Los caminos del maltrato, enrevesados y variables, ofrecen situaciones que no solo obedecen a insultos, agresiones o amenazas; por eso no resulta fácil detectarlo, aún menos en edades tempranas. En la película ‘La buena hija’, de Júlia de Paz Solvas, se muestran los engranajes de la violencia machista ejercida por un padre y las secuelas en la hija adolescente.
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La veda parcial acordada por el Gobierno asturiano es una medida positiva, pero manifiestamente insuficiente; de hecho, las declaraciones del consejero denotan una orientación de las actuaciones en torno al salmón y la situación de los ríos muy negativa en varios aspectos.
Es positivo que se restrinja la pesca del salmón, aunque la prohibición debería ser total, de forma que se excluya también la pesca del campanu y de individuos para desove y repoblación; el colectivo investigador especializado en este campo viene manifestando repetidamente que las campañas de repoblación que se desarrollan año tras año son contraproducentes, y de hecho no se aprecia que hayan dado lugar a ningún aumento o recuperación de la población.
Las afirmaciones del consejero referentes a que toma decisiones con fundamento en criterios científicos no se sostienen en la realidad: la comunidad científica viene manifestándose en sentido contrario a sus manifestaciones y resoluciones. Nunca ha hecho públicos informes que justifiquen las medidas que viene aprobando. Si realmente dispone de algún informe científico, elaborado por personal científico independiente, sin conflictos de intereses, debería hacerlo público para dar lugar a un debate fundamentado en datos y análisis con metodología científica con quienes sostienen posturas diferentes.
La defensa de que el salmón no se incluya en el Lespre es una decisión política contraria a la naturaleza del catálogo de especies en peligro y a la evidencia científica de cuál es el estado de la especie, reflejado en el informe presentado por Saxífraga, la sociedad que instó la inclusión en el catálogo.
La protección del salmón debe pasar, además de por su inclusión en el Lespre y por la consiguiente prohibición de su pesca, por toda una serie de medidas orientadas a la recuperación del medio natural: eliminación de obstáculos a su circulación por los ríos (azudes y presas en desuso; implementación de escalas practicables en las presas que sigan en uso); mantenimiento y recuperación de los bosques de ribera (acabando con la práctica ya muy frecuente últimamente de eliminar la vegetación de la ribera con motivo de cualquier actuación en la proximidad de los ríos, y a veces incluso sin ninguna otra razón aparente), que son hábitats protegidos y de especial valor; eliminación de los vertidos a los ríos, con persecución de quienes sigan realizándolos; limpieza de los cauces, referida a lo que realmente es suciedad (plásticos y otros residuos humanos), no a la de restos vegetales que ayudan a reducir la velocidad del agua y crean espacios de refugio para numerosas especies; eliminación de especies invasivas; recuperación de las áreas inundables, eliminando construcciones o infraestructuras ilegales; y la regulación de las actividades recreativas asociadas a los cauces fluviales, para no sobrepasar su «capacidad de carga», en particular en cuanto a la navegación con piraguas, canoas, etc. Y, en un marco mucho más amplio, medidas para limitar y adaptarse al calentamiento global.
Resultaría de especial interés que nuestra Comunidad Autónoma participara en los proyectos de investigación y en el diseño e implementación de programas y medidas para la protección y recuperación del salmón atlántico que se estén llevando a cabo en otros territorios que también son hábitat de esta especie.
En cuanto a las declaraciones del consejero sobre el control de supuestos depredadores, mencionando a cormoranes, lubinas y nutrias, debe recordarse que la matanza de cormoranes que viene realizándose desde hace años no tiene ninguna justificación científica y no hay ninguna evidencia de que la importante reducción de ejemplares de esa especie haya dado lugar a mejora alguna en la situación del salmón, ni expectativa real de que pueda tenerla. Otro tanto cabe decir de la lubina, la nutria o cualquier otra especie animal que habita los ríos. Sería especialmente lamentable que después del éxito que ha supuesto la recuperación de la nutria en las últimas décadas gracias a la reducción de la contaminación de algunos ríos ahora se piense en eliminarlas en razón de una medida populista sin perspectiva alguna de que pueda tener cualquier tipo de repercusión favorable para la recuperación del salmón. En cualquier caso, la matanza de animales supone una actuación éticamente inaceptable y que pone en cuestión la escala moral de quien la propone y la autoriza, máxime cuando se hace por razones puramente populistas, sin justificación objetiva defendible.
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En 'La grieta' (Editorial Sexto Piso), Rodrigo Gervasi convierte un piso compartido en el escenario desde el que pensar las consecuencias de la precariedad y la forma en la que nos relacionamos. Hablamos con el escritor sobre vivienda, culpa, consentimiento, así como sobre la complejidad de la figura del agresor alejada de los estereotipos habituales.
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Desde la imposición de sistemas complejos de vigilancia digital en Argentina, probados durante genocidios, hasta la creación de territorios que se definen “autónomos” desconociendo las instituciones de los países, como en el caso de Honduras, los planes de los tecnofascistas se instalan en nuestra América. ¿Cómo hacerles frente desde los feminismos territoriales que piensan las tecnologías?
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Vencejo real herido y cuidado por un particular en la Sierra de Cádiz
Los CREA desempeñan una función esencial en la conservación de la biodiversidad. Su labor incluye la recogida, atención veterinaria, rehabilitación y posterior liberación de animales de especies amenazadas que, de alguna manera, se encuentran incapacitados ya sea por un accidente o por otra circunstancia, además de proporcionar información científica fundamental para la gestión y conservación de las especies. La Red Andaluza de CREA atendió cerca de 8.000 ejemplares de fauna silvestre en 2024, demostrando la importancia de estas instalaciones para la protección de nuestro patrimonio natural.
La conservación de la biodiversidad no puede sostenerse únicamente mediante actuaciones puntuales financiadas con medidas compensatorias vinculadas a proyectos empresariales. Es necesario un compromiso presupuestario permanente que garantice plantillas adecuadas, medios de intervención suficientes y una red de rescate capaz de responder a las crecientes necesidades derivadas de la presión humana sobre el medio natural. En este sentido es necesario la creación de una red de centros que cubran efectivamente el territorio andaluz.
La Sierra de Cádiz presenta circunstancias que justifican sobradamente la creación de un centro propio. Su gran extensión montañosa, la abundancia de carreteras secundarias, tendidos eléctricos y actividades humanas, como la caza, hacen que numerosos ejemplares de fauna protegida sufran accidentes cada año. A ello se suma la distancia hasta los centros de recuperación actualmente existentes, lo que puede dificultar una atención rápida en situaciones donde cada hora resulta decisiva para la supervivencia del animal.
Además de su función asistencial, un CREA en la Sierra de Cádiz tendría un importante papel educativo y social. Estos centros permiten acercar la conservación de la naturaleza a la ciudadanía, colaborar con centros educativos, asociaciones y administraciones locales, y fomentar una mayor sensibilización ambiental. La creación de esta infraestructura supondría también una oportunidad para generar empleo especializado, impulsar la investigación científica y reforzar la imagen de la comarca como referente en conservación de la naturaleza y turismo sostenible.
No obstante, las administraciones no deben olvidar tampoco que es fundamental la inversión en la prevención de las amenazas que afectan a la fauna silvestre, que evite tener que ser atendida en centros de recuperación como, por ejemplo, la corrección de tendidos eléctricos peligrosos y efectos trampa, la construcción de pasos de fauna para reducir los atropellos, la redacción de legislación para evitar los choques de aves contra cristales…
Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado a la Junta de Andalucía que estudie la puesta en marcha de un Centro de Recuperación de Especies Amenazadas en la Sierra de Cádiz, una inversión coherente con la extraordinaria biodiversidad de la comarca. Ya que la conservación de la fauna silvestre no puede depender únicamente de la buena voluntad de quienes encuentran un animal herido. Necesita medios, instalaciones y profesionales. La Sierra de Cádiz necesita contar con ellos.
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Reflexionamos sobre algunos de los mantras reaccionarios y nos preguntamos qué hacer para, de una vez por todas, no funcionar como la sección femenina de nadie.
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En las islas del Delta en Argentina las noticias sobre el futuro del río llegan a través de sus aguas: el Gobierno de Milei entrega el Paraná a una empresa belga por 25 años más.
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2030erako Natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen Estatuko Plan Estrategikoa (PEEPNB) Espainiako Gobernuak 2022an onartutako dokumentua da, Estatuko politika publikoak 2030era arte bideratzeko, 2030erako Biodibertsitatearen Europako Estrategia eta Kunming-Montrealgo Biodibertsitatearen Munduko Esparrua betez. Dokumentu hori Aniztasun Biologikoari buruzko Nazio Batuen Hitzarmenak (CDB) onartu zuen 2022ko abenduan. Ekintza-ildoak ezartzen ditu Espainiako Estatuak Munduko Esparruaren 23 Xedeak kontuan har ditzan lortzeko eta 2030ean biodibertsitatearen galera gelditzea lortzeko. Ecologistas en Acción taldeak ohartarazi du PEEPNB dokumentua ez dela nahikoa helburu hori lortzeko; izan ere, Biodibertsitatearen Munduko Esparruaren 23 jomugetatik hiru baino ez daude behar bezala jasota bertan.
Dokumentu hori tresna eraginkorra den ala ez jakiteko diagnostiko ofiziala Armeniako Biodibertsitateari buruzko 17. Alderdien Konbentzioan (COP) egingo da. Aldez aurretik, gobernu nazionalek beren txosten nazionalak aurkeztu dizkiote CDBri, eta hori da azterketarako informazio-iturri nagusia. Munduko Esparruaren ezarpen-aldiaren erdian, Ecologistas en Acción taldeak uste du data hori funtsezkoa dela zehazteko munduko gobernuek biodibertsitatearen galera-krisian duten erantzukizuna serio hartzen ari diren ala ez. Espainiako Estatuak bere txosten nazionala erregistratu du, eta Ecologistas en Acción erakundeak eskuratu ahal izan du. Txosten horretan, PEEPNBaren aplikazioan egindako aurrerapenak eta Mundu Esparruaren betetze-adierazleekin duten lotura azaltzen dira.
Ecologistas en Acción taldeak ‘Evaluación del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030’ txostena argitaratu du. Bertan, Biodibertsitateari buruzko 7. Txosten Nazionalaren atariko ebaluazioa egin du eta gabezia nabarmenenak identifikatu ditu. Jasotako aurrerapenek aurrerapen nabarmena erakusten dute, baina ez da nahikoa 2030ean biodibertsitatearen galera gelditzeko helburua lortzeko. Erakunde ekologistaren ustez, Biodibertsitateari buruzko Txosten Nazionala baikorregia da, eta ez du aurrerapen nahikorik onartzen Helburu Nazional banakatuetan. Gainerako Xede Nazionalei dagokienez, Biodibertsitateari buruzko 7. Txosten Nazionalak dio hiru lortu direla dagoeneko, eta gainerako 16ak “ondo bideratuta” daudela “helburua lortzeko”. Gainera, PEEPNBren Xede Nazionalen eta Biodibertsitatearen Munduko Esparruaren Jomugen arteko harremana ez da zuzena. Hori agerian geratzen da adierazleen kuantifikazioan, CBDk jomugen arrakasta neurtzeko onartutako irizpide objektiboak ezartzen baitituzte. PEEPNBan ez da lotura garbirik ezartzen Helburu Nazional bakoitzaren eta Biodibertsitatearen Munduko Markoaren Xede edo Xede egokiaren artean, eta Helmuga Nazionalean garatutako neurri edo aurrerapenekin zuzenean lotuta ez dauden adierazleak sartzera iristen da.
Egoera honen erantzukizuna politikoa da. Ecologistas en Acción taldeko bozeramaile Jesus Martín Hurtadoren hitzetan: “Une historiko honetan inoiz baino informazio gehiago daukagu biodibertsitatearen krisiaren irismenari eta haren ondorioei buruz, ez bakarrik naturari buruz, baizik eta gure gizartea, ekonomia eta ongizatea oinarri dituen funtsezko substratu gisa. Une honetan, 2020an Aichiren Jomugek eta aurreko Biodibertsitatearen Munduko Estrategiak borondate politikorik ez izateagatik porrot egin ondoren, Espainiako Gobernuak betebehar morala eta legala du nazioarteko itunik aurreratuenen (CDB eta Biodibertsitatearen Munduko Esparrua) aplikazio anbiziotsu bat gidatzeko, eta Espainiako gizartea naturarekin duen harremana sakonki irauliko lukeen eraldaketa baten bidean kokatzeko “.
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Informe sobre la aplicación del Plan Estratégico Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030 para el cumplimiento del Marco Mundial de Biodiversidad
El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030 es el documento aprobado mediante el Real Decreto 1057/2022, de 27 de diciembre, en aplicación de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad por el Gobierno del Estado para orientar las políticas públicas estatales en el periodo 2020-2030, en el contexto de la definición de la Estrategia Europea Biodiversidad 2030 (adoptada también en 2020) y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado por el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) en diciembre de 2022.
Se trata de un documento extenso (115 páginas en su versión publicada en la web del MITECO), organizado en 6 grandes apartados:
En relación a la naturaleza jurídica del Marco Mundial de Biodiversidad, Ecologistas en Acción ha publicado un análisis de las barreras e impulsores para la aplicación de este documento en el Estado Español. En resumidas cuentas, esa estrategia mundial es un documento legal que obliga a todas las partes del CDB a cumplir con sus determinaciones, si bien su debilidad consiste en no incorporar herramientas para obligar a los Estados a cumplir ni a sancionar en caso de no actuar conforme lo acordado. Ecologistas en Acción viene desarrollando desde hace años un seguimiento exhaustivo de las políticas españolas, europeas e internacionales de biodiversidad.
En la COP10 del CDB, se aprobó el Plan Estratégico Mundial de Biodiversidad 2011-2020, que incluye las Metas de Aichi. Ecologistas en Acción lanzó materiales divulgativos sobre esas Metas de Aichi, así como un Manual para cumplir con las Metas de Aichi. En 2012, se publicó un informe de evaluación de su cumplimiento , y en 2015, una nueva evaluación a mitad del período.
En 2011, la Comisión Europea adoptó la Estrategia Europea sobre Biodiversidad hasta 2020, con el objetivo principal de “detener en 2020 la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos de la UE, y restaurarlos en la medida de lo posible, incrementando al mismo tiempo la contribución de la UE a la lucha contra la pérdida de biodiversidad mundial”.
Esta estrategia, que debía ser implementada en España, fue analizada en 2016 para comprobar el nivel de aplicación, lo que dio lugar a un nuevo informe.
En coherencia con este trabajo, resulta adecuado efectuar un análisis riguroso de la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad 2022-2030 en España, cuando estamos a mitad del período de ejecución.
El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad es un documento correcto técnicamente, que analiza la información disponible sobre el estado y las tendencias de la biodiversidad en el Estado Español e intenta concretar las estrategias europea e internacional de biodiversidad.
Pone en orden y programa una serie amplia de actuaciones que, de cumplirse al final del período en 2030, pondrán a España en una situación mejor que en antes de su aprobación en cuanto a información científica disponible, herramientas de gestión y estudios y directrices para mejorar el trabajo del personal técnico de las administraciones.
Sin embargo, no es el documento que se necesitaba en la situación de crisis profunda de biodiversidad en que está sumido el planeta.
Falla en la coherencia del análisis (no va a cuestiones de fondo, de modelo), en la ambición (faltan recursos económicos y herramientas legales para hacer obligatorias medidas necesarias en todas las comunidades autónomas), en transparencia y sistema de seguimiento y revisión.
En otras palabras, es un buen documento para organizar el trabajo de una Dirección General del MITECO, pero no es un plan de ambición estatal que pueda conducir a las transformaciones que España necesita hacer si no quiere sufrir de una forma cada vez más profunda, las consecuencias catastróficas de una crisis ecológica que se está acelerando cada día que pasa.
El 7º Informe Nacional del Estado español, que será presentado en la COP 17 de Biodiversidad en octubre de 2026, refleja importantes avances en la implementación del PEEPNB, pero sobrevalora el impacto de las acciones logradas y no aborda con contundencia los retrasos y falta de incidencia de muchas medidas recogidas en el informe.
Además, existen desajustes entre las Metas Nacionales del PEEPNB y las Metas del Marco Mundial, lo que dificulta que el 7º Informe Nacional sea una prueba concluyente para evaluar el progreso del Estado español para lograr detener la pérdida de biodiversidad en 2030 en cumplimiento del Marco Mundial.
Se requiere un análisis exhaustivo del 7º Informe para vincular de forma directa Metas Nacionales, Indicadores del CDB y Metas del Marco Mundial de Biodiversidad. De este modo, se pondrían en valor los verdaderos logros conseguidos y los retos que se presentan a mitad de periodo de ejecución del Marco Mundial para que el Estado español cumpla con éxito sus compromisos internacionales.
La responsabilidad de esta situación es claramente política. Es un momento histórico en que disponemos de más información que nunca sobre el alcance de la crisis de biodiversidad y sus consecuencias no sólo para la naturaleza como ente abstracto sino como sustrato esencial sobre el cual se basa nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro bienestar.
En este momento, después del fracaso en 2020 de las Metas de Aichi y la anterior Estrategia Mundial de Biodiversidad por la falta de voluntad política, el Gobierno de España tenía el deber moral de liderar una aplicación ambiciosa de los más avanzados tratados internacionales como es el CDB, y situar a la sociedad española en la senda de una transformación que volteara profundamente su relación con la naturaleza. Como saben muy bien los pueblos indígenas, somos parte de la madre Tierra y hacerle daño es hacérnoslo a nosotros mismos.
El PEEPNB ha sido una oportunidad perdida, quizás la última para algunas especies y ecosistemas con quienes compartimos la aventura de la vida y está al borde de la extinción. Y cada especie extinta es un paso más hacia la crisis civilizatoria que puede acabar con nosotros.
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El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030 (PEEPNB) es el documento aprobado en 2022 por el Gobierno de España para orientar las políticas públicas estatales hasta 2030, en cumplimiento de la Estrategia Europea Biodiversidad 2030 y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado por el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) en diciembre de 2022. Establece las líneas de acción para lograr que las 23 Metas del Marco Mundial sean tenidas en cuenta por el Estado español y conseguir detener la pérdida de biodiversidad en 2030. Ecologistas en Acción ha advertido que el PEEPNB es un documento insuficiente para alcanzar ese objetivo, ya que únicamente tres de las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad están adecuadamente recogidas en él.
El diagnóstico oficial sobre si este documento está siendo una herramienta efectiva o no tendrá lugar en la 17.ª Convención de las Partes (COP) de Biodiversidad en Armenia. Previamente, los gobiernos nacionales han presentado ante el CDB sus informes nacionales, fuente principal de información para el examen al que serán sometidos. En la mitad del periodo de implementación del Marco Mundial, Ecologistas en Acción considera que esta fecha es clave para determinar si los gobiernos del mundo están tomándose en serio su responsabilidad en la crisis de pérdida de biodiversidad. El Estado español ha registrado su informe nacional, al que Ecologistas en Acción ha tenido acceso, donde se exponen los avances en la aplicación del PEEPNB y su relación con los indicadores del cumplimiento del Marco Mundial.
Ecologistas en Acción publica el informe ‘Evaluación del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030’, donde realiza una evaluación preliminar del 7º Informe Nacional de Biodiversidad e identifica las deficiencias más notables. Los avances recogidos demuestran un progreso destacable, pero insuficiente para lograr el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en 2030. La organización ecologista considera el Informe Nacional de Biodiversidad demasiado optimista, reconociendo avances insuficientes en tan solo tres de las Metas Nacionales desglosadas. Del resto de Metas Nacionales, el 7º Informe Nacional de Biodiversidad se atreve a decir que tres ya se han conseguido y que las 16 restantes se encuentran “bien encaminadas para alcanzar la meta”. Además, la relación entre las Metas Nacionales del PEEPNB y las Metas del Marco Mundial de Biodiversidad no es directa. Esto queda en evidencia en la cuantificación de los indicadores, que establecen los criterios objetivos aprobados por el CBD para medir el éxito de las Metas. En el PEEPNB no se establecen vínculos claros entre cada Meta Nacional y la Meta o Metas correspondientes del Marco Mundial de Biodiversidad, llegando a incorporar indicadores a la Meta Nacional que no están directamente relacionados con las medidas o avances desarrollados.
La responsabilidad de esta situación es política. En palabras de Jesus Martín Hurtado, portavoz de Ecologistas en Acción: “Es un momento histórico en que disponemos de más información que nunca sobre el alcance de la crisis de biodiversidad y sus consecuencias, no solo para la naturaleza como ente abstracto sino como sustrato esencial sobre el cual se basa nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro bienestar. En este momento, después del fracaso en 2020 de las Metas de Aichi y la anterior Estrategia Mundial de Biodiversidad por la falta de voluntad política, el Gobierno de España tiene el deber moral y legal de liderar una aplicación ambiciosa de los más avanzados tratados internacionales como es el CDB y el Marco Mundial de Biodiversidad, y situar a la sociedad española en la senda de una transformación que volteara profundamente su relación con la naturaleza”.
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El GER-EA exige a la Generalitat Valenciana una moratoria de la caza del zorro en zonas con sobreabundancia de conejos y la eliminación de la figura de “control de predadores” bajo criterios rigurosamente científicos.
Un exhaustivo análisis realizado por el grupo naturalista GER-EA sobre los datos de mortalidad del zorro (Vulpes vulpes) en la Comunidad Valenciana durante las últimas dos décadas (2003-2023) desvela una presión extractiva insostenible y carente de base científica. Según el informe se estima que cada año se matan una media de 10.000 zorros en la región de forma injustificada.
Esta persecución sistemática no solo compromete la dinámica poblacional del mayor depredador generalista de la Comunitat, sino que neutraliza su papel ecológico fundamental como regulador natural de los ecosistemas, especialmente sobre las poblaciones de conejos de monte en áreas declaradas de sobreabundancia de estos lagomorfos.
A la luz de estas evidencias estadísticas, el Grup d’Estudi i Protecció dels Rapinyaires – Ecologistes en Acció (GER-EA) ha formalizado una petición dirigida a la Conselleria competente de la Generalitat Valenciana para que se declare una moratoria inmediata de la caza del zorro en todos los términos municipales que actualmente cuentan con la declaración oficial de sobreabundancia de conejo (Resolución de 3 de mayo de 2024, de la Dirección General de Medio Natural y Animal).
Desde una perspectiva puramente bioecológica, resulta contradictorio e ineficaz destinar cuantiosos recursos públicos y esfuerzos agrarios a combatir las plagas de lagomorfos mientras, de manera simultánea, se diezma masivamente a su principal predador natural.
La investigación detalla que cuando la densidad de conejos es baja, el zorro diversifica su dieta consumiendo microrroedores, frutos, insectos o carroña, permitiendo que la población cinegética se recupere. Sin embargo, solo cuando el conejo alcanza un umbral de abundancia medio-alto, el zorro especializa su captura en ellos, los más debilitados, actuando como un “amortiguador” o freno biológico natural de la curva de crecimiento de la plaga.
El zorro ha sido perseguido y muerto desde hace siglos bajo una serie de argumentos tradicionales y sesgos culturales que apenas han variado con el paso del tiempo. Sin embargo, el análisis histórico y los censos poblacionales demuestran que el resultado de esta persecución continuada mediante caza o trampas ha sido un total fracaso si lo que se pretendía era de verdad estabilizar el equilibrio del medio natural o proteger los intereses agropecuarios a largo plazo. Las dinámicas de predador-presa responden a equilibrios complejos que no pueden gobernarse mediante la eliminación lineal de eslabones clave (como la caza).
Por este motivo, el GER-EA considera imprescindible que la administración autonómica elimine de manera definitiva la práctica sistemática de muerte de zorros, hoy denominada legalmente «control de predadores». Asimismo, insta a que la evaluación de los Planes Técnicos de Ordenación Cinegética (PTOC) de los cotos de caza se realice mediante un análisis riguroso y exhaustivo, evitando que se convierta en un mero trámite burocrático, como en estos momentos. En la actualidad, dicha justificación administrativa carece de respaldo empírico y opera de forma opaca frente a los criterios modernos de conservación.
La fauna silvestre depredadora no puede seguir gestionándose bajo la percepción subjetiva de sectores de la caza, la agricultura o la ganadería, cuyos intereses a menudo chocan con la sostenibilidad biológica global. Todas las alternativas y decisiones futuras deben tomarse bajo el prisma estricto de la evidencia científica, la realidad actual y el análisis estadístico riguroso, abandonando por completo los criterios no contrastados.
Además de la moratoria en los municipios afectados por la sobreabundancia de lagomorfos, el informe establece límites demográficos cuantitativos claros. El GER-EA exige establecer como “Zona de Reserva y Exclusión de Caza del Zorro” cualquier comarca o término municipal donde los censos oficiales (realizados mediante IKAs de rastros, el modelo REM (Random Encounter Model) con trampeo fotográfico o itinerarios de focos nocturnos) arrojen densidades iguales o inferiores a 1 zorro por cada 100 hectáreas, equivalente a 1 indv/km2.
Según los estudios consultados, continuar con la caza o el trampeo en áreas con densidades inferiores a este umbral crítico pone en grave riesgo la viabilidad biológica local del ecosistema, propiciando desequilibrios en cadena que terminan por agravar los problemas de plagas y la degradación del suelo. Por el contrario, permitir que la población alcance o supere de forma natural un umbral de 1,5 a 2 indv/km2 en los puntos negros de sobreabundancia de conejo se presenta como una alternativa científica y técnicamente viable para sustituir los fallidos e interminables descastes artificiales por una regulación ecológica real.
El GER-EA considera que la Generalitat Valenciana se encuentra ante la oportunidad de actualizar su política de gestión cinegética y adaptarla a las directrices europeas del siglo XXI, donde la gestión de la biodiversidad descansa sobre datos contrastados, censos fiables y el reconocimiento explícito del valor de los procesos ecológicos autorregulados.
Informe sobre la mortalidad del zorro (Vulpes vulpes) en la Comunidad Valenciana
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En demasiadas ocasiones, los relatos de agresiones por parte del profesorado no se reportan, no se investigan o los expedientes se cierran sin llegar a conclusiones satisfactorias para las denunciantes.
La entrada Que el silencio no gane en las agresiones en entornos educativos se publicó primero en Pikara Magazine.
La economista argentina analiza cómo las gigantes tecnológicas profundizan nuevas formas de dependencia mediante un extractivismo gemelo de conocimiento y de naturaleza. Frente a esto, reivindica una planificación democrática del ecosistema digital.
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La periodista reclama el relato colectivo del aborto como herramienta feminista frente a la ofensiva reaccionaria en su último libro 'Provida, un manifiesto a favor del aborto'.
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En aquest article, descriurem el que s'ha viscut a l'organització ecologista GOB Mallorca, un referent a les Balears i a l’estat espanyol. I ho farem amb l'ànim d'analitzar el que ha succeït després que el desembre de 2023 es presentés en assemblea una candidatura a la Junta Directiva obertament definida com a ecofeminista, en un context de crisi interna que amenaçava la governança de l'entitat.
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La ciudad de Guadix cuenta con una población estival muy importante de la especie protegida vencejo pálido (Apus pallidus), ave insectívora de hábitos aéreos que es beneficiosa para el hombre y forma parte de la cultura y tradiciones de la ciudad.
Esta especie migratoria, al igual que el resto de insectívoras entre las que destacamos el vencejo común, igualmente protegida, realiza sus ciclos vitales reproductivos, desde abril hasta julio, en huecos, orificios, grietas, etc., de edificios, casas, bloques, iglesias, etc., dentro del casco urbano de la ciudad, parte de cuyo casco se encuentra deteriorado, no solo a nivel de edificios históricos como también de viviendas antiguas.
Concretamente, la Alcazaba árabe de la ciudad de Guadix presenta una colonia de esta especie con el mayor número de ejemplares de vencejo pálido, que nidifica en los mechinales de sus muros, y cuya población disminuye año tras año. Las aves insectívoras están protegidas, al margen de su número, por los beneficios que generan al medio al consumir ingentes cantidades de insectos, caso del vencejo, de unos 4 kg/año por grupo familiar.
La Alcazaba de Guadix es un edificio Histórico, catalogado como BIC y por tanto protegido, donde se están llevando a cabo reformas de las paredes y torres en pleno periodo reproductor de esta especie protegida desde hace varios años, 2021, impidiendo el acceso de las aves a sus nidos y en otros casos sellándolos, lo que ocasiona la pérdida de nidos y posibles puestas debido a que se están tapando los huecos de los mechinales.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en sus arts. 2,f; de prevalencia de la protección ambiental; 2.g, de precaución ante intervenciones que afecten a la fauna; art. 3,2) sobre áreas críticas y conservación de hábitats y aspectos que atenten contra la supervivencia de las especies en su territorio, prohíbe, en su art. 52, las siguientes acciones: “dar muerte dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico. Esta prohibición incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, recolección y retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aun estando vacíos, así como la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos, incluyendo el comercio exterior”.
En su Art. 76.1, la citada ley considera infracciones administrativas: “La perturbación, muerte, captura y retención intencionada de especies de aves en las épocas de reproducción y crianza, así como durante su trayecto de regreso hacia los lugares de cría en el caso de las especies migratorias”.
El Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, incluye en el listado, entre otras, al vencejo pálido y al vencejo común (Apus apus).
Afecta también a la Ley 33/2015 de 21 de septiembre por la que se modifica la ley 42/2007 de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y de la biodiversidad.
En igual sentido se pronuncia la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y Fauna Silvestre de Andalucía, concretamente el art. 5 sobre deberes de los poderes públicos, y arts. 18, 20, al ser una especie contemplada en el RD 139/2011 de 4 de febrero.
Estas aves están protegidas por Directivas europeas varias de aves: 79/409/CE de conservación de aves silvestres, art. 5 b y d; Directiva 85/337/CEE de evaluación de repercusiones de proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente; Directiva 92/43/CEE de conservación de hábitats.
El nuevo Código Penal, en su artículo 334, considera delito la destrucción de nidos de especies protegidas.
Estas especies aparecen en el LESRPE (listado de especies silvestres en régimen de protección especial) lo que obliga a las administraciones a conservar sus zonas de cría, e igual en la LAES (listado andaluz de especies silvestres).
Asociaciones de la localidad de Guadix así como otras de ámbito más global, Ecologistas y SOS Vencejos, han puesto al corriente de los hechos negativos para estas especies que se están produciendo así como de las medidas correctoras que podrían realizarse ante las que los distintos estamentos de ámbito local y andaluz han hecho caso omiso.
Desde Ecologistas en Acción de Granada junto con asociaciones de esa localidad ya denunciamos en su momento, hace 3 años, el 20 de abril de 2023, la situación generada por la “restauración” que posteriormente se paralizó, o al menos se ralentizó. Según SOS Vencejos, en la parte “ya restaurada” había al menos unos 60 ejemplares que no han podido nidificar y que además se enganchaban en la malla de protección que se había colocado.
Las denuncias ya comenzaron en 2021. Los técnicos municipales conocían la reproducción de estas aves y la han ignorado aduciendo que de sus datos se desprendía que en esa torre concreta que se denunciaba hace tres años, Puerta de la muralla, no anidaban los vencejos pálidos, hecho incierto según los vídeos que adjuntamos así como de los datos del seguimiento que se le vienen haciendo a esas poblaciones por miembros de la asociación accitana, de Ecologistas en Acción y de SEO Birdlife.
Se ha solicitado a la administración que realice las investigaciones precisas para el esclarecimiento del hecho denunciado, y la determinación de las posibles responsabilidades y sanciones en que hubiere lugar con arreglo a la normativa vigente.
Entendemos que la citada restauración, al tratarse de un BIC, debe respetar su arquitectura original, manteniendo los mechinales, vanos o huecos que quedaban tras levantar los muros de edificaciones una vez se retiraban los andamios de construcción, que son aprovechadas por numerosas especies de aves como las insectívoras que nos ocupan, cernícalos primilla, carracas, grajillas, etc. También ignoramos si como es preceptivo, la Delegación Provincial de Cultura ha autorizado la citada intervención en el sentido de permitir el sellado de los mechinales.
Como es lógico ya no se usan los bloques de adobe originales pero es imprescindible, dado que además no supone problema alguno con los nuevos materiales de construcción, mantener los mechinales que siempre han dado una morfología característica a este tipo de edificaciones y que sirven de refugio para numerosas especies de fauna.
Solicitamos que la Consejería de Medio Ambiente haga todo lo necesario para mejorar la normativa urbanística municipal, donde se incluyan medidas correctoras, básicamente la rehabilitación de los mechinales para la protección de la fauna urbana (aves insectívoras urbanas y murciélagos fundamentalmente) en las normas urbanísticas que afecten tanto a construcciones de edificios nuevos como en rehabilitaciones exteriores de existentes.
Que se ordene de inmediato la paralización de la obra, la reapertura de los mechinales así como se eviten cualquier tipo de obstáculo tipo malla, etc., que impida el normal tránsito de acceso a los nidos máxime en la época de reproducción en que nos encontramos. Tanto vencejo común como pálido están catalogados según la UICN como LC, catalogación menor.
Solicitamos por tanto que se cumpla la legislación vigente y se interrumpan las intervenciones que se están efectuando en pleno periodo reproductor del vencejo pálido, se pare el cegado de los mechinales y se devuelvan a sus condiciones originales los ya tapados de modo que permitan la reproducción de estas aves migratorias protegidas.
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Estado en el que está quedando la ribera del río Majaceite
La eliminación prácticamente total de la vegetación de ribera en partes del río colindante con la población de El Bosque está convirtiendo el cauce en un canal inerte. Esta intervención, que se está llevando a cabo mediante declaración de emergencia con una tramitación reducida, parece responder más al incentivo económico derivado del cobro por cantidad de materia vegetal retirada que criterios técnicos y, mucho menos, ambientales.
Si el objetivo era reducir el riesgo de formación de tapones durante las avenidas de agua, una actuación selectiva consistente en retirar la madera muerta y los residuos habría sido previsiblemente suficiente, sin necesidad de eliminar la vegetación de ribera autóctona.
Suprimir la vegetación en un río en tramos de pendiente considerable aumenta la velocidad y violencia del agua durante las crecidas y favorece una mayor erosión de las márgenes. A ello se suma el grave impacto sobre la biodiversidad al eliminar completamente el hábitat de especies amenazadas como son muchas de las que habitan los bosques de ribera, especialmente porque las obras se están realizando en época de cría. Además, se reduce la sombra sobre el cauce e incrementa la temperatura del agua en plenas olas de calor.
La retirada de especies exóticas invasoras, como puede ser la caña común, sí es acertada, pero no las especies autóctonas cuanto más que esto puede favorecer precisamente la expansión de las primeras, de más rápido crecimiento y capacidad de expansión.
El Bosque basa una parte importante de su economía en el turismo de naturaleza. Por ello, consideramos profundamente contradictorio destinar dinero público a actuaciones que degradan uno de los principales valores ambientales y paisajísticos del municipio, que es precisamente el río Majaceite.
Por último, reclamamos la máxima transparencia sobre esta intervención. En este sentido, hemos solicitado a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural el proyecto y los informes hidráulicos y ambientales que supuestamente justifiquen esta actuación. y que se explique de forma clara cómo está prevista la restauración del bosque de ribera una vez finalicen los trabajos.
Ecologistas en Acción insiste en que la prevención del riesgo de inundaciones es compatible con la conservación de los ecosistemas fluviales y recordamos que las soluciones basadas en el conocimiento científico y el respeto al funcionamiento natural de los ríos ofrecen mejores resultados a largo plazo que las actuaciones de eliminación masiva de la vegetación.
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Representantes de la Conferencia Local de la Juventud sobre el Cambio Climático de España, Juventud por el Clima–Fridays For Future y Ecologistas en Acción entregan una declaración a la Comisión Europea contra el desmantelamiento de las políticas ambientales y reclaman una aplicación ambiciosa del Reglamento de Restauración de la Naturaleza.
Conferencia Local de la Juventud en Llanes, 2026.
Representantes de la Conferencia Local de la Juventud de España (LCOY España), Juventud por el Clima–Fridays For Future y Ecologistas en Acción han entregado hoy al Director General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Eric Mamer, una declaración conjunta en la que denuncian la creciente ofensiva desreguladora que amenaza algunas de las principales conquistas ambientales de la Unión Europea.
La entrega ha tenido lugar durante una reunión celebrada en la Representación de la Comisión Europea en España centrada en la aplicación del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza y en la elaboración de los Planes Nacionales de Restauración, que los Estados miembros deberán presentar durante los próximos meses.
Las organizaciones alertan de que la revisión de la Directiva Aves, la Directiva Hábitats y la Directiva Marco del Agua, junto con los retrasos e incertidumbres en torno a la aplicación del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación, forman parte de una tendencia preocupante que pone en cuestión el compromiso de las instituciones europeas con la protección de la naturaleza y el agua.
“Bajo el lenguaje aparentemente inocuo de la simplificación y la competitividad, la Comisión Europea está impulsando una agenda de desregulación que amenaza con desmontar décadas de avances ambientales. Lo que se presenta como una reducción de cargas administrativas se está convirtiendo en una auténtica trituradora ambiental”, denuncian LCOY España, Juventud por el Clima–Fridays For Future y Ecologistas en Acción.
La declaración recuerda que las propias evaluaciones realizadas por las instituciones europeas han concluido reiteradamente que la legislación ambiental vigente es adecuada para cumplir sus objetivos. Los principales problemas identificados no se encuentran en las normas, sino en la insuficiente financiación, la falta de medios para su aplicación efectiva y el incumplimiento por parte de numerosos Estados miembros.
Las organizaciones reclaman que la Comisión Europea descarte cualquier debilitamiento de las Directivas de Naturaleza y de la Directiva Marco del Agua, garantice la plena aplicación del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación y refuerce los mecanismos de participación pública, transparencia y rendición de cuentas en todos los procesos de toma de decisiones relacionados con el medio ambiente.
Asimismo, muestran su preocupación por el creciente cuestionamiento de la financiación ambiental europea en un momento en que la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas exigen precisamente más inversión pública. En este sentido, reclaman que el próximo Marco Financiero Plurianual refuerce las políticas ambientales europeas y garantice la continuidad y fortalecimiento de instrumentos esenciales como el programa LIFE, clave para la conservación de la biodiversidad, la restauración ecológica y la adaptación al cambio climático.
La declaración también traslada a la Comisión Europea la preocupación de las organizaciones por el proceso de elaboración del Plan Nacional de Restauración en España. A su juicio, el proceso impulsado hasta la fecha no está garantizando niveles suficientes de participación pública, transparencia ni ambición para responder a la magnitud de la crisis ecológica.
“La generación que tendrá que convivir durante más tiempo con los impactos de la crisis climática y ecológica observa con indignación cómo se cuestionan leyes cuya necesidad es hoy más evidente que nunca. Mientras los ecosistemas se degradan, las sequías se intensifican y la biodiversidad continúa desapareciendo, Europa no necesita menos protección ambiental, sino más ambición, más financiación y más democracia. Desmantelar las herramientas que protegen la naturaleza no es simplificar: es renunciar al futuro”, concluyen LCOY España, Juventud por el Clima–Fridays For Future España y Ecologistas en Acción.
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Por Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, publicado originalmente para alai.
Nadie pone en duda la relevancia económica, política y ecosocial de la minería metálica, convertida en uno de los principales fenómenos de disputa global.
Cada automóvil eléctrico precisa de 8 kilogramos de litio, 35 de níquel, 20 de manganeso y 14 de cobalto. Las baterías de almacenamiento de energía –claves para el desarrollo de la economía verde en su conjunto– necesitan también los cuatro metales antes citados, además de grafito, vanadio, cobre y aluminio.
Por su parte, los circuitos integrados y semiconductores, engranaje indispensable para el impulso de la digitalización –inteligencia artificial, centros de datos, redes 5G y 6G, cables interoceánicos, etc. –, verían limitada su expansión sin el silicio y otros minerales. A su vez, la amplísima gama de dispositivos electrónicos alimentados por chips, como por ejemplo los teléfonos inteligentes, requieren oro, aluminio, litio, cobre, zinc, níquel, plata, tierras raras, etc.
Por último, la industria militar utiliza ingentes cantidades de niobio, magnesio, titanio, renio, molibdeno, tungsteno y uranio para la producción de armamento, negocio al alza tras la escalada promovida por la OTAN desde su Cumbre de Madrid en 2022. Tal es así que el horizonte estipulado para 2035 aspira a situar la inversión en defensa y seguridad en el 5% del PIB.
En resumen: energía, economía verde, digitalización y complejo industrial-militar, buques insignia junto a las finanzas del capitalismo verde oliva y digital hoy en boga –agenda oficial que apunta a la resolución de la crisis sistémica vigente mediante alianzas público-privadas e inversiones masivas en dichos sectores económicos–, dependen de manera estrecha y directa de una serie de minerales fundamentales y/o críticos.
Específicamente las tierras raras –por sus altas propiedades magnéticas, ópticas, luminiscentes y electroquímicas–, ciertos minerales transversales o multiusos (cobre, aluminio, manganeso), así como los principales metales concentrados para baterías (litio, níquel, cobalto y grafito).
De manera complementaria, el resurgir del oro y la plata como depósito de valor –en un contexto de crisis, incertidumbre y vulnerabilidad monetario-financiera– refuerza la dinámica de expansión planetaria de la frontera extractiva vinculada a la minería metálica.
¿Cuál es la escala real de esta ofensiva? ¿Qué rol juega la minería metálica en el caos geopolítico actual? ¿A qué procesos vinculados a ésta debemos prestar especial atención?
En los últimos años se han disparado las expectativas de crecimiento de la demanda global de metales. Múltiples informes publicados por diferentes estamentos oficiales y académicos concuerdan en señalar tanto su aumento exponencial como la creciente disputa por el acceso a estos recursos finitos.
El Banco Mundial apuntaba en 2020 la cifra de 3,000 millones de toneladas de minerales necesarias únicamente para el despegue de la energía eólica, solar y geotérmica, así como para su almacenamiento. La Agencia Internacional de la Energía, por su parte, sostenía en 2021 que la demanda de materiales para las tecnologías limpias debería cuadriplicarse entre 2020 y 2024.
Estas expectativas, no obstante, se derivaban de un hipotético horizonte de crecimiento sostenido y generalizado, premisa fallida y contraria a una realidad económica marcada por la tríada estancamiento económico-sobrecapacidad productiva-financiarización.
En resumidas cuentas, la tarta del crecimiento mundial se ha estancado en su expansión –aún en términos relativos y de manera asimétrica–, siendo un magro 2.4% la media esperada para la presente década; los ingentes capitales en liza compiten denodadamente por asegurarse un trozo de esa tarta menguante, alimentando guerras de precios que concluyen en un “juego de suma cero”, donde muchos pierden por falta de rentabilidad y muy pocos ganan; por último, la naturaleza financiarizada de la matriz económica actual –la deuda global alcanzó los 315 billones en 2025, el 333% del PIB mundial– abona horizontes de posibles estallidos financieros y bancarios como los de 2008 y 2023 –no se descarta a medio plazo la explosión de la burbuja de la IA–, retrayendo dinámicas de inversión en la economía real.
En consecuencia, la demanda de metales está en expansión, pero lejos de las desorbitadas expectativas anunciadas. La inversión verde se elevó hasta los 2.2 billones en 2025, la verde oliva los 2,7 billones, mientras la inversión esperada en IA parece catapultarse hasta los 2,6 billones. Cifras más que notables, sin duda, pero incapaces hasta el momento de revertir el estancamiento general ni de superar la sobrecapacidad –por ejemplo, China acapara sólo 1/3 de la inversión verde–, por lo que la necesidad de suministros se torna significativa, pero no tan exponencial como pareciera.
Por tanto, la frontera extractiva vinculada a la minería metálica sigue ampliándose –el volumen del sector ya se duplicó entre 2017 y 2022–, fruto tanto de la demanda verde oliva y digital como de su consideración como depósito prioritario de valor, pero en un contexto de crisis, problemas de rentabilidad corporativa e incertidumbre.
Un contexto económico que, en todo caso, no desactiva sino que intensifica un marco geopolítico definido por el caos y la violencia, y en la que la disputa minera juega un rol clave.
En este sentido, el orden internacional consolidado tras la segunda guerra mundial está siendo desmantelado por su propio impulsor –Estados Unidos–, al constatar que China se ha convertido de facto en el nuevo hegemón económico, liderando rubros estratégicos –automóvil eléctrico, bombas de calor, paneles solares, energía eólica, redes 5G y 6G– y, como después analizaremos, la estratégica extracción y transformación de metales. El multilateralismo y las reglas generales saltan en consecuencia por los aires, y se imponen las dinámicas de guerra económica y militar como vía para solucionar conflictos y garantizar las propias dinámicas de acumulación frente a la hegemonía china.
Esta guerra se sustancia, más allá de la creación de zonas de seguridad e influencia para cada bloque regional, en la disputa en torno a tres ámbitos clave para el control de las principales cadenas globales de valor: los sectores punta verde oliva y digitales aún en competencia, específicamente la inteligencia artificial generativa y los semiconductores; las rutas comerciales, de manera especial Oriente Medio como pivote de Eurasia, así como Groenlandia dentro de la hipotética ruta a través del Ártico; y, por supuesto, los suministros como base de la pirámide de acumulación, dentro de los cuales destaca la energía fósil y, de manera creciente, la minería metálica.
Figura 1: Puntos calientes de la geopolítica de la energía y los materiales
Y la principal seña de identidad del sector minero-metálico es el evidente liderazgo de China tanto en la extracción como sobre todo en la transformación, a partir de planes, negocios y acuerdos estratégicos impulsados desde hace décadas.
En la actualidad, China extrae el 70% de las tierras raras –controlando el 90% de su refino y procesamiento–, produce el 56% del litio, gestiona el 50% de la transformación del cobalto –garantizando su acceso mediante acuerdos con República Democrática del Congo–, maneja el 60% del grafito, genera el 10% del cobre y refina el 50% del níquel, por poner sólo algunos de los ejemplos más significativos.
Esta posición de poder le permite no sólo alimentar sus cadenas globales de valor, sino también responder a las dinámicas de guerra económica lanzadas por Estados Unidos y sus aliados. Por ejemplo, la guerra arancelaria lanzada en 2025 por Trump, que pretendía incrementar los aranceles a productos chinos hasta un 145%, fue revertida y anulada por las restricciones chinas a la exportación de tierras raras para las corporaciones de defensa y automoción norteamericanas.
Estas estrategias de guerra económica, no obstante, se siguen impulsando dentro de una amplia batería de agresivas medidas impulsadas por un Occidente vulnerable y dependiente de suministros externos: ampliación de la frontera minera en sus propios territorios, bajo la premisa de garantizar la “autosuficiencia estratégica”; desarrollo de normativas proteccionistas y de exclusión de facto de suministros chinos; firma febril de tratados de comercio y acuerdos de materiales críticos y/o estratégicos, así como de proyectos internacionales de inversión como el Global Gateway europeo, o el proyecto Bóveda de Estados Unidos para el control de las tierras raras; impulso de estrategias imperiales, como la recuperación explícita de la Doctrina Monroe para América Latina por parte de Estados Unidos, en un intento por apropiarse de sus bienes naturales; y, por supuesto, agresiones militares directas como vía de expropiación y despojo sobre los mismos, tanto por su vertiente fósil como minera.
En conclusión, la minería metálica, aún lejos de las cebadas expectativas de crecimiento de su demanda, consolida su tendencia expansiva, y se convierte en uno de los principales ejes de la disputa económica y geopolítica en ciernes, acrecentando el caos vigente.
Concluimos el artículo alertando sobre tres de los procesos más significativos y peligrosos derivados de este fenómeno global.
Destacamos en primer lugar la proliferación de megaproyectos mineros, tanto en los países periféricos como centrales, impulsados por empresas transnacionales y protegidos por sus alianzas institucionales. La minería supone una tipología de megaproyectos especialmente nociva –máxime en el marco de impunidad corporativa que impera en muchos territorios–, generadora de grandes desastres ecológicos, criminalización, violencia, autoritarismo, división social y devastación económica. El marco para el crecimiento exponencial de la conflictividad social, por tanto, está servido, en un contexto no sólo de desregulación sino de destrucción de derechos.
En segundo término, asistimos con preocupación al fortalecimiento de un contexto geopolítico de imperialismo, colonialismo, dependencia y reprimarización, al que la disputa minera contribuye notablemente. Por un lado, corporaciones y estados centrales utilizan todos sus dispositivos económicos, diplomáticos y militares para apropiarse de los recursos que necesitan sus cadenas de valor, sin rubor alguno. Por el otro, gobiernos y élites de países periféricos se abonan crecientemente al extractivismo como vía de inserción internacional. El sector metálico, en consecuencia, contribuye a la consolidación de agendas violentas y de desestructuración política y social.
Por último, es especialmente grave el vínculo directo y creciente entre la minería metálica y el avance del régimen de guerra. Como ya hemos señalado previamente, son sobre todo las inversiones digitales y armamentísticas las que definen el horizonte económico y geopolítico actual, especialmente en la conexión entre inteligencia artificial y el complejo militar y securitario.
Si la guerra económica no ha dado para Occidente los resultados esperados, es la guerra pura y dura donde Estados Unidos y sus aliados sitúan ahora el desesperado intento tanto por fomentar la acumulación de capital de sus corporaciones, como la herramienta principal para sostener su posición internacional, a partir de su aparente primacía tecnológica en el vínculo entre belicismo e IA. Las nuevas herramientas militares utilizadas en Gaza, Venezuela e Irán evidencian esta apuesta estratégica, fortaleciendo la lógica de bloque público-privado entre estados y grandes tecnológicas como Palantir.
Esta agenda bélico-digital en ascenso, centrada en el desmantelamiento del Estado social, el control social masivo y del desarrollo armamentístico de última generación sería imposible sin la minería metálica, por lo ya expuesto en la introducción.
Por tanto, el extractivismo minero supone hoy un fenómeno global de primer orden, modelador del caos geopolítico vigente y del régimen de guerra en expansión. Es fundamental acelerar la movilización popular contra su avance, la regulación democrática de su uso, así como el impulso de una agenda minera propia por parte de pueblos y movimientos sociales en pos de una transición ecosocial justa.
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