Fotografía: Rosa Pascual, Albino Prada y Emilio Zunzunegui

Artículo original publicado en sinpermiso.info

Con motivo de la presentación del libro El regreso de China. La globalización imposible la (Universidade de Vigo, 2025, y distribuido por el Consorcio Editorial Galego), Rosa Pascual y Emilio Zunzunegui —miembros del Ateneo Atlántico de Vigo— mantuvieron a finales del pasado mes de octubre una conversación —en gallego— con su autor, que aquí transcribimos. 

¿Por qué elaboraste este ensayo y por qué lo titulas así?

En un momento dado reparé en que en mis cuatro ensayos precedentes, escritos y publicados entre 2020 y 2023, China aparecía más de doscientas veces, y muchas menos Estados Unidos. Por eso creí que debía abordar el tema de China en un ensayo específico, y hacerlo de forma crítica, ni sinofóbica, ni sinófila. Porque además no observé mucho donde elegir en las bibliotecas o librerías.

En cuanto al título, en la primera parte del ensayo recuerdo que China fue la primera potencia mundial en el siglo XV y luego decidió aislarse del mundo exterior, mientras que hoy vuelve a ser una potencia mundial, pero necesita del mundo exterior; de ahí El regreso de China. El subtítulo Globalización Imposible se debe a que su objetivo principal desde la revolución de la década de 1950 —la soberanía nacional— es ahora más que nunca imposible sin definir cuestiones clave que no estén subordinadas a Estados Unidos, como explico en la tercera parte. En otras palabras, hoy en día el vínculo entre la tecnología (digital, IA, big data, etc.) y la soberanía nacional ocupa un lugar central a nivel mundial y está provocando una globalización —un mundo plano— ya imposible.

¿Podrías describir a grandes rasgos las etapas de China desde la revolución?, en la actualidad, ¿representa Xi un cambio importante de rumbo?

En el ensayo distingo una primera etapa (entre 1950 y 1975) de Mao, con un punto de inflexión en la Revolución Cultural. Antes de él, Li Dazhao tomó nota de la experiencia bolchevique e inspirará a Mao para apostar por una revuelta rural contra el neocolonialismo y el fracaso burgués (consolidando el EPL y el PCCh). Se abrirá así una línea de desafíos para la independencia, primero de Japón (1938), luego de la URSS (1963) y ahora de Estados Unidos (desde 2008). Fue aquella una primera larga etapa de desarrollo de las fuerzas productivas, de mejora de la cobertura de las necesidades básicas (educación y salud) y control demográfico.

La segunda etapa (1978-1997) de Deng será igualmente decisiva y tendrá su momento crítico en la revuelta de Tiananmén. Implica una apertura rotunda, pero controlada, al exterior, la incorporación de tecnología y capital productivo (como predijo Ernest Mandel en 1979), una enorme dotación de infraestructura empresarial y urbana. Y como resultado, la recuperación del PIB per cápita, pasando de ser de una quinta parte a alcanzar la mitad de la media mundial.

Ya en la tercera y actual etapa (2000-2024), terminamos con el liderazgo de Xi, que experimenta un momento de inflexión global durante la pandemia de la COVID-19. Con una vertiginosa homologación con la media mundial en PIB por habitante (aun así, por debajo del 30% del de Estados Unidos y del 40% del de España). Pero también llegando a ser mucho más que la fábrica del mundo. Pasan a tener autonomía y liderazgo tecnológico, a gestionar la dependencia energética y alimentaria del exterior, y a afrontar la simbiosis galopante entre tecnología y soberanía nacional.

Desde Hu Jintao (2002-2012), en esta tercera etapa, se enfrentan a la contradicción entre el “crecimiento cuantitativo” y el “desarrollo armonioso” (en materia ambiental, de desigualdad y de bienestar social), lo que yo llamo una sociedad decente. Porque en la China actual, la desigualdad social ha alcanzado su máximo, como diagnostica Piketty (el 10% más rico y el 50% más pobre partían de un mismo 25% en 1980, y alcanzan el 40% y el 15%, respectivamente en 2017), algo en cualquier caso compatible con una disminución radical del porcentaje de la población en situación de pobreza extrema.

China está acelerando el desarrollo económico pareciera que con la idea de que antes de redistribuir la riqueza, esta debe generarse, ¿estamos ante un sistema económico socialista, un capitalismo de Estado o, más bien, un sistema híbrido?

En mi análisis, existen diferencias sustanciales entre el capitalismo financiero de EE. UU. (o el nuestro, donde las finanzas controlan al Estado y se maximizan los ingresos no salariales) y el capitalismo de Estado de China (donde el partido-Estado controla las finanzas y se destina a la formación y acumulación de capital un máximo de riqueza). Lo llamo capitalismo de Estado como Samir Amin en 2014 (lo que en 2020 Branco Milanovic denomina capitalismo político).

En el primer caso, tenemos a un Obama obligado a rescatar a Wall Street en 2008 (y hoy tenemos a un Trump que no puede subordinar la Reserva Federal), y mucho menos a Blackrock o Vanguard. En la UE el actual canciller alemán proviene de Blackrock y en España cambiamos la Constitución en 24 horas. Hablo de capitalismo porque en ambos casos el sector privado empresarial ocupa a más del 70% de los trabajadores en China (en España alcanza el 80% según la EPA del INE), con lo que tenemos un 30% de empleo público en China y un 20% en España. En ambos casos, el poder legislativo-ejecutivo está muy condicionado (por las finanzas o por el Partido-Estado), y siempre con la absoluta subordinación de los trabajadores. Ni siquiera en el sector público de estos capitalismos (ya sea financiero o estatal), un sector que no es de mercado, con trabajadores asalariados y la lógica gerencial del capital, nos encontramos ante un sector socialista.

No obstante, mientras, por ejemplo, el coste de la deuda en España representaba en 2023 tanto como el esfuerzo en I+D e infraestructuras (un 3% del PIB) y se destinaba a los acreedores financieros, en China en ausencia de esos extractores pueden duplicar el esfuerzo en estos gastos.
Actualmente, con la irrupción de la IA, el big data y la tecnología digital, este capitalismo de Estado puede considerarse más disruptivo (y no menos invasivo de la privacidad) que el capitalismo financiero, ya que en él estos no compiten entre sí (por ejemplo, en el sector tecnológico —IA— o la banca).

¿Crees que permite el modelo chino una mayor autonomía para construir democracias igualitarias y sociedades decentes?

Para contestar a tu pregunta debemos enfrentamos a la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo social (“sociedad armoniosa” en el argot chino, y “sociedad decente” para mí). Como acabo de decir el objetivo central del crecimiento económico, mediante el fomento de las fuerzas productivas en el capitalismo de Estado chino, se traduce (además de la reducción de su brecha en PIB per cápita con respecto al promedio mundial) en una formación bruta de capital fijo (privado y público) muy superior a los niveles de las economías capitalistas occidentales de escala similar (EE.UU. o la UE).

Hablamos de porcentajes anuales que representan más del 40 % del PIB en un caso y el 20 % en el otro. El doble en el modelo chino. Esto explicaría por qué allí los ingresos más altos se concentran en los sectores que controlan este capital creciente (público o privado), en detrimento de los ingresos de los muchos que dependen del consumo público (servicios públicos) o privado. Con lo que a la postre en los dos modelos de capitalismo (estatal o financiero), una cosa (el crecimiento) no garantiza la otra (el desarrollo social). Porque o bien una buena parte del PIB se destina al uno por ciento, o bien a la acelerada acumulación de capital.

Así pues, los salarios directos se gestionan a la baja (con una alta desigualdad personal y una territorial aún mayor), los salarios indirectos están controlados y limitados por el Estado (salud, educación, dependencia, vivienda), los salarios diferidos (sistema público de pensiones) también son escasos y los derechos de las generaciones futuras están infravalorados (medio ambiente, endeudamiento). En ambos casos se impulsan desigualdades crecientes que impiden la existencia de una democracia efectiva basada en la igualdad (ni dentro ni fuera de la empresa).

Además, en sus relaciones comerciales con el mundo exterior (con subordinación militar en un caso y subordinación blanda en el otro), ambos modelos impulsan una igualación global a la baja en derechos que nos aleja del avance hacia una sociedad decente a escala global.

¿Cuál es tu opinión sobre la sostenibilidad ambiental en estos dos modelos de capitalismo…?

En el dilema entre el negacionismo climático trumpista de un imperio en decadencia y el crecentismo de China, creo que debemos apostar por un menor crecimiento con un mayor desarrollo (también ambiental) en ambos casos. Pero sin nunca olvidar que, en las emisiones totales acumuladas por habitante entre 1850 y 2024 (que son las que causan el colapso climático actual), las de Estados Unidos son cinco veces mayores que las de China.

Esto, como criterio de gestión, obligaría a una disminución de la huella ecológica en el Norte (y de su consumismo) convergiendo por ejemplo hacia la media de Portugal, como ya se decía en el informe Meadows de los años 70, y por tanto descartando la media actual del Norte como posible para el Sur global. Tampoco para China, cuyo principal vector de consumo actual y a medio plazo sigue siendo los hidrocarburos, muchos de ellos importados. Por eso, el modelo de movilidad chino (automóvil, aéreo, marítimo, etc.) no puede imitar al occidental, ya que colapsaría los mercados de hidrocarburos y de materiales críticos (para baterías y energía fotovoltaica), lo que aceleraría aún más la crisis climática… o implicaría un enorme crecimiento del parque nuclear, con los consiguientes riesgos ambientales que heredarían las generaciones futuras.

¿Cómo opera la circulación de capital en estos dos modelos?

En cuanto a la circulación de capital (entradas o salidas), lo primero que hay que destacar es que China cuenta con una capacidad de ahorro que le permite no tener que financiar su deuda pública con recurso al exterior, mientras que es un crucial comprador de deuda estadounidense. En el caso de las inversiones en compras o acciones de empresas hasta el año 2000, eran principalmente receptores. Pero en sectores no estratégicos, en operaciones controladas, casi siempre con condiciones diseñadas (empresas conjuntas, transferencias de tecnología, etc.) para obtener capital industrial. Porque su Comisión Estatal de Supervisión y Gestión de Activos establece siete sectores estratégicos en los que el Estado debe tener control absoluto: armamento, carbón, petróleo, generación y distribución de energía, navegación, aviación y telecomunicaciones.

Es cierto que en los últimos veinte años ha aumentado el número de salidas de capital chino que, en ocasiones, han encontrado barreras de entrada en sectores estratégicos (UNOCAL o Rio Tinto en EE. UU. Aixtron en Alemania o recientemente en Nexperia en Países Bajos). No en sectores alimentarios o industriales no estratégicos. Pero siempre en el capitalismo de Estado chino la circulación de capital es controlada (especialmente las entradas a corto plazo e inestables), cosa que no sucede en nuestro modelo.

China suele ser muy celosa de su no dependencia del mundo exterior, y cuando no le queda más remedio que aceptarla (en energía, alimentación, etc.), intenta asegurarla con inversiones en infraestructuras en los países proveedores (de ahí la Iniciativa de la Franja y la Ruta), o bien atarla con el argumento de ser un cliente gigantesco y buen pagador.

¿Cuál es el grado de dependencia y competencia entre ambos modelos de capitalismo?

En mi libro recuerdo los cinco ejes que definen la dependencia o subordinación entre países según analizó en su día Samir Amin: la tecnología, las finanzas, los recursos naturales, las comunicaciones y las armas de destrucción masiva. Dentro de este marco de análisis, y como ya Ernest Mandel predijo en la década de 1970, lo más probable es desembocar en una “competencia Inter imperialista entre unas pocas superpotencias”. Algo que para Mandel sería más probable en la medida en que los sistemas financieros de esas dos superpotencias —como es el caso hoy entre Estados Unidos y China— fueran independientes.

Sabemos que China nunca ha renunciado al control estatal de las finanzas ni de los recursos naturales, mientras ha estado construyendo su no dependencia en tecnología y comunicaciones, áreas que hoy son inseparables de las armas de destrucción masiva (con un arsenal nuclear disuasorio) y de la IA, en relación al imperio estadounidense/OTAN.

En el caso de los financieros, como anota Dani Rodrik, China practica la “intervención en el mercado cambiario y en los flujos de capital a corto plazo”, lo que le permite mantener un tipo de cambio estable del yuan frente al dólar (algo que no estamos logrando en la eurozona). Por lo tanto, no asumen una devaluación competitiva del dólar como pretende Trump, y como está sucediendo con la UE. También evitan la dependencia de ser gigantescos tenedores de bonos norteamericanos (con creciente riesgo de impago o depreciación) al deshacerse de buena parte de ellos en los últimos años (siendo el sistema financiero de la eurozona el que los está reemplazando).

Y en el sector de las TIC, la IA, el big data, etc., su independencia pasa por barreras de seguridad en el software y evitar las aplicaciones GAFAM, e incluso últimamente (en el caso de Nvidia-Intel-EE. UU.) por no adquirir hardware que pudiera ponerlos en riesgo de vulnerabilidad estratégica (industrial o de seguridad).

En resumen, que si a Estados Unidos no le sirve otro papel mundial que el de ser única superpotencia hegemónica, la China actual es demasiado grande, competitiva y celosa de su autonomía para dejarse subordinar. Podríamos decir que Estados Unidos querría hacer de China otro Japón subordinado, algo que es imposible.

En este escenario, ¿sería posible que la Unión Europea se posicionase como tercer agente global?

Frente a la globalización proteccionista de Trump, China practica una globalización de libre comercio que le permite seguir creciendo con la oferta y la demanda externa (sin importarle las políticas internas de sus socios). Porque su demanda interna (salarios directos y sociales) sigue bloqueada por la enorme contribución a la FBCF. Creo que este es un eje claro en la actual competencia Inter imperialista.

Es cierto que la UE tiene una dimensión suficiente para ser un tercer agente global, pero su lógica confederal y no federal le impide actuar como tal. Y los conflictos en Ucrania-Rusia o Israel-Gaza-Irán vemos que constatan el pobre papel que la UE actual desempeña, más allá del ámbito comercial en un mundo bipolar. Y porque —aún en lo comercial— las dos globalizaciones del Pacífico no priorizan ni el medio ambiente, ni el trabajo decente, ni los servicios públicos o el salario social en el diseño de un sistema arancelario decente. Para así impedir la igualación a la baja que favorecen a las dos globalizaciones mencionadas. Además, en esta parte del mundo, abandonamos los servicios (digitales, IA) al control absoluto de las GAFAM.

En consecuencia, en la última cumbre de la OTAN y en los acuerdos comerciales UE/EE. UU. no se dibuja una Unión Federal Europea soberana en el mundo con un Parlamento sólido. Apenas el mantenimiento de una confederación posdemocrática al servicio de los grupos financieros globales de esta parte del mundo. En los cinco ejes de Samir Amin (militar, digital, energético, financiero, armas, recursos) fracasamos. Porque no asumimos ser un tercer polo en el contexto de la actual bipolaridad entre EE. UU. y China. Nos sumamos como un apéndice subordinado al capitalismo financiero global (Vanguard Group, Blackrock, GAFAM) y a la sociedad de mercado pilotada por Estados Unidos.

A lo largo de tu libro se comprueba la lejanía de esos dos capitalismos respecto a la construcción de una sociedad decente; si una sociedad socialista es imposible sin democracia y pluralismo político ¿es posible que China avance hacia esos dos horizontes?

De entrada, reitero que el sector público del capitalismo (ya sea financiero o estatal) (que puede ser decente y no mercantil, pero siempre con trabajadores asalariados y la lógica del capital) no tiene nada que ver con un sector socialista.

Sobra con decir que la transición de una sociedad decente (con necesidades preferentes no cubiertas a través del mercado) a una sociedad socialista implicaría una reducción radical de la jornada laboral y una renta básica universal que desalarice el trabajo, además de una socialización cooperativa del capital en la línea de las propuestas de John Rawls o de Thomas Piketty.
En otras palabras, mientras que una sociedad decente implica modificar la distribución de la riqueza y los límites del mercado, una sociedad socialista supone cambiar la producción de riqueza y que el trabajo deje de ser una mercancía más. Sobre todo, esto incluí en mi libro un apéndice final titulado Capitalismo, socialismo, democracia.

Por eso los líderes chinos asumen la necesidad de una etapa muy larga (quizás cien años) antes de lo que sería la etapa socialista; para Mao ya en 1963, “el socialismo sería imposible durante décadas e incluso siglos”, y para Deng, la etapa primaria previa (sociedad harmoniosa) sería muy prolongada y podría durar cien años. Deng llegó a decir que “alcanzaremos el socialismo dando un largo rodeo a través del capitalismo”. Aunque creo que con un creciente deterioro democrático y de la igualdad social se puede perder fácilmente ese norte.

¿El acelerado proceso de crecimiento económico chino sugiere alguna lección para el caso de España o la Unión Europea?

Como afirmó en 2018 Dani Rodrick, un autor nada sospechoso de marxismo o izquierdismo:, “China lo ha hecho extremadamente bien con una heterodoxa combinación entre las fuerzas de mercado y el dirigismo estatal. Han reformado la gestión de su economía, pero siempre a su ritmo. Creo que el resto del mundo no tiene mucho que enseñar a los chinos sobre cómo deben gestionar su economía. Y tampoco hay razones por las cuales los líderes chinos deberían escuchar esos ‘consejos’”.

Por eso creo que España, o el conjunto de la Unión Europea, debiéramos tomar buena nota de la conveniencia de, al menos, tener un control público sobre las finanzas y sobre los recursos energéticos. Y no dejarlos en manos de corporaciones privadas. Para no ser una sociedad desorientada y en decadencia.

Sin embargo, para avanzar hacia una sociedad decente creo que debieran ser ellos los que tomasen nota de nuestra actual cobertura —aunque sea insuficiente en muchos casos— de las necesidades básicas: educativas, sanitarias, dependencia, vivienda, desempleo, jubilación.

La entrada Conversación con Albino Prada, autor de “El regreso de China. La globalización imposible” se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Retrato oficial de Donald Trump. 2025

Artículo original publicado en jacobinlat por Luciana Ghiotto. Attac Argentina

El segundo gobierno de Donald Trump parece haber modificado el tablero del comercio global. La administración trumpista puso el foco en el libre comercio porque lo entiende como una práctica que ha dañado la hegemonía de Estados Unidos al generar desbalances comerciales con sus socios (especialmente China). Desde esa perspectiva, los altos aranceles podrían ayudar a recuperar parte del poderío industrial y económico perdido con la globalización. «La palabra más bonita del diccionario es arancel», decía Trump en 2024, y desde su asunción en enero hemos entendido que no estaba exagerando.

En este artículo nos proponemos examinar las políticas arancelarias de Trump desde una perspectiva crítica, trascendiendo las interpretaciones predominantes que las presentan como una ruptura radical con el orden económico global previo. Nuestra investigación se estructura en torno a tres objetivos fundamentales. Primero, desarrollar un análisis riguroso sobre la naturaleza, alcance e historicidad de las transformaciones generadas por las políticas arancelarias trumpistas, situándolas en la trayectoria más amplia de las relaciones entre Estado y capital en el capitalismo contemporáneo.

Segundo, problematizar críticamente la concepción dominante del «libre comercio», interrogando si las políticas proteccionistas actuales representan una verdadera ruptura con el paradigma librecambista o si constituyen, más bien, una reconfiguración de los mecanismos de acumulación dentro de la misma lógica sistémica. Tercero, examinar las implicaciones de estas transformaciones para los movimientos sociales que han articulado sus estrategias en torno a la crítica del libre comercio durante las últimas tres décadas, evaluando los desafíos que este nuevo escenario plantea para sus marcos interpretativos y prácticas políticas.

Sostenemos que una lectura crítica del momento actual resulta fundamental para repensar las estrategias de los movimientos sociales, particularmente en lo que respecta a su relación con los Estados nacionales y a las formas de construir solidaridades transnacionales efectivas. Las transformaciones en curso exigen reconsiderar tanto los sujetos políticos protagonistas de las resistencias como las escalas en que estas deben articularse para confrontar un sistema cuyas contradicciones se manifiestan simultáneamente en múltiples niveles.

Rupturas y continuidades en el modelo económico estadounidense

Las políticas proteccionistas de Trump no son una anomalía histórica sino un retorno a estrategias fundamentales en la construcción de Estados Unidos como potencia industrial. Contrariamente a la narrativa liberal dominante, este país desarrolló su economía bajo un intenso proteccionismo durante el siglo XIX, con aranceles que superaban el 40% hasta la Segunda Guerra Mundial. Lejos de representar una «desviación» del libre comercio, esta medida era una herramienta para gestionar asimetrías de poder económico, permitiendo a las potencias emergentes acumular capacidad industrial antes de competir globalmente. La Gran Depresión de 1930 intensificó el proteccionismo con la ley Smoot-Hawley, que elevó aranceles a niveles históricos. Esta crisis representó más que una recesión económica: fue una crisis orgánica del capitalismo donde el proteccionismo funcionó como mecanismo de emergencia para contener el cataclismo dentro de las fronteras nacionales y facilitar la reestructuración de las relaciones capital-trabajo.

El New Deal de Roosevelt supuso la masiva intervención estatal, con inversiones en infraestructura, subsidios industriales y regulación financiera, mientras la Segunda Guerra Mundial justificó una planificación económica centralizada que consolidó el complejo militar-industrial estadounidense. Tras la guerra, el capital de base estadounidense se internacionalizó, lentamente, pero sin pausa. La reconstrucción de Europa y su proceso de integración regional con la nueva Comunidad Europea promovió el aumento de la inversión extranjera directa a ese territorio. En ese mismo periodo se crearon en México las primeras maquiladoras con capital estadounidense, cuando en 1965 el gobierno mexicano implementó el Programa de Industrialización Fronteriza. Para 1970 ya existían 132 maquiladoras en la zona de frontera con Estados Unidos.

Paralelamente, durante estos años aumentaron las protestas sindicales en los países industrializados (con eventos como Mayo Francés y el Otoño Caliente italiano), expresando la insubordinación obrera a los dictados del capital y contribuyendo a la caída de la tasa de ganancia a principios de los años setenta. A este proceso deben añadirse también los procesos de lucha en América Latina, como el Cordobazo argentino, las huelgas del ABC paulista o la masacre estudiantil de Tlatelolco, todo en el contexto de la revolución cubana como horizonte de posibilidad de cambio sistémico.

La liberalización comercial se intensificó con la Ronda Kennedy del GATT (1964-1967), que incluyó no solo aranceles sino también barreras no arancelarias, expandiendo el ámbito regulatorio para satisfacer las necesidades de un capital que se volvía lentamente transnacional. Esta trayectoria culminó con la Ronda Uruguay (1986-1994) y la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que extendió radicalmente el alcance regulatorio a áreas como la propiedad intelectual, las inversiones extranjeras, los servicios y las compras gubernamentales.

En este proceso, Estados Unidos actuó como arquitecto principal, impulsando la liberalización en sectores en los que sus corporaciones tenían ventajas (servicios, propiedad intelectual, finanzas) mientras preservaba protecciones en áreas sensibles (agricultura, textiles, acero). Esta estrategia dual —«haz lo que digo, no lo que hago»— permitió al país norteamericano posicionarse como un defensor del libre comercio mientras mantenía elementos proteccionistas en su política doméstica, tales como subsidios encubiertos, compras gubernamentales discriminatorias y medidas antidumping.

Navegando esta dualidad, Estados Unidos se posicionó como el principal defensor y promotor del discurso y la práctica del libre comercio a escala global. Los distintos gobiernos emplearon su influencia diplomática, económica y militar para impulsar la liberalización en aquellos sectores donde sus corporaciones mantenían ventajas competitivas. La transformación del GATT en OMC y la expansión cualitativa del ámbito regulatorio que esto implicó respondió fundamentalmente a esta agenda impulsada por Estados Unidos y sus corporaciones transnacionales, que buscaban instrumentos jurídicos más fuertes para garantizar condiciones favorables para la penetración en los nuevos mercados.

La globalización como reestructuración cualitativa

Siguiendo esta línea, los años noventa no representaron el «nacimiento» de la globalización, sino una nueva disposición de las relaciones entre los Estados nacionales y el mercado mundial, caracterizada por la expansión geográfica de las relaciones capitalistas, el aumento de la inversión extranjera directa y la incorporación de nuevos territorios a los circuitos globales de acumulación. Este periodo no significó una ruptura absoluta con el pasado, sino que expresó una reconfiguración de las relaciones sociales capitalistas en respuesta a las contradicciones de los Estados de bienestar keynesianos.

El desplome soviético y la apertura china ofrecieron al capital acceso a vastos territorios con mano de obra barata, nuevos mercados y recursos estratégicos. Estos espacios ofrecían múltiples ventajas: enormes reservas de fuerza de trabajo disciplinada y de bajo costo, mercados potenciales para la venta de productos y servicios, oportunidades para inversiones de capital fijo en infraestructura, y acceso a recursos naturales estratégicos. Los capitales estadounidenses respondieron a estas transformaciones implementando una serie de estrategias de instalación en los nuevos territorios incorporados al mercado global. En China, adoptaron principalmente la forma de inversión productiva directa en sectores manufactureros intensivos en trabajo, instalando plantas en las Zonas Económicas Especiales.

Esta expansión geográfica de las empresas estadounidenses (y europeas) implicó la transformación cualitativa en la organización del capitalismo global. Facilitó la conformación de un entramado productivo transnacional que profundizaba el proceso de relocalización industrial iniciado en los años sesenta. Las cadenas globales de valor emergieron como la forma organizativa dominante, permitiendo a las corporaciones transnacionales fragmentar los procesos productivos y distribuirlos a través de múltiples territorios para maximizar las ventajas comparativas de cada territorio.

Este proceso económico tuvo su reflejo en un entramado jurídico específico, una nueva «arquitectura jurídica de la impunidad» para las corporaciones, al decir de Juan Hernández Zubizarreta. Esta arquitectura, compuesta por un conjunto de instituciones y tratados internacionales, generó una asimetría normativa articulada en torno a una idea básica: proteger a toda costa los negocios de las multinacionales mediante un ordenamiento jurídico internacional fundamentado en las reglas del comercio y la inversión.

Se conformó, entonces, una lex mercatoria compuesta por miles de normas: contratos de explotación y comercialización, tratados comerciales bilaterales y regionales, acuerdos de protección de las inversiones, políticas de ajuste y préstamos condicionados, laudos arbitrales, etc. Un derecho duro (hard law) (coercitivo y sancionador) que protege con fuerza los intereses empresariales. Y a este entramado se sumó también la creación, en 1995, de la Organización Mundial del Comercio (OMC), institución que reúne los objetivos del libre mercado y los vuelve regla para todos los Estados.

En definitiva, la globalización no está determinada solamente por la integración económica (aunque se trata de un elemento central) ni por las innovaciones tecnológicas (esenciales para la internacionalización) ni por el nuevo entramado jurídico (clave para otorgar seguridad a la propiedad privada). Todo esto define a la globalización, marcando una fase específica de la lucha entre capital y trabajo donde el capital buscó recomponer su dominación frente a las luchas obreras de los años sesenta que habían encarecido el precio del trabajo y reducido la ganancia.

Asimismo, todas las economías que se habían mantenido semicerradas en la posguerra, durante los Estados de bienestar, fueron conectadas en el mercado global. Ya no habría más lugar para economías nacionales autonomizadas, sino que se imponía ahora la regla del mercado. La globalización, entonces, representa una estrategia ofensiva del capital para escapar de las restricciones nacionales y disciplinar a la clase trabajadora mediante la amenaza constante de relocalización y precarización. La movilidad global del capital y la desregulación financiera que caracterizan esta etapa no son más que expresiones de la crisis de la forma tradicional de dominación capitalista y su intento desesperado por restaurar la rentabilidad.

¿Trump contra el libre comercio?

La política económica de la administración Trump marcó un quiebre significativo con el consenso bipartidista «globalizador» y en favor del libre comercio que dominó la política estadounidense durante cuatro décadas. Este «neoproteccionismo» representa una forma explícita de intervención estatal que defiende selectivamente a empresas con base en Estados Unidos ofreciéndoles protección contra los competidores extranjeros. Esto revela la verdadera naturaleza del proyecto económico trumpista: no un rechazo al neoliberalismo ni al libre comercio en sí mismos, sino una reconfiguración de las relaciones entre el Estado, las corporaciones y el mercado mundial, desarrollando un nacionalismo económico con fuerte impacto en la base electoral.

Los partidos Demócrata y Republicano habían convergido en su apoyo a políticas de libre comercio, desde el TLCAN bajo Clinton hasta el TPP con Obama. Trump rompió con esta tradición, calificando al TLCAN como «el peor tratado de la historia» y forzando su renegociación entre 2017 y 2018. Hay que reconocer que Trump no estaba tan errado: el TLCAN redujo empleos en sectores industriales clave de Estados Unidos, particularmente en estados del llamado «cinturón del óxido». Se estiman pérdidas de alrededor de 700 000 puestos de trabajo estadounidenses como resultado directo del acuerdo. Este fenómeno evidencia las contradicciones inherentes a la internacionalización del capital, donde la promesa de prosperidad generalizada chocó con la realidad de una redistribución desigual de costos y beneficios.

En su primer gobierno, Trump redobló la apuesta contra las instituciones del libre comercio. En 2017 boicoteó el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC y retiró a Estados Unidos del TPP. A su vez, impuso aranceles a China, México, Canadá y la Unión Europea, e inició una guerra comercial con China desde 2018. El demócrata Joe Biden no modificó los aranceles impuestos por Trump, sino que los mantuvo y profundizó con iniciativas como la Ley de Reducción de la Inflación, la Ley de Chips y Ciencia, y políticas de Buy American, consolidando un nuevo enfoque proteccionista bipartidista.

El proteccionismo de Trump recupera una forma explícita de intervención estatal a favor de empresas con base administrativa en Estados Unidos, cobijándolas de la competencia internacional. Literalmente, los aranceles impuestos actúan como una coraza protectora, un escudo para amplios segmentos del capital estadounidense que habían perdido ventajas competitivas frente a rivales internacionales, especialmente empresas chinas. El objetivo de las políticas de Trump es, reforzar el poder de las corporaciones estadounidenses, no limitarlo.

Asimismo, este proteccionismo es selectivo: mientras defiende sectores industriales tradicionales, desregula el sector financiero y reduce impuestos al gran capital. Implementa altos aranceles para lograr un efecto positivo en sectores manufactureros tradicionales, pero simultáneamente ejecuta una agenda de desregulación financiera que desmantela el andamiaje regulatorio construido tras la crisis de 2008. En 2018, el gobierno de Trump terminó con la Ley Dodd-Frank que había sido aprobada en 2010 para reforzar las exigencias de capital de respaldo a los bancos, obligándolos a llevar a cabo test de resistencia anuales para mostrar su fortaleza y prohibía a las instituciones financieras dedicarse a actividades de alto riesgo con el dinero de sus clientes.

Por otra parte, la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos (Tax Cuts and Jobs Act) de 2017 representó la mayor reforma fiscal en tres décadas y constituyó el logro legislativo más significativo del primer mandato de Trump. La pieza central de esta legislación fue la dramática reducción del impuesto federal sobre la renta corporativa del 35% al 21%, un recorte sin precedentes que transformó el panorama tributario empresarial estadounidense. Los legisladores republicanos argumentaron que un entorno fiscal más favorable incentivaría a las empresas a expandir sus operaciones en Estados Unidos y las haría más competitivas en el mercado global.

La drástica reducción del impuesto corporativo reveló una profunda contradicción en el núcleo de la política económica trumpista: mientras se implementaban aranceles y restricciones comerciales bajo el discurso de proteger a los trabajadores estadounidenses, se otorgaban enormes beneficios fiscales a las mismas corporaciones multinacionales que habían relocalizado empleo durante décadas. Esta contradicción aparente revela la verdadera naturaleza del proyecto: no se trata de un retorno al proteccionismo integral del siglo XIX o del período de sustitución de importaciones, sino de una reconfiguración del rol estatal dentro del capitalismo globalizado para defender selectivamente ciertos sectores mientras se mantienen y profundizan las ventajas para el capital financiero y las grandes corporaciones.

Lo que Trump consiguió fue sincerar la relación entre Estado y capital corporativo: abandonó la pretensión neoliberal de separación entre ambos, reconociendo de manera explícita que el poder estatal sigue siendo esencial para garantizar la rentabilidad del capital estadounidense en un contexto de creciente competencia internacional. El proteccionismo trumpista, en este sentido, no es una limitación del capitalismo estadounidense sino un intento de salvarlo de su crisis de rentabilidad y pérdida de ventajas competitivas, utilizando el poder estatal como escudo para preservar posiciones privilegiadas que ya no podían sostenerse mediante la pura competencia en los mercados globales.

La contradicción fundamental del proyecto económico de Trump radica en querer capturar los beneficios de la globalización (ganancias extraordinarias, dominio tecnológico, influencia geopolítica) mientras rechaza sus consecuencias inevitables: la relocalización productiva y los impactos negativos sobre el mercado laboral doméstico. El gobierno pretende reconciliar el nacionalismo económico del siglo XX con la realidad de corporaciones cuyo poder deriva precisamente de su capacidad para operar más allá de las fronteras nacionales. Esta tensión revela que el America First económico no puede materializarse mediante un simple retorno de la producción, sino que requiere una transformación radical de las lógicas de acumulación global que estas mismas corporaciones han construido durante décadas y de las cuales depende actualmente su posición dominante en la economía mundial.

Más allá del dilema: los movimientos anti-TLC en la encrucijada trumpista

Las organizaciones sociales que tradicionalmente se han opuesto a los TLC desde una crítica al neoliberalismo ahora enfrentan un dilema: oponerse frontalmente a las políticas comerciales de Trump podría interpretarse como una defensa implícita del statu quo neoliberal; apoyarlas significaría legitimar un proyecto que, aunque nombradamente contrario al libre comercio, está diseñado para fortalecer el poder del capital estadounidense sin cuestionar las relaciones sociales de explotación y desigualdad que le subyacen.

Pero Trump se ha apropiado de la retórica anti libre comercio desde un foco diferente a las campañas contra los tratados. Es cierto que algunos puntos de su argumento son similares: la crítica a la relocalización productiva, los impactos de los TLC sobre los trabajadores, la oposición a acuerdos como el TPP y las críticas del TLCAN y la OMC. Pero esto lo hace principalmente desde una matriz nacionalista-corporativa que no cuestiona las asimetrías fundamentales del orden económico global ni incorpora demandas de justicia ambiental o laboral internacional. Por el contrario, lo que Trump reivindica es un nacionalismo económico excluyente: su objetivo no es rediscutir el rol de las corporaciones estadounidenses, sino hacerlas nuevamente fuertes. Antes que «Make America Great Again», «Make US Corporations Great Again».

Esta situación revela una crisis más profunda en los marcos interpretativos tradicionales que planteaban «libre comercio vs. proteccionismo». Se evidencia ahora la necesidad de desarrollar un análisis más sofisticado que juegue en dos niveles: por un lado, una crítica del neoliberalismo y del libre comercio, pero, por otro, una crítica radical basada en el entendimiento de cómo funciona el capitalismo en su conjunto, y cómo el tema de comercio se entreteje con los temas financieros, ambientales, digitales, productivos, etc.

Lo que el trumpismo ha puesto en crisis es la mirada centrada en el nacionalismo económico que muchos movimientos sociales han sostenido desde los años noventa, cuando el foco era la crítica al neoliberalismo. La reivindicación de la centralidad del Estado y su capacidad regulatoria se convirtió en el eje articulador de proyectos progresistas que buscaban recuperar espacios de autonomía para las políticas públicas nacionales frente al avance de la globalización neoliberal. Sin embargo, esta estrategia política ha encontrado su límite en la profunda transformación estructural que el capitalismo global ha experimentado.

El problema fundamental es que estas políticas centradas en la recuperación de la soberanía económica nacional chocan inevitablemente contra la realidad de una interconexión económica global que ha reconfigurado las bases materiales de reproducción social. El neoliberalismo no fue simplemente un conjunto de políticas reversibles mediante la voluntad estatal, sino un proceso de reorganización profunda de las relaciones de producción a escala planetaria. Las economías nacionales fueron orgánicamente integradas en cadenas globales de valor, circuitos financieros transnacionales y redes tecnológicas que reducen drásticamente el margen de maniobra para experimentos económicos autonomizados.

En este contexto, los movimientos sociales que se oponen a los tratados de libre comercio enfrentan varios desafíos. La superación del nacionalismo metodológico constituye quizás el más importante y urgente, en tanto implica trascender una visión que ha estructurado tanto el análisis como la praxis política de numerosos movimientos populares durante décadas: la centralidad incuestionada del Estado-nación como articulador del horizonte utópico y como contenedor natural de los procesos sociales.

Esto no es meramente una cuestión ideológica ni un enamoramiento con los debates históricos dentro de las izquierdas sobre el rol del Estado en los procesos emancipatorios. La crisis de este enfoque refleja las transformaciones estructurales en el capitalismo. Frente a esta realidad, la reivindicación de la soberanía económica nacional como horizonte estratégico principal resulta insuficiente. Sin embargo, reconocer los límites del nacionalismo metodológico tampoco implica abrazar un internacionalismo abstracto que ignore las asimetrías de poder entre naciones y regiones, o que desconozca la importancia que los espacios nacional-estatales siguen teniendo como terrenos de disputa política. Se trata, más bien, de desarrollar perspectivas analíticas y estrategias políticas que puedan operar simultáneamente en múltiples escalas.

Desde los años noventa, el foco político puesto en los tratados de libre comercio ha permitido visibilizar los mecanismos concretos mediante los cuales el poder corporativo transnacional se institucionalizaba y expandía. La creación de alianzas transnacionales efectivas que superen las tentaciones del nacionalismo económico sin diluir las especificidades de cada contexto constituye otro reto significativo. Hoy, la solidaridad internacional requiere la identificación de la contradicción fundamental del capitalismo contemporáneo (la cual a menudo queda invisibilizada en los análisis políticos convencionales). Efectivamente, el libre comercio no es simplemente un conjunto de políticas erróneas, sino un mecanismo estructural que produce necesariamente sectores «sacrificables» cuya exclusión y precarización no es un efecto colateral, sino una condición constitutiva del modelo de acumulación global. Esta expulsión no podría corregirse mediante mejores políticas públicas dentro del mismo marco, sino que se ha vuelto una necesidad estructural del sistema.

Las comunidades afectadas por el extractivismo minero y petrolero constituyen los territorios que deben ser despojados para alimentar las cadenas globales de producción y consumo. Su desplazamiento y la destrucción de sus formas de vida no son «daños colaterales» sino requisitos operativos de la acumulación por desposesión que caracteriza al capitalismo contemporáneo. Del mismo modo, los trabajadores informales y autónomos que proliferan en las economías periféricas representan la materialización de un proceso donde el trabajo formal, regulado y con derechos laborales se convierte en una excepción histórica, no en la norma. La economía global requiere esta masa creciente de trabajo precarizado, disponible y desprovisto de protecciones sociales para mantener las tasas de ganancia.

Esta comprensión tiene efectos profundos sobre la construcción de solidaridades políticas. Significa que los movimientos sociales deben centrar su atención precisamente en estos sectores cuya opresión es constitutiva del sistema, no accidental. Las comunidades despojadas por el extractivismo, los trabajadores informalizados, los migrantes precarizados, las comunidades indígenas y campesinas amenazadas por megaproyectos: todos ellos expresan, en sus luchas concretas, las contradicciones fundamentales que el sistema no puede resolver mediante reformas parciales.

La solidaridad política debe construirse, entonces, no a partir de la promesa ilusoria de una inclusión plena en el capitalismo global, sino desde el reconocimiento de que la emancipación de estos sectores requiere necesariamente trascender la lógica misma del sistema que los sacrifica. La tarea, en síntesis, es transitar de una crítica al neoliberalismo hacia una crítica integral al capitalismo, comprendiendo que el libre comercio no es simplemente una «política equivocada» sino una expresión orgánica de las tendencias expansivas inherentes al capital como relación social.

La pregunta que se abre entonces es: ¿puede el movimiento trascender la dicotomía libre comercio/proteccionismo? ¿Es posible desarrollar una praxis internacionalista que reconozca los límites estructurales del nacionalismo económico sin caer en la resignación ante el poder del capital global? Esta crítica más profunda no implica abandonar la lucha contra los tratados de libre comercio, sino recontextualizarla en una comprensión más profunda de las dinámicas del capitalismo contemporáneo y en un proyecto de transformación radical que abarque simultáneamente las múltiples dimensiones de la dominación capitalista.

Una perspectiva integrada abriría posibilidades para una praxis más efectiva. No basta con oponerse a acuerdos específicos; es necesario construir modelos alternativos de relaciones económicas internacionales que cuestionen la propia lógica capitalista. Esto hará posible tender puentes entre distintos niveles de análisis, conectando las críticas a las cláusulas específicas de los TLC con cuestionamientos más profundos al sistema capitalista, al tiempo que permitirá ir más allá de los debates reduccionistas entre «nacionalismo económico» versus «globalismo neoliberal», reconociendo que ambos operan dentro de la misma lógica sistémica.

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Fotografía: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el escrache sufrido en la UCM. EP/Archivo.

Artículo original publicado en elprural.com por Eva Aladro Vico

Desde hace más de treinta años, en que en la Comunidad de Madrid gobierna la derecha del PP, se ha producido una muerte lenta en la Educación y la Sanidad Públicas. La situación en la Enseñanza Universitaria Pública ha empeorado con los gobiernos de Esperanza Aguirre y especialmente de Isabel Díaz Ayuso, cuya estrategia supone una verdadera eutanasia de los servicios públicos de la Educación Universitaria. Díaz Ayuso emplea desde 2019 una doble tenaza mortífera con la universidad pública, basada en dos eutanasias, activa y pasiva, que los lectores reconocerán en seguida.

Con los sucesivos gobiernos del PP en Comunidad de Madrid, las universidades han perdido ni más ni menos que un 40% de su poder adquisitivo. Desde la crisis mundial de 2007, en que los presupuestos públicos se hundieron en todas las instituciones, la Comunidad de Madrid sólo ha recuperado un 5% de incremento sobre los fondos que se destinan a las 6 universidades de Madrid. En su Gobierno se jactan ruidosamente de esta subida, pero si tenemos en cuenta la inflación en estos casi 20 años desde aquella crisis, que supera el 45%, entonces en realidad lo que se ha hecho es mermar los fondos destinados a la universidad pública. Al mismo tiempo, en los últimos 6 años se han creado y consolidado, a pesar de informes académicos negativos, hasta 16 universidades privadas.

Esta es la eutanasia pasiva que Díaz Ayuso ha aplicado, cada vez con mayor crudeza, a la universidad pública madrileña. En 2024 los rectores de los 6 centros públicos solicitaron un mínimo de 200 millones de euros para poder salir a flote en una universidad debilitada por décadas de infrafinanciación. La respuesta fueron 60 millones de euros, una cuarta parte de lo que los 6 académicos pedían en nombre de sus comunidades investigadoras y docentes. Díaz Ayuso pretendía subir los presupuestos de las universidades en sólo un 0,5, y los rectores consiguieron unos puntos más, aún insuficientes. Este otoño, se aprueba una “subida” de presupuestos de un 6% que, compensada con la inflación, se queda en la misma cantidad del año anterior. Recordemos que la economía en la región de Madrid está creciendo a un ritmo del 3%. No hay motivos para aplicar este régimen draconiano. ¿O sí?

El segundo tipo de eutanasia, la activa, está llevando a las universidades a una privatización encubierta que completa la estrategia del Ángel de la Muerte: la misma Ley LESUC que normaliza la infrafinanciación de las universidades -porque legitima que las instituciones madrileñas no cubran más allá del 70% de los presupuestos universitarios anuales-  realiza de un modo sutil un cambio radical: ante la situación, las universidades serán fiscalizadas y controladas por un Consejo Asesor Económico nombrado a dedo desde Gobierno CAM, en sus dos terceras partes, con poder, hasta ahora inédito, de censurar o recortar las decisiones de Rectorado en materia de grados, contrataciones, investigación, reglamento. Y aquí viene la Eutanasia activa, la inyección letal a la autonomía económica, académica y política de las universidades. Porque ese Consejo Económico será ocupado por representantes elegidos a dedo desde el gobierno CAM, de las universidades privadas, de empresas con intereses en el sector, y de representantes de otros poderes cercanos al PP, como medios de comunicación, empresas con intereses incluso cercanos a Israel. Así, si la LESUC sale adelante, personajes mediáticos que dirigen medios y son decanos en una universidad privada, tendrán poder decisivo sobre el consejo de gobierno y el rectorado de una universidad pública. Esta es la eutanasia activa de Díaz Ayuso sobre la universidad. Empobrecida y dirigida por la competencia, la universidad será un cadáver exquisito, leña que aprovechar en el negocio privado.

La doble estrategia del Ángel de la muerte, que primero debilita a sus enfermos y después les aplica la mortífera dosis de veneno, es clásica en los gobiernos neoliberales desde hace décadas: primero se estrangulan los servicios públicos, y luego, con un interés oculto, se fiscalizan y tiran por el precipicio con la excusa de que sólo tratan de ayudarlos. Esta estrategia ya ha incorporado sutilmente las herramientas exterminadoras en las universidades públicas, y ya tenemos a las personas encargadas del derribo final metidas en los Consejos Sociales de las universidades, haciendo campaña a favor de la LESUC y filtrando información y bulos a medios interesados en esta operación de triaje.

Sin embargo, las universidades públicas queremos enviar un mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid: el enfermo está muy fuerte y puede salirle muy cara la película de terror, como en anteriores ocasiones. Las universidades están unidas, en todo su capital intelectual, de investigación, de educación, para luchar contra una Ley que empobrece y que invade la autonomía universitaria. Vamos a luchar en la calle, en los medios, y en los tribunales, en una estrategia de tres puntas. Porque la LESUC es una Ley inconstitucional: incumple el objetivo de financiación de la Ley Orgánica LOSU que establece un 1% de financiación del PIB para las universidades- Pero incumple también la Autonomía política y de gestión de las universidades, al introducir intereses particulares en sus órganos de gestión, provenientes de claras especulaciones en el sector educativo. El conflicto de intereses es obvio, y la inconstitucionalidad de la LESUC también. Y si no, al tiempo. Tenemos muchos especialistas en Derecho para defender este punto.

or último, para nuestra querida Enfermera, tenemos un mensaje de futuro: haciendo este daño a las universidades públicas, hace daño al 75% de los jóvenes madrileños que estudian en ellas. Y con ellos, hace daño a millones de familias madrileñas. Si piensa que los familiares del enfermo eutanasiado sin motivo no van a reaccionar en las urnas, va lista. Las universidades son el corazón de la sociedad, y ésta late con fuerza por ellas.

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Artículo original publicado en jubileosur.org por Jubileo Sur Américas

El lunes 13 de octubre, se realizó de manera virtual la Audiencia sobre Agua, Clima y Energía del Tribunal de los Pueblos y de la Naturaleza contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). El Tribunal es una iniciativa de la campaña internacional ¡Alto al FMI-BM! ¡Reparación YA!, lanzada al cumplirse estas instituciones 80 años.

La Audiencia reunió a comunidades, movimientos sociales, organizaciones y especialistas desde Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Haití y Perú, quienes evidenciaron cómo los créditos, condicionamientos y programas de ajuste neoliberal promovidos por estos organismos financieros han generado violaciones de derechos humanos, deterioro ambiental y profundización de las desigualdades sociales. Participaron además los integrantes del Jurado Popular del Tribunal, David Abdulah (Trinidad y Tobago) y Camille Chalmers (Haití), la fiscala Verónica Heredia (Argentina) y por la Secretaría del Tribunal, Beverly Keene (Arg.)

El Tribunal invita a conocer las demandas de justicia presentadas en esta Audiencia, por quienes además destacaron las luchas permanentes por lograr el fin de los daños, la anulación de las deudas generadas y la reparación integral de las comunidades afectadas:

– El papel de la Deuda, el FMI y el Banco Mundial en Ecuador. Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador (2007-2008) y fiscal de la Audiencia Ecuador del Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza (octubre 2024). Presentó un resumen del veredicto de aquella Audiencia, vinculándolo con el paro y levantamiento indígena en curso, ante la exigencia del FMI de aumentar el IVA y suprimir el subsidio al gasoil, y la represión que recrudecía en simultáneo. Entre otras demandas solicitó la intervención del Tribunal en defensa de la Constitución de Montecristi (2008), amenazada por los planes del gobierno de Noboa y la complicidad de estas instituciones financieras internacionales.

– Canje de deuda para apoyar la conservación terrestre y de agua dulce en la Amazonía. Aurora Donoso, cofundadora del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo e integrante de Acción Ecológica. Denunció esta operación que convierte deuda comercial en bonos de la naturaleza como “una falsa solución que no frena la crisis ecológica ni climática y perpetúa el endeudamiento ilegítimo,” convirtiendo la naturaleza en un activo económico transable en los mercados financieros internacionales y violando los derechos territoriales y culturales de los pueblos, así como su soberanía y autodeterminación.

– Megaproyectos eólicos y la Quilombola do Cumbe, Ceará, Brasil. Andrea Camurça, coordinadora de incidencia política del Instituto Terramar y representante de la Cumbre Nordestina de los Pueblos y de la Red Brasileña de Justicia Ambiental. Presentó la demanda de reparación integral de las comunidades tradicionales, quilombolas y de pescadores artesanales, afectadas por la instalación inconsulta de megagranjas eólicas en sus territorios y denunció el proyecto del Banco Mundial para la expansión de usinas eólicas offshore. “La llamada transición energética funciona en la práctica según una lógica de capitalismo verde -resumió- como una transacción energética guiada por el lucro, la lógica del mercado y ahora también por el poder digital, y no por la justicia climática y la lucha que deberíamos emprender contra las emergencias climáticas.”

– Deuda, Extractivismo y Represión en el Macronorte Perú. Ruth Reyes Pérez, integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres Macronorte Perú y fiscala de la Audiencia Cajamarca del Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza contra el FMI-BM (noviembre 2024). Resumió las denuncias y el veredicto de aquella Audiencia, reflejados en el tumulto político actual, la demanda de una Asamblea Constituyente y la importancia de fortalecer la administración de justicia comunal por parte de las Rondas Campesinas, haciendo una articulación sólida en el norte del país que pudiera rechazar, bajo sus facultades, las concesiones y operaciones extractivistas en sus territorios, sostenidos por estos organismos internacionales que financian sus deudas.

– Caos planificada, rescate de la independencia y complicidad con el genocidio silencioso en Haití. Camille Chalmers, director ejecutivo de la Plataforma haitiana para un desarrollo alternativo (PAPDA) y también integrante del Jurado Popular del Tribunal. En esta Audiencia presentó las demandas del pueblo haitiano contra Francia, EE.UU., el FMI y el Banco Mundial, en cuanto responsables y continuadores de las políticas neocolonialistas ejemplificadas en la “doble deuda” que Francia impuso en 1825 para “indemnizar” a los esclavistas contra quienes el pueblo haitiano había rebelado exitosamente, generando un mal ejemplo por lo que se buscaba, y se busca, su aislamiento y fracaso y por lo que precisa la solidaridad para lograr la restitución, la reparación y la posibilidad de un desarrollo soberano.

– Privatización del Agua y Saneamiento en el Área Metropolitano de Buenos Aires, Argentina. Silvia Ferreyra y Sergio González, en representación ambes de la campaña NO a la privatización de AySA, y de ¡Fuera Mekorot! y la Autoconvocatoria Deuda y del Foro Hídrico de Lanús/Espacio Intercuencas respectivamente. Denunciaron la violación del derecho humano al agua con los tarifazos, la rebaja de la calidad, cortes de servicio y la no expansión del servicio en los barrios populares que ya se han producidos en la previa de la privatización en curso y que fueron objeto de denodadas luchas en la privatización anterior, ambas veces exigencias del FMI y del BM para supuestamente resolver el problema de la deuda e incorporar capitales frescos que solo llegaron en la forma de más deuda.

–  El rol del Banco Mundial en la expansión de los mercados de carbono y las vulneraciones a derechos en Colombia. Johana Peña, de CENSAT-Agua Viva. Denunció el papel central que ha desempeñado este organismo financiero, actuando como arquitecto y financiador de la infraestructura normativa, técnica y financiera que sostiene tanto el mercado voluntario como el regulado, apoyando proyectos como los de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal, REDD+, que “lejos de reducir las emisiones o transformar las causas estructurales de la crisis climática, mercantilizan la naturaleza y profundizan las desigualdades socioambientales en los territorios.”

– El Centro y Fondo Bosques Tropicales Para Siempre (TFFF/TFIF), Ivonne Yanez, integrante de Acción Ecológica (Ecuador) y la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática. Aunque no pudo ser presentada en vivo, se incorporó a la Audiencia su denuncia de este Fondo cuyo lanzamiento se espera en la COP30 y que será administrado por el Banco Mundial, presentándose como una iniciativa para la conservación de bosques tropicales pero que será otro mecanismo colonial para transferir riqueza del Sur al Norte, siendo diseñado de manera que distrae la atención de las causas subyacentes de la deforestación, profundizando la financierización de los bosques en desmedro de las comunidades indígenas y tradicionales que viven y los cuíden y aumentando tanto la deuda financiera del Sur con el Norte como la deuda ecológica del Norte con el Sur.

Los resultados de esta Audiencia, que formó parte de la Semana Mundial de Acción sobre el FMI y el Banco Mundial, serán compartidos en la Cumbre de los Pueblos hacia la COP30 y otras actividades en Belém do Pará, Brasil, en noviembre, para fortalecer la lucha por la justicia socioecológica y climática, la anulación de las deudas ilegítimas, el fin de estas políticas criminales de las instituciones financieras internacionales y la reparación de los daños. Serán incorporados al proceso global del Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza contra el FMI-BM, que construirá su veredicto final sobre lo recabado en todas sus sesiones.

Acceda a la convocatoria de la audiencia, disponible en diferentes idiomas.

Acceda a la grabación de la audiencia:

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Fotografía: Un panel informativo en el Palacio de la Bolsa de Madrid, en una imagen reciente.Eduardo Parra | Europa Press

Artículo original publicado en publico.es por Jorge Otero

Hace ya tiempo que los fiscalistas acuñaron un término para describir la esencia y las características del Impuesto de Sociedades: el queso gruyère. La metáfora alimentaria resulta  evidente: el tributo está lleno de agujeros por los que se va el dinero que no pagan los que deberían hacerlo. 

Los últimos datos publicados este pasado miércoles de las cuentas anuales consolidadas del año 2023 —el último disponible— del Impuesto de Sociedades, una estadística exhaustiva en la que se disecciona de forma minuciosa el tributo y que se publica desde el año 2016, confirman, efectivamente, que el queso gruyère sigue en el plato: a pesar de que ha aumentado la recaudación cerca de un 9%, banca y grandes empresas, aquellas con una cifra de negocio superior a los 1.000 millones de euros anuales —en este grupo entran las eléctricas y las energéticas—, siguen tributando muy poco sobre sus beneficios y son las grandes favorecidas del Impuesto de Sociedades.

En el año 2023, Hacienda recaudó 35.198 millones de euros en el Impuesto de Sociedades, con un tipo medio efectivo sobre beneficios para todas las empresas españolas del 12,05% (frente al 25% del gravamen general del impuesto). Sin embargo, en la práctica el reparto es muy desigual: en un momento en el que sus beneficios baten récords, banca y grandes empresas tributan proporcionalmente menos que las pymes. La banca paga solo el 4,26% de sus beneficios y las grandes compañías que más facturan, el 6,97%.  Solo las compañías con más de 5.000 empleados tributan de forma parecida: de media, pagan el 4,75% de lo que ganan.

Los agujeros del gruyère se extienden a lo largo de todo el impuesto. Da igual la dimensión de la empresa y su cifra de negocio: las más grandes y más ricas pagan menos, proporcionalmente. Las pequeñas empresas tributan al 18,65% y las medianas al 16,92%. Incluso las empresas sin asalariados tributan por sus beneficios más que la banca, al 9,27%, y más que la media de las empresas con más de 250 empleados, independientemente de su volumen de negocio, que lo hacen al 8,87% de sus beneficios. 

Traducido a cifras absolutas, las diferencias se pueden entender mejor. Sirva como ejemplo la banca española: obtuvo unos beneficios en 2023 de 32.394 millones de euros, pero solo pagó 1.379 en el Impuesto de Sociedades, según la propia Agencia Tributaria. Las 283 empresas con un volumen de negocio de más de 1.000 millones de euros pagaron 8.360 después de haber obtenido un beneficio de casi 120.000 millones. Banca  y grandes empresas aportaron 9.739 millones a las arcas públicas. Las pymes pagaron de tipo efectivo 21.250 millones de euros con unos beneficios que rondaron los 133.000 millones, aunque es cierto que representan casi el 98% de los declarantes. 

Por aportar algo de contexto, las empresas aseguradoras pagaron 1.192 millones de euros, el 16,83% de sus ganancias, tras declarar 7.087 millones de beneficios. Las constructoras tributaron el 14,06% de los 35.233 millones que ganaron en 2023.

Sobre el papel el Impuesto de Sociedades está concebido para recaudar más: el tipo impositivo está fijado por ley en el 25%  con carácter general y en 30% en el caso de la banca y las energéticas. Es más, en los últimas cuentas consolidadas del tributo la banca tributa sobre su base imponible —el importe de la renta obtenida en el período impositivo por el contribuyente— un 22,94% y las empresas de más de 1.000 millones, un 20,76%. Sin embargo, a la hora de pagar, la factura se reduce de manera considerable. 

¿Por qué ocurre eso?  Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), certificaba el año pasado en una entrevista en Público con motivo de la publicación de su libro Los ricos no pagan IRPF que el Impuesto de Sociedades permite muchas vías de escape en forma de exenciones y deducciones. «Los ricos de verdad utilizan mecanismos de elusión fiscal: sociedades, sobre todo grandes empresas, sicav y demás», concluía Cruzado en aquella entrevista. 

Un vericueto de deducciones

La principal deducción es la denominada «compensación de bases imponibles», una compensación en forma de crédito fiscal por las pérdidas que tenga una empresa y que pueden imputarse en años venideros. En 2023 esta exención sumó 27.752 millones de euros; lo curioso es que esa cantidad se dividió a partes casi iguales entre las pymes y las grandes empresas. También hay otra serie de deducciones, bonificaciones y amortizaciones, gracias a lo cual, la base imponible siempre es inferior al beneficio, lo que rebaja sustancialmente la cuota efectiva a pagar.

En las últimas cuentas consolidadas, las deducciones y exenciones crecieron significativamente respecto al año anterior, 2022: un 42% las bonificaciones por pérdidas  —la compensación de bases imponibles— y un 18,3% el resto de deducciones.

También existe la deducción por doble imposición, tanto interna como internacional. En este sentido, las grandes empresas suelen alegar a modo de excusa que pagan menos porque sus filiales también pagan el Impuesto de Sociedades en otros países. Sin embargo, en la mayoría de los países europeos el tributo para las empresas es incluso menor que aquí. Sin embargo, esa deducción no es especialmente alta: la internacional apenas alcanzó los 906 millones de euros en 2023.  

Hacienda y el Gobierno ya han expresado en más de una ocasión su voluntad de estrechar la brecha entre la base imponible de las grandes empresas y su beneficio real. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó en junio de 2024 el proyecto de Ley que transpone la directiva europea que fija un nivel mínimo global de imposición del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, con una cifra de negocios superior a los 750 millones de euros, en la línea con la propuesta lanzada por la OCDE y adoptada por el G20 en octubre de 2021. El Congreso la aprobó en noviembre de 2024. Esa medida estaba destinada a evitar la evasión fiscal a nivel global.  Ahora hay que empezar a implementarla.

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Artículo original publicado en elsaltodiario.com por Juan Laborda

En el año 2000, cuando el mundo se rendía al espejismo de internet, advertí que la exuberancia alrededor de las puntocom no podía sostenerse: las valoraciones se habían divorciado de la realidad económica. Poco después, el Nasdaq se desplomó. En 2008, ante un mercado eufórico con la deuda hipotecaria, sostuve que el riesgo sistémico era evidente. También entonces el tiempo me dio la razón.

Hoy, dos décadas después, percibo señales inquietantemente familiares. La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en el nuevo fetiche financiero, el activo al que todo inversor quiere exponerse. Pero bajo el brillo tecnológico se esconde un andamiaje de deuda y expectativas insostenibles. Creo sinceramente que nos acercamos al estallido de la burbuja de la IA, un evento que podría desencadenar la mayor crisis de deuda corporativa privada en la historia reciente de Estados Unidos.

La IA ha pasado, en cuestión de meses, de ser una promesa a convertirse en el núcleo de una nueva fiebre tecnológica. Los inversores se comportan como si asistieran a la irrupción de una economía paralela. Los balances de las grandes tecnológicas baten récords, las startups captan capital a ritmos desorbitados y los fondos de inversión reestructuran carteras para incluir cualquier empresa que mencione “AI” en su nombre.

Las valoraciones de algunas compañías del sector ya superan las de 1999, y la deuda utilizada para financiar esta expansión está alcanzando niveles críticos

Pero los números no mienten: las valoraciones de algunas compañías del sector ya superan las de 1999, y la deuda utilizada para financiar esta expansión está alcanzando niveles críticos. La fiebre del oro digital se ha vuelto a encender, solo que ahora el metal precioso es el algoritmo. El problema es que el entusiasmo está sustituyendo al análisis. El capital barato y la narrativa del progreso ilimitado han generado un ecosistema donde se confunde inversión con fe.

Sin tierras raras no hay chips, sin chips no hay IA

Detrás de cada chip, cada GPU y cada servidor que alimenta la revolución de la IA, hay un componente invisible pero indispensable: las tierras raras. Se trata de un conjunto de 17 elementos químicos esenciales para fabricar dispositivos electrónicos, semiconductores, motores eléctricos, sistemas láser y equipamiento militar. Sin ellos, la inteligencia artificial —literalmente— dejaría de funcionar.

Un corte en el flujo de tierras raras no solo pondría en jaque la producción de hardware: podría paralizar el motor mismo de la inteligencia artificial global

China controla cerca del 70% de la extracción mundial y más del 90% de la capacidad de refinado. Ningún país dispone de los medios industriales necesarios para sustituir esa hegemonía. Estados Unidos, pese a su músculo financiero, depende estructuralmente del suministro chino para mantener operativa su industria tecnológica y militar. Esa dependencia constituye el auténtico talón de Aquiles del modelo tecnológico estadounidense. Un corte en el flujo de tierras raras no solo pondría en jaque la producción de hardware: podría paralizar el motor mismo de la inteligencia artificial global.

Aranceles, amenazas y una trampa estratégica

La administración Trump parece dispuesta a reavivar la guerra comercial con China. Los nuevos aranceles y restricciones buscan recuperar un sueño ya perdido, el liderazgo industrial estadounidense. Pero el cálculo estratégico es erróneo. Jugar a la presión con un país que controla los materiales más críticos del siglo XXI es una apuesta temeraria. Pekín no necesita recurrir a sanciones ni a medidas agresivas para responder: basta con ralentizar las exportaciones de tierras raras, endurecer los permisos o introducir inspecciones medioambientales adicionales. Pequeños ajustes burocráticos bastarían para bloquear el suministro global.

Pekín tiene en su mano la capacidad de provocar el pinchazo de la burbuja de la IA con un simple movimiento administrativo

En tal escenario, Estados Unidos se encontraría ante un choque de oferta devastador. La industria militar sufriría retrasos en la producción del F-35 o de misiles de precisión; el sector tecnológico vería incrementos de costes inmediatos; y la cadena global de hardware colapsaría. Si la administración Trump insiste en su política arancelaria, Pekín tiene en su mano la capacidad de provocar el pinchazo de la burbuja de la IA con un simple movimiento administrativo.

El escenario no es hipotético. En 2010, China ya suspendió temporalmente las exportaciones de tierras raras a Japón, disparando los precios globales. En 2019 insinuó lo mismo frente a Estados Unidos. Hoy, con el control total del procesamiento, el impacto sería aún mayor. Un retraso de pocas semanas en los suministros podría obligar a empresas como Nvidia o AMD a frenar la producción de chips. Los costes de hardware se dispararían y las previsiones de crecimiento del sector se revisarían drásticamente a la baja. En ese momento, el mercado perdería la fe. Las acciones tecnológicas caerían en bloque, los fondos de inversión rotarían hacia activos refugio y el flujo de capital hacia proyectos de IA se detendría. Lo que comenzó como un problema de logística se convertiría en una corrección bursátil masiva en un contexto de clara sobrevaloración de la bolsa estadounidense. El equilibrio actual es tan frágil que un movimiento táctico de China bastaría para desencadenar el proceso.

Del optimismo al miedo: la reacción de los mercados

El estallido de una burbuja tecnológica suele seguir el mismo guion: primero llega la desilusión, luego el pánico y finalmente la búsqueda de culpables. En este caso, el detonante podría venir revestido de geopolítica. Pero el origen es otro, la generación de una clásica burbuja financiera basada en el tradicional cuento de la lechera. Ante una restricción de tierras raras, los inversores anticiparían una desaceleración inmediata de la productividad en el sector tecnológico. Las grandes corporaciones, sobreendeudadas tras años de expansión, tendrían dificultades para refinanciar su pasivo. Los índices tecnológicos —el Nasdaq en particular— sufrirían correcciones históricas. El efecto psicológico sería devastador. Aumentaría la aversión global al riesgo, los capitales huirían de los activos de crecimiento y se refugiarían en deuda soberana, oro y liquidez. Los países emergentes —especialmente aquellos con deuda denominada en dólares— sufrirían salidas de capital masivas. En pocos meses, el sueño de la revolución tecnológica se transformaría en un recordatorio de la fragilidad estructural del capitalismo digital.

Las amenazas comerciales de Trump solo fortalecen la posición china. Mientras Estados Unidos habla de sanciones, China actúa con paciencia

Washington parece no comprender que el poder de Pekín no reside solo en su tamaño económico, sino en su capacidad para condicionar el funcionamiento del sistema global. Las tierras raras son la herramienta perfecta: un recurso estratégico, irremplazable y políticamente controlable. Las amenazas comerciales de Trump solo fortalecen la posición china. Mientras Estados Unidos habla de sanciones, China actúa con paciencia. Cada licencia denegada, cada control de exportación adicional, equivale a una presión indirecta sobre Wall Street. Si la Casa Blanca mantiene el pulso, el desenlace será inevitable: el sector de la IA estadounidense enfrentará cuellos de botella, los márgenes se reducirán y los inversores perderán confianza, y la burbuja de la IA estallará.

Epílogo: el preludio de una crisis mayor

El verdadero peligro no está solo en la caída bursátil, sino en lo que vendrá después. Cuando la burbuja se desinfle, el apalancamiento que la alimentó se convertirá en una trampa mortal. Miles de empresas tecnológicas, financiadas con deuda barata, deberán refinanciarse en un entorno de tipos altos y ventas decrecientes. Los bonos corporativos perderán valor, los fondos de crédito sufrirán reembolsos y la cadena de confianza se romperá. El sistema financiero estadounidense, ya tensionado por la proliferación de deuda BBB y préstamos privados de alto riesgo, podría enfrentar una crisis de deuda corporativa sin precedentes.

El pinchazo de la burbuja de la IA será el detonante de una nueva crisis financiera global. El foco se desplazará a otro frente igual de peligroso: el de la deuda privada corporativa estadounidense

El auge de la Inteligencia Artificial ha generado innovación, sí, pero también una peligrosa ilusión colectiva. El mercado ha confundido el progreso tecnológico con la rentabilidad garantizada. Y la política comercial estadounidense, en lugar de fortalecer su posición, podría acelerar su caída. China no necesita disparar misiles ni imponer sanciones: controla la llave de los materiales que hacen funcionar el siglo XXI. Si decide utilizarla, el castillo de naipes de la inteligencia artificial podría derrumbarse más rápido de lo que nadie imagina.

El pinchazo de la burbuja de la IA será el detonante de una nueva crisis financiera global. El foco se desplazará a otro frente igual de peligroso: el de la deuda privada corporativa estadounidense. Ese será el tema del próximo análisis: cómo el estallido de la burbuja de la IA desencadenará una crisis de crédito que sacuda los cimientos de la economía norteamericana.

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Artículo original publicado en juantorreslopez.com por Luciana Ghiotto

Apostaría a que la mayoría de las personas que lean este artículo no han oído hablar nunca de las «monedas estables» (stablecoins, en inglés), a pesar de que son una de las innovaciones financieras más importantes de los últimos tiempos y, sobre todo, a pesar de que su uso mal regulado entraña un gran peligro, como voy a tratar de explicar a continuación de la forma más clara y resumida posible.

¿Qué es una moneda estable?

Una moneda estable es un tipo de criptomoneda con una característica singular.

Como criptomoneda, una moneda estable es lo que hoy día se llama un token, es decir, algo sin soporte físico que representa un valor, como una ficha (token, en inglés) o un código. Su existencia se basa en algo inmaterial como un algoritmo (un conjunto de tareas u operaciones definidas para plantear o resolver algún problema) o una «cadena de bloques» (blockchain, en inglés) que es un gran conjunto de datos (una especie de gran libro de contabilidad digital) organizados en bloques entrelazados con operaciones complejas que le proporcionan seguridad.

Como todas las demás criptomonedas, las monedas estables son un activo (cualquier cosa en poder de alguien y que puede proporcionar rendimiento) de naturaleza digital, cuyo propietario tiene la clave para poder desbloquearlo y realizar así transacciones por un precio equivalente al que tenga en ese momento.

La característica singular de las monedas estables es que su precio no va a variar (de ahí su nombre). Eso es posible porque, a diferencia de lo que sucede con las demás criptomonedas -que depende de la oferta y demanda que de ellas haya en el mercado-, las monedas estables fijan su precio en relación con algún otro activo (una moneda oficial u otra criptomoneda) y lo mantienen siempre constante.

Para que eso sea posible, quien las emite (en principio, cualquier sujeto) crea al mismo tiempo herramientas de estabilización. Su funcionamiento es complejo y no lo voy a explicar aquí. Baste saber que pueden ser los llamados «activos de reserva» que se pueden ir canjeando en cualquier momento para asegurar que la moneda estable mantiene su valor, o bien algoritmos que automáticamente llevan a cabo operaciones de compra y venta para estabilizarlo.

Crecimiento vertiginoso

Aunque empezaron como algo anecdótico y de poco alcance, la expansión de estas monedas estables es hoy día extraordinaria. Según los datos que proporciona la plataforma Allium Labs, el valor total de las que están en circulación a primeros de octubre de 2025 era de 260.000 millones de dólares (según coingecko, 312.000 millones), 65 veces más que hace tan sólo 5 años. En los últimos doce meses se habrían utilizado para realizar 9.600 millones de transacciones por un valor total de 46,8 billones de dólares. De ser así (otras estimaciones dan valores más bajos) significa que casi triplican el valor de las realizadas con tarjetas Visa.

¿Para qué usar monedas estables?

Cuando se conoce la extraordinaria expansión de las monedas estables es inevitable que surja una pregunta: ¿qué sentido o interés tiene utilizarlas si están referenciadas en dólares o en cualquier otra moneda por un valor que no va a cambiar? Es decir, ¿no es lo mismo que usar estas monedas?

Podría decirse que se usan porque hoy día pueden ser más rápidas y menos costosas que las transacciones realizadas, por ejemplo, con tarjetas de crédito o débito. Aunque eso quizá no sea del todo exacto y sea una ventaja que seguramente desaparecería si estas últimas tuvieran que competir con las monedas estables, porque el retraso y las comisiones que cobran sólamente son el resultado de su poder de mercado y no de razones tecnológicas insuperables. 

También se podría justificar su uso por la estabilidad, pero en su breve historia ya se ha podido comprobar que las monedas estables no son tan estables como dice su nombre. Ha habido un buen número de casos de desvinculación del dólar o de imposibilidad de liquidar. Sencillamente porque, como diré enseguida, carecen de garantía o de una institución que las respalde.

Igualmente, podría argumentarse que se utilizan pero básicamente en operaciones específicas y no en las transacciones comerciales más habituales. De hecho, su uso principal (90 %) es la compra y venta de criptomonedas y la realización de operaciones en las llamadas finanzas descentralizadas, es decir, las que se mueven al margen de la banca y la bolsa tradicionales. Pero la opinión generalizada es que su próxima e inmediata batalla será la de superar las dificultades que su utilización supone hoy día para el comercio generalizado y expandirse también entre las transacciones más convencionales.

Algunos economistas, como Paul Krugman, creen que esto último no tiene sentido: «No hay nada que se pueda hacer con ellas que no se pueda hacer de forma más económica y sencilla con tarjetas de débito, transferencias bancarias, etc. Es decir, ¿por qué no usar dólares en lugar de tokens que supuestamente están respaldados por dólares?».

El verdadero interés de las monedas estables

A pesar de las desventajas y limitaciones que acabo de señalar, la pregunta de Krugman tiene respuestas. Sí que hay razones por las que está interesando impulsar el crecimiento de las monedas estables, aunque no son las que habitualmente se están dando por quienes las defienden.

Por supuesto y en primer lugar, la que el propio Krugman señala: con las monedas estables se pueden hacer operaciones sin dejar rastro, puesto que su uso es completamente anónimo. Según un informe de Chainanalysis, el 60 % de las transacciones ilegales de criptomonedas (estafas, evasión fiscal y de controles de capital o blanqueo) y en el 80 % de todas las transacciones de criptomonedas por regímenes sancionados y grupos terroristas llevadas a cabo en 2023 se realizaron con monedas estables.

En segundo lugar, las monedas estables van a seguir expandiéndose porque lo desean las grandes corporaciones que dominan el mundo e imponen la agenda de los gobiernos porque serán ellas las que hagan un gran negocio creándolas a su antojo. Cuando las emitan, cuando creen sus propios medios de pago, podrán desentenderse (al menos, en muy gran medida) de las restricciones monetarias que establecen los bancos centrales o los gobiernos, crear sus propios medios de pago, y convertirse en auténticas entidades financieras, dando créditos y financiando a otros o a sí mismas, libremente y con rentabilidad. Además de tener una gran cantidad de datos e información personal de quienes las utilicen.

En tercer lugar, también están interesados en la utilización de las monedas estables quienes realizan remesas transfronteras de cierto valor (un 6 % del total de su uso) y gobiernos y empresas de países con alta inflación, divisas frágiles o inestables, y sistemas bancarios poco fiables. Aunque es cierto que otros, sin embargo, las rechazan precisamente por los motivos que señalo a continuación.

En cuarto lugar, no se puede olvidar que, hoy día, el 97,4% por las monedas estables está referenciado en dólares. Eso quiere decir que, en la práctica totalidad de los casos, disponer de monedas estables equivale a ser titular de un depósito en esa moneda; usar monedas estables vinculadas al dólar sería lo mismo, en realidad, que utilizar dólares.

Por tanto, es Estados Unidos quien está claramente interesado en que se incremente lo más posible la circulación de monedas estables, emitidas como he dicho por todo tipo de grandes empresas, porque eso es lo mismo que incrementar el uso del dólar cuando este, como ya es bien sabido, está siendo mucho menos deseado o incluso rechazado por muchos países. Fue el propio presidente Donald Trump quien reconoció expresamente en su orden ejecutiva de 23 de enero de 2025 que era política de su Administración «promover y proteger la soberanía del dólar de los Estados Unidos, incluso mediante acciones para promover el desarrollo y el crecimiento de monedas estables respaldadas por dólares legales y legítimas en todo el mundo».

Y con ese fin, Trump firmó el pasado18 de julio la llamada ley Genius (Ley de Orientación y Establecimiento de Innovación Nacional para Stablecoins de Estados Unidos) que había sido aprobada en el Senado y la Cámara de Representantes, no sólo con el voto republicano sino también con el de un buen número de legisladores demócratas.

Y es precisamente esta ley la que ha abierto la espita para que las monedas estables (como vía que Estados Unidos quiere utilizar para evitar su declive como potencia monetaria imperial) se conviertan en una bomba financiera de relojería. Entre otras, por las siguiente razones:

– La ley permite que las empresas emisoras de monedas de estables se conviertan en depositantes de fondos y de reservas que no van a estar asegurados de ninguna forma, a diferencia de lo que ocurre con los bancarios que lo están hasta 250.000 dólares, en Estados Unidos.

– El régimen regulatorio que establece para las monedas estables creadas por las grandes empresas es muy débil y no contempla los riesgos que conlleva lo anterior, ni medidas suficientes para evitarlos y hacerles frente.

– En lugar de impedirlo, la ley da amplios poderes a las autoridades para permitir que las empresas emisoras vendan derivados de las monedas estables y todo tipo de productos especulativos, difundiendo el riesgo por todo el sistema financiero.

– No se crea ningún fondo de seguro, ni prestamista de última instancia que pueda garantizar el reembolso si las monedas estables se encuentran con problemas. En realidad, más bien incentiva las quiebras, de modo que al menor problema los emisores se retirarán del mercado.

– No se establecen garantías para que la emisión de monedas estables se sostenga en tecnologías que permitan pagos rápidos, confiables, subsanables en caso de error, y capaces de operar con transacciones de gran volumen al mismo tiempo.

– Aunque la ley establece que los emisores de monedas estables no pueden proporcionar rendimiento a quienes las posean, lo cierto es que esa posibilidad no está claramente prohibida, y de hecho hay plataformas que lo proporcionan. Eso podría ser un mecanismo adicional de drenaje de fondos desde la banca tradicional que puede debilitarla extraordinariamente. A lo cual hay. que añadir que los emisores podrían utilizar la liquidez obtenida para depositarla en los bancos por cantidades superiores a las que están aseguradas, lo que igualmente agranda la vulnerabilidad del sistema financiero.

– Finalmente, la ley no contempla los riesgos que conlleva la gran concentración que se produce hoy día en el sector y la que igualmente habría incluso cuando las grandes empresas comiencen a emitirlas. Si en algún momento hubiera que rescatar a los emisores, lo que antes o después ocurrirá en las condiciones que acabo de señalar, sería extraordinariamente costoso hacerlo, pero no habrá manera de evitar rescatarlos porque se dirá, como en 2008 con los bancos, que son demasiados grandes para dejarlos caer.

Una irresponsabilidad que, eso sí, hace aún más ricos a los multimillonarios, empezando por Donald Trump

El impulso a las monedas estables con la regulación que está estableciendo Estados Unidos comporta un riesgo financiero muy grande y sistémico, porque cualquier crisis se extendería al conjunto de la economía. Su enorme expansión se asume sólo para tratar de evitar el inevitable declive del dólar por un procedimiento que, mientras tanto, dará enormes beneficios a las grandes corporaciones y a los ya multimillonarios.

Donald Trump, quien hasta poco se había mostrado muy enemigo de las criptomonedas, ha sido inteligente asumiendo que son un instrumento adecuado para aliviar el declive del dólar como moneda imperial. Lo ha aprovechado para convertir el apoyo legal que le presta su Administración en un gran negocio personal y familiar, creando algunas y especulando con información privilegiada. Según Forbes, su fortuna en criptomonedas ya supera todas las propiedades de su cartera inmobiliaria y puede haber ganado unos 1.000 millones de dólares en los últimos nueves meses. 

No está solo. Según Henley & Partners y New World Wealth, en todo el mundo hay 450 personas con activos en criptomonedas por valor de más de 100 millones de dólares y 36 con más de 1.000 millones. Añadan a eso y háganse una idea de lo que ganarán, a las grandes empresas cuando comiencen a emitir en masa monedas estables.

Es para ellos para quien se pone en marcha un negocio colosal. Tan colosal como la crisis que traerá consigo cuando caiga sobre su base, construida sobre humo y especulación constantes, y que volverá a pagar el resto de la población. Salvo que la gente no se deje atontar, despierte, se entere de estas cosas, las difunda y se movilice para evitarlas.

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Fotografía de David F. Sabadell  – Conferencia Más Allá del Crecimiento 2025.

Artículo original publicado en elsaltodiario.com por Andrés Actis

Poner en práctica todo lo que este viernes se ha dicho en la sala Ernest Lluch del Congreso parece, a septiembre de 2025, bastante utópico. Hay que reconocerlo. Las dudas son infinitas. Cómo. De qué manera. Con qué apoyo social y político. Con qué narrativa se convence. Con qué aliados económicos y productivos. Con qué Estados. Con qué correlación de fuerzas. Los interrogantes son muchísimos. Pero no poner nada en práctica de todas las ideas y reflexiones que aquí se han lanzado, seguir metiendo la arena debajo de la alfombra fingiendo que hay soluciones a esta policrisis dentro de este sistema capitalista que necesita más y más crecimiento, es una sentencia de dolor y sufrimiento para la gran mayoría de personas que habitan este planeta.

Porque al salir del Hemiciclo, donde académicos, políticos, sindicalistas, intelectuales y representantes de la sociedad civil debatieron durante diez horas sobre cómo activar de forma colectiva un freno de emergencia al modelo que está llevando al planeta a un colapso ecológico y social, las distintas crisis que esta insaciable forma de producir, consumir y acumular ha generado, seguían ahí, inalterables y sin señales de resolución. Todo lo contrario. La sensación es que el capitalismo ha decidido forzar al máximo la máquina, coqueteo con el fascismo mediante, para sobrevivir y perpetuarse.

Esta semana, el planeta ha estado 1,65 °C por encima de la época preindustrial. Una bestial anomalía que ha dejado de ser una excepción. Lo mismo ha ocurrido en septiembre de 2023 y de 2024, primer año completo que la Tierra cruzó la línea roja de +1,5ºC marcada por el Acuerdo de París.

Esta semana, nos hemos enterado que el mundo producirá en los próximos cinco años el doble de energía fósil del límite exigido para frenar el cambio climático. También que ya hemos sobrepasado siete de los nueve límites que permiten un espacio operativo seguro para la vida. Que Estados Unidos, con el discurso de Donald Trump en la Asamblea General de la ONU, ha decidido intensificar el drill, baby, drill; que los planes de China para reducir sus emisiones son demasiado débiles para evitar una catástrofe global; y que el pilar de la descarbonización, las renovables, se tambalea. “Las cuentas no salen. Estamos viendo como la rentabilidad de los proyectos ha bajado drásticamente”, admitieron los empresarios del sector en un foro sobre transición energética.

“Se trata de un debate democrático inaplazable”, han afirmado organizaciones sociales como  Rebelión Científica, Greenpeace, Research & Degrowth y Ecologistas en Acción, en la declaración final

No son cabos aislados ni sueltos, han insistido la mayoría de los disertantes de la Conferencia ‘Más Allá del Crecimiento’, la primera gran cita institucional en España para hablar sobre poscrecimiento –término hermano de decrecimiento, muy tergiversado y menos atractivo a nivel comunicativo, se ha explicado–, sobre cómo vivir con bienestar dentro de los límites del planeta sin depender de la explotación de otras vidas, humanas y no humanas, presentes o futuras, poniendo la vida en el centro. “Se trata de un debate democrático inaplazable”, han aclarado los organizadores en su declaración final, un conjunto de colectivos sociales y civiles, entre ellos Rebelión Científica, Greenpeace, Research & Degrowth y Ecologistas en Acción.

Para este movimiento, el diagnóstico es claro: un modelo social y económico basado en el crecimiento sin fin es totalmente incompatible con el equilibrio ecológico del planeta y su habitabilidad. Este sistema, se agrega, “carece de legitimidad para guiar la transición ecosocial” en un contexto de creciente autoritarismo y deterioro de las instituciones democráticas.

“El dogma del crecimiento económico permite seguir acumulando riqueza y poder en pocas manos a costa de la vida y con ello se perpetúan guerras, expolios y genocidios como el de Palestina”

La transición energética en marcha, la solución empresarial y política a esta crisis planetaria, esconde bajo el disfraz de la “sostenibilidad” y el “crecimiento verde” la voluntad de “perpetuar lo insostenible”. “El dogma del crecimiento económico permite seguir acumulando riqueza y poder en pocas manos a costa de la vida y con ello se perpetúan guerras, expolios y genocidios como el de Palestina”, han relacionado Nerea Ramírez Piris, licenciada en Ciencias Ambientales por la UAM, responsable de ecofeminismo de Greenpeace; y Hugo Abad Frías, investigador y activista ecosocial, portavoces del evento.

La conferencia, una continuidad del evento Beyond Growth que tuvo lugar en el Parlamento Europeo en 2023, ha comenzado, justamente, con un emotivo minuto de silencio por las miles de víctimas del genocidio que Israel está consumando en Gaza. En representación del Gobierno, Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia y activista social, ha celebrado que en el corazón de la democracia española, el Congreso de los Diputados, se interpele a un capitalismo que, por su lógica de acumulación, está “en guerra con la vida”.

“El capitalismo se ha quitado la máscara y el nuevo orden que plantea no incluye a las mayorías. Por lo tanto, la claridad debe ser rotunda: o planificamos el decrecimiento de manera justa o el capital lo hará de manera violenta y muy injusta”, ha reflexionado. Ha resaltado que la “política es disputa de poder” y que si el capital ha “pateado el tablero para perpetuar privilegios”, quienes desean construir un nuevo paradigma tienen que “romper este tablero” para repartir igualdad.

Cómo construir una agenda política para salir de la policrisis

Dado que los caminos basados únicamente en mejoras tecnológicas son insuficientes al ignorar los límites biofísicos, la “encrucijada” en la que nos encontramos es clara y crucial, han coincidido Jason Hickel, antropólogo económico y escritor; Olivier de Schutter, Relator Especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos; Margarita Mediavilla, doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid; y Carmen Madorrán, filósofa y activista ecosocial, integrantes de la primera mesa. O se tira del carro para lograr una transición ecosocial democráticamente planificada –vidas más justas, deseables, igualitarias e inclusivas– o el “abismo de la destrucción” será inevitable.

“Sabemos que el sistema actual no funciona. Necesitamos un cambio de paradigma radical, otra forma de entender el progreso”, ha introducido Eva Saldaña, presidenta de Greenpeace España, moderadora del panel. ¿Por qué el sistema no funciona? Porque el capitalismo no es democrático, ha respondido Hickel, máxima referencia académica del decrecimiento. “El capitalismo no es democrático en la economía, la democracia no puede entrar en la producción, sólo el capital decide y lo hace siempre para maximizar y acumular beneficios”, ha señalado.

El autor del libro “Menos es más” (Capitán Swing, 2023) ha puesto un ejemplo: por más que las energías renovables son más económicas, el capital sigue apostando con fuerza a la rentabilidad de los combustibles fósiles. Por suerte -ha señalado- hay una “narrativa popular” que está emergiendo como respuesta a este sistema que atenta contra la supervivencia misma de la humanidad. “No hay manera de resolver esta policrisis con más crecimiento”, ha sentenciado.

En este contexto, Hickel ha afirmado que el poscrecimiento debe “subordinar la producción a objetivos democráticos”, con una batería de medidas esenciales, como mecanismos de financiación pública y de límites a la inversión de la industria fósil. Schutter, representante de la ONU, ha tomado la posta y ha asegurado que el “enfoque clásico” para reducir la pobreza -crecimiento, impuestos, redistribución- está agotado porque la riqueza sigue concentrada en muy pocas manos y porque los costes de esta tríada son cada vez más altos para la salud, el clima y la naturaleza.

“Esta es una de las grandes grietas del crecimiento verde, que no cuestiona el estilo de vida de los países ricos. Esta alternativa está perdiendo cada vez más credibilidad. Es cierto que el decrecimiento sigue siendo tabú en las altas esferas políticas. Una clave para sumar más adhesiones es cómo garantizar que el decrecimiento del Norte Global no va a ser perjudicial para los países del Sur Global, sino todo lo contrario, que va a ayudar a las regiones más pobres”, ha reflexionado.

“Nos obsesiona este espejo. Pero el PIB es un indicador amoral. Le encanta la contaminación, no le hace asco a las guerras”: Carmen Madorrán, filósofa y activista ecosocial

La filósofa Madorrán ha intentado desenmascarar al PIB y su “atractivo” para medir el desarrollo de las sociedades. “Nos obsesiona este espejo. Pero el PIB es un indicador amoral. Le encanta la contaminación, no le hace asco a las guerras”, ha aclarado. Mediavilla, experta en dinámica de sistemas para modelar transiciones energéticas ecosociales, ha puesto la lupa en el agotamiento de los recursos energéticos y minerales que sustentan el capitalismo, un tema “escondido por la agenda política”, pero clave para entender el mundo y sus crisis.

Su análisis es que, guste o no, la economía basada en el crecimiento se va a acabar. “Estamos entrando en una nueva etapa histórica: la era de la extracción fácil y barata de la energía se está acabando”, ha subrayado. El problema es que su reemplazo, la energía verde, “tiene muchos problemas”, por su intermitencia y por la dificultad para acumularla. “Por eso es importante que se entienda que la transición energética no es un cambio tecnológico, es un profundo cambio en las formas en las que vivimos”, ha aseverado.

Lo políticamente posible

La conferencia ha contado con la participación de cuatro diputados, quienes intentaron bajar al “barro” los preceptos teóricos de la jornada. Mikel Otero, secretario de transición ecológica de EH Bildu, ha coincidido que el reto del sobrepaso ecológico es el tema más importante de esta época, pero ha aclarado que hay un “abismo entre lo ecológicamente necesario y lo políticamente posible”.

“El capitalismo carece de capacidad para resolver esta policrisis. Estamos todos de acuerdo. Pero tenemos un problema con el tiempo. Aunque pensemos en un horizonte poscapitalista, los primeros movimientos los tenemos que hacer con el sistema en vigor. Esto obliga a jerarquizar las medidas para que sean posibles y a moverse en los grises, a embarrarse, a admitir que la soluciones son imperfectas y que hay que combinar la aspiración con medidas insuficientes”, ha reflexionado.

Ha puesto de ejemplo La ley de Movilidad Sostenibles, pronto a votarse. Otero ha reconocido que “está lejos de lo que se necesita”, pero ha contado que cuando se intentó “inyectar ambición, la mayoría parlamentaria se quebró”. ¿Qué hacemos, nos quedamos sin ley o aprobamos algo incompleto?, ha interpelado al auditorio.

Marc Pons (PSOE), Mar González (Verdes Equo/Sumar) y Héctor Escudero (Izquierda Unida) han sido los otros tres representantes políticos que aceptaron la invitación de los organizadores. “El progreso no se mide por el PIB, por mucho de que nos alegramos de que el de España siga creciendo. No podemos luchar contra la crisis climática y ampliar los aeropuertos. Tenemos dos opciones: colapso o supervivencia organizada”, ha apuntado González.

38 medidas para un pacto poscrecimiento

La conferencia se ha cerrado con experiencias de los (pocos) municipios que en España están llevando a la práctica políticas ecosociales y con un diálogo entre academia y sindicalismo, dos patas claves del decrecimiento. Los organizadores han pedido poner en marcha una “agenda común poscrecimiento” que permita abrir el debate a gran escala y de forma democrática dentro del Estado español.

Se han puesto sobre la mesa un total de 38 medidas, distribuidas en 12 ejes (servicios básicos universales; renta básica universal; fin de subsidios a actividades destructivas; decrecimiento del sector turístico; transición agroecológica; impulso de la economía social y solidaria; reforma fiscal justa y verde; democracia deliberativa permanente y vinculante; protección de derechos de las generaciones futuras y de la naturaleza; cancelación de los Tratados de Comercio e Inversión; cancelación de deuda y reparación histórica; y decrecimiento digital), para poder crear condiciones “favorables” para consolidar este inédito diálogo político.

Los más de 200 asistentes de la conferencia -los organizadores han recibido más de 800 peticiones de acceso- se han ido a sus casas convencidos de que el decrecimiento “no es un sacrificio, sino una oportunidad”. ¿Qué hay al dejar atrás al capitalismo? Sociedades girando alrededor del cuidado mutuo, la cooperación, la participación y la justicia. Un modelo económico asegurando vidas dignas en un planeta habitable.

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Artículo del Instituto Schiller

La siguiente declaración la emitió el Instituto Schiller para su difusión inmediata a nivel internacional. Fue redactada como un llamado a la acción durante este período de cambios y agitación, e invitamos a todos a que la suscriban y la circulen.

6 de septiembre de 2025 — En la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, con la representación de alrededor del 42% de la población del mundo, surgió un nuevo orden mundial, independiente de Occidente, fundamentado en los principios de soberanía, no interferencia, una cooperación económica mutuamente beneficiosa y de colaboración pacífica. En un acontecimiento de trascendencia histórica mundial, China e India, los dos países más poblados, que ya representan el 35% de la población mundial, han comenzado a cooperar estrechamente entre sí y con Rusia. Los países que se congregaron en la cumbre de la OCS, junto con las varias organizaciones interconectadas como el BRICS, la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), la Unión Económica Eurasiática (UEEA), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y la Unión Africana (UA), representan colectivamente el 85% de la humanidad.

El surgimiento de este nuevo orden es una respuesta a los intentos del Occidente colectivo, al terminar la Guerra Fría, de establecer un orden mundial unipolar bajo el dominio angloestadounidense, caracterizado por interminables guerras intervencionistas, sanciones e intentos de cambio de régimen, lo cual en última instancia le ha salido el tiro por la culata. Las naciones de la Mayoría Global están superando ahora una era de 500 años de colonialismo y están haciendo valer su derecho al desarrollo económico independiente. Esto es posible sobre todo gracias al ascenso sin precedentes de China, que ofrece a los países del Sur Global un modelo y la cooperación que Occidente les negó durante siglos.

Por consiguiente, el mundo ha llegado a un absoluto punto de inflexión. Podemos continuar con la confrontación geopolítica contra Rusia y China, corriendo el riesgo de una tercera guerra mundial, y esta vez definitiva; o bien, podemos optar por cooperar con este nuevo sistema económico emergente. El Presidente Xi Jinping ha propuesto la visión de una “Comunidad con un futuro compartido para la Humanidad”, lo cual puso de relieve en su discurso del 3 de septiembre en la conmemoración del 80º aniversario de la derrota de Japón: “¡La humanidad se hundirá junta, o se elevará junta!”¡

Es del interés fundamental de las naciones del Occidente colectivo, que ya no están verdaderamente unidas, que cooperen con los Estados de la Mayoría Global y que aborden de manera conjunta los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad: superar la pobreza y el subdesarrollo; garantizar una paz mundial duradera; y garantizar el derecho de todas las personas de este planeta a desarrollar plenamente su potencial.

¡Por la realización de una comunidad compartida para el futuro de la humanidad!

Añade tu firma y comparte esta declaración mediante el enlace: https://tinyurl.com/Decla-06092025

Para más información, escríbenos a preguntas@schillerinstitute.org

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Fotografía de SpaceX en Unsplash

Artículo original publicado en espacio-publico.com por Paco Cantero

En los círculos de poder globales se extiende una narrativa peligrosa: la democracia liberal es un obstáculo para el progreso. Para esta élite, la democracia representativa se fundamenta en un principio incómodo: la soberanía reside en el pueblo, sin importar su nivel educativo, su riqueza o su coeficiente intelectual. Es un sistema deliberadamente imperfecto, diseñado para gestionar el disenso y proteger al individuo de la tiranía de la mayoría o de la minoría.

La promesa de una meritocracia dirigida por IA es el caballo de Troya para sustituir el gobierno del pueblo por una tecnocracia algorítmica al servicio de un capitalismo tecnológico sin frenos. Este modelo, impulsado por una ideología que mezcla el libertarismo radical con un mesianismo tecnológico, no busca mejorar la democracia, sino acelerar su deconstrucción. Para lograrlo, encuentra un aliado clave en las fuerzas de extrema derecha, unidas por un enemigo común: las instituciones democráticas.

El Asalto del Capitalismo Tecnológico

El capitalismo tecnológico libertario, cuyos profetas son figuras como Peter Thiel o Elon Musk, considera la democracia representativa un «sistema obsoleto». Su proyecto es un asalto directo contra las élites globalistas que nos han gobernado durante los últimos doscientos años, a las que acusan de frenar la «innovación». Aspiran a instaurar una aristocracia donde el poder emane de un «mérito» definido por ellos mismos: el éxito empresarial disruptivo y la acumulación de capital.

Esta visión se sustenta en una distorsión fundamental de lo que consideramos “Valores Humanos”. La nueva élite tecnológica no aprecia la sabiduría humanística, la empatía o el conocimiento de la condición humana; en su lugar, venera exclusivamente la eficiencia cuantificable, la escalabilidad exponencial y la disrupción por la disrupción misma. Esta cosmovisión genera una profunda desconexión con las realidades materiales de la mayoría de la población. ¿Puede un visionario como Elon Musk, obsesionado con colonizar Marte, entender las preocupaciones de un maestro de escuela o un pequeño agricultor? La historia muestra que las élites que se autoproclaman iluminadas terminan gobernando para perpetuar su poder, creando sistemas que reflejan sus propios intereses.

La Alianza Estratégica con el Extremismo

Este proyecto de poder necesita una palanca política capaz de fracturar el consenso social. Es aquí donde se produce una alianza estratégica con las fuerzas de la extrema derecha y sus líderes mesiánicos. Para obtener sus fines, este nuevo capitalismo tecnológico libertario se apoya conscientemente en las bases sociales del nacionalpopulismo.

Ambos comparten un enemigo común: el establishment político tradicional. Los tecno-libertarios aportan la infraestructura digital, el capital financiero y una narrativa de «eficiencia». La extrema derecha aporta la fuerza social movilizada y la voluntad de destruir los frenos democráticos. Es una simbiosis perfecta: los primeros financian la desregulación absoluta, mientras los segundos desacreditan la prensa libre y la solidaridad social. Juntos, aceleran la deconstrucción del Estado de bienestar, allanando el camino para un modelo donde la política cede su lugar a la gestión técnica.

La Convergencia Siniestra: Hacia el Despotismo Algorítmico

Este proceso converge con otros modelos autoritarios, como el capitalismo de vigilancia chino. Aunque con ropajes distintos, ambos sistemas comparten un núcleo común: la sustitución de la política por la ingeniería social:

• La democracia es lenta y compleja; los algoritmos prometen decisiones rápidas y «limpias».
• La voluntad popular es impredecible; los smart contracts son automáticos e inapelables.

La infraestructura para este nuevo despotismo ya se está construyendo. El siguiente escalón es la gobernanza mediante contratos inteligentes y DAOs (Organizaciones Autónomas Descentralizadas). Promovidos como forma de «eliminar intermediarios”, su riesgo real es que codifican las normas de manera inmutable. Si un algoritmo te niega un derecho basándose en datos sesgados, no hay juez humano al que apelar, no hay espacio para la misericordia, la contextualización o la evolución de las normas sociales. Es la materialización de una ideología extremista, un mundo gobernado por un código que refleja los valores y prejuicios de sus programadores, una IA entrenada con las prioridades de las élites tecnológicas, optimizada para la maximización del beneficio, anulando la dignidad humana, la justicia social o la libertad de expresión.

La Alternativa: Democracia Deliberativa frente al Mesianismo

Frente a este proyecto, la respuesta es fortalecer la democracia. La alternativa es una democracia deliberativa y resiliente. Esto implica crear instituciones permanentes de participación ciudadana informada. Asambleas ciudadanas representativas, sorteadas como jurados, deberían deliberar sobre grandes temas como la transición ecológica o la regulación de la IA, por ejemplo. Se trataría de combinar la inteligencia colectiva de la población con la experiencia de los científicos, economistas y filósofos, no para que estos decidan, sino para que ilustren la decisión de la ciudadanía. El problema no es la tecnología en sí, sino quién la controla y para qué fines, por ello, creemos que la tecnología debe servir a esta deliberación colectiva, facilitando el acceso al conocimiento y garantizando transparencia.

La Libertad no es un Algoritmo

La batalla del siglo XXI es entre la gobernanza humana y la automatizada. El modelo tecno-libertario, aliado con el extremismo, ofrece una jaula de oro: comodidad a cambio de autonomía. La libertad de disentir, de vivir una vida no optimizada, es incompatible con un sistema que idolatra la eficiencia; preservarla exige que el poder tecnológico esté al servicio de la soberanía ciudadana. El futuro no puede ser diseñado por una élite en Silicon Valley, sino deliberado por todos en el ágora digital y física, de lo contrario, la jaula de oro meritocrática, aunque brillante, seguirá siendo una prisión.

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Artículo original publicado en matoeconomia.blogspot.com por Carlos Sánchez Mato

Los datos son tozudos. La gestión del PP aumentó la deuda pública en 31,6 puntos porcentuales con respecto al PIB. Recortando y con austericidio. Desde la moción de censura, el gobierno de coalición la ha incrementado catorce veces menos. Con escudo social. No es lo mismo.

La evolución de la deuda pública desde 2011 muestra la variación experimentada y el impacto de las tres grandes crisis. La variación entre final de 2011 y la moción de censura ascendió a 31,6% del PIB (gran recesión) Desde ahí a final de 2024, solo 2,3% (pandemia e inflación derivada de la guerra en Ucrania).

En la pandemia y debido a las políticas públicas de escudo social, la deuda creció a un ritmo más rápido (un 50% más que con el PP en la gran recesión) Pero la reducción por parte del gobierno de coalición ha sido 6 veces más veloz que la del austericidio perpetrado por Rajoy.

Es evidente que había dos formas de gestionar las crisis con el actual sistema y las reglas fiscales de la UE. Y la del PP no solo hace daño socialmente. Además dificulta cumplir con las exigencias de la Comisión Europea. El austericidio es letal para el crecimiento.

Por eso se ponen tan nerviosos y, en vez de hablar de la deuda con respecto a la riqueza (PIB), la derecha cambia la portería y se refiere a importe. Ni así. Con el PP se aumentó la deuda en 511.405 millones (+69%). Con el gobierno de coalición 436.472 millones (+35%).

Con el PP, la deuda pública se incrementó en sus casi 7 años de gobierno a un ritmo diario de 216 millones de euros. Con el gobierno de coalición, un 21% menos, a un ritmo de 171 millones diarios.

Cambiemos el chip con la deuda pública y dejemos de demonizarla. Y es que la clave no es cuánto se incrementa sino para qué se aumenta. Hacerlo para rescatar a la banca o para multiplicar el gasto militar, mal. Si es para levantar un escudo social, proteger a la gente o estimular la economía, bien.

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Artículo original publicado en sinpermiso.info por Albino Prada

En este artículo resumo algunos pasajes de mi reciente libro “El regreso de China. La globalización imposible” (Universidade de Vigo, 2025), https://consorcioeditorial.com/gl/articles/35702 en el que figuran las referencias bibliográficas completas de estas notas.

China se habría integrado -con su particular globalización de finales del siglo XX- en la economía de mercado sin realizar privatizaciones indiscriminadas, sin des regulaciones masivas, ni tipos de cambio flotantes, ni libre movilidad de capitales, ni apertura total. Según Dani Rodrick porque “un mundo complicado requiere políticas de zorro”; este analista algunos años después añadiría lo que sigue¹: «China lo ha hecho extremadamente bien con una heterodoxa combinación entre las fuerzas de mercado y el dirigismo estatal. Han reformado la gestión de su economía, pero siempre a su ritmo. Creo que el resto del mundo no tiene mucho que enseñar a los chinos sobre cómo deben gestionar su economía. Y tampoco hay razones por las cuales los líderes chinos deberían escuchar esos «consejos»».

Esta estrategia les permitirá sacar partido del horizonte globalista de Chimérica hasta la crisis de las economías más ricas del mundo en 2008, aunque se verán forzados a maniobrar hacia un horizonte de rivalidad y bipolaridad ante el giro proteccionista y radicalmente hegemonista de Estados Unidos. Se cerrará así el circulo de una absoluta globalización (capitalismo multinacional y trans nacional) ya imposible, al asociarse a graves contradicciones en lo relativo a la seguridad interna o a la soberanía nacional (defensiva, sanitaria, alimentaria, digital, energética, …).

Se entiende así que Wang Hui al analizar el bien documentado vínculo de los emprendedores de Silicon Valley con el Pentágono², sostenga que en la disputa Huawei – Google deba sobre entenderse una tensión de fondo centrada en la soberanía nacional. Pues para unos Estados Unidos cada vez más deslocalizados y post-industriales sería posible que China bloquease su economía…y viceversa. Con lo que aquella Chimérica económica cosmopolita -hasta los inicios del siglo XXI- se vería obligada a regresar a disputas y contradicciones derivadas de los viejos espacios de soberanía nacional heredados del siglo XX.

¿Socialismo en China?

En este contexto, y de considerar como criterio para dilucidar si el socialismo ha perdido o no la partida en China el de si “los productores directos han perdido el control sobre los medios de producción”, resultaría que ya en 2005 tal premisa sería indudablemente cierta (al trabajar en empresas privadas) para nada menos que cuatro quintas partes de los trabajadores no agrarios (unos 255 millones de trabajadores), y de rebote para dos tercios de la producción nacional. En cualquier caso para 2017 la, en este asunto poco sospechosa, Oficina Nacional de Estadísticas de China (INECh) considera que ya solo un tercio de los trabajadores urbanos lo son en empresas con participación estatal, colectiva o de cooperativas³.

Muy difícil se me hace considerar esa predominancia socialista cuando, no solo para la mayoría de los trabajadores asalariados chinos la propiedad capitalista de su empresa impediría cualquier tipo de control sobre sus medios de producción, sino porque en todas las empresas chinas (ya privadas, ya de propiedad estatal) no existen garantías de libertad de sindicación, negociación colectiva, cualquier tipo de cogestión o una cobertura de servicios públicos universal, a tenor de los resultados de un índice internacional que resume casi cien indicadores⁴. Se entiende así que un sindicalista español⁵ de visita en la China del año 2023 reclame “un salario mínimo decente, con unos efectivos pagos a la seguridad Social y con una jornada laboral que no exceda lo establecido en los Convenios de la OIT, así como unas formas eficaces de representación sindical desde los centros de trabajo”.

Estamos, por tanto, ante el debilitamiento de dos vectores clave que alejarían a China no ya del socialismo, sino incluso del tránsito hacia una sociedad decente (o sociedad armoniosa – héxié shèhui– en sus documentos oficiales desde 2004), y que la abocan a ser una pura y dura sociedad de mercado. Una economía en la que el mercado a cada paso ocupa más y más áreas en detrimento de formas públicas o asociativas. Y, en consecuencia, a pesar de numerosos eufemismos (socialismo con economía de mercado, socialismo de características chinas, sistema mixto de actividades públicas y privadas, economía de mercado con características chinas, economía de mercado socialista, etapa primaria del socialismo o proceso de transición socialista …) habría que concluir que estaríamos más bien hablando de una sociedad de mercado con características chinas⁶.

Mucho crecimiento, pero menos desarrollo

Porque la otra cara de la moneda -de su aceleración inversora y de crecimiento del PIB- será que se sustraen a la ciudadanía los beneficios inmediatos del crecimiento. Por una doble vía. Por un lado porque la inversión empresarial descansa en unos beneficios extraordinarios asociados a unas remuneraciones y derechos laborales defectivos; y, por otro, erosionado por un intenso ahorro público que detrae recursos de programas de protección social en favor de programas de inversión o de infraestructuras. Erosión de los salarios directos y del salario social.

Cierto que, una vez pagado ese alto precio, China consigue unas tasas de crecimiento del PIB espectaculares. Logra en suma mucho crecimiento, aunque no tanto desarrollo social. Siendo así que el muy acelerado crecimiento chino (orientado a la dotación de capital, al impulso tecnológico y a las exportaciones) condiciona tanto su política externa como interna.

Y será así que en los veinticinco años que van desde el año 1990 al 2015 China se ha ido alejando del nivel de desigualdad de la Unión Europea y acercándose al –mucho más elevado- de Estados Unidos. Pues si en el año 1980 el 10% más rico acaparaba en China la misma cuota de ingresos (el 25%) que el 50% más pobre, en la actualidad los primeros ya se quedan con el 40% y los segundos solo con el 15%. Una desigualdad galopante que dice bien poco a favor de la transformación de crecimiento económico en desarrollo social en aquel país. China y los Estados Unidos -hoy en un mundo a cada paso más bipolar- comparten un problema de desigualdad social creciente, y un crecimiento económico con escasos dividendos para el consumo público y la redistribución fiscal.

China debe enfrentar en suma gigantescos retos sociales internos: deterioro ambiental, corrupción, desigualdades personales y territoriales, bolsas de pobreza y riesgos de desempleo, envejecimiento o déficits de cobertura de servicios sociales preferentes. De manera que en este terreno, como bien resumía ya en 2010 un alto responsable de su Ministerio de Asuntos Exteriores⁷, “los problemas económicos y sociales con los que nos encontramos puede decirse que son los más importantes y espinosos del mundo; de ahí que no estemos en posición de mostrarnos arrogantes y presuntuosos”.

Ante tal desafío la Academia China de Ciencias Sociales (CASS) incluye en lo que denomina nivel de desarrollo social, para una «sociedad armoniosa», aspectos relativos al nivel educativo (gasto educativo, cuota de estudios superiores y medios, alfabetización) y al nivel sanitario (gasto sanitario per cápita, número de personas por médico). Sociedad Armoniosa que ya en el año 2005 tanto el presidente Hu Jintao como su primer ministro Wen Jiabao focalizaban y priorizaban en la protección de los menos favorecidos para así reducir las crecientes desigualdades sociales.

Aunque más allá de declaraciones y buenas intenciones en la hoja de ruta de una sociedad de mercado por la que actualmente transita China, a la hora de la verdad, serán los costes y la competencia global los que dictaminen que esas garantías y protecciones obstaculizan la sacrosanta productividad y el potencial de crecimiento futuro⁸. Todo lo anterior explica que en la China actual el esfuerzo en protección social para necesidades básicas (desempleo, jubilación, maternidad, salud pública, …) tenga un nivel muy reducido como porcentaje de su riqueza nacional⁹ (en China un 6,3 % PIB en 2015, mientras en EE.UU. llegaba a un 19 %, y en España o Alemania al 25 %).

O que, abundando algo más en esta dimensión, según un Índice sobre la distribución equitativa de los recursos educativos y sanitarios¹⁰ (por países y a escala mundial), mientras Estados Unidos cae de la posición 11ª que ocupa por nivel de ingresos por habitante a la 78ª en tal distribución equitativa (con un descenso de 67 posiciones), China pase de la 77ª a la 120ª (cae 43 posiciones). Descensos que confirman una senda convergente hacia la devaluación de tales necesidades preferentes en esas dos gigantescas sociedades de mercado. Provocando, de rebote, su devaluación en el resto del mundo.

No sorprende entonces que, en un tal ecosistema institucional, multinacionales como Yahoo, Microsoft o Google hayan sido denunciadas por Amnistía Internacional por despreciar los derechos humanos en sus negocios en China. Comprobándose una vez más que los derechos sociales conviven mal con la penetración neoliberal de ambos países, pues en ambos se estaría forzando un dumping laboral, social, fiscal y ambiental a escala global, bajo el ideologema de la competitividad y los costes¹¹. Según la lógica y cobertura de una Organización Mundial de Comercio (OMC) a la que China se incorporaría en el año 2001. Siendo así que ya en las negociaciones previas al ingreso en dicha OMC se omitió cualquier referencia a las llamadas cláusulas sociales, es decir, a aquellas normas que reglamentan los derechos económicos, laborales y sociales vigentes en los mercados nacionales y también las referidas a cuestiones ambientales y de sustentabilidad. Y por eso en un acuerdo (RCEP) de China con Japón, Corea del Sur y otros catorce países asiáticos no figura ningún capítulo sobre exigencias medioambientales o de derechos laborales; un acuerdo que supone englobar el 30% del PIB mundial¹². Aunque se nos diga que estamos ante una “globalización inclusiva” en palabras de Xi Jinping¹³.

De «otra globalización es posible» a la globalización imposible

Pero lo cierto es que, con estos precedentes, en los últimos años estaría tomando carta de naturaleza la previsión de Fairbank (1986) según la cual China pasaría, de ser influenciada desde el exterior, a influir de forma determinante en el resto del mundo. Teniendo muy presente que China es, en términos económicos y tecnológicos, mucho más influyente y está hoy más integrada en la economía mundial de lo que nunca lo estuvo la URSS en su etapa de confrontación con los Estados Unidos.

Aquella globalización chiméricana (no proteccionista) devendría un imposible si China quiere evitar una letal vulnerabilidad tecnológica y de aprovisionamientos, que ponga patas arriba sus logros económicos, su soberanía nacional y su control político por un único partido. Se entiende así el impulso del sistema propio de navegación global (BEIDOU) con 35 satélites, o del buscador global BAIDU en conflicto con Google, o que ambicione liderar la Inteligencia Artificial, y que ya lidere la inversión mundial en computación cuántica.

La crisis financiera de 2008 y la pandémica de 2019 no hicieron sino reforzar aún más estas prioridades. Por un lado al aflorar las fragilidades relativas a la relocalización de cadenas globales de valor para evitar dependencias (vulnerabilidad) de aprovisionamientos críticos. También al hacer visible una vulnerabilidad occidental extrema en antibióticos, vacunas, mascarillas, equipos de protección (de China-India) o en tierras raras, así como la de China en los gigantescos recursos energéticos o alimentarios que necesita importar.

Y así poco a poco la frontera entre lo comercial, lo tecnológico y la seguridad nacional (base de fondo de una creciente desconfianza) se habría vuelto paulatinamente más y más borrosa en lo relativo al mundo digital (5G, IA, big data, sistemas operativos). Porque con estas tecnologías se puede poner en serio peligro la seguridad militar, de abastecimientos, logística, etc. de un país. Se puede poner patas arriba la soberanía nacional que los cosmopolitas de la globalización daban por superada en la fase chimericana de abducción neoliberal no proteccionista. Mientras la lista de estas tecnologías “sensibles” se hace a cada paso más larga: IA, internet de las cosas (IOT), redes 5G, Big Data, robótica, computación cuántica, e-cloud, blockchain, nanotecnologías, vehículos autónomos y movidos por electricidad, energías renovables no convencionales y biociencias.

Pues en la actualidad el problema mayor no será ya para Estados Unidos su abultado déficit comercial con China, sino la emergencia de una superpotencia tecnológica en ámbitos singularmente decisivos para la seguridad, la resiliencia y la defensa. Habría resultado inviable la hipótesis del “mundo plano” chimericano, de una hiperglobalización cosmopolita que desembocase en “una economía mundial capitalista homogeneizada con un solo Estado capitalista mundial”. Inviable una China que apenas fuese un gigantesco -y subordinado- Japón para Estados Unidos.

Y transitamos así en medio de la competencia interimperialista entre dos gigantescas superpotencias¹⁴. Pues si a Estados Unidos no le sirve otro papel mundial que el de ser única superpotencia hegemónica, la China actual es ya demasiado grande, competitiva y celosa de su autonomía para dejarse subordinar.

P.D. Sobre la improbable existencia de democracia en sistemas de capitalismo financiero o de capitalismo de Estado este ensayo incluye un apéndice titulado “Capitalismo, socialismo, democracia” (p. 159 y ss.)

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Artículo original publicado en nuevatribuna.es por Aurora Martínez Hernández y Manuel Nolla Fernández

Con un paisaje de 400.000 hectáreas de bosque quemado, hemos podido comprobar que nuestro modelo de desarrollo tiene un grave déficit en la situación de la España rural. La FAO, Francois Hutart (teólogo de la liberación e investigador de la vida campesina) y los técnicos forestales nos lo dicen: la ganadería extensiva y las familias campesinas evitarían los grandes fuegos mediante la gestión y explotación racional del campo y de los bosques. Para ello se requieren potentes políticas públicas, pero España es un caso anómalo en Europa: no tiene banca pública.

Se ha comprobado que esas necesidades no las cubre en España un oligopolio bancario (Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell copan el 75% de los depósitos) que perjudica al consumidor y al demandante de crédito, facilita la exclusión financiera y territorial con la falta de inversiones y el abandono del medio rural. Antonio Turiel propone garantizar las cosas más simples e imprescindibles, como es el suministro de alimentos y el agua limpia, relocalizar el trabajo o trabajar con materiales de proximidad.

Aparte de una residual presencia de un sector social, con alguna Caja de Ahorro y de Cajas Rurales y Cooperativas, solo es público un reducido ICO y del 18% de CaixaBank.

EL ICO

El ICO es una entidad de crédito, que actúa como un banco de promoción financiando a pymes y autónomos y como agencia financiera del Estado. Comparado con otros bancos de desarrollo similares de otros países europeos, el volumen de crédito concedido es muy bajo, aunque a partir de 2023 este haya experimentado un considerable aumento.

Aparte de la concesión de avales, con las líneas de mediación el ICO pasa el dinero a las entidades financieras para que sean ellas las que concedan el préstamo a las empresas y a la vez asuman el riesgo del crédito. Pero las entidades financieras privadas evitan muchas veces prestar a las pequeñas empresas y autónomos, que les proporcionan más riesgo y menos beneficios.

La cantidad máxima que presta el ICO por esta modalidad a una empresa es de 12,5 millones de euros. El ICO también concede préstamos directos desde su sede central (ahora a partir de 5 millones de euros) dirigidos a potenciar el crecimiento de las empresas medianas (de 50 a 250 trabajadores) y a proyectos de inversión sostenibles.

La Comisión Europea ha dado instrucciones al ICO de reforzar su capacidad administrativa para canalizar fondos europeos

El ICO dispone de un banco de promoción y, además, el ICO obtuvo en 2021 la acreditación de implementing partner (socio de ejecución) por la Comisión Europea dentro del marco financiero plurianual 2021-2027. Eso le da la capacidad y responsabilidad de gestionar los fondos que vienen de la UE en colaboración con los ministerios correspondientes. A pesar de ello, y de que se acordaron 130 medidas para el desarrollo rural y un presupuesto de 10.000 millones hasta 2027 para abordar el reto demográfico, no se ha notado de forma significativa que la financiación pública y las ayudas europeas hayan llegado a las zonas donde más se necesitan. Por ello, la Comisión Europea ha dado instrucciones al ICO de reforzar su «capacidad administrativa» para canalizar los fondos europeos.

Las pymes tienen mayores dificultades en el acceso a financiación bancaria. El “XIII Informe sobre financiación de la pyme en España 2023″ señala que cerca de dos millones de empresas necesitaron financiación en 2023. En el mismo sentido, el servicio de estudios de Funcas advierte del preocupante comportamiento de la inversión y de que es urgente reactivarla.

En el documento “Transformar el ICO en un auténtico banco de desarrollo» (promovido por la Plataforma por una Banca Pública) se veía la necesidad de que el ICO no solo concediese más créditos desde su oficina central, sino que se extendiera abriendo sucursales en las capitales de provincia. El objetivo era que el ICO funcionara como un auténtico banco de desarrollo y que, desde las sucursales de la España rural, se hiciera llegar la financiación y las ayudas europeas a los ayuntamientos y pequeñas empresas y autónomos. Pero sobre todo que el ICO actúe como hacedor de proyectos.

Un banco postal

«Desde comienzos del siglo XX y en la mayoría de los países desde la década del 60, los operadores postales han sido el brazo de la inclusión financiera de los gobiernos y ofrecían los giros postales e instrumentos elementales de ahorro para los pobres. Esos giros solían ser el medio principal de pago en las zonas rurales» (Panorama de la inclusión financiera internacional en el mundo. UPU).

Ser un banco ético, de todos, fomentar el ahorro y funcionar de forma descentralizada serían las ventajas del banco postal 

Además de introducir un factor de competencia en un sector muy oligopolizado, el banco postal que proponemos tendrá cuatro ventajas competitivas respecto de los bancos comerciales actuales: ser un banco ético, de todos, fomentar el ahorro y funcionar de forma descentralizada.

Correos es una sociedad mercantil pública, lo que justifica la participación de los ciudadanos en su gestión democrática y control social, con proyectos bien planificados, orientado por los resultados mediante una evaluación continua y rendición de cuentas. Sus órganos de gestión, de gobierno y de supervisión deberán cumplir esas garantías.

Christoph Scherrer, coordinador del libro «Public Banks in the age of financialization», considera que es indispensable que los trabajadores de los bancos públicos tengan la vocación de servidores públicos además de ser seleccionados de acuerdo con los criterios de igualdad, mérito y capacidad. También hay que tener en cuenta la Ley del Estatuto del Empleado Público que en su artículo 20 exige la evaluación del desempeño.

Hutchinson en su libro «Why and how britain developed the industrial revolution» explica cómo el ahorro que generaron las 800 «saving banks» en Gran Bretaña, permitió la revolución industrial (segunda mitad del siglo XVIII). Así mismo, la Caisse des Dépôts et Consignations en Francia y la Cassa Deposite e Prestiti en Italia permitieron en el siglo XIX financiar el desarrollo de esos países. También nuestra Caja Postal tuvo esa capacidad de generar ahorro. Y teniendo un tamaño mucho menor que el de los grandes bancos, su cuota de mercado -el 19%- era mucho mayor que la de ellos y con rentabilidades de hasta el 39%.

Y ahora, los informes Dragui, Letta y OCDE descubren que Europa necesita más ahorro ciudadano, asegurado por el Estado y bien remunerado, para financiar la transición verde y tecnológica, aumentar la productividad y no depender de la financiación extranjera. Podemos entonces afirmar, que un banco postal es el instrumento indicado para asegurar ese ahorro nacional. La libret A francesa es un ejemplo de cuenta de ahorros, con unos 500.000 millones de euros, que se remunera al 3% y que está destinada principalmente a la economía social y solidaria y a préstamos para vivienda social en alquiler.

Sobre la descentralización, tanto las cajas de ahorro como las cajas postales han sido esencialmente regionales y rurales.

Si existe una decisión del presidente de Correos de crearlo, falta la voluntad política del Gobierno y la colaboración del Banco de España para la puesta en marcha del banco postal.

Conclusión

En lugar de nuevas fusiones de bancos, se necesita un sector público en la actividad bancaria. Hoy, en cuanto a inversión y al desarrollo rural, al menos podemos partir de la extensión territorial y potenciación del ICO.

Y el banco postal que queremos, tendrá un mandato de servicio público recogido en una Ley, con un doble objetivo: por una parte, asegurar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios básicos de banca minorista y, por otro, obtener beneficio para contribuir a la sostenibilidad económica de Correos. Para ello tenemos una empresa como Correos, que es una empresa pública, con 2.388 oficinas digitalizadas y un total de 8.267 puntos de atención al público para protagonizar la propuesta.

Para conseguir lo anterior, se necesita de la presión y participación ciudadana, y en concreto de los trabajadores de Correos, en defensa de lo público. Como hoy vemos a la población rural y la que ha sufrido los incendios forestales, entendemos la importancia de las reivindicaciones.

Aurora Martínez Hernández y Manuel Nolla Fernández, coordinadora y portavoz de la Plataforma por una Banca Pública. Miembros de ATTAC España.

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Artículo original prublicado en revoprosper.org

La prueba piloto sobre renta básica : una radiografía de los efectos reales del Ingreso Básico Incondicional (RBU)

Entre junio de 2021 y mayo de 2024, se llevó a cabo en Alemania el primer experimento de larga duración sobre el Ingreso Básico Incondicional (Renta básica Universal (RBU), impulsado por el colectivo Mein Grundeinkommen y financiado mediante donaciones ciudadanas. A continuación, presentamos los hallazgos clave desde una perspectiva multidimensional.

Diseño y alcance del estudio

El experimento incluyó 1 700 participantes en total: 122 personas fueron seleccionadas al azar para recibir 1.200 € mensuales, sin condiciones ni impuestos, durante tres años; el resto, unos 1.580, formaron parte del grupo de control y no recibieron ninguna mensualidad. Los participantes tenían entre 21 y 40 años, vivían solos, y su ingreso neto mensual oscilaba entre 1.100 y 2.600 €.

La investigación fue conducida por diversas entidades académicas: el Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW Berlín), la Universidad de Economía de Viena (WU Wien), el Instituto de Investigación del Mercado Laboral (IAB), la Universidad de Oxford, la Frankfurt School of Finance & Management y la Universidad de Colonia. Su diseño aleatorizado y controlado permitió determinar efectos causales del RBU con rigor metodológico.

A continuación resaltamos los principales hallazgos de este estudio:

1. Trabajo y motivaciones laborales

• No hubo reducción en el empleo: Quienes recibieron el RBU trabajaron unas 40 horas semanales, igual que el grupo de control The Times.
• Sin retirada del mercado laboral: No se observó aumento del desempleo entre los receptores del RBU.
• Reorientación profesional: Muchos aprovecharon la seguridad económica para formarse, cambiar de trabajo o iniciar nuevos proyectos. Por ejemplo, una persona comenzó a formarse como instructora de yoga.
• Mayor satisfacción y sentido: Independientemente de mantenerse en su empleo o cambiar, los participantes reportaron mayor satisfacción con su trabajo, sentido y motivación intrínseca.

2. Salud mental, bienestar y vida social

• Mejor salud mental: El RBU mejoró significativamente la salud mental, redujo el estrés y mejoró la calidad del sueño DIE WELT.
• Mayor satisfacción vital: La puntuación promedio de satisfacción con la vida pasó a 7,3 en el grupo del RBU, frente a 7,1 del grupo control The Times, Business Insider.
• Más tiempo con seres queridos: Los receptores del RBU pasaron casi cuatro horas semanales más con amigos y familia que el grupo control mein-grundeinkommen.

3. Finanzas personales: ahorro y solidaridad

• Aumentaron los ahorros: Las personas con RBU ahorraron 450 € más al mes en promedio que quienes no lo recibieron mein-grundeinkommen.de.
• Más seguridad financiera: El porcentaje de personas con menos de 10.000 € en patrimonio cayó al 13 % en el grupo del RBU, frente al 27 % en el grupo control mein-grundeinkommen.de.
• Mayor generosidad: Las personas con RBU donaron y compartieron más dinero con su entorno, cerca de 125 € mensuales, el doble que en el grupo control mein-grundeinkommen.de.

4. Actitudes, valores y comportamiento

• Rasgos estables, decisiones cambiadas: El experimento mostró que el RBU no transformó la personalidad de los participantes (valores políticos, rasgos de personalidad, procrastinación, etc.), pero sí facilitó nuevas decisiones: estudiar, donar, cambiar de trabajo mein-grundeinkommen.de.
• Autonomía sin cambiar de mentalidad: Sus opiniones e ideales seguían igual, pero el entorno seguro les permitió actuar con mayor libertad. “No hace falta cambiar como persona, sino cambiar las condiciones para actuar distinto” mein-grundeinkommen.de.
• Altruismo incrementado: Aunque no cambiaban su autopercepción, se vieron más altruistas —y este cambio subjetivo se reflejó también en su comportamiento solidario mein-grundeinkommen.de.

5. Financiabilidad del BGE

• Modelo viable: El modelo demostró que una RBU de 1.200 € mensuales es financiable mediante un mix de medidas: compensación vía ingresos actuales, ahorro de prestaciones sociales, mejor fiscalización, eliminación de privilegios fiscales y redistribución familiar, así como crecimiento del consumo finanzierung.mein-grundeinkommen.de , mein-grundeinkommen.de.
• Beneficio mayoritario: Según las simulaciones, el 83 % de la población obtendría una mejora en su situación financiera con la RBU; solo el 10 % debería aportar más, y el 7 % no tendría un impacto relevante mein-grundeinkommen.de.

6. Implicaciones públicas y respuestas

• Fuerza para futuras iniciativas: A raíz de estos resultados, la iniciativa “Hamburgo prueba la renta básica” prepara un experimento con 2.000 personas durante tres años, sujeto a un referéndum en octubre de 2025 DIE WELT.
• Llamado al debate basado en la evidencia: Los responsables del proyecto piden que la discusión política y social sobre el RBU se fundamente en datos sólidos, no en prejuicios mein-grundeinkommen.de, DIE WELT.
• El papel de la sociedad civil: El experimento, financiado con donaciones de más de 200.000 personas, demuestra que la sociedad puede anticiparse políticamente para generar conocimiento útil mein-grundeinkommen.deWikipedia.

Conclusión

El proyecto piloto de Renta Básica Universal en Alemania representa un avance significativo en la investigación sobre este tema. Pone en evidencia que…

• El trabajo no desaparece, pero sí puede hacerse con más sentido y libertad.
• El bienestar integral mejora, abarcando salud mental, vida social y satisfacción personal.
• Las finanzas mejoran, incluyendo ahorro, patrimonio y solidaridad.
• Las decisiones cambian sin modificar valores, gracias a la seguridad económica.
• Existe viabilidad financiera, con un impacto positivo para la mayoría.
• Es un catalizador para políticas públicas, si hay voluntad política y se realizan más experiencias.

Este piloto muestra que el Ingreso Básico Incondicional puede ofrecer una nueva base para una sociedad más libre, solidaria y resiliente. Todo ello ligado a datos reales y rigurosamente analizados. El siguiente paso está en manos de la política: ¿estamos preparados para avanzar?

Resumen del estudio original: https://www.mein-grundeinkommen.de/pilotprojekt-grundeinkommen#erkenntnisse

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Artículo original publicado en elsoto.org

El 12 de agosto, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, abrió el plazo de quince días hábiles para presentar alegaciones al proyecto de decreto del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula la Aceleradora Urbanística de la Comunidad de Madrid. El texto de la nueva norma coloca la inversión privada y la lógica del mercado en el centro de la planificación territorial, relegando la dimensión social, ambiental y democrática del urbanismo. Ni los ayuntamientos, titulares de la competencia urbanística, ni la ciudadanía organizada disponen de un papel real en un mecanismo que, además, amenaza con duplicar trámites, generar inseguridad jurídica y abrir la puerta a la opacidad.

El urbanismo como inversión, no como derecho

El preámbulo del decreto justifica la creación de la Aceleradora en la supuesta necesidad de atraer inversiones y evitar retrasos, pero no aborda las causas estructurales de la lentitud administrativa ni refuerza los servicios técnicos responsables de los expedientes. La consecuencia es clara, se subordina el planeamiento al interés económico inmediato, olvidando el mandato del artículo 47 de la Constitución y de la Ley de Vivienda de 2023, que vinculan la ordenación del territorio a la función social del suelo y al derecho a un hogar digno.

Un órgano político sin legitimidad democrática

La Aceleradora se configura como un órgano colegiado compuesto casi exclusivamente por viceconsejerías autonómicas. Los ayuntamientos quedan relegados a un papel secundario y discrecional, mientras que la sociedad civil, asociaciones vecinales, ecologistas o colectivos profesionales ni siquiera tienen cabida. En su lugar, se prevé la posible participación de “asesores técnicos externos”, un concepto indeterminado que podría abrir la puerta a intereses privados en la toma de decisiones urbanísticas.

La Plataforma Ecologista Madrileña denuncia que esa exclusión refuerza un modelo centralizado y vertical, contrario a la autonomía local reconocida en la Constitución y a las obligaciones legales de participación ciudadana. Lejos de aportar agilidad, introduce más niveles de decisión política, resta capacidad a los técnicos municipales y crea un filtro opaco que puede condicionar proyectos al margen del interés general.

Riesgo de invasión competencial y opacidad

El decreto crea una unidad técnica de apoyo a la Aceleradora Urbanística pero adscrita a la Dirección General de Urbanismo y le otorga funciones que exceden el ámbito autonómico e invaden competencias municipales, como la tramitación de informes sectoriales. Aunque formalmente la adhesión de los ayuntamientos se presenta como voluntaria, el diseño normativo apunta a una imposición encubierta que vaciaría de contenido la competencia local en materia de planeamiento.

A ello se suma la ausencia de garantías de transparencia. No se prevé la publicación de actas, acuerdos ni deliberaciones del órgano, lo que vulnera la normativa autonómica de transparencia y refuerza la percepción de que se trata de un instrumento de control político al servicio de intereses inversores.

Una aceleradora para la inversión, no para la ciudadanía

Especialmente grave resulta la disposición que convierte en “de especial relevancia” cualquier proyecto previamente declarado de interés por la Aceleradora de Inversiones, sin audiencia a los afectados ni control ciudadano. Esta puerta trasera subordina el urbanismo a decisiones económicas ya tomadas, confundiendo proyectos privados con planeamiento público.

Retirada del proyecto de decreto

La Plataforma Ecologista Madrileña formada por la Asociación para la Recuperaión del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente, Jarama Vivo y Liberum Natura, concluye que el proyecto de Decreto presenta deficiencias estructurales graves: debilita la autonomía municipal, erosiona el derecho de participación ciudadana, desplaza la función social del urbanismo y lo reduce a un mero instrumento de atracción de capital privado.

Por todo ello, solicita su retirada inmediata y la apertura de un proceso participativo que aborde de verdad las necesidades de los municipios y de la ciudadanía madrileña en materia de urbanismo, vivienda y territorio.

Para más información sobre la Plataforma Ecologista Madrileña

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Artículo original publicado en pagina12.com por Jorge Majfud

En la Edad Media y en el Renacimiento europeo, el título de hidalgo pudo haber significado “hijo de algo” o “fiel a su amo”. Aunque su etimología es discutida, lo que está claro es que se trataba de un aspirante a noble, un aristócrata de segunda. Un noble hacía cosas nobles por herencia, mientras el vulgo era vulgar y los villeros eran villanos por naturaleza. Eran los hijos de nadie. Eran los peones sin rostro del ajedrez, sin corona, sin bonete, sin caballos y sin torres donde refugiarse. Eran los primeros en ir a morir en las guerras de los nobles, los primeros en defender al rey y a la reina, aunque nunca subían al castillo y menos entraban a palacio. En grupos de a mil, formaban las militias. Eran números. Como en las guerras modernas, iban a matar y a morir, con fanatismo, defendiendo una causa noble, en el doble sentido de la palabra. Dios, la patria, la libertad. Causas nobles que ocultaban los intereses de los nobles.

Poco o nada ha cambiado desde entonces. Los soldados estadounidenses que vuelven de las guerras de sus nobles bajan en el aeropuerto de Atlanta y son aplaudidos por los vasallos que luego los abandonarán a la locura de sus memorias. Los recuerdos y hasta los olvidos los perseguirán como el diablo. Muchos terminarán en la mendicidad, en las drogas o en el suicidio. Cuando ya no importen, serán honrados en tumbas sin nombres o les llevarán flores a un peón caído, tan abstracto como en el ajedrez, llamado Tumba del Soldado Desconocido. Sobre todo, si hay cámaras de televisión cerca.

Por no hablar de las cifras mil veces mayores de los civiles muertos del otro lado, que ni siquiera son números claros sino estimaciones. Aproximaciones que nunca alcanzan la indignación de los grandes medios ni la conciencia confortable de los ciudadanos del Primer Mundo, porque los suprimidos pertenecen a razas inferiores, son categorías subhumanas que nos quieren atacar o amenazan con quitarnos nuestro way of life dejando de ser esclavos. Los ataques de los poderosos nobles son tan preventivos que suelen eliminar cincuenta niños en un solo bombardeo sin que provoque discursos ni marchas indignadas con líderes mundiales al frente. Ni siquiera un tímido 6 de enero a favor de la paz y de la justicia ajena.

Los peones y los vasallos medievales no tenían rostros ni tenían apellidos porque no tenían nada que dejarles a sus hijos como herencia. Apenas tenían un nombre y la referencia de dónde habían nacido o a qué se dedicaban, cuando trabajar era signo de vergüenza y, como ahora, signo de necesidad. Para decir que alguien no se puede dar el lujo de un descanso prolongado se dice que es un trabajador. Ser hijo de una familia de obreros es un eufemismo de ser pobre. No es tan grave, porque, como las razas inferiores, los pobres no tienen sentimientos.

“Los pobres sienten también sus penas”, dice una empleada en La casa de Bernarda Alba y Bernarda, la pobre aristocrática, responde: “Pero las olvidan delante de un plato de garbanzos”.

El dolor de quien no está cerca del poder no importa, como no importan cincuenta niños suprimidos por una bomba en un país lejano. Como no importan cincuenta niños enjaulados en un recinto de inmigración. Como no importan los indocumentados pobres y de piel oscura, porque también son criminales que han violado Nuestras leyes trabajando para nosotros como esclavos y robando un salario que ningún esclavo se merece.

En la Antigüedad, los esclavos por deudas se conocían como “adictos”. Eran aquellos que decían, que hablaban en nombre de sus amos. Estaban atados a una servidumbre. Cuando siglos más tarde el invento de la esclavitud hereditaria y basada en el color de piel fue ilegalizado en el siglo XIX, la esclavitud volvió a ser cuestión de adictos. Ahora son pobres atados a una servidumbre por la necesidad de su pobreza, casi siempre hereditaria, como los pobres europeos que antes se vendían a sí mismos por cinco o por diez años como esclavos en Norteamérica.

Pero los indentured laborers (“trabajadores sin salario”) de hoy no son sólo inmigrantes que deben venderse al bajo precio de la necesidad; también son aquellos que, sin hambre y sin una madre enferma del otro lado de la frontera, deciden vender su palabra a cambio de confort físico y moral. Como los esclavos en la antigua Roma, son “adictos”, no a una substancia sino a los valores, a la moral y a las ideas de sus amos, los millonarios a los cuales debemos agradecer la paz, el orden y el progreso, como en el siglo XIX los negros esclavos debían agradecerles a los esclavistas por la sombra de los árboles, por la lluvia y por la pócima que comían dos veces al día. Como en el siglo XIX, los esclavistas se expandieron con un fusil en una mano, con el discurso de la lucha por la libertad en la otra y con sus adictos detrás.

Como en su momento lo denunciaron el peruano González Prada y el estadounidense Malcolm X, estos adictos (“el indio bueno”, “el negro bueno”, “la mujer buena”) son los peores enemigos de la justicia y la liberación de sus propios hermanos. La lengua, que conserva una infinita memoria escondida, también sabe que la palabra lacayo era el nombre de los escuderos alcahuetes de sus amos, codiciosos mercenarios que caminaban detrás de sus amos como los peces remora viajan pegados a los tiburones.

Pero también están aquellos que no han vendido su libertad al precio de la necesidad y se resisten a inocularse el mito de “El país de la libertad” a donde “llegaron de forma voluntaria” y pueden irse, también “de forma voluntaria”, allanando el camino de las remoras y de los adictos. Son aquellos inmigrantes ilegales que ocupan los estamentos más bajo de las sociedades más ricas. Aquellos que deben vender sus cuerpos, pero no venden sus conciencias.

Muchas veces me han preguntado si no tengo miedo de escribir contra las mafias imperiales desde las entrañas de la bestia, como decía José Martí. Cierto, no es fácil y mucho más ganaría adulando al poder y acomodando mis ideas a mis intereses personales. Pero hay cosas que no las compran ni todos los miles de millones de los nobles modernos. Ahora, si hablamos de coraje, el primer premio se lo llevan los inmigrantes indocumentados. Sobre todo, inmigrantes como Ilka Oliva-Corado. Empleada doméstica, talentosa pintora y escritora, valiente como un barquito de papel en la tempestad, mujer, guatemalteca, negra orgullosa y sin ataduras en la lengua. Una representante digna de los inmigrantes más sufridos en Estados Unidos, expulsados de sus países de origen, despreciados, explotados y deshumanizados por las sociedades que los usan y por las sociedades que los expulsan para luego recibir sus remesas.

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Fotografía: Concentración en Bruselas en contra del tratado con Mercosur. Foto: Tom Kucharz.

Artículo originanl publiado en osalto.gal por Tom Kucharz

«Histórico” fue el adjetivo manoseado hasta el infinito para anunciar a bombo y platillo un acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con los gobiernos del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay). Primero se publicó el acuerdo en principio, con tan sólo 17 páginas y que no era un “texto legal», con la intención de confundir a la opinión pública mientras aún se está terminando de redactar el tratado final, que tendrá más de 1500 páginas.

Como en las últimas dos semanas se habían multiplicado las críticas por la falta de transparencia de las negociaciones, el gobierno de Uruguay empezó a publicar partes de los textos consolidados del tratado. Presionada por esta circunstancia, la Comisión Europea tuvo que publicar también una parte de los textos legales en su página web. Lo hizo el viernes a las 23:00.

 Una vez finalizada la letra pequeña, habrá una revisión legal del tratado, la traducción en los idiomas de la UE y luego comenzará el proceso de ratificación que puede durar años.

En una entrevista en El Mundo, la comisaria de comercio de la UE, Cecilia Malmström, dijo que «El acuerdo con Mercosur no se puede reabrir ni mejorar». Afirmando así la naturaleza antidemocrática de la política comercial de la UE y enviando una señal clara de que los parlamentos no pintan nada (ni el europeo ni los nacionales), y que ni siquiera los gobiernos puedan modificarlo.

Una cosa parece segura: cuando en octubre se retira la actual Comisión Europea dejará un regalo envenenado. Y se está viendo ya.

Una semana caliente

Las protestas y el debate político en Francia se están extendiendo. El Parlamento holandés ha adoptado 2 mociones sobre el acuerdo comercial, instando al gobierno que se haga público todo y obligándole a evaluar el impacto para la agricultura familiar antes de que el tratado se discute en el Consejo de la UE.
También hubo movilizaciones de agricultoras/es en Irlanda y Bélgica. La manifestación de miles de personas en Dublin fue decisivo en el voto simbólico del parlamento de Irlanda que expresó mayoritariamente su oposición al acuerdo con Mercosur.

Por su parte, el presidente valenciano, Ximo Puig, ha viajado a Bruselas para trasladar a la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, el temor del sector citrícola por los perjuicios económicos que el acuerdo provocaría a la región de Valencia.

En clave geopolítica

No fue casual que la noticia se divulgase justo el día que empezó en Osaka la cumbre del G20. La UE, y muy especialmente la canciller alemana, Angela Merkel, pretendían restarle protagonismo al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su política de amenazas constantes, en un momento en el que toda la atención mundial está centrada en las negociaciones EE.UU.-China. Las élites europeas intentan —desesperadamente— recuperar cierto poder económico y político y muy concretamente para el capital transnacional europeo y la economía digital (incluso asumiendo los riesgos por hacerse la foto con el ultra Bolsonaro el mismo día, por cierto, del Orgullo LGTBIQ+).

Un regalo para la oligarquía latinoamericana

El retorno de la derecha a los gobiernos de Argentina y Brasil —gobernados por políticos neoliberales, autoritarios y sumisos a los intereses extranjeros— así como la expulsión ilegal de Venezuela del bloque, habían permitido acelerar el proceso negociador con Bruselas. Pero la mayoría de sus poblaciones sufre una crisis económica que sacude la región y va a peor.
Al presidente argentino Mauricio Macri le puede ayudar a mejorar sus posibilidades en las elecciones presidenciales el 27 de octubre de 2019. En el contexto brasileño, este acuerdo forma parte de un proyecto del golpe institucional contra Dilma Rousseff que continúa. Y al presidente ultraderechista brasileño, Bolsonaro, le ayuda a limpiar su pésima imagen internacional cuando enfrenta varios escándalos. Entre ellos, las revelaciones sobre Sérgio Moro, ministro de Justicia, su falta de parcialidad como juez y amaños con la fiscalía para encarcelar a Lula da Silva. O la detención de un militar de la comitiva presidencial con 39 kilos de cocaína cuando viajaba a Osaka. Ambos utilizan ahora el acuerdo como medio para evitar que la izquierda vuelva a gobernar y blindar las reformas neoliberales que impulsan en la región (como las privatizaciones).

Neocolonial

El mandato con el que la Comisión Europea negocia con Mercosur es de 1999 y se basa en la vieja doctrina que busca reafirmar el papel dominante y neocolonial de la UE en el mundo a través de su política comercial común.
Ambas regiones ya sufren ese modelo comercial depredador. Los países del Mercosur exportan mayoritariamente materias primas —que generan por ejemplo importantes impactos sobre la agricultura y el mundo rural europeos—. A su vez son inundados con productos y servicios de las empresas transnacionales europeas, lo que genera más desempleo, desigualdades, desequilibrios económicos y una concentración de la riqueza.

El modelo Brumadinho

El 25 de enero la empresa minera brasileña Vale, el mayor productor de mineral de hierro del mundo, causó la rotura de una de sus represas con desechos en el estado de Minas Gerais, provocando la muerte a más de 300 personas y derramando millones de metros cúbicos de lodo tóxico que afecta a más de 100 municipios. Sólo tres años antes, una negligencia similar de la multinacional en un pueblo llamado Mariana provocó el peor desastre ecológico en la historia de Brasil y dejó 20 muertos. No son casos aislados. Es el modelo de extractivismo que impera en el Mercosur y el mundo. Los accionistas de VALE, aseguradoras como Mapfre o la industria que compra el hierro (una buena parte llega a Europa), se llenan los bolsillos y las comunidades cargan con todos los impactos sociales y ambientales.
El gobierno español y el IBEX35 sólo piensan en la venta de coches, farmacéuticas o bienes de consumo, la importación barata de soja y minerales o en sacar petróleo en las costas de Brasil o la “Vaca Muerta” de Argentina, sin preocuparles las poblaciones, sus derechos, ni el etorno. Esto completa una forma de genocidio que comenzó con el colonialismo español a partir del siglo XIV.

UE cómplice de Bolsonaro

El acuerdo es una amenaza para los derechos humanos. En el caso de Brasil, ampara a Bolsonaro, quien desde el 1 de enero de 2019 ha arremetido contra los defensores de los derechos humanos y los movimientos sociales, cumpliendo su promesa electoral de «poner un punto final a todos los activismos» del país. Se han registrado un aumento dramático de los ataques contra pueblos indígenas, comunidades afrobrasileñas, líderes comunitarios, campesinos y activistas.
Es muy sintomático que la policía brasileña haya encontrado vínculos entre el asesino de Marielle Franco y la familia Bolsonaro. La feminista, política brasileña y militante de los derechos humanos fue asesinada el 14 de marzo de 2018 por criticar e investigar la intervención militar y policial en las favelas de Río de Janeiro y asesinatos y abusos contra sus habitantes.

Violencia machista y homofobia

Bolsonaro ha declarado la guerra contra las personas LGTBIQ+ y defiende un proyecto político contra las mujeres que busca lapidar derechos y conquistas del movimiento feminista y LGTBIQ+. En su primer discurso tras jurar el cargo, ha prometido “combatir la ideología de género” igual que la extrema derecha en Europa. Pregona impunemente su homofobia (“Brasil no puede ser un paraíso para el turismo gay”) y misoginia (reivindicó el turismo sexual). Sus discursos y políticas que fomentan el odio y la violencia, deberían ser perseguidos y no premiados con un acuerdo de asociación.

Una bomba climática

El acuerdo comercial exacerbará la deforestación al legitimar el desmontaje de regulaciones ambientales y seguir exportando masivamente productos agrícolas a Europa. Por el otro lado, favorecerá la explotación y la quema de combustibles fósiles así como la exportación de automóviles europeos al Mercosur, especialmente de vehículos 4×4 que tienen una gran huella ecológica. La Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA) está encantada.

Deforestar la Amazonía

Se prevé aumentar la exportación de carne, soja y agrocombustibles a Europa. En 2018, el 78,5 % de las importaciones de vacuno de la UE ya procedían del Mercosur, uno de los mayores impulsores agrícolas de la pérdida de bosques y un sector responsable además de trabajo esclavo.
Más de 600 científicos europeos y 300 grupos indígenas alertaron a la UE de la deforestación en Brasil. Bolsonaro ha desmantelado protecciones ambientales y ha facilitado el dramático incremento en las tasas de deforestación en la Amazonía, socavando así años de progreso en la materia. Solo el procesador de carne más grande del mundo, la multinacional brasileña JBS, emitió en 2016 más gases con efecto invernadero que Holanda.

Las mentiras de Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió ante la asamblea general de la ONU que no firmaría más acuerdos que comprometieran la lucha contra el cambio climático. En mayo su gobierno dijo en el parlamento francés que no permitiría un tratado con Mercosur.
Macron creía que enfatizando con que Brasil cumpliera con el Acuerdo de París iba ser suficiente para esquivar las críticas por apoyar el tratado con Mercosur. Pero no. El debate en Francia está cogiendo impulso. Manifestaciones de agricultores, protestas de ecologistas, sindicatos y ONG de derechos humanos y división interna en la mayoría gubernamental. La extrema derecha de Le Pen e incluso los republicanos critican el texto como «traición». Acusan a Macron de desproteger la agricultura familiar francesa, un tema muy sensible en el país. Solo el fallido acuerdo comercial con Estados Unidos (TTIP) había suscitado tanta oposición en Francia.

La trampa con el Acuerdo de París

El pre-acuerdo habla de “implementar efectivamente el Acuerdo de París”, pero no es vinculante, como tampoco las alusiones a la deforestación o la biodiversidad. Incluir un lenguaje engañoso sobre clima, derechos laborales y género en los tratados comerciales, proporciona a la élites una coartada perfecta para decir que han abordado el problema, sin realmente hacer nada.
Aunque Bolsonaro haya dicho a Macron que Brasil permanecerá en el Acuerdo de París (a pesar de la presión de Washington), tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Asuntos Exteriores están encabezados por quienes niegan el calentamiento global. Es improbable que tomen las medidas necesarias para implementar el acuerdo.
En estos acuerdos comerciales las medidas para frenar la emergencia climática son consideradas «barreras no arancelarias». Penalizan, por ejemplo, la salida de las energías fósiles, el fomento de la agricultura sostenible o favorecer empresas locales en la contratación pública para los planes de transición energética.

Negocios para la agroindustria, pobreza para el resto

Todos los países involucrados en el acuerdo se encuentran en una situación agronómica catastrófica, con cierre de explotaciones y pérdida masiva de empleos, con la concentración y conflictos por la tenencia de tierras, con suelos esterilizados por el uso masivo de productos fitosanitarios, impactos del cambio climático, así como graves problemas para la salud y la biodiversidad por los pesticidas tóxicos.
Este acuerdo complace los intereses de las multinacionales de la agricultura industrial, pero mina los esfuerzos por una la agricultura sostenible. Cuestiones urgentes como la soberanía alimentaria, la transición al modelo ecológico, el vaciamiento del territorio rural, planes para adaptación al cambio climático o los derechos campesinos son vendidas en el altar del comercio internacional. Se rebajarán o incumplirán aún más las normas sanitarias y ambientales. Las organizaciones agrarias españolas advierten que muchos sectores quedarán desprotegidos.

¿Quién puede tumbar el acuerdo?

Aunque la política comercial sea una competencia exclusiva de la UE, el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur será en principio de competencia compartida, al incluir elementos de diálogo político y cooperación. Eso significa que debe ser adoptado primero por el Consejo de la UE (los gobiernos) y por unanimidad (si un sólo gobierno se opone, el tratado cae). Luego, el Parlamento Europeo decide por mayoría. Finalmente, al igual que con el acuerdo comercial con Canadá (CETA), los parlamentos nacionales (y regionales en el caso belga) tendrán la posibilidad de pararlo.
Podría pasar que la Comisión Europea divida el acuerdo en dos partes para acelerar la ratificación. Los gobiernos de la UE decidieron en mayo de 2018 que Bruselas puede dividir los acuerdos comerciales para aprobar sus partes de comercio por una vía rápida excluyendo a los parlamentos nacionales. Este procedimiento ya se aplicó para los acuerdos con Japón, Singapur y Vietnam. Sin embargo, el Consejo decidió el año pasado que México, Mercosur y Chile sigan siendo acuerdos mixtos.
La trampa está en que mientras llegue a los parlamentos nacionales (pueden pasar años e incluso décadas), las partes de “competencia exclusiva” podrían aplicarse de forma provisional después del voto del Parlamento Europeo, sin esperar a la decisión del poder legislativo. Antes de eso, los gobiernos y los parlamentos del Mercosur tendrán que ratificarlo y no está nada claro que eso ocurra sin dificultades.
En marzo el Parlamento Europeo rechazó abrir negociaciones comerciales con Trump. ¿Por qué no puede repetirlo?

Necesitamos movilizarnos

Es posible frustrar el acuerdo y hay muchas oportunidades. Primero, de cara al Consejo de la UE (donde decide el gobierno de Pedro Sánchez), luego en el Parlamento Europeo (donde Iratxe García preside al grupo socialdemócrata S&D) y, si no ha dado frutos, en Las Cortes. Si hay una mayoría para investir a Sánchez como presidente de gobierno, debe haber una mayoría para vetar a estos tratados neoliberales. Necesitaremos un frente amplio entre movimientos ecologistas, feministas, LGTBIQ+, campesinos y organizaciones en defensa de los derechos humanos. Nuestros aliados son los movimientos de resistencia en Europa y América Latina.

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Artículo original publicado en ecologistasenaccion.org

• Ecologistas en Acción denuncia que, en lugar de alcanzar nuevos compromisos en Sevilla, los países participantes han optado por conferencias y anuncios vacíos.
• La organización critica la falta de democracia en el espacio oficial de negociaciones, señalando que se ha impedido la plena participación de la sociedad civil.
• La sociedad civil internacional exige el reconocimiento de las deudas históricas del Norte global, el fin de una deuda odiosa ilegítima e ilegal que está enraizada en el colonialismo y el extractivismo.

Ecologistas en Acción denuncia que, en lugar de alcanzar nuevos compromisos en Sevilla, los países participantes han optado por conferencias y anuncios vacíos.

La Cumbre para la Financiación para el Desarrollo celebrada en Sevilla concluirá en unas horas sin avances significativos, reiterando una declaración en forma del “Compromiso de Sevilla” que no contiene las medidas vinculantes y efectivas que son necesarias para abordar las desigualdades y la lucha contra la pobreza. Ecologistas en Acción denuncia que, en lugar de abordar con determinación la cancelación de la deuda, el incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo, un aumento de los impuestos las grandes empresas contaminadoras y la reforma de los mecanismos financieros internacionales, los países participantes optaron por conferencias y anuncios vacíos sin dejar espacio para la negociación y alcanzar nuevos compromisos.

La organización critica la falta de democracia en el evento, señalando que se ha impedido la plena participación de la sociedad civil, que no ha tenido acceso a las negociaciones, ha sufrido importantes limitaciones de entrada y se ha procedido a la retirada arbitraria de bienes de los participantes en los controles de seguridad. “Resulta incomprensible que una cumbre en Europa haya tenido más restricciones que muchas en países con regímenes no democráticos”, denuncia Carmen Duce, coordinadora de Ecologistas en Acción. “Exigimos”, añade Duce, “que estos espacios garanticen la máxima libertad de expresión”.

Prueba de ello es que solo durante media hora, y el último día, los representantes de la sociedad civil han podido mostrar su rechazo al “Compromiso de Sevilla”. Marina Gros, coordinadora del Área de Energía de Ecologistas en Acción, ha manifestado: “Mientras el foro de la sociedad civil ha quedado al margen de las negociaciones, las empresas, los bancos y los fondos de inversión han gozado de una presencia y visibilidad sin precedentes, evidenciando la importancia que tiene para ellas evitar cualquier cambio en su status quo”.

Durante la cumbre, los debates paralelos oficiales se centraron excesivamente en riesgos financieros, financiación privada e instrumentos de competitividad. En palabras de Sofía Fernández, representante de Ecolojóvenes en la cumbre de Sevilla: “Observamos con preocupación que muchos países están defendiendo la financiación privada, en lugar de la pública, para hacer frente a las crisis. No podemos permitir que las decisiones las tomen los más ricos”. Durante los eventos paralelos de la conferencia se ha escuchado a representantes de los distintos gobiernos, incluido el español, alabar la presencia del sector privado en esta cumbre y fomentando la colaboración público-privada, en lugar de apostar por la reforma del sistema fiscal o aplicando impuestos especiales a los super ricos. Rodrigo Blanca, portavoz de Ecologistas en Acción Córdoba, ha subrayado que “este enfoque, que no cuestiona el crecimiento cortoplacista ni la insostenibilidad del modelo económico actual, busca únicamente oportunidades de inversión, extendiendo una alfombra roja a la financiación privada y perpetuando la crisis social planetaria”.

Por su parte, Sara Acuña Romero, coordinadora de Ecologistas en Acción, lamenta que “la cumbre haya dejado patente el momento crítico del multilateralismo, con el giro reaccionario de países como Estados Unidos poniendo en peligro los avances logrados”. Añade que “la reducción de la Ayuda Oficial al Desarrollo por parte de naciones como Reino Unido, Francia y Bélgica agrava aún más la situación del Sur global”. Esta falta de financiación es resultado de la baja ambición política “que no se da en materia de gastos militares, donde sí parece posible aportar el 5% del PIB en gastos militares para la OTAN”, denuncia Jesús Lara, coordinador del Área de Antiglobalización, Paz y Solidaridad de Ecologistas en Acción. Lara ha añadido: “En estos momentos críticos para la paz y el medio ambiente, el derroche del gasto militar pone en evidencia que no les importa el gasto social, sea para escuelas, hospitales o viviendas. Ese rearme nos pone en peligro, solo sirve para que Europa haga las guerras que quiere EE UU, para que ese dinero sirva para comprar armas, potenciando así a los verdaderos vencedores de este rearme: la industria armamentística. Además, pone en peligro a las poblaciones cercanas a las distintas bases estadounidenses que se encuentran en territorio andaluz”.

La organización se ha movilizado en Sevilla para exigir una respuesta urgente a la creciente desigualdad y al deterioro ambiental. Para Javier Andaluz Prieto, responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, “es fundamental que los cambios se produzcan de forma rápida, pues el dinero y los recursos necesarios ya existen para cumplir con las reparaciones históricas, alcanzar la plena solidaridad y mitigar los efectos del cambio climático y la degradación ecológica. La ciencia es clara: el planeta no puede soportar el coste de continuar con el modelo actual”.

Ecologistas en Acción demanda el cumplimiento del 0,7% del PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo, denunciando la brecha de financiación y la mercantilización de la solidaridad. La organización ecologista considera crucial una redirección del gasto militar hacia inversión social, destinando recursos a escuelas, hospitales y vivienda, en lugar de beneficiar a la industria armamentística: “Exigimos el reconocimiento de las deudas históricas del Norte al Sur global, poniendo fin a la trampa de deuda y extractivismo que configura una nueva forma de colonialismo. Urge una reforma profunda del sistema financiero internacional, con mecanismos de cancelación de la deuda vinculantes que protejan derechos fundamentales como la educación y la sanidad. Asimismo, es fundamental acabar con los tratados comerciales que ponen en riesgo a las personas y el planeta. Defendemos la aplicación de principios de justicia fiscal y ambiental, con tasas a los más contaminantes y una persecución efectiva de los paraísos fiscales y la evasión de impuestos”.

Finalmente, Ecologistas en Acción reitera su rechazo a la complicidad de los gobiernos de la UE con la “industria de la muerte”, financiando la guerra en lugar de la vida y la justicia: “No podemos esperar otros diez años; es imperativo avanzar ahora”.

La entrada Ni nuevos compromisos, ni calidad democrática: balance final de la cumbre de Sevilla se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.