Fotografía: Rosa Pascual, Albino Prada y Emilio Zunzunegui

Artículo original publicado en sinpermiso.info

Con motivo de la presentación del libro El regreso de China. La globalización imposible la (Universidade de Vigo, 2025, y distribuido por el Consorcio Editorial Galego), Rosa Pascual y Emilio Zunzunegui —miembros del Ateneo Atlántico de Vigo— mantuvieron a finales del pasado mes de octubre una conversación —en gallego— con su autor, que aquí transcribimos. 

¿Por qué elaboraste este ensayo y por qué lo titulas así?

En un momento dado reparé en que en mis cuatro ensayos precedentes, escritos y publicados entre 2020 y 2023, China aparecía más de doscientas veces, y muchas menos Estados Unidos. Por eso creí que debía abordar el tema de China en un ensayo específico, y hacerlo de forma crítica, ni sinofóbica, ni sinófila. Porque además no observé mucho donde elegir en las bibliotecas o librerías.

En cuanto al título, en la primera parte del ensayo recuerdo que China fue la primera potencia mundial en el siglo XV y luego decidió aislarse del mundo exterior, mientras que hoy vuelve a ser una potencia mundial, pero necesita del mundo exterior; de ahí El regreso de China. El subtítulo Globalización Imposible se debe a que su objetivo principal desde la revolución de la década de 1950 —la soberanía nacional— es ahora más que nunca imposible sin definir cuestiones clave que no estén subordinadas a Estados Unidos, como explico en la tercera parte. En otras palabras, hoy en día el vínculo entre la tecnología (digital, IA, big data, etc.) y la soberanía nacional ocupa un lugar central a nivel mundial y está provocando una globalización —un mundo plano— ya imposible.

¿Podrías describir a grandes rasgos las etapas de China desde la revolución?, en la actualidad, ¿representa Xi un cambio importante de rumbo?

En el ensayo distingo una primera etapa (entre 1950 y 1975) de Mao, con un punto de inflexión en la Revolución Cultural. Antes de él, Li Dazhao tomó nota de la experiencia bolchevique e inspirará a Mao para apostar por una revuelta rural contra el neocolonialismo y el fracaso burgués (consolidando el EPL y el PCCh). Se abrirá así una línea de desafíos para la independencia, primero de Japón (1938), luego de la URSS (1963) y ahora de Estados Unidos (desde 2008). Fue aquella una primera larga etapa de desarrollo de las fuerzas productivas, de mejora de la cobertura de las necesidades básicas (educación y salud) y control demográfico.

La segunda etapa (1978-1997) de Deng será igualmente decisiva y tendrá su momento crítico en la revuelta de Tiananmén. Implica una apertura rotunda, pero controlada, al exterior, la incorporación de tecnología y capital productivo (como predijo Ernest Mandel en 1979), una enorme dotación de infraestructura empresarial y urbana. Y como resultado, la recuperación del PIB per cápita, pasando de ser de una quinta parte a alcanzar la mitad de la media mundial.

Ya en la tercera y actual etapa (2000-2024), terminamos con el liderazgo de Xi, que experimenta un momento de inflexión global durante la pandemia de la COVID-19. Con una vertiginosa homologación con la media mundial en PIB por habitante (aun así, por debajo del 30% del de Estados Unidos y del 40% del de España). Pero también llegando a ser mucho más que la fábrica del mundo. Pasan a tener autonomía y liderazgo tecnológico, a gestionar la dependencia energética y alimentaria del exterior, y a afrontar la simbiosis galopante entre tecnología y soberanía nacional.

Desde Hu Jintao (2002-2012), en esta tercera etapa, se enfrentan a la contradicción entre el “crecimiento cuantitativo” y el “desarrollo armonioso” (en materia ambiental, de desigualdad y de bienestar social), lo que yo llamo una sociedad decente. Porque en la China actual, la desigualdad social ha alcanzado su máximo, como diagnostica Piketty (el 10% más rico y el 50% más pobre partían de un mismo 25% en 1980, y alcanzan el 40% y el 15%, respectivamente en 2017), algo en cualquier caso compatible con una disminución radical del porcentaje de la población en situación de pobreza extrema.

China está acelerando el desarrollo económico pareciera que con la idea de que antes de redistribuir la riqueza, esta debe generarse, ¿estamos ante un sistema económico socialista, un capitalismo de Estado o, más bien, un sistema híbrido?

En mi análisis, existen diferencias sustanciales entre el capitalismo financiero de EE. UU. (o el nuestro, donde las finanzas controlan al Estado y se maximizan los ingresos no salariales) y el capitalismo de Estado de China (donde el partido-Estado controla las finanzas y se destina a la formación y acumulación de capital un máximo de riqueza). Lo llamo capitalismo de Estado como Samir Amin en 2014 (lo que en 2020 Branco Milanovic denomina capitalismo político).

En el primer caso, tenemos a un Obama obligado a rescatar a Wall Street en 2008 (y hoy tenemos a un Trump que no puede subordinar la Reserva Federal), y mucho menos a Blackrock o Vanguard. En la UE el actual canciller alemán proviene de Blackrock y en España cambiamos la Constitución en 24 horas. Hablo de capitalismo porque en ambos casos el sector privado empresarial ocupa a más del 70% de los trabajadores en China (en España alcanza el 80% según la EPA del INE), con lo que tenemos un 30% de empleo público en China y un 20% en España. En ambos casos, el poder legislativo-ejecutivo está muy condicionado (por las finanzas o por el Partido-Estado), y siempre con la absoluta subordinación de los trabajadores. Ni siquiera en el sector público de estos capitalismos (ya sea financiero o estatal), un sector que no es de mercado, con trabajadores asalariados y la lógica gerencial del capital, nos encontramos ante un sector socialista.

No obstante, mientras, por ejemplo, el coste de la deuda en España representaba en 2023 tanto como el esfuerzo en I+D e infraestructuras (un 3% del PIB) y se destinaba a los acreedores financieros, en China en ausencia de esos extractores pueden duplicar el esfuerzo en estos gastos.
Actualmente, con la irrupción de la IA, el big data y la tecnología digital, este capitalismo de Estado puede considerarse más disruptivo (y no menos invasivo de la privacidad) que el capitalismo financiero, ya que en él estos no compiten entre sí (por ejemplo, en el sector tecnológico —IA— o la banca).

¿Crees que permite el modelo chino una mayor autonomía para construir democracias igualitarias y sociedades decentes?

Para contestar a tu pregunta debemos enfrentamos a la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo social (“sociedad armoniosa” en el argot chino, y “sociedad decente” para mí). Como acabo de decir el objetivo central del crecimiento económico, mediante el fomento de las fuerzas productivas en el capitalismo de Estado chino, se traduce (además de la reducción de su brecha en PIB per cápita con respecto al promedio mundial) en una formación bruta de capital fijo (privado y público) muy superior a los niveles de las economías capitalistas occidentales de escala similar (EE.UU. o la UE).

Hablamos de porcentajes anuales que representan más del 40 % del PIB en un caso y el 20 % en el otro. El doble en el modelo chino. Esto explicaría por qué allí los ingresos más altos se concentran en los sectores que controlan este capital creciente (público o privado), en detrimento de los ingresos de los muchos que dependen del consumo público (servicios públicos) o privado. Con lo que a la postre en los dos modelos de capitalismo (estatal o financiero), una cosa (el crecimiento) no garantiza la otra (el desarrollo social). Porque o bien una buena parte del PIB se destina al uno por ciento, o bien a la acelerada acumulación de capital.

Así pues, los salarios directos se gestionan a la baja (con una alta desigualdad personal y una territorial aún mayor), los salarios indirectos están controlados y limitados por el Estado (salud, educación, dependencia, vivienda), los salarios diferidos (sistema público de pensiones) también son escasos y los derechos de las generaciones futuras están infravalorados (medio ambiente, endeudamiento). En ambos casos se impulsan desigualdades crecientes que impiden la existencia de una democracia efectiva basada en la igualdad (ni dentro ni fuera de la empresa).

Además, en sus relaciones comerciales con el mundo exterior (con subordinación militar en un caso y subordinación blanda en el otro), ambos modelos impulsan una igualación global a la baja en derechos que nos aleja del avance hacia una sociedad decente a escala global.

¿Cuál es tu opinión sobre la sostenibilidad ambiental en estos dos modelos de capitalismo…?

En el dilema entre el negacionismo climático trumpista de un imperio en decadencia y el crecentismo de China, creo que debemos apostar por un menor crecimiento con un mayor desarrollo (también ambiental) en ambos casos. Pero sin nunca olvidar que, en las emisiones totales acumuladas por habitante entre 1850 y 2024 (que son las que causan el colapso climático actual), las de Estados Unidos son cinco veces mayores que las de China.

Esto, como criterio de gestión, obligaría a una disminución de la huella ecológica en el Norte (y de su consumismo) convergiendo por ejemplo hacia la media de Portugal, como ya se decía en el informe Meadows de los años 70, y por tanto descartando la media actual del Norte como posible para el Sur global. Tampoco para China, cuyo principal vector de consumo actual y a medio plazo sigue siendo los hidrocarburos, muchos de ellos importados. Por eso, el modelo de movilidad chino (automóvil, aéreo, marítimo, etc.) no puede imitar al occidental, ya que colapsaría los mercados de hidrocarburos y de materiales críticos (para baterías y energía fotovoltaica), lo que aceleraría aún más la crisis climática… o implicaría un enorme crecimiento del parque nuclear, con los consiguientes riesgos ambientales que heredarían las generaciones futuras.

¿Cómo opera la circulación de capital en estos dos modelos?

En cuanto a la circulación de capital (entradas o salidas), lo primero que hay que destacar es que China cuenta con una capacidad de ahorro que le permite no tener que financiar su deuda pública con recurso al exterior, mientras que es un crucial comprador de deuda estadounidense. En el caso de las inversiones en compras o acciones de empresas hasta el año 2000, eran principalmente receptores. Pero en sectores no estratégicos, en operaciones controladas, casi siempre con condiciones diseñadas (empresas conjuntas, transferencias de tecnología, etc.) para obtener capital industrial. Porque su Comisión Estatal de Supervisión y Gestión de Activos establece siete sectores estratégicos en los que el Estado debe tener control absoluto: armamento, carbón, petróleo, generación y distribución de energía, navegación, aviación y telecomunicaciones.

Es cierto que en los últimos veinte años ha aumentado el número de salidas de capital chino que, en ocasiones, han encontrado barreras de entrada en sectores estratégicos (UNOCAL o Rio Tinto en EE. UU. Aixtron en Alemania o recientemente en Nexperia en Países Bajos). No en sectores alimentarios o industriales no estratégicos. Pero siempre en el capitalismo de Estado chino la circulación de capital es controlada (especialmente las entradas a corto plazo e inestables), cosa que no sucede en nuestro modelo.

China suele ser muy celosa de su no dependencia del mundo exterior, y cuando no le queda más remedio que aceptarla (en energía, alimentación, etc.), intenta asegurarla con inversiones en infraestructuras en los países proveedores (de ahí la Iniciativa de la Franja y la Ruta), o bien atarla con el argumento de ser un cliente gigantesco y buen pagador.

¿Cuál es el grado de dependencia y competencia entre ambos modelos de capitalismo?

En mi libro recuerdo los cinco ejes que definen la dependencia o subordinación entre países según analizó en su día Samir Amin: la tecnología, las finanzas, los recursos naturales, las comunicaciones y las armas de destrucción masiva. Dentro de este marco de análisis, y como ya Ernest Mandel predijo en la década de 1970, lo más probable es desembocar en una “competencia Inter imperialista entre unas pocas superpotencias”. Algo que para Mandel sería más probable en la medida en que los sistemas financieros de esas dos superpotencias —como es el caso hoy entre Estados Unidos y China— fueran independientes.

Sabemos que China nunca ha renunciado al control estatal de las finanzas ni de los recursos naturales, mientras ha estado construyendo su no dependencia en tecnología y comunicaciones, áreas que hoy son inseparables de las armas de destrucción masiva (con un arsenal nuclear disuasorio) y de la IA, en relación al imperio estadounidense/OTAN.

En el caso de los financieros, como anota Dani Rodrik, China practica la “intervención en el mercado cambiario y en los flujos de capital a corto plazo”, lo que le permite mantener un tipo de cambio estable del yuan frente al dólar (algo que no estamos logrando en la eurozona). Por lo tanto, no asumen una devaluación competitiva del dólar como pretende Trump, y como está sucediendo con la UE. También evitan la dependencia de ser gigantescos tenedores de bonos norteamericanos (con creciente riesgo de impago o depreciación) al deshacerse de buena parte de ellos en los últimos años (siendo el sistema financiero de la eurozona el que los está reemplazando).

Y en el sector de las TIC, la IA, el big data, etc., su independencia pasa por barreras de seguridad en el software y evitar las aplicaciones GAFAM, e incluso últimamente (en el caso de Nvidia-Intel-EE. UU.) por no adquirir hardware que pudiera ponerlos en riesgo de vulnerabilidad estratégica (industrial o de seguridad).

En resumen, que si a Estados Unidos no le sirve otro papel mundial que el de ser única superpotencia hegemónica, la China actual es demasiado grande, competitiva y celosa de su autonomía para dejarse subordinar. Podríamos decir que Estados Unidos querría hacer de China otro Japón subordinado, algo que es imposible.

En este escenario, ¿sería posible que la Unión Europea se posicionase como tercer agente global?

Frente a la globalización proteccionista de Trump, China practica una globalización de libre comercio que le permite seguir creciendo con la oferta y la demanda externa (sin importarle las políticas internas de sus socios). Porque su demanda interna (salarios directos y sociales) sigue bloqueada por la enorme contribución a la FBCF. Creo que este es un eje claro en la actual competencia Inter imperialista.

Es cierto que la UE tiene una dimensión suficiente para ser un tercer agente global, pero su lógica confederal y no federal le impide actuar como tal. Y los conflictos en Ucrania-Rusia o Israel-Gaza-Irán vemos que constatan el pobre papel que la UE actual desempeña, más allá del ámbito comercial en un mundo bipolar. Y porque —aún en lo comercial— las dos globalizaciones del Pacífico no priorizan ni el medio ambiente, ni el trabajo decente, ni los servicios públicos o el salario social en el diseño de un sistema arancelario decente. Para así impedir la igualación a la baja que favorecen a las dos globalizaciones mencionadas. Además, en esta parte del mundo, abandonamos los servicios (digitales, IA) al control absoluto de las GAFAM.

En consecuencia, en la última cumbre de la OTAN y en los acuerdos comerciales UE/EE. UU. no se dibuja una Unión Federal Europea soberana en el mundo con un Parlamento sólido. Apenas el mantenimiento de una confederación posdemocrática al servicio de los grupos financieros globales de esta parte del mundo. En los cinco ejes de Samir Amin (militar, digital, energético, financiero, armas, recursos) fracasamos. Porque no asumimos ser un tercer polo en el contexto de la actual bipolaridad entre EE. UU. y China. Nos sumamos como un apéndice subordinado al capitalismo financiero global (Vanguard Group, Blackrock, GAFAM) y a la sociedad de mercado pilotada por Estados Unidos.

A lo largo de tu libro se comprueba la lejanía de esos dos capitalismos respecto a la construcción de una sociedad decente; si una sociedad socialista es imposible sin democracia y pluralismo político ¿es posible que China avance hacia esos dos horizontes?

De entrada, reitero que el sector público del capitalismo (ya sea financiero o estatal) (que puede ser decente y no mercantil, pero siempre con trabajadores asalariados y la lógica del capital) no tiene nada que ver con un sector socialista.

Sobra con decir que la transición de una sociedad decente (con necesidades preferentes no cubiertas a través del mercado) a una sociedad socialista implicaría una reducción radical de la jornada laboral y una renta básica universal que desalarice el trabajo, además de una socialización cooperativa del capital en la línea de las propuestas de John Rawls o de Thomas Piketty.
En otras palabras, mientras que una sociedad decente implica modificar la distribución de la riqueza y los límites del mercado, una sociedad socialista supone cambiar la producción de riqueza y que el trabajo deje de ser una mercancía más. Sobre todo, esto incluí en mi libro un apéndice final titulado Capitalismo, socialismo, democracia.

Por eso los líderes chinos asumen la necesidad de una etapa muy larga (quizás cien años) antes de lo que sería la etapa socialista; para Mao ya en 1963, “el socialismo sería imposible durante décadas e incluso siglos”, y para Deng, la etapa primaria previa (sociedad harmoniosa) sería muy prolongada y podría durar cien años. Deng llegó a decir que “alcanzaremos el socialismo dando un largo rodeo a través del capitalismo”. Aunque creo que con un creciente deterioro democrático y de la igualdad social se puede perder fácilmente ese norte.

¿El acelerado proceso de crecimiento económico chino sugiere alguna lección para el caso de España o la Unión Europea?

Como afirmó en 2018 Dani Rodrick, un autor nada sospechoso de marxismo o izquierdismo:, “China lo ha hecho extremadamente bien con una heterodoxa combinación entre las fuerzas de mercado y el dirigismo estatal. Han reformado la gestión de su economía, pero siempre a su ritmo. Creo que el resto del mundo no tiene mucho que enseñar a los chinos sobre cómo deben gestionar su economía. Y tampoco hay razones por las cuales los líderes chinos deberían escuchar esos ‘consejos’”.

Por eso creo que España, o el conjunto de la Unión Europea, debiéramos tomar buena nota de la conveniencia de, al menos, tener un control público sobre las finanzas y sobre los recursos energéticos. Y no dejarlos en manos de corporaciones privadas. Para no ser una sociedad desorientada y en decadencia.

Sin embargo, para avanzar hacia una sociedad decente creo que debieran ser ellos los que tomasen nota de nuestra actual cobertura —aunque sea insuficiente en muchos casos— de las necesidades básicas: educativas, sanitarias, dependencia, vivienda, desempleo, jubilación.

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“Seguramente ni tú ni yo cambiemos el mundo, mas toma nota: una causa no se vuelve injusta por la derrota. ¿Eres de los que se rebota porque nota que la tierra prometida huele a pota? La gente encima vota, confían en quien luego les azota y les deja la cara rota. Infinitas veces la misma piedra. Mi comprensión se agota” – Folie à Trois

El 29 de abril de este año, el Ayuntamiento de Atlanta (Georgia, EEUU) inauguró el Atlanta Public Safety Training Center, conocido por sus detractoras como Cop City (Ciudad de Polis), un enorme complejo policial valorado en más de 90 millones de dólares (financiado por el gobierno municipal, la Fundación de la Policía de Atlanta y varias empresas privadas), que cuenta con, entre otras instalaciones, una galería de tiro y un pueblo simulado para entrenar misiones cuasi-militares.

Su apertura, lograda tras cuatro de años de movilizaciones, boicots, sabotajes y duros enfrentamientos con activistas, a simple vista simboliza el fracaso de Stop Cop City, un movimiento que, en palabras de las compañeras de Crimethinc, llevó a cabo “la lucha social más importante de la era Biden”¹. Sin embargo, pese a que el fin del movimiento era impedir la creación de Cop City, el movimiento ha sido parcialmente exitoso a la hora de generar dudas y debate social acerca de la creciente militarización de los cuerpos policiales en el país. Es decir, tras cuatro años de lucha, Stop Cop City ha logrado instalar la duda de que la respuesta a todos los problemas sea la represión y acudir a la policía.

El inicio del conflicto

Todo comenzo en abril de 2021, cuando la entonces alcaldesa Keisha Lance Bottoms anunció la construcción del Atlanta Public Safety Training Center, apenas unos meses después de que estallaran, por todo el país, enormes protestas, tanto violentas como pacíficas, convocadas por los movimientos Black Lives Matter y Defund the Police como respuesta al asesinato de George Floyd a manos del agente Derek Chauvin en Minneapolis. 20 millones de personas participaron en las movilizaciones. Durante esa época, las manifestantes quemaron una comisaría en Atlanta y, de forma simultánea, la ciudad sufrió un episodio de violencia institucional similar al de Floyd, cuando un grupo de agentes mató a tiros a Rayshard Brooks.

Por eso, la noticia de que se iban a invertir elevados fondos públicos para financiar un centro diseñado para entrenar a la policía en tácticas de combate urbano (lo cual contribuirá a una mayor militarización de la policía, incrementando la violencia institucional en situaciones cotidianas) generó una enorme indignación en los movimientos antirracistas, antirrepresivos y antiautoritarios que, precisamente, reivindicaban la abolición de la institución o, al menos, una reducción de sus intervenciones y una disminución de su financiación.

La sensación de agravio fue a más cuando se conoció que Cop City se construiría en el corazón del bosque llamado Weelaunee Forest, lo cual tendría (y ha tenido) un importante impacto ambiental (dado que era uno de los pocos pulmones verdes de la ciudad, lo cual ha exacerbado problemas ambientales como la contaminación del aire) y porque ha privado de espacios verdes a los barrios de población negra colindantes (los cuales cuentan con una cantidad de parques y bosques muy inferior a la que tienen los barrios blancos de la ciudad).

Stop Cop City, un movimiento antirrepresivo y ecologista

El movimiento Stop Cop City nació al poco de anunciarse el proyecto. Si bien han participado en el mismo socialistas, comunistas, ecologistas, etc., sus principales organizadoras fueron anarquistas y la forma de organizarse siempre ha sido horizontal y asamblearia.

Las primeras acciones consistieron en realizar sabotajes con cócteles molotov contra las empresas constructoras (Reeves&Young y Long Engineering), aunque tras unas semanas se decidió cambiar de estrategia, dada la falta de apoyo popular a la causa; el número de personas que conformaban el movimiento no era suficiente para resistir a las embestidas de la policía. A partir de enero de 2022 las activistas ocuparon el Weelaunee Forest, construyendo campamentos, casas en árboles y barricadas para bloquear la entrada de maquinaria. Enseguida, la popularidad de su lucha fue en aumento y medios como The New Yorker comenzaron a cubrir las acampadas con una curiosidad casi antropológica.

El modus operandi de Stop Cop City consistía en buscar por el bosque a operarios talando árboles, acercarse a ellos, brazos en alto y obligarles a parar. Por lo general, esta estrategia era suficiente para conseguirlo. A veces tiraban petardos en dirección a los currelas para llamar su atención.

Un día, en junio de 2022, los operarios acudieron acompañados de policías², que encañonaron a las compañeras y las obligaron a retirarse. Esa misma noche, la maquinaria utilizada para la tala apareció quemada. El sabotaje, unido a una campaña de llamadas masivas a las constructoras, consiguió que no se emprendieran obras durante más de cinco meses.

Durante el verano de 2022 cientos de personas cortaron las vallas que impedían el acceso a parque del bosque y acamparon en él. Y durante unos días celebraron un festival musical de “Paz, Amor y Anarquía”.

Durante todos los meses de verano y otoño, organizaciones de derechas y empresarios de la ciudad empezaron a tachar a las activistas de eco-terroristas y a difundir bulos contra el movimiento (como que habían disparado a un obrero), allanando el terreno para una escalada represiva. Y ésta llegó en diciembre de 2022, cuando la Oficina de Investigaciones de Georgia, la policía municipal, la policía condal, la unidad anti-bombas y el Departamento Federal de Seguridad Nacional, acompañados de drones y helicópteros, rodearon el bosque e invadieron el campamento. Algunas activistas resistieron y tiraron piedras a los agentes, aunque la mayoría lo abandonaron, ya que al no haber operarios ese día entendieron que estratégicamente no podían hacer nada para paralizar las obras. Los distintos cuerpos policiales reventaron decenas de tiendas de campaña, pasaron un bulldozer por encima de la cafetería y la enfermería que habían levantado con palés, cortaron hamacas y muebles con sierras mecánicas, cerraron todos los accesos al bosque, dispararon gases lacrimógenos y pelotas de goma y soltaron a perros para perseguir a activistas. Seis de ellas fueron detenidas ese día, una siendo acusada de cometer actos de terrorismo doméstico.

Al día siguiente, las subcontratas entraron en el bosque – por primera vez en más de medio año – y con la maquinaria de obra empezaron a talar árboles a un ritmo frenético, matando a varios animales en el proceso. Únicamente detuvieron su orgía de destrucción cuando algunas periodistas consiguieron acercarse a ellos y empezaron a documentar lo que hacían.

Al día siguiente, la policía obligó a estas empresas a parar su actividad, dado lo caótica y desenfrenada que estaba siendo su actividad. Sin embargo, el empresario a cargo de las obras, Ryan Millsap, recurrió la decisión y un juez estimó su solicitud, alegando que “el bosque ha sido más dañado por las personas que acampaban en él que por lo que se está haciendo ahora” y le concedió permiso para seguir talando. Por ello, las obras se retomaron a principios de 2023. En respuesta, el movimiento Stop Cop City organizó vigilias frente al bosque todas las mañanas y algunas activistas volvieron a encaramarse a árboles.

El asesinato de Tortuguita

En enero de 2023 el conflicto había acaparado tanta atención mediática que importantes figuras de la extrema derecha, como la congresista Marjorie Taylor Greene y el entonces expresidente Donald Trump, quienes calificaron el bosque como “una zona autónoma del movimiento Antifa” que debía ser destruido. Tanto estos políticos como militantes fascistas comenzaron a presionar al gobernador Brian Kemp para que pusiera un fin a la resistencia. Por eso, el 18 de enero de 2023, Kemp envió a la policía estatal para atacar a las personas que se encontraban subidas a árboles.

En torno a las 9:04 de la mañana unos 30 disparos resonaron por el bosque. A las horas, trascendió que el anarquista venozolane Manuel Paez Terán, conocide por sus amigas como Tortuguita, había sido asesinade por la policía. Además, otras cinco personas que fueron detenidas por encaramarse a árboles fueron detenidas y acusadas de terrorismo.

Las autoridades, que ese día no portaban cámaras corporales, alegaron que Tortuguita disparó primero contra ellos. Sin embargo, una autopsia independiente reveló que fue alcanzado por 14 disparos mientras estaba sentade con las manos levantadas.

En los días siguientes se organizaron varias concentraciones en Atlanta, donde alrededor de 300 personas, vestidas de negro, lloraron por la muerte de Tortuguita y corearon “Cop City nunca se construirá” y “maderos, cerdos, asesinos”. Algunas quemaron un coche patrulla. Otras rompieron algunas ventanas de algunos bancos. 18 personas detenidas ese día fueron acusadas de formar parte del grupo que llevó a cabo esas acciones, por lo que bajo la Ley Terrorismo Doméstico de Georgia, que persigue los ataques contra “infraestructuras críticas”, se les acusa de un delito de terrorismo.

Las protestas tras la muerte de Tortuguita y balance de Stop Cop City

La muerte de Tortuguita marcó un antes y un después en el movimiento. Resulta imposible, dado nuestro limitado espacio, hacer un recorrido por todas las fases de lucha y las distintas tácticas que coexistieron: desde sabotajes y manifestaciones (que, además, pusieron en relación el papel del gobierno de EEUU en la aniquilación de Gaza y empezaron a movilizarse de forma conjunta contra la policía y por Palestina) hasta la recogida de 116.000 firmas para exigir que se celebrara un referéndum sobre la construcción del centro policial. Para leer sobre ello en profundidad, os recomendamos una lectura de todos los artículos sobre Cop City disponibles (algunos en castellano) en la web de Crimethinc³ que, además, incluyen análisis interesantes acerca de la importancia de la autoorganización negra en este movimiento para hacer frente al supremacismo blanco.

La conclusión que podemos leer en estas piezas es que el movimiento para detener Cop City fue ejemplar en varios aspectos. En primer lugar, porque arrancó con la premisa de que la victoria era algo factible, por lo que no se limitaron a realizar protestas simbólicas (como hacemos muchas veces) e intentaron luchar, de verdad, para lograr su propósito. Por ello, el movimiento se marcó objetivos concretos y experimentó con una variedad de estrategias para alcanzarlos⁴.

En segundo lugar, las participantes no suavizaron su discurso, ni sus tácticas, por un deseo de atraer a un amplio espectro de personas. Se propusieron crear un movimiento que fuera tanto popular como combativo, en el que la acción directa y el objetivo de abolir la policía eran sus elementos fundamentales. Se aseguraron de articular sus intenciones de forma clara y accesible, dándolas a conocer de manera amplia, con el objetivo de acoger a tantas personas como fuera posible en un movimiento destinado a generar un cambio profundo. “Si todos los movimientos comenzaran desde estos puntos de partida, es probable que muchos de ellos tendrían éxito”, concluyen las compañeras.

El movimiento fue exitoso a la hora de visibilizar que esto se trata de una lucha de clases, en la que hay una obscena desigualdad económica que solo se mantiene gracias al orden impuesto por la policía. Por ello, no sorprende que las autoridades emplearan todos los recursos a su disposición para imponer Cop City en Atlanta, derramando libremente sangre y violando sus propias leyes en el proceso.

A la vista de esto, no podemos juzgar el éxito del movimiento basándonos en si logró su propósito expreso o no, sino valorando el legado que deja tras de sí, cómo influirá las próximas luchas (en cuanto a la solidaridad desplegada y a la variedad de estrategias empleadas) y si ha contribuido a cuestionar la legitimidad de policía en la región.

En la era de Biden, esto bastó para superar la resistencia al proyecto, porque una gran parte de la población se mantuvo al margen del movimiento, conservando la fe en la democracia y el Estado de derecho. Sin embargo, al entrar en la segunda era de Trump, que ya se caracteriza por el abandono de todo compromiso y la erosión de la legitimidad que las instituciones del Estado aún pudieran poseer, nadie podrá mantenerse al margen de las luchas sociales durante mucho tiempo.

Represión y acusaciones

El movimiento Stop Cop City ha llegado a su fin, dada la construcción del centro, pero sus participantes siguen activas, esta vez centradas en la labor antirrepresiva, con manifestaciones en apoyo a las procesadas y recolectando fondos para cubrir gastos judiciales⁵.

Como hemos explicado, el Estado implementó importantes medidas represivas, incluyendo acusaciones de terrorismo doméstico y blanqueo de capitales contra activistas y organizadoras (como, por ejemplo, tres miembros del Atlanta Solidarity Fund, una organización que proporciona apoyo legal a manifestantes, que están acusadas de blanqueo de capitales por reembolsar gastos menores relacionados con las protestas).

En 2023, al menos 61 personas fueron acusadas de “conspiración” bajo las leyes RICO (una legislación diseñada para combatir organizaciones criminales, como la Cosa Nostra), un delito que puede conllevar penas de hasta 20 años de prisión. El perfil de las acusadas es muy variado y oscila de personas acusadas de lanzar cócteles molotov, a otras a las que se les imputa llevar comida a las activistas acampadas en el bosque o repartir panfletos. Sin embargo, en septiembre de 2025, un juez de Georgia archivó el delito de conspiración, manteniendo el resto de acusaciones, incluyendo las de terrorismo. El archivo fue recurrido por la Fiscalía, por lo que, a día de hoy, desconocemos si irán a juicio por supuestamente conformar una organización criminal.

“Stop Cop City everywhere”

Por último, una investigación llevada a cabo por el movimiento antirrepresivo ha desvelado la construcción de centros policiales de tipo militar en numerosas ciudades de otros estados, como San Pablo (California), Plainfield e Indianápolis (Indiana), Hutchinson (Kansas), Owensboro (Kentucky), Niágara (Nueva York), Las Vegas (Nevada), etc⁶. Y el legado de Stop Cop City se ha hecho notar en algunos de estos municipios, como por ejemplo en Lacey (Washington), donde un grupo de activistas boicoteó hace algo más de un año el anuncio de un centro de entrenamiento policial con cánticos como “LPD [Departamento de Policía de Lacey], KKK, IDF: sois todos iguales”, “sin justicia no habrá paz” y “no a la policía racista”.

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1Podéis leer los artículos de análisis (muy extensos e interesantes), publicados en inglés y castellano por Crimethinc en www.es.crimethinc.com/tags/cop-city

2En Estados Unidos las empresas pueden contratar a policías fuera de servicio como vigilantes de seguridad privada.

3En esta web se puede encontrar, además, varias líneas temporales que incluyen todas las acciones que se llevaron a cabo en el contexto de este movimiento: manifestaciones, destrucción de cajeros, pintadas, escraches a jefes de policía y políticos, etc.

4Por ejemplo, desde la web www.stopcopcity.net animan a mandar e-mails y DMs a los promotores de la obra, poniendo a disposición del público las cuentas de sus redes sociales.

5La web www.stopcop.city sigue siendo bastante activa

6En www.es.crimethinc.com/2024/02/07/stop-cop-city-por-doquier-resistiendo-los-centros-de-entrenamientos-policiales-en-todos-lados-con-un-informe-desde-lacey-washington podéis encontrar un mapa con todos los centros policiales que se van a construir.

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En una maniobra que mezcló teatro político y ofensiva contra la disidencia, el pasado mes de septiembre Donald Trump colocó definitivamente la etiqueta de “organización terrorista doméstica”¹ a una supuesta organización que se llama Antifa y que, realmente, engloba a todo el movimiento antifascista. Según su orden ejecutiva, se trataría de una “iniciativa militante anarquista que llama explícitamente al derrocamiento del gobierno de Estados Unidos” y que hace uso de “la violencia y el terrorismo” para reprimir la libertad de expresión y a las fuerzas del orden.

El pretexto fue, como buen ejemplo de cómo funciona la doctrina del shock, el asesinato del influencer de extrema derecha Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre y una narrativa diseñada para apuntar al “radicalismo de izquierdas” como amenaza principal del país norteamericano. Pero detrás de este barniz hay mucho más que un simple acto administrativo: hay un cambio de régimen en curso, una profundización autoritaria del aparato estatal y una advertencia dirigida a cualquiera que disienta o se oponga.

Antifa, la organización sin organización

Es de perogrullo, pero en estos tiempos que corren a veces tenemos que aclarar lo más obvio: el antifascismo no es —ni ha sido nunca— una “organización”, y mucho menos una con una estructura jerárquica, un liderazgo claro, un listado de miembros, un cuartel general y un presupuesto. Incluso Cristopher Wray, el director del FBI durante el primer mandato de Trump, siempre lo ha definido como “una ideología o un movimiento”, heterogéneo y descentralizado, rehuyendo de la idea de que se pueda considerar una organización.

El historiador Mark Bray² —autor de Antifa— lo define así: “Antifa puede ser descrito como una especie de ideología, una identidad, una tendencia o un ambiente de autodefensa”. Su eje central es más práctico que ideológico: autodefenderse de los movimientos racistas, fascistas y autoritarios y evitar que crezcan lo suficiente como para que supongan una amenaza real contra personas oprimidas. En este sentido, “el antifascismo es proactivo, no espera a que el fascismo conquiste el poder para actuar e intenta pararlo de raíz”. Bray, además, resalta que el antifascismo además cuestiona las estructuras de poder y dominación que permiten que el fascismo exista, por lo que “el antifascismo no es solo la oposición a los fascistas, sino una lucha por un mundo sin fascismo, sin racismo, sin jerarquías autoritarias”.

Otro historiador, Michael Seidman —autor de Antifascismos, 1936-1945— define el antifascismo como “la ideología más poderosa del siglo XX”, aunque su “naturaleza extremadamente diversa”, a la que se podían adherir comunistas, capitalistas y anarquistas, lo hace difícil de acotar. Por ello, Seidman opta por una definición amplia: antifascismo es (1) la ideología que prioriza la lucha contra el fascismo, (2) que se opone a las teorías conspirativas racistas, antisemitas, anticomunistas, etc. que culpaban a determinadas minorías de los problemas sociales, económicos y políticos existentes y (3) que rechaza el pacifismo, creyendo que es necesario ejercer el poder o la violencia para frenar tanto a los fascismos domésticos como a su maquinaria de guerra internacional.

Cumbre de influencers fachas

A principios de octubre, unas semanas después de designar a Antifa “organización terrorista doméstica”, el presidente Trump, la fiscal general Pam Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem celebraron una mesa redonda en la Casa Blanca con influencers de extrema derecha y difusores de bulos, autoproclamados expertos en antifascismo, como Jack Posobiec y Brandi Kruse. En ella, declararon que Antifa es una organización que existe desde hace casi cien años, remontándose a la República de Weimar, que es “tan peligroso como la Mara Salvatrucha, ISIS y Hamás” e insistieron en que hay que “aplastarla” por todos los medios.

Contexto de autoritarismo

La designación de “terrorista” de Antifa no es un acto aislado, sino que forma parte de un paquete mucho más amplio de ofensiva del gobierno de Trump contra cualquier disidencia contra el “orden americano” que él lidera.

Tras el asesinato de Charlie Kirk, que Trump y sus aliados vincularon desde el primer momento, sin pruebas, a “las izquierdas” y al activismo antifascista, comenzó a vislumbrarse un plan: “vamos a utilizar todos nuestros recursos para investigar y desarticular estos ‘terrorismos domésticos’”, dijo entonces el consejero Stephen Miller, el personaje más siniestro de la Administración. A partir de ahí, siguiendo el manual de instrucciones del autoritarismo, se ha empezado a abrir un frente amplio contra la oposición, se ha fusionado la seguridad nacional con la represión interna y se han puesto los aparatos federales —FBI, Departamento de Justicia, Servicios de Seguridad Interior, el Departamento del Tesoro, etc— a funcionar a pleno rendimiento contra los críticos del actual ocupante de la Casa Blanca.

La persecución no se reduce al activismo de base: humoristas, periodistas, profesores, migrantes, abogados y organizaciones de migrantes han sido objeto de un control ampliado y muchos han perdido sus trabajos en las últimas semanas.

Incluso antiguos aliados de Trump, como el ex-director del FBI James Comey, o su ex-asesor de Seguridad, el halcón neocón John Bolton, están sufriendo persecuciones políticas de la Administración en los tribunales.

“Anarquistas a sueldo”

Varias ONGs, nada sospechosas de fomentar la violencia, se encuentran bajo investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad estadounidenses, después de que Trump anunciara, en la mencionada cumbre de podcasters fachas, que “los anarquistas a sueldo” quieren “destruir nuestro país”, alimentando el bulo de la financiación de ricos progres del movimiento antifascista. Sostuvo que los “carteles hechos de papel caro” que lucen los antifas han tenido que ser pagados por organizaciones con mucho dinero y que tenía preparados “un montón de registros y malas sorpresas” para ellas.

En consecuencia, el Gobierno ha dado instrucciones de investigar a ONGs (algunas progresistas, otras ni eso) y asociaciones pro derechos humanos, usando la normativa de organización criminal, como la Open Society (la fundación de George Soros), ActBlue (importante financiadora del Partido Demócrata), Indivisible (una organización juvenil vinculada al Partido Demócrata), la Coalition for Humane Immigrant Rights (colectivo de derechos de personas migrantes) y la Jewish Voice for Peace (una de las organizaciones de judíos antisionistas más importante), entre otras. Se están revisando minuciosamente las cuentas de estos colectivos para ver si han apoyado o financiado “el terrorismo” y, mientras la investigación siga en curso, sus exenciones fiscales quedan en suspenso, por lo que muchos acabarán en quiebra tarde o temprano.

Así, lo que se presenta como un ataque a “una organización anarquista violenta” es, en realidad, una estrategia de control político de amplio alcance: criminalizar a manifestantes y activistas sociales, eliminar a organizaciones y a la oposición política y aplastar a cualquier colectivo que se imponga a la agenda de Trump. Dinamitar la democracia liberal, vamos.

Y esto ocurre, además, en un contexto de recrudecimiento de la violencia estatal, en el que los agentes de ICE están organizando redadas racistas masivas en casas, colegios, centros de trabajo, etc., utilizando material militar (helicópteros black hawk, tanquetas, metralletas, etc), entrando en viviendas sin órdenes judiciales, llevándose a 3.000 personas detenidas al día por individuos enmascarados sin identificar, en vehículos no rotulados, trasladando a inmigrantes a centros de detención opacos y deportándolos a países que ni siquiera son los suyos de origen.

De forma paralela, Trump está desplegando al ejército en diversas ciudades del país —aquellas que votaron mayoritariamente al Partido Demócrata—, alegando un problema de seguridad pública, para que patrulle por sus calles, en un ambiente de terror distópico.

Consecuencias reales de la retórica anti-antifascista

En el último mes hemos asistido a casos palpables en los que la criminalización del movimiento antifascista sirve como excusa para perseguir a activistas, académicos o entidades de la sociedad civil. Un caso emblemático es el del propio Mark Bray: tras la firma de la orden ejecutiva de Trump y después de que medios de derechas y el Gobierno le señalaran como un miembro e ideólogo del “grupo terrorista Antifa”³, comenzó a recibir amenazas de muerte y acoso de grupos de extrema derecha en su domicilio (que fue publicado en Twitter). Le dijeron que le matarían delante de sus alumnos, o que quemarían su casa, entre otras lindezas. Por ello, finalmente acabó por exiliarse con su familia a Madrid, desde donde imparte sus clases de forma remota.

La buena noticia es que, pese al cariz que están tomando las cosas, todavía hay muchas personas dispuestas a plantar cara al autoritarismo monárquico de Trump. Un ejemplo de ello es la manifestación “No Kings” (“sin reyes”) que tuvo lugar el 18 de octubre, en la que participaron unas 5 millones de personas en más de 2.100 municipios del país.

¿Y Europa?

Lo que está pasando en Washington es una advertencia de lo que podría importarse dentro de poco a Europa. De hecho, a finales de septiembre, el húngaro Viktor Orbán y el grupo Patriotas por Europa (al que pertenece Vox) solicitaron que el Parlamento Europeo otorgase la designación de “organización terrorista” al movimiento Antifa en Europa.

El manual ya lo tienen estudiado: se empieza etiquetando a un movimiento difuso y sin estructura clara como “terrorista” y se le reviste de amenaza existencial; y el día que ocurra algo, ya sea un acto de violencia, unos desórdenes públicos, una manifestación, lo que sea, se abre el aparato de represión estatal (legislación especial, movilización del aparato policial) y se termina por extender al conjunto de la disidencia (organizaciones antifascistas, colectivos antirracistas, sindicatos, asociaciones de vecinas, colectivos de barrio, etc).

El movimiento anarquista del Estado español conoce muy bien cómo funcionan estos planes de criminalización. Ya lo vivimos hace una década, cuando en 2013 fueron detenidas dos anarquistas (Mónica y Francisco), acusadas de plantar una bomba en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Tras ello, varios políticos y medios de comunicación comenzaron a informar, de forma constante, que el anarquismo se estaba organizando para planear atentados terroristas y que estaba “imitando a Al-Qaeda”. Un año después, en 2014, tuvo lugar la Operación Pandora, que en 2015 fue seguida por las Operaciones Piñata, Pandora 2 y Ice, en las que decenas de anarquistas fueron detenidas e imputadas por terrorismo por no se sabe muy bien qué motivos. Por suerte, finalmente todas las causas acabaron archivadas y quedaron en nada, pero la próxima vez el resultado podría ser otro.

Por suerte, hemos sacado aprendizajes de estos golpes y también sabemos cómo debemos actuar: con solidaridad, con determinación, con movilizaciones contra sus discursos criminalizadores y, sobre todo, planteando alternativas a su sistema de dominación, para convertir a los represores en irrelevantes. Es decir, frente a su fascismo, más antifascismo y más militancia en todos los colectivos que buscan erradicar.

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1Las leyes federales estadounidenses no permiten designar a organizaciones nacionales como “terroristas”; solo lo pueden hacer con internacionales. Sin embargo, este escollo legal no ha impedido a Trump hacerlo y ordenar a distintas agencias que comiencen a investigar a personas y organizaciones. En cualquier caso, Trump ahora sopesa designar a Antifa una organización terrorista internacional.

2Hace años, le entrevistamos en este medio.

3Fox News, por ejemplo, le llama Dr. Antifa.

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El pasado mes, Donald Trump volvió a colocarse bajo los focos del espectáculo internacional con la pompa que tanto le gusta. En El Cairo, en una cumbre organizada por el régimen de Al-Sisi, se rodeó de mandatarios de medio mundo —Sánchez incluido— para presentar lo que él mismo calificó de “plan de paz histórico para Gaza”. La prensa más complaciente lo describió como un “acuerdo global”, un “paso hacia la estabilidad” o incluso “el fin de la guerra”. Pero, tras el humo de las declaraciones diplomáticas y las fotos de familia, lo que realmente se ha sellado no es una paz justa, ni duradera, sino un simple alto el fuego. Un respiro temporal que salva vidas —y eso, sin duda, siempre es motivo de alivio—, pero que no pone fin a la maquinaria genocida, ni a la estructura colonial que sostiene a Israel desde 1948.

Los altos el fuego son, por definición, paréntesis. Suspensiones temporales de la violencia, no su final. Y en Gaza, tras dos años de bombardeos continuos, de hambre planificada y de desplazamientos forzosos, cualquier pausa se celebra como una victoria de la supervivencia. En las calles de Rafah o Khan Younis, la gente salió con cautela a respirar el aire polvoriento sin drones sobrevolando el cielo. Pero también con miedo. Miedo a que el silencio fuera solo el preludio del siguiente estallido. Porque los 21 puntos de Trump no alteran en lo más mínimo las causas del horror: la ocupación, el bloqueo, el apartheid y la impunidad de Israel.

Trump, que ya en su anterior mandato reconoció Jerusalén como “capital indivisible” del Estado israelí y avaló la anexión de los Altos del Golán, ha vuelto a poner al servicio de Tel Aviv todo su circo mediático. Su “plan” —negociado sin representantes palestinos y presentado como si fuera una transacción inmobiliaria— tiene más de marketing geopolítico que de diplomacia. El magnate ha hecho lo que siempre ha sabido hacer mejor: vender. En este caso, vender humo revestido de paz. Y detrás de ese humo, hay contratos, licitaciones y futuras inversiones multimillonarias de constructoras y fondos occidentales que ya planean cómo reconstruir (y rentabilizar) lo que las bombas israelíes han reducido a polvo.

El negocio de la reconstrucción es el reverso del negocio de la guerra. Los mismos países que han armado a Israel durante dos años —Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o España, entre otros— serán ahora quienes suministren cemento, tecnología y seguridad privada para “reconstruir” Gaza bajo control israelí. En otras palabras: convertir la devastación en un nuevo nicho de mercado. Las empresas que se enriquecen vendiendo misiles son las mismas que harán caja vendiendo ladrillos, y todo ello bajo la supervisión del “plan de paz” de Trump. El círculo perfecto del capitalismo militar.

Mientras tanto, el gobierno de Netanyahu, que ha firmado el acuerdo, sigue sin disimular que su plan de limpieza étnica perdura. Desde la entrada en vigor del alto el fuego, Israel lo ha violado repetidamente, con más de 256 personas asesinadas —104 de ellas solo el 28 de octubre, el día más mortífero desde el supuesto “fin de las hostilidades”–. Los ataques selectivos, las incursiones terrestres y los bloqueos de suministros básicos continúan con total normalidad, pero con un nuevo envoltorio discursivo digerible para las cancillerías europeas: el de la “defensa preventiva” o el “control de grupos terroristas”.

La hipocresía internacional alcanza niveles obscenos. Los mismos líderes que en Egipto se fotografiaron junto a Trump para celebrar la paz no reaccionan cuando el Parlamento israelí acaba de aprobar la anexión formal de Cisjordania, porque no quieren perder los jugosos contratos que están por llegar. La declaración del Knesset es un paso más en el plan histórico de limpieza étnica que pretende borrar cualquier posibilidad de un Estado palestino. La población palestina, confinada en cantones y zonas “autónomas” cada vez más pequeñas, vigiladas por drones y gestionadas por autoridades títeres, cada vez más cercana a su expulsión total. Y mientras tanto, la ONU emite comunicados, la UE “lamenta profundamente” y los medios hablan de “tensiones” como si se tratara de un conflicto entre iguales.

No hay simetría posible entre una potencia nuclear que ocupa, bloquea y asesina a una población sitiada y empobrecida. No hay “dos bandos”; hay opresores y oprimidos. Y cualquier alto el fuego que no reconozca esa asimetría, que no ponga fin al apartheid y al saqueo sistemático de tierras, no es un proyecto de paz, sino un paréntesis útil para que el ocupante se reorganice y para que Netanyahu pueda afrontar sus crisis políticas internas y mantener la cohesión del Estado.

Y sin embargo, incluso en medio de ese escenario, hay una certeza que se repite desde hace más de setenta años: el pueblo palestino no desaparece. Cada generación ha crecido bajo la ocupación y, aun así, sigue resistiendo. Y ni los muros, ni los drones, ni los “planes de paz” redactados en despachos extranjeros han podido borrar su dignidad.

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Hoy hablamos con Ana Pinto, de Jornaleras de Huelva En Lucha, que nos contará la situación laboral en los campos de frutos rojos del Sur, y cómo se organizan las compañeras que trabajan en ellos. En la segunda parte del programa hablamos con nuestro reportero alrededor del mundo Alberto Cruz, que nos resumirá los entresijos […]

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Comienzan las conversaciones entre el Centro Democrático Sirio (MSD), de mayoría kurda, y el gobierno de Al-Assad. ¿Cómo se encara el final de la guerra en Siria? ¿Es éste el final de la injerencia extranjera? ¿Hasta dónde se pueden mantener las experiencias de autogestión? De todo esto y más hablamos en la distancia con Alberto […]

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«DesOriente Medio». Qatar, el Consejo de Cooperación del Golfo y el ataque desesperado contra el Eje de la Resistencia. ¿Qué terroristas? ¿Qué terrorismo? ¿Qué enemigos? ¿Por qué? Entrevista a Alberto Cruz en LUCHA LIBRE (Radio Topo, 101.8fm Zaragoza – todos los miércoles de 20 a 21h).

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A finales de septiembre de 2000, los territorios palestinos se incendiaron. Fue el comienzo de la “segunda Intifada”, en referencia al levantamiento iniciado a fines de 1987. En esa ocasión, el hecho detonante fue la muerte de cuatro trabajadores palestinos el 8 de diciembre; y en septiembre del año 2000, lo fue la “visita” del político de extrema derecha Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas en Jerusalén.

El hecho detonante: una provocación de Sharon

El 28 septiembre del año 2000, Ariel Sharon (entonces líder de la oposición israelí) visitó el exterior de la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, para demostrar que bajo un gobierno de su partido (el ultraderechista Likud, al que pertenece Netanyahu) la explanada de las mezquitas permanecería bajo control israelí. Tan solo diez días antes, los palestinos habían conmemorado la masacre de Sabra y Shatila, acaecida en 1982 durante la Guerra Civil del Líbano, en la que 2.000 refugiados palestinos habían sido asesinados por milicias cristianas patrocinadas por el ejército israelí. En esa época, el Ministro de Defensa había sido Sharon, por lo que su presencia en Al-Aqsa, acompañado de guardaespaldas armados, fue una intencionada provocación.

Otras causas: la ocupación y los Acuerdos de Oslo

Si parece que la visita de Ariel Sharon efectivamente actuó como un detonante, sería muy reductor ver el levantamiento que siguió como una reacción espontánea a una provocación israelí. Un examen de los acontecimientos de los meses anteriores a septiembre de 2000 indica, de hecho, que la “segunda Intifada” tiene lugar en un doble contexto de, por un lado, enfrentamientos crecientes entre palestinas y palestinos y el ejército israelí y por otro, la paralización del proceso negociado. Como había ocurrido en 1987, el año 2000 fue escenario de un aumento significativo de los incidentes entre las fuerzas israelíes y palestinas, especialmente con los enfrentamientos en mayo de 2000, durante las manifestaciones conmemorativas de la Nakba. El día del 15 de mayo, cuatro palestinos murieron a tiros y 200 resultaron heridos. mientras que nueve soldados israelíes resultan heridos, uno de ellos por un disparo palestino. Unos días después, las manifestaciones organizadas en apoyo de las y los presos palestinos también dieron lugar a enfrentamientos armados.

En el año 2001, la arabista Loles Oliván escribió que «a diferencia del levantamiento de 1987, la Intifada que comenzó a finales de septiembre de 2000 surgió en los Territorios Ocupados (TTOO) como un hecho popular espontáneo (en movilizaciones masivas en las grandes ciudades palestinas) bajo dos consignas convergentes: contra la ocupación israelí y contra los Acuerdos de Oslo. La relevancia que tiene la reivindicación unánime que el pueblo palestino viene haciendo de la ruptura con el marco de los Acuerdos de paz es trascendental, pues no sólo implica romper con el modelo que Israel ha impuesto gracias al apoyo norteamericano sino que, llevada a sus últimas consecuencias, podría suponer también cuestionar la representación política palestina derivada de los propios Acuerdos y la ‘funcionalidad’ adquirida en ellos por la Autoridad Palestina (AP) si ésta insiste en mantener el marco de Oslo«.

Los acuerdos de Oslo, pactados en 1993 por Yasser Arafat (el histórico líder palestino, dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina), el primer ministro israelí Yitzhak Rabin y el por entonces presidente de los EEUU, Bill Clinton, habían sido premeditadamente ambiguos. En un primer momento habían ilusionado a la gran mayoría de los palestinos, pero con el paso de los años había quedado claro que no hacían más que servir a los intereses sionistas.

«Sus principales puntos consistían en la promesa por parte del Estado de Israel, de retirar gradualmente su ejército de la Franja de Gaza y de Cisjordania«, explica Mirta Pacheco. «Se creaba, en esos territorios un autogobierno palestino (la Autoridad Nacional Palestina -ANP-), con una Policía propia y la promesa de un futuro Estado palestino. Pero ese “autogobierno palestino” tenía grandes límites. El primero era que entre Gaza y Cisjordania estaba apostado el ejército israelí (como sucede actualmente).

El segundo, enorme, límite era que en esos territorios, se establecía una partición en zonas A, B y C (A: control civil y de Policía por parte de la Autoridad Palestina, 18% del territorio. B: control civil a cargo de palestinos y control militar de la A.N.P. e Israel, 21% y C: control civil y militar de Israel, 60% del territorio).

La situación de Jerusalén (Israel ocupó la parte oriental de esa ciudad -que estaba en manos de Jordania-, luego de la Guerra de los seis días en 1967), el derecho al retorno de los refugiados y la constante construcción de asentamientos israelíes (que hoy son pequeñas ciudadelas enclavadas en esos territorios), fueron directamente excluidos de esos acuerdos«.

«El fracaso de la cumbre de Camp David (celebrada del 11 al 25 de julio de 2000 bajo el patrocinio de Estados Unidos), atribuido por la narrativa dominante a la inflexibilidad de Yasser Arafat, subraya el callejón sin salida y las contradicciones del proceso negociado«, explica Julien Salingue. «Camp David debía desembocar en un acuerdo final, después del cual los palestinos ya no podrían reclamar nada. El primer ministro israelí, Ehud Barak, exigió que el acuerdo final fuera acompañado de una declaración palestina reconociendo que el conflicto había «terminado». Esta posición lleva al extremo la lógica de los acuerdos de Oslo; es decir, la sustitución de las resoluciones de Naciones Unidas por acuerdos bilaterales, y la demanda israelí de que la parte palestina acepte un arreglo definitivo mientras continúa la ocupación y una serie de cuestiones esenciales, como los territorios  bajo soberanía palestina, se posponen para negociaciones posteriores. Esta improbable combinación entre lo definitivo y lo provisional, que graba en mármol el principio de que la aplicación del derecho internacional no es el objetivo del «proceso de paz» sino un objeto de negociación, ya formaba parte de la filosofía de Oslo. Pero las demandas israelíes en Camp David equivalen a un reconocimiento explícito, por parte del propio Yasser Arafat, de su renuncia a la aplicación de las resoluciones de la ONU, una condición inaceptable para el presidente de la Autoridad Palestina, en un contexto a fortiori en el que la falta de avances sobre el terreno generaba desconfianza y radicalizaba a la mayor parte de su base. La continuidad de la colonización, la multiplicación de incidentes con el ejército israelí y la quiebra de la estrategia de legitimación del liderazgo de la Autoridad Palestina impidieron que el líder palestino regresara a los territorios ocupados después de haber rubricado un acuerdo por debajo de las resoluciones de Naciones Unidas y los objetivos proclamados durante la firma de los Acuerdos de Oslo. Por tanto, para él, la única solución era la negativa«.

El estallido de la Intifada

«Si las y los palestinos se movilizaron el día de la visita de Ariel Sharon a la explanada de la mezquita, fue al día siguiente (29 de septiembre de 2000) cuando realmente comienza el levantamiento«, prosigue Salingue. «De hecho, hubo muchas manifestaciones en la mayoría de las principales ciudades palestinas de la Franja de Gaza y Cisjordania, pero también en Jerusalén, donde murieron cinco palestinos. Al día siguiente, las manifestaciones, más grandes, son aún más numerosas, y mueren una decena de palestinos, incluido el joven Mohammad al-Dura en Gaza, cuya muerte fue filmada, imágen que contribuirá a una conflagración generalizada en los territorios ocupados el 1 de octubre. Se organizaron manifestaciones casi diarias, en las que se unieron todas las fuerzas políticas, y muchos líderes de la Autoridad Palestina (AP), el principal de ellos, Yasser Arafat, pidieron a las y los palestinos que se movilizasen. La represión no se debilitó, sino al contrario, y solo en octubre murieron  100 palestinos en incidentes con el ejército israelí. En noviembre, el número de víctimas palestinas fue de 109, es decir, casi cuatro por día: esta cifra ya no se alcanzará hasta marzo de 2002, cuando el día 29 se inició la operación Escudo defensivo.

Estas cifras, así como las del número de personas heridas (10.000 durante el último trimestre del año 2000) son indicativas de dos fenómenos relacionados: la masividad de la movilización en las primeras semanas de la segunda Intifada y la violencia de la represión israelí. Un informe publicado por el diario israelí Maariv el 6 de septiembre de 2002 reveló que, según el propio Estado Mayor israelí, el ejército disparó no menos de un millón de balas durante las tres primeras semanas del levantamiento, es decir, alrededor de 50.000 por día en promedio. El Centro Palestino de Derechos Humanos (CPDH) estableció que la mayoría de los heridos en Gaza (1.492 de 2.500) eran jóvenes menores de 18 años, lo que atestigua el hecho que durante los últimos tres meses del año 2000, la movilización palestina fue esencialmente popular y no la llevan a cabo grupos armados aislados. Finalmente, cabe señalar que más del 90% de las y los palestinos que fueron asesinados durante los primeros tres meses de la segunda Intifada murieron por heridas de bala infligidas, en la gran mayoría de los casos, durante las manifestaciones. En total, hubo 272 muertos en el lado palestino durante el último trimestre de 2000, y 41 muertos en el lado israelí, la mayoría de ellos militares.

Estos datos estadísticos, contrastados con los testimonios y artículos de prensa de la época, permiten identificar el tipo de levantamiento y de represión ante los que nos encontramos a fines del año 2000. La segunda Intifada se caracteriza ante todo por su carácter popular y masivo, por la participación de todas las fuerzas políticas palestinas en diversas iniciativas (lo cual se demuestra, entre otras cosas, por la pluralidad de afiliaciones políticas de las víctimas), y por la amplitud y celeridad de la represión israelí, que atestigua que el ejército se había preparado para nuevos enfrentamientos y no fue, como en 1987, pillado de improviso. Es importante señalar además que, si bien el levantamiento palestino tiene un rostro popular, su dimensión armada ya está claramente establecida. En efecto, las 41 víctimas israelíes durante estos primeros tres meses deben compararse con las 43 muertes registradas durante los dos primeros años de la Intifada de 1987. Si estas muertes hay que considerarlas en el contexto de la violenta represión israelí (272 muertes en tres meses, contra 310 para todo 1988), su número indica, sin embargo, que la parte palestina no está, como en 1987-1989, decidida a mantener un carácter absolutamente no violento en la protesta. Este fenómeno se confirmará cuando la segunda Intifada entre en su segunda fase, la de la lucha armada«.

Cinco años de lucha contra el tercer ejército del mundo

La Intifada fue girando de las manifestaciones masivas callejeras a tácticas de guerrilla urbana y otras acciones militares. Este enfrentamiento, muy desigual, duró casi 5 años y se cobró la vida de más de cinco mil palestinos. Del lado israelí el número de fallecidos ascendió a mil, de los cuales en su gran mayoría eran militares.

«A fines del 2001, el Primer Ministro israelí, Ariel Sharon, le gana las elecciones al partido Laborista, basado fundamentalmente en el sentir de los israelíes de más seguridad«, explica Mirta Pacheco. «Sharon observó la incursión imperialista en Afganistán contra los talibanes (incursión de los EEUU basada en la “guerra contra el terrorismo” que iniciara el por entonces presidente Bush) y dedujo de esto que era un buen momento para propinar un golpe mortal a la Intifada palestina. Por un lado continúa la política de su predecesor – Ehud Barack – de asesinatos selectivos a los líderes y activistas, sumado a que las tropas israelíes dieron muerte a decenas y decenas de niños y civiles palestinos. Israel cerró el aeropuerto de Gaza. Los gobiernos de Jordania y Egipto, dándole la espalda al pueblo palestino, impidieron que los heridos atraviesen sus fronteras y la ayuda humanitaria internacional (medicamentos, alimentos, etc.) fue bloqueada por las fuerzas de ocupación sionistas.

Desde hacía un año, la Franja de Gaza había quedado partida en dos por controles militares israelíes y la ciudad reclamada por décadas por los palestinos, Jerusalén, fue cerrada al paso de Cisjordania. Clausura de fronteras, abusos en los puestos de control, demolición de casas, arrestos masivos y la construcción de un muro del apartheid con el fin de arrebatarle a los palestinos las tierras más fértiles y las reservas de agua dulce cercanas al río Jordán, además de obstaculizar la comunicación entre las aldeas, convirtiéndolas en un sistema de bantustanes, mientras el ejército y los colonos controlaban los principales caminos y checkpoints. Este conjunto de medidas fueron (y son) parte de la batería represiva del sionismo.

La estrategia de Israel era doblegar a los palestinos, acabar con su resistencia y lucha armada y establecer una nueva relación de fuerzas definitiva a su favor, haciendo retroceder las aspiraciones del pueblo árabe sobre sus propias tierras. Pero las masas palestinas continuaron por cinco años sosteniendo su resistencia.

La Segunda Intifada fue derrotada vía el asesinato selectivo y la represión masiva a las manifestaciones del pueblo palestino. Esto demostró, por la negativa, que la lucha por la liberación de los palestinos requiere del apoyo activo de la clase obrera y las masas árabes de la región. Que deberán romper con sus propias burguesías, que más allá de los discursos y de ciertos tironeos, según la ocasión, van a la saga de Israel y de Estados Unidos. Dándole la espalda a ese pueblo oprimido.

Basándose en esta derrota, Sharon lanza en 2005, el “plan de desconexión de Gaza”, esta política implicaba sacar toda presencia civil israelí de ese territorio, a la vez que reforzaba la separación con Cisjordania. Esto sienta las bases para el bloqueo a Gaza –una verdadera cárcel a cielo abierto- que termina de imponerse en el 2007.

Queda claro que en los hechos es imposible pensar en un Estado palestino (conviviendo con el Estado sionista, con todas sus prerrogativas), con dos territorios separados entre sí por puestos militares israelíes y asentamientos de judíos y con recursos vitales como el agua, la energía eléctrica y el gas controlados por Israel y con toda su clase dirigente que una y otra vez afirma que jamás los cederá«.

La explosión de septiembre de 2000 colocó a la dirección de la Autoridad Palestina en una posición incómoda, ya que puso al descubierto las contradicciones inherentes al proceso de Oslo y a la posición de la AP, ni Estado ni movimiento de liberación nacional. La estrategia seguida hasta entonces por Yasser Arafat, a saber, una combinación improbable de negociaciones con Israel y apoyo a la radicalización de la sociedad palestina, mostró sus límites y empujó a la dirección de la AP a adaptarse a la nueva situación inducida por el levantamiento y tratar de sacar provecho de ella.

El estallido de la Intifada permitió a Yasser Arafat recurrir a una táctica familiar, refinada durante su larga carrera política, al-huroub ila al-amam (la “huida hacia adelante”). Ni iniciador ni planificador, en realidad aprovechó la oportunidad del estallido fortuito de una gran crisis e incidentes dramáticos, provocados por otros actores, y luego buscó intensificar y prolongar estos incidentes con el fin de llegar a una salida de la que pudiera beneficiarse. No ordenó la militarización del levantamiento, que fue sobre todo consecuencia de la violencia de la represión israelí y de las iniciativas tomadas por militantes y mandos intermedios de Fatah. Sin embargo, intentó aprovechar la evolución de los acontecimientos de la “segunda Intifada”, apostando por construir un equilibrio de poder militar con Israel para mejorar la posición palestina en las negociaciones. Esta opción resultó ser un fracaso, en particular debido a la inflexibilidad israelí (a fortiori después de la elección de Ariel Sharon), pero también a desacuerdos cada vez más notables dentro del núcleo gobernante de la AP.

En efecto, si esta adaptación táctica permitió a Yasser Arafat «estrechar los lazos» con el aparato de Fatah del interior y mantener cierta legitimidad a los ojos de la población de los territorios ocupados, aceleró su aislamiento en el escenario internacional y alentó el cuestionamiento de su autoridad incluso dentro del liderazgo de la AP. La exacerbación de las rivalidades dentro de esta dirección se manifestará en particular por los llamamientos a la «reforma» y por el distanciamiento cada vez más visible de Mahmoud Abbas, «líder de los opositores a la Intifada», de Yasser Arafat.

En las elecciones presidenciales palestinas celebradas el 9 de enero de 2005, unos meses después de la muerte de Arafat (que probablemente se produjo por envenenamiento), Mahmoud Abbas fue elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Sus promesas electorales incluían una negociación pacífica con Israel y el recurso de la no violencia para obtener los objetivos palestinos, pero no es fácil fijar una fecha definitiva que pusiera fin a la Intifada. Después de desplegar a la policía palestina para detener a combatientes, la Intifada finalizó en el mes de marzo. Pero no así la violencia. Por citar algunos ejemplos, el 9 de abril, un grupo de adolescentes palestinos que jugaban a fútbol a unos 100 metros de la Ruta Philadelphi fueron ametrallados por soldados israelíes cerca de la frontera palestino-egipcia, dejando un saldo de tres menores muertos. El 25 de abril, reservistas israelíes mataron a tiros a un taxista palestino de 32 años y a un sargento israelí que se hallaba cerca de él. El 4 de mayo, dos chicos palestinos de 14 y 15 años morían por sendos disparos israelíes durante una manifestación contra el muro de separación israelí en Beit Liqya. El 17 de agosto, colonos israelíes atacaron una fábrica palestina cercana al asentamiento de Silo, en la Cisjordania ocupada, y mataron a cuatro trabajadores palestinos. El 25 de agosto, en el transcurso de una incursión israelí en el campamento de refugiados de Tulkarem, soldados israelíes mataron a seis civiles palestinos, tres de ellos menores de edad. Según B’Tselem, ninguno de ellos participaba en enfrentamientos cuando fueron asesinados.

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Por Juan Laborda, publicado originalmente para El Salto.

El dólar estadounidense ha sido durante casi ocho décadas la piedra angular del sistema financiero global. Pero esa supremacía, lejos de ser indiscutible, se asienta sobre una paradoja estructural que hace tiempo que muestra señales de agotamiento. El presidente Donald Trump, aún a fecha de hoy, no se ha dado cuenta que los déficits comerciales de Estados Unidos no son un defecto del sistema, sino su condición de existencia. La hegemonía del dólar implica, como explicó la Paradoja de Robert Triffin, que Estados Unidos debe mantener déficits comerciales permanentes para proveer de liquidez al resto del mundo. Pero esa cara amarga tiene una contraparte privilegiada: la capacidad prácticamente ilimitada de financiar esos déficits emitiendo su propia moneda, gracias a la demanda global de activos en dólares.

Sin embargo, ese “privilegio exorbitante” —como lo definió Valéry Giscard d’Estaing—, y que tan magistralmente recogió el economista Barry Eichengreen en su obra “Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Monetary System”, no solo podría estar llegando a su fin, sino que aquellos países agraviados por la política arancelaria de Trump tendrían a su disposición una herramienta perfecta para hacer callar a este bocachanclas. Se implementaría en dos fases que irían solapándose. Primero, dejar de comprar deuda pública estadounidense, tanto en mercado primario como secundario. Segundo, que sus bancos centrales, en mercados secundarios, vendan estratégicamente sus tenencias de deuda soberana estadounidense, de manera que los tipos de interés de ésta repunten hasta niveles que lo hagan insoportable. Si Trump, el fanfarrón, continua con su diatriba, se trataría de llevar la intervención conjunta hasta un momento y niveles en que el mismo Estados Unidos le cueste sudor y lágrimas renovar esa deuda y se vea forzado a una reestructuración selectiva de la misma. Obviamente el impacto se expandiría a la deuda privada, donde las quiebras serían inmensas.

 Si los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) decidieran actuar de forma coordinada podrían desatar una tormenta perfecta en los mercados financieros de Estados Unidos

De la Unión Europea y sus gobernantes no espero nada. Han claudicado a las primeras de cambio. Hace tiempo, desde la activación del avispero ucraniano por parte de Obama, estamos subyugados a lo que mande Estados Unidos. Y esa ha sido la amenaza de Trump, dejar militarmente a Europa a su suerte si no aceptan sus condiciones. Los alemanes, junto a los bálticos, nórdicos y holandeses, se han puesto en genuflexión sin rechistar. Allá ellos. Están en caída libre y sin frenos. Pero Francia, España e Italia deberían decir algo, ¿verdad? Si lo que describo aquí se produjera, y no es improbable, claro que afectaría también a la deuda soberana y privada del resto de Occidente.

Por el contrario, los países BRICS si pueden implementar esa estrategia. Los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que ya representan cerca del 30% del PIB mundial en paridad de poder adquisitivo, disponen de un arma financiera tan poderosa como subestimada: su capacidad de alterar la demanda de deuda soberana estadounidense. Si estos países decidieran actuar de forma coordinada —primero, cesando nuevas compras de bonos del Tesoro y luego vendiendo de manera estratégica los títulos que ya poseen— podrían desatar una tormenta perfecta en los mercados financieros de Estados Unidos. Si además se unieran a ello los bancos centrales de Japón, Canadá, y Suiza, cosa que no ocurrirá, todavía mejor.

Esta hipótesis no es meramente especulativa. Como recuerdan los economistas postkeynesianos James Galbraith (2008) y Jan Kregel (2009), la fortaleza financiera de Estados Unidos no radica en su ahorro interno (de hecho, su tasa de ahorro es estructuralmente baja), sino en su capacidad de atraer capital externo hacia sus emisiones de deuda. Al convertir su déficit en una “máquina de atracción global de ahorro”, el Tesoro norteamericano se ha convertido en la banca del mundo. Pero si los tenedores extranjeros cambian de estrategia, ese modelo se convierte en una fuente de vulnerabilidad extrema.

La amenaza estructural: del privilegio al boomerang

La realidad es que el 30% de la deuda pública estadounidense está en manos extranjeras. China y Japón, por sí solos, poseen alrededor de un billón de dólares cada uno. Si bien la mayoría de la deuda está en manos de la Reserva Federal, fondos de pensiones y aseguradoras domésticas, la clave del sistema está en la confianza externa. El mercado de deuda estadounidense es líquido, profundo y confiable… hasta que deje de serlo.

Una venta sincronizada de bonos por parte de bancos centrales del Sur Global —o incluso la amenaza creíble de hacerlo— haría subir drásticamente los tipos de interés exigidos al Tesoro. Y aunque la Reserva Federal podría intervenir comprando más bonos, eso alimentaría la volatilidad y dudas sobre la sostenibilidad de la deuda. En ese sentido, los BRICS podrían erosionar el corazón mismo del sistema financiero global sin disparar una sola bala.

La única herramienta que permitiría a Estados Unidos sobrevivir intacto a una ofensiva de este tipo sería la aplicación coherente de la Teoría Monetaria Moderna (TMM), que postula que los emisores de moneda soberana no pueden quebrar en su propia divisa mientras mantengan control sobre su política monetaria y fiscal. Pero esa visión, todavía incomprendida o ridiculizada en los círculos políticos estadounidenses, sigue siendo marginal. Y quizá sea mejor así: una clase dirigente que no entiende sus propias herramientas fiscales difícilmente podrá evitar la quiebra si el entorno global deja de comprar sus promesas de pago.

¿Por qué los BRICS deberían actuar?

Porque ya no les compensa sostener el modelo. En vez de seguir alimentando un sistema que se vuelve en su contra —vía sanciones financieras, controles extraterritoriales, y manipulación del comercio global—, podrían diseñar un nuevo marco de referencia más equitativo. La creación de una moneda BRICS, los acuerdos bilaterales en monedas locales y los mecanismos alternativos de compensación son pasos en esa dirección. Pero falta la jugada decisiva: desafiar el mercado de deuda estadounidense. Este movimiento tendría implicaciones inmensas, sí, pero no necesariamente destructivas si se gestiona desde una lógica cooperativa. Se trata de sustituir un centro hegemónico por una constelación de polos con mayor equilibrio financiero y político. Europa, atrapada en su sumisión estratégica a Washington, no liderará esta transición. Pero los BRICS, con suficiente coordinación y visión, pueden hacerlo.

Y deberían hacerlo. Porque solo desmontando el sistema que permite a EE. UU. financiar déficits sin consecuencias reales —el núcleo de su poder imperial— podrán emerger instituciones verdaderamente multipolares. Ya no se trata de “desdolarizar” por ideología, sino por pura defensa estratégica.

Hacia un nuevo orden

Lo que está en juego no es solo la salud financiera de Estados Unidos, sino la arquitectura completa del capitalismo global. Un sistema basado en la deuda perpetua de una sola nación no puede sostenerse indefinidamente. Y cada vez más países lo saben.

El año 2026 puede marcar el punto de inflexión si los BRICS entienden el poder que tienen. Si en lugar de pedir reformas al FMI o al Banco Mundial —instituciones incapaces de escapar de la órbita de Washington— optan por golpear el corazón del sistema: su deuda. Puede parecer una apuesta arriesgada. Pero mucho más arriesgado sería seguir financiando un orden que les niega el derecho a definir sus propias reglas.

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Por Juan Torres López, del Consejo Científico de Attac. Escrito para Nueva Tribuna.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el de Estados Unidos, Donald Trump, acaban de escenificar una auténtica y desvergonzada obra de teatro.

Como ha hecho con otros países, Donald Trump no ha buscado ahora con la Unión Europea un buen acuerdo comercial para los intereses de la economía estadounidense, como él se empeña en decir. Y en lo que ha cedido Von der Leyen no es en materia arancelaria para evitar los males mayores de una escalada de guerra comercial, como afirman los dirigentes europeos. El asunto va por otros derroteros.

Von der Leyen y Trump han hecho teatro haciendo creer que negociaban cláusulas comerciales, pero en realidad se han quitado la ropa de la demagogia y los discursos retóricos para mostrar a todo el mundo sus vergüenzas

Los aranceles del 15 por ciento acordados para gravar casi todas las exportaciones europeas los pagarán los estadounidenses y, en algunos casos, con costes indirectos aún más elevados.

Eso pasará, entre otros productos, con los farmacéuticos que se ven afectados. Puesto que en Estados Unidos no hay producción nacional alternativa y siendo generalmente de compra obligada (los economistas decimos de muy baja elasticidad de la demanda respecto al precio) los consumidores terminarán pagando precios más elevados. Suponiendo que fuese posible o interesara la relocalización de las empresas para irse a producir a Estados Unidos (lo que, desde luego no está nada claro), sería a medio plazo (lo expliqué en un artículo anterior).

Los aranceles a los automóviles europeos serán del 15 por ciento, pero los fabricantes estadounidenses deben pagar otros del 50 por ciento por el acero y el cobre, y del 25 por ciento por los componentes que adquieren de Canadá y México. Sería posible, por tanto, que los coches importados de la Unión Europea sean más baratos que los fabricados en Estados Unidos y que a los fabricantes de este país les resulte mejor producirlos en Europa y llevárselos de vuelta. Además, la mayoría de los automóviles de marcas europeas que se venden en Estados Unidos se fabrican allí, de modo que no les afectarán los aranceles, mientras que en Europa apenas se venden coches estadounidenses, no por razones comerciales sino más bien culturales o de gustos. Otros productos en los que Europa tiene ventajas, como los relativos a la industria aeroespacial y algunos químicos, agrícolas, recursos naturales y materias primas no se verán afectados.

En realidad, en términos de exportación e importación de bienes generales, el «acuerdo» no es favorable a Estados Unidos. Como explicó hace unos días Paul Krugman en un artículo titulado El arte del acuerdo realmente estúpido, el que suscribió con Japón (y se puede decir exactamente lo mismo ahora del europeo y de todos los demás) «deja a muchos fabricantes estadounidenses en peor situación que antes de que Trump iniciara su guerra comercial».

El déficit exterior de la economía estadounidense no es una desgracia, sino el resultado deliberadamente provocado para construir sobre él un negocio financiero y especulativo de colosal magnitud

No obstante, todo esto tampoco quiere decir que Europa haya salido beneficiada. Las guerras comerciales no suele ganarlas nadie, y muchas empresas y sectores europeos (los del aceite y el vino español, por ejemplo) se verán afectados negativamente. Pero no perderán porque Trump vaya buscando disminuir el déficit de su comercial exterior, sino como un efecto colateral de otra estrategia aún más peligrosa.

La realidad es que a Estados Unidos no le conviene disminuirlo porque este déficit, por definición, genera superávit y ahorro en otros países que vuelve como inversión financiera a Estados Unidos para alimentar el negocio de la gran banca, de los fondos de inversión y de las grandes multinacionales que no lo dedican a invertir y a localizarse allí, sino a comprar sus propias acciones. El déficit exterior de la economía estadounidense no es una desgracia, sino el resultado deliberadamente provocado para construir sobre él un negocio financiero y especulativo de colosal magnitud.

Lo que verdaderamente busca Estados Unidos con los «acuerdos» comerciales no es eliminar los desequilibrios mediante aranceles (eso es algo que no se ha conseguido prácticamente nunca en ninguna economía). El objetivo real de Estados Unidos es hacer chantaje para extraer rentas de los demás países, obligándoles a realizar compras a los oligopolios y monopolios que dominan sus sectores energético y militar y, por añadidura, humillarlos y someterlos de cara a que acepten más adelante los cambios en el sistema de pagos internacionales que está preparando ante el declive del dólar como moneda de referencia global.

El objetivo real de Estados Unidos es hacer chantaje para extraer rentas de los demás países, obligándoles a realizar compras a los oligopolios y monopolios que dominan sus sectores energético y militar

En el «acuerdo» con la Unión Europea (como en los demás), lo relevante ni siquiera son las cantidades que se han hecho públicas. Los aranceles son una excusa, un señuelo, el arma para cometer el chantaje. Lo que de verdad importa a Trump no es el huevo que se ha repartido, sino el fuero que acaba de establecer. Es decir, la coacción, el sometimiento y el monopolio de voluntad que se establecen, ya formalmente, como nueva norma de gobernanza y dominio de la economía global y que Estados Unidos necesita imponer, ahora por la vía de la fuerza financiera y militar debido a su declive como potencia industrial, comercial y tecnológica.

Siendo Donald Trump un gran negociador, si quisiera lograr auténticas ventajas comerciales para su economía no habría firmado lo que ha «acordado» con Europa (y con los demás países), ni hubiera dejado en el aire y sin concretar sus aspectos más cuantiosos. La cantidad de compras de material militar estadounidense no se ha señalado: «No sabemos cuál es esa cifra», dijo al escenificar el acuerdo con von der Leyen. El compromiso de compra de 750.000 millones de dólares en productos energéticos de Estados Unidos en tres años sólo podría obligar a Europa a desviar una parte de sus compras y tampoco parece que se haya concretado lo suficiente. Y la obligación de inversiones europeas por valor de 600.000 millones de dólares en Estados Unidos es una quimera porque la Unión Europea no dispone de instrumentos (como el fondo soberano de Japón) que le permitan dirigir inversiones a voluntad y de un lado a otro. Además, establecer esta última obligación sería otro disparate si lo que de verdad deseara Trump fuese disminuir su déficit comercial con Europa: si aumenta allí la inversión europea, disminuirán las compras de Europa a Estados Unidos, y lo que se produciría será un mayor déficit y no menor. 

Lo que han hecho von der Leyen y Trump (por cierto, en Escocia y ni siquiera en territorio europeo) ha sido desnudarse en público. Han hecho teatro haciendo creer que negociaban cláusulas comerciales, pero en realidad se han quitado la ropa de la demagogia y los discursos retóricos para mostrar a todo el mundo sus vergüenzas manifestadas en cinco grandes realidades:

1. El final del gobierno de la economía global y el comercio internacional mediante reglas y acuerdos y el comienzo de un nuevo régimen en el que Estados Unidos decidirá ya sin disimulos, a base de chantaje, imposiciones y fuerza militar.
2. A Estados Unidos no le va a importar provocar graves daños y producir inestabilidad y una crisis segura en la economía internacional para poner en marcha ese nuevo régimen. Quizá, incluso lo vaya buscando, lo mismo que buscará conflictos que justifiquen sus intervenciones militares.
3. La Unión Europea se ha sometido, se arrodilla ante el poder estadounidense y renuncia a forjar cualquier tipo de proyecto autónomo. Como he dicho, a Trump no le ha importado el huevo, sino mostrar que Europa ya no toma por sí misma decisiones estratégicas en tres grandes pilares de la economía y la geopolítica: defensa, energía e inversiones (en tecnología, hace tiempo que perdió el rumbo y la posibilidad de ser algo en el concierto mundial). Von der Leyen, con el beneplácito de una Comisión Europea de la que no sólo forman parte las diferentes derechas sino también los socialdemócratas (lo que hay que tener en cuenta para comprender el alcance del «acuerdo» y lo difícil que será salir de él), ha aceptado que la Unión Europea sea, de facto, una colonia de Estados Unidos.
4. Ambas partes han mostrado al mundo que los viejos discursos sobre los mercados, la competencia, la libertad comercial, la democracia, la soberanía o la paz eran lo que ahora vemos que son: humo que se ha llevado el viento, un fraude, una gran mentira.
5. Por último, han mostrado también que el capitalismo se ha convertido en una especie de gran juego del Monopoly regido por grandes corporaciones industriales y financieras que han capturado a los estados para convertirse en extractoras de privilegios, en una especie de gigantescos propietarios que exprimen a sus inquilinos aumentándoles sin cesar la renta mientras les impiden por la fuerza que se vayan y  les hablan de libertad. 

La Unión Europea se ha condenado a sí misma. Ha dicho adiós a la posibilidad de ser un polo y referente mundial de la democracia, la paz y el multilateralismo. Ahora hace falta que la gente se entere de todo esto y lo rechace, lo que no será fácil que suceda, pues a esos monopolios se añade el mediático y porque, como he dicho, esta inmolación de Europa la ha llevado a cabo no sólo la derecha, sino también los socialistas europeos que, una vez más, traicionan sus ideales y se unen a quien engaña sin vergüenza alguna a la ciudadanía que los vota.

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