Este artículo forma parte del dossier dedicado al Sáhara Occidental publicado en #LaMarea108. Puedes descargarte gratuitamente la revista aquí o suscribirte para recibir los próximos números y seguir apoyando el periodismo independiente.

El 8 de junio de 2022, el diputado socialista José Luis Ábalos accedió a conceder una entrevista off the record al periodista que firma esta pieza. Será el propio Ábalos quien rompa ese pacto de confidencialidad minutos después. Durante casi una hora, sentado en un lugar discreto del Hotel Catalonia, a escasos metros del Congreso de los Diputados, el que había sido ministro de Transportes y hombre de confianza de Pedro Sánchez restó importancia a su relación con cuatro personas cercanas a su entorno y que, según documentos del CNI y varias fuentes de los servicios de información españoles, estaban a sueldo del espionaje marroquí.

Los vínculos de Ábalos y su círculo íntimo con estas personas eran innegables. La primera de ellas pasaba las noches con una persona del ámbito familiar de Ábalos mientras ésta permanecía ingresada en un hospital. La segunda había ejercido como asesor de libre designación en su etapa de ministro. La tercera recibía pagos directos del jefe en Madrid de la DGED, el servicio secreto exterior marroquí. La cuarta trabajaba a las órdenes de Ahmed Charai, un conocido relaciones públicas de la propia DGED.

Ábalos admitió conocer a estas personas pero restó peso a su relación con ellas. Él no tenía por qué saber que trabajaban para la inteligencia de Mohamed VI. Tras negar vínculos con el espionaje marroquí, el ministro apagó su cuarto (y último) cigarro, apuró su café cortado y salió a pie del hotel. Unos minutos después, rompía el pacto de aquella entrevista off the record. Antes siquiera de abonar la cuenta, este periodista recibió una llamada de una fuente vinculada a los servicios secretos de Rabat. Estaba al tanto de nuestro encuentro y de la lista de personas que habían protagonizado la conversación: «Ábalos ha llamado preocupado y ha informado de que estás preguntando por todos ellos».

Alineado con Rabat

El PSOE es la formación política española más alineada con los intereses de Rabat. La cuestión del Sáhara pone en evidencia la brecha que separa a la élite del partido y sus bases. El matrimonio de conveniencia entre los dirigentes socialistas y Marruecos comenzó con el presidente Felipe González, cuando en la década de 1980 empezó a expresar su apoyo a Rabat, olvidando la promesa que hizo en 1976, siendo secretario general del PSOE, durante su visita a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. «Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final», había dicho entonces González. Al llegar a la Moncloa, González olvidó su apoyo a los saharauis y se alineó con Marruecos hasta convertirse en uno de los grandes defensores internacionales de la marroquinidad del Sáhara Occidental.

José Luis Rodríguez Zapatero siguió la misma estela y se convirtió en el primer presidente en apoyar públicamente el «plan de autonomía» de Marruecos para el Sáhara, criticado por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch por su ilegalidad, por carecer de contenido y por la falta de garantías que ofrece un régimen autoritario como el marroquí. En la misma línea, el presidente Pedro Sánchez fue el último en claudicar de sus propias palabras cuando en 2022 remitió una carta al rey Mohamed VI –y cuyo entorno la filtró a los medios– apoyando sus postulados sobre el Sáhara para poner fin a la peor crisis bilateral entre ambos países desde el incidente del islote de Perejil en 2002.

Marruecos es un asunto incómodo para el PSOE. Sus dirigentes evitan pronunciarse en público sobre el vecino del sur. Si lo hacen, lo ensalzan eludiendo sus déficits más visibles: el respeto a los derechos humanos y la legalidad internacional, las falta de garantías democráticas y la ausencia de Estado de derecho.

El PSOE acumula un reguero de dudas que siguen sin respuesta, algunas protegidas al amparo de la ley franquista de Secretos Oficiales, de 1968, todavía vigente. Estas son algunas de las preguntas más relevantes sobre el Sáhara y Marruecos que el Partido Socialista sigue sin responder.

¿Impone Marruecos qué ministros cesan y cuáles acceden a una cartera?

La última decisión de Donald Trump en su primer mandato como presidente de Estados Unidos fue afirmar la soberanía marroquí del Sáhara Occidental. A cambio, Marruecos aceptó reconocer al Estado de Israel. Aquella decisión supuso un terremoto a este lado del Atlántico y sus consecuencias no tardaron en aflorar.

El 18 de abril de 2021 el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, fue ingresado en un hospital de Logroño (La Rioja) para ser atendido de una grave afección de COVID-19. La llegada de Ghali fue gestionada en secreto por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que decidió asistir al dirigente saharaui –poseedor de la nacionalidad española– por razones humanitarias. Los servicios de inteligencia marroquíes estuvieron al tanto en todo momento y Rabat reaccionó con virulencia.

En mayo de ese año, Marruecos alentó la entrada de miles de personas en Ceuta, dando lugar a una crisis migratoria sin precedentes. En menos de 24 horas accedieron a esta ciudad autónoma más de 12.000 personas. Las autoridades marroquíes también dieron «instrucciones de dejar pasar las embarcaciones de inmigrantes hacia las costas españolas». Estas acciones estuvieron planificadas por Fouad Alí el-Himma, consejero del rey Mohamed VI, y fueron dirigidas directamente por el propio monarca junto con el líder de la diplomacia marroquí, Nasser Bourita, y los máximos responsables del espionaje exterior e interior de Marruecos, Yassin Mansouri y Abdellatif Hammouchi, respectivamente. Toda esta información consta en tres informes del CNI a los que tuvo acceso La Marea.

La crisis bilateral estaba servida. España y Marruecos cortaron relaciones. Además de propiciar una crisis migratoria, los servicios de inteligencia marroquíes iniciaron una ofensiva judicial y mediática para «presionar al Gobierno de España para conseguir un posicionamiento favorable a Marruecos en el contencioso del Sáhara Occidental», según los documentos secretos del CNI.

En julio de 2021 se reunieron en secreto el entonces embajador de España en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, y su homóloga marroquí, Karima Benyaich. Marruecos pidió la cabeza de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, como gesto de buena voluntad para restablecer las relaciones. Una semana después, Pedro Sánchez destituyó a Laya y nombró para el puesto a José Manuel Albares, un perfil cercano a Rabat. Hay dos preguntas que todavía no tienen respuesta oficial por parte del PSOE: ¿nombró Sánchez al ministro Albares a petición de Marruecos? ¿Por qué accedió Sánchez a la exigencia de Marruecos en un asunto –la designación de ministros– propio de la soberanía española? Moncloa y Exteriores no responden a las preguntas de La Marea al respecto.

¿El espionaje con Pegasus influyó en el cambio de postura sobre el Sáhara?

En junio de 2022, en una entrevista con El Periódico, la ex ministra Arancha González Laya afirmó que su teléfono fue espiado. El ministro Félix Bolaños admitió que los teléfonos del presidente Sánchez y de los ministros de Interior, Defensa y Agricultura también fueron espiados. The Guardian publicó que al menos 200 teléfonos de España fueron espiados con el software israelí Pegasus. Tras el estallido de este escándalo, todas las miradas apuntaron hacia Rabat, pero hasta la fecha no hay una confirmación oficial ni pruebas sólidas que inculpen al vecino del sur.

Sin debate previo y sin informar al Congreso, en marzo de 2022 el gobierno de Pedro Sánchez cambió la postura oficial de España sobre el Sáhara, antigua colonia y provincia española. Hasta esa fecha, Zapatero había sido el único presidente en apoyar verbalmente el plan de autonomía marroquí, pero sin cambiar la postura oficial de España, que había formado parte de un consenso de Estado. La decisión del líder socialista supuso un terremoto político de izquierda a derecha y fue recompensada por Marruecos con el restablecimiento de relaciones diplomáticas.

La carta que Pedro Sánchez envió a Mohamed VI está redactada en francés y contiene errores gramaticales propios de quien trata de traducir literalmente expresiones o composiciones propias del castellano.La misiva tiene un poder simbólico pero carece de base legal, pues el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización, según la ONU. Además, España sigue siendo la potencia administradora del territorio, hasta el punto de que el espacio aéreo del Sáhara es gestionado por la empresa estatal española ENAIRE. Es España la que cobra y autoriza el paso de aviones por la antigua colonia, y no Marruecos, potencia que ocupa ilegalmente la mayor parte del territorio.

En público y en conversación con este medio, el exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos admitió haber participado en las gestiones que permitieron el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Marruecos. Actualmente, Moratinos es alto representante de la ONU para la Alianza de las Civilizaciones. Dos fuentes con larga trayectoria en la diplomacia española y cercanas a Moratinos afirman que el exministro ayuda a Marruecos a cambio del dinero que Rabat inyecta al organismo de la ONU que dirige. Las mismas fuentes explican que es la misma razón por la que Moratinos felicita a Teodoro Obiang, el dictador de la excolonia española de Guinea Ecuatorial, por ganar las «elecciones libres y democráticas» del país con el 98% de los votos a su favor. Nihal Saad, directora de la Alianza para las Civilizaciones de la ONU, responde a La Marea que este organismo no ha recibido aportaciones económicas de Marruecos desde 2019. La web de este organismo de la ONU no publica información detallada de sus donantes y su último informe financiero es de 2019.

Hay tres preguntas sin respuesta que despiertan la ira de los equipos de Moncloa y Exteriores: ¿Quién redactó esa carta? ¿Por qué Sánchez cambió la postura española sobre el Sáhara? ¿Tuvo este cambio alguna relación con el espionaje de los teléfonos del presidente Sánchez y sus ministros? Moncloa no responde a las preguntas de La Marea al respecto. Exteriores se limita a señalar que «sobre la posición de España sobre el Sáhara Occidental, el ministro Albares recordó que está expresada en la declaración conjunta del 7 de abril de 2022».

¿Tiene el espionaje marroquí barra libre en España?

Tres informes del CNI detallan la estrategia de Rabat para agitar a la opinión pública, contaminar los tribunales con causas judiciales falsas y divulgar propaganda e incluso amenazas veladas en medios de comunicación afines, todo con un único objetivo: conseguir cesiones del Gobierno de España en la cuestión del Sáhara Occidental. Estos documentos desglosan un total de 21 nombres de personas y asociaciones al servicio de la inteligencia marroquí en España. Los protagonistas de esta lista operan con total impunidad en territorio español con conocimiento del Gobierno. Entre otros, figuran el pseudosindicato Manos Limpias, el Club de Abogados de Marruecos e incluso Hach Ahmed, veterano diplomático del Polisario ahora a sueldo de Rabat. La Marea entrevistó a este líder saharaui antes de que entrara en nómina de los espías marroquíes tras fundar Movimiento Saharauis por la Paz, definida como «organización pantalla de la DGED» en un informe del CNI.

El Gobierno de España posee información pormenorizada sobre los pasos de Marruecos para obtener concesiones sobre el Sáhara. El Ejecutivo también conoce, con nombres y apellidos, qué personas, asociaciones, despachos de abogados y periodistas trabajan al servicio del Majzén. Entre estas personas también hay altos cargos policiales y exmilitares, políticos de distinta ideología y otras personalidades destacadas del Estado. En privado, no son pocos los agentes de los distintos servicios de información que expresan frustración: se arriesgan para obtener información sensible y elaborar inteligencia, pero su trabajo es inútil porque el gobierno de Sánchez actúa como si no supiera nada, incluso en detrimento de la soberanía nacional y de los intereses del país. Si el Gobierno sabe todo esto, ¿por qué no actúa en consecuencia?

Después de tantos desplantes, ¿por qué la relación sigue siendo «excelente»?

En 2007, los reyes de España visitaron Ceuta y Melilla. Marruecos respondió retirando a su embajador en Madrid. Desde entonces los monarcas españoles no han vuelto a pisar ninguna de las dos ciudades autónomas. De hecho, Ceuta y Melilla son los únicos territorios de España que Felipe VI todavía no ha visitado. Marruecos define a ambas ciudades como «territorios ocupados», aunque Melilla está bajo soberanía española desde 1497 y Ceuta desde 1668. Las aduanas comerciales siguen cerradas y asfixiando sus economías locales, a pesar de las reiteradas promesas de Marruecos para facilitar el tránsito de mercancías.

La relación de España y Marruecos está plagada de agravios, pero los dirigentes españoles insisten en todo momento en que estas gozan de excelente salud. En 1991, España y Marruecos firmaron el Tratado de Amistad, Cooperación y Buena Vecindad, que contemplaba celebrar Reuniones de Alto Nivel cada dos años, pero en estos 34 años solo ha habido 12. En la última, celebrada en 2023, el rey Mohamed VI dio plantón a Sánchez. Este no es el único agravio reciente. Por ejemplo, en 2020 el Parlamento marroquí amplió sus aguas jurisdiccionales hasta superponerlas a las aguas que rodean Canarias, de soberanía española.

El ala socialista del Gobierno y destacados ex altos cargos del partido insisten en que las relaciones son excelentes. Sin salirse del argumentario, subrayan que el país es un socio fiable y halagan su supuesta calidad democrática y su supuesto respeto a los derechos humanos. En este sentido destacan figuras como los exministros socialistas Juan Fernando López Aguilar, José Bono, Magdalena Álvarez y Cristina Narbona. En la lista también figura Trinidad Jiménez, que justificó el desmantelamiento violento del campamento saharaui de Gdeim Izik, o María Antonia Trujillo, que llegó a decir que Ceuta y Melilla «suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos». Otros no ocultan sus intereses económicos con Rabat. Por ejemplo, José Blanco, portavoz y hombre fuerte del gobierno de Zapatero, dirige Acento, unlobby que defiende los intereses del régimen marroquí en Bruselas.

La última visita oficial de Mohamed VI a España tuvo lugar en septiembre de 2000. Y Felipe VI no realiza una visita oficial al vecino del sur desde 2014. Si la relación es tan buena, ¿a qué se deben todos estos desplantes? Exteriores no responde a estas preguntas, sino que remite las palabras del ministro Albares durante la última visita de su homólogo marroquí, Nasser Bourita, subrayando que «las relaciones bilaterales se encuentran en el mejor momento de nuestra historia» y destacando que «los compromisos de la hoja hispanomarroquí siguen cumpliéndose a buen ritmo».

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Un PSOE promarroquí y un PP prosaharaui

ÓSCAR F. CIVIETA // Pocos temas provocan tan extraños compañeros de viaje como el del Sáhara. Y mucho más tras el abrupto cambio de rumbo del PSOE al respecto, oficializado por la carta que, el 14 de marzo de 2022, le envió Pedro Sánchez al rey Mohamed VI y en la que daba su apoyo a «la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007». Aquello provocó el rechazo inmediato de las formaciones a su izquierda, Podemos e Izquierda Unida, e incluso de algunos miembros del PSOE que, en 2023, crearon el grupo Socialistas por el Sáhara.

La postura del PSOE se reafirmó dos años después, cuando, en febrero de 2025, se votó la toma en consideración de una Proposición de Ley de Sumar para conceder la nacionalidad española a las y los saharauis nacidos en el territorio del Sáhara Occidental bajo la administración de España, y que continuaba el camino abierto por otra PL presentada en 2022 por Unidas Podemos, que acabó decayendo por el adelanto electoral.

Superó la toma en consideración con los votos a favor de todos los partidos, excepto del PSOE –que votó en contra– y Vox –que se abstuvo, aunque su diputado José María Sánchez llegó a decir que la exposición de motivos del texto no era falsa–.

El PP fue uno de los que votó a favor. De hecho, los populares forman parte del intergrupo ‘Paz y Libertad para el pueblo saharaui’, en el que están todos los grupos parlamentarios, excepto el PSOE y Vox. La voz cantante del PP en este asunto la lleva Carmelo Barrio, que, en X, se define como “vitoriano, alavés, vasco, español y europeo… y saharaui”. En una entrevista con El Independiente, aseguró que «lo de Franco fue una traición y una espantada. Y los pactos de Madrid, entregando el territorio a Marruecos y Mauritania, son una ilegalidad».

El Frente Polisario estuvo presente en el XXI Congreso del PP, celebrado en julio de 2025. Posteriormente, el ministro marroquí, y presidente del partido Istiqlal (miembro, como el PP, de la Internacional Demócrata de Centro), Nizar Baraka, mandó una misiva a Alberto Núñez Feijóo mostrándole su preocupación «ante la falta de claridad del Partido Popular en cuanto a su posición sobre la situación del Sáhara marroquí».

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‘La Marea’ ha contactado por escrito con las personas e instituciones mencionadas en este artículo para recabar posturas, sin éxito. El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Alianza de las Civilizaciones sí atendieron a este medio, pero contestaron con rodeos, eludiendo dar respuestas directas.

La entrada Sáhara Occidental: preguntas que irritan al PSOE se publicó primero en lamarea.com.

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La última semana de septiembre de 2024, los periódicos amanecieron con el titular de que el Ministerio del Interior había denegado la solicitud de asilo internacional a los 10 activistas saharauis que la habían solicitado en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Poco después, todos ellos fueron devueltos a Marruecos. Si son detenidos allí, encontrarán aislamiento, torturas y un abuso continuo de su dignidad, según denuncian diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos, a quienes, por otra parte, se les niega el acceso al país.

Hassanna Abba Moulay es el responsable de Relaciones Exteriores de la organización independiente Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes (LPPS), donde tienen contabilizados a 32 presos políticos saharauis. El detenido que lleva más tiempo encarcelado es Salek El Aseriy, en prisión desde 2004. Moulay habla desde El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental ocupado. Él mismo se encarga de tramitar las denuncias de vulneración de derechos ante las Naciones Unidas. «La situación de los presos saharauis es grave y se deteriora constantemente a pesar de las resoluciones emitidas. El Estado marroquí las ignora sistemáticamente», relata.

Este defensor de los derechos humanos afirma que las prácticas de represalia se han intensificado en los últimos años. Entre estas prácticas, recalca, está la denegación de tratamiento médico y asistencia sanitaria, el confinamiento en régimen de aislamiento prolongado (incluso durante años), la restricción o denegación de visitas familiares y el traslado de los presos a cárceles remotas lejos de sus allegados.

Resistencia civil no violenta

Moulay señala que la principal razón para el encarcelamiento de civiles saharauis es «su activismo pacífico en apoyo de la autodeterminación y su rechazo a la ocupación marroquí del Sáhara Occidental». Él mismo recuerda que desde el inicio de la Intifada por la Independencia en 2005, el pueblo saharaui ha adoptado la resistencia civil no violenta como forma de lucha. Sin embargo, Marruecos ha respondido con «una represión brutal», apuntilla.

Esta represión se ha materializado en la detención de defensores de derechos humanos y periodistas, el enjuiciamiento militar de civiles, montajes policiales y el uso de confesiones obtenidas bajo tortura como prueba en los tribunales, así como la persecución de todos aquellos que documentan las violaciones o denuncian el saqueo de los recursos naturales en el territorio ocupado. Según denuncia, «Marruecos utiliza su sistema judicial como herramienta política para silenciar las voces disidentes y suprimir la libertad de expresión».

Quebrar el espíritu de lucha

Los presos saharauis son objeto de un trato racista y discriminatorio en comparación con los presos marroquíes, además de estar expuestos a la tortura física y psicológica, «especialmente en respuesta a cualquier reivindicación de sus derechos», explica Moulay. Este activista también incide en que se les confiscan libros y correspondencia personal, y se les deniega el acceso a medios de comunicación.

Además, el Estado marroquí «incita a los presos comunes contra ellos, creando un ambiente de amenazas y violencia constantes». Todas estas acciones, defiende el propio Moulay, «no son meramente punitivas, sino que están diseñadas para quebrantar su espíritu y disuadirles de continuar su lucha pacífica dentro de la prisión».

En los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) está Mahfud Bechri, colaborador de Novact, una organización catalana en defensa de los derechos humanos, e integrante de Western Sahara is Not for Sale: «Los únicos contactos que tenemos con los presos son a través de sus familias, que de forma directa e indirecta también sufren la detención de sus seres queridos». Este activista subraya que la prisión más cercana con presos saharauis está a casi 1.000 kilómetros de El Aaiún.

Bechri critica que Marruecos niega la condición de presos políticos a los 60 saharauis encarcelados que asegura tener localizados en la actualidad. Esta realidad crea un caldo de cultivo condimentado con un miedo enorme que sufre el pueblo saharaui a la hora de reivindicar su derecho de autodeterminación, amparado por la ONU. «Muchos activistas me han dicho que prefieren dar un paso atrás por el daño que el Estado marroquí puede hacer a sus familias, a quienes estrangulan económicamente o les allanan la casa», comenta.

Marruecos es impenetrable

En este sentido, Moulay enfatiza que el papel de las organizaciones internacionales es «crucial» a la hora de supervisar las violaciones cometidas contra los presos saharauis. Alfonso López, coordinador de la estrategia de trabajo para el norte de África en Amnistía Internacional (AI), denuncia que no se les permite el paso a Marruecos para poder investigar lo que sucede en sus cárceles. «Y mucho menos ir al Sáhara Occidental», detalla.

Este miembro de AI destaca que «los presos saharauis están sometidos a un hostigamiento continuo» mientras que «Marruecos actúa sin ningún tipo de oposición por parte de ninguna autoridad que pueda vigilar si se respetan los derechos humanos en su territorio».

Así, se suceden las violaciones de derechos por parte de un Marruecos que no se somete a ningún control internacional. Mientras tanto, los integrantes de la LPPS siguen poniendo en riesgo incluso su vida para reclamar la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos saharauis; el reconocimiento de que sus juicios fueron ilegales, basados en pruebas obtenidas bajo tortura o falsificadas; la apertura de una investigación internacional independiente sobre las circunstancias de su detención, encarcelamiento y juicio; y una mejora de las condiciones carcelarias hasta su liberación.

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Sabíamos que era un tema que podía tocar el corazón de nuestros lectores y lectoras, pero no hasta este punto. Nuestra revista dedicada al Sáhara Occidental, coordinada por la periodista y escritora Laura Casielles y publicada el pasado mes de septiembre, se ha agotado físicamente. Aún puede adquirirse en formato PDF en nuestro kiosco –y os animamos a hacerlo para apoyar nuestro proyecto periodístico–, pero hemos decidido dar un paso más: regalarla.

Este obsequio hace honor al espíritu que siempre ha animado a La Marea, un medio digital cuyos artículos en línea son copyleft, sin muros de pago y sin cookies obligatorias con las que obtener réditos económicos a través de los datos de los lectores. Nuestra información es accesible y utilizable por todo el mundo. Y queremos seguir siendo la misma «casa abierta» que hemos sido durante casi 13 años.

La acogida que ha tenido el número dedicado al Sáhara Occidental ha demostrado que este es uno de los pocos temas verdaderamente transversales en nuestro país. Aquella traición cometida hace ahora 50 años sigue afligiendo a una gran parte de españoles y a todos los saharauis que hoy, tanto tiempo después, aún viven bajo un régimen no elegido y represor.

En nuestro número actual, el 109, hemos vuelto al Sáhara Occidental para dedicarle íntegramente nuestro suplemento cultural, El Periscopio. Y vamos a continuar sumando y ampliando reportajes en nuestra web. Para La Marea es esencial tratar los temas en profundidad, con investigación y análisis. No queremos saltar de uno a otro, pero sí nos gusta haberlo hecho físicamente, hasta llegar a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. Gracias a quienes habéis llevado ejemplares hasta Tinduf, incluido el depositado en los fondos del archivo nacional de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Si deseas leer el especial de ‘La Marea’ incluido en el número 108, puedes descargarlo aquí:
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En febrero de 1976, en mitad del exilio y la guerra, la fotógrafa francesa Christine Spengler inmortalizó a Nuena Djil Bani, fusil al hombro, cargando en brazos a su bebé. Aquella imagen se convirtió en un símbolo de la lucha del pueblo saharaui por la libertad. Cincuenta años después, la protagonista de esa foto recuerda cómo en aquel momento ella y sus compatriotas lidiaban con «el impacto psicológico de la ocupación y el exilio».

Nació en mayo de 1956 en Amgala, en el Sáhara español. En esta pequeña ciudad, conocida por sus manantiales de agua, se libraron algunas de las batallas más cruentas entre el Frente Polisario y las tropas de ocupación marroquíes. Antes de la guerra ella y su familia se movían con libertad por el desierto, como tantos saharauis. Ahora la localidad, a escasos metros del muro militar erigido por Marruecos con ayuda de Arabia Saudí e Israel, está rodeada de minas antipersona. Nuena mantiene vivo el sueño de regresar a su tierra en libertad: «Mi deseo es que ese día llegue, que la alegría y la felicidad inunden a todo el pueblo saharaui bajo la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática». Está orgullosa de su gente y de la valentía de quienes dieron la vida en el frente.

Hoy, algunos jóvenes consideran que no hay otra salida que volver a la lucha armada. Nuena opina que este conflicto tiene unas causas específicas, y si estas no desaparecen, el pueblo saharaui tiene legítimo derecho a retomar las armas.

Nuena Djil recuerda con nitidez un día concreto de 1974. De repente, tres de sus hermanos aparecieron en casa cubiertos de pintura roja. Aquello le impactó. Todavía no lo sabía, pero la policía española solía rociar con pintura a los saharauis que se manifestaban para después perseguirlos y encarcelarlos. Un día encontró un papel de uno de ellos y quedó fascinada. Tenía delante los 16 principios de la revolución saharaui: derecho a la autodeterminación y la independencia; unidad árabe, africana y del Tercer Mundo; lucha contra el colonialismo; constitución de un Estado democrático islámico; derechos y libertades fundamentales; igualdad y promoción de la mujer y los jóvenes… Nuena pidió explicaciones a su hermano, que se enfadó al ver que hurgaba en sus cosas. Él solo le dijo que algo muy importante estaba ocurriendo. Los saharauis ya llevaban tiempo luchando para liberar a su pueblo del yugo colonial español.

Al año siguiente, en 1975, estalló todo. Fue entonces cuando Nuena dio el paso y se involucró en el movimiento de liberación. El 14 de noviembre, con Franco agonizando, el joven rey Juan Carlos dio orden a las tropas españolas de abandonar la provincia del Sáhara Occidental. Los ejércitos de Marruecos y Mauritania invadieron el territorio.

Nuena empezó a involucrarse más y más en la resistencia. Lo hizo de forma clandestina, sin integrarse en una célula organizada del Frente Polisario. Su primera misión consistía en ocuparse de guardar y administrar documentos y dinero con el que se compraban enseres y suministros para apoyar la lucha. Por su hogar pasaban todo tipo de mandos militares del Polisario antes de momentos clave, como las reuniones con representantes españoles o las visitas a los familiares de los «mártires», aquellos que habían dado su vida por la libertad del Sáhara.

La huida de casa

Un día de 1976 el marido de Nuena llegó a casa exaltado. Le dijo que debían irse de inmediato. Las fuerzas marroquíes estaban apresando a los saharauis. Circulaban las primeras informaciones sobre torturas y bombardeos. Pusieron rumbo a Dajla, en el sur del país. Nuena entendió la magnitud de lo que estaba sucediendo al ver a miles de personas llegadas de todas partes, con lo puesto, en busca de un lugar seguro para sus familias. Poco después Nuena, su hija y su hijo, muy pequeños entonces, fueron a Smara, donde encontraron un ambiente aún más pesado.

Aires de guerra, rostros de miedo e incertidumbre bajo un sol abrasador. Cuatro días después, Nuena supo que el ejército marroquí estaba acercándose a Smara. Ella y su marido ayudaron sin descanso a todo el mundo a subir a camiones para alejarse y ponerse a salvo. Fueron a Mahbes, en el extremo nordeste del Sáhara, cerca de la frontera con Marruecos y Argelia. Nuena recuerda lo traumático de aquel camino, con ataques y bombardeos constantes de la aviación marroquí. Fue testigo de cómo esta «usó armamento prohibido internacionalmente contra población civil e indefensa, como el fósforo blanco y el napalm». En los campos de refugiados todavía se ven las secuelas que sufren muchas personas que sobrevivieron a estas armas ilegales. Nuena no tiene dudas de que «Marruecos tenía la clara pretensión de llevar a cabo un genocidio». Ningún mando militar marroquí ha rendido cuentas ante un tribunal por estos hechos.

En el camino del exilio hacia Tinduf (Argelia) iban escuchando una radio. Supieron que Dajla también había sido bombardeada. Se enteró de que su hermana había sido herida y su sobrina había fallecido. La tristeza lo inundó todo.

Nuena forma parte de la memoria viva del pueblo saharaui y aquellos años de guerra descarnada. Ella y sus hijos llegaron una semana después a Rabuni, en Argelia, «país que nos acogió como a hermanos». Allí está actualmente la sede de la RASD, el gobierno saharaui en el exilio. Cincuenta años después, todavía expresa agradecimiento hacia aquella familia que les dio una pequeña carpa en la que estuvo viviendo sola con sus hijos una semana. Días después, sintió alivio cuando un camión trajo a su madre, su hermana y otros familiares que habían logrado sobrevivir a las bombas.

El Uali Mustafa Sayed, «el che Guevara saharaui», líder y cofundador del Frente Polisario, decidió lanzar una operación contra la capital de Mauritania el 9 de julio de 1976. Aquel ataque hizo que el ejército mauritano se retirara de la guerra, pero no fue gratis. Nuena lo recuerda bien porque entre los muertos estaban su marido y también El Uali. «Aquello marcó drásticamente mi vida», afirma.

En esos días llegaban a Rabuni miles de civiles saharauis; a finales de 1976 crearon la wilaya (una forma de división administrativa que en Tinduf corresponde a cada uno de los campamentos) de El Aaiún, en referencia a la capital del Sáhara. Los saharauis ponen a cada wilaya el nombre de una ciudad del territorio que dejaron, reproduciendo así el mapa desde el exilio: Dajla, Smara, Auserd… Nuena recuerda que hicieron un pozo y lo bautizaron como «el pozo de la revolución». Ella y su hermana sabían leer y escribir –«gracias a mi hermano Aba Adkhil Bani, que en paz descanse»–, así que se ocuparon de elaborar listas y censos y organizar el campamento, entre otras muchas tareas.

Múltiples frentes

Desde entonces Nuena ha desempeñado muchas más funciones: dirigió la Media Luna Roja saharaui, fue secretaria adjunta de orientación política en su daira (‘barrio’), incluso dirigió todo lo relativo a cultura en el campo de refugiados de El Aaiún, un rol destacado porque, a su parecer, «permitía la liberación de las mujeres para poder trabajar más y hacer que el día a día fuera más próspero». Incluso llegó a ser una de las dirigentes de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, donde apostó por que mujeres más jóvenes adquirieran cargos de poder. En 1983 volvió a casarse y, de nuevo, perdió a su marido en combate. Su último cargo llegó en 2018 a propuesta del Ministerio de Defensa: dirigir la escuela militar de mujeres. Aceptó: «En defensa de mi marido y mis tres hermanos, que cayeron en la guerra».

Nuena ha recorrido el mundo denunciando los abusos contra el pueblo saharaui. Estuvo en México, Cuba, Chile, Nicaragua, Panamá, Venezuela y Francia, donde se especializó en organización de bibliotecas. Y conoce bien España, donde ahora recibe tratamiento médico por un delicado cuadro asmático, común entre los saharauis que viven en  los campamentos.

De la guerra aprendió que «es un engaño y una mancha de deshonor en la frente de quien la provoca, pero también una lección para saber quién es el verdadero amigo, quién es el enemigo y a quién debemos nuestro agradecimiento». Habla de las autoridades de España y la «traición histórica al pueblo saharaui» con su tono más serio. Pide que España revise «el nefasto Acuerdo Tripartito de Madrid» y «revele el destino de Sidi Brahim Basiri, líder histórico, que fue torturado y desaparecido en la época colonial española».

La hospitalidad es un valor central de la cultura saharaui. El agradecimiento es un arte que este pueblo domina y demuestra en gestos y actos de reciprocidad. Nuena quiere que esta entrevista termine con su agradecimiento: «A quienes nos apoyan, y también a La Marea, por dar voz a nuestra causa y contribuir a que el mundo conozca la verdad de nuestro pueblo y su incansable anhelo de libertad y justicia».  

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La Ley de Descolonización del Sáhara Occidental se publicó en el BOE el 20 de noviembre de 1975. Sí, exactamente: el día de la muerte de Franco. Apenas dos días antes, el asunto se había dejado bien atado en las Cortes, en una votación en la que 100 diputados estaban ausentes. La ley en cuestión estaba firmada por Juan Carlos de Borbón –el mismo que unos meses antes había asegurado que «no abandonaría» al pueblo saharaui– y constaba de un solo artículo.

Casi un siglo de colonización española se pretendía resolver así: sin un detalle, sin una garantía. «Salvaguardando» –eso sí– «los intereses españoles». Para entonces, habían pasado ya más de dos semanas de la Marcha Verde, y la ocupación marroquí avanzaba, haciendo real de facto una nueva situación que tenía muy poco que ver con una descolonización.

La presencia española en el Sáhara comenzó en 1884 con tres casetas en la Bahía de Cintra (frente a Canarias, algo al sur de lo que hoy es Dajla). La zona estaba habitada por población saharaui nómada, cuyo vínculo con el territorio no se construía a través de la demarcación ni de la propiedad, así que en un primer momento no hubo apenas conflictos.

Las tribus se relacionaban con esta nueva presencia como lo habían hecho hasta entonces con otros poderes de la zona, incluido el sultán de Marruecos: acuerdos comerciales que no implicaban otro tipo de sometimiento. Pero España estaba jugando al birlibirloque en otra parte. Algo después llegó la Conferencia de Berlín, donde Europa se repartió a escuadra y cartabón el continente africano, y en ese trazado de líneas la zona pasó a llamarse Sáhara Español. Y lo cierto es que, durante algunas décadas, no pasó mucho más.

La riqueza del Sáhara

La cosa empezó a cambiar en 1949, cuando se descubrió en su subsuelo una riqueza importante: los fosfatos (empleados sobre todo en fertilizantes químicos). Fue entonces cuando empezó a articularse una industria –cuyo centro era la empresa minera Fos Bucraa, con su cinta transportadora como una cicatriz de 100 kilómetros–, que llevó a su vez a la construcción de ciudades como El Aaiún o Villa Cisneros. El momento coincidió, además, con una época de fuertes sequías, que dificultaban notablemente la vida para la población nómada.

Esto facilitó que los y las saharauis accediesen a sedentarizarse en esas ciudades de reciente creación y a trabajar como mano de obra. Así, las décadas de 1950 y 1960, en las que buena parte de las naciones africanas se independizaban, fueron precisamente el momento en que la colonización española en el Sáhara Occidental se intensificó, en un anacronismo que se viene arrastrando hasta nuestros días.

Para poder mantener esa presencia en un momento en que el clima político, la ONU y el sentido común ya llamaban a otra cosa, el franquismo colonial se valió de subterfugios. El más notable fue el de convertir al territorio en la provincia número 53 de España. Desde 1958, el Sáhara fue, a todos los efectos legales y administrativos, igual que Asturias, Murcia o Albacete. Sus habitantes tenían DNI, iban a la escuela española y salían en el No-Do. Ese era el estado de cosas cuando en 1975 se publicó en el BOE aquella ley de un solo artículo. 

A día de hoy, otra ley, la de Memoria Democrática –aprobada en 2022 por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos– no recoge ni una sola mención a la colonización de España en este ni en ningún otro territorio. A menudo se piensa que hacerlo sería una cuestión simbólica, una reparación en términos conceptuales. Pero no es así, y el caso del Sáhara es flagrantemente claro en ese sentido. Más allá de que sea justo y necesario el mero reconocimiento de la violencia y expolio inherentes a la colonización, en esta historia hay además hechos muy concretos, e innegablemente análogos a los que sí que reconocemos con claridad en otras búsquedas de verdad, justicia y reparación.

Porque para cuando llegó 1975 sí que habían pasado algunas otras cosas. Desde el final de la década de 1960 comenzó a organizarse en la sociedad saharaui un movimiento nacionalista. Aunque su existencia se permitió hasta cierto punto, hubo también momentos de enfrentamiento, como los llamados sucesos de Zemla, en 1971, en los que desapareció Sidi Brahim Mohamed Basir, Basiri, presuntamente a manos de la policía de la administración colonial. Su paradero nunca se ha resuelto.

Con el DNI en el bolsillo

Es solo un ejemplo. Hay decenas más que permanecen anónimos y enterrados bajo la arena: quienes desaparecieron durante las semanas posteriores a la Marcha Verde. Cuando se encuentran sus restos en fosas comunes, a menudo aparece en sus bolsillos un DNI español, una tarjeta de trabajador de Fos Bucraa, una cartilla de la Seguridad Social.

Y no son solo los muertos. También están las personas vivas que sufren a día de hoy las secuelas de los ataques con armas químicas durante su camino hacia el éxodo. Uno de los bombardeos más conocidos fue el de Um Draiga, en febrero de 1976, en el que se utilizó napalm y fósforo blanco sobre población civil. El número de muertos se cifra entre 2.000 y 3.000 solo en aquellos días. Por este y otros casos, en 2015 la Audiencia Nacional española admitió a trámite una querella para procesar a 11 altos cargos marroquíes bajo la acusación de genocidio. El procedimiento sigue sin resolverse.

Quienes sí llegaron a su destino, los campamentos de refugiados de Tinduf, no han vuelto a salir de ellos. En la inmensa precariedad de un lugar inhóspito, sobreviven con secuelas y traumas. También los de la guerra, que duró más de una década. En otras partes, a quienes participaron en conflictos bélicos y conviven con sus consecuencias se les atiende de manera específica, entendiendo la muy probable afectación de su salud mental tras esta experiencia: en el Sáhara Occidental, estamos hablando de prácticamente el total de la población masculina mayor de 60 años.

Todo esto ocurrió bajo una disposición legal muy clara: mientras no se realice la descolonización en los términos mandatados por la ONU desde 1970 –a saber, un referéndum de autodeterminación–, España sigue siendo la potencia administradora del territorio. La responsable, por tanto, de las vulneraciones de derechos humanos que ocurran en él.

Aquel párrafo sin detalles ni garantías publicado en el BOE el 20 de noviembre de 1975 queda como apenas una nota al pie en una jornada que se celebra en el recuerdo como el paso de España a una nueva época. Ya sabemos que los pactos que apuntalaron la llamada «transición a la democracia» tuvieron mucho de concesión y mucho de silencio: lo ocurrido en el Sáhara es uno de los ejemplos más evidentes de lo que este país permitió en nombre de su tranquilidad. Un canario en la mina de lo mal hecho cuyo silencio hace medio siglo que nos viene avisando de algo, por más que nos empeñemos en no escuchar.  

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Hafdallah Mohammed Al Sheikh no puede olvidar la muerte de un niño de 13 años (Alben Sidi Alben Ahmin) que cuidaba de los camellos junto a su abuelo y su tío en las zonas liberadas del Sáhara Occidental. «Fueron blanco de un misil teledirigido marroquí», relata. Desde que se reanudó la guerra entre Marruecos y el Polisario, en 2020, Al Sheik ha acompañado en numerosas ocasiones a miembros del Ejército Popular Saharaui al frente para «documentar acciones de combate y buscar la verdad de esta guerra», explica.

«Soy un joven nacido en asilo. Mi deseo más simple era ver mi tierra y la tierra de mis antepasados, y disfrutar de mis derechos básicos en un país donde reinen la paz y la estabilidad», expone Al Sheik, una de las voces consultadas por La Marea para realizar su dossier especial dedicado al Sáhara Occidental en el 50º aniversario de la traición cometida por España al pueblo saharaui y la subsiguiente ocupación ilegal de Marruecos. «Desde aquella Marcha Negra marroquí, mi pueblo sufre como refugiado y está privado de sus derechos más elementales, de una vida digna», dice.

La demanda de Al Sheik es igual a la pronunciada durante cinco décadas por sus compatriotas: ¿por qué no se cumple la ley cuando se trata de su pueblo? «España no ha cumplido con sus deberes respecto al territorio que ocupó y Naciones Unidas tampoco ha sido capaz de aplicar las leyes internacionales respecto a los países colonizados, ni tampoco de celebrar un referéndum que garantice la libertad de elección», denuncia.

Al Sheik vive en los territorios liberados, al este del muro de 2.720 kilómetros que divide de norte a sur el Sáhara Occidental. Un muro que Marruecos empezó a sembrar con millones de minas antipersona en los años ochenta y que sigue aumentando en número y amenazando a los saharauis a día de hoy.

El 13 de noviembre de 2020, el Ejército marroquí cruzaba el paso fronterizo del Guerguerat y rompía los términos del Acuerdo Militar número 1 y, con ello, el alto el fuego suscrito en 1991 con el Frente Polisario al amparo de la ONU. Al Sheik decidió entonces que debía acompañar a los defensores de su tierra como parte de su «trabajo periodístico».

«A lo largo de estos viajes, he documentado en audio y vídeo acciones de combate y de reconocimiento. Puede verlas con mis propios ojos», narra. «Pude ver las bases y atrincheramientos de los soldados marroquíes a lo largo del muro, fui testigo de cómo los combatientes saharauis se infiltraban en esas bases e intercambiaban disparos, tanto con artillería pesada como con impactos directos, y fui testigo de los bombardeos de los drones marroquíes sobre esas bases». Públicamente, Marruecos niega que exista una guerra. Los medios de comunicación tampoco se ocupan de ella.

«Observé cómo los drones marroquíes bombardeaban a civiles… y a todo lo que se movía. Era como ver una película de suspense», relata Al Sheik, quien defiende que la resistencia armada está amparada por la legalidad internacional. «El nacimiento del Frente Popular es un derecho garantizado por las convenciones internacionales como movimiento de resistencia y liberación. Igual que el nacimiento de la República Árabe Saharaui Democrática fue el resultado inevitable de un derecho histórico y legal».

Tras ser testigo de la contienda en primera persona, Al Sheik lamenta la poca atención que han recibido las «masacres cometidas por el ejército marroquí contra civiles saharauis» tras la reanudación de la guerra. «Me parece injusto que todas estas violaciones marroquíes no sean vigiladas y documentadas por la comunidad internacional».

«Durante 50 años, el colonialismo marroquí ha violado injustamente los derechos y el honor de mi pueblo. Durante 50 años, el colonialismo marroquí ha saqueado las riquezas y los recursos de mi país, violando los convenios internacionales», dice Al Sheik. Hoy, después de tanto tiempo, después de tantas promesas e ilusiones frustradas, explica, «es difícil hablar del viaje y las aspiraciones de un pueblo y una causa para conseguir los derechos más básicos: la libertad y la independencia».

Testimonios: Laura Casielles | Edición: Manuel Ligero

Esta entrevista con Hafdallah Mohammed Al Sheikh forma parte del trabajo realizado para elaborar el dossier que ‘La Marea’ le dedicó al Sáhara Occidental en su número 108. Puedes comprar la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente.

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Cuando se habla del Sáhara Occidental, en la conversación siempre acaba saliendo la idea de la “legalidad internacional”. Pero ¿qué significa eso? Hablamos con la abogada Inés Miranda, que forma parte de la Comisión de Derechos Consejo General de la Abogacía Española y preside la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), para aclarar cuáles son las claves de esa realidad que ampara las reivindicaciones saharauis.

1.- El Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización

“Naciones Unidas tiene reconocido al territorio saharaui como un TNA, como un territorio no autónomo en proceso de descolonización. Esto significa que la potencia colonial no ha concluido su tarea de descolonizar y de acompañar al territorio en su proceso de independencia. Lo que tenía que haber hecho España antes de abandonar el territorio, de acuerdo con los acuerdos adoptados hasta el año 1975 y siguiendo las reiteradas resoluciones de Naciones Unidas, era concluir ese proceso escuchando la voluntad del pueblo saharaui en un referéndum”.

2.- España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental… y no cumple con sus obligaciones

“Esto implica que sigue siendo la responsable de lo que acontece en el territorio. Así lo determinan los artículos 74 y 75 de la Carta de Naciones Unidas. Además del referéndum, establecen otra vía para que un territorio pase de una potencia administradora a otra, que es que haya sido aceptada por unanimidad por la Asamblea de Naciones Unidas. Esto, hasta el día de hoy, jamás ha pasado.

Decir que España hace dejación de sus derechos es hacer una concesión. España incumple sus obligaciones como potencia administradora. Hay responsabilidad y culpabilidad por parte del Gobierno de España del momento y de los sucesivos gobiernos que ha tenido el Reino de España, que jamás han considerado esta esta cuestión como un asunto de Estado.

Jamás se han puesto a trabajar como lo hizo Portugal con Timor, que es un ejemplo clarito porque además tenía una potencia bastante cruel ocupando el territorio, pero se consiguió, y en el año 1999 pudieron votar.

Y aún más: este es uno de los pocos casos en los que la potencia administradora dota militarmente a la potencia ocupante para que aniquile a la población sobre la que tiene una obligación. España regala y malvende armamento a Marruecos, y Marruecos lo utiliza contra el pueblo saharaui”.

3.- La legalidad internacional no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio

“Por un lado, el Sáhara Occidental está reconocido como territorio pendiente de descolonización desde 1963; y la resolución 34/37 de la Asamblea General de la ONU establece desde el año 1979 la legitimidad del Frente Polisario como su representante. Además en el año 1975 Marruecos decidió buscar otra solución y preguntó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (la misma que ahora se está pronunciando sobre Israel) cuál era la condición del Sáhara Occidental. La respuesta fue, primero, que no es una terra nulius, sino que antes de la colonización había una población existente que venía ejerciendo su soberanía y sus competencias desde tiempo atrás, que era el pueblo saharaui. Y, segundo, que no hay ninguna relación entre el pueblo saharaui y Marruecos”.

4.- Los Acuerdos de Madrid son ilegales

“En primer lugar, porque no se puede mercadear con la soberanía de un territorio. En aquel momento había negociaciones en Naciones Unidas para que se celebrase el referéndum, el rey emérito español fue a decirles que se iba a derramar hasta la última gota de sangre para defender al pueblo saharaui y al territorio… y, al final, dos días después, se firmó este abandono. Por otro lado, estos acuerdos jamás fueron publicados, son secretos. Un acuerdo no publicado, ¿a quién vincula? A quien lo firma y punto”.

5.- Marruecos ocupa el territorio del Sáhara Occidental con la complicidad de España

“España se confabuló con la potencia que quería apropiarse del Sáhara Occidental, que es Marruecos. El proceso de abandono del Sáhara no fue pacífico por parte de España: no hacer también es violencia. España, además de jugar con la frontera adelante y atrás para delimitar la entrada de la Marcha Verde, que como sabemos fue una marcha militarizada, también procuró, en la medida en que le fue posible, que la población saharaui no saliera. Impedir que la población salga para salvar su vida también es una manera de colaborar en el genocidio”.

6.- La situación en el Sáhara supone una violación del Tratado de Buena Vecindad de Marruecos con la UE

“El Tratado de Buena Vecindad que tiene la Unión Europea con Marruecos, en su artículo 2, dice claramente que si se vulneran los derechos humanos de una de las partes, el convenio será denunciado. Hemos insistido a España para que denuncie el convenio porque Marruecos viola ese artículo en tanto mantiene una guerra de ocupación con el Sáhara Occidental”.

7.- La UE no puede firmar acuerdos comerciales con Marruecos que impliquen recursos saharauis

“La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los acuerdos de pesca y las convenciones que la Unión Europea pueda firmar con Marruecos dice que el Sáhara Occidental no entra en el ámbito de las competencias de Marruecos, y que por tanto no puede firmar acuerdos sobre ese territorio. Asienta que no basta con que los recursos expoliados puedan repercutir en la población saharaui, sino que lo importante es el consentimiento expresado por el pueblo saharaui. Me empeño en hacer esta distinción entre pueblo y población, porque por población podemos entender a todo el que ocupa el territorio. Lo que cuenta tiene que ser el consentimiento del pueblo saharaui expresado por su legítimo representante, que es el Frente Polisario. Aunque también hay sombras en la sentencia: hay algo que es insólito en derecho, que es que establece una especie de vacatio legis, un plazo para que se pueda ejecutar. Es como decir: ‘Esto es un delito, pero lo puedes estar cometiendo durante un año’. Esto se hace ‘para evitar perjuicios económicos’, con lo que parece que da exactamente igual los derechos del pueblo saharaui, que es lo que se estaba vulnerando. Si mañana el pueblo saharaui accede a la independencia, podrá reclamar por todo el lucro cesante, y se lo tendrá que reclamar a España y ahora también a la Unión Europea.

Otra cuestión es que es una sentencia territorial, es decir, sólo vincula a las partes afectadas por el procedimiento: la Unión Europea y Marruecos. Pero Marruecos sigue violando el derecho internacional, pacta con Rusia, pacta con China y sigue expoliando los recursos naturales del Sáhara Occidental. Eso lo hemos visto nosotros en nuestras múltiples asistencias al territorio hasta que, directamente, se nos ha impedido la entrada. Hemos constatado la presencia, por ejemplo, de barcos nodriza chinos y rusos que vienen, entre otros, desde el puerto de Las Palmas. Y esto se une al importante puerto que se está construyendo en Dajla con fondos españoles y europeos. Es un expolio y hay empresas españolas que están trabajando ahí”.

8.- Dos autos de la Audiencia Nacional reconocen estos mismos puntos

“En 2015 planteamos una querella por genocidio [contra 11 altos cargos militares marroquíes], que se admitió y se empezó a tramitar. Hay testimonios de desaparecidos que prestaron su declaración, se exigieron comisiones rogatorias, y el propio auto [del juez Ruz] reconoce que se está en un proceso de descolonización que no ha concluido. Pero era importante tomar declaración a los presuntos culpables querellados, y ahí tocábamos siempre con la negación de Marruecos de colaborar y la inacción por parte de la Administración española. Nos topábamos con la falta de voluntad política de que esto se tramitara. Llegamos a solicitar órdenes de detención contra algunos de los querellados que estuvieron en España, reunidos con ministros gobernando el Partido Socialista, pero no se les detuvo, habiendo una euroorden de detención y pudiendo haberlos detenido. Por otro lado tenemos, producto del violento desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, otro auto, de julio del 2014, del entonces juez Grande-Marlaska, que fue mucho más allá: habla de que España es la responsable de lo que acontece en el territorio hasta que concluya la descolonización. Y es el mismo juez que ahora mismo se ha posicionado en la postura en la que está el presidente del Gobierno de España”.

9.- Marruecos condena a saharauis en juicios para los que no es competente

“Marruecos celebra juicios para los que no es competente. La ocupación no exime de obligaciones a la fuerza ocupante. Existe un derecho, que es el derecho humanitario, que tiene que ser aplicado y respetado. La administración de justicia puede actuar sobre cuestiones de gestión diaria de la vida -hurtos, multas de tráfico…-, pero no puede en ningún momento enjuiciar ni actuar contra una persona que luche por los derechos de autodeterminación de su pueblo o por ninguna reivindicación política o en defensa de derechos humanos.

Tampoco puede trasladar a la población del TNA a tribunales en el territorio marroquí, y mucho menos a cárceles marroquíes. La situación de los presos políticos es una situación de dispersión y de apartheid dentro de la cárcel. No se les trata como presos políticos ni como presos de conciencia, se les da un trato que les asemeja a los presos por terrorismo. Yo siempre he dicho que son rehenes. No se permite la visita de observadores internacionales, se dificulta la visita de familiares. En el caso de Gdeim Izik no se permitía hasta hace poco ni la de los propios abogados que les habían defendido. Hemos visto cadenas perpetuas por hablar mucho menos de lo que estamos hablando nosotras aquí. Denunciamos también la postura de España, porque sale con toda la razón a denunciar la existencia de presos políticos en otros países, pero de los que ella es responsable no dice absolutamente nada”.

10.- El actual posicionamiento del gobierno de España incumple la Constitución y el derecho internacional

“El posicionamiento de Pedro Sánchez es el mismo que desde el año 2006 se viene trabajando por el Partido Socialista, por Zapatero, por algunos parlamentarios que parecían amigos del pueblo saharaui, y por supuesto por Felipe González. Pero el señor Sánchez ha tomado una decisión que va contra la Constitución, porque la política exterior no le compete a él, le compete al Gobierno. Además, tiene que respetar el derecho internacional, y como potencia administradora tiene que actuar, no hay más vuelta de hoja. No tiene que hacer nada más que eso, cumplir la ley, que es algo que no ha hecho desde el año 75 hasta la actualidad”.

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El delegado del Frente Polisario en nuestro país se muestra orgulloso de su pueblo por haber sabido mantener viva la causa del Sáhara Occidental entre la opinión pública española, «y ello pese a que el ‘lobby’ marroquí tiene en nómina a medios y profesionales a los que paga por difundir un relato falseado».

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Cuando Farah Dih habló en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en 2019, recordó que hay 17 territorios no autónomos en el mundo a los que «se les ha negado la oportunidad de decidir su propio destino». Uno de ellos, el suyo: el Sáhara Occidental. Ya entonces se mostró preocupada por que este organismo hubiera «olvidado los principios originales sobre los que se fundó». Uno de esos principios era el de la desconolonización. El tiempo le ha dado la razón a Dih: hace sólo unos días el Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor de una resolución en la que afirmaba que la autonomía bajo soberanía de Marruecos «podría constituir la solución más viable» para superar el conflicto. E instaba a las partes (Marruecos y el Frente Polisario) a negociar sobre esa base. La invasión, los bombardeos con napalm sobre la población civil, la ocupación ilegal de un territorio, la imposición de un régimen represivo que viola sistemáticamente los derechos humanos ha pasado a ser, en el lenguaje diplomático y 50 años después, un conflicto entre dos partes. «Si la erradicación del colonialismo sigue siendo una prioridad en la agenda de la ONU, como proclama el señor Guterres, ¿cuándo van a estar dispuestos a cumplir sus palabras», objetaba Dih en su intervención.

Farah Dih nació en 1991 –el año del alto el fuego y de la creación de la Minurso– en los campamentos de población saharaui refugiada en Tinduf (Argelia). Después de formarse en filología en las universidades de Valladolid, Nebraska-Lincoln y Nueva York, actualmente es profesora de esta última institución en su campus de Madrid. Combina su labor docente con la escritura de ficción y es una de las voces saharauis con las que hemos contado en La Marea para hacer nuestro dossier especial en el último número.

Para Dih, 50 años después de la traición española y la invasión marroquí, es «fundamental hablar de la amnesia histórica y el olvido selectivo del Estado español respecto a su pasado colonial en África, concretamente en el Sáhara Occidental y en Guinea Ecuatorial».

«Necesitamos que se hagan reparaciones de manera oficial, empezando por revertir el reciente reconocimiento del Gobierno español de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, pero también dando una mayor visibilidad a la cuestión colonial desde las instituciones», añade. «Necesitamos que se estudie, que se enseñe y que se reconozca el problema para poder sanar unas heridas que no solo siguen abiertas, sino que se han infectado».

Como todas las personas saharauis consultadas para componer nuestro dossier, Dih resalta el papel de las mujeres en la resistencia de su pueblo, pero señala una particularidad que le atañe personalmente: «A día de hoy, muchas mujeres saharauis vivimos entre dos mundos. Y no me refiero a la dualidad cultural de sentirnos saharauis y españolas (que también), sino a la paradoja de estar luchando juntas por la libertad colectiva de nuestro pueblo mientras este, irónicamente, tiende a rechazar nuestro propio derecho a la libertad individual».

Dih, como muchas otras saharauis de su edad, se desmarca cultural y generacionalmente de ciertos modos y costumbres. «Hablo de las que hemos decidido no encajar (o quizá nunca lo hemos hecho) en los moldes tradicionales: las que no llevamos velo, las que vestimos como queremos, las que hemos tomado de la cultura saharaui (y de la española) lo que nos ha convenido para crear una identidad propia, mestiza y diversa», explica.

Para ellas, el camino de la emancipación ha sido muy diferente al de las mujeres occidentales: «Es curioso ver que mientras las feministas blancas españolas luchan por cambiar los cánones de belleza —el de las cirugías estéticas, la delgadez extrema, los filtros de Instagram, etc.—, nosotras libramos otra lucha casi inversa. La de poder arreglarnos y vestir con libertad, de elegir con quién relacionarnos afectivamente y de desafiar unas normas sociales ancladas en el pasado, que se siguen reproduciendo de generación en generación».

Testimonios: Laura Casielles | Edición: Manuel Ligero

Esta entrevista con la profesora Farah Dih forma parte del trabajo realizado para elaborar el dossier que ‘La Marea’ le ha dedicado al Sáhara Occidental en su último número. Puedes comprar la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente.

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El Festival Internacional de Cine del Sáhara Occidental (FiSahara) no se ha podido celebrar este año en su sede habitual: los campamentos de población saharaui refugiada en Argelia. Lo hará en Madrid, del 6 al 8 de noviembre, coincidiendo con el 50º aniversario de la Marcha Verde –llamada Marcha Negra por los saharauis– con la que Marruecos inició su ocupación ilegal del territorio. A pesar del cambio de emplazamiento, el festival contará, como de costumbre, con proyecciones, mesas redondas y actividades paralelas centradas en una traición, una invasión y un expolio que cumplen ahora medio siglo.

La organización recupera este año un lema ya utilizado en la XVIII edición del festival celebrado en los campamentos: «Resistir es vencer». La frase tiene una nueva resonancia después de que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara, a instancias de Donald Trump, el plan de autonomía para el Sáhara redactado por Marruecos. Miles de saharauis se manifestaron la semana pasada contra esa decisión y sus voces se harán oír, sin duda, también en Madrid.

El FiSahara arrancará el próximo jueves en la sala Mirador, con un homenaje a Mariem Hassan, la más importante cantante de música popular saharaui. Enferma de cáncer, se retiró a los territorios liberados del Sáhara y antes de morir (en 2015) dejó filmado su último testimonio en forma de cortometraje documental: Mariem. La proyección de la cinta contará con la presentación de su director, Javier Corcuera (fundador del festival, allá por 2003), y de Aghaila Labiad Hassan, hija de Mariem Hassan.

Este homenaje tendrá una continuación un día después en el Círculo de Bellas Artes, donde se proyectará Haiyu (2024), un largometraje documental sobre «la voz indómita» del Sáhara dirigido por Anna Klara Ahren, Brahim B. Ali, Mohamedsalem Werad y Alex Veitch.

El mismo viernes, en una segunda sesión, podrán verse las películas Running Home (Michelle-Andrea Girouard, 2019) y El susurro del viento (Ekain Albite, 2020). Ambas sesiones contarán con mesas redondas posteriores en las que participarán Aghaila Labiad Hassan, Fudiha Chein, Sidi Talebbuia Hassan, Mamine Hachimi, Fati Jadad, Hafed Jatri, Salka Mahfud y Nayua Aduh.

La Marea también tendrá una pequeña participación en el FiSahara 2025. La librería Balqís acogerá el próximo sábado 8 de noviembre la presentación de nuestro último número, cuyo dossier principal está dedicado al Sáhara Occidental. Y hablaremos asimismo de la siguiente revista, cuyo suplemento cultural, El Periscopio, se consagra íntegramente a la cultura saharaui.

El festival se cierra la tarde del sábado con la proyección, en el Círculo de Bellas Artes de las películas Salam (Agustina Willat García, 2024) y Aminetu (Lucía Muñoz Lucena, 2024). La primera contará con una charla posterior a cargo de los cineastas saharauis Ghalia Salek y Brahim Chagaf y de la periodista Ebbaba Hameida. La segunda es un documental dedicado a la figura de la activista Aminetu Haidar, quien en 2009 comenzó una huelga de hambre en Lanzarote para que le dejaran volver a su tierra, de donde fue expulsada. La propia Haidar formará parte de la mesa redonda posterior a la proyección junto al actor Guillermo Toledo, la activista Nadua Abou Ghazalah y el sociólogo José Luis Ybot.

Más información en festivalsahara.org.

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Este reportaje sobre los campamentos de Tinduf forma parte del dossier de #LaMarea108, dedicado al Sáhara Occidental. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

Es verano de 2025. A pesar de ser de madrugada, el termómetro roza los 40 grados en el aeropuerto de Tinduf. Bajas del avión y lo primero que te recibe es un aire ardiente y lleno de polvo que te recuerda dónde estás. Apenas tres vuelos diarios rompen la rutina de esta terminal de dimensiones modestas en comparación a lo que asocias como aeropuerto, pero lo que de verdad la hace única no son sus instalaciones ni su ubicación, sino lo que ocurre aquí cada año por estas fechas.

Frente a ti se va a realizar un intercambio singular: 3.000 niños refugiados saharauis se despiden de los campamentos situados a 30 kilómetros de la ciudad argelina. Buscan tregua de la miseria, del calor extremo y de la precariedad y suben a los aviones que los llevarán a pasar el verano con familias que les acogerán gracias al programa Vacaciones en Paz, que lleva funcionando desde 1979. De los aviones a los que van a subir descienden el mismo número de niños y jóvenes saharauis, aunque su realidad ha sido otra: nacidos o criados en la diáspora, vuelven para reencontrarse con sus raíces, con una cultura que también les pertenece y una identidad que buscan mantener.

Las diferencias entre quienes parten y quienes llegan son evidentes. Los primeros llevan consigo apenas una mochila con comida para el viaje y una muda de ropa. Los segundos, en cambio, arrastran maletas de decenas de kilos repletas de medicamentos, caramelos, ropa y regalos para sus familias.

Con tus maletas te diriges a la salida del aeropuerto. Ya conoces de memoria la rutina que te aguarda tras la puerta de salida: un tío o un primo te espera en el coche. El saludo se resume en un abrazo fuerte y enseguida arranca el vehículo rumbo al control militar para poder entrar a los campamentos de refugiados saharauis. A esas horas, la garita debería estar cerrada, pero los soldados conocen la excepcionalidad de esta noche y os reciben con un saludo militar y el kalashnikov colgado del hombro.

Al atravesar el control, desaparecen las farolas de la ciudad. La oscuridad inunda la noche y el desierto se convierte en escenario absoluto. Los jóvenes con los que compartiste las últimas 24 horas de viaje se dispersan hacia distintas wilayas. Dentro de unos meses volverás a encontrarte con ellos en el mismo aeropuerto.

Cuando llegas a la tuya, Smara, todo parece intacto desde el verano pasado: las jaimas, las casas de adobe y la arena que se hunde bajo tus pies. El ruido del motor anuncia tu llegada y de la jaima salen tus primos, tus tíos, tu abuela. Te reciben con abrazos y gritos de felicidad: ha regresado un hijo de la familia.

Pero lo que sí ha cambiado son los rostros. Las arrugas y las canas marcan el paso del tiempo en los mayores, y los niños, demasiado pronto, han dejado de serlo. Esos rostros son un recordatorio de la espera interminable. Las familias son el vivo ejemplo de una vida en el exilio, de las distintas etapas de una historia construida en medio del desierto. Miles de ejemplos bajo las mismas jaimas, al principio tejidas con las melfas con las que las mujeres escaparon de la guerra, mujeres que ahora son abuelas, mujeres que han construido en la hamada un lugar donde sobrevive un pueblo, mujeres sin las cuales esta lucha no hubiera aguantado medio siglo.

Failiha, los cimientos del pueblo saharaui

Failiha nace en 1937 en un asentamiento nómada cerca de Tichla, al sur del Sáhara Occidental, entonces colonia española. Allí crece, se casa y tiene cinco hijos. Ciudadana española, con su DNI y un referéndum pendiente que todavía espera, recibe la noticia que le cambia la vida: en 1975 tiene lugar la Marcha Verde, un momento que todavía recuerda con claridad. «Cuando supimos que venía la Marcha Verde solo tuvimos tiempo de subir al coche de mi yerno, con lo puesto y sin saber a dónde ir. Solo pensábamos en sobrevivir, nada más», relata.

Se guían gracias a una pequeña radio. Failiha lo relata así: «El trayecto duró seis días. Cada vez que escuchábamos un avión, parábamos el coche y corríamos a escondernos bajo los pocos árboles que había, por el miedo que teníamos de las bombas».

En medio de la huida, su marido muere a causa de una enfermedad que arrastraba desde tiempo atrás. Failiha llega a los campamentos viuda y sin ninguna certeza. Nunca se ha quejado. Nadie la ha escuchado suspirar o lamentarse. Es una de esas mujeres que han tenido que reprimir sus emociones, que no han tenido tiempo para sollozos mientras los hombres que quedaban vivos, maridos y hermanos, estaban en el frente. Esas mujeres asumieron responsabilidades, levantaron hogares, escuelas y hospitales improvisados. Tuvieron que ser médicas, enfermeras, profesoras y costureras. Luego, al ver a sus hijos pasar hambre, tuvieron que dejarlos ir a Cuba, Libia o Argelia.

Hoy, con 88 años y medio siglo de exilio a cuestas, solo guarda un sueño intacto: regresar a su hogar y volver a pisar la tierra que dejó atrás en 1975.

Lehbib y los hijos de la guerra

Lehbib nace en 1971 y es el más pequeño de los hijos de Failiha. Es el que menos recuerda Tichla y también el que menos ha conocido los campamentos. Fue uno de esos niños que tuvieron que criarse solos, lejos de sus familias. Pero con una meta clara: volver y luchar por su pueblo.

A los 11 años ingresa en un internado en las afueras de los campamentos, donde solo puede ver a su familia un par de meses al año. Los campamentos siguen siendo solo un conjunto de jaimas. El internado es una de las pocas edificaciones que hay, ya que para los saharauis es cuestión de tiempo volver a su tierra y el Gobierno saharaui solo construye lo necesario, escuelas, hospitales y bases militares.

Tres años después, con apenas 14, llega la despedida más dura, se separa de Failiha sin saber cuándo volverá a verla. Junto a cientos de niños saharauis parte hacia Cuba, donde le espera una vida marcada por la distancia y el anhelo del regreso. Él mismo recuerda los contrastes que vivió desde su llegada: «Salí de los campamentos en 1985, donde no había nada, donde todo era escasez… y llegué a Cuba, una realidad que no sabía que existía. Desde los grifos y los interruptores hasta las verduras en la mesa, todo era nuevo para mí. Aunque estaba solo y sin conocer el idioma, junto a los demás niños formamos una familia y pudimos tener acceso a una educación».

Las cartas trimestrales son la única vía de comunicación con su familia. Lehbib sueña con ser médico, pero la guerra no espera, es 1987 y Marruecos acababa de terminar 2.720 kilómetros de muro sembrado de minas antipersona. Con 16 años le arrebataron la posibilidad de estudiar el bachillerato y, junto a sus compañeros, inició la formación militar. La infancia quedó atrás demasiado pronto.

Con 19 años regresa a los campamentos. Ya no es el niño que se despidió de su madre rumbo a Cuba, sino un hombre formado para la lucha. Y al volver descubre también cuánto han cambiado aquellos lugares que dejó atrás: las jaimas solitarias se han convertido en barrios de adobe, cada familia ha levantado pequeños habitáculos que comienzan a parecer habitaciones. El campamento que antes se sentía provisional, como una parada breve antes del regreso a casa, ahora da señales de convertirse en un asentamiento forzado por la larga espera. «Cuando volví, no encontré solo a mi madre esperándome. Me recibió un pueblo en resistencia, todavía con el deseo de regresar intacto. Las jaimas ya no estaban solas, ahora había pequeñas casas de adobe. No las levantaron porque quisieran quedarse, sino porque la espera se había hecho demasiado larga», recuerda Lehbib.

La guerra duró un año y dos meses desde su regreso. «Me quitó demasiado –confiesa–. Fueron sólo 14 meses en el frente, pero fueron ocho años los que pasé lejos. Me robó la infancia, la juventud y los sueños que tenía. Los campamentos eran un recordatorio constante de lo perdido y, después de tantos años fuera, supe que tenía que marcharme».

Ocho años después viaja a España, una etapa marcada por la soledad y la incertidumbre, pero también por la búsqueda de un futuro mejor, ya no para él, sino para quienes quedaban atrás y para los que estaban por venir. «En España lo único que he tenido claro es que debía trabajar para sacar adelante a mi familia. Todo lo que no pude ser yo, quería que lo pudieran ser mis hijos. Ese ha sido siempre mi motor», afirma.

Jatri, juventud atrapada en el tiempo

Del Sáhara Occidental, los nietos de Failiha, sólo conocen el reflejo que ha quedado en los campamentos de refugiados. Para ellos, por ejemplo, Dajla no es más que una wilaya apartada, levantada sobre la arena infinita. Desconocen que la verdadera Dajla, la que recuerdan los mayores, no está cercada por dunas sino abrazada por playas interminables, a miles de kilómetros, más allá del muro de la vergüenza.

Jatri es uno de esos nietos y, por su edad, si su suerte hubiera sido distinta, podría haber sido uno de los que llegaron en aquellos vuelos desde España. Pero ha nacido en los campamentos de refugiados, un lugar que le parece inmutable. «Aquí nunca cambia nada. La guerra ya no nos necesita y vivimos como si todo fuera normal… pero no lo es», dice. Lo que en principio fue un refugio improvisado para aguantar unos meses, quizá unos años, él lo percibe como un lugar estático y contrario a lo provisional. Las casas de cemento son el relevo del adobe y los postes de electricidad son una estampa cotidiana.

Su infancia fue feliz, entre juegos en la arena y risas compartidas. La ayuda humanitaria, instalada desde hace décadas, le evitó el hambre. Pero la educación es débil, poco estimulante, y para él –como para muchos jóvenes– carece de sentido: «¿Para qué estudiar si no puedo salir de aquí?», se pregunta.

Cuando comienza a ser un adolescente, la arena con la que jugaba de niño ahora le ahoga. A él y a sus esperanzas. «Es como si el tiempo no pasara. Todo sigue igual, y siento que estoy atrapado aquí, que mi vida se queda parada», confiesa.

La suerte quedó echada desde que nació en esas jaimas. La consciencia llega más tarde, y la verdadera dimensión del agujero solo se percibe cuando uno ha caído en él. «Lo único que quiero es poder trabajar, ser libre, llevar mi vida por mí mismo y no depender siempre de los demás», dice Jatri.

Se aferra a sus recuerdos de España, el país donde pasó sus Vacaciones en Paz y donde proyecta ahora sus anhelos y su futuro.

* * *

Entre tú y Jatri no hay más diferencia que la suerte. Los dos sois hijos de refugiados, los dos habéis heredado la misma herida: una tierra robada. Pero mientras tú regresarás a un lugar donde tu libertad está intacta y a salvo, él se quedará aquí, atrapado en un presente que no le pertenece, condenado a esperar en un campamento que ya cumple medio siglo de espera.

Piensas en Failiha, que te abraza con los ojos cansados de quien lleva 50 años resistiendo, sin permitirse ni un lamento. Piensas en Lehbib, que aún carga en sus manos las huellas de un fusil que nunca quiso sostener, pero que fue su única opción. Piensas en Jatri, que ahora se despide de ti como si os separará algo más que la distancia: como si el tiempo mismo se hubiera propuesto dejarlo inmóvil.

Y allí, en la explanada polvorienta del aeropuerto, sientes el peso de esa injusticia: tú subes al avión, ellos se quedan. Tú vuelves, ellos permanecen. Ese es el verdadero significado de 50 años en un campamento de refugiados: generaciones enteras atrapadas en un paréntesis que nunca se cierra.

Marruecos les arrebató la tierra, los recursos y las vidas. Pero lo más atroz ha sido arrebatarles el tiempo. Y aun así, frente a todo, lo que permanece es lo único que no han podido conquistar: su dignidad, su memoria, su identidad. Porque la resistencia saharaui no es solo un modo de sobrevivir: es una manera de seguir existiendo, de seguir afirmando que siguen siendo dueños de sí mismos y de su historia.

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Este reportaje sobre Dajla forma parte del dossier de #LaMarea108, dedicado al Sáhara Occidental. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

El último aterrizaje del sábado en el aeropuerto de Dakhla Oued Eddahab es un vuelo de Ryanair. Tras pasar los controles de pasaporte, un pequeño grupo de hombres aguardan para recoger a los pasajeros recién llegados de Madrid. Duotone, Dakhla Attitude o Dakhla Evasion son algunos de los nombres que se pueden leer en los carteles sostenidos por los chóferes de los resorts ubicados al sur de la península. Allí, turistas de diferentes nacionalidades europeas pasarán sus vacaciones en el llamado «paraíso del kitesurf» que el gobierno marroquí promociona en este territorio ocupado ilegalmente. En el trayecto hacia este «paraíso» se abren paso las dunas y las marismas; también abundan las vallas publicitarias en francés e inglés que anuncian nuevas construcciones de hoteles y viviendas de lujo. Detrás de esa postal se esconde un proceso de borrado sistemático de la identidad del pueblo saharaui, obligado al desplazamiento forzado y amenazado en su existencia.

Esparcimiento y vigilancia

Situada en el Sáhara Occidental, Dajla fue fundada durante la colonización española bajo el nombre de Villa Cisneros, y se convirtió en capital de la provincia de Río de Oro. En la actualidad, está dividida en dos áreas: en el centro de la ciudad se encuentra la población local y a unos 15 kilómetros al sur se alojan los turistas. En la zona de los turistas se encuentran la famosa playa PK25 (‘Punto kilométrico 25’), los resorts de lujo y la laguna para hacer deportes acuáticos. Está restringida y allí solo se puede acceder en taxi o en coche de alquiler. Diferentes puntos de control vigilan todo el tiempo quién entra y quién sale de esta zona. A menudo, los vehículos locales que entran son parados por las autoridades. Los turistas con coches de alquiler o chóferes, no.

Aquí, hoteles frente a la laguna y diferentes clubes de kitesurf proporcionan experiencias «impresionantes» alejadas del «turismo de masas», tanto en el desierto como en el mar. Así lo vende la empresa Duotone Procenter en su página web. Excursiones en camello, paseos en quad… Cientos de personas pasan las tardes practicando las diferentes actividades deportivas en el mismo territorio donde el asedio y la vigilancia policial son constantes y suelen acabar en detenciones arbitrarias e ilegales. Entre los hoteles, uno lleva el nombre de «Albergue de nómadas», apropiándose de quienes realmente vivieron aquí. A pocos kilómetros se levanta el único espacio en Dajla que pretende acercar al visitante a la cultura saharaui, aunque no pasa de ser un decorado turístico: unas estructuras de madera mal colocadas, dos camellos y un salón de té. El encargado, un trabajador de origen subsahariano, admite no conocer la historia del pueblo saharaui y solo ofrece servicios. «Pueden tomar té [marroquí y a cinco euros, un precio desorbitado] y vestirse con la indumentaria tradicional». También se han apropiado de eso: melfa para las mujeres y darrá para los hombres. Además, ofrece una cena con espectáculo al caer el sol. «Sin reserva», advierte.

El contraste entre la superficie y lo que ocurre por detrás es permanente. La ocupación silenciosa continúa en el centro de la ciudad. El proceso urbanístico avanza a pasos agigantados: demoliciones constantes, plazas que desaparecen, calles levantadas…No quedan infraestructuras en pie. Lo único que se repite son los carteles anunciando apartamentos de lujo con piscina y baño privado y la constante presencia de banderas marroquíes para reforzar la idea de que aquí, en Dajla, no estás en el Sáhara Occidental. También la vigilancia resulta ineludible, con controles policiales cada pocos metros y uniformes militares en cada esquina.

Hoteles y chabolas

La propaganda oficial repite que la ciudad está «en expansión» y en «constante innovación y progreso». Los precios de algunos resorts pueden alcanzar los 2.000 euros por una semana de alojamiento con actividades incluidas, cuando en Marruecos el salario mínimo apenas llega a 290 euros al mes. Un ejemplo de este evidente contraste está en La Sarga, un pequeño asentamiento pesquero levantado con chabolas y chapas de aluminio. Justo enfrente se alza la escuela de surf Ocean Vagabond La Sarga, un complejo accesible solo para quienes pagan este tipo de paquetes turísticos.

Según los locales, el Estado ha ofrecido dinero a los pescadores para abandonar sus casas y dejar vía libre al «boom turístico» de La Sarga, pero allí las familias llevan años resistiendo la presión y defendiendo su modo de vida. El discurso de quienes comulgan con el régimen es claro: no se trata de expulsiones sino de «reubicaciones». «Les van a dar un lugar mejor», comenta un hotelero. Según él, se les ofrecen terrenos en mejores condiciones, con escuelas para sus hijos y ayudas para levantar nuevas viviendas. Insiste en que «no hay que ser demasiado codicioso en la vida» y describe a quienes se niegan a aceptar el trato como «los difíciles de manejar». La versión oficial presenta esta medida como una oportunidad de desarrollo; en la práctica, sin embargo, supone una nueva forma de borrar cualquier referencia al pueblo saharaui.

Marruecos ha diseñado un plan para «modernizar» Dajla, explica este hotelero. El Gobierno ofreció terrenos gratuitos, más un subsidio de entre el 20 y el 30% para levantar casas en nuevas zonas. No obstante, muchos se resistieron a aceptar el traslado. La respuesta del Estado fue la represión: tras varios años de ofertas rechazadas, acabaron desalojando barrios enteros. El relato oficial asegura que esas familias ahora «están bien» y «viven en casas que ellos mismos han construido». La realidad es que en Dajla la mayoría de edificios están a medio construir.

La represión en Dajla

La otra cara de Dajla es la del silencio forzado. En los últimos años, la ciudad se ha convertido en una vitrina turística, pero está cerrada al periodismo independiente. Quien intente documentar lo que ocurre allí se enfrenta a la vigilancia y la persecución. Un ejemplo: intenté reunirme con Hassan Zerouali, periodista y activista saharaui, pero fue detenido antes del encuentro. En un mensaje posterior, me relató lo sucedido: durante toda la noche intentó buscar la manera de acudir a la cita, pero le resultó imposible por la «vigilancia constante en las calles» y alrededor de sus casas. Su denuncia era clara: mientras en verano «se permite la entrada libre de extranjeros con fines turísticos», la población saharaui permanece bajo asedio. «Simplemente por intentar transmitir nuestra voz y relatar nuestra realidad», explica.

Zerouali, junto a otros activistas y periodistas, vive bajo una presión incesante. «Las autoridades de ocupación nos imponen una vigilancia permanente para impedirnos contactar con extranjeros o transmitir los testimonios del pueblo saharaui al mundo», añade. Su declaración revela hasta qué punto el régimen alauita controla el espacio físico e intenta hacer lo mismo con la narrativa.

Dajla es un reflejo del proyecto marroquí en el Sáhara Occidental: construir una imagen de modernidad y de desarrollo económico sobre un territorio ocupado mientras elimina la historia y la identidad saharaui. Y quienes osan hablar son silenciados.

Así pues, la ciudad funciona como un espejismo turístico: abierta a turistas europeos que buscan viento y olas, pero cerrada a periodistas que intentan contar lo que ocurre. En las playas, el visitante se cruza con escuelas de kitesurf y hoteles que promocionan un «paraíso en África». En los barrios saharauis, mientras tanto, la represión, el asedio policial y el borrado cultural son la norma.

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«Quiero dar la bienvenida a todos los participantes, especialmente a nuestros socios españoles». Así saludaba, en vídeo, el ministro de Industria y Comercio de Marruecos, Ryad Mezzour, al Foro de Inversiones Marruecos-España celebrado en el Sáhara Occidental, en la ciudad de Dajla, en junio de 2022. El medio promarroquí en español Atalayar difundió este mensaje y un spot promocional del acto.

Los principales recursos explotables del Sáhara Occidental son la pesca y los fosfatos. También la energía renovable, a través de parques solares y eólicos, es otro sector en crecimiento. Algunas empresas españolas se lucran o lo han hecho en el pasado sin el consentimiento de sus habitantes, como constató en 2024 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al anular el acuerdo de pesca y agricultura entre la UE y Marruecos por vulnerar los principios de autodeterminación en el «territorio no autónomo» del Sáhara Occidental.

¿Qué empresas operan hoy en estos territorios? Según sus informes anuales, la multinacional Indra cuenta con negocios en el Sáhara Occidental y Marruecos a través de tecnologías de la información y de gestión del tráfico aéreo, entre otros. A las preguntas de La Marea, la empresa semipública se limitó a señalar que su actividad en Marruecos «en distintos sectores de su economía es conocida, dentro una actividad internacional más amplia».

En 2009, obtuvo varios contratos estatales para implantar tres estaciones de la red de comunicaciones por satélite para la gestión del tráfico aéreo «en la zona sahariana del sur del país, en los aeropuertos de las ciudades de Laayoune, Es-Semara y Dakhla», recoge la página web de Indra (usando la nomenclatura francesa). Desde 2002, provee servicios de navegación aérea a Marruecos.

Desde el sector energético, Repsol y Cepsa –ahora Moeve y fuera del Ibex 35–, representan al menos el 85% de todos los productos derivados del petróleo que llegaron al Sáhara Occidental ocupado en 2023, según la organización Western Sahara Resource Watch (WSRW). «Si Cepsa y Repsol cesaran su actividad [en este territorio], la ocupación no se podría sostener», afirma Anselmo Fariña, de la Asociación Canaria en Solidaridad con el Pueblo Saharaui, en el documental Ocupación S.A. (2020). «Marruecos no tiene ninguna capacidad de refino. Por lo tanto, tiene que importar el petróleo y lo hace de España», añade.

La respuesta de Cepsa a WRSW fue: «Suministramos hidrocarburos para su distribución en el territorio saharaui, que está totalmente permitido». Repsol no respondió. La petrolera del Ibex 35 inauguró en febrero de 2024 una planta de polipropileno en Tánger, junto con su socio belga Ravago.

Acciona, junto con Moeve, forma parte del grupo de empresas que han accedido a la inversión prevista de unos 30.200 millones del Gobierno marroquí en seis proyectos de hidrógeno verde en la costa del Sáhara Occidental, según se anunció este marzo. Con anterioridad, Acciona ha puesto en marcha instalaciones en Marruecos, además de en el Sáhara Occidental. Se ha encargado del diseño, construcción, gestión y mantenimiento de la mayor desalinizadora de África, en Casablanca. Aunque está fuera del Sáhara ocupado, la planta estará «alimentada íntegramente por la energía renovable procedente del parque eólico de Bir Anzarane», dice la web de Acciona (también en francés). Lo que no menciona es que Bir Enzarán, fuente de la energía, está en el Sáhara Occidental ocupado. El proyecto de desaladora, prevista para 2028, ha sido financiado en parte por Caixabank, la sociedad público-privada española Cofides y Attijariwafa, banco marroquí participado en un 5,1% por Santander.

Attijariwafa, el primer banco de Marruecos y el tercero de África del norte, cuenta con 13 oficinas en el Sáhara ocupado, según su web. El Santander llegó a tener casi un 15% de su control.

Vínculos con Marruecos

Otro tipo de empresas analizadas están en una zona gris. Operan en Marruecos pero no podemos saber con seguridad si usan o no productos extraídos del Sáhara. Una de ellas es ACS. La empresa estatal marroquí OCP (Office Chériffien de Phosphates) es quien extrae y exporta los fosfatos saharauis y marroquíes. ACS, a través de su filial Intecsa Industrial, logró en 2019 dos contratos en Marruecos de OCP, valorados en 255 millones, para la puesta en marcha de dos plantas de ácido sulfúrico en Jorf Lasfar, al sur de Casablanca. Según ACS, el ácido sulfúrico será utilizado como materia prima para la producción de fertilizantes fosfatados granulados.

Otras empresas del Ibex operan en Marruecos sin mención en sus informes anuales a actividades en el Sáhara, según ha podido comprobar La Marea. Una de ellas es Amadeus, dedicada a tecnología para la industria de viaje. Opera Amadeus Maroc S.A.S., con un 30% de participación y sede social en Casablanca. Por su parte, Acerinox tiene cuatro empleados en el país norafricano. Arcelor Mittal tuvo 808 millones de dólares en ventas en 2024 en Marruecos y cuenta con dos plantas productoras de acero en el norte marroquí: en Nador y Jorf Lasfar. Inditex fabrica sus textiles en el país y tiene 35 tiendas, 13 de ellas de Zara (recientemente ha inaugurado en Israel), fuera del Sáhara Occidental.

La única empresa del Ibex 35 que esta investigación ha encontrado que hace responsabilidad social corporativa para beneficiar a los refugiados saharauis es la fabricante de piscinas Fluidra. Su fundación ha instalado piscinas en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. Mientras, la empresa opera en Marruecos con 23 empleados y 2,9 millones de euros en beneficios obtenidos en el país africano en 2024.

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El Sáhara Occidental sigue siendo un territorio muy importante para algunas de las potencias más influyentes del mundo, en parte debido a sus tierras ricas en fosfatos. Marruecos lo quiere para fortalecer su propio proyecto expansionista, mientras que Argelia lo utiliza para frenarlo. Francia favorece a un país francófono en detrimento de un posible Estado más cercano a España sobre estas tierras, y entre medias, los intereses geopolíticos de Estados Unidos e Israel se cruzan en esta zona del norte de África a causa de su relación con Palestina. Mientras tanto, España parece tener una posición supeditada a la coyuntura política del momento, dando la espalda a las resoluciones internacionales que demandan un referéndum de autodeterminación.

El primer factor para entender este conflicto enquistado durante décadas es el interés político que Marruecos tiene en hacerse con el Sáhara Occidental: busca dar continuidad al último remanente de un proyecto expansionista más amplio que nunca funcionó, ese Gran Magreb que abarcaba también partes de Mauritania y Argelia. Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y director de su Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental, apunta que la incorporación del Sáhara casi duplica la extensión del territorio marroquí. «Además, abriría la puerta para que en una fase ulterior también se pudiera anexionar Mauritania», explica.

Asimismo, no son en absoluto desdeñables los intereses económicos que genera la riqueza mineral de esta tierra. Los famosos fosfatos contienen uranio, «que se podría utilizar para usos nucleares civiles y eventualmente militares», indica Ruiz. A esto hay que sumar el banco pesquero sahariano, «que produce unos beneficios astronómicos», añade.

Un nuevo país muy rico

Lorena Calvo, investigadora y secretaria académica del Laboratorio de Derecho Internacional sobre el Sáhara Occidental de la Universidad de Cádiz (UCA), recuerda que Marruecos ya se ha llevado un revés por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras la anulación mediante sentencia de los acuerdos en materia de pesca y producción agrícola que afectaban a los recursos del Sáhara Occidental. En definitiva, la independencia del Sáhara, agrega Ruiz Miguel, supondría la creación de un Estado «muy rico en comparación con la cantidad de gente que lo puebla».

Mientras tanto, se cruzan los intereses que otros países se disputan en tierras saharauis. Argelia, por ejemplo, respalda la causa saharaui como estrategia para contener el expansionismo de Marruecos, que podría llegar a amenazar incluso su propio territorio. Además, hay que recordar que la última derrota militar que sufrió Francia fue en Argelia, lo que convierte al Elíseo en otro importante centro de decisión. «Que apoyen a Marruecos es una forma de fortalecer a un país francófono frente a un posible Estado hispanófilo como sería el Sáhara Occidental, y así se vengaría de forma indirecta de Argelia», comenta el catedrático de la USC.

A su juicio, la participación de Estados Unidos en el conflicto está mediada por sus intereses vinculados a Israel. «En realidad, Marruecos apoya a Palestina de boquilla. Marruecos e Israel llevan décadas haciéndose favores mutuos, favores que vienen de la época de Hasán II, cuando este espiaba en las cumbres de la Liga Árabe a favor del servicio secreto israelí», se explaya. Lorena Calvo añade que «hay una conjunción de intereses muy importante, sobre todo en materia de seguridad, que beneficia la pretendida soberanía marroquí sobre el Sáhara».

Desde el punto de vista de Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), resultan igualmente relevantes los cambios internos que ha vivido el conflicto a lo largo de estas décadas. «En su origen no era un problema de componente humanitario, sino una cuestión colonial. Cinco décadas después ya hablamos de dos o tres generaciones de colonos marroquíes en el Sáhara, lo que crea una pequeña nueva realidad», explica.

Barreñada incide en que, en todos los casos de procesos tardocoloniales, se han ido diluyendo los principios del derecho de descolonización. «Esto es a costa de los hechos consumados, la realpolitik, los intereses de aquellos que tienen la capacidad de hacer valer su fuerza», expresa. En lugar de respetar esos principios, el enfrentamiento se va intentando solventar a través de parches y acuerdos políticos ligados a la coyuntura del momento. «Algunos lo llaman soluciones imaginativas. Si alguien en Derecho dice algo así, agárrate, porque se vulnerarán los derechos fundamentales e internacionales», apostilla.

Ruiz, el especialista de la USC, opina que el mayor interés que puede tener España es que el Sáhara sea independiente. «Sería un Estado sin ambiciones contra España, sin hostilidades y que no utilizaría la inmigración ilegal como arma de guerra híbrida, que es lo que ahora hace Marruecos», desarrolla.

España apoya la ocupación

Pero los diferentes gobiernos españoles no han podido estar más alejados de estos posicionamientos. «Desde hace mucho tiempo, pero sobre todo desde la carta de 2022 de Pedro Sánchez en la que dice que la autonomía saharaui dentro del reino de Marruecos es la solución más seria, creíble y realista para resolver el conflicto, España ha respaldado la ocupación del Sáhara Occidental», comenta Lorena Calvo.

Y todo ello a pesar de que España continúa siendo la potencia administradora del territorio, el ente que debería velar por que en él se respetaran los derechos humanos y se produjera una salida a la disputa según marcan los dictámenes de la ONU, es decir, mediante un referéndum en el que los mismos saharauis pudieran decidir su futuro.

Barreñada también aporta una perspectiva europea: «Hay una serie de países que perciben la fragilización de Marruecos como un riesgo, ya que siempre ha sido un buen aliado con el que se puede contar para el control migratorio y la cooperación policial». A fin de cuentas, la cuestión del Sáhara está ligada a la estabilidad de todo un régimen que «no es ningún modelo de democracia y progreso», según el profesor de la UCM.

Los intereses que convergen en torno al Sáhara son tan numerosos y diversos que la disputa política suele desarrollarse siempre sin atender a la realidad legal: el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Según la ONU, tiene legitimidad para ello desde que sufre este nuevo colonialismo iniciado en 1975. A todo esto hay que añadir la reactivación del conflicto armado en 2020. Mientras tanto, miles de personas se ven obligadas a vivir en campos de refugiados o bajo el asedio marroquí, un día tras otro durante medio siglo, con la fe perdida en que este conflicto pueda resolverse según los estándares del derecho internacional.

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Cuando se ocupa un territorio, es mucho más que tierra lo que se roba. Está el tiempo, por ejemplo: en un lugar colonizado, las horas de los días y los días de los años pasan de una manera diferente, como ralentizados por la falta de rienda sobre el propio reloj. Se roban también –esto es sabido– los idiomas y la memoria, las maneras de mirar al mundo que se plasman en los rituales y en las artes. Se roba la comida y la forma de prepararla, se roba la música, se roba el nombre que se da a lo que importa.

Hace 50 años por estas fechas, en el Sáhara Occidental estaban pasando muchas cosas. El otoño empezaba con una promesa. Tras casi un siglo de colonización por parte de España, la entonces convertida en provincia 53 de la administración franquista caminaba hacia su independencia. Unos meses antes, la ONU, que llevaba ya un tiempo instando a la descolonización del territorio, lo había visitado para corroborar que las condiciones eran adecuadas para que se celebrase un referéndum que ya estaba anunciado. Las últimas negociaciones estaban en marcha, y hasta Juan Carlos de Borbón –entonces príncipe– visitaría El Aaiún a principios de noviembre en un viaje sorpresa, en el que pronunciaría aquellas palabras que ya han pasado al palmarés de las grandes mentiras: «España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres».

Unos días después, todo se precipita.

Estos meses se cumple medio siglo del abandono del Sáhara Occidental en manos de Marruecos. Medio siglo de la Marcha Verde –Marcha Negra, la llaman las y los saharauis–. Medio siglo del éxodo hacia los campamentos de refugiados de Tinduf, y de los bombardeos con armas químicas que se perpetraron durante ese viaje. Medio siglo de la creación en el exilio de la República Árabe Saharaui Democrática, una noche sin luna, a la luz de los faros de un landrover. Medio siglo de los ilegales Acuerdos de Madrid. Medio siglo de una traición que se renueva cada día que no se repara.

Conmemorar este, estos aniversarios no es poner un check en un calendario y pasar a otra cosa. Se trata de encarar el recordatorio de una responsabilidad, de un asunto pendiente, de una vergüenza que acarreamos como sociedad. Y es que todo robo tiene responsables: quienes por acción o por omisión se benefician de su resultado. Hace 50 años, España abría la puerta hacia una época que llamaba nueva y lo hacía al precio de muchas renuncias y silencios. El abandono del Sáhara Occidental es una de las más flagrantes.

Defender causas como la del derecho del Sáhara Occidental a la autodeterminación y el respeto a los derechos humanos de su ciudadanía es un empeño que a menudo se tacha de ingenuo. Las voces de la realpolitik hablan de soluciones prácticas con argumentos tramposos que hacen que defender valores básicos –y teóricamente compartidos– parezca una idea absurda. Sin embargo, tan naíf no debe de ser ninguna postura respecto a este asunto cuando su situación se revela una y otra vez tan difícil de resolver. En la cuestión largamente irresuelta del Sáhara Occidental se cruzan intereses geoestratégicos, económicos, políticos, personales. Fronteras, atunes, fosfatos, acuerdos, arena, aviones, empresas, casas reales.

Qué significan 50 años

Y mientras los negocios y los pactos se traman por arriba, ¿qué pasa con la gente saharaui? ¿Cómo se vive 50 años esperando volver a casa?

Cuando se ocupa un país, no solo se roba la tierra: se roban, sobre todo, las posibilidades de vida, la libertad de decidir. Los y las saharauis viven hoy atrapados en la necesidad de luchar por algo que debería llevar mucho tiempo resuelto. Es así para quienes abandonaron su tierra en 1975 y siguen guardando una llave o una caña de pescar en algún lugar de una jaima en los campamentos de refugiados. Pero es así también, quizá sobre todo, para quienes no han conocido esa tierra sino por el relato de sus mayores y han heredado la lealtad a una causa que sigue postergando la importancia de todo lo demás.

En esta revista de La Marea queremos marcar en el calendario esta fecha asomándonos a distintas ventanas para intentar entender con oídos nuevos lo que significa ese sintagma, gastado de tanto repetirlo: «50 años».

¿Qué significan 50 años para una ciudad? ¿Y para una familia? ¿Qué significan en términos de construcción política? ¿Y en términos de legalidad? ¿Qué significan en cómo vemos un lugar en las pantallas, en los folletos turísticos, en los programas electorales? ¿En los bolsillos de unos? ¿En la salud de otros? ¿Qué significan 50 años en la memoria de un país?

«No quiero alimentar el perpetuo mañana / con la rutina de hoy, / ni abrir con la misma llave / la misma puerta de este calendario», comienza diciendo un poema del saharaui Saleh Abdalahi. Por supuesto que se vive, de cualquier manera se vive, con mucho robado o a la espera de volver a casa, se vive. Cincuenta años o todos los que se pueda. Y se vive con dignidad, con alegría, enarbolando alto los ideales. Pero no es justo. No es justo obligar a nadie a vivir así ni que ese sea el precio de nuestra tranquilidad.

Como sociedad tenemos una responsabilidad incumplida. Lo mínimo que podemos hacer es no olvidar lo que pasó y escuchar lo que sigue pasando. Y sumarnos de todas las maneras posibles a la voluntad de hacer real lo que expresa el final de aquel poema de Abdalahi: «Salir a la superficie / con el aire de un mañana distinto, / que no conoce de espera».

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Cronología

6 de noviembre de 1975 – Marcha Negra / Marcha Verde.

14 de noviembre de 1975 – Acuerdos de Madrid.

21 de noviembre de 1975 – Se publica la Ley de Descolonización del Sáhara Occidental en el BOE (ocupa un párrafo).

27 de febrero de 1976 – Se funda la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en Bir Lahlu, en el exilio.

14 de noviembre de 1976 – Felipe González visita los campamentos de Tinduf.

5 de agosto de 1979 – Mauritania abandona la guerra.

Agosto de 1980 – Comienza la construcción del muro.

21 de junio de 1981 – Marruecos anuncia en la cumbre de la OUA su disposición para celebrar un referéndum sobre el Sáhara.

Agosto de 1983 – Acuerdo de pesca entre España y Marruecos (menos de un año después de la llegada de Felipe González a la presidencia).

Abril de 1987 – Termina la construcción del muro.

20 de septiembre de 1988 – Resolución 621 de la ONU para la realización de un referéndum de autodeterminación.

29 de abril de 1991 – Creación de la MINURSO.

6 de septiembre de 1991 – Alto el fuego.

26 de enero de 1992 – Fecha prevista para la realización del referéndum en la resolución 621. No se hace.

Septiembre de 1992 – Intifada de las tres ciudades (es la primera, desde entonces septiembre ha sido el “mes de intifada”).

29 de enero de 2002 – Dictamen del asesor jurídico de la ONU sobre la legalidad de los contratos de prospección de los recursos naturales del Sáhara Occidental.

Entre junio de 2007 y enero de 2008 – Conversaciones de Manhasset (Nueva York). Constaron de tres rondas entre Marruecos y la RASD.

13 de noviembre de 2009 – Inicio de la huelga de hambre de Aminetu Haidar.

10 de octubre de 2010 – Protestas de Gdeim Izik.

4 de julio de 2014 – Auto de Fernando Grande-Marlaska en la Audiencia Nacional en el que se indica que España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara.

9 de abril de 2015 – Auto del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional que procesa a 11 altos cargos de Marruecos por crímenes en el Sáhara Occidental entre 1975 y 1992.

13 de noviembre de 2020 – Se reanuda la guerra entre el Polisario y Marruecos.

10 de diciembre de 2020 – El gobierno de Donald Trump reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. A cambio Rabat reconoce a Israel.

18 de abril de 2021 – Brahim Ghali, presidente de la RASD, es ingresado en Logroño para tratarse de la COVID-19. Esto implica una crisis entre España y Marruecos.

18 de marzo de 2022 – Carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI apoyando la propuesta de plan de autonomía.

4 de octubre de 2024 – El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos.

20 de enero de 2025 – La Comisión Europea establece que el acuerdo de aviación con Marruecos no incluye el Sáhara Occidental.

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La Generación de la Amistad es un movimiento literario saharaui fundado en Madrid en 2005. Uno de sus iniciadores fue el poeta Bahia Mahmud Awah. A los 15 años vio cómo España incumplía sus deberes internacionales, desentendiéndose del proceso de descolonización del Sáhara Occidental y entregando de facto el territorio a una potencia extranjera invasora: Marruecos. Después vinieron el destierro, el exilio, la diáspora.

Hoy, a sus 65 años, pide un relevo generacional que ayude a reactivar la principal reivindicación del pueblo saharaui: ejercer su derecho, reconocido por la ONU, a la autodeterminación y la independencia. Para ello, explica, hay que cambiar a la vieja guardia. «Es fundamental hablar hoy sobre la imperante necesidad de un liderazgo capaz de hacer resurgir de sus cenizas el movimiento de liberación, el Frente Polisario», sostiene.

«Necesitamos hablar de un radical cambio en la anciana dirección política saharaui. Una revolución no se puede trabajar con una vieja camisa de fuerza tejida en el siglo pasado», expresa Awah, una de las voces que hemos recogido para elaborar el dossier principal de nuestra última revista, dedicado al Sáhara Occidental.

En la metáfora de la «vieja camisa de fuerza» se nota la inclinación poética de Awah, quien ha explicado que su primera toma de contacto con la literatura la tuvo en su infancia y le llegó por parte de su madre. Como todos sus compatriotas, también él destaca la importancia del papel de las mujeres como elemento de cohesión en la comunidad saharaui del exilio. Han sido ellas las que han dado a varias generaciones una educación política y sentimental. No en vano, uno de los libros de Awah se titula Mi madre, mi maestra. Y otro de ellos, La maestra que me enseñó en una tabla de madera.

Entre los objetivos de la Generación de la Amistad (a la que pertenecen autores como Ali Salem Iselmu, Liman Boisha o Zahra el Hasnaui Ahmed) estaba, obviamente, dar a conocer la injusta situación del Sáhara Occidental, pero también la de colocar la cultura en un sitio de privilegio en la lucha por la independencia.

Bahia Mahmud Awah, que además de poeta es traductor, antropólogo social y profesor universitario (en la Autónoma de Madrid ha participado en un proyecto de investigación sobre los poetas saharauis en hassanía y la memoria saharaui en la poesía), cree firmemente en la cultura como arma política. La preservación de la esencia y de las particularidades del Sáhara dependen de ello: «Es necesario diseñar una política estatal y social tendiente a recoger, registrar, conservar y defender la peculiaridad de la identidad cultural saharaui, diferente al contexto cultural magrebí», afirma.

En este combate por la identidad todas las herramientas son pocas. Awah ha publicado libros de investigación, ha impulsado diferentes proyectos culturales (como Poemario por un Sáhara Libre), ha impartido conferencias por Estados Unidos y Europa e incluso ha codirigido la película Legna. Habla el verso Saharaui, ganadora en 2014 del primer premio en el festival FiSahara. Y no se detiene ahí. Tiene más recetas para preservar el legado cultural saharaui: «Hay que reflotar el Festival de la Cultura y Artes Populares, activar el Consejo Nacional de la Memoria y hacerlo trabajar en colaboración con la vecina Mauritania: dos culturas unidas con la misma historia y el mismo pueblo».

Testimonios: Laura Casielles | Edición: Manuel Ligero

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El testimonio de Bahia Mahmud Awah forma parte del trabajo realizado para elaborar el dossier que ‘La Marea’ le ha dedicado al Sáhara Occidental en su último número. Puedes comprar la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente.

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Este artículo sobre la industria de los vientres de alquiler en Colombia se publicó originalmente en #LaMarea108. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

«Cuando seas grande no recordarás que naciste en un país extranjero. Cuando seas grande no recordarás mi voz. Cuando seas grande no recordarás que pasaste un día de las madres conmigo», escribió Martha* en tinta roja sobre un cuaderno escolar de rayas como los que usa su hija de cuatro años. La destinataria de su carta, una bebé de siete semanas, vive ahora a más de 8.500 kilómetros de distancia, en Francia, pese a haber pasado nueve meses dentro de su vientre, en Colombia.

En la pequeña casa familiar de esta mujer de treinta años, las figuras infantiles de arcilla con las que se gana la vida se mezclan sobre la mesa con los únicos objetos que conserva del proceso de gestación subrogada: una gran bolsa con docenas de cajas de pastillas, hormonas, vitaminas; una carpeta con documentos médicos; una ecografía y una foto enmarcada de la recién nacida. En su cuerpo, la cicatriz de la cesárea de emergencia que le realizaron debido a la preeclampsia con la que ingresó en la UCI a finales de julio. La herida imborrable del alquiler de su vientre.

«Inicié por lo que todas inician, por una necesidad económica». El futuro y sustento de su hija estaba a un clic de distancia. Solo tenía que responder a uno de los centenares de mensajes que aparecen a diario en las redes sociales y grupos de WhatsApp: «Estamos en búsqueda de mujeres generosas que deseen realizar el hermoso acto de gestar para ayudar a formar otra familia. Ofrecemos excelentes beneficios, hasta 53 millones de pesos (11.547€)» o «Seguimos en búsqueda de chicas que quieran trabajar como gestantes, que quieran llevar un proceso de alquiler de vientre, también recibimos venezolanas viviendo en Bogotá», rezan los anuncios.

Martha pidió información a las autoras de los mensajes, conocidas como referidoras –mujeres que ya pasaron por el proceso y que se ganan un dinero extra reclutando a futuras gestantes para las clínicas y agencias–; llamó a un par de centros de reproducción asistida y, como parte de su proceso espiritual, acudió a unas ceremonias de ayahuasca antes de tomar la decisión de alquilar su vientre a una pareja homoparental francesa. «Empatizas con ellos. Yo tardé dos años y ocho meses en tener a mi hija», dice sobre su largo camino en la maternidad.

Una vez eligió la clínica de fertilidad en Bogotá, el centro revisó sus antecedentes judiciales y los de su pareja. Pasó una serie de exámenes médicos y pruebas psicológicas hasta obtener el visto bueno del centro. Tras ello, firmó un contrato con los padres de intención con la mediación de una abogada pagada por los mismos e inició el proceso de preparar con hormonas su cuerpo para la transferencia de un embrión formado con el esperma del padre de intención francés y un óvulo de una donante anónima.

«Las mujeres en Colombia le tienen miedo al qué dirán, a alzar la voz. Nadie se atreve a decir cómo son realmente las cosas. A una le hablan de los pagos, de lo bonito, y le endulzan el oído, pero en el proceso te das cuenta de que enfrentamos muchos riesgos», dice a dos días de cumplir la cuarentena del parto. Entre susurros en las salas de espera de los centros médicos, a través de mensajes de texto o en el transporte de vuelta a sus barrios, las mujeres subrogantes hablan. A media voz se relatan los casos de violencias obstétricas que viven sus compañeras anónimas, opinan de médicos, clínicas y compensaciones; del llanto después de entregar a los bebés, del fantasma de las depresiones posparto que se les impide nombrar. «Muchas se quedan calladas o no expresan lo que están sintiendo por miedo a que no les entreguen su bonificación», reconoce Elena*, madre subrogada de gemelos.

El perfil: mujeres jóvenes, con hijos, de contextos empobrecidos

Si bien tanto clínicas como abogadas exigen que las mujeres cumplan con ciertos requisitos socioeconómicos, médicos y judiciales para entrar a estos programas, nadie puede garantizar que las gestantes dicen la verdad a la hora de intentar acceder a ellos. Muchas mujeres se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y precariedad económica extremas, por lo que tergiversan la información en las entrevistas –aconsejadas por otras mujeres que ya pasaron las pruebas– para poder acceder, confirman varias gestantes. En los grupos de Facebook, las más veteranas aconsejan a las nuevas sobre qué decir o cómo preparar sus casas si las trabajadoras sociales de las clínicas las visitan. A veces, cuando son rechazadas en una clínica, acuden a otra hasta que las aceptan. «Si las rechazábamos, se iban para otra clínica que era más flexible», explica Paulina*, extrabajadora de un centro de fertilidad.

Tampoco existe un ente estatal que se encargue de verificar que los centros de fertilidad están cumpliendo fielmente con los lineamientos que emitió la Corte Constitucional. «Una compañera me dijo: “Están pasando mujeres a las que tú no le diste la aprobación, gente con antecedentes”», dice sobre cómo también las clínicas hacen la vista gorda ante la alta demanda de padres de intención en busca de vientres de alquiler en el país andino. Un secreto a voces que se repite entre las mujeres entrevistadas.

Teniendo en cuenta que el 43% de los trabajadores colombianos gana menos de un salario mínimo al mes, equivalente a 1.423.500 pesos (310 euros, al cambio en septiembre de 2025), según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), ofertas como las que aparecen constantemente en redes sociales resultan muy atractivas en los márgenes de la capital, a muchos kilómetros de los barrios más exclusivos del norte de Bogotá, donde se encuentran las clínicas de reproducción asistida.

La decena de mujeres gestantes entrevistadas durante esta investigación proceden de barrios populares y empobrecidos de las periferias; la mayoría no contaba con un trabajo estable antes de acceder a alquilar su vientre. Todas tienen hijos propios vivos, uno de los requisitos indispensables para poder acceder a los programas de subrogación. Esto último reduce, según el personal de las clínicas, el riesgo de que las mujeres intenten quedarse con los niños que incuban, teniendo ya una o varias bocas que alimentar en sus propios hogares.

La asimetría socioeconómica entre los padres de intención –en su mayoría extranjeros con un poder económico alto– y las gestantes desvela un desequilibrio entre los actores implicados en el mercado gestacional, como señala la ONU en el informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, hecho público en agosto de 2025.

¿«Ayudar a unos papitos» o necesidad económica?

«Mi pago total fueron 55 millones de pesos (11.985 euros): 2.800.000 pesos por diez mensualidades, un bono mensual de alimentación de unos 300.000 pesos, un bono para transporte, un bono para ropa y un bono por buen comportamiento al finalizar», que se traduce en acudir rigurosamente a todas las citas médicas, explica Martha. Las mujeres pueden recibir un pago extra de hasta seis millones de pesos (1.307 euros) si el embarazo es múltiple. Pese al carácter altruista nombrado en los contratos, a esa factura económica se le suma la compensación o reconocimiento que ofrecen los padres de intención y que complementa la otra mitad del total. Un «regalo» que solo se entrega después de que las partes firmen ante un notario los documentos necesarios para sacar al infante del país, y la mujer gestante renuncie a la maternidad.

Martha firmó esos documentos en presencia de los padres de intención y de la abogada proporcionada por la clínica y así se cerró el proceso. Con el dinero obtenido se compró un vehículo para trabajar y pudo llevar a su hija a un parque acuático cerca de Bogotá. «No da para comprar una casa», expresa con pesar la joven. «Las más imprescindibles en el proceso son las gestantes, pero no son las que reciben el pago más justo», lamenta.

Tras concluir el proceso, la psicóloga de la clínica calificó a Martha como «una muy buena gestante» y le propuso trabajar como referidora, pudiendo ganar hasta 2.000.000 de pesos (437 euros) por cada chica que captase para la clínica.

El ‘altruismo’ y las compensaciones que reciben las gestantes generan un fuerte debate entre los que buscan tanto regular como prohibir. «Permitir la remuneración en este tipo de negocios jurídicos comporta la cosificación de ella y de su vientre, la mercantilización de su cuerpo y abre paso a eventuales casos de trata de seres humanos y tráfico de niños y niñas», señalaba el más reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá.

Andrea*, profesora de infantil, narra que no conocía los pagos a la hora de tomar la decisión de gestar para una familia heteroparental, sino sólo del carácter altruista y vocacional bajo el que se ampara la práctica en Colombia. «Yo era la más dichosa porque ya había cumplido con mi cometido; ver a la madre así de feliz con la niña», asegura. Pese a su voluntad altruista de ayudar a una familia, Andrea señala que no lo haría sin una compensación económica por los riesgos médicos que conlleva un embarazo subrogado, con tasas de complicaciones obstétricas más altas que una gestación común.

Diana*, una venezolana embarazada de 37 semanas en el momento de la entrevista, tenía claro que ese dinero sería el billete de regreso a su país y el aval de su futuro negocio de comidas: «Me imagino ya dándole la niña a los papás y regresando a casa». Las motivaciones son tan diversas como las mujeres que participan en el mercado, pero todas reconocen la necesidad de una compensación monetaria por el alquiler de su vientre.

«Una de las preguntas que les hacíamos era: ¿qué te motiva a realizar el proceso? Obviamente teníamos que convertir la respuesta en algo que fuera socialmente aceptable […] pero en sus casas nos decían: “Mira, te voy a ser muy sincera, yo tengo muchas deudas”», admite Paulina, añadiendo que el mayor interés de las mujeres era la parte económica. Por eso, muchas repetían el proceso, poniendo en riesgo sus vidas.

Elena, que realizó el primer proceso en 2023 con el fin de costear la universidad de su hijo mayor, pero no le alcanzó la plata, es crítica con el negocio: «Siento que el apoyo económico y el apoyo emocional que dan no es suficiente para el trabajo que hay que realizar». Por ello, buscó dónde alquilar nuevamente su vientre, llegando a tener un precontrato con una agencia internacional. Le asustó que trasladaran a las mujeres a Albania para la transferencia del embrión y el parto.

No se rindió. Buscó otra clínica, pero tuvo un aborto espontáneo pocas semanas después de la transferencia embrionaria: «Me detectaron un mioma, consecuencia de todas las hormonas que me dieron. Yo estaba bien cuando inicié». El centro cesó el proceso sin hacerse cargo, como ella misma solicitó, de practicarle una histeroscopia para extraer el mioma. «Después de que el bebé no está contigo, baja la atención hacia ti […] Dejas de ser importante porque ya no tienes lo que les interesa», denuncia Elena desde el salón de su casa.

Ni regulación ni prohibición: turismo reproductivo al alza

En Colombia, la gestación subrogada no está regulada, tampoco prohibida. Desde 2009, la Corte Constitucional ha exhortado hasta seis veces al Congreso de la República a legislar en esta materia mediante sentencias pragmáticas que reconocen la realidad de la práctica como un acto altruista y buscan priorizar el interés superior de las infancias.

«La rama legislativa no ha querido legislar en Colombia, le toca entonces pronunciarse a la rama judicial, a la Corte Suprema de Justicia», apunta Marcela Gómez-Molina, profesora de la Universidad Nacional y Jueza 38 de Familia de Bogotá. También una de las voces más críticas, quien en sus fallos defiende la pluriparentalidad bajo el argumento de que cuando hay una subrogación de vientre «hay dos madres: la madre genética (la que aporta el óvulo, en su mayoría donantes anónimas) y la madre biológica (la mujer que lo gesta)», e incluso una tercera: «la madre de crianza».

En ningún caso la mujer que gesta y da a luz puede aportar sus óvulos para el procedimiento, según dictaminó la Corte en la Sentencia T-968 de 2009, que establece además diez requisitos que los procesos de gestación subrogada deben seguir. «Todas las clínicas de fertilidad que existen creyeron o interpretaron que en Colombia estaba regulada la maternidad subrogada y que es legal», cuestiona la jueza, en referencia a la posición de la Corte, que no es una regulación per se.

La abogada Nadia Afanador, que trabaja desde hace más de una década mano a mano con las clínicas de fertilidad, asesora a sus clientes interpretando ese vacío legal. Sobre una larga mesa de cristal en una habitación de su oficina, tres futuras gestantes pasan las páginas de los contratos buscando algo que no aparece en el documento. Una cifra, tal vez. La Corte determinó «que era un acuerdo humanitario altruista en el cual una mujer humanitariamente prestaba su vientre para gestar un bebé y darle un nacimiento», defiende.

Según la legislación colombiana, la madre es la mujer que da a luz, sin importar que no tenga el ADN del neonato, y así lo debe inscribir el médico en el acta de nacimiento y, posteriormente, en el registro civil. Por ello, después del parto, el padre de intención debe pedir ante un juez de familia la impugnación de la maternidad, con la prueba genética como referencia, y si éste lo aprueba se borra completamente a la mujer gestante de cualquier documento legal.

Para evitar el riesgo de que los bebés queden sin nacionalidad [apatridia], este año la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá ordenó incluir a la mujer gestante en el registro civil de una recién nacida mediante subrogación. «Ante la prueba del certificado médico que refiere el nombre de la mujer que vivió el parto, debe necesariamente incluirla como madre en el respectivo registro civil de nacimiento», apunta el tribunal en su fallo.

Unas actuaciones de los juzgados de familias que, según Natalia Rueda, abogada y docente de la Universidad Externado, van en dos líneas: «la que dice que la gestante es madre, hablando de pluriparentalidad, y otros que dicen que no es madre, pero la tengo que tener en el registro para evitar el riesgo de apatridia».

En otras ocasiones, la Corte Constitucional emitió sentencias en la misma línea, reconociendo que la maternidad subrogada conlleva un riesgo implícito de apatridia para los infantes nacidos bajo esta modalidad, y ha exhortado al Congreso a legislar sobre estos procesos.

Desde 1998, al legislativo colombiano le han llegado más de 16 proyectos de ley para su regulación, unos encaminados hacia la prohibición total, otros para legitimar la práctica con diferentes restricciones. Todos fueron archivados sin éxito. «Colombia cuenta con un sistema normativo lo suficientemente fuerte y complejo para poder entrar a hacer un análisis, una vigilancia y un control de este tipo de cosas. Y no lo ha hecho», señala Margarita Useche, especialista en derecho penal y derecho médico de la Universidad Externado.

Debido a las sentencias emitidas por algunas juezas de familia, que están retrasando y entorpeciendo las impugnaciones a la maternidad en Colombia, algunas agencias internacionales ofrecen a las mujeres colombianas realizar los procesos en países como Albania y Georgia, para facilitarle a los padres de intención los trámites burocráticos de los recién nacidos.

La Marea habló al respecto con dos mujeres colombianas que se encontraban en las capitales de ambos países –Tirana y Tiflis– realizando sendos procesos, y también con una reclutadora para el Centro Reproductivo Georgiano-Alemán (GGRC). Además, visitó las instalaciones de la agencia española Gestlife en Bogotá, donde se le brindó toda la información sobre los procesos en Albania y le explicaron los beneficios de realizar el proceso en el extranjero.

Clínicas de fertilidad: un mercado en expansión en Colombia

Mientras el multimillonario negocio de los vientres de alquiler permanece en un limbo jurídico, el mercado y sus actores aprovechan esa zona gris; y cada vez son más las empresas de reproducción asistida que llegan al país, sacando provecho a esa falta de normatividad. Pese a que no hay datos sobre el número de clínicas que realizan procesos de subrogación ni cifras oficiales de cuántos procedimientos se realizan al año, en Colombia están registradas 45 unidades de medicina reproductiva.

Según el director de Novafem/Babynova, José Pablo Saffon, el aumento de la demanda de estos procesos en Colombia se debe a que «cada vez más familias buscan alternativas seguras y éticas, y encuentran en Colombia un acompañamiento médico integral y de calidad».

La Asociación de Centros Colombianos de Reproducción Humana, que hasta la fecha no ha querido hacer comentarios, agrupa 32 de 35 centros donde se realizan los procesos de subrogación. La abogada Natalia Rueda sostiene: «Aquí tenemos una industria que nos está pintando un cuento de hadas donde no se muestran los casos de fracaso y donde además hay también una visión utilitarista».

Investigadoras, académicas y miembros del equipo de trabajo de una congresista que fueron consultadas durante esta investigación, hablan del fuerte lobby de las clínicas y agencias de fertilidad. «Nos invitaron a un desayuno donde estaban algunos dueños de clínicas (…) Nos dijeron: “Ustedes tienen la posibilidad de regular a favor de los derechos de las mujeres o de ser unos antiderechos como los que prohíben el aborto”», apunta Paula Forero, quien trabaja para la congresista Jennifer Pedraza, opositora a los vientres de alquiler.

A menos de un año de las elecciones generales, con la campaña electoral ya en marcha, y el desinterés del gobierno progresista de Gustavo Petro por incorporar en su agenda política la cuestión de la subrogación, son los mismos dueños de las clínicas quienes buscan promocionar el mercado entre los tomadores de decisión. «Si tú observas los eventos promocionales, los pagan las clínicas. Los que tienen la plata hacen las invitaciones», denuncia la abogada penalista Useche.

Para la investigadora Rueda, contraria a lo que denomina explotación reproductiva, «las personas que trabajan dentro del Gobierno se dicen feministas, pero con una visión neoliberal, y sobre esa base están promoviendo la legalización de la maternidad subrogada. Todo apunta precisamente a generar una estructura jurídica que termine protegiendo a la red de intermediarios, a la red de clínicas, a los padres de intención y la mujer queda obviamente en la situación de mayor vulnerabilidad».

Según un informe del Global Market Insight, el mercado global de la gestación subrogada se estimó en 22.400 millones de dólares en 2024. Se prevé que crezca de 27.900 millones de dólares en 2025 a 201.800 millones de dólares en 2034. «Esta industria no solo explota mujeres y mercantiliza niños, sino que explota también el deseo de estas personas de ser padres y madres», añade la experta.

Las prohibiciones en Europa o la guerra en Ucrania también movilizaron este negocio transnacional a países de América Latina sin una regulación clara, donde las desigualdades económicas, que golpean especialmente a las mujeres, son terreno fértil para la creciente demanda, beneficiando también a los padres de intención, en su gran mayoría extranjeros.

«Al final esto es un acto libre de una mujer que decide libremente traer al mundo el bebé de unos padres. En todo momento se vela por la salud de la gestante y que no le suponga ningún coste económico», justifica Alberto, quien, junto a su pareja, son padres de un bebé nacido por gestación subrogada en el país andino. «Hay que dotar [los procesos] de mayor naturalidad», dice el español.

Juana*, madre subrogada de 29 años, tiene una opinión distinta: «Esto es un negocio. Nosotras somos utilizadas, somos una incubadora. Nos utilizan, tienen su recompensa, que es su bebé, y ya». Salir de Colombia con un bebé propio entre los brazos cuesta entre 50.000 y 70.000 euros; la mitad de lo que valdría en países donde los vientres de alquiler llevan décadas regulados, como Estados Unidos. «Tenemos que seguir con nuestras vidas. Yo lo que quiero es que a mi hija no le falte nada». Para ella, como la mayoría, ese fue el principal motivo por el que, un año y medio después de tenerla, comenzó a pedir información a distintas clínicas sobre los procesos de subrogación.

Contratos y cláusulas abusivas

Las páginas webs de las clínicas, teñidas de colores pastel, imágenes de recién nacidos y embarazadas felices, resaltan el acto altruista y humanitario de estos procesos: «Cada vida que nace nos inspira. Si el amor y la ciencia se unen, suceden milagros».

Sin embargo, «el acto altruista con el que lo quieren disfrazar no es 100% real», aclara Martha. Un relato que se repite. El equipo de periodistas de La Marea revisó varios contratos, redactados por bufetes de abogados que trabajan para las clínicas, y todos ellos esconden la suma real que ofrecen a las gestantes una vez entregado el bebé a los padres de intención.

«La gestante subrogada no tiene fines lucrativos con la realización del procedimiento de reproducción asistida científicamente, su participación es de carácter eminentemente altruista con el único fin de ayudar al padre biológico para completar su núcleo familiar», puede leerse en uno de los documentos analizados.

«Las cláusulas de los contratos limitan los derechos de la mujer a disponer de su propio cuerpo, atentan a la dignidad humana», dice la jueza Gómez. En sus páginas aparecen restricciones a la movilidad de la gestante durante el embarazo o limitaciones sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, un derecho amparado por la Corte Constitucional bajo tres causales desde el año 2006 y, posteriormente, regulado hasta la semana 24 de gestación con la sentencia C-055 de 2022. «Cumplir con la cláusula de prohibición especial, interrupción de embarazo y de confidencialidad insertas en el presente acuerdo», se lee en los contratos que firman las mujeres antes de iniciar el proceso, muchas veces sin tener la claridad total ni la información real sobre las implicaciones y vulneraciones a sus derechos que pueden contener esos escritos. «Lo que percibí es mucha desinformación. A estas mujeres les venden un proceso maravilloso, bonito […] después me di cuenta de que se las instrumentaliza mucho», lamenta Paulina, extrabajadora de una clínica de fertilidad.

Es precisamente ese grito enmudecido por el miedo el que impera en sus historias, en contraste con la publicidad y los casos de éxito que muestran las clínicas y padres de intención. «En este cuaderno quiero dejar plasmado un tema de mucho interés del cual siento que tenemos mucha desinformación. Es un tema tabú aún señalado, juzgado y por algunas personas romantizado. Quiero contar mi experiencia personal alquilando el vientre», así inicia Martha el cuento que durante nueve meses comenzó a escribir como catarsis de un proceso que, por ahora, no volvería a repetir.

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«Se buscan mamitas»

Las referidoras son el primer filtro del proceso. Su labor consiste en encontrar gestantes o «cigüeñas», como aparece en la página web de la agencia de Lina Garzón, quien se autodefine como «asesora». Para ser seleccionadas, las mujeres deben cumplir los requisitos que piden las clínicas para acceder a los programas de gestación subrogada. Estos –como también indica Garzón en su web– son: estar en edad fértil, tener entre 20 y 38 años; tener al menos un hijo vivo; estar sana y no fumar; ser colombiana o extranjera con documentos verificables, entre otros.

Para encontrarlas, Garzón busca en los múltiples grupos de Facebook y WhatsApp, donde cuelga anuncios casi a diario, y a través del boca a boca, mediante «mujeres que han hecho el proceso conmigo y que me recomiendan», añade. Ella dice ser una de las primeras mujeres en alquilar su vientre en Colombia. Lo ha hecho en dos ocasiones, la primera en 2013. Desde hace una década trabaja con su propia agencia como «asesora» para los centros de reproducción asistida y agencias más populares.

En la actualidad son las mismas clínicas las que dan la oportunidad a las gestantes, «no solamente de hacer el proceso de subrogación, sino de recomendar a otras chicas y poder ganar algo», asegura Garzón. Esto hace que se genere una mayor competencia entre las referidoras y disputas que quedan patentes en los mismos anuncios de Facebook.

Encontrar gestantes de este modo libera a las clínicas de que se las responsabilice de manipular a las futuras pacientes o de delitos como la trata o explotación de personas, ya que son las mujeres las que, solas o referidas, llegan a pedir información a los centros. «Las referidoras nos ayudaban a que, en temas de convocatoria, se viera como si las futuras gestantes llegaran a nosotros solicitando la información. Una vez teníamos sus mensajes de que ellas estaban solicitando información, ya nos cubríamos legalmente en ese aspecto», explica Paulina, extrabajadora de una clínica en Bogotá.

Según nos han narrado algunas mujeres que trabajan reclutando y acompañando a gestantes, los pagos pueden llegar hasta los dos millones y medio de pesos (547 euros) por proceso exitoso. «La clínica es la que nos hace los pagos. El 50% cuando la mujer sale apta y el otro 50% cuando está en la semana 12 de embarazo», afirma Garzón.

Algunas gestantes han denunciado que las mismas reclutadoras les exigen un porcentaje del pago que reciben de los padres de intención, clínicas y fundaciones a cambio de ayudarlas a pasar los controles de los centros y poder acceder a los programas de subrogación.

* Los nombres de todas las gestantes fueron cambiados para proteger su identidad y por motivos de seguridad.

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Este reportaje fue realizado con la colaboración de Marco Dalla Stella. Es la primera parte de una serie sobre el panorama actual del creciente mercado de la gestación subrogada en Colombia y sus implicaciones.

Este dossier de investigación sobre la industria de los vientres de alquiler ha sido desarrollado con la financiación de la organización Journalismfund Europe.

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Nayua Jatri Aduh nació en Euskadi debido al exilio que sufre su pueblo desde hace 50 años. Es saharaui y estudia Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Universidad del País Vasco. Vive en Bilbao y no se resigna a que España, por desidia política o por interés económico, participe en la normalización de la ocupación ilegal de su tierra. La suya es una de las voces que han participado en el dossier que La Marea ha dedicado al Sáhara Occidental en su último número.

«A mi parecer, lo más esencial ahora mismo es poner el foco sobre las diferentes áreas en las que Marruecos ejerce su imperialismo: el expolio, la cultura, el reconocimiento internacional…», señala Aduh. Como muchos otros saharauis, considera que la ocupación marroquí se ha consolidado con la pasividad de la comunidad internacional y, en particular, de España, que mantienen una postura de aparente indiferencia mientras se firman acuerdos vinculados a la explotación de los recursos naturales del territorio. La situación continúa siendo objeto de escasa atención política y mediática, en un contexto en el que los intereses económicos tienden a imponerse sobre las reclamaciones de soberanía y autodeterminación. «Todo esto acaba por crear una cadena en la que se consolida la ocupación», añade.

El activismo saharahui, feminista y soberanista de Nayua la ha llevado a ser candidata de EH Bildu en las últimas elecciones europeas. También a tomar la palabra en una junta de accionistas de Siemens Gamesa (empresa que cotiza en el Ibex35) para denunciar la normalización del expolio de su patria a manos extranjeras. «El Sáhara Occidental no es ‘una región’: es un territorio no autónomo y, según la ONU, España sigue siendo la potencia administradora, aunque el gobierno español se niegue a cumplir sus obligaciones. Todavía en 2020, Siemens Gamesa se refirió a la ubicación de sus proyectos como ‘Marruecos’», dijo entonces, en 2022, ante los inversores de la empresa energética reunidos en Bilbao.

Al ser preguntada por la diferencia en el enfoque de la lucha para las nuevas generaciones, Aduh señaló a La Marea que existe una gran diferencia en cómo las jóvenes saharauis abordan hoy sus reivindicaciones. «Ahora, dentro de la lucha, uno de los ejes principales es el feminismo, la liberación de las mujeres; y se está empezando a ver cómo existe una perspectiva interseccional cuando hablamos del conflicto», explica.

Al llegar a este punto, Aduh reproduce un sentimiento repetido por muchos saharauis consultados para nuestro especial sobre el Sáhara Occidental: el orgullo por sus predecesores, especialmente por el papel de las mujeres, verdaderos pilares de la comunidad saharaui en el exilio. «Nosotras hemos heredado la resistencia de nuestras madres, que constantemente han sido nuestro vínculo con nuestro país de origen», relata la activista, que ve cómo el devenir de la historia y la vida expatriada han ido enredando, matizando, cincelando de una manera muy particular las identidades saharauis. «También somos sujetos políticos del país que nos acoge. Llega un momento en que la línea entre las luchas es tan difusa que prácticamente se unifican, y creo que eso es positivo», considera.

Testimonios: Laura Casielles | Edición: Manuel Ligero

Esta entrevista con la activista Nayua Jatri Aduh forma parte del trabajo realizado para elaborar el dossier que ‘La Marea’ le ha dedicado al Sáhara Occidental en su último número. Puedes comprar la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente.

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En 1975, coincidiendo con la muerte del dictador Francisco Franco, España dio carta de naturaleza a una ilegalidad según el derecho internacional: cedió de facto el Sáhara Occidental al permitir la llamada «Marcha Verde». Así fue conocida en nuestro país, pero los principales afectados no se refieren a ella con ese nombre. Los saharauis hablan de la «Marcha Negra». Ese es el término que también utiliza Ahmed Ettanji, periodista de Équipe Média que vive en los territorios ocupados ilegalmente por Marruecos: «Cincuenta años después de la Marcha Negra, del abandono español y de la ocupación marroquí, lo fundamental es hablar de justicia y de la autodeterminación del pueblo saharaui».

Ettanji, director del premiado documental Tres cámaras robadas (2020), habló para La Marea con motivo del dossier especial dedicado al Sáhara Occidental en nuestra última revista. «Seguimos siendo la última colonia de África: víctimas de la represión, del expolio y del exilio. Pero también somos un pueblo que resiste y defiende su identidad», explica.

En torno al Sáhara Occidental sigue sobrevolando una anomalía que nadie parece querer resolver: España es, todavía a día de hoy y con el derecho en la mano, la potencia administradora del territorio, que está en fase de descolonización. Así lo ha prescrito la ONU. «Hoy lo urgente es que la comunidad internacional asuma su responsabilidad, que se protejan los derechos humanos en los territorios ocupados y que, de una vez, se permita a los saharauis decidir libremente su futuro», exige Ahmed Ettanji. «No pedimos compasión, pedimos justicia y un futuro digno en nuestra tierra».

Su mirada tiene especial relevancia por cuanto se enfrenta, en su día a día laboral, con la cara más siniestra del régimen alauita. Reportar desde el Sáhara es prácticamente imposible. El bloqueo informativo es total. Ettanji y sus compañeros hacen frente, de forma cotidiana, a la incautación de sus herramientas de trabajo, además de a amenazas, agresiones y detenciones arbitrarias.

«Informar desde los territorios ocupados del Sáhara Occidental es, en sí mismo, un acto de resistencia», relata. «Nuestro trabajo se desarrolla bajo una vigilancia constante: la policía y los servicios secretos marroquíes nos siguen, nos detienen, nos golpean y confiscan nuestro material. Marruecos no reconoce a los periodistas saharauis, los criminaliza, así que cada grabación, cada foto o cada testimonio que recogemos puede costarnos la cárcel o el exilio».

La consecuencia inmediata, explica, «es el miedo». Y no sólo por la propia integridad física: «Nuestras familias son presionadas, nuestros compañeros encarcelados, y vivimos sabiendo que en cualquier momento pueden entrar en nuestras casas para llevarnos».

Lo lógico, en esas circunstancias, sería tirar la toalla, pero la rendición no entra en los planes de este grupo de periodistas. «Esa represión nos confirma la importancia de lo que hacemos: romper el bloqueo informativo, contar lo que pasa en nuestra tierra y dar voz a quienes Marruecos intenta silenciar», mantiene Ettanji.

«A pesar de todo, seguimos trabajando porque sabemos que nuestro testimonio es la única ventana que tiene el mundo para ver la realidad en el Sáhara ocupado. El precio es alto, pero el silencio sería aún más costoso para nuestro pueblo», concluye.

Testimonios: Laura Casielles | Edición: Manuel Ligero

Esta entrevista con el periodista Ahmed Ettanji forma parte del trabajo realizado para elaborar el dossier que ‘La Marea’ le ha dedicado al Sáhara Occidental en su último número. Puedes comprar la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente.

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