Fotografía: El 7 de marzo de 2026, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques contra las instalaciones urbanas de almacenamiento de combustible de Teherán, concretamente contra los depósitos de Shahran, en el oeste de la capital. Hamid Vakili
Artículo original publicado en elsaltodiario.com por Juan Laborda
Un nuevo orden internacional más equilibrado demandará también un nuevo pensamiento económico, uno que privilegie la estabilidad, la equidad y el control democrático sobre los mercados.
La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada bajo la administración de Donald Trump con el apoyo de Benjamin Netanyahu, representa una violación flagrante del derecho internacional y un punto de inflexión en el orden mundial. Este conflicto ilegal (al no contar con defensa propia legítima ni autorización del Consejo de Seguridad) constituye un “crimen de agresión”, descrito en los juicios de Núremberg como “el crimen internacional supremo” que contiene todo el mal de la guerra. La propia justificación brindada por Trump, alegando una supuesta amenaza inminente del programa nuclear iraní (evoca los falsos pretextos de la invasión de Irak en 2003), mostrando un desprecio cínico por la legalidad internacional. Las consecuencias geopolíticas son profundas: autores como Emmanuel Todd señalan que esta guerra evidencia la disolución del liderazgo occidental y la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en el sistema global.
Todd advierte que estamos ante el inicio de una “Tercera Guerra Mundial”, con Occidente atacando a potencias emergentes, y compara la debacle estadounidense con la caída de la URSS. De hecho, Todd afirma que en este nuevo conflicto “los ataques provienen de EEUU”, atribuyendo a Washington el papel agresor que antaño tuvieron los regímenes fascistas. En su análisis, la derrota estratégica de Occidente conduce al colapso de la civilización occidental, con síntomas como la desconexión de las élites respecto de la realidad. Este giro histórico marca el fin de la pretensión moral de Occidente para liderar el mundo, ya que viola las normas que dice defender. No es casual que figuras como Sheldon S. Wolin hayan descrito la deriva interna de Estados Unidos como un “totalitarismo invertido”, en el cual las instituciones democráticas se vacían mientras el Estado, controlado por unas pocas élites y corporaciones, persigue un poder sin límites y guerras permanentes. Wolin observó ya durante la ocupación de Irak que EEUU proyectaba una imagen de imperio y superpotencia que, lejos de exportar democracia, estaba erosionando su propia democracia interna en pos de un Estado autoritario.
En este contexto, la guerra contra Irán simboliza la ruptura definitiva: un Occidente que abandona la legalidad internacional y cuyos líderes – Trump, Netanyahu y sus colaboradores – podrían incluso enfrentar la condena de la historia (y en teoría, de la justicia internacional) por crímenes de guerra y agresión. Aunque la Corte Penal Internacional enfrenta límites jurisdiccionales (EE.UU. e Israel no son Estados parte del Estatuto de Roma), la mera posibilidad de un juicio por crímenes de guerra subraya la gravedad de la transgresión. En suma, esta guerra ilegal no solo desestabiliza Oriente Medio; también consuma la pérdida de legitimidad de Occidente, abriendo paso a un orden internacional post-occidental más multipolar y desafiante.
Impacto económico y soluciones poskeynesianas: inflación, fiscalidad y control de precios
Las consecuencias económicas de la guerra –en particular el aumento brusco de los precios de la energía (petróleo, gas) y de productos agrícolas básicos– han sacudido a la economía mundial. Los choques de oferta bélicos disparan la inflación de costes y amenazan con recesiones. Frente a este escenario, los economistas postkeynesianos proponemos una serie de soluciones heterodoxas, enfocadas en la intervención activa del Estado para estabilizar precios y sostener la demanda, en contraposición a las recetas neoliberales pasivas.
Aumentar el gasto en subsidios energéticos temporales, ayudas alimentarias y programas de empleo, financiados con déficits si es preciso, para proteger el poder adquisitivo de los hogares y evitar el colapso de la demanda agregada
En primer lugar, se enfatiza el uso de la política fiscal activa y los estabilizadores automáticos. Siguiendo la tradición de Hyman Minsky, un “Gobierno Grande” debe permitir déficits masivos en crisis para poner un suelo bajo la caída económica. Minsky argumentaba que un elevado gasto público y transferencias (como seguros de desempleo) actúan como amortiguadores automáticos que evitan depresiones profundas. En la crisis actual, esto implica aumentar el gasto en subsidios energéticos temporales, ayudas alimentarias y programas de empleo, financiados con déficits si es preciso, para proteger el poder adquisitivo de los hogares y evitar el colapso de la demanda agregada. Los estabilizadores automáticos (seguro de paro, impuestos progresivos) ya están diseñados para aumentar el gasto público en recesiones sin requerir nuevas leyes, proporcionando un estímulo inmediato.
En segundo lugar, los postkeynesianos proponemos controles estratégicos de precios y políticas de ingresos para frenar la inflación por el lado de los costes. A diferencia de la ortodoxia que rehúye la intervención o solo propone bajadas de impuestos que benefician a unos pocos, aumentando la extracción de rentas, economistas como John Kenneth Galbraith y Minsky han defendido controles selectivos cuando grandes oligopolios ya fijan precios a su antojo. Un ejemplo actual serían topes a los precios de la energía y alimentos esenciales durante la emergencia: al estar estos sectores dominados por pocos actores, el Estado puede limitar incrementos abusivos sin arriesgar desabastecimiento. De hecho, “las empresas ya controlan precios, por lo que no es difícil para el gobierno controlar lo que ya está controlado” refiriéndonos a mercados concentrados. Durante 2022-2023, varios países aplicaron topes al precio de la electricidad o gasolina con resultados muy positivos, señalando el camino de la intervención. Minsky, por su parte, no descartaba congelaciones salariales y de precios temporales pactadas – las clásicas políticas de ingresos, para frenar espirales inflacionarias de salarios y márgenes empresariales. La clave es combinar estas medidas con otras políticas para evitar efectos adversos (por ejemplo, subsidios a productores si se controla el precio final, para que mantengan la producción).
Tercero, los postkeynesianos enfatizan la inversión pública y la planificación de la producción en sectores críticos. Ante el encarecimiento de hidrocarburos, un Estado emprendedor puede invertir aceleradamente en energías alternativas (renovables, nuclear) para reducir la dependencia y estabilizar los costos energéticos a mediano plazo. De igual forma, puede financiar directamente aumentos de producción agrícola (o liberar reservas estratégicas de alimentos y energía) para compensar la escasez provocada por la guerra. Nicholas Kaldor propuso en los años 60 del siglo pasado un enfoque visionario: crear reservas internacionales de materias primas y hasta una moneda de reserva basada en commodities, de modo que los precios de productos clave se mantuvieran estables. Esa idea –revitalizada por Kaldor en 1964 durante la primera UNCTAD– buscaba estabilizar ingresos de países exportadores y contener la inflación importada en países consumidores, controlando la subida de precios con reservas públicas de alimentos y energía a nivel mundial. En la coyuntura actual, una versión actualizada podría ser acuerdos internacionales para aumentar la producción de petróleo (vía países OPEP+) o granos (vía corredores seguros) combinados con compras y ventas coordinadas de reservas para suavizar los precios.
En cuarto lugar, los economistas poskeynesianos planteamos medidas distributivas para enfrentar la inflación de guerra. Dado que gran parte de la reciente inflación proviene de “beneficios caídos del cielo” (windfall profits) en sectores oligopólicos favorecidos por la escasez, una solución es gravar esos beneficios extraordinarios y redistribuirlos. Un estudio poskeynesiano reciente (Wildauer et al., 2023) analizó distintas respuestas a un shock de precios energéticos y halló que la política más efectiva para contener la inflación sin destruir empleo fue redistribuir las ganancias extraordinarias a los trabajadores mediante impuestos a beneficios inesperados. En otras palabras, un “windfall tax” a petroleras, eléctricas o exportadores agropecuarios – cuyos precios se dispararon por la guerra – y destinar esa recaudación a aliviar a consumidores (vía subsidios, cheques energéticos o bajadas de otros impuestos) ayuda a frenar la espiral inflacionaria reduciendo márgenes empresariales excesivos, sin recurrir a la vía ortodoxa de provocar una recesión.
Esta estrategia poskeynesiana aborda la inflación como un “conflicto distributivo” –un tira y afloja entre beneficios y salarios– por lo que procura ajustar ese balance (vía impuestos y transferencias) en lugar de simplemente subir tipos de interés y enfriar la economía. Autores como Steve Keen apoyan enfoques no convencionales donde el control de la inflación no recaiga solo en el banco central, sino en políticas fiscales dirigidas y regulación, señalando que la inflación actual no proviene de una demanda sobrecalentada sino de choques de costos y de la arquitectura financiera que amplifica esos choques.
Todas estas medidas poskeynesianas rompen con el laissez-faire: implican un Estado intervencionista que coordina esfuerzos con el sector privado
Finalmente, es esencial mencionar que todas estas medidas poskeynesianas rompen con el laissez-faire: implican un Estado intervencionista que coordina esfuerzos con el sector privado (pactos de precios y salarios), que invierte directamente y que regula mercados clave. Lejos de “crowding out”, este enfoque sostiene que una presencia estatal fuerte es necesaria para stabilizar un capitalismo propenso a crisis, tal como Minsky teorizó en su hipótesis de inestabilidad financiera. Jan Kregel, seguidor de Minsky, destaca que, sin controles públicos, los mercados financieros tienden a exacerbar las fluctuaciones en lugar de amortiguarlas, y esto es evidente en la volatilidad de materias primas sin regulación. En resumen, la receta poskeynesiana ante el caos económico desatado por la guerra pasa por fiscalidad expansiva, control de precios estratégicos, inversión estatal y reparto equitativo de cargas, en lugar de confiar ciegamente en la contracción monetaria o la “mano invisible”, o meras bajadas de impuestos que solo beneficia a unos pocos. Se trata de rescatar el papel de la política económica democrática para proteger a las mayorías frente a la inflación y el desabastecimiento, evitando así que el coste de la guerra lo paguen los trabajadores y consumidores más vulnerables.
Desfinanciarización y reforma energética: frenar la especulación y rediseñar el mercado eléctrico
Un elemento crítico agravante de la actual crisis de precios es la financiarización de las materias primas y la desregulación de los mercados energéticos en décadas recientes. De ello ya hemos hablado largo y tendido en estas líneas, pero nadie hace nada. Petróleo, gas, trigo y otros commodities esenciales no solo se compran para consumo, sino que se negocian masivamente en mercados de futuros y derivados por inversores puramente financieros. Esta especulación intensiva ha amplificado los picos de precios durante la guerra: los fondos de inversión y banco añaden demanda artificial y volatilidad Los postkeynesianos llevamos tiempo advirtiendo de estos peligros. Jan Kregel, por ejemplo, sostiene que la entrada de actores financieros “no tradicionales” (fondos indexados, ETFs (exchange-traded funds), grandes bancos) en los mercados de alimentos y energía durante los 2000s fue un factor clave tras el alza de precios 2006-2008 y nuevamente en la guerra de Ucrania y en la crisis actual. Su análisis muestra cómo la especulación puede desvincular los precios de la oferta y demanda reales: los precios futuros suben por la “burbuja” financiera y arrastran los precios spot al alza, perjudicando tanto a consumidores como a países importadores pobres.
Para combatir esta financiarización desestabilizadora, los poskeynesianos proponemos reformas regulatorias profundas: volver a separar la banca comercial de las actividades especulativas (reinstituir elementos de la ley Glass-Steagall), imponer límites estrictos de posición a los fondos en mercados de futuros (evitando que un mismo actor acapare contratos de trigo o crudo), exigir mayores márgenes de garantía para frenar el apalancamiento en derivados, y prohibir instrumentos puramente especulativos como los fondos indexados de commodities que compran sin intención de uso físico. Adicionalmente, se aboga por mayor transparencia y regulación internacional: por ejemplo, una base de datos pública de inventarios globales y flujos de commodities, coordinada por la ONU, para disipar rumores y prevenir compras de pánico. Algunos economistas sugieren reactivar el espíritu de acuerdos previos (como el desaparecido Commodity Stabilization Corporation planteado por Keynes y Kaldor) adaptado al siglo XXI, creando consorcios internacionales que intervengan en mercados clave: comprando futuros cuando los precios se desploman por debajo de costos (sosteniendo a productores) y vendiendo reservas cuando hay picos especulativos (protegiendo a consumidores). Esto implicaría dotar de fondos a instituciones globales para operar como “market maker” de último recurso en materias primas esenciales, análogo a un banco central, pero para bienes físicos.
En el sector energético, la guerra ha evidenciado evidentes fallos del modelo liberalizado, en especial el sistema marginalista de precios eléctricos vigente en muchas regiones (por ejemplo, en la Unión Europea). En este mecanismo, el precio mayorista de la electricidad lo marca la última central necesaria para cubrir la demanda (habitualmente centrales de gas de costo alto), de modo que cuando sube el gas, toda la electricidad se paga al precio más caro. En 2022, con el gas por las nubes tras la escalada bélica, países europeos vieron el precio eléctrico multiplicarse varias veces, otorgando beneficios extraordinarios a generadores inframarginales (renovables, nuclear, hidráulica, con costes bajos) que cobraban precios inflados muy por encima de sus costes. Es la gran “estafa” del mercado marginalista, pues las eléctricas obtuvieron rentas inesperadas millonarias a costa de consumidores y pequeñas comercializadoras. Los poskeynesianos nos sumamos a las voces que denuncian este diseño de mercado, argumentando que un bien esencial como la energía no debería dejarse a una subasta volátil que premia la especulación y el poder de mercado.
Las propuestas de rediseño del mercado eléctrico incluyen varias medidas interrelacionadas. Primero, desacoplar el precio de la electricidad del gas. Por ejemplo, pagar a los generadores inframarginales (renovables, nuclear) un precio fijo o por costes promedio a largo plazo, en lugar de pagarles el precio marginal instantáneo. Así se evitaría que una punta en el gas encarezca todo el pool eléctrico. Durante la crisis de Ucrania, España y Portugal lograron una excepción temporal (tope al gas) para limitar el precio considerado del gas en el mercado eléctrico, reduciendo artificialmente el precio final. Una reforma permanente podría establecer mercados separados o mecanismos de compensación para desligar tecnologías baratas de la espiral especulativa del gas.
Una empresa pública podría comprar energía renovable con contratos a 10-15 años a precio fijo razonable y revenderla a consumidores regulados
En segundo lugar, tarifas reguladas y contratos a largo plazo: potenciar contratos bilaterales de largo plazo a precios estables entre productores y consumidores, incluso con participación pública. Si bien la UE propuso fomentar estos contratos, hacerlo sin más regulación simplemente traslada el problema al mercado a plazo, donde también hay especulación y barreras de entrada. En cambio, se sugiere que el Estado actúe como intermediario. Por ejemplo, una empresa pública podría comprar energía renovable con contratos a 10-15 años a precio fijo razonable y revenderla a consumidores regulados, garantizando estabilidad de precios y financiando nuevas inversiones verdes.
En tercer lugar, límites al comercio especulativo de energía: restringir la participación de agentes puramente financieros en los mercados mayoristas de electricidad y gas. Los poskeynesianos abogamos porque sólo productores, distribuidores y consumidores cualificados (grandes industrias) puedan operar en dichos mercados, para reducir la liquidez especulativa que amplifica la volatilidad. Asimismo, implementar cortes temporales cuando los precios diarios suban excesivamente sin causa fundamental, evitando picos aberrantes.
Finalmente, regulación de la propiedad y la competencia: luchar contra el oligopolio eléctrico. La propuesta poskeynesiana incluye fortalecer las empresas públicas de energía o crear nuevas donde no las haya, para introducir competidores sin afán de lucro que moderen los precios. También realizar auditorías de costos en las empresas dominantes, detectar prácticas de manipulación de precios (por ejemplo, retirar capacidad para forzar subidas) y sancionarlas con dureza. Incluso se plantea la renacionalización parcial de redes o activos estratégicos, dado que la energía es un bien público. Estas medidas estructurales enfrentan la oposición de las corporaciones, pero apuntan a recuperar el control democrático sobre un sector vital.
La filosofía poskeynesiana para los mercados de materias primas y energía es revertir la excesiva financiarización y mercantilización de bienes esenciales
En síntesis, la filosofía poskeynesiana para los mercados de materias primas y energía es revertir la excesiva financiarización y mercantilización de bienes esenciales. Frente a la doctrina neoliberal que desde los años 90 liberalizó estos mercados bajo la premisa de eficiencia (premisa desmentida por los hechos, pues los precios se han vuelto más inestables y propensos a burbujas) se propone una vuelta a mecanismos mixtos público-privados. Esto significa mercados más regulados, con intervención pública directa para estabilizar precios y asegurar suministro, y con menos intermediarios financieros buscando extracción de rentas. Al fin y al cabo, como señala Jan Kregel, la especulación desenfrenada no solo causa injusticia social inmediata (hambre, pobreza energética) sino que distorsiona la estructura productiva de países enteros, generando booms artificiales seguidos de colapsos que impiden un desarrollo sostenible. Poner freno a estas dinámicas requiere valor político para enfrentarse a los intereses creados de Wall Street y las grandes energéticas, pero los postkeynesianos argumentamos que es imprescindible para evitar que las leyes del mercado desregulado socaven el bienestar de las naciones. La guerra ilegal contra Irán, con sus repercusiones económicas, ha servido en última instancia para exponer las debilidades del sistema global actual –tanto en lo geopolítico como en lo económico– y ha dado renovada fuerza a estas ideas de reforma. Un nuevo orden internacional más equilibrado demandará también un nuevo pensamiento económico, uno que privilegie la estabilidad, la equidad y el control democrático sobre los mercados. Pero que no se preocupen los extractores de rentas, el occidente decadente no hará nada de esto.
La entrada Medidas poskeynesianas contra los efectos de la guerra en Irán y el fin del liderazgo occidental se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.
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