Artículo original publicado en juantorreslopez.com por Luciana Ghiotto

Apostaría a que la mayoría de las personas que lean este artículo no han oído hablar nunca de las «monedas estables» (stablecoins, en inglés), a pesar de que son una de las innovaciones financieras más importantes de los últimos tiempos y, sobre todo, a pesar de que su uso mal regulado entraña un gran peligro, como voy a tratar de explicar a continuación de la forma más clara y resumida posible.

¿Qué es una moneda estable?

Una moneda estable es un tipo de criptomoneda con una característica singular.

Como criptomoneda, una moneda estable es lo que hoy día se llama un token, es decir, algo sin soporte físico que representa un valor, como una ficha (token, en inglés) o un código. Su existencia se basa en algo inmaterial como un algoritmo (un conjunto de tareas u operaciones definidas para plantear o resolver algún problema) o una «cadena de bloques» (blockchain, en inglés) que es un gran conjunto de datos (una especie de gran libro de contabilidad digital) organizados en bloques entrelazados con operaciones complejas que le proporcionan seguridad.

Como todas las demás criptomonedas, las monedas estables son un activo (cualquier cosa en poder de alguien y que puede proporcionar rendimiento) de naturaleza digital, cuyo propietario tiene la clave para poder desbloquearlo y realizar así transacciones por un precio equivalente al que tenga en ese momento.

La característica singular de las monedas estables es que su precio no va a variar (de ahí su nombre). Eso es posible porque, a diferencia de lo que sucede con las demás criptomonedas -que depende de la oferta y demanda que de ellas haya en el mercado-, las monedas estables fijan su precio en relación con algún otro activo (una moneda oficial u otra criptomoneda) y lo mantienen siempre constante.

Para que eso sea posible, quien las emite (en principio, cualquier sujeto) crea al mismo tiempo herramientas de estabilización. Su funcionamiento es complejo y no lo voy a explicar aquí. Baste saber que pueden ser los llamados «activos de reserva» que se pueden ir canjeando en cualquier momento para asegurar que la moneda estable mantiene su valor, o bien algoritmos que automáticamente llevan a cabo operaciones de compra y venta para estabilizarlo.

Crecimiento vertiginoso

Aunque empezaron como algo anecdótico y de poco alcance, la expansión de estas monedas estables es hoy día extraordinaria. Según los datos que proporciona la plataforma Allium Labs, el valor total de las que están en circulación a primeros de octubre de 2025 era de 260.000 millones de dólares (según coingecko, 312.000 millones), 65 veces más que hace tan sólo 5 años. En los últimos doce meses se habrían utilizado para realizar 9.600 millones de transacciones por un valor total de 46,8 billones de dólares. De ser así (otras estimaciones dan valores más bajos) significa que casi triplican el valor de las realizadas con tarjetas Visa.

¿Para qué usar monedas estables?

Cuando se conoce la extraordinaria expansión de las monedas estables es inevitable que surja una pregunta: ¿qué sentido o interés tiene utilizarlas si están referenciadas en dólares o en cualquier otra moneda por un valor que no va a cambiar? Es decir, ¿no es lo mismo que usar estas monedas?

Podría decirse que se usan porque hoy día pueden ser más rápidas y menos costosas que las transacciones realizadas, por ejemplo, con tarjetas de crédito o débito. Aunque eso quizá no sea del todo exacto y sea una ventaja que seguramente desaparecería si estas últimas tuvieran que competir con las monedas estables, porque el retraso y las comisiones que cobran sólamente son el resultado de su poder de mercado y no de razones tecnológicas insuperables. 

También se podría justificar su uso por la estabilidad, pero en su breve historia ya se ha podido comprobar que las monedas estables no son tan estables como dice su nombre. Ha habido un buen número de casos de desvinculación del dólar o de imposibilidad de liquidar. Sencillamente porque, como diré enseguida, carecen de garantía o de una institución que las respalde.

Igualmente, podría argumentarse que se utilizan pero básicamente en operaciones específicas y no en las transacciones comerciales más habituales. De hecho, su uso principal (90 %) es la compra y venta de criptomonedas y la realización de operaciones en las llamadas finanzas descentralizadas, es decir, las que se mueven al margen de la banca y la bolsa tradicionales. Pero la opinión generalizada es que su próxima e inmediata batalla será la de superar las dificultades que su utilización supone hoy día para el comercio generalizado y expandirse también entre las transacciones más convencionales.

Algunos economistas, como Paul Krugman, creen que esto último no tiene sentido: «No hay nada que se pueda hacer con ellas que no se pueda hacer de forma más económica y sencilla con tarjetas de débito, transferencias bancarias, etc. Es decir, ¿por qué no usar dólares en lugar de tokens que supuestamente están respaldados por dólares?».

El verdadero interés de las monedas estables

A pesar de las desventajas y limitaciones que acabo de señalar, la pregunta de Krugman tiene respuestas. Sí que hay razones por las que está interesando impulsar el crecimiento de las monedas estables, aunque no son las que habitualmente se están dando por quienes las defienden.

Por supuesto y en primer lugar, la que el propio Krugman señala: con las monedas estables se pueden hacer operaciones sin dejar rastro, puesto que su uso es completamente anónimo. Según un informe de Chainanalysis, el 60 % de las transacciones ilegales de criptomonedas (estafas, evasión fiscal y de controles de capital o blanqueo) y en el 80 % de todas las transacciones de criptomonedas por regímenes sancionados y grupos terroristas llevadas a cabo en 2023 se realizaron con monedas estables.

En segundo lugar, las monedas estables van a seguir expandiéndose porque lo desean las grandes corporaciones que dominan el mundo e imponen la agenda de los gobiernos porque serán ellas las que hagan un gran negocio creándolas a su antojo. Cuando las emitan, cuando creen sus propios medios de pago, podrán desentenderse (al menos, en muy gran medida) de las restricciones monetarias que establecen los bancos centrales o los gobiernos, crear sus propios medios de pago, y convertirse en auténticas entidades financieras, dando créditos y financiando a otros o a sí mismas, libremente y con rentabilidad. Además de tener una gran cantidad de datos e información personal de quienes las utilicen.

En tercer lugar, también están interesados en la utilización de las monedas estables quienes realizan remesas transfronteras de cierto valor (un 6 % del total de su uso) y gobiernos y empresas de países con alta inflación, divisas frágiles o inestables, y sistemas bancarios poco fiables. Aunque es cierto que otros, sin embargo, las rechazan precisamente por los motivos que señalo a continuación.

En cuarto lugar, no se puede olvidar que, hoy día, el 97,4% por las monedas estables está referenciado en dólares. Eso quiere decir que, en la práctica totalidad de los casos, disponer de monedas estables equivale a ser titular de un depósito en esa moneda; usar monedas estables vinculadas al dólar sería lo mismo, en realidad, que utilizar dólares.

Por tanto, es Estados Unidos quien está claramente interesado en que se incremente lo más posible la circulación de monedas estables, emitidas como he dicho por todo tipo de grandes empresas, porque eso es lo mismo que incrementar el uso del dólar cuando este, como ya es bien sabido, está siendo mucho menos deseado o incluso rechazado por muchos países. Fue el propio presidente Donald Trump quien reconoció expresamente en su orden ejecutiva de 23 de enero de 2025 que era política de su Administración «promover y proteger la soberanía del dólar de los Estados Unidos, incluso mediante acciones para promover el desarrollo y el crecimiento de monedas estables respaldadas por dólares legales y legítimas en todo el mundo».

Y con ese fin, Trump firmó el pasado18 de julio la llamada ley Genius (Ley de Orientación y Establecimiento de Innovación Nacional para Stablecoins de Estados Unidos) que había sido aprobada en el Senado y la Cámara de Representantes, no sólo con el voto republicano sino también con el de un buen número de legisladores demócratas.

Y es precisamente esta ley la que ha abierto la espita para que las monedas estables (como vía que Estados Unidos quiere utilizar para evitar su declive como potencia monetaria imperial) se conviertan en una bomba financiera de relojería. Entre otras, por las siguiente razones:

– La ley permite que las empresas emisoras de monedas de estables se conviertan en depositantes de fondos y de reservas que no van a estar asegurados de ninguna forma, a diferencia de lo que ocurre con los bancarios que lo están hasta 250.000 dólares, en Estados Unidos.

– El régimen regulatorio que establece para las monedas estables creadas por las grandes empresas es muy débil y no contempla los riesgos que conlleva lo anterior, ni medidas suficientes para evitarlos y hacerles frente.

– En lugar de impedirlo, la ley da amplios poderes a las autoridades para permitir que las empresas emisoras vendan derivados de las monedas estables y todo tipo de productos especulativos, difundiendo el riesgo por todo el sistema financiero.

– No se crea ningún fondo de seguro, ni prestamista de última instancia que pueda garantizar el reembolso si las monedas estables se encuentran con problemas. En realidad, más bien incentiva las quiebras, de modo que al menor problema los emisores se retirarán del mercado.

– No se establecen garantías para que la emisión de monedas estables se sostenga en tecnologías que permitan pagos rápidos, confiables, subsanables en caso de error, y capaces de operar con transacciones de gran volumen al mismo tiempo.

– Aunque la ley establece que los emisores de monedas estables no pueden proporcionar rendimiento a quienes las posean, lo cierto es que esa posibilidad no está claramente prohibida, y de hecho hay plataformas que lo proporcionan. Eso podría ser un mecanismo adicional de drenaje de fondos desde la banca tradicional que puede debilitarla extraordinariamente. A lo cual hay. que añadir que los emisores podrían utilizar la liquidez obtenida para depositarla en los bancos por cantidades superiores a las que están aseguradas, lo que igualmente agranda la vulnerabilidad del sistema financiero.

– Finalmente, la ley no contempla los riesgos que conlleva la gran concentración que se produce hoy día en el sector y la que igualmente habría incluso cuando las grandes empresas comiencen a emitirlas. Si en algún momento hubiera que rescatar a los emisores, lo que antes o después ocurrirá en las condiciones que acabo de señalar, sería extraordinariamente costoso hacerlo, pero no habrá manera de evitar rescatarlos porque se dirá, como en 2008 con los bancos, que son demasiados grandes para dejarlos caer.

Una irresponsabilidad que, eso sí, hace aún más ricos a los multimillonarios, empezando por Donald Trump

El impulso a las monedas estables con la regulación que está estableciendo Estados Unidos comporta un riesgo financiero muy grande y sistémico, porque cualquier crisis se extendería al conjunto de la economía. Su enorme expansión se asume sólo para tratar de evitar el inevitable declive del dólar por un procedimiento que, mientras tanto, dará enormes beneficios a las grandes corporaciones y a los ya multimillonarios.

Donald Trump, quien hasta poco se había mostrado muy enemigo de las criptomonedas, ha sido inteligente asumiendo que son un instrumento adecuado para aliviar el declive del dólar como moneda imperial. Lo ha aprovechado para convertir el apoyo legal que le presta su Administración en un gran negocio personal y familiar, creando algunas y especulando con información privilegiada. Según Forbes, su fortuna en criptomonedas ya supera todas las propiedades de su cartera inmobiliaria y puede haber ganado unos 1.000 millones de dólares en los últimos nueves meses. 

No está solo. Según Henley & Partners y New World Wealth, en todo el mundo hay 450 personas con activos en criptomonedas por valor de más de 100 millones de dólares y 36 con más de 1.000 millones. Añadan a eso y háganse una idea de lo que ganarán, a las grandes empresas cuando comiencen a emitir en masa monedas estables.

Es para ellos para quien se pone en marcha un negocio colosal. Tan colosal como la crisis que traerá consigo cuando caiga sobre su base, construida sobre humo y especulación constantes, y que volverá a pagar el resto de la población. Salvo que la gente no se deje atontar, despierte, se entere de estas cosas, las difunda y se movilice para evitarlas.

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Fotografía de David F. Sabadell  – Conferencia Más Allá del Crecimiento 2025.

Artículo original publicado en elsaltodiario.com por Andrés Actis

Poner en práctica todo lo que este viernes se ha dicho en la sala Ernest Lluch del Congreso parece, a septiembre de 2025, bastante utópico. Hay que reconocerlo. Las dudas son infinitas. Cómo. De qué manera. Con qué apoyo social y político. Con qué narrativa se convence. Con qué aliados económicos y productivos. Con qué Estados. Con qué correlación de fuerzas. Los interrogantes son muchísimos. Pero no poner nada en práctica de todas las ideas y reflexiones que aquí se han lanzado, seguir metiendo la arena debajo de la alfombra fingiendo que hay soluciones a esta policrisis dentro de este sistema capitalista que necesita más y más crecimiento, es una sentencia de dolor y sufrimiento para la gran mayoría de personas que habitan este planeta.

Porque al salir del Hemiciclo, donde académicos, políticos, sindicalistas, intelectuales y representantes de la sociedad civil debatieron durante diez horas sobre cómo activar de forma colectiva un freno de emergencia al modelo que está llevando al planeta a un colapso ecológico y social, las distintas crisis que esta insaciable forma de producir, consumir y acumular ha generado, seguían ahí, inalterables y sin señales de resolución. Todo lo contrario. La sensación es que el capitalismo ha decidido forzar al máximo la máquina, coqueteo con el fascismo mediante, para sobrevivir y perpetuarse.

Esta semana, el planeta ha estado 1,65 °C por encima de la época preindustrial. Una bestial anomalía que ha dejado de ser una excepción. Lo mismo ha ocurrido en septiembre de 2023 y de 2024, primer año completo que la Tierra cruzó la línea roja de +1,5ºC marcada por el Acuerdo de París.

Esta semana, nos hemos enterado que el mundo producirá en los próximos cinco años el doble de energía fósil del límite exigido para frenar el cambio climático. También que ya hemos sobrepasado siete de los nueve límites que permiten un espacio operativo seguro para la vida. Que Estados Unidos, con el discurso de Donald Trump en la Asamblea General de la ONU, ha decidido intensificar el drill, baby, drill; que los planes de China para reducir sus emisiones son demasiado débiles para evitar una catástrofe global; y que el pilar de la descarbonización, las renovables, se tambalea. “Las cuentas no salen. Estamos viendo como la rentabilidad de los proyectos ha bajado drásticamente”, admitieron los empresarios del sector en un foro sobre transición energética.

“Se trata de un debate democrático inaplazable”, han afirmado organizaciones sociales como  Rebelión Científica, Greenpeace, Research & Degrowth y Ecologistas en Acción, en la declaración final

No son cabos aislados ni sueltos, han insistido la mayoría de los disertantes de la Conferencia ‘Más Allá del Crecimiento’, la primera gran cita institucional en España para hablar sobre poscrecimiento –término hermano de decrecimiento, muy tergiversado y menos atractivo a nivel comunicativo, se ha explicado–, sobre cómo vivir con bienestar dentro de los límites del planeta sin depender de la explotación de otras vidas, humanas y no humanas, presentes o futuras, poniendo la vida en el centro. “Se trata de un debate democrático inaplazable”, han aclarado los organizadores en su declaración final, un conjunto de colectivos sociales y civiles, entre ellos Rebelión Científica, Greenpeace, Research & Degrowth y Ecologistas en Acción.

Para este movimiento, el diagnóstico es claro: un modelo social y económico basado en el crecimiento sin fin es totalmente incompatible con el equilibrio ecológico del planeta y su habitabilidad. Este sistema, se agrega, “carece de legitimidad para guiar la transición ecosocial” en un contexto de creciente autoritarismo y deterioro de las instituciones democráticas.

“El dogma del crecimiento económico permite seguir acumulando riqueza y poder en pocas manos a costa de la vida y con ello se perpetúan guerras, expolios y genocidios como el de Palestina”

La transición energética en marcha, la solución empresarial y política a esta crisis planetaria, esconde bajo el disfraz de la “sostenibilidad” y el “crecimiento verde” la voluntad de “perpetuar lo insostenible”. “El dogma del crecimiento económico permite seguir acumulando riqueza y poder en pocas manos a costa de la vida y con ello se perpetúan guerras, expolios y genocidios como el de Palestina”, han relacionado Nerea Ramírez Piris, licenciada en Ciencias Ambientales por la UAM, responsable de ecofeminismo de Greenpeace; y Hugo Abad Frías, investigador y activista ecosocial, portavoces del evento.

La conferencia, una continuidad del evento Beyond Growth que tuvo lugar en el Parlamento Europeo en 2023, ha comenzado, justamente, con un emotivo minuto de silencio por las miles de víctimas del genocidio que Israel está consumando en Gaza. En representación del Gobierno, Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia y activista social, ha celebrado que en el corazón de la democracia española, el Congreso de los Diputados, se interpele a un capitalismo que, por su lógica de acumulación, está “en guerra con la vida”.

“El capitalismo se ha quitado la máscara y el nuevo orden que plantea no incluye a las mayorías. Por lo tanto, la claridad debe ser rotunda: o planificamos el decrecimiento de manera justa o el capital lo hará de manera violenta y muy injusta”, ha reflexionado. Ha resaltado que la “política es disputa de poder” y que si el capital ha “pateado el tablero para perpetuar privilegios”, quienes desean construir un nuevo paradigma tienen que “romper este tablero” para repartir igualdad.

Cómo construir una agenda política para salir de la policrisis

Dado que los caminos basados únicamente en mejoras tecnológicas son insuficientes al ignorar los límites biofísicos, la “encrucijada” en la que nos encontramos es clara y crucial, han coincidido Jason Hickel, antropólogo económico y escritor; Olivier de Schutter, Relator Especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos; Margarita Mediavilla, doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid; y Carmen Madorrán, filósofa y activista ecosocial, integrantes de la primera mesa. O se tira del carro para lograr una transición ecosocial democráticamente planificada –vidas más justas, deseables, igualitarias e inclusivas– o el “abismo de la destrucción” será inevitable.

“Sabemos que el sistema actual no funciona. Necesitamos un cambio de paradigma radical, otra forma de entender el progreso”, ha introducido Eva Saldaña, presidenta de Greenpeace España, moderadora del panel. ¿Por qué el sistema no funciona? Porque el capitalismo no es democrático, ha respondido Hickel, máxima referencia académica del decrecimiento. “El capitalismo no es democrático en la economía, la democracia no puede entrar en la producción, sólo el capital decide y lo hace siempre para maximizar y acumular beneficios”, ha señalado.

El autor del libro “Menos es más” (Capitán Swing, 2023) ha puesto un ejemplo: por más que las energías renovables son más económicas, el capital sigue apostando con fuerza a la rentabilidad de los combustibles fósiles. Por suerte -ha señalado- hay una “narrativa popular” que está emergiendo como respuesta a este sistema que atenta contra la supervivencia misma de la humanidad. “No hay manera de resolver esta policrisis con más crecimiento”, ha sentenciado.

En este contexto, Hickel ha afirmado que el poscrecimiento debe “subordinar la producción a objetivos democráticos”, con una batería de medidas esenciales, como mecanismos de financiación pública y de límites a la inversión de la industria fósil. Schutter, representante de la ONU, ha tomado la posta y ha asegurado que el “enfoque clásico” para reducir la pobreza -crecimiento, impuestos, redistribución- está agotado porque la riqueza sigue concentrada en muy pocas manos y porque los costes de esta tríada son cada vez más altos para la salud, el clima y la naturaleza.

“Esta es una de las grandes grietas del crecimiento verde, que no cuestiona el estilo de vida de los países ricos. Esta alternativa está perdiendo cada vez más credibilidad. Es cierto que el decrecimiento sigue siendo tabú en las altas esferas políticas. Una clave para sumar más adhesiones es cómo garantizar que el decrecimiento del Norte Global no va a ser perjudicial para los países del Sur Global, sino todo lo contrario, que va a ayudar a las regiones más pobres”, ha reflexionado.

“Nos obsesiona este espejo. Pero el PIB es un indicador amoral. Le encanta la contaminación, no le hace asco a las guerras”: Carmen Madorrán, filósofa y activista ecosocial

La filósofa Madorrán ha intentado desenmascarar al PIB y su “atractivo” para medir el desarrollo de las sociedades. “Nos obsesiona este espejo. Pero el PIB es un indicador amoral. Le encanta la contaminación, no le hace asco a las guerras”, ha aclarado. Mediavilla, experta en dinámica de sistemas para modelar transiciones energéticas ecosociales, ha puesto la lupa en el agotamiento de los recursos energéticos y minerales que sustentan el capitalismo, un tema “escondido por la agenda política”, pero clave para entender el mundo y sus crisis.

Su análisis es que, guste o no, la economía basada en el crecimiento se va a acabar. “Estamos entrando en una nueva etapa histórica: la era de la extracción fácil y barata de la energía se está acabando”, ha subrayado. El problema es que su reemplazo, la energía verde, “tiene muchos problemas”, por su intermitencia y por la dificultad para acumularla. “Por eso es importante que se entienda que la transición energética no es un cambio tecnológico, es un profundo cambio en las formas en las que vivimos”, ha aseverado.

Lo políticamente posible

La conferencia ha contado con la participación de cuatro diputados, quienes intentaron bajar al “barro” los preceptos teóricos de la jornada. Mikel Otero, secretario de transición ecológica de EH Bildu, ha coincidido que el reto del sobrepaso ecológico es el tema más importante de esta época, pero ha aclarado que hay un “abismo entre lo ecológicamente necesario y lo políticamente posible”.

“El capitalismo carece de capacidad para resolver esta policrisis. Estamos todos de acuerdo. Pero tenemos un problema con el tiempo. Aunque pensemos en un horizonte poscapitalista, los primeros movimientos los tenemos que hacer con el sistema en vigor. Esto obliga a jerarquizar las medidas para que sean posibles y a moverse en los grises, a embarrarse, a admitir que la soluciones son imperfectas y que hay que combinar la aspiración con medidas insuficientes”, ha reflexionado.

Ha puesto de ejemplo La ley de Movilidad Sostenibles, pronto a votarse. Otero ha reconocido que “está lejos de lo que se necesita”, pero ha contado que cuando se intentó “inyectar ambición, la mayoría parlamentaria se quebró”. ¿Qué hacemos, nos quedamos sin ley o aprobamos algo incompleto?, ha interpelado al auditorio.

Marc Pons (PSOE), Mar González (Verdes Equo/Sumar) y Héctor Escudero (Izquierda Unida) han sido los otros tres representantes políticos que aceptaron la invitación de los organizadores. “El progreso no se mide por el PIB, por mucho de que nos alegramos de que el de España siga creciendo. No podemos luchar contra la crisis climática y ampliar los aeropuertos. Tenemos dos opciones: colapso o supervivencia organizada”, ha apuntado González.

38 medidas para un pacto poscrecimiento

La conferencia se ha cerrado con experiencias de los (pocos) municipios que en España están llevando a la práctica políticas ecosociales y con un diálogo entre academia y sindicalismo, dos patas claves del decrecimiento. Los organizadores han pedido poner en marcha una “agenda común poscrecimiento” que permita abrir el debate a gran escala y de forma democrática dentro del Estado español.

Se han puesto sobre la mesa un total de 38 medidas, distribuidas en 12 ejes (servicios básicos universales; renta básica universal; fin de subsidios a actividades destructivas; decrecimiento del sector turístico; transición agroecológica; impulso de la economía social y solidaria; reforma fiscal justa y verde; democracia deliberativa permanente y vinculante; protección de derechos de las generaciones futuras y de la naturaleza; cancelación de los Tratados de Comercio e Inversión; cancelación de deuda y reparación histórica; y decrecimiento digital), para poder crear condiciones “favorables” para consolidar este inédito diálogo político.

Los más de 200 asistentes de la conferencia -los organizadores han recibido más de 800 peticiones de acceso- se han ido a sus casas convencidos de que el decrecimiento “no es un sacrificio, sino una oportunidad”. ¿Qué hay al dejar atrás al capitalismo? Sociedades girando alrededor del cuidado mutuo, la cooperación, la participación y la justicia. Un modelo económico asegurando vidas dignas en un planeta habitable.

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Decrecimiento para el bienestar: la urgencia de un nuevo modelo ecosocial

26 de septiembre de 2025 

Activar el freno de emergencia 

Con esta Conferencia Más Allá del Crecimiento, en el Congreso, activamos colectivamente el  freno de emergencia ante un modelo que nos está llevando al colapso ecológico y social. Es una  llamada directa a la sociedad y a las instituciones para abrir un debate democrático inaplazable:  cómo vivir con bienestar dentro de los límites del planeta sin depender de la explotación de  otras vidas, humanas y no humanas, presentes o futuras, poniendo la vida en el centro. 

Partimos de una situación en la que nuestros modos de vida han sido moldeados por un sistema  económico basado en la acumulación sin límites, un sistema capitalista, fósil, patriarcal, colonial  y antropocéntrico que no cuida a las personas ni al planeta, que depende de recursos energéticos  y minerales limitados, que se apropia de innumerables trabajos de cuidados para sostenerse, y  que deja de lado a millones de vidas mientras nos empuja hacia la extinción. Un sistema que  carece de legitimidad para guiar la transición ecosocial que necesitamos en un contexto de  creciente autoritarismo y deterioro de las instituciones democráticas.  

Esta Conferencia da continuidad a la Conferencia Beyond Growth celebrada en el Parlamento  Europeo en mayo de 2023, a la que le han seguido hasta el momento conferencias y eventos en  Italia, Austria, Dinamarca, Portugal, Irlanda, Francia, Noruega y Estonia. Todas ellas parten de la  asunción que ha guiado desde su nacimiento al movimiento ecosocial y que la comunidad  científica, desde los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad, ha constatado: un modelo social  y económico basado en el crecimiento sin fin es incompatible con el equilibrio ecológico del  planeta y su habitabilidad. Ante esta realidad, es urgente construir una prosperidad  socialmente justa más allá del crecimiento, compatible con los límites biofísicos. 

El lavado verde y las falsas soluciones  

Denunciamos que, en el contexto global y europeo actual, bajo el disfraz de la “sostenibilidad” y  el “crecimiento verde” se esconde la voluntad de perpetuar lo insostenible. Se apuesta por una  transición energética miope que no plantea un cambio real en los patrones de producción y  consumo y se basa exclusivamente en cambios tecnológicos. Se vende la idea de un 

desacoplamiento absoluto entre el crecimiento económico y los impactos ecológicos, un  desacoplamiento imposible, sobre todo teniendo en cuenta la escala global y ritmo a la que  tendría que producirse para evitar el colapso climático, de biodiversidad y de recursos. Se blindan los privilegios de las clases dominantes, ultrarricos y grandes corporaciones, mientras se margina  cualquier intento real de transformación. Se tapa el fracaso del sistema capitalista con promesas  huecas, mientras el crecimiento del PIB se agita como tótem de una prosperidad que nunca llega  para la mayoría ni lo hará para las generaciones futuras. Los resultados de este modelo son  evidentes: la crisis ecológica se agrava, la pobreza no ha retrocedido y las desigualdades no han  hecho más que crecer, dentro y entre países. 

Hoy en día, el dogma del crecimiento económico, permite seguir acumulando riqueza y poder  en pocas manos a costa de la vida y con ello se perpetúan guerras, expolios y genocidios como  el de Palestina. El crecimiento económico se ha hecho más difícil en esta última década a medida  que se constata que los recursos energéticos disponibles son de menor calidad, los minerales son  más escasos y los ecosistemas están más degradados. La carrera por crecer hace que se  incrementen todavía más los gastos militares, se precaricen y desmantelen servicios públicos, se  refuercen estructuras y violencias patriarcales, se acaparen y destruyan ecosistemas esenciales  para la vida, se nieguen derechos básicos como el derecho a la vivienda, el derecho a una  alimentación sana o el derecho a migrar, se reprima el derecho a la protesta, se criminalice la  disidencia y se ignore la soberanía de los territorios y las comunidades para decidir sobre su  presente y futuro, siendo muchos convertidos en zonas de sacrificio dentro y fuera del Estado  español.  

Por todo ello, ante la inviabilidad e indeseabilidad de más crecimiento proponemos una reducción  democrática planificada de la producción y el consumo enfocada en el bienestar social y ecológico  en lugar de la acumulación de capital. Un decrecimiento que debe comenzar por los sectores más  dañinos y grupos y territorios más privilegiados y ofrecer alternativas de reorganización  socioeconómica. Esto no solo conlleva ajustar la economía a los límites planetarios para una  sostenibilidad real, sino que también supone cambiar las reglas del juego en favor de una visión  de largo plazo, una reorganización democrática de la economía y un cambio cultural que haga  posible vivir mejor con menos, rompiendo con las lógicas extractivistas y coloniales del actual  modelo económico, que perpetúan modos de vida imperiales. 

Hacia un nuevo modelo ecosocial 

Dado que los caminos basados únicamente en mejoras tecnológicas son insuficientes al ignorar  los límites biofísicos y el cambio cultural necesario, la encrucijada en la que nos encontramos es  clara: Transitar a modos de vida más justos, deseables, igualitarios, inclusivos y ecocentrados o  seguir acercándonos al abismo de la destrucción y competición militarizada y de creciente  desigualdad. 

Somos conscientes de que contamos con el saber colectivo acumulado y de que tenemos la  capacidad de imaginar y hacer realidad otros mundos posibles. Necesitamos transitar con  urgencia a un nuevo modelo ecosocial donde el bienestar no dependa del crecimiento  económico y sabemos que esto no es posible dentro del sistema capitalista. Debemos  embarcarnos en una transición ecosocial democráticamente planificada basada en la suficiencia  de la producción y el consumo, en línea con los informes científicos del Panel Intergubernamental  del Cambio Climático (IPCC) y la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios  de los Ecosistemas (IPBES), mejorando las condiciones de habitabilidad presente y futura a la vez  que se posibilita la regeneración y equilibrio de los ecosistemas de los que depende la vida en el  planeta. Esta transformación debe tener una clara perspectiva ecofeminista como forma de  resistencia al sistema patriarcal y ecocida que sostiene este modelo de opresión y explotación, y  como motor de alternativas basadas en el cuidado, la equidad, la participación, la justicia  socioecológica y una ciencia centrada en los bienes comunes.  

Este nuevo modelo ecosocial precisa de una democratización de la economía con mecanismos  deliberativos que permitan la participación directa y permanente de la ciudadanía informada  por la ciencia y los actores sociales en la toma de decisiones. El decrecimiento ecofeminista no  es un sacrificio, sino una oportunidad para reorganizar la sociedad alrededor del cuidado mutuo,  la cooperación, la participación y la justicia, asegurando que todas las personas puedan vivir vidas  dignas en un planeta habitable, siendo ésta la única forma de atender la brecha global y las  responsabilidades históricas y actuales del Norte Global hacia al Sur o Mayoría Global.  

Una agenda para un pacto post-crecimiento 

Hacemos un llamamiento a lograr un pacto post-crecimiento bajo los principios de justicia global,  justicia intergeneracional y cuidado de la vida, reinsertando la economía en su base social y  ecológica. Un pacto ecosocial que permita, en primer lugar, responder colectivamente a  cuestiones centrales como: ¿Qué actividades económicas es necesario reducir y cuáles ampliar?,  ¿Cómo abordamos la transición energética y alimentaria teniendo en cuenta a todos los  territorios y comunidades?, ¿Cómo afrontamos los conflictos y oportunidades que nos iremos  encontrando en el camino? O ¿Cómo generar más espacios de cooperación para una transición  ecosocial y feminista justa? Nos reunimos bajo esta declaración para avanzar en una agenda  común post-crecimiento que permita precisamente abrir el debate a gran escala y de forma  democrática sobre la transición por delante, a nivel del Estado español y más allá de éste. Para  ello, proponemos una serie de medidas que permiten crear condiciones más favorables para este  diálogo y para la acción colectiva, desde la situación actual, que constituyen la base y ejes de  convergencia desde los cuales profundizar y trabajar en las transformaciones necesarias para  poner la vida en el centro, lo cual significa priorizar la satisfacción de las necesidades humanas y  ecológicas sobre la acumulación.

Medidas base propuestas 

1. Servicios básicos universales con perspectiva público-comunitaria: 

• Poner topes a los precios de los alquileres de inmediato y avanzar en la  desmercantilización y mejora del parque de vivienda con criterios ecosociales, iniciando  planes de rehabilitación para acabar con la pobreza energética, reducir el consumo  energético y sacar los combustibles fósiles de nuestros hogares. 

• Garantizar el acceso a transporte público asequible y de calidad y movilidad sostenible  en áreas urbanas y comarcas rurales, mejorando la calidad, la frecuencia y las  interconexiones desde un principio de equidad, en el marco de un proceso de transición  hacia una reducción de la movilidad y su descarbonización, que reduzca la movilidad  individual motorizada fósil en favor de la movilidad colectiva sostenible y las formas de  movilidad activa. 

• Favorecer la generación energética distribuida y descentralizada en base a energías  renovables (ej. comunidades energéticas solares) en el marco de una transición  energética justa, basada en la suficiencia y en la reducción del consumo, en el abandono  de los combustibles fósiles y la energía nuclear, y que incorpore criterios de planificación  territorial y de justicia global, priorizando el ahorro energético y la eficiencia antes de la  generación. 

• Asegurar la gobernanza democrática del agua desde un enfoque público-comunitario,  que establezca un riguroso control de cauces y acuíferos y dé seguridad en el  abastecimiento de agua para consumo humano. 

• Impulsar sistemas integrales de cuidados basados en la sostenibilidad de la vida, que  integren la dimensión ecológica, fomenten una cultura del cuidado y garanticen equidad  y justicia social, de género e interseccional. 

• Mejorar y ampliar la cobertura de la salud pública sin depender del mercado, al igual  que las instituciones e infraestructuras de cuidado y salud comunitaria dirigidas a  promover la salud y a prevenir las enfermedades. 

• Asegurar la gratuidad y universalidad de la educación pública en todas sus fases,  favoreciendo una educación integral con enfoque ecosocial que incluya la formación de  personal docente. 

• Poner en marcha los medios necesarios para garantizar universalmente las necesidades  en el contexto de reducción y/o restructuración de las múltiples ramas de la economía 

con fuertes impactos ecosociales. Una medida que podría favorecer este proceso es una  garantía de trabajo ecosocial que permita acceder a un empleo con impactos sociales y  ecológicos positivos a todas las personas que lo deseen, favoreciendo una transición justa  en los sectores que deben reducirse o transformarse. 

• Impulsar marcos regulatorios que incidan en la fase de diseño de cualquier producto  para permitir la substitución de componentes y la reparabilidad, aumentando así la  durabilidad y eliminando la obsolescencia. 

• Activar planes de restauración de la naturaleza que pongan freno a los peores efectos  del cambio climático a base de la protección de ecosistemas y la regeneración de los  suelos. 

• Incrementar la resiliencia frente a la emergencia climática y ambiental con políticas  públicas preventivas contra los incendios forestales, las inundaciones y sequías con  implicación y recursos disponibles a nivel municipal y territorial. 

• Favorecer la co-creación de planes municipales de transición ecosocial como  herramientas democráticas y transformadoras con un enfoque público-comunitario. 

2. Renta básica universal e incondicional como derecho de garantía de ingresos: 

• Poner en marcha una renta básica universal, incondicional, individual y suficiente que  garantice la seguridad económica de todas las personas, contribuyendo a las actividades  dirigidas al sostenimiento cotidiano de la vida y a la participación social y democrática en  la transformación socioecológica. 

• La puesta en marcha de esta renta básica se fundamenta en un reparto justo y adecuado  de la riqueza social y natural, por lo que su financiación conlleva una redistribución de la  riqueza con impuestos progresivos, donde quien más contribuya sea el 1% de la  población con mayores ingresos y riqueza, mayores responsables de la crisis ecológica  actual, junto a otras medidas de fiscalidad ecosocial.  

3. Fin de subvenciones a actividades destructivas y finanzas ecosociales: 

• Poner fin inmediato a todas las subvenciones públicas destinadas al sector de los  combustibles fósiles y a las industrias de alto impacto ambiental y territorial, como es el  caso de la agroindustria, asegurando una transición justa en todos los sectores  afectados.

• Una política financiera y monetaria que ajuste los flujos de inversión privados, vía crédito  guiado, para alinearlos con objetivos sociales y ecológicos definidos a través de procesos  democráticos, anulando la lógica del lucro por lucro.  

4. Decrecimiento del sector turístico: 

• Llevar a cabo un decrecimiento del sector turístico implica controlar los pisos turísticos,  poner límites a las plataformas digitales y a la entrada de visitantes y a los vuelos y  cruceros en función de la capacidad de carga de los ecosistemas y el bienestar y dignidad  de las poblaciones locales, primando la justicia social y el equilibrio territorial. 

5. Transición agroecológica: 

• Favorecer el desarrollo de sistemas alimentarios agroecológicos con políticas agrarias y  alimentarias que favorezcan la producción ecológica, cuidando la fertilidad del suelo, la  biodiversidad, la salud de las personas que trabajan en el campo y a las consumidoras.  Esto permite al sector primario romper con la dependencia actual de los insumos fósiles  cada día más escasos.  

• Incorporar la soberanía alimentaria y biorregional y una perspectiva ecofeminista a la  transición agroecológica , apoyando rentas dignas, precios justos, dietas saludables para  todas las personas, asumiendo las tareas de cuidados de forma equitativa, y reduciendo  el transporte y desperdicio alimentario.  

• Priorizar en la compra pública los alimentos ecológicos, de temporada, circuito corto, de  empresas de la economía social y solidaria, y favorecer la formación – al personal  vinculado – en alimentación saludable y ecológica y desperdicio cero. 

• Impulsar un desmantelamiento de la agricultura y ganadería industrializada y  contaminante mediante planes territoriales de transición agroecológica justa en los que  participe la ciudadanía, que impulsen la producción ecológica y su venta en circuitos  cortos, la formación a jóvenes y mujeres agricultoras en manejo agroecológico y el acceso  a la tierra a través de bancos de tierra u otras formas de acceso social a la tierra, dando  prioridad a residentes en los pueblos para frenar el despoblamiento rural y favorecer el  relevo generacional. 

6. Impulso de la economía social y solidaria: 

• Reforzar la presencia de la economía social y solidaria en sectores esenciales que  garantizan necesidades básicas para asegurar que se gestionen bajo principios de  cooperación, equidad y sostenibilidad ecológica. 

• Impulsar una transición hacia modelos circulares y de decrecimiento, priorizando  aquellos sectores esenciales para la vida, y desmantelando dinámicas especulativas en 

favor de actividades comerciales, industriales, tecnológicas y financieras que se  sostengan en fórmulas de economía social y solidaria: cooperativas de producción  agroecológica, de comercio justo y de proximidad, supermercados cooperativos,  comunidades energéticas, cooperativas de vivienda en cesión de uso y, las finanzas éticas,  que impulsen iniciativas que garanticen justicia social y sostenibilidad ecológica. 

• Incorporar cláusulas sociales y ambientales en las contrataciones públicas para dar  prioridad a los modelos empresariales de la Economía Social y Solidaria. 

• Incorporar en los currículos educativos empresariales el modelo de empresa de  Economía Social y Solidaria, basado en la toma de decisiones compartida, diversas y  democráticas que impulsen la participación, prestando atención a los procesos y las  relaciones, e incorporando en su cultura organizativa la salud emocional y la  corresponsabilidad en los cuidados. 

7. Reforma fiscal justa y verde: 

• Poner en marcha una política de ingresos máximos que permita financiar el conjunto de  medidas aquí propuestas, estableciendo un tope a los ingresos en el actual 0,1% con  mayores ingresos en el Estado español. Esta política debe integrarse dentro de un nuevo  marco fiscal donde quienes más contribuyan sean las empresas más contaminantes y el  1% de la población con mayores ingresos y riqueza. 

• Impulsar activamente una fiscalidad justa y verde a nivel estatal, europeo e  internacional, con medidas como una agenda tributaria de la riqueza y las rentas del  capital, en particular a los “super ricos” y grandes patrimonios y hacer que las grandes  corporaciones extractivistas paguen por sus daños al medio ambiente y a las sociedades. 

• Tener unos presupuestos públicos que garanticen los servicios básicos, los cuidados a lo  largo de toda la vida y la transición ecológica justa. 

8. Democracia deliberativa permanente y vinculante: 

• Diseñar y poner en marcha mecanismos de democracia deliberativa y directa de carácter  vinculante que permitan una planificación ecosocial a largo plazo, como es el caso de  las asambleas climáticas permanentes. La participación de la ciudadanía es una  herramienta clave contra la corrupción, para construir políticas de suficiencia a gran  escala y desmantelar el secuestro de la acción pública por los lobbies y grupos de  intereses. En definitiva, más democracia para hacer posibles modos de vida definidos  desde una autonomía colectiva que acabe con estructuras tecnocráticas y corruptas. 

• Defensa de espacios cívicos y autónomos propicios para el trabajo, expresión y  participación de la sociedad civil, dentro y fuera de las fronteras del Estado español,  generando condiciones favorables para ello.

9. Protección de derechos de las generaciones futuras y de la naturaleza: 

• Poner en marcha las medidas legislativas necesarias para proteger los derechos de las  generaciones futuras a un planeta habitable. 

• Poner en marcha las medidas legislativas de justicia ecológica necesarias para dotar de derechos a la naturaleza, siguiendo el precedente del Mar Menor y los diversos casos a  nivel internacional; así como salir de la postura antropocéntrica utilitarista para  desarrollar una teoría legal con visión ecocéntrica que reconozca el valor intrínseco de la  naturaleza. 

• Generar y publicar una métrica ecosocial de progreso “más allá del PIB” en el lNE. 

10. Cancelación de los Tratados de Comercio e Inversión: 

• Cancelación de los Tratados de Comercio e Inversión, los ya firmados y aquellos que se  estén negociando buscando vías multilaterales de cooperación entre países donde el  intercambio comercial priorice el cumplimiento de los derechos humanos y los  principios acordados en la COP 21 para frenar el cambio climático. 

11. Cancelación de deuda y reparación histórica: 

• Llevar a cabo la abolición de las deudas odiosas e ilegítimas con los países del Sur o  Mayoría Global y favorecer la transferencia de tecnología junto a la cooperación  internacional y otras medidas de reparación de las diversas deudas coloniales históricas  entre las que se encuentra la deuda ecológica y climática, desde una perspectiva de  solidaridad internacional. 

12. Decrecimiento digital: 

• Poner la esfera digital al servicio del bien común con herramientas efectivas para evitar  burbujas tecnológicas – y de centros de datos -, regular inversiones y proteger derechos. 

• En educación y salud y los trámites de la administración, garantizar de manera prioritaria  la atención y servicio personal y adaptado, dejando los procedimientos digitales como  algo voluntario. 

• Garantizar la soberanía digital y la protección de la democracia poniendo coto al poder  de las grandes empresas tecnológicas, paralizando los planes de extensión de la vigilancia  automatizada e implementando masivamente el uso de software libre en las instituciones  públicas.

• Reducir el consumo hídrico, material y energético del sector de las TIC fomentando el  uso colectivo de equipos existentes, poniendo fin a la obsolescencia programada y liberando internet de los oligopolios para favorecer su desacoplamiento de los grandes  nodos y su uso descentralizado. Esto implica establecer una moratoria a la construcción  de centros de datos. 

Próximos pasos y compromiso colectivo hacia 2026 

Estas medidas, junto a otras que nos comprometemos a seguir impulsando, profundizan en un  nuevo modelo ecosocial donde lo que está en el centro de la economía es la vida misma y todo  lo que permite que se desarrolle con dignidad. Para ello es preciso avanzar en una gobernanza  global que prime la redistribución, los derechos humanos, la democracia económica, y la  resiliencia ecológica y social, haciendo posible el bienestar colectivo dentro de los límites  planetarios, superando la ficción del crecimiento verde y en clara oposición a la deriva  reaccionaria que pretende monopolizar el control de recursos naturales desde un fascismo fósil.  De este modo, los colectivos, organizaciones y personas firmantes de esta Declaración nos  comprometemos a celebrar en la primera mitad de 2026 un Foro Social que profundice en la  puesta en práctica de los principios y medidas aquí presentadas. 

Adhesiones colectivas e individuales 

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