No ha habido sorpresas en la urnas. El PP ha vuelto a ganar las elecciones de Aragón y necesitará otra vez el apoyo de Vox para gobernar. La diferencia ahora, con respecto a 2023, es que el PP, más debilitado, tendrá que lidiar con un Vox más fortalecido. Tanto, que el partido de ultraderecha ha doblado sus resultados de hace tres años. La otra gran diferencia es el estado del PSOE, que ha perdido aún más fuerza de la que ya perdió entonces y baja a los niveles de 2015.

Con el 98,6% escrutado, el PP ha obtenido 26 escaños, dos menos que en 2023; el PSOE se queda en 18, cinco menos que hace tres años; Vox gana siete diputados y escala hasta los 14; Chunta Aragonesista (CHA) también dobla: de tres a seis escaños.

Teruel Existe ha perdido uno de sus tres diputados; y IU-Movimiento Sumar mantendrá el escaño que tiene. Podemos-Alianza Verde y el PAR se quedan sin el único diputado que tenían. Y Se Acabó La Fiesta, que era la primera vez que se presentaba, no ha obtenido representación.

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En el año 2005, trabajaba como joven investigadora del Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya. Escribí un artículo, Costa Rica, tan lejos de Suiza, tan cerca de Centroamérica, sobre los casos de corrupción que salpicaban a varios exmandatarios costarricenses, reflexionando sobre cómo Costa Rica había construido, no sin cierto sentimiento de superioridad, una imagen nacional basada en las diferencias culturales y políticas respecto a sus vecinos del istmo que se estaba desmoronando en los últimos años. El título tenía su dosis de provocación y así fue. Un sociólogo costarricense envió una réplica a mi centro de trabajo, con la solicitud de ser publicada, Costa Rica, cerca de Centroamérica y de la Europa del bienestar, destacando la capacidad de las instituciones de su país para enfrentar la crisis y lo injusto que era, por mi parte, no valorar esa fortaleza institucional. 

Pero la causa exclusiva de la crisis de principios de los 2000 era más profunda y no se circunscribía a los casos de corrupción. Se vivía ya una transformación del pacto fundacional de la nación, posterior a la guerra de 1948, según el cual el Estado propiciaría la movilidad económica y la estabilidad social a través de unas potentes políticas sociales. Gracias a este acuerdo de las élites políticas, la sociedad costarricense mantuvo durante décadas unos estándares de vida superiores a la media centroamericana, además de gozar de relativa paz social en un contexto regional de revoluciones, lucha armada y contrainsurgencia estadounidense. Se acuñó el mito de la “Suiza centroamericana”, un supuesto oasis que, en realidad, era un espejismo detrás del cual se escondía la desigualdad, la pobreza y una represión a la disidencia más sutil pero no menos efectiva. La izquierda, fuera de la socialdemocracia gobernante, era minoritaria y Costa Rica se alineaba claramente con EE. UU. en tiempos de la Guerra Fría.

Sin embargo, los años noventa y sus políticas de ajuste afectaron a Costa Rica, como al resto de países de América Latina y el Caribe, iniciando la penetración de las políticas neoliberales. El país se movilizó en contra del intento de privatización en 2001 del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que consiguió frenarse, y también contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU., que, este sí, entrará en vigor en 2009, después de un referéndum nacional en 2007 que lo aprobó con el 51,22% de los votos.

La introducción de la agenda neoliberal produjo el descrédito del liderazgo político que se tradujo en un cambio en el sistema de partidos costarricense. La implosión del bipartidismo o, a decir de otros, del hegemónico Partido Liberación Nacional (PLN), de tinte socialdemócrata, aunque cómplice del desmontaje del Estado social, dio lugar al surgimiento de nuevas fuerzas políticas que trataron de canalizar el descontento, bajo el liderazgo de exmiembros del PLN, como el centrista Partido Acción Ciudadana (PAC). 

Ese fue el caso de Luis Guillermo Solís, politólogo, profesor e investigador, que ganó las elecciones presidenciales con el PAC en 2014, después de una primera vuelta en que la izquierda del Frente Amplio (FA) alcanzó más del 17% de los votos, un hecho inédito en la historia de este moderado país. A Solís le siguió otro gobierno del PAC, encabezado por Carlos Alvarado, quien disputó la segunda ronda a un partido evangélico que obtuvo el 24% de los votos. La fragmentación partidaria llegó a la Asamblea Legislativa.  

Alvarado y el PAC, que pretendían ser gobiernos de ruptura, no lograron contener el avance de la desigualdad. Algunas de las medidas fiscales que tomaron después de 2018 tampoco ayudaron a mejorar la situación y acabaron generando rechazo. La pandemia agravó la situación. La aprobación de una “ley anti-huelgas” en 2020 dejó claros los límites para canalizar las demandas sociales. El incumplimiento de la promesa democrática sobre la que se erigió la Segunda República costarricense era un hecho y dejó el camino allanado para la emergencia de nuevos liderazgos, como el de Rodrigo Chaves. Un personaje que se presentaba como outsider a pesar de haber sido ministro de Hacienda en la administración Alvarado y ser, además, un exfuncionario de carrera del Banco Mundial, con 27 años de servicio a sus espaldas y varias denuncias de acoso sexual. 

Ello no fue óbice para que Chaves fuera el hombre capaz de presentarse como la solución al descontento. Ganó en 2022 frente a un candidato del PLN, el expresidente José María Figueres Olsen, protagonista de uno de los escándalos de corrupción que relataba en mi artículo de 2005. Chaves ha gobernado estos cuatro años con niveles de popularidad superiores al 60%. Su retórica de mano dura contra la delincuencia contrasta con el hecho de que durante su mandato el narcotráfico ha podido penetrar en Costa Rica como nunca. Si su modelo político es El Salvador de Nayib Bukele, de quien ha copiado la idea de crear una mega cárcel en la que encerrar a los delincuentes, un discurso que cala a medida que los índices de criminalidad se multiplican, su modelo económico es la Argentina de Javier Milei. De hecho, el también economista Chaves ha logrado subsumir bajo su liderazgo a los libertarios costarricenses, es decir, a los representantes del supuesto “anarcocapitalismo”.

Sus detractores destacan sus ataques al resto de poderes del Estado desde el Ejecutivo, su persecución a la oposición política desde el Gobierno, la confrontación con los medios y el victimismo constante que, sin embargo, ha acrecentado sus apoyos y reforzado un perfil antisistema que no es tal. Chaves no necesita ser coherente entre lo que dice y lo que hace. Tiene un discurso y unas prácticas que lo alinean con las extremas derechas continentales y mundiales, aunque con características ticas. También en su caso ha contado con un ecosistema de medios favorables en las redes sociales cuya financiación se desconoce. 

Chaves ha gozado del apoyo de los EE. UU. de Trump para que Costa Rica siga siendo el fiel aliado estadounidense en Centroamérica que siempre fue, reforzando una agenda compartida de securitización de las migraciones y de combate selectivo al crimen organizado que apuntala las alianzas geopolíticas de Washington en un momento de rearticulación hemisférica estadounidense. Un respaldo que seguirá teniendo, sin duda, la próxima presidenta, Laura Fernández, elegida este 1 de febrero con más del 48% de los votos, quien se convertirá en la segunda mujer mandataria. Fernández, joven politóloga, ha sido la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPS) ante la imposibilidad de la reelección inmediata en el país centroamericano. Ya ha anunciado el inicio de una Tercera República y la “continuidad del cambio” que, en su caso, supone una profundización de las líneas establecidas por su antecesor y mentor, Rodrigo Chaves. 

Para acometer algunos de los cambios, que podrían requerir modificaciones constitucionales, el PPS de Fernández cuenta con 31 de los 38 diputados necesarios para lograr la mayoría de dos tercios sobre los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. La mayoría simple de 29 diputados ya la tiene. Entre las propuestas que prevén algunos analistas está la aprobación de la reelección presidencial, la venta del Banco Central de Costa Rica, el desfinanciamiento del Estado o la redacción de una nueva Constitución. 

Pero, más allá de especulaciones, lo que sí le tocará a esta nueva bancada es renovar a la mitad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con afectaciones en la Sala Tercera y la Sala de Casación Penal encargada del combate a la corrupción y el narcotráfico. Esta renovación afecta asimismo a áreas como la Sala Constitucional, que en Costa Rica depende del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Policía Judicial. Por ello, varios expresidentes han mostrado su preocupación ante lo que ven como un “riesgo para la democracia”. 

No obstante, la evolución de la política costarricense en las últimas décadas, las transformaciones de su sociedad y los impactos económicos experimentados por las políticas neoliberales de las administraciones precedentes, así como la presencia creciente de una realidad desconocida como el narcotráfico, demuestran que Costa Rica no es inmune a las problemáticas que asolan Centroamérica y América Latina en general. Tampoco a las corrientes ideológicas que parecen imponerse en el mundo. Y no está claro que la fortaleza de sus instituciones vaya a resistir la arremetida.

Pero el respaldo a la “continuidad del cambio” en estas elecciones deja otro elemento para la reflexión, quizás menos evidente pero más acuciante, que apunta a una erosión de las promesas y los consensos democráticos que vendría de lejos. Aquí radica hoy, como antes, el origen de los problemas que enfrenta Costa Rica. La revisión pormenorizada de los resultados de votación por cantones –unidades administrativas– muestra que los cantones con peor índice de desarrollo han votado mayoritariamente por Fernández, en porcentajes superiores al 60% en muchos casos. Lo lógica inversa se encuentra en los cantones con mejor índice de desarrollo. La desigualdad se expresa en las preferencias electorales y en la búsqueda de soluciones.

Como en otras latitudes, cuando la democracia liberal no logra satisfacer las condiciones materiales de vida de la gente, la frustración puede ser canalizada por quienes dicen venir a mejorar los problemas pero, en realidad, no son más que oportunistas defensores del mismo sistema económico capitalista que está en la base de la generación de pobreza y desigualdad. En este sentido, lo que está pasando en Costa Rica no es más que parte de un fenómeno ya visto en otros escenarios que, dadas las características de la historia política costarricense, se puede interpretar como altamente excepcional, aunque no lo sea tanto. Estamos ante un caso más de víctimas votando a sus verdugos en una espiral de autodestrucción que está llevando a la humanidad a la barbarie colectiva. 

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Mientras cerrábamos el número 110 de la revista de La Marea, la policía migratoria de Donald Trump tiroteó al enfermero Alex Pretti en Minneapolis. Unos días antes, el ICE había matado ya a Renée Good. Las acciones del presidente de EE. UU. y la inacción de la comunidad internacional están dejando sin palabras a una sociedad que, paradójicamente, mira cada vez más a los líderes ultras. Lo hemos visto en Chile recientemente o, más cerca aún, en Portugal. En España, Ayuso se mueve con soltura y las encuestas pronostican también una amplia subida de Vox. Lo peor es que no es nuevo –ya buscamos en estas mismas páginas hace diez años antídotos de izquierdas–. Y lo aún peor es que va a más.

Ahí tenemos siempre al Carnaval de Cádiz cantando las mejores crónicas: «Mamá, perdóname, pero yo de mayor quiero ser un fascista». En el dossier de nuestra última revista (con portada de Candela Sierra, premio Nacional de Cómic 2025) tratamos de dar respuesta a todas estas cuestiones, qué lleva a la clase obrera a votar políticas en contra de sus propios intereses. ¿Por qué hay cada vez más obreros de derechas o, como dice el pasodoble de Los hijos de Cádiz, más fascistas modernos? Por un lado, en un reportaje firmado por Guillermo Martínez, contamos con los testimonios de trabajadores y trabajadoras forjados en la izquierda que han terminado virando su voto en los últimos tiempos hacia opciones como Vox. Y, por otro, con entrevistas y análisis de especialistas (Pablo Batalla, Patricia Simón, Sebastiaan Faber, Olivia Carballar, Jorge Dioni López, Barbara Celis, Antonio Avendaño…) que interpretan las causas más profundas del contexto global en el que estamos inmersos. La conciencia de clase ya no es un factor clave en la elección del voto, avisan. Y ridiculizarlos tampoco es la solución.

Y además…

En este número también nos hemos desplazado a la frontera entre Venezuela y Colombia para tomar el pulso a la doctrina Donroe, ese nuevo viejo orden impuesto desde la Casa Blanca y que sitúa a América Latina, con ánimos redoblados, como su «patio trasero».

Entrevistamos a Hernán Zin, cineasta y reportero con 20 años de experiencia en conflictos armados. Su última película, nominada al Goya, es el documental Todos somos Gaza. Es la segunda parte de Nacido en Gaza (2014) y en ella sigue los pasos, en mitad del genocidio, de tres de los niños (ya adultos) que aparecían en la primera entrega.

Fieles a nuestra agenda, seguimos cerca del Sáhara Occidental. En esta ocasión nos acercamos a una paradójica realidad: alejados de su mar y de uno de los bancos de pesca más importantes del mundo, el pueblo saharaui cría pescado fresco en una piscifactoría situada en mitad del desierto, cerca de los campamentos de personas refugiadas de Tinduf (Argelia).

Sin perder de vista la actualidad, tras el trágico accidente de Adamuz y el de Rodalies en Barcelona, ponemos el foco en el impacto que tiene el cambio climático sobre las infraestructuras dedicadas a la movilidad.

Por su parte, nuestro compañero Eduardo Robaina, coordinador de Climática, nos explica qué es y cómo nos afecta la calima, el polvo en suspensión procedente del desierto. En torno a este fenómeno meteorológico ha publicado un foto-libro con imágenes espectaculares.

Y Bob Pop nos presenta a Víctor, alguien verdaderamente fascinante: recoge ropa de la basura y la reutiliza, con un ojo excelente para combinar prendas y un discurso político muy potente contra la moda del usar y tirar.

Que no falte la cultura

Como siempre, llevamos temas muy interesantes en nuestra sección cultural, El Periscopio, que en esta ocasión cuenta con una preciosa portada diseñada por Sara Betula (sí, ahora que abundan las ilustraciones instantáneas generadas por IA, nosotras seguimos apostando, más que nunca, por las manos humanas).

Entrevistamos a la canadiense Sophie Deraspe, directora de Hasta la montaña, un bucólico alegato contra las prisas y las pantallitas que nos amargan la existencia. Analizamos el papel subalterno de las mujeres en las películas de romanos. Y publicamos fragmentos del diario personal de la artista Marta Cárdenas.

Como veis, la revista de enero-marzo viene cargada de temas actuales, profundos y sugestivos.

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Puedes leer el dossier ‘Obreros de ultraderecha’ en LaMarea110. Suscríbete para recibir nuestra revista. ¡Gracias!

Primero le preguntaron los ingresos aproximados de su hogar. Después, a qué clase social creía pertenecer. La periodista Noelia Ramírez respondió: a la clase trabajadora. “Lo dije dubitativa, añadiendo ‘de la cultura’ como si eso justificase por qué me metía en ese saco”, escribió en Nadie me esperaba aquí. Apuntes sobre el desclasamiento (Anagrama, 2025).

No es la única que duda sobre su clase social. En el barómetro del CIS de octubre de este año, el 0,3% de las personas encuestadas respondieron de manera espontánea que eran “proletarios”. El 14,6% acabó encuadrado en la clase trabajadora, mientras que a la clase media-media se apuntó el 37,8%. En el mismo mes de 2024, el 10,5% de los encuestados dijo pertenecer a la clase trabajadora, y la clase media-media se quedó en el 40,8%. Un 0% de las personas respondieron que pertenecían al proletariado.

El sociólogo César Rendueles, integrante del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), aborda en estas líneas cómo la idea de conciencia de clase a veces ha tenido una dimensión intelectualista que, dice, “es un poco falsa y sobre todo bastante inútil políticamente”.

¿Por qué cree que sucede esto?

En ocasiones, la conciencia de clase se entiende como una especie de hermanamiento de las relaciones de producción con nuestra cabeza, como si fuera un rayo mágico que nos hace ver la realidad social que provocan las relaciones de producción, y pensamos que quien no siente ese rayo mágico es torpe, tonto o está alineado, pero eso no es así.

¿Cómo se construye entonces la conciencia de clase?

Es algo que se construye colectivamente y que requiere de mediadores institucionales. Tradicionalmente, han sido los sindicatos de clase los que de alguna forma construían esa conciencia. Del mismo modo, tiene que ver con la sensibilidad de cada uno, sus afectos, sensaciones, proceso de socialización… Y eso se ve en los centros de trabajo, pero también en relaciones dentro del barrio o de la familia.

La desaparición de este tipo de mediadores ha hecho que la conciencia de clase cambie. De ahí que aumente tanto la gente que responde que pertenece a la clase media. Cuando ha desaparecido el entramado de socialización que te permitía adscribirte a una clase u otra, la gente busca algo que evita el compromiso, lo neutro.

La gente no se identifica como proletaria, pero tampoco como clase alta.

Si le preguntan al 5% de personas que más dinero ganan en España, que no es tanto dinero, no son los súper ricos, la mayor parte de ellos dirían que son clase media, y si tienen una idea más cabal de la estructura de rentas española, dirían media-alta. No es que el proletariado haya desaparecido, es que se han descompuesto esas mediaciones colectivas que generaban el campo sociológico y político proclive a la creación de la conciencia de clase.

¿Cómo se podría volver a vertebrar esa conciencia?

La pérdida de la conciencia de clase ha sido un proceso muy largo, de décadas, y que tiene que ver con una batalla perdida. Nos han derrotado en ese campo. Solo lo conseguiremos revertir si articulamos nuevos actores colectivos que estructuren ese campo de estrategia política. Si no, la conciencia de clase no aparecerá por arte de magia.

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Dicen que Aragón es tierra de pactos. De ello se enorgullecen habitualmente los políticos y las políticas de ese lugar. Allí, por ejemplo, se fraguó en 2019 una entente que se antoja antinatura, con el PSOE, Podemos, Chunta Aragonesista (CHA) y el Partido Aragonés (PAR), al frente del primer gobierno cuatripartito en la historia de la comunidad. 

Sin embargo, esa facilidad para el acuerdo postelectoral transmuta en incapacidad en la izquierda (a la izquierda del PSOE) en los periodos preelectorales, cuando hay que decidir las siglas y los nombres que concurrirán a los comicios. Los de 2026 no serán una excepción, a pesar de que desde Podemos e IU (la opción de que CHA también se integrara en una candidatura unitaria siempre estuvo lejos) aseguran que nunca han estado tan cerca. 

El efecto de este nuevo desacuerdo es incierto, aunque los antecedentes más cercanos no invitan al optimismo. En las últimas elecciones municipales en Huesca, la dispersión fue máxima, ya que se presentaron cuatro candidaturas de izquierdas y todas recabaron (por muy poco) menos del porcentaje mínimo de apoyos que hay que recibir para obtener representación, que en las elecciones a los ayuntamientos se establece en el 5%: Podemos (4,68%), Cambiar Huesca (4,47%), CHA (4,43%) y EQUO (4,3%). Resultado: gobierno en solitario del PP, que obtuvo 12 concejales. El Pleno se completó con los 10 del PSOE y tres de VOX. 

Ni aquella estruendosa llamada de atención ni el hecho de que las encuestas para las elecciones del 8 de febrero de 2026 barrunten subidas del PP y, sobre todo, del partido de ultraderecha de Abascal, además de una caída del PSOE (con la exportavoz del Gobierno central Pilar Alegría al frente), han hecho sonar la alerta a la hora de pergeñar las listas electorales: tres opciones a la izquierda del PSOE estarán en las papeletas: CHA, Podemos e IU-Sumar. 

¿Qué pasó en otras elecciones autonómicas?

La realidad es que esta discordia no es noticia, y no solo porque sea una impronta histórica de la izquierda española, sino porque en Aragón nunca ha habido unión en esa izquierda alternativa. A pesar de ello, esta sí ha sido capaz de gobernar. 

En 2015, la unidad era una utopía. Era el momento de Podemos y, lógicamente, no estaban dispuestos a perder ni un ápice de visibilidad y protagonismo. Las urnas les dieron la razón: los morados (con Pablo Echenique como candidato a la Presidencia) lograron 137.325 votos, que les otorgaron 14 escaños. CHA consiguió dos (30.618 votos) e Izquierda Unida se quedó con uno (28.184 votos). En total, 196.127 votos. El socialista Javier Lambán se convirtió en presidente, con el apoyo de Podemos, CHA e IU, aunque solo los aragonesistas entraron en el Gobierno con una consejería.

Cuatro años más tarde, el gran problema –grosso modo– estuvo en los puestos que ocuparía cada partido en las listas. Finalmente, aquellos comicios estuvieron marcados por el descalabro de Podemos, que perdió más del 50% de los votos: recibieron 54.252 (cinco escaños). CHA subió hasta los 41.879 (tres) e IU descendió a 22.229 (uno). En total, 118.360 votos (-39,6% respecto a 2015). De nuevo, Lambán consiguió ser investido, con el apoyo de Podemos (que esta vez sí entró en el Ejecutivo), CHA (que repitió con una consejería), el PAR (que se hizo con la Vicepresidencia y la cartera de Industria) e IU (que se siguió quedando fuera).

Y en 2023 la fricción preelectoral advino por el enfoque que había que darle a la campaña: Podemos pretendía basarla en su buena gestión durante el gobierno de coalición con el PSOE, e IU quería marcar distancia. Los morados continuaron en caída libre: 26.923 votos y un escaño. CHA se quedó con 34.163 (tres asientos) e IU mantuvo su escaño, aunque perdió votos (20.959). La suma fue 82.045 votos (-58,2% sobre los resultados de 2015).

Las ‘reuniones’ entre la izquierda

Con las encuestas a favor, la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos generales fue la excusa perfecta para que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, anunciara un adelanto electoral para el próximo 8 de febrero. Otra vez, planeaba la idea de que hubiera unidad a la izquierda del PSOE. Como era de prever, esta no ha llegado.

Los hechos confirmados por las fuentes de los tres partidos con las que ha hablado La Marea son: entre CHA y Podemos solo ha habido conversaciones telefónicas; CHA e IU llegaron a sentarse; Podemos e IU lo intentaron hasta el último momento, y no ha habido ninguna reunión a tres bandas. Partiendo de lo anterior, lo que varía es la visión de cada una de las formaciones acerca de cómo se condujeron esas negociaciones y quién puso más (o menos) para lograr la unidad.

En Chunta Aragonesista (CHA) reiteran que querían una reunión con todos los partidos, en la que cada uno planteara sus condiciones. Lo consideraban (obviamente) un punto de partida imprescindible para la unidad, pero la realidad es que los aragonesistas nunca propusieron de manera oficial que se produjera ese encuentro.

Deslizan (y critican) injerencias y vetos estatales por parte de Podemos, tanto a CHA como a Sumar (que surge como una pieza distorsionadora del posible puzle, por la negativa de los morados a compartir ningún tipo de espacio con ellos). «Si era una candidatura de coalición, tenía que ser de todas las fuerzas políticas y sin mandatos desde Madrid, que es lo que ha pasado», aseguran fuentes de la formación nacionalista. 

Se da la circunstancia, de que el candidato de CHA a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, es actual diputado por Sumar en el Congreso de los Diputados. A este respecto, desde Chunta indican que el problema surge cuando Sumar se constituye como partido político: «Era un paraguas y ha dejado de serlo». Sobre cómo puede responder el votante de izquierdas, afirman que tienen una fidelidad de voto muy alta y que no creen que les perjudique el concurrir separados. 

Los (escasos) momentos clave del proceso se corroboran escuchando a Podemos (excepto la mención a Sumar): solo hablaron por teléfono con CHA, y con IU hubo opciones hasta el final. Pero los detalles cambian, puesto que aseveran que los aragonesistas nunca les dieron opción a hablar de nada.

Respecto a IU, afirman que «Podemos era quién más interés tenía en la unidad», que hablaron de la condición programática y que había coincidencia en muchos puntos. Los morados explican que hicieron la última oferta a IU el mismo día 26 por la mañana, y les acusan de tener ya cerrado un pacto con Sumar mientras seguían negociando con ellos. 

¿Les castigará el electorado? Reconocen que siempre hay miedo a que eso suceda, pero que los y las votantes son lo suficientemente inteligentes como para entender el momento crucial que se está viviendo y que el verdadero enemigo es la extrema derecha.

IU y CHA sí llegaron a sentarse, aunque parece que con pocas esperanzas, ya que, como señalan fuentes de IU a este medio, Chunta nunca ha querido unidad en los procesos autonómicos, porque consideran que si van con otras formaciones se diluyen y pierden su identidad. 

A Podemos, detallan, les propusieron un reparto igualitario (50-50) de recursos y visibilidad, pero el problema fue quién lideraba la lista. Confirman esa última oferta del día 26 y la concretan en que los morados ofrecían un 60-40 de recursos a favor de IU, y con su candidata, María Goikoetxea, liderando. En IU lo recibieron como una suerte de compra de la cabeza de lista y lo rechazaron. Reconocen también que tenían un pacto con Sumar, pero con una salvedad: este incluía una condición consistente en que, si alcanzaban un acuerdo con Podemos, cancelaban el que habían cerrado con Sumar. 

Como el resto de formaciones, en IU quieren mirar hacia adelante y conseguir que la gente vaya a votar, porque la derecha en Aragón no es tan grande, advierten. En 2023 únicamente subieron dos escaños, «el problema es que perdimos muchos votos por la izquierda».

El futuro

A pesar de este nuevo fiasco en el intento de conseguir la unidad de la izquierda en Aragón, y de que el foco esté puesto en las elecciones del próximo 8 de febrero, en Podemos miran un poco más allá e indican que seguirán trabajando para crear esa unión, y que la nueva dirección del partido en la Comunidad tiene ganas de trabajar y está dispuesta a levantar una izquierda alternativa que le dé certezas a la ciudadanía. 

También son optimistas en Izquierda Unida. Fuentes de esta formación señalan que incluso han visto en CHA una actitud algo más favorable que en otras ocasiones. Para IU ya ha pasado el tiempo de las confluencias y es la hora de las coaliciones, una fórmula que permite mostrar una cara de unidad total al exterior, aunque internamente haya diferencias y una separación de partidos.

En su opinión, se han fijado unas bases para el futuro, respecto al reparto igualitario de recursos o visibilidad, aunque el elefante en la habitación sigue siendo el de siempre: cómo decidir quién lidera la candidatura. Hay que establecer un mecanismo, y en IU creen que ahora están más cerca de lograrlo.

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Por Javier Franzé. Publicado originalmente para ctxt.

El mal es un viejo conocido de la política. Se diría que es su sombra, aunque eso nos obligaría a identificar la luz que la produce. En cualquier caso, no hay un solo mal, sino muchos y variados. No sólo porque hay muchas acciones malas que cometer, sino también porque hay variados géneros de mal. Pero ¿cuál es el nuestro de hoy? ¿Hay alguno inédito o son los viejos conocidos de siempre? Tenemos la sensación de que algo nuevo ronda por ahí, pero no resulta fácil identificarlo.

Entre las acciones malas tenemos hoy la guerra, la mentira, el engaño y la corrupción, entre otras. Y entre los géneros a la hora de hacer el mal contamos con el disimulo, el banal y también el asumido. Pero esto, que es mucho, no parece ser todo. Hay un nuevo amigo: la desinhibición. En su libro Tiempos nihilistas, Wendy Brown acuña un sugerente nombre para hablar de líderes como Trump u Orban, a los que se puede agregar Milei y también Bolsonaro o Abascal: “liderazgos desinhibidos”.

Aunque es un concepto de la psicología, la desinhibición parece dar cuenta de los muchos vericuetos existentes en la relación entre ética y política. ¿Ética y política? ¿Todavía vamos a seguir hablando de ética y política en un mundo como éste? Sí. Veamos por qué.

El problema clásico de la ética política es que lo bueno a veces choca con lo útil. Por ejemplo, en ocasiones la paz no resulta un medio eficiente para alcanzar la paz, sino que –sin pretenderlo– conduce a la guerra. Es lo que sucedió con los Acuerdos de Múnich de 1938: Gran Bretaña y Francia acordaron con la Alemania nazi cambiar la anexión de los Sudetes por la paz, pero Hitler no cumplió su palabra y de inmediato ocupó el resto de Checoslovaquia. Eso obligó a hacer la guerra para frenar el expansionismo alemán y alcanzar la paz. Una guerra que provocó unos sesenta millones de muertos (la gran mayoría civiles), trajo la democracia social a Europa, pero también consolidó el totalitarismo soviético de Stalin y sus gulags. Quizá no haya caso más descarnado de cómo el mal puede ser más útil que el bien para conseguir algo ni siquiera completamente bueno, porque confirmó males similares a los que combatía como el totalitarismo, la Guerra Fría y el imperialismo, entre otros.

La forma clásica de faltar a la ética política es llamar al mal bien. Es decir, no reconocer el mal hecho y presentarlo en cambio como un bien: una matanza indiscriminada es justificada como un acto de legítima defensa o un ataque terrorista, como un acto de liberación antiimperialista. Sin embargo, cumplir con la ética política consiste en primer término en buscar el bien, pero también –y quizá principalmente– en asumir la necesidad de realizar el mal, no en hacer siempre y mecánicamente el bien, precisamente porque se sabe que a veces el bien puede llevar al mal (y viceversa). Es decir, ser ético en política implica buscar el medio bueno, pero sobre todo asumir el mal, no eludirlo ni arrepentirse si resulta necesario. No equivale a decir “no debería haberlo hecho” o “no volveré a hacerlo”, sino por el contrario mostrar el dolor, la pena e incluso la culpa por tener que haber recurrido en caso extremo al mal para conseguir el bien o, mejor dicho, para evitar un mal mayor.

Ese es el criterio de la ética política: males menores evitan males mayores (o consiguen bienes relativos). Llamar al mal bien o mostrarse indiferente por el mal hecho es lo que expresa la frase –habitualmente mal atribuida a Maquiavelo– “el fin justifica los medios”. En efecto, según este criterio, si el fin se consigue, todo lo que llevó a él queda justificado, sin resquemor ni aflicción alguna, porque el éxito retrospectivamente lo disculpa todo.

Curiosamente, entonces, tanto quien observa la ética política como aquel que la incumple reconocen no obstante la existencia del bien. Ambos aceptan la existencia del límite que toda acción, para ser buena, debe respetar y reconocen, por lo tanto, que si lo franquea estaría entrando en el mal. Es por eso que quien observa la ética política asume el mal cometido, pero por lo mismo el que no la cumple quiere presentar el mal como bien. Ambos buscan cobijarse en el bien, más allá de la forma y la finalidad con que lo hagan.

Pero el mal actual ya no quiere parecer bueno. Cuando Trump dice que podría disparar en la Quinta Avenida e igual sería votado o cuando Milei afirma que “no odiamos lo suficiente a los periodistas” no están siendo espontáneos, ni auténticos, ni transparentes, sino desinhibidos; es decir, están desreconociendo el límite entre el bien y el mal. Por eso no pueden ni lamentar tener que traspasarlo, ni disimular que lo han cruzado.

Antes la discusión consistía en discutir el contenido del bien y del mal; por ejemplo, para la izquierda la igualdad era buena y la iniquidad, mala, mientras que para la derecha la libertad era el bien y el igualitarismo, el mal. Esta controversia se basaba lógicamente en el reconocimiento de la existencia del bien y del mal e, incluso, de las paradójicas relaciones que la política teje entre ellos. Sin embargo, hoy nuestro problema parece ser restituir el sentido de la distinción entre el bien y el mal, cualesquiera sean sus contenidos y los criterios que tengamos para franquear ese límite. La acción de los líderes desinhibidos se sitúa, así, más allá del bien y del mal. Justo ahí parece estar la diferencia y la particularidad de nuestro mal actual.

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21 de diciembre

Salvo imprevistos, se acercan días tranquilos. Me apetecen mucho y al mismo tiempo me dan miedo, como si me hubiese acostumbrado a un nivel de actividad que, si no lo alcanzo, me hará sentir vacío. Propósito para el próximo año: ser más como las ovejas y corderos que estoy viendo en el prado vecino; pensar solo en lo inmediato. Aunque ahora caigo en que muchos de los corderos acabarán en los platos de las celebraciones navideñas y no vivirán hasta el próximo año. A ratos está bien ser humano, a pesar de todo.

No hemos entendido aún que el problema no es que los políticos se corrompan, sino que la sociedad es corrupta. Todos sabemos que Trump y su familia están realizando negocios aprovechándose del cargo de presidente; que ha tenido que pagar para comprar el silencio de mujeres; que está en los papeles de Epstein y que ha estado en fiestas en las que se prostituía a menores –independientemente de que él se fuese a la cama con ellas o no, de lo que solo podemos tener sospechas–. Pero la mayoría de sus votantes seguirán apoyándole.

Como él mismo dijo, aunque saliese a la calle y se pusiese a matar gente seguirían votándole. De hecho, ya ha salido a la calle y se ha puesto a matar gente, en aguas venezolanas, en los países a los que ha cortado ayuda médica, enviando al ejército y al ICE a ciudades estadounidenses.

A nivel más humilde, en España sucede lo mismo. Sabemos que la pinza de la prensa subvencionada, los jueces sesgados, la policía y el dinero –ahora se añade la Iglesia– se usa para subvertir la democracia y destruir la vida de personas de izquierdas, pero a mucha gente le parece bien. Acabar con Podemos, aunque fuera de manera ilegal, lo agradecía una parte considerable de la oposición. Y que muchos empresarios están dispuestos a cualquier cosa para defender sus intereses –a menudo contrarios a los de la sociedad, como sucede en la sanidad privada– también es algo que sabemos.

Lo terrible es que a lo mejor esa parte corrupta de la sociedad no bastaría para ganar unas elecciones si la acumulación de noticias falsas y juicios trucados no sirviese para desalentar a la parte más honesta, que, precisamente por tener criterios morales, no está dispuesta a apoyar a gente de su ideología si se comporta de manera inmoral. Y a veces es cierto, como estamos viendo últimamente en el PSOE, y a veces no; y desde luego su inmoralidad es inferior a la que ha campado libremente en la derecha desde hace décadas.

22 de diciembre

A pesar del batacazo del PSOE en Extremadura, el PP no gana sino que pierde unos miles de votos. Se avecinan más tiempos de recortes de derechos y discursos ridículos. Un momento de política ficción: ¿qué pasaría en el panorama político español si el PP entrase en coalición con el PSOE en lugar de con VOX?

Hay quien se ríe del PP porque pretendía gobernar en solitario y lo que ha hecho ha sido propiciar el crecimiento de la extrema derecha. Pero puede que no sea un error de cálculo, sino un plan para desactivar a la izquierda, para unir en los gobiernos a la derecha y la extrema derecha, que de todas formas son cada vez más difíciles de distinguir una de otra.

23 de diciembre

Vuelvo al tema de más arriba. Se ha abierto la veda contra el Gobierno en general y contra Sánchez en particular, tanto en las filas del PSOE –con algunos de sus miembros posicionándose para la próxima etapa– como, por supuesto, fuera de él. El número de columnistas que explican por qué el gobierno de coalición está acabado y Sánchez hundido crece en progresión geométrica, también en la prensa llamada progresista. Y esto puede convertirse en una profecía autocumplida.

Pero si miro los logros del gobierno hasta ahora y de la que nos ha librado, yo le deseo muchos años de vida, o por lo menos que acabe la legislatura. Consciente de su dependencia de apoyos tan contradictorios, lo milagroso es que haya llegado hasta aquí. Y también de que la corrupción y los abusos en los que han incurrido figuras destacadas del PSOE son insoportables. Pero también del acoso judicial y policial, de la conjura nada encubierta para acabar con el Gobierno a cualquier precio, también a costa de la democracia.

Sin embargo, esos problemas se dan en mucho mayor grado en la oposición de la derecha: la corrupción, las conductas machistas y abusivas están ahí, con la diferencia de que el PSOE, al menos, ha tomado medidas en la mayoría de los casos. Entiendo que la campaña políticoperiodísticapolicialjudicial no pretende tanto aumentar el apoyo a la derecha como desmotivar a los votantes de izquierda y a los flotantes. Y entiendo que está funcionando, porque los casos de corrupción en el PP (y en VOX) apenas aparecen en la prensa y se persiguen con una lentitud exasperante, cuando se persiguen. 

En condiciones normales, cabría la posibilidad de que me abstuviese en unas hipotéticas elecciones generales; la famosa abstención de castigo. Pero, primero, hay alternativas a la izquierda de Sánchez, y además no soy votante del PSOE. Segundo, lo que tenemos enfrente no es una derecha sensata como la del PNV; sí, derecha, y yo no les votaría ni loco, pero al contrario que el PP y VOX no han abrazado las noticias falsas, la difamación, la corrupción como política de partido, el acoso a quienes no piensan como ellos, el ataque generalizado a todo lo público, la homofobia, el desmantelamiento de las políticas de género, el acoso a las instituciones culturales que no se pliegan a las consignas. La alternativa a la coalición ahora mismo no es una derecha que busca, a su manera, el bienestar de la mayoría, sino una dispuesta a una política de tierra quemada para favorecer a grupos de presión.

Y ese es el panorama que parecen aceptar algunos moralistas progresistas, empeñados en fijarse en la paja en el ojo propio e ignorar la viga en el ajeno. Lo malo es que la viga va a caer sobre nuestras cabezas.

Así que, si para salvarnos de la amenaza de la extrema derecha hoy anidada en el PP hay que salvar al soldado Sánchez, aunque repito que yo no le votaría a él ni a su partido, estaría dispuesto a apuntarme a la misión. Ojalá haya muchos que piensen como yo.

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El miércoles 17 de diciembre, los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el desalojo del antiguo institut B9 de Badalona (Barcelona), un edificio abandonado que se había convertido en la alternativa habitacional de decenas de personas migrantes y empobrecidas ante la pasividad prolongada de las administraciones.

El operativo comenzó a las 8 de la mañana, con el habitual y amplio cordón policial¹. El desalojo fue impulsado por el Ayuntamiento de Badalona, en manos del xenófobo Xavier García Albiol², amparado en una resolución judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona, fechada el pasado 12 de diciembre, que autorizaba al consistorio a recuperar la propiedad.

La jueza había dado luz verde al desalojo masivo, pero igualmente ordenó al Ayuntamiento a prestar atención social a los migrantes. Pese a ello, Albiol se negó en todo momento a ofrecer una alternativa habitacional. El alcalde del PP, conocido por su posiciones de ultraderecha hacia las personas migrantes (a las que en esta ocasión tildó de “salvajes”), ordenó igualmente el desahucio. “El ayuntamiento de Badalona no va a invertir ni un solo euro en darles vivienda a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos”, declaró ante los medios de comunicación.

Por ello, durante la mañana solo se presentaron dos personas trabajadoras de los servicios sociales para atender a las 400. Hicieron mucho más por ayudar a las decenas de familias afectadas un centenar de activistas que se concentraron en la puerta que cualquier institución.

El desalojo, además, condujo a la identificación de más de 180 personas y a la detención y derivación de 18 de ellas al CIE de la Zona Franca de Barcelona, para su futura expulsión del país. Dos días después, quedaron en libertad.

Discursos de odio sin tapujos

El desalojo de cientos de personas sin alternativa habitacional ha sido el más grande de la historia de Catalunya y ha sido fuertemente criticado por organizaciones como Badalona Acull, la Plataforma del Barrio de Sant Roc, Regularización Ya y el Sindicato de Vivienda de Badalona. De las 400 personas vivían en el inmueble del antiguo instituto B9, 200 de ellas ya habían abandonado el bloque ante las amenazas abiertas del alcalde semanas antes, las otras 200, sin alternativa a donde ir a vivir, fueron desalojadas en pleno temporal de lluvia, viento y frío. Decenas de ellas pernoctaron los siguientes días bajo un puente de la C-31 en Badalona, mientras, con ayuda de vecinas, organizaciones sociales y sindicatos de vivienda trataban de encontrar soluciones.

Además, el desalojo ha venido acompañado de un discurso claramente criminalizador de la pobreza y de la población migrante. Da igual si en un edificio aparece una moto robada o si algunas personas no tienen papeles: la retórica es siempre la misma. Se construye un relato que vincula pobreza, migración y criminalidad para legitimar el desplazamiento. Un relato que no solo explica lo que ocurre, sino que lo produce: prepara el terreno para que ciertas vidas sean expulsables, para que su presencia en la ciudad sea siempre provisional, siempre cuestionada.

“Cuando Albiol habla en la radio y TV de ‘esta gente’ y los trata de delincuentes, está cometiendo un delito de odio”, ha señalado el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH), de la Universidad de Barcelona (UB) a través de un comunicado publicado es sus redes sociales. “Se trata de un ejemplo claro de racismo institucional, crueldad extrema y menosprecio público”.

Por su parte, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado recordando que “desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos”, que pueden “constituir un trato cruel, inhumano o degradante estrictamente prohibido por el derecho internacional”. Y afea que se haya producido “acompañado de un discurso estigmatizador por parte de las autoridades que describen a todos los que vivían en el bloque B9 como una fuente de inseguridad de la zona y los tildan de delincuentes o personas violentas sin aportar pruebas… esa retórica es inaceptable, discriminatoria y profundamente perjudicial” y que “las autoridades deben esforzarse por combatir la discriminación y no alimentarla”.

Entre chatarra y golpes de porra

“¿Qué tipo de persona puede dejar sin un techo, en pleno invierno, a más de 400 personas? Albiol, el actual alcalde de Badalona, nos ha mostrado esta semana que entre sus delirios racistas es capaz de deshumanizar a una parte de la clase trabajadora para justificar su agenda política. Ahora bien, cabe destacar que lejos de ser un fenómeno aislado, no deja de ser la punta de lanza de un movimiento mucho más generalizado, que de hecho encarna el signo de los tiempos: la reacción”, reflexiona Gisela Bermúdez en El Salto.

“El desahucio del B9 no solo forma parte de los desvaríos autoritarios de Albiol, sino también de una política de la pobreza por la vía punitiva. Una agenda que actúa como si tapando las grietas de un sistema cada vez más inhumano con pintura fresca, estas dejaran de existir. Un programa político que piensa que, al imponerles el cielo como techo a centenares de personas estas desaparecerán, como si de un truco de magia se tratase.

[…] Situamos el desahucio más grande de Catalunya en el contexto político más convulso que se ha visto en décadas. Genocidios, guerras y catástrofes se desarrollan bajo el telón de fondo de una crisis generalizada que lleva en si el agravamiento del problema de la vivienda. La tendencia al alza de los fenómenos de la infravivienda y el sinhogarismo aparecen hoy como la punta del iceberg de la crisis de la vivienda, focalizados en un segmento poblacional muy concreto.

Pues solo hace falta ver las imágenes del desahucio del antiguo instituto para darse cuenta de quiénes fueron los protagonistas de la bochornosa jornada: trabajadores migrantes que malviven errando de nave industrial en nave industrial, vendiendo chatarra, sometidos a salarios de miseria, irregularidad legal y violencia policial sistemática. Albiol, bajo la pudiente retórica a la que nos tiene acostumbrados balbuceó que «lo que tiene que hacer Sánchez es acogerlos él y darles vivienda». Unas palabras que duele oírlas entre aquellos que ya sabemos que el PSOE lleva años abrazando las políticas higienistas de la reacción. Ya sea en forma de laboratorios de criminalización y persecución bajo la marca del “Pla Endreça” en Barcelona o abriendo cárceles de migrantes en Mauritania, en el caso del Gobierno del Estado español.

En el acceso a la vivienda se concentran muchas de las contradicciones, pero la experiencia del B9 nos permite extraer una lección. Mientras que, en Badalona, según el INE, hay más de 7.000 pisos vacíos, hoy 400 personas que antes tenían techo están durmiendo al raso. Esta disonancia inhumana, que haya gente sin casa y casas sin gente, es consecuencia directa de las lógicas del capitalismo. Las viviendas, igual que el resto de las mercancías, no se producen y se distribuyen según su capacidad de satisfacer necesidades humanas, sino por su capacidad de generar beneficios económicos para unos pocos. En pocas palabras: el beneficio de un rentista vale más que condenar a una persona a condiciones infrahumanas de hambre y frío; y el sistema, a golpe de porra, pone todos los medios a la disposición para que no cese la barbarie”.

El desahucio como infraestructura antiinmigratoria

“Lo ocurrido en Badalona parece romper incluso con las expectativas más pesimistas. Aunque el incremento del odio es evidente, una no puede evitar preguntarse: ¿cómo hemos llegado a este nivel de criminalización de la pobreza y del activismo solidario, de racismo institucionalizado y de violencia abierta?”, se pregunta la activista de la PAH Barcelona Julieta Lechini Vittorino. “La extrema vulnerabilidad de las personas que vivían en la IB9 unió a activistas por el derecho a la vivienda, por los derechos humanos y por los derechos de la población migrante, dejándonos con una pregunta común: ¿cómo se ha vuelto posible esto y cómo podemos frenarlo?

Hace apenas unas semanas, con compañeras de la PAH, reapareció el recuerdo de la revista Pronto, que hace años que regalaba pegatinas de “Stop desahucios”. Un activista con más trayectoria que yo me compartía esa memoria con cierta nostalgia, acordándose de un tiempo en el que defender que la gente se quedara en su casa era algo ampliamente compartido, casi obvio, como el derecho que es. 

Está claro que muchas cosas han cambiado desde entonces. Los desahucios por hipoteca son minoría y es hoy una población cada vez más vulnerable la que llega a las asamblea. Si extrapolamos aún un poco más, el contexto del auge de la extrema derecha ha traído consigo figuras autoritarias, desde Argentina hasta Rusia, que han normalizado discursos de odio que hoy impregnan tanto el espacio digital como la vida cotidiana. En este panorama, vemos crecer la individualización de nuestras comunidades y una necesidad exacerbada de construir al otro como amenaza, como enemigo. Un “ellos contra nosotros” que se apoya en identidades nacionales, raciales o culturales para reafirmar un “nosotros” cada vez más estrecho y excluyente.

Pero en este caldo de cultivo de odio, miedo e inseguridad, ¿qué papel juegan los desahucios? ¿Cómo se convierten en infraestructura —porque mueven personas, recursos, materiales y espacios— de control antimigratorio gestionada desde los gobiernos locales? Esta es una pregunta que llevo más de un año y medio haciéndome, como activista y como investigadora migrante, al encontrarme diariamente con la naturalización del desahucio del migrante. Una pregunta que en los últimos días parece haberse materializado en hitos de crueldad y frialdad institucional difíciles de ignorar: dejar a más de 400 personas en una situación de altísima vulnerabilidad en la calle, en pleno invierno, desplazándolas no una sino varias veces, con un mensaje claro y contundente: en esta ciudad no te queremos.

Dos geógrafos urbanos, Baker y Van Baar, ayudan a entender este momento. Ambos coinciden en que el desahucio funciona como una práctica de frontera dentro de la ciudad. No se trata solo de perder una casa, sino de vivir bajo la amenaza constante de perderla. Van Baar llama a esto “evictabilidad”, estableciendo un paralelismo clave entre el espectáculo de la frontera y el espectáculo del desahucio. Así como la frontera produce la ilegalidad migrante como algo naturalizado, el desahucio produce una condición permanente de vulnerabilidad, en la que ciertas personas saben que pueden ser expulsadas en cualquier momento. No es solo el acto del desalojo lo que importa, sino la amenaza constante, la normalización de que hay cuerpos siempre desplazables.

Desde la investigación urbana crítica se viene advirtiendo desde hace tiempo: el desahucio no es solo una consecuencia de la financiarización de la vivienda, sino una práctica de frontera. Como explica Baker, los desahucios no son rupturas excepcionales del orden urbano, sino actos infraestructurales de gobierno que producen lo que denomina una “disposición hacia el desplazamiento”. No se trata únicamente de expulsar cuerpos de un espacio concreto, sino de disciplinarlos, de enseñarles que su permanencia en la ciudad es siempre condicional.

En este sentido, la frontera no está solo en los aeropuertos o en las pateras del Mediterráneo. Invade el ámbito más íntimo: el hogar. Entra a través de la policía, de los juzgados, de las deudas, del mercado del alquiler y de perfiles racializados que determinan quién puede acceder a una vivienda y quién queda sistemáticamente fuera. El proceso del desahucio implica un trabajo constante sobre los cuerpos: funcionarios, agentes judiciales y fuerzas de seguridad actúan para justificar y producir esa disposición al desplazamiento, gestionando los movimientos de quienes son considerados prescindibles en el espacio urbano.

[…] De este modo, el desplazamiento vuelve a cumplir una función conocida: asegurar simbólicamente la identidad del español blanco —aunque también precarizado— que consume estas noticias. El desahucio no solo expulsa, también ordena. Ordena quién pertenece, quién sobra y quién puede ser sacrificado para sostener un imaginario de seguridad y normalidad. Y en ese orden, la vivienda se consolida como una de las infraestructuras más eficaces de la frontera contemporánea”.

Concentraciones racistas y respuesta solidaria

Tres días después del desalojo, la Creu Roja y Cáritas anunció que acogería a 15 de las personas más vulnerables que fueron desalojadas en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat. Una decisión claramente insuficiente a la vista de la magnitud del problema, pero que al menos puede dar una solución temporal a un puñado de personas.

Sin embargo, 200 personas, supuestamente vecinos de Badalona, se concentraron en la puerta del centro religioso. Con cánticos racistas y xenófobos, incluso amenazas de muerte, querían impedir la entrada de las personas desalojadas. Las expresiones abiertamente criminalizadoras contra las personas migrantes se asemejaban a las contenidas en los discursos de Albiol y buscaban una confrontación directa.

Xavier García Albiol se presentó en la concentración, supuestamente para apaciguar los ánimos. Después de haber negado durante todo el fin de semana la asistencia a los inmigrantes pidió a los vecinos que permitieran el alojamiento al menos durante aquella noche y se comprometió a abordar el asunto al día siguiente y pedir que no alojaran a los inmigrantes y fueran trasladados a otra parte. Como reveló Jesús Rodríguez en La Directa, «durante la reunión se comprobó la sintonía y la confianza entre Xavier Garcia Albiol y algunos de los concentrados, hasta el punto de recomendar discreción a las personas exaltadas que instigaban a asaltar el albergue y quemarlo. “Os hago una recomendación, especialmente a los más jóvenes. No digáis según qué cosas porque aquí se está grabando absolutamente todo”, dirigiéndose a un grupo que iba con la cara tapada con pasamontañas, para después ejemplificarlo: “Imagínate que esta noche pasa algo. El que ha dicho ‘hay que quemarlo’ se la carga”. En algunos momentos, los gritos no permitían oírle, y le exigían que dejara de hablar y pasara a la acción. Fue entonces cuando consiguió la ovación más grande de la noche: “Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo o, si no, haced lo que consideréis”«.

Dado lo caldeados que estaban los ánimos, la parroquia anuló la acogida. Por ello, las personas desamparadas tuvieron que acudir a otros espacios solidarios. Un grupo reducido pudo dormir en el local de la CUP y el Casal Antoni Sala i Pont y otras ocuparon un albergue municipal que estaba clausurado, pero todavía hay decenas de personas pernoctando bajo el puente de la C-31, usando tiendas y sacos de dormir que les han donado distintas activistas.

A pesar de los esfuerzos de colectivos sociales que intentan paliar con autoorganización inestabilidad de las personas que se han quedado en la calle, Badalona Acull y el resto de colectivos aseguran que la crisis continúa, que sus recursos solidarios son limitados y reclaman a las instituciones implicarse con soluciones a medio y largo plazo.

Este mensaje fue replicado el lunes 22 de diciembre, cuando unas 500 personas se concentraron frente al espacio recuperado Can Bofí Vell y recorrieron las calles de Badalona en una manifestación antirracista, al grito de “nadie es ilegal” y “Albiol fascista” y bajo el lema “Contra els atacs racistes, unitat de classe”.

Mientras tanto, otros 300 vecinos de la ciudad, se concentraron a unos metros de distancia, soltando proclamas xenófobas y contra Pedro Sánchez, apoyando a su alcalde mientras ondeaban banderas españolas.

Las derechas catalanas

Las últimas elecciones en Catalunya, así como las encuestas más recientes, revelan que la ultraderecha se encuentra doblemente representada en las instituciones catalanas.

Vox y PP obtienen sus mejores resultados en los municipios del Área Metropolitana de Barcelona y Tarragona, en barrios habitados por trabajadores de lengua castellana de la segunda o tercera generación procedentes de la inmigración del sur de España del franquismo. Por el contrario, Aliança Catalana, dirigida por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, mayoritariamente obtiene sus apoyos en poblaciones de la Catalunya interior, en localidades de Girona y Lleida donde la extinta Convergència de Jordi Pujol obtenía grandes mayorías y que fueron feudos del carlismo en el siglo XIX. Actualmente cuentan con dos diputats, pero un sondeo electoral de septiembre les otorga una previsión de ocupar 19 escaños.

“Ciertamente, el ascenso de las extremas derechas en Occidente es un fenómeno global con muy diversas concreciones y particularidades nacionales. La singularidad del caso catalán radica en la consolidación de dos formaciones que comparten un discurso antiinmigración, islamófobo y sionista, pero que militan en ultranacionalismos antagónicos. Además, representan una base identitaria, territorial y social muy distinta que puede resumirse esquemáticamente en las antinomias: lengua castellana/catalana, clase trabajadora/clase media, Catalunya metropolitana/interior”, explica Antonio Santamaría (periodista y ensayista sobre el nacionalismo catalán) en Zona de Estrategia.

“Desde el punto de vista ideológico, Vox no ha roto amarras con el nacionalcatolicismo franquista cuyos símbolos y memoria reivindica. Por el contrario, los referentes históricos de Aliança Catalana son fascistas catalanes de los años 30 del siglo pasado como Daniel Cardona de Nosaltres Sols o los hermanos Badia de Estat Català. Respecto al factor generacional, Vox y AC obtienen elevados apoyos electorales entre la juventud; aunque, en el caso de AC sus perfiles son algo más transversales.

El proceso independentista actuó como un acumulador de fuerzas, un desencadenante, para ambas formaciones, aunque en sentido contrario. Vox creció en los años de ascenso del procés que activó los registros del ultranacionalismo español en defensa de la unidad de la patria amenazada por los separatistas catalanes. Aliança Catalana sin embargo es un producto del declive del procés, de la frustración provocada en amplios sectores del movimiento independentista por las falsas promesas, la desunión de los partidos independentistas y la falta de perspectivas para avanzar hacia la secesión. Aquí radica la explicación del fenómeno de la existencia de dos ofertas políticas de extrema derecha en Catalunya.

El ultranacionalismo y la xenofobia son dos de los principales ejes ideológicos de las extremas derechas occidentales. Los trabajadores inmigrantes, especialmente los musulmanes, son percibidos como una amenaza para la identidad nacional/cultural y una competencia en el acceso a los servicios públicos y prestaciones sociales. Vox y AC coinciden, tanto en el discurso racista como en sus propuestas legislativas punitivas contra la inmigración, pero discrepan radicalmente en la cuestión de la identidad nacional”.

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1Para profundizar en los hechos, en lo que expresaban las desalojadas y sus interacciones con la policía y políticos, recomendamos las crónicas realizadas por Jesús Rodríguez en La Directa.

2En las pasadas municipales, Albiol obtuvo una aplastante mayoría absoluta. Presidente del PP catalán en los años del procés, ejerció de alcalde entre 2011 y 2015 con una campaña populista, antinmigración y antiocupación bajo el lema “limpiar Badalona”. Es significativo que, a diferencia de otros municipios del Área Metropolitana de Barcelona, aquí Vox no obtuvo representación. Al igual que Isabel Díaz Ayuso en Madrid, García Albiol ha asumido con éxito gran parte del discurso de la extrema derecha en materia de inmigración y seguridad ciudadana.

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Como preveían todas las encuestas, el Partido Popular ha ganado las elecciones extremeñas. Su presidenta, María Guardiola, adelantó estos comicios autonómicos con el propósito de crecer en escaños y depender menos de Vox. Su objetivo no se ha cumplido. El efecto, de hecho, ha sido el contrario: la ultraderecha ha experimentado una enorme subida. Vox crece en seis escaños y alcanza los 11 asientos en la Asamblea de Extremadura, superando el resultado esperado por su dirección nacional, que hablaba idealmente de duplicar sus escaños (lograron cinco en 2023).

El PP extremeño convocó estos comicios esperando alcanzar la mayoría absoluta (situada en los 33 asientos), pero sólo ha conseguido sumar un escaño más (29) respecto a la anterior cita electoral. Su principal rival, el PSOE, sufrió una debacle al perder 10 diputados, pero esos votos no han ido a parar a Guardiola.

El PSOE venía de su peor resultado histórico y… ha seguido cayendo. En picado. Estas elecciones revestían una singular importancia para los socialistas porque era la primera vez que se abrían las urnas desde que se destaparon los casos de corrupción vinculados a José Luis Ábalos y Santos Cerdán y después de las denuncias por acoso sexual que se han multiplicado en el seno del partido. Por añadidura, su candidato, Miguel Ángel Gallardo, está imputado en el llamado caso David Sánchez, vinculado al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta circunstancia despertó desde el principio muchas críticas tanto dentro como fuera del PSOE. Todas estas variantes se han sumado para desembocar en un resultado electoral pésimo que, aunque no ha servido para reforzar la mayoría del PP, sí ha obligado a Gallardo a dimitir como secretario regional del partido. Esta retirada, anunciada un día después de las elecciones, no implica que renuncie también al escaño. Según ha explicado, rechazar el acta de diputado (y con él al aforamiento que le protege en el proceso judicial) significaría, en su opinión, traicionar a los votantes que depositaron su confianza en él.

Por otra parte, una de las figuras históricas del PSOE, Miguel Ángel Rodríguez Ibarra –que presidió la Junta de Extremadura durante casi 24 años–, ha pedido que su partido se abstenga en la votación de investidura de María Guardiola. Con este particular «cordón sanitario», el PP no se vería obligado a pactar con Vox.

Es de suponer que unos pocos votos socialistas han ido a parar a Unidas por Extremadura (la candidatura conjunta de Podemos e Izquierda Unida), aunque en una proporción ínfima. La formación morada, que se presentaba aparte de Sumar, ha crecido en tres escaños y alcanza los siete asientos en la asamblea.

El verdadero triunfador de la noche ha sido Vox, que ha visto como su campaña antiimigración ha prendido con éxito en las zonas rurales. Talayuela (Cáceres) sirve como ejemplo del subidón experimentado por la formación ultra: según los datos del INE, allí hay censados un 26,9% de extranjeros; en esa localidad, el partido de Abascal ha empatado con el PP como primera fuerza y ha pasado del 12,26% al 37,24% de los votos. Estos 25 puntos de subida contrastan con el hundimiento del PSOE, que ha perdido casi el 60% de los sufragios obtenidos en 2023 en esta localidad. Es sólo un ejemplo puntual, pero también un síntoma del actual auge de la ultraderecha.

Aunque no de forma tan acentuada, Vox crece en todos los sitios. En Cáceres capital ha subido casi cinco puntos, hasta el 15% de los votos. En la ciudad de Badajoz alcanzó el 20%. En Mérida, el 18%. En Almendralejo, el 23,6%. Todo esto en unas elecciones concebidas desde el PP para frenarlos y afianzarse a las riendas del gobierno autonómico. No obstante, Guardiola calificó su triunfo de «incontestable» e instó a Vox a no bloquear de nuevo su acción de gobierno. Hay que recordar que la presidenta extremeña adelantó las elecciones, entre otras razones, por la negativa de Vox a aprobar sus presupuestos.

Es la primera vez que Extremadura vota por adelantado y aparte de las elecciones municipales. Esto ha hecho que bajara la participación: según los datos proporcionados a las 18.00 horas, han votado el 50,64% de los extremeños y las extremeñas llamados a las urnas, más de seis puntos menos que en la cita de 2023.

Actualización: 22/12/2025 a las 20.30 horas.

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La ultraderecha sigue tomando el poder. El último ejemplo: Chile. Con un 58,61%, el candidato ultra José Antonio Kast ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al 41,39% obtenido por Jeannette Jara, quien ha admitido de inmediato su derrota. «La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo Jose Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile», ha escrito en su perfil de X.

La candidata de izquierda, exministra del Trabajo del gobierno saliente de Gabriel Boric, ganó por la mínima la primera vuelta, con el 26,8% de los votos. Fue un resultado muy ajustado y por debajo de lo que pronosticaban las encuestas. En esa primera ronda, Kast se quedó a una distancia cortísima, con el 23,9% de los apoyos.

Ahora, la suma de todas las derechas ha dado la victoria a Kast, líder del Partido Republicano, y supone la vuelta de la ultraderecha al Palacio de La Moneda tras la dictadura de Pinochet. Era la tercera vez que Kast, de formación abogado, intentaba llegar al poder. La primera vez fue en 2017, en cuyas elecciones no pasó de la primera vuelta. Posteriormente, en 2021, fue superado por el presidente de izquierdas Gabriel Boric.

Kast, que votó a favor de la continuidad de Pinochet en el plebiscito de 1988, ha ganado con promesas como el cierre de las fronteras a la inmigración o la creación de cárceles de máxima seguridad. Desde que Chile recuperó la democracia, en 1990, solamente ha habido un presidente de derechas, Sebastián Piñera, ya fallecido, quien gobernó entre 2010 y 2014 y entre 2018 y 2022. A diferencia de Kast, Piñera votó en contra de la continuidad de Pinochet.

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Francia ha sido siempre un laboratorio de ideas y una avanzadilla de la extrema derecha para todo el mundo. Su producción intelectual, su política y sus éxitos son evidentes, imprescindibles casi para entender el avance de estas ideas. Salomé Saqué (Lagny-sur-Marne, 1995) estuvo a finales de octubre en Barcelona para presentar su libro Resistir (Plataforma Editorial), donde explica cómo la extrema derecha ha logrado alcanzar cotas de influencia inimaginables hace unos años, minando así consensos democráticos sobre derechos y libertades. Una obra bien condensada, clara y concisa, que desgrana las estrategias del nuevo fascismo y las complicidades de las que ha gozado para llegar a las puertas del poder. Por eso, ante la preocupación de una gran parte de la sociedad, el libro ha sido un éxito en ventas, con más de 350.000 ejemplares vendidos de su edición francesa en pocos meses. Antes de que sea demasiado tarde, dice Salomé, quiere explicar cómo ha sido posible todo esto. «Todavía estáis a tiempo», afirma refiriéndose a España.

En Francia, la extrema derecha controla gran parte del panorama mediático, domina el debate, impone sus marcos y está lista desde hace tiempo para gobernar. El libro explica quiénes son figuras como el magnate Vincent Bolloré, quien se hizo con el grupo Canal+ en 2015 y es propietario de una gran red de medios de comunicación dedicados a la promoción de la extrema derecha. Saqué llama «los ingenieros del caos» a quienes diseñan las estrategias de desinformación y la batalla cultural. Lo hacen a través de sus contactos con las élites y de think tanks como Atlas Network (también presente en España). La autora señala a estos actores y analiza su papel en las redes sociales y la disputa semántica por el significado de las palabras. Estos grupos radicales y la violencia que propagan han conseguido instalarse en el debate y en la sociedad gracias a la normalización de sus ideas.

¿Cómo ha logrado la extrema derecha esta normalidad? ¿Qué papel han jugado los medios de comunicación?

Ha habido un largo proceso de blanqueamiento en los medios, en la política, en la Asamblea Nacional, en los libros, en muchos espacios de la cultura durante muchos años… Ahora es muy difícil cambiar el ecosistema mediático porque todo el mundo está acostumbrado a ver a la extrema derecha. Si hoy empezáramos a dejar de invitarla a los platós de televisión lo presentarían como censura. Hay muchos periodistas en Francia que ni siquiera consideran a Reagrupamiento Nacional [nuevo nombre del Frente Nacional, el partido de Marine Le Pen] como un partido de extrema derecha. Ya no utilizan estas palabras. Lo hacen porque piensan que esto es ser neutral. Yo combato esta idea de neutralidad periodística, porque pienso que no es posible conseguirla y porque, en momentos como estos, es un peligro. Ahora, el canal de información más visto en el país es CNEWS, una cadena de extrema derecha. Este tipo de medios están dedicados casi en exclusiva a la propaganda y la desinformación, creando falsas polémicas. Ellos mismos crean la polémica y entrevistan a un político sobre la polémica. ¿Y qué hace el resto de los medios? Simplemente miran las redes sociales y dicen: «Oh, esto ya es demasiado grande. Tenemos que hablar de ello». Y hablan. Y le dan la palabra a la extrema derecha. Y no buscan la contradicción, ni siquiera cuando dicen mentiras. Al final, lo que ocurre en Francia es que todos vamos a comentar una polémica que no tiene ningún sentido y que a veces es pura mentira. Y cuando hablamos de todo esto, la extrema derecha gana.

Dedicas un capítulo en tu libro al peligro de la violencia y el terrorismo de extrema derecha, tanto en Francia como en el resto de Occidente. En tus charlas siempre debes ir acompañada de seguridad privada. Has sido amenazada en numerosas ocasiones. Y no eres la única. Los periodistas, y sobre todo las mujeres, se han convertido en un objetivo prioritario en las campañas de la extrema derecha, también aquí en España.

Los partidos no llaman nunca a la violencia física, pero son muy tímidos cuando hay que condenarla. Saben que estas personas les apoyan, que forman parte de un todo. Los medios de extrema derecha, los partidos, los grupos radicales… de alguna manera, todos tienen vínculos entre sí. Eso es lo que quería demostrar en el libro, que están muy bien conectados y articulados, y por eso es peligroso. Mi nombre estuvo incluido en una lista de periodistas a los que matar publicada en una web nazi. De algunos periodistas hasta ponían su dirección. Lo denunciamos a la policía y bloquearon la web en Francia. Pero si tienes un VPN todavía puedes acceder. De esto hace más de dos años. No pasó nada. No han detenido a nadie. Yo personalmente fui a la policía para denunciar amenazas de muerte, de violación, acoso, insultos…

¿Y qué han hecho las autoridades al respecto?

Hay una falta de reacción de las autoridades y de los responsables políticos. Y no sé lo que estamos esperando. Quizás necesitamos, no sé, un drama o algo particularmente terrible contra los periodistas para reaccionar, pero cuando eso pase no podremos decir que no lo sabíamos desde hace años.

Una de las banderas de la extrema derecha global es la islamofobia. En Francia, la instrumentalización del concepto de laicidad como un valor intrínseco de la República, funciona también para extender estos prejuicios más allá de la extrema derecha.

El debate ha sido desplazado: ya no se discute realmente sobre la laicidad como concepto republicano, sino que se utiliza de forma abusiva como pretexto para justificar discursos racistas. La técnica de la extrema derecha es, con la laicidad y con todos los conceptos, la misma: neutralizar nuestra capacidad de utilizar las buenas palabras, los buenos conceptos, porque así, al final, los conceptos no tienen ningún sentido. Todo el mundo conoce el concepto de laicidad, lo aprendemos en la escuela, sabemos que es importante, es algo central en la construcción de nuestra república. Entonces, lo que hace la extrema derecha es instrumentalizarlo, por supuesto, de forma totalmente falsa. Sí, falsa, porque no van en contra de lo católico. Eric Zemmour, sin ir más lejos, acaba de publicar un libro sobre los valores cristianos. Esto lo hacen con la laicidad, pero también con la lucha contra el antisemitismo, que se ha convertido en una parte fundamental de su discurso. Es decir, extender la idea de que la izquierda es antisemita y ellos no. Cuando los estudios, los hechos, muestran aun hoy que el índice más alto de antisemitismo está siempre en la extrema derecha. Sin embargo, su relato va en contra de los hechos. Y no estoy diciendo que no haya antisemitismo en la izquierda, porque lo hay, como ocurre con todas las discriminaciones estructurales.

Esto se ha visto muy claro también con el cambio de la extrema derecha del antisemitismo clásico a la islamofobia, y de, por ejemplo, todo el alineamiento de la extrema derecha mundial con Israel.

Por eso es tan difícil luchar contra la extrema derecha. Usan los conceptos de laicidad, que muchos en Francia compartimos, o de antisemitismo, que combatimos, con bastante inteligencia. Su estrategia es crear confusión. Es lo que me gustaría que las personas que nos leen, quizás, retengan, entiendan: desorientación, confusión, vaciar los conceptos de sentido. Esa es la condición para que la extrema derecha pueda llegar al poder. No digo que sea la causa, es mucho más complicado, pero es la condición. Eso es exactamente lo que pasó con el trumpismo: al final ya nadie sabía a quién leer o qué era verdad. Estamos perdiendo colectivamente este sentido, esta realidad común. En Francia ya no sabemos lo que es la laicidad. Aunque hay una ley que podemos leer y podríamos debatir mucho sobre la laicidad, no lo hacemos ya sobre el concepto real, debatimos sobre una palabra que ya no tiene ningún sentido. Ocurre lo mismo con antisemitismo, con fascismo… Ahora hablan incluso de «fascismo de izquierdas». O de islamoizquierdismo. La estrategia es vaciar todo de sentido.

La islamofobia, así como todo el argumentario de la extrema derecha, se escuda muy a menudo en la supuesta incorrección política y hasta en el humor. Me llama mucho la atención las caricaturas y los mensajes explícitamente racistas o machistas que usa la revista ‘Charlie Hebdo’, que no es de extrema derecha, pero refuerza sus mensajes y estereotipos.

El tema es muy complejo. Es muy difícil criticarlos porque han sido víctimas de atentados horribles. Si los criticas te pueden acusar de estar en contra de la libertad de expresión y al lado de los terroristas… Pero también debemos poder señalar los sesgos y límites de cualquier medio de comunicación, eso forma parte del debate público democrático. Además, hay límites legales: en Francia, por ejemplo, Valeurs Actuelles ha sido condenada por incitación al odio racial debido a caricaturas. No todo está permitido.

¿Cuál es la posición y la relación de Reagrupamiento Nacional respecto a Vladímir Putin y el papel de Rusia en la internacional reaccionaria?

Su relación con Rusia ha sido históricamente ambivalente. El partido contrajo en 2014 un préstamo de 9,4 millones de euros con un banco ruso [First Czech-Russian Bank], en un momento en el que los bancos franceses se negaban a darle créditos. Este préstamo, que fue objeto de polémica durante años, fue finalmente reembolsado en 2023. En el plano político, Marine Le Pen mostró durante mucho tiempo una cierta simpatía hacia Putin, al que presentaba como defensor de la soberanía nacional y de los valores tradicionales. Desde la invasión de Ucrania, el RN ha condenado oficialmente la guerra, aunque mantiene una posición prudente: critica algunas sanciones consideradas «contraproducentes» y sigue presentándose como una fuerza «soberanista», ni prorrusa ni alineada con Washington. Marine se reunió con Putin en el Kremlin en 2017, en una imagen altamente simbólica.

Trump ha declarado la guerra a los movimientos sociales, usando un fantasma llamado «Antifa» como si fuese una organización terrorista. Sus seguidores han iniciado una cacería contra todos los sospechosos de formar parte de esa organización inexistente, y han conseguido incluso que un profesor universitario de Nueva Jersey, Mark Bray, haya tenido que salir del país tras ser amenazado porque hace 10 años publicó un libro titulado Antifa.

Esto es un regalo para la lucidez: deberíamos recordar que cuando movimientos políticos empiezan a designar como terroristas a intelectuales, periodistas, activistas, ese es un camino que conduce hacia la dictadura. Es la estrategia que utiliza Putin, son exactamente las mismas palabras que ha utilizado contra todos sus oponentes para justificar su política de represión, los asesinatos de opositores, y aun para justificar la guerra. Es una señal de alerta bastante clara, y no necesitamos tener una cultura política inmensa para ver lo que está pasando. Cuando empiezan a decir, sobre la base de nada, sin ninguna prueba, que los intelectuales son terroristas, entonces surge la pregunta: ¿qué hacemos con los terroristas? Pues los encarcelamos por el bien de la seguridad nacional. Esto debería ser un escándalo total.

¿Qué es para ti el antifascismo?

Mi proyecto como periodista es hablar a un público lo más amplio posible. Incluyo, por supuesto, a personas despolitizadas, a personas de derecha, conservadoras. Podemos tener ideas muy opuestas, pero en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, nos dimos un consenso colectivo: el de que la oposición a la democracia es el fascismo. Para mí, querer vivir en una democracia ya es ser antifascista. No podemos permitir que digan que los antifascistas son terroristas. El antifascismo, más allá de ciertos movimientos políticos, del activismo, merece una definición amplia que incluya a todas estas personas que no quieren vivir en una dictadura. Por eso hablo tanto de información verificada, de lucidez, de capacidad colectiva para reconocer las cosas, de utilizar bien las palabras, de definir con precisión, porque tenemos que entender quién presenta el riesgo más alto de fascismo. Hay que generar interés por todo esto, porque luego será demasiado tarde, luego será mucho más complicado resistir. De eso trata mi libro. Las democracias están enfrentando muchos problemas por sus derivas autoritarias, pero todavía estamos en democracia. El fascismo todavía no es percibido como un peligro por la mayor parte de la gente, pero hay minorías que ya lo están sufriendo y entienden perfectamente lo que significa. Por eso hay que armar una resistencia, pacífica pero con herramientas sólidas, contra las ideas fascistas. Mi objetivo no es edulcorar la definición del antifascismo, sino mostrar que defender la democracia es algo que concierne al mayor número posible de personas. Mañana cualquiera podría ser calificado de «terrorista» simplemente por oponerse a una deriva autoritaria. No sé qué pasará en 2027 en Francia o en España, si tendremos a la extrema derecha en el poder, trabajando para instalar su opresión. Porque sabemos cuando llega al poder, pero nunca sabemos cuando lo deja. Y pienso que no queremos enfrentarnos a este peligro democrático.

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En la urna en la que Jeannette Jara arrojó su papeleta este domingo ponía aún «presidente», una realidad y una metáfora a la vez de los tiempos en los que seguimos viviendo, sin apenas mujeres al mando de los gobiernos en el mundo. Jara, exministra del Trabajo del actual gobierno de Gabriel Boric, ha ganado por la mínima la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, con el 26,8% de los votos. Es un resultado muy ajustado y por debajo de lo que pronosticaban las encuestas.

El ultraderechista José Antonio Kast, con el 23,9% de los votos, se ha quedado a una escasa distancia de la candidata comunista. Ambos se medirán en una segunda vuelta el próximo 14 de diciembre, que decidirá si la ultraderecha llega esta vez o no al palacio de La Moneda. Y si, de paso, una mujer vuelve o no a la presidencia.

Teniendo en cuenta la suma de las derechas (un 51% de los votos), los datos no son muy tranquilizadores para Jara, a quien Boric felicitó de este modo nada más conocerse el escrutinio: “Felicito a Jeannette Jara y José Antonio Kast por su paso a segunda vuelta”.

En ese grupo de las derechas, el populista Franco Parisi, en su tercer intento, ha obtenido el 19,7% de los votos. Por detrás, en cuarta posición, ha quedado Johannes Kaiser, con el 13,9%. Y, en quinto lugar, Evelyn Matthei ha logrado un 12,4% de los apoyos.

«Llamamos a la unidad sin descalificaciones, con respeto y con convicción democrática. Chile necesita sumar, no dividir. Mientras otros siembran odio, nosotros trabajamos por un país que avance junto», fue uno de los últimos mensajes de Jara en la campaña, llena de exabruptos y un aviso de lo que está por venir.

«Desde mañana –dijo la candidata izquierdista– saldré a escuchar» a toda esa mitad de chilenos y chilenas que no votaron ni por ella ni por Kast. «Toda nuestra fuerza está en ganar la segunda vuelta», zanjó el candidato ultraderechista.

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Por Héctor Martín Ortega

Mientras la sociedad europea se hunde en la inflación, los problemas de vivienda y los recortes derivados del fracaso del neoliberalismo, una parte de la juventud busca respuestas en quienes prometen orden y soluciones sencillas a problemas complejos.

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los partidos abiertamente fascistas desaparecieron; sin embargo, las élites económicas y militares que los sostenían sobrevivieron. Europa se reconstruyó gracias a pactos que ofrecían crecimiento económico a cambio de paz social, apoyados en la democracia y el estado de bienestar. Aunque el fascismo fue derrotado militarmente, su ideología no desapareció del todo.

Con la crisis del Estado de bienestar, la derecha radical comenzó a transformarse: abandonó su vertiente más nacionalista a cambio de adoptar una competitividad autoritaria y una crítica hacia lo público. A partir de los años 90, esta corriente dejó atrás el fascismo explícito y adoptó un discurso centrado en la reducción de impuestos, la oposición a la inmigración y el rechazo a políticas progresistas. Esto dio lugar a movimientos como el Front National en Francia, que abrieron la puerta a la nueva derecha: ya no llevaban uniformes, sino corbatas y trajes.

La nueva generación europea tuvo que vivir la crisis de 2008 y la de 2020, y afrontar sus consecuencias: estabilidad y futuro escasos, con pocas oportunidades de progreso.

Este vacío fue aprovechado por la extrema derecha, que reapareció no tanto como herencia directa del fascismo, sino como respuesta emocional a la precariedad y al fracaso del mercado. Su discurso caló especialmente en sectores vulnerables gracias a la adaptación a las redes sociales, donde ya no era necesario ocultar su pasado. Lo que antes era inconfesable —racismo, misoginia o homofobia— en ciertos espacios se presenta ahora como una opinión legítima. No estamos regresando al fascismo de los años 30; estamos ante su versión contemporánea. Este discurso ha logrado influir en la juventud europea no solo debido a la crisis económica, sino también a una crisis de identidad masculina, donde los adolescentes socializados para medir su valor en términos capitalistas se enfrentan a precariedad y frustración. La derecha radical ofrece un refugio emocional a estos jóvenes: “volver a ser hombres de verdad”. En foros y redes, influencers y gurús canalizan esta frustración hacia la misoginia y la violencia simbólica. El neoliberalismo fabrica hombres rotos, y la extrema derecha promete repararlos a golpes.

El racismo no se limita a grupos neonazis o asociaciones extremistas; es estructural: está presente en la policía, los medios y las leyes migratorias. Cuando los jóvenes observan que el Estado criminaliza la pobreza y la migración, estos mensajes se interiorizan. La derecha radical lleva esto al extremo, identificando culpables visibles (el inmigrante, el pobre, la mujer…) frente a un malestar que proviene en realidad de un sistema económico desigual. El racismo funciona como válvula de escape del miedo social, canalizando el descontento hacia abajo en lugar de hacia arriba.

Según el estudio European Election Studies 2024, más del 21% de los adolescentes europeos se inclinan por partidos de la derecha radical, frente a un 14% de mujeres. Esta cifra indica un apoyo significativo, pero también una brecha de género que se ha ensanchado recientemente, vinculada a la crisis de identidad masculina. Estos datos muestran la urgencia de actuar. Como respuesta surge la alfabetización mediática, destinada a desmontar la manipulación informativa, el discurso de odio y las burbujas algorítmicas, mediante talleres que enseñen a leer memes, identificar bulos y analizar algoritmos, promoviendo la autodefensa digital. Si el algoritmo adoctrina, la autogestión informativa libera.

Otra propuesta es reconstruir comunidad y redes de apoyo mutuo, sustituyendo la falsa pertenencia nacional por vínculos reales de solidaridad. Las cifras se pueden contar, pero la dignidad es algo que no se mide. Mientras el neoliberalismo destruye el sentido de pertenencia, la derecha radical intercambia identidad por obediencia. Sin embargo, en cada barrio, aula o pantalla, sigue existiendo una posibilidad: una juventud que se niega a rendirse ante el odio, que busca comunidad en lugar de fronteras y que elige la ternura en lugar del miedo. Si el siglo XXI va a tener una revolución, será la de cuidarnos unos a otros.

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