte de estas infraestructuras están vinculadas al crecimiento de modelos de ganadería y agricultura industrial intensiva, altamente dependientes de la generación masiva de residuos.

Las plantas de biogás utilizan como materia prima estiércoles, purines, residuos agrícolas, lodos de depuradora, residuos orgánicos urbanos y determinados residuos industriales para producir gas destinado al mercado energético. Aunque sus promotores presentan estas instalaciones como una herramienta para la economía circular y la transición energética, cada vez más territorios cuestionan sus impactos ambientales, sociales y paisajísticos, especialmente cuando se proyectan cerca de núcleos habitados o espacios naturales de elevado valor ecológico.

Emisiones industriales y focos potenciales de una planta de biogás

La expansión del sector está siendo especialmente rápida. España ha pasado de contar con apenas 39 plantas operativas en 2016 a más de 200 en la actualidad. Los objetivos fijados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevén un crecimiento aún mayor durante los próximos años, acompañado de inversiones multimillonarias. Sin embargo, a medida que aumenta el número de proyectos, también crece la contestación social en numerosos municipios que reclaman una planificación territorial más rigurosa, mayores garantías ambientales y una evaluación transparente de los efectos acumulativos de estas instalaciones.

La controversia abierta en el Aljarafe se suma así a un debate cada vez más presente en distintos puntos del Estado: cómo compatibilizar la producción energética con la protección del territorio, la salud de las poblaciones locales y la conservación de espacios naturales de extraordinario valor ecológico como Doñana.

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Ecologistas en Acción de Madrid rechaza la ampliación del vertedero de Valdemingómez

7 Julio 2026 at 10:22
  • La organización ha presentado alegaciones al proyecto de apertura de las celdas 8 y 9 del vertedero de Las Dehesas al considerar que no se justifica la necesidad de nueva capacidad de vertido.
  • Denuncian que la ampliación del vertedero de Valdemingómez está sobredimensionada y compromete los objetivos de reducción de residuos.
  • Reclaman que se estudien alternativas basadas en la prevención, la reutilización y el reciclaje, en lugar de seguir ampliando la capacidad de eliminación de residuos.

La organización ecologista ha presentado alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de apertura de las celdas 8 y 9 del vertedero de Las Dehesas, en Valdemingómez, por considerar que la ampliación prevista carece de una justificación suficiente y presenta importantes deficiencias en su evaluación ambiental.

La organización denuncia que el proyecto parte de una previsión de residuos que mantiene prácticamente constante la cantidad de residuos destinados a vertedero entre 2030 y 2035, precisamente cuando la legislación europea y estatal obliga a intensificar la reducción del vertido. Según las estimaciones realizadas por Ecologistas en Acción, la capacidad prevista para las nuevas celdas estaría sobredimensionada en más de 800.000 toneladas.

“No tiene sentido seguir ampliando la capacidad de un vertedero con cálculos que ignoran los objetivos legales de reducción del vertido. La planificación debe responder a las obligaciones de la economía circular, no perpetuar un modelo basado en eliminar residuos”, señalan desde Ecologistas en Acción Madrid.

Las alegaciones también critican que el Estudio de Impacto Ambiental limite el análisis de alternativas a ampliar el vertedero, mantener la situación actual o buscar otro emplazamiento, sin valorar medidas destinadas a reducir la generación de residuos y el rechazo mediante la prevención, la reutilización, la recogida separada y el reciclaje, tal y como establece la jerarquía de residuos recogida en la Ley 7/2022.

Asimismo, Ecologistas en Acción Madrid considera insuficiente la evaluación de los impactos acumulativos del complejo de Valdemingómez, la organización advierte  que prolongar la actividad de éste, el mayor centro de tratamiento de residuos de España, exige analizar de forma conjunta sus efectos sobre la calidad del aire, las emisiones de gases de efecto invernadero, los olores, el tráfico pesado, la gestión de lixiviados, las aguas y la salud de la población, además de valorar la concentración histórica de cargas ambientales que soporta el sureste de la ciudad y otros municipios limítrofes.

“Valdemingómez lleva décadas concentrando las principales infraestructuras de tratamiento y eliminación de residuos de Madrid. Antes de ampliar de nuevo el vertedero es imprescindible evaluar el impacto acumulado que soporta este territorio y apostar decididamente por políticas que reduzcan la necesidad de seguir enterrando residuos”, añade la organización.

Por todo ello, Ecologistas en Acción Madrid solicita que se revise la justificación de la nueva capacidad de vertido con escenarios compatibles con los objetivos de reducción previstos para 2035, que se amplíe el análisis de alternativas de gestión y que se reevalúen los impactos acumulativos del conjunto del complejo antes de autorizar la apertura de las nuevas celdas.

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Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid rechaza otra ampliación del vertedero de Pinto

1 Julio 2026 at 10:00

La organización considera que el proyecto incumple la normativa de economía circular, perpetúa un modelo basado en el vertido y agrava los impactos ambientales y sobre la salud en el sur de la región.

Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones al proyecto de la Mancomunidad del Sur para ampliar el complejo “La Marañosa”, más conocido como vertedero de Pinto, aunque se extiende también por los términos municipales de Getafe y San Martín de la Vega.

La organización considera que esta propuesta consolida un modelo de gestión de residuos contrario a los objetivos  europeos de economía circular que se recogen en la Ley 1/2024 de Economía Circular de la propia Comunidad de Madrid. Según los cálculos de la organización, la capacidad prevista para el periodo 2024-2032 supera en un 76 % el volumen de residuos compatible con las obligaciones legales de reducción del depósito en vertedero.

Lamentan que el proyecto se plantea de forma fragmentada, sin evaluar conjuntamente los impactos acumulados de un complejo que recibe los residuos de 71 municipios que aglutinan más de dos millones de personas, y que ha sido ampliado de forma sucesiva hasta alcanzar las 148 hectáreas en la actualidad. Recuerdan, además, que el cierre del vertedero estaba previsto para 2025 y exigen que se determine su vida útil y se fije una fecha de cierre definitiva para una instalación que lleva ya cuarenta años en funcionamiento.

Y es que llueve sobre mojado ya que en el mes de marzo la Comunidad de Madrid sometía a información pública el estudio de alcance de una nueva ampliación del vertedero que afecta principalmente al territorio de San Martín de la Vega. Con poco más de un mes de diferencia, se vuelve a abrir proceso similar sobre la solicitud de modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada y el estudio de impacto ambiental para el proyecto de ampliación, que afecta esta vez a los viales y al recrecido de las fases II y III del vertedero, ya colmatadas y en proceso de desgasificación.

Ecologistas en Acción también reclama un mayor control de las emisiones de metano mediante sistemas independientes de medición en continuo, tras los graves escapes de este gas de efecto invernadero detectados en los últimos años, así como medidas eficaces para prevenir e incrementar la recogida separada de la fracción orgánica, reduciendo la cantidad de residuos que llegan al vertedero sin tratamiento adecuado. En este sentido reconocen que la implantación del contenedor marrón para fracción orgánica es una medida prioritaria, junto con la prevención, para mejorar la separación en origen, y se lamentan de la falta de información sobre los  municipios mancomunados que cuentan ya con este tipo de contenedor, información no disponible que la organización ecologista ha solicitado formalmente a la Mancomunidad del Sur sin que haya recibido respuesta.

Las alegaciones recogen otros aspectos como la falta de una adecuada evaluación de los efectos que el vertedero provoca en el Parque Regional del Sureste, único espacio natural protegido del sur madrileño sobre el que se asienta, ni sobre la calidad del aire y los olores perjudiciales para la salud y calidad de vida de los municipios colindantes, que siguen concentrando cargas ambientales consolidando un modelo territorial con graves desequilibrios.

Para Ecologistas en Acción, la Comunidad de Madrid no puede seguir resolviendo el problema de los residuos mediante la autorización de interminables ampliaciones de macrovertederos y debe exigir a la Mancomunidad del Sur una planificación integral que priorice la prevención, la reutilización y el reciclaje, relegando el vertido al último escalón de la jerarquía de residuos, tal y como establece la legislación vigente, con criterios de descentralización en instalaciones más pequeñas y sostenibles que transiten hacia una verdadera economía circular.

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Preocupación vecinal en El Provencio por el vertedero de residuos peligrosos

18 Junio 2026 at 11:15
  • Desde que se abrió en 2015 ha pasado de gestionar 2 a 41 tipos de residuos peligrosos y de tener 5 a 9 celdas de vertido, sin que la Junta de Castilla-La Mancha le haya sometido a una nueva evaluación ambiental.
  • A pesar de que la instalación para la gestión y vertido de residuos industriales peligrosos lleva operando más de 11 años, la mayoría de los vecinos desconocía sus características y funcionamiento.
  • Con una superficie cercana a las 12 hectáreas, el vertedero puede admitir hasta 18.650 toneladas al año de residuos peligrosos (en torno a 1.200 camiones), de los que puede verter en sus celdas hasta 11.050 toneladas.

El pasado sábado de 13 de junio, 50 vecinos de El Provencio y Las Pedroñeras se reunieron en el Centro Social de El Provencio a las 20h convocados por Ecologistas en Acción, para informarse y organizarse sobre el vertedero de residuos peligrosos ubicado en la localidad.

Carlos Villeta explicó las características del proyecto ubicado sobre el Acuífero de la Mancha Occidental y a escasos 200 metros de la tubería manchega que abastece de agua potable a numerosas poblaciones. Destacando las 9 modificaciones “no sustanciales”, aprobadas, pasando de gestionar en 2015 dos tipos de residuos peligrosos a los 41 de la actualidad. Así como la ampliación de la capacidad, pasando de 5 a 9 celdas de vertido. Al considerar estos cambios “no sustanciales” por la Consejería de Desarrollo Sostenible, la empresa titular no han tenido que someterse a una nueva evaluación ambiental ni a autorización ambiental integrada.

El basurero de El Provencio (propiedad de la empresa Gestión de Residuos El Provencio S.L), es el único almacén de residuos peligrosos en activo de toda Castilla-La Mancha. Especialmente preocupantes son las balsas de lixiviados, así como el origen, tratamiento y destino final de los 41 tipos de residuos peligrosos autorizados.

En una visita al vertedero el 13 de junio, se pudo identificar desde el exterior, grandes volúmenes de residuos con amianto, así como postes y traviesas de ferrocarril tratados con creosota que estaban siendo astillados. También se reciben (entre otros residuos peligrosos) lodos y tierra contaminada con hidrocarburos pero no se pudieron identificar.

En el acto informativo, se alertó de que, España en general y Castilla-La Mancha en particular, con una fiscalidad mínima, está impulsando la importación de residuos de otras zonas y países, promoviendo un peligroso negocio1.

También intervino en el acto público Ariosto de Haro, Geólogo, experto en control calidad de recubrimientos de vertederos, alertando sobre el riesgo de avenidas, desbordamientos y contaminación de acuífero.

Ya se han dado los primeros pasos en el conocimiento pormenorizado del vertedero de El Provencio, que se ha solicitado por escrito a la Consejería de Desarrollo Sostenible, información ambiental de las actividades del macrovertedero en los dos últimos años.
El grupo de asistentes, acordó constituirse en Plataforma y conformar un grupo de trabajo. También se animó a los vecinos a trabajar unidos para luchar contra un proyecto que hipoteca el futuro su tierra, evitando conflictos de siglas y electoralistas.

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