Desde que hicimos pública la demanda a la que nos enfrentamos por la investigación sobre la industria de los vientres de alquiler, por la que una agencia nos pide 60.000 euros, en La Marea no hemos parado de recibir apoyos. Y esas muestras, en momentos tan duros como este, con un equipo agotado, nos ayudan muchísimo a seguir adelante. A seguir a contracorriente, como decimos en nuestros mensajes para animar a donar en el crowdfunding que hemos lanzado en Goteo.
Todos cuentan de la misma manera, pero saber que tus compañeros y compañeras están contigo, nos motiva especialmente. Queríamos agradecer, específicamente, el respaldo recibido desde la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que nos ha ayudado a difundir, a través de sus redes sociales, nuestra campaña de recaudación de fondos para blindar el periodismo de investigación.
Porque, como explicaron desde Reporteros sin Fronteras, en otro mensaje de apoyo, investigar no es un delito, es un servicio público imprescindible para la democracia: “Como organización defensora de la libertad de prensa, subrayamos que las investigaciones sobre asuntos de interés público son esenciales para la transparencia y el acceso a información veraz. RSF España defiende su derecho –y el de todos los medios– a informar con libertad, sin censura ni intimidación”. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Nada más conocer la demanda, El Salto dedicó un espacio para contar a sus lectores y lectoras la situación a la que estamos haciendo frente. “Tras trece años publicando, es la primera vez que La Marea recibe una demanda por una de sus publicaciones”, destacaban.
Queríamos dar también las gracias a la Agrupación de Periodistas de la FSC de CCOO por sus palabras: “Mostramos nuestro apoyo y solidaridad hacia un medio que ha demostrado siempre su independencia y su máximo respeto por el rigor periodístico, centrado, además, en el servicio público y la defensa de los derechos humanos. Estamos atravesando tiempos complicados, donde los grandes poderes intentan silenciar la información con nuevas estrategias”.
Algunas de ellas las ha explicado nuestra directora, Magda Bandera, a Marina Lobo, que nos ha abierto también, con esta entrevista, las puertas de Spanish Revolution: «Un proceso judicial de este tipo puede ahogar a un medio pequeño como La Marea«, ha afirmado Bandera.
Ahora no nos queda casi tiempo. Necesitamos tu fuerza, necesitamos cerrar con éxito nuestra campaña de Goteo, que termina ya. Es, por supuesto, una cuestión económica, pero va mucho más allá: es garantizar que seguimos siendo un espacio donde se pueden investigar temas incómodos sin presiones ni censuras.
En el vídeo que te enviamos, el periodista de investigación José Bautista lo explica muy bien: hay profesionales que solo pueden escribir sobre determinados temas en La Marea, porque aquí sí se permite llegar hasta el fondo.
Lo saben perfectamente nuestros lectores y lectoras, como Gustavo Rodríguez, que nos escribe desde la página de Goteo este mensaje de apoyo tan especial:
«Querida redacción de La Marea. Hoy más que nunca quiero expresar mi apoyo y admiración por vuestro trabajo valiente y necesario. Vuestra investigación sobre la industria de los vientres de alquiler no solo ha arrojado luz sobre una realidad que muchos preferirían dejar en la sombra, sino que ha puesto en primer plano la importancia de un periodismo independiente y comprometido con la verdad.
Sé que ahora atravesáis momentos difíciles: una demanda y amenazas que buscan acallar vuestra voz y, con ella, el derecho de toda la sociedad a estar informada. Precisamente en estos desafíos se demuestra la fuerza de la prensa libre, aquella que no se deja intimidar y que sigue adelante, incluso cuando el riesgo y la presión aumentan.
Quiero que sepáis que no estáis solos. Vuestro trabajo es imprescindible y merece todo el apoyo posible. Por eso, me sumo a vuestra campaña de fondo y animo a todas las personas que creen en la libertad de prensa y en la defensa de la verdad a respaldaros: cada contribución, cada muestra de solidaridad, cada mensaje compartido es un paso más en la protección de este periodismo valiente que nos representa a todos.
Gracias por seguir adelante. Gracias por no rendiros. Defenderos es, también, defendernos como sociedad. Todo mi ánimo y apoyo en este camino. No dejéis de publicar lo que otros intentan silenciar. Con mucha fuerza y solidaridad».
¡Fuerza! Esa es la palabra que más hemos escuchado en La Marea desde que, el pasado octubre, contamos a nuestra comunidad que habíamos recibido la primera demanda por una de nuestras publicaciones en casi 13 años de vida. Una agencia dedicada a la gestación subrogada nos reclama 60.000 euros por considerar que nuestra investigación sobre este negocio transnacional vulnera su derecho al honor. Preparar la respuesta nos ha exigido semanas de trabajo extra: un esfuerzo enorme para un medio independiente como el nuestro, con recursos limitados, humanos y económicos.
En los últimos días, numerosas personas se han ofrecido a colaborar para ayudarnos a afrontar los gastos derivados de nuestra defensa legal. Por este motivo, La Marea ha puesto en marcha una campaña de microfinanciación colectiva en Goteo, con el fin de recaudar un mínimo de 85.100 euros. Este crowdfunding permitirá canalizar esas aportaciones —que además pueden desgravar entre un 35% y un 80%— y garantizar que podamos seguir investigando sobre la industria de la gestación subrogada.
El próximo objetivo es seguir investigando sobre cómo actúa el lobbyque busca legalizar esta práctica, considerada una forma de violencia contra las mujeres en España. En la misma línea, se manifestaba la relatora especial de la ONU Reem Alsalem en su informe Las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto de la reproducción subrogada, publicado el pasado mes de julio. La actualidad demuestra la relevancia de seguir investigando. Ayer mismo, se conocía que la Fiscalía ha puesto fin a varias campañas de empresas dedicadas a gestionar vientres de alquiler que se anunciaban a través de páginas web o redes sociales.
Desde nuestra creación, en 2012, hemos impulsado diversas campañas de micromecenazgo en las que han participado miles de personas. Gracias a estas, hemos podido llevar a cabo proyectos como La Uni en la Calle, #yoIBEXtigo y la investigación sobre feminicidios #PorTodas. El último crowdfunding de La Marea tuvo lugar en 2022. Ahora, esta nueva campaña llega en un momento especial: los últimos días de funcionamiento de Goteo en su formato actual, antes de su transformación. Por eso, más que nunca, queremos agradecer el respaldo de todas las personas que creen en este medio cooperativo y sin ánimo de lucro. Porque esa es, y seguirá siendo, nuestra verdadera fuerza.
Información:
Puedes hacer una aportación en Goteo para blindar La Marea y que podamos seguir investigando. Además, puedes escoger distintas recompensas (suscripciones, cursos, sudaderas…).
Si lo prefieres, puedes hacer una donación directamente a La Marea aquí (métodos de pago: transferencia bancaria, domiciliación, tarjeta de crédito y Paypal).
Si tienes alguna duda, puedes escribir a comunicacion@lamarea.com. ¡Gracias por tu apoyo!
El resultado de más de un año de trabajo sobre la industria de los vientres de alquiler en Ucrania, Georgia, Colombia, Grecia, Irlanda, España y los países nórdicos puede consultarse ahora en una página especial. En total, 25 artículos que combinan reporterismo, investigación y decenas de entrevistas a mujeres gestantes, empresas del sector y especialistas.
Más de un año analizando la industria de los vientres de alquiler. Ese es el tiempo que ha dedicado un equipo de reporteras y periodistas de investigación a documentar el negocio transnacional de la gestación subrogada. La primera parte de este trabajo, publicada en el número 105 de la revista La Marea, incluía reportajes desde el terreno en Ucrania, Georgia, Grecia y España, a cargo de las periodistas Patricia Simón, Queralt Castillo Cerezuela, María Volkova y Lisa Torosyan. Su cobertura se completó con el trabajo de investigación de Marco Dalla Stella y Magda Bandera sobre agencias intermediarias en dichos procesos.
Tras descubrir, durante la primera fase del proyecto, que el negocio se está expandiendo hacia nuevos países —entre los que destaca Colombia—, decidimos ampliar la cobertura. La reportera Marina Sardiña ha realizado un exhaustivo monitoreo de los actores implicados en esta industria en el país andino, con la colaboración de Marco Dalla Stella. Por su parte, Queralt Castillo y Kaisa Beltran explican cómo están funcionando las leyes que permiten la gestación subrogada en Irlanda y Dinamarca, respectivamente.
El trabajo, que cuenta con el apoyo de JournalismFund Europe, se complementa con una introducción a las estrategias de distintos grupos de presión para lograr que se regule la gestación subrogada. El resultado de esta investigación se ha traducido en los 25 artículos que pueden leerse ahora en un interactivo diseñado por Bruna Cooperativa Audiovisual SCCL y desarrollado por Plug-in Desarrollos Online SL.
Investigar el entramado de empresas dedicadas al negocio de los vientres de alquiler ha supuesto un gran esfuerzo por parte de La Marea y del equipo de periodistas que ha llevado a cabo el proyecto. Además de haber recibido una demanda de una de las agencias intermediarias en procesos de gestación subrogada, una clínica nos ha amenazado con acciones legales si la incluimos en nuestras próximas informaciones: una especie de censura previa inadmisible. Por supuesto, no nos van a detener.
Marina tiene 38 años y se reinvidica como una persona autónoma y decidida. Como la mayoría de las mujeres gestantes entrevistadas para esta investigación en Ucrania, denuncia al mismo tiempo malas praxis por parte de las clínicas y sostiene que volvería a hacerlo porque es la única vía que las mujeres pobres como ella tienen para mejorar sustancialmente sus condiciones de vida y, sobre todo, la de sus hijos e hijas. Marina cobró 10.000 euros por gestar y entregar una pareja de mellizos a una pareja portuguesa.
Lo hizo a través de la empresa BioTexCom, investigada entre 2018 y 2019 por la Fiscalía ucraniana por supuesto tráfico de menores, falsedad documental y evasión fiscal, entre otros delitos. El equipo de fiscales que llevó a cabo las pesquisas fue reprobado por el Parlamento y relegado a labores de menor responsabilidad. La propia Fiscalía española abrió diligencias entonces contra esta empresa después de que el Ministerio de Justicia fuese advertido por la Embajada española en Kiev y por la Fiscalía ucraniana de los presuntos delitos. Sin embargo, la Audiencia Nacional terminó archivando la causa en 2022 por no estar operando en suelo español, aunque sea una de las clínicas más contratadas por las familias españolas que recurren a la maternidad subrogada en Ucrania.
Entrevistamos a Marina en un parque de Kiev, pocos días después de su regreso de Dinamarca, donde se refugió junto a su hija cuando comenzó la invasión rusa.
¿Cuándo y por qué decidió ser madre de vientre de alquiler?
Fue hace siete años. Mi hija tenía entonces dos años y necesitaba dinero para sacarla adelante.
¿Conocía a otras mujeres que lo hubiesen hecho?
No. Elegí BioTexCom porque es de las pocas empresas de maternidad subrogada que aceptan a gestantes que, como yo, tienen el grupo sanguíneo 0 negativo. Al principio, no se lo conté a casi nadie, pero cuando el embarazo se hizo visible tuve que hacerlo. Mi madre estaba de acuerdo, pero mi abuela se volvió loca.
¿Cómo fue el proceso?
Fue un poco difícil porque, aunque las enfermeras eran agradables, los médicos no me miraban ni me hablaban; y cuando lo hacían, me trataban como basura. Nadie me explicó nada sobre cómo sería el proceso.
El primer intento no funcionó. Nadie me dijo que tenía que pincharme hormonas durante los primeros meses. Así que en el segundo procedimiento compré las inyecciones y me las puse yo misma. El dinero que me dieron no daba para pagarlas.
No te dicen cuántos embriones te implantan ni te dan a elegir cuántos bebés vas a gestar. Todo lo decide la familia contratante. En mi caso, arraigaron cuatro embriones, por lo que a los dos meses de embarazo me hicieron una operación para quitarme dos y que gestara mellizos.
El primer intento de embarazo fue para una familia italiana y el segundo, para una portuguesa.
¿Qué tipo de seguimiento médico recibía?
Me hacían análisis mensuales para comprobar si bebía o fumaba. Si salía positivo, la primera vez te quitaban 20 euros del pago; la segunda, 40; la tercera, 60.
En una revisión, me movieron el bebé a través de la barriga y fue muy doloroso [práctica ginecológica conocida como versión externa]. A los doctores de la clínica no les importan las mujeres, solo los bebés que llevamos dentro. Para ellos somos solo una incubadora.
¿Qué perfil tenían las otras mujeres gestantes?
De todos los tipos. Veías a mujeres muy pobres, otras que parecían estar en una situación mejor, otras muy deportistas y bellas, y otras que no lo eran. No nos tomaban fotos a todas porque a los padres solo les muestran los retratos de las más guapas.
¿Cómo las conoció?
Las veía en la clínica durante las revisiones. Durante el último mes, además, tienes que quedarte en un apartamento en Kiev por si te pones de parto. En cada habitación vivíamos dos mujeres y había tres habitaciones por vivienda. Yo tuve que convivir con una mujer muy extraña que andaba todo el día desnuda por la casa. Solo te dan algo de dinero para comida y gastos durante esas semanas.
¿Cómo era la relación con las familias?
Las hay que quieren conocer a la gestante, como la mía. Otras que dan dinero extra, que regalan cosas e, incluso, algunas que invitan a las madres a visitarles en su país.
¿Cómo se hacen los pagos?
Por el primer intento, me pagaron los costes de los análisis y los viajes a la clínica. Unos 100 euros.
Cuando me quedé embarazada, me daban unos 200 euros mensuales hasta el cuarto mes, cuando me entregaron 1.200 euros. Si te hacen cesárea, como me hicieron a mí, añaden entre 200 y 300 euros. Por un bebé te pagan 8.000 euros y por dos, como fue mi caso, 10.000. La mayor parte del dinero te la dan cuando pares y entregas al bebé.
¿Cómo lo vivió?
Recuerdo que el doctor fue muy maleducado conmigo. Yo me convencí de que ese bebé no era para mí, así que no me sentí vinculada mentalmente. No me lo enseñaron, pero yo tampoco quería verlo. Pero, claro, hay mujeres que se ponían histéricas cuando daban a luz, que se quebraban emocionalmente. Pero hasta donde yo sé, nadie les ofreció asistencia psicológica. Y eso que BioTexCom decía que ofrecía apoyo psicológico.
¿Ha pensado en volver a hacerlo?
Cuando parí, me dije que nunca más. Pero luego pasa el tiempo y pienso que podría volver a hacerlo. A veces, cuando estoy en una situación muy precaria, valoro volver a ser madre subrogada. La mayoría de las mujeres ucranianas lo hacen porque no hay otra vía para ganar ese dinero en un periodo tan corto de tiempo.
¿Ha vuelto a ir a BioTexCom?
Sí, he donado óvulos tres veces y, en total, me pagaron 1.000 euros. Pero después he descubierto que no es bueno para mi salud, así que no lo he hecho más.
¿Se lo ha contado a su hija?
No, era muy pequeña cuando ocurrió y no necesita saberlo. Ahora acabo de volver de Dinamarca, donde me refugié cuando comenzó la guerra. Allí conseguí ahorrar algo de dinero, pero echaba de menos mi país. Además, tengo un novio ucraniano y estamos en una relación seria.
La primera gran intervención de la Corte Constitucional sobre la gestación subrogada en Colombia se dio en el año 2009, con la sentencia T-968, que aborda la validez de los acuerdos y los criterios para la protección del interés superior del niño, así como los riesgos para las partes. La Corte dio unas directrices que más tarde serían tomadas por abogadas y clínicas como el lineamiento bajo el que amparan el procedimiento. La sentencia resalta 10 puntos que, a su parecer, tendrían que ser parte de la regulación:
Que la mujer tenga problemas fisiológicos para concebir.
Que los gametos que se requieren para la concepción no sean aportados por la mujer gestante (quien facilita su vientre).
Que la mujer gestante no tenga como móvil un fin lucrativo, sino el de ayudar a otras personas.
Que la mujer gestante cumpla una serie de requisitos como la mayoría de edad, salud psicofísica, haber tenido hijos, etc.
Que la mujer gestante tenga la obligación de someterse a los exámenes pertinentes antes, durante y después del embarazo, así como a valoraciones psicológicas.
Que se preserve la identidad de las partes.
Que la mujer gestante, una vez firmado el consentimiento informado, e implantado el material reproductor o gametos, no pueda retractarse de la entrega del menor.
Que los padres biológicos no pueden rechazar al hijo bajo ninguna circunstancia.
Que la muerte de los padres biológicos antes del nacimiento no deje desprotegido al menor.
Que la mujer gestante sólo podría interrumpir el embarazo por prescripción médica.
En 2022, mediante la sentencia T-275, la Corte Constitucional emitió una tutela que, además de proteger derechos puntuales, exhortó al Gobierno nacional a presentar en seis meses un proyecto de ley para regular la subrogación. El Congreso ha recibido al menos 16 proyectos de ley que pretendían regular la práctica, tanto para prohibirla como para legalizarla con distintas restricciones, pero ninguno pasó los debates en el legislativo.
En 2024, con las sentencias T-127 y T-232, la Corte Constitucional reiteró la necesidad de regulación y detalló condiciones y salvaguardas en decisiones recientes que insisten en que la ausencia de ley no puede sacrificar derechos, como por ejemplo el derecho al aborto que la misma Corte avaló en el año 2022 con la sentencia C-055, legalizando la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación.
Otros pronunciamientos de la Corte
–Definir con claridad la filiación y los procedimientos judiciales: el legislador debe establecer procedimientos seguros y expeditos para que la filiación legal refleje la realidad genética y protectora del menor, evitando litigios prolongados. (T-968/09; T-127/24).
–Incluir medidas contra el riesgo transnacional de apatridia y movilidad de comitentes extranjeros para atender las dimensiones transnacionales de este mercado y evitar situaciones que generen apatridia o conflictos de nacionalidad. (T-232/24; T-275/22).
–Monitoreo estatal, transparencia y sanciones ante prácticas abusivas; apuntando a la necesidad de mecanismos estatales de control, transparencia contractual y sanciones para intermediarios o clínicas que vulneren los derechos de las gestantes y los menores. (T-968/09, T-127/24, T-275/22).
–Regular el consentimiento y solemnidad del acuerdo de subrogación: los fallos remiten a que los acuerdos deben contar con requisitos de consentimiento informado, formalidades y garantías para que no sean contratos de simple comercio. (T-968/09).
–Evitar la comercialización y explotación: límite a la compensación. La Corte ha mostrado cautela ante prácticas mercantiles y ha señalado la necesidad de que la ley fije límites o prohibiciones al lucro para proteger a las gestantes. (T-968/09).
–Condiciones médicas, psicosociales y de idoneidad para la gestante, bajo criterios citados desde la sentencia T-968/09: sobre salud, edad, tener hijos previos, evaluaciones psicológicas y seguimiento médico antes, durante y después del embarazo. (T-968/09).
–Reglamentar el uso y registro de material genético (donantes); remarcando la necesidad de que la futura regulación considere aspectos sobre donación de óvulos y espermatozoides, registro y trazabilidad para proteger derechos y evitar fraudes. (T-275/22).
“Si eres mujer y buscas trabajo esta es tu oportunidad. ¡Trabaja como gestante subrogada alquilando tu vientre!”.
Muchas mujeres colombianas descubren la posibilidad de ser gestantes subrogadas a través de las redes sociales. A diario, clínicas, agencias, reclutadoras y padres de intención publican sus ofertas, y decenas de mujeres responden atraídas por la promesa de una ganancia significativa. Aunque estos procesos suelen presentarse como altruistas, las compensaciones pueden doblar el salario mínimo anual. La falta de regulación y las profundas desigualdades socioeconómicas impulsan la expansión de este lucrativo mercado.
Para comprender este negocio en Colombia, La Marea ha seguido durante varios meses la actividad de grupos de gestación subrogada en redes sociales; ha visitado clínicas y agencias de intermediación; ha analizado documentos; ha entrevistado a decenas de mujeres –subrogantes, reclutadoras de gestantes, abogadas, legisladoras, profesionales y exprofesionales de las clínicas–. El resultado revela un panorama complejo y a menudo opaco, donde numerosos actores se benefician de los vacíos legales existentes y en el que las mujeres gestantes son la parte más vulnerable del proceso.
Collage con diversos anuncios y mensajes en redes sociales para fomentar la gestación subrogada y atraer a mujeres gestantes.
Parte I: Sin rastro de altruismo
En el país andino operan 45 clínicas especializadas en reproducción asistida, según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Varias de ellas han expandido sus servicios para incluir la gestación subrogada en su oferta, pese a la ausencia de una ley específica.
Desde el año 2009, la Corte Constitucional ha exhortado hasta seis veces al Congreso para legislar y ha emitido una serie de lineamientos para la realización de los procedimientos de gestación por subrogación, entre ellos que la práctica debe realizarse de forma altruista, es decir, sin ánimo de lucro. También se fijaron requisitos como haber tenido al menos un embarazo y no más de dos cesáreas, que la mujer no tenga un fin lucrativo y no encontrarse en situación de vulnerabilidad psicológica o económica. Sin embargo, no existe una autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de estas directrices y, ante la creciente demanda de gestantes, resulta imposible garantizar que las clínicas las respeten.
“Eso es un tema de responsabilidad social de la clínica, de quien evalúa todo esto”, explica Natalia Afanador, abogada especializada en derecho comercial y familiar, quien trabaja desde hace más de una década asesorando a clínicas y padres de intención. “Hay quien lo maneja con ética, responsabilidad y seguridad, dándole valor al proceso, y otros que solo buscan lucrarse”. El Ministerio de Salud confirmó a través de un portavoz que no tiene mecanismos para supervisar casos individuales ni realizar seguimientos específicos de estos procedimientos.
La mayoría de las gestantes entrevistadas para esta investigación proceden de contextos de precariedad y reconocieron estar motivadas principalmente por razones económicas. Las retribuciones por completar el proceso rondan el equivalente a 10.000 euros –casi el triple del salario mínimo anual colombiano–. Esta cantidad representa alrededor del 17% de los 60.000 euros que de media suelen abonar los padres de intención, también llamados comitentes en los contratos.
“He trabajado como en diez países. Colombia es el mejor país del mundo”, comentó en una entrevista telefónica Bleu Jean Luc Olivier Joel, director de la agencia de intermediación entre padres de intención y gestantes Dreamstork y cofundador en España de World Medical Healthcare SL (anteriormente conocida como Baby Is Life Consulting SL). Joel dice apreciar el hecho de que las mujeres colombianas no suelen pedir dinero extra ni chantajean a los padres de intención a través del bebé: “Las chicas son una maravilla”.
Joel también considera que las mujeres realizan estos procesos por dinero, algo que defiende, ya que en su opinión la subrogación altruista no es justa: ”Le pagan a la clínica, al abogado, todo el mundo recibe algo y la gestante no recibe nada. No es lógico”.
Según José Pablo Saffon, director y asesor científico de la clínica Babynova By Novafem, las cantidades que se pagan a las gestantes se realizan con el dinero que abonan las familias de intención y “siempre están definidas en el marco de la subrogación altruista”.
La ausencia de una definición clara sobre qué constituye altruismo deja amplios márgenes a la interpretación. “Las clínicas se amparan en que son compensaciones, no pagos”, dice la abogada penalista Margarita Useche. Por ello, la Corte Constitucional ha instado al Congreso a legislar para subsanar los vacíos normativos.
Parte II: Acuerdos privados, contratos «opacos»
Una vez aceptadas como candidatas idóneas, las mujeres proceden a la firma de contratos. Analizar los convenios que regulan estos procesos no es tarea sencilla, las clínicas y abogados consultados por La Marea fueron reacios a facilitar sus modelos de contrato de gestación subrogada. Finalmente, periodistas de este equipo accedieron a diez contratos de distintas gestantes y empresas con el fin de revisar sus cláusulas.
Ejemplos del tipo de cláusulas incluidas en los contratos.
Por lo general, las gestantes firman los contratos de subrogación con los padres de intención en las oficinas de las clínicas, mientras que sus contrapartes lo hacen a distancia. En algunos de estos documentos se detallan numerosas cláusulas que, según varias expertas en derecho civil y penal consultadas, podrían estar vulnerando derechos de las mismas mujeres. Por ejemplo, en aquellos casos en que las gestantes se comprometen a no salir de Colombia durante el embarazo y durante los 120 días posteriores al parto. También hay restricciones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, que riñen con la última sentencia de la Corte Constitucional: C-055 de 2022, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.
El hecho de que las clínicas no aparezcan en estos contratos, pese a ser las prestadoras del servicio médico, resulta problemático según algunas investigadoras y abogadas consultadas. Por el contrario, el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Clínicas de Gestación por Sustitución y asesor legal de Novafem, Simón Hernández, opina que el hecho de que las clínicas no aparezcan en los contratos no implica ausencia de responsabilidad extracontractual. Si la gestante sufre un daño no previsto, puede acudir a los tribunales para exigir responsabilidad extracontractual de la clínica y obtener una indemnización. Hernández enfatiza que “no hay opacidad” en estos acuerdos.
Pero contratar asistencia legal para demandar a una clínica es algo que se antoja imposible para las mujeres entrevistadas, debido a que no cuentan con los recursos económicos para costear los gastos ni pueden emplear el dinero obtenido realizando estos procesos puesto que, por lo general, son un ingreso para sostener a sus propias familias.
Consentimiento médico
Además del contrato privado con los padres de intención, las gestantes firman un consentimiento médico informado en el que el especialista sanitario responsable explica todos los riesgos que conlleva el procedimiento al que se someterán. Ese es el único documento que firman conjuntamente mujeres y personal de las clínicas.
Ninguna de las entrevistadas durante esta investigación dijo entender realmente cuáles eran los riesgos para su salud de seguir un proceso de gestación subrogada, aunque sí confirmaron que les hacían firmar numerosos documentos en cada consulta médica. Algunas mujeres que ya habían completado el proceso señalan que, pese a haber sentido en ocasiones que se vulneraron sus derechos —por ejemplo, mediante cesáreas que evaluaron como innecesarias—, no se sentían seguras para reclamar por temor a perder todas las compensaciones comprometidas.
Marcela Gómez Molina, jueza 38 de familia de Bogotá y docente de la Universidad Nacional, remarca el desinterés por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia para estudiar la legalidad de estos contratos. “Si una mujer gestante llega a tener algún problema, va a tener que demandar al médico que puso el embrión en su cuerpo, porque es la persona que tenía que darle el consentimiento informado de lo que fuera a pasar”, señala.
Parte III: El papel de las fundaciones de ‘acompañamiento’
“Un mejor futuro es posible con un Plan, nosotros te brindamos las herramientas para hacer realidad tus Metas”. Es el mensaje que se lee en la página web de la Fundación Deseo de Vida, donde se promociona la posibilidad de “lograr tus sueños” gracias a la subrogación.
Usualmente, los pagos a las gestantes que las clínicas denominan “compensaciones” no proceden de forma directa de los centros de fertilidad, sino que suelen ser transmitidos por entidades sin fines de lucro creadas con el propósito de apoyar a las gestantes en los temas burocráticos y canalizar el dinero que los padres de intención pagan por estos procesos. En ocasiones, sus directores tienen o han tenido estrechas relaciones con las clínicas. “Se han encargado de dar acompañamiento para evitar abusos”, argumenta la abogada Afanador, que asegura que hacen “realmente un seguimiento humanitario».
Este medio ha podido confirmar -a través de comprobantes de pagos, transferencias bancarias y otra documentación- cómo algunas clínicas recurren a las fundaciones para transferir pagos a las gestantes. En ocasiones, también pagan a reclutadoras, mujeres que ya participaron en procesos de gestación subrogada y que se dedican a localizar a otras para estos procedimientos.
Hacer pagos de cantidades tan elevadas a las mujeres gestantes no es fácil, ya que los procedimientos de subrogación en Colombia deben ser altruistas. Ante una eventual denuncia contra una clínica, “lo primero que preguntaría un juez es: ‘Si no estás en el contrato, ¿por qué pagas?’”, argumenta Natalia Rueda. Por ello, esta investigadora ve una correlación en el hecho de que las clínicas no suelen ser mencionadas en los contratos y que algunos pagos se realicen a través de fundaciones.
Los recibos a los que ha tenido acceso La Marea detallan las cantidades y los conceptos de los pagos, desglosándolos en categorías relacionadas con el apoyo (ingresos mensuales durante el embarazo), los anticipos, las medicinas o, literalmente, la “conducta” de la mujer gestante.
La premisa de que las fundaciones se utilizan para enviar montos de dinero a las mujeres fue negada por el director de la clínica Celagem, Pedro Martínez, quien aseguró a este medio en una primera entrevista que son directamente los padres de intención quienes se comprometen con la gestante asignada para su manutención durante el embarazo.
Sin embargo, este medio ha podido conocer el intercambio de información entre una gestante de la clínica Celagem y empleadas de la Fundación Grandes Corazones, con sede principal en Panamá y presidida por la esposa del director de Celagem, en el que se menciona tanto los desembolsos de pagos y mensualidades como los trámites burocráticos para afiliar a la gestante al sistema de seguridad social, pensiones y seguro de vida que los padres comitentes están obligados a financiarle durante el embarazo.
Martínez se negó a hacer comentarios a las preguntas formuladas por La Marea por correo electrónico después de la primera entrevista y una visita autorizada a su clínica. Tampoco respondieron representantes de la Fundación Grandes Corazones.
Por otro lado, la directora de la Fundación Deseo de Vida, exempleada de la clínica Babynova By Novafem, aparece en un documento informativo para gestantes emitido en la primera mitad de 2024, donde se la menciona como responsable de coordinar las compensaciones mensuales. Saffon, director de Babynova By Novafem, aseguró por correo electrónico que en julio de 2024 dejó de colaborar con la fundación y que ahora el acompañamiento se realiza directamente desde la clínica. “Las gestantes reciben compensaciones altruistas, gestionadas de manera transparente por medio de transferencia bancaria dentro del programa, con recursos aportados por las familias de intención, destinadas únicamente a cubrir los gastos y necesidades derivados del proceso de gestación”, recalca Saffon.
Parte IV: El oficio de reclutar para las clínicas
Los mensajes que abundan en Facebook y WhatsApp buscando gestantes para subrogación en la mayoría de los casos son redactados por mujeres que fueron subrogantes en el pasado y que ahora se dedican a buscar nuevas candidatas para las clínicas, conocidas como reclutadoras.
“Tengo agencias y clínicas que me contactan para reclutar chicas, pero no hago acompañamiento, solamente envío a la chica”, explica Eslendy Rodríguez, una reclutadora que trabaja de manera autónoma buscando mujeres y actuando como intermediaria en la relación tripartita: “Las busco en la calle, a las puertas de los colegios, en centros comerciales, en parques… Les cuento de mi trabajo y experiencia como gestante subrogada”.
Las más experimentadas tienen incluso sus propias agencias o emprendimientos para asesorar y acompañar a las gestantes y a los padres de intención durante todo el embarazo. “[A los padres comitentes] les estoy cobrando 12 millones de pesos (2.600 euros), con un anticipo de 6 millones cuando empiezo a conseguir a las gestantes”, explica.
Lina Garzón, una de las reclutadoras más veteranas y que se autodefine como “asesora”, confirmó que “los pagos los realizan directamente las clínicas” para las que afirma trabajar. En este momento, “hay muchas clínicas que le han dado la oportunidad a las mismas gestantes no solamente de hacer un proceso de gestación subrogada, sino de recomendar a otras chicas que quieran hacer el proceso y poder ganar algo”, explica a través de mensajes de audio.
Distintos testimonios coinciden en que existen reclutadoras que, además, cobran un porcentaje a las futuras gestantes por referirlas a las clínicas. Este medio fue informado sobre las conversaciones entre una mujer y una “agencia de asesoramiento” en las que se fijaba el coste de sus servicios de acompañamiento en un 3% del total que percibiría la gestante por el proceso. A cambio, le aseguraban que encontrarían la opción que le permitiera ganar más de lo prometido en el anuncio.
Mensaje de una referidora en un grupo de WhatsApp y anuncio en Facebook.
Dos extrabajadoras de una clínica de fertilidad que pidieron el anonimato por miedo a repercusiones legales afirmaron que las reclutadoras reciben formación por parte de las clínicas y hasta un manual para guiarlas en hacer un primer filtro de las candidatas gestantes. Los pagos a las referidoras suelen oscilar entre uno y dos millones y medio de pesos colombianos (entre 220 y 500 euros) por mujer que queda embarazada.
Este medio ha podido comprobar, en al menos un caso, el de la Fundación Nuevas Familias, un pago de 400.000 pesos colombianos (90 euros) a una referidora “por servicio de bonificación de reclutamiento”. La Fundación Nuevas Familias no respondió a los intentos de contactar con su abogado para aclarar ese documento.
Mensajes de referidoras dando información a mujeres interesadas en ser gestantes.
En Colombia, reclutar se ha convertido en un negocio paralelo dentro del entramado de la gestación subrogada. Una actividad que podría acarrear graves consecuencias jurídicas para las mujeres que se lucran de esta actividad, ya que, según algunas especialistas consultadas, podrían estar incurriendo en delitos como la trata y la explotación de personas.
Según la abogada Rueda, buena parte de estas conductas encajan en las conductas tipificadas como trata de personas: cuando clínicas o fundaciones inducen a otras mujeres a reclutar, “están empujando a cometer el delito”. Un riesgo que ninguna de las reclutadoras entrevistadas parecía haberse planteado ni conocía.
Todos los responsables de las clínicas entrevistados han negado trabajar con referidoras o realizar pagos directos a las mismas.
Parte V: Viajar fuera del país para gestar
En ocasiones, reclutadoras en las redes sociales ofrecen a las mujeres la oportunidad de ganar más dinero. Pero para hacerlo, tendrán que salir del país, algo que les genera mucha desconfianza.
Ciudad Bolívar, uno de los barrios populares más extensos del sur de Bogotá. CORTESÍA DE JOSÉ LUIS OSORIO
Según precontratos, testimonios y lo observado en una visita a la sede de Gestlife en Bogotá, donde opera como Turismed Colombia, se prevé que la gestante se traslade a Albania en dos instancias: una para la implantación del embrión, pudiendo pasar hasta dos meses allí, y en un segundo momento, opcional, para dar a luz. Por esta última modalidad, la del parto fuera del país, las gestantes reciben un pago extra. Además de estas bonificaciones, la agencia les ofrece “un regalo» a elegir de un catálogo: iPhones, lavadoras, televisiones o juegos de sala.
Trasladar a mujeres colombianas al exterior para gestar es algo que cuestionan algunos abogados y también centros de fertilidad, que quieren actuar conforme a las directrices de la Corte. “Eso no es una conducta adecuada, desnaturaliza absolutamente todo el proceso legítimo de gestación subrogada”, comenta la abogada Afanador.
Banco de óvulos de la clínica Novafem. MARINA SARDIÑA
“No merece la pena”
Colombia lidera la lista de países con mayores índices de desigualdad de la región, lo que hace relativamente fácil encontrar candidatas para suplir la alta demanda de personas buscando tener hijos por subrogación. Las empresas que participan en este mercado transnacional son conscientes de esto y, por ello, hablan de sus programas como una oportunidad para transformar las vidas de dos familias: padres de intención y gestantes subrogadas.
Son esas mismas carencias económicas las que llevan a muchas mujeres a asumir los riesgos físicos y emocionales derivados del proceso hasta en varias ocasiones. “Algunas mujeres lo toman como un trabajo”, comentó una mujer en un anuncio en Facebook. Algo que confirman las mismas ofertas de las reclutadoras, que a menudo vinculan “alquiler de vientre” con “trabajo” en sus publicaciones.
Pero gran parte de las entrevistadas sostuvieron que no merece la pena “ni económica ni emocionalmente”, afirmando que no volverían a hacerlo y que el dinero, si bien mejora brevemente sus vidas, no es suficiente para suplir carencias estructurales como el acceso a una vivienda digna o a la universidad para sus hijos.
Pastillas y vitaminas que le sobraron a una de las mujeres entrevistadas tras su proceso de gestación subrogada. MARINA SARDIÑA
Las historias con finales felices y los discursos altruistas, destacados por los principales beneficiarios de este mercado global, ocultan que también pueden existir finales sombríos: depresiones postparto, cicatrices no sanadas por las cesáreas, dolor crónico, miomas causados por la sobreexposición a hormonas y medicamentos, preeclampsia graves e incluso en el caso de situaciones extremas, aunque no representativas, la pérdida del aparato reproductor de las mujeres u otros órganos vitales. Una realidad silenciada detrás de los montos de dinero.
Este reportaje forma parte de una investigación sobre la industria de los vientres de alquiler desarrollada con la financiación de Journalismfund Europe.
Este artículo sobre la industria de los vientres de alquiler en Colombia se publicó originalmente en #LaMarea108. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.
«Cuando seas grande no recordarás que naciste en un país extranjero. Cuando seas grande no recordarás mi voz. Cuando seas grande no recordarás que pasaste un día de las madres conmigo», escribió Martha* en tinta roja sobre un cuaderno escolar de rayas como los que usa su hija de cuatro años. La destinataria de su carta, una bebé de siete semanas, vive ahora a más de 8.500 kilómetros de distancia, en Francia, pese a haber pasado nueve meses dentro de su vientre, en Colombia.
En la pequeña casa familiar de esta mujer de treinta años, las figuras infantiles de arcilla con las que se gana la vida se mezclan sobre la mesa con los únicos objetos que conserva del proceso de gestación subrogada: una gran bolsa con docenas de cajas de pastillas, hormonas, vitaminas; una carpeta con documentos médicos; una ecografía y una foto enmarcada de la recién nacida. En su cuerpo, la cicatriz de la cesárea de emergencia que le realizaron debido a la preeclampsia con la que ingresó en la UCI a finales de julio. La herida imborrable del alquiler de su vientre.
«Inicié por lo que todas inician, por una necesidad económica». El futuro y sustento de su hija estaba a un clic de distancia. Solo tenía que responder a uno de los centenares de mensajes que aparecen a diario en las redes sociales y grupos de WhatsApp: «Estamos en búsqueda de mujeres generosas que deseen realizar el hermoso acto de gestar para ayudar a formar otra familia. Ofrecemos excelentes beneficios, hasta 53 millones de pesos (11.547€)» o «Seguimos en búsqueda de chicas que quieran trabajar como gestantes, que quieran llevar un proceso de alquiler de vientre, también recibimos venezolanas viviendo en Bogotá», rezan los anuncios.
Martha pidió información a las autoras de los mensajes, conocidas como referidoras –mujeres que ya pasaron por el proceso y que se ganan un dinero extra reclutando a futuras gestantes para las clínicas y agencias–; llamó a un par de centros de reproducción asistida y, como parte de su proceso espiritual, acudió a unas ceremonias de ayahuasca antes de tomar la decisión de alquilar su vientre a una pareja homoparental francesa. «Empatizas con ellos. Yo tardé dos años y ocho meses en tener a mi hija», dice sobre su largo camino en la maternidad.
Imagen del texto que Martha* le dedica a la hija que tuvo como madre subrogada. MARINA SARDIÑA
Una vez eligió la clínica de fertilidad en Bogotá, el centro revisó sus antecedentes judiciales y los de su pareja. Pasó una serie de exámenes médicos y pruebas psicológicas hasta obtener el visto bueno del centro. Tras ello, firmó un contrato con los padres de intención con la mediación de una abogada pagada por los mismos e inició el proceso de preparar con hormonas su cuerpo para la transferencia de un embrión formado con el esperma del padre de intención francés y un óvulo de una donante anónima.
«Las mujeres en Colombia le tienen miedo al qué dirán, a alzar la voz. Nadie se atreve a decir cómo son realmente las cosas. A una le hablan de los pagos, de lo bonito, y le endulzan el oído, pero en el proceso te das cuenta de que enfrentamos muchos riesgos», dice a dos días de cumplir la cuarentena del parto. Entre susurros en las salas de espera de los centros médicos, a través de mensajes de texto o en el transporte de vuelta a sus barrios, las mujeres subrogantes hablan. A media voz se relatan los casos de violencias obstétricas que viven sus compañeras anónimas, opinan de médicos, clínicas y compensaciones; del llanto después de entregar a los bebés, del fantasma de las depresiones posparto que se les impide nombrar. «Muchas se quedan calladas o no expresan lo que están sintiendo por miedo a que no les entreguen su bonificación», reconoce Elena*, madre subrogada de gemelos.
El perfil: mujeres jóvenes, con hijos, de contextos empobrecidos
Si bien tanto clínicas como abogadas exigen que las mujeres cumplan con ciertos requisitos socioeconómicos, médicos y judiciales para entrar a estos programas, nadie puede garantizar que las gestantes dicen la verdad a la hora de intentar acceder a ellos. Muchas mujeres se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y precariedad económica extremas, por lo que tergiversan la información en las entrevistas –aconsejadas por otras mujeres que ya pasaron las pruebas– para poder acceder, confirman varias gestantes. En los grupos de Facebook, las más veteranas aconsejan a las nuevas sobre qué decir o cómo preparar sus casas si las trabajadoras sociales de las clínicas las visitan. A veces, cuando son rechazadas en una clínica, acuden a otra hasta que las aceptan. «Si las rechazábamos, se iban para otra clínica que era más flexible», explica Paulina*, extrabajadora de un centro de fertilidad.
Tampoco existe un ente estatal que se encargue de verificar que los centros de fertilidad están cumpliendo fielmente con los lineamientos que emitió la Corte Constitucional. «Una compañera me dijo: “Están pasando mujeres a las que tú no le diste la aprobación, gente con antecedentes”», dice sobre cómo también las clínicas hacen la vista gorda ante la alta demanda de padres de intención en busca de vientres de alquiler en el país andino. Un secreto a voces que se repite entre las mujeres entrevistadas.
Teniendo en cuenta que el 43% de los trabajadores colombianos gana menos de un salario mínimo al mes, equivalente a 1.423.500 pesos (310 euros, al cambio en septiembre de 2025), según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), ofertas como las que aparecen constantemente en redes sociales resultan muy atractivas en los márgenes de la capital, a muchos kilómetros de los barrios más exclusivos del norte de Bogotá, donde se encuentran las clínicas de reproducción asistida.
La decena de mujeres gestantes entrevistadas durante esta investigación proceden de barrios populares y empobrecidos de las periferias; la mayoría no contaba con un trabajo estable antes de acceder a alquilar su vientre. Todas tienen hijos propios vivos, uno de los requisitos indispensables para poder acceder a los programas de subrogación. Esto último reduce, según el personal de las clínicas, el riesgo de que las mujeres intenten quedarse con los niños que incuban, teniendo ya una o varias bocas que alimentar en sus propios hogares.
Casas en la localidad de Ciudad Bolívar, una de las áreas urbanas más extensas y empobrecidas de Bogotá, de donde proceden muchas gestantes subrogadas. MARINA SARDIÑA
La asimetría socioeconómica entre los padres de intención –en su mayoría extranjeros con un poder económico alto– y las gestantes desvela un desequilibrio entre los actores implicados en el mercado gestacional, como señala la ONU en el informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, hecho público en agosto de 2025.
¿«Ayudar a unos papitos» o necesidad económica?
«Mi pago total fueron 55 millones de pesos (11.985 euros): 2.800.000 pesos por diez mensualidades, un bono mensual de alimentación de unos 300.000 pesos, un bono para transporte, un bono para ropa y un bono por buen comportamiento al finalizar», que se traduce en acudir rigurosamente a todas las citas médicas, explica Martha. Las mujeres pueden recibir un pago extra de hasta seis millones de pesos (1.307 euros) si el embarazo es múltiple. Pese al carácter altruista nombrado en los contratos, a esa factura económica se le suma la compensación o reconocimiento que ofrecen los padres de intención y que complementa la otra mitad del total. Un «regalo» que solo se entrega después de que las partes firmen ante un notario los documentos necesarios para sacar al infante del país, y la mujer gestante renuncie a la maternidad.
Martha firmó esos documentos en presencia de los padres de intención y de la abogada proporcionada por la clínica y así se cerró el proceso. Con el dinero obtenido se compró un vehículo para trabajar y pudo llevar a su hija a un parque acuático cerca de Bogotá. «No da para comprar una casa», expresa con pesar la joven. «Las más imprescindibles en el proceso son las gestantes, pero no son las que reciben el pago más justo», lamenta.
Tras concluir el proceso, la psicóloga de la clínica calificó a Martha como «una muy buena gestante» y le propuso trabajar como referidora, pudiendo ganar hasta 2.000.000 de pesos (437 euros) por cada chica que captase para la clínica.
El ‘altruismo’ y las compensaciones que reciben las gestantes generan un fuerte debate entre los que buscan tanto regular como prohibir. «Permitir la remuneración en este tipo de negocios jurídicos comporta la cosificación de ella y de su vientre, la mercantilización de su cuerpo y abre paso a eventuales casos de trata de seres humanos y tráfico de niños y niñas», señalaba el más reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá.
Andrea*, profesora de infantil, narra que no conocía los pagos a la hora de tomar la decisión de gestar para una familia heteroparental, sino sólo del carácter altruista y vocacional bajo el que se ampara la práctica en Colombia. «Yo era la más dichosa porque ya había cumplido con mi cometido; ver a la madre así de feliz con la niña», asegura. Pese a su voluntad altruista de ayudar a una familia, Andrea señala que no lo haría sin una compensación económica por los riesgos médicos que conlleva un embarazo subrogado, con tasas de complicaciones obstétricas más altas que una gestación común.
Diana*, una venezolana embarazada de 37 semanas en el momento de la entrevista, tenía claro que ese dinero sería el billete de regreso a su país y el aval de su futuro negocio de comidas: «Me imagino ya dándole la niña a los papás y regresando a casa». Las motivaciones son tan diversas como las mujeres que participan en el mercado, pero todas reconocen la necesidad de una compensación monetaria por el alquiler de su vientre.
«Una de las preguntas que les hacíamos era: ¿qué te motiva a realizar el proceso? Obviamente teníamos que convertir la respuesta en algo que fuera socialmente aceptable […] pero en sus casas nos decían: “Mira, te voy a ser muy sincera, yo tengo muchas deudas”», admite Paulina, añadiendo que el mayor interés de las mujeres era la parte económica. Por eso, muchas repetían el proceso, poniendo en riesgo sus vidas.
Elena, que realizó el primer proceso en 2023 con el fin de costear la universidad de su hijo mayor, pero no le alcanzó la plata, es crítica con el negocio: «Siento que el apoyo económico y el apoyo emocional que dan no es suficiente para el trabajo que hay que realizar». Por ello, buscó dónde alquilar nuevamente su vientre, llegando a tener un precontrato con una agencia internacional. Le asustó que trasladaran a las mujeres a Albania para la transferencia del embrión y el parto.
«Me da mucha vergüenza que me vean en ropa interior», lamenta Elena* sobre la cicatriz de la cesárea, realizada de emergencia para sacar a los dos bebés subrogados que cargaba en su vientre. MARINA SARDIÑA
No se rindió. Buscó otra clínica, pero tuvo un aborto espontáneo pocas semanas después de la transferencia embrionaria: «Me detectaron un mioma, consecuencia de todas las hormonas que me dieron. Yo estaba bien cuando inicié». El centro cesó el proceso sin hacerse cargo, como ella misma solicitó, de practicarle una histeroscopia para extraer el mioma. «Después de que el bebé no está contigo, baja la atención hacia ti […] Dejas de ser importante porque ya no tienes lo que les interesa», denuncia Elena desde el salón de su casa.
Ni regulación ni prohibición: turismo reproductivo al alza
En Colombia, la gestación subrogada no está regulada, tampoco prohibida. Desde 2009, la Corte Constitucional ha exhortado hasta seis veces al Congreso de la República a legislar en esta materia mediante sentencias pragmáticas que reconocen la realidad de la práctica como un acto altruista y buscan priorizar el interés superior de las infancias.
«La rama legislativa no ha querido legislar en Colombia, le toca entonces pronunciarse a la rama judicial, a la Corte Suprema de Justicia», apunta Marcela Gómez-Molina, profesora de la Universidad Nacional y Jueza 38 de Familia de Bogotá. También una de las voces más críticas, quien en sus fallos defiende la pluriparentalidad bajo el argumento de que cuando hay una subrogación de vientre «hay dos madres: la madre genética (la que aporta el óvulo, en su mayoría donantes anónimas) y la madre biológica (la mujer que lo gesta)», e incluso una tercera: «la madre de crianza».
En ningún caso la mujer que gesta y da a luz puede aportar sus óvulos para el procedimiento, según dictaminó la Corte en la Sentencia T-968 de 2009, que establece además diez requisitos que los procesos de gestación subrogada deben seguir. «Todas las clínicas de fertilidad que existen creyeron o interpretaron que en Colombia estaba regulada la maternidad subrogada y que es legal», cuestiona la jueza, en referencia a la posición de la Corte, que no es una regulación per se.
La abogada Nadia Afanador, que trabaja desde hace más de una década mano a mano con las clínicas de fertilidad, asesora a sus clientes interpretando ese vacío legal. Sobre una larga mesa de cristal en una habitación de su oficina, tres futuras gestantes pasan las páginas de los contratos buscando algo que no aparece en el documento. Una cifra, tal vez. La Corte determinó «que era un acuerdo humanitario altruista en el cual una mujer humanitariamente prestaba su vientre para gestar un bebé y darle un nacimiento», defiende.
Según la legislación colombiana, la madre es la mujer que da a luz, sin importar que no tenga el ADN del neonato, y así lo debe inscribir el médico en el acta de nacimiento y, posteriormente, en el registro civil. Por ello, después del parto, el padre de intención debe pedir ante un juez de familia la impugnación de la maternidad, con la prueba genética como referencia, y si éste lo aprueba se borra completamente a la mujer gestante de cualquier documento legal.
Para evitar el riesgo de que los bebés queden sin nacionalidad [apatridia], este año la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá ordenó incluir a la mujer gestante en el registro civil de una recién nacida mediante subrogación. «Ante la prueba del certificado médico que refiere el nombre de la mujer que vivió el parto, debe necesariamente incluirla como madre en el respectivo registro civil de nacimiento», apunta el tribunal en su fallo.
Unas actuaciones de los juzgados de familias que, según Natalia Rueda, abogada y docente de la Universidad Externado, van en dos líneas: «la que dice que la gestante es madre, hablando de pluriparentalidad, y otros que dicen que no es madre, pero la tengo que tener en el registro para evitar el riesgo de apatridia».
En otras ocasiones, la Corte Constitucional emitió sentencias en la misma línea, reconociendo que la maternidad subrogada conlleva un riesgo implícito de apatridia para los infantes nacidos bajo esta modalidad, y ha exhortado al Congreso a legislar sobre estos procesos.
Desde 1998, al legislativo colombiano le han llegado más de 16 proyectos de ley para su regulación, unos encaminados hacia la prohibición total, otros para legitimar la práctica con diferentes restricciones. Todos fueron archivados sin éxito. «Colombia cuenta con un sistema normativo lo suficientemente fuerte y complejo para poder entrar a hacer un análisis, una vigilancia y un control de este tipo de cosas. Y no lo ha hecho», señala Margarita Useche, especialista en derecho penal y derecho médico de la Universidad Externado.
Debido a las sentencias emitidas por algunas juezas de familia, que están retrasando y entorpeciendo las impugnaciones a la maternidad en Colombia, algunas agencias internacionales ofrecen a las mujeres colombianas realizar los procesos en países como Albania y Georgia, para facilitarle a los padres de intención los trámites burocráticos de los recién nacidos.
La Marea habló al respecto con dos mujeres colombianas que se encontraban en las capitales de ambos países –Tirana y Tiflis– realizando sendos procesos, y también con una reclutadora para el Centro Reproductivo Georgiano-Alemán (GGRC). Además, visitó las instalaciones de la agencia española Gestlife en Bogotá, donde se le brindó toda la información sobre los procesos en Albania y le explicaron los beneficios de realizar el proceso en el extranjero.
Clínicas de fertilidad: un mercado en expansión en Colombia
Mientras el multimillonario negocio de los vientres de alquiler permanece en un limbo jurídico, el mercado y sus actores aprovechan esa zona gris; y cada vez son más las empresas de reproducción asistida que llegan al país, sacando provecho a esa falta de normatividad. Pese a que no hay datos sobre el número de clínicas que realizan procesos de subrogación ni cifras oficiales de cuántos procedimientos se realizan al año, en Colombia están registradas 45 unidades de medicina reproductiva.
Según el director de Novafem/Babynova, José Pablo Saffon, el aumento de la demanda de estos procesos en Colombia se debe a que «cada vez más familias buscan alternativas seguras y éticas, y encuentran en Colombia un acompañamiento médico integral y de calidad».
Una bacterióloga de una clínica en Bogotá realiza el proceso de preparación embrionaria previo a la transferencia al útero de la gestante subrogada. MARINA SARDIÑA
La Asociación de Centros Colombianos de Reproducción Humana, que hasta la fecha no ha querido hacer comentarios, agrupa 32 de 35 centros donde se realizan los procesos de subrogación. La abogada Natalia Rueda sostiene: «Aquí tenemos una industria que nos está pintando un cuento de hadas donde no se muestran los casos de fracaso y donde además hay también una visión utilitarista».
Investigadoras, académicas y miembros del equipo de trabajo de una congresista que fueron consultadas durante esta investigación, hablan del fuerte lobby de las clínicas y agencias de fertilidad. «Nos invitaron a un desayuno donde estaban algunos dueños de clínicas (…) Nos dijeron: “Ustedes tienen la posibilidad de regular a favor de los derechos de las mujeres o de ser unos antiderechos como los que prohíben el aborto”», apunta Paula Forero, quien trabaja para la congresista Jennifer Pedraza, opositora a los vientres de alquiler.
A menos de un año de las elecciones generales, con la campaña electoral ya en marcha, y el desinterés del gobierno progresista de Gustavo Petro por incorporar en su agenda política la cuestión de la subrogación, son los mismos dueños de las clínicas quienes buscan promocionar el mercado entre los tomadores de decisión. «Si tú observas los eventos promocionales, los pagan las clínicas. Los que tienen la plata hacen las invitaciones», denuncia la abogada penalista Useche.
Para la investigadora Rueda, contraria a lo que denomina explotación reproductiva, «las personas que trabajan dentro del Gobierno se dicen feministas, pero con una visión neoliberal, y sobre esa base están promoviendo la legalización de la maternidad subrogada. Todo apunta precisamente a generar una estructura jurídica que termine protegiendo a la red de intermediarios, a la red de clínicas, a los padres de intención y la mujer queda obviamente en la situación de mayor vulnerabilidad».
Según un informe del Global Market Insight, el mercado global de la gestación subrogada se estimó en 22.400 millones de dólares en 2024. Se prevé que crezca de 27.900 millones de dólares en 2025 a 201.800 millones de dólares en 2034. «Esta industria no solo explota mujeres y mercantiliza niños, sino que explota también el deseo de estas personas de ser padres y madres», añade la experta.
Las prohibiciones en Europa o la guerra en Ucrania también movilizaron este negocio transnacional a países de América Latina sin una regulación clara, donde las desigualdades económicas, que golpean especialmente a las mujeres, son terreno fértil para la creciente demanda, beneficiando también a los padres de intención, en su gran mayoría extranjeros.
«Al final esto es un acto libre de una mujer que decide libremente traer al mundo el bebé de unos padres. En todo momento se vela por la salud de la gestante y que no le suponga ningún coste económico», justifica Alberto, quien, junto a su pareja, son padres de un bebé nacido por gestación subrogada en el país andino. «Hay que dotar [los procesos] de mayor naturalidad», dice el español.
Juana*, madre subrogada de 29 años, tiene una opinión distinta: «Esto es un negocio. Nosotras somos utilizadas, somos una incubadora. Nos utilizan, tienen su recompensa, que es su bebé, y ya». Salir de Colombia con un bebé propio entre los brazos cuesta entre 50.000 y 70.000 euros; la mitad de lo que valdría en países donde los vientres de alquiler llevan décadas regulados, como Estados Unidos. «Tenemos que seguir con nuestras vidas. Yo lo que quiero es que a mi hija no le falte nada». Para ella, como la mayoría, ese fue el principal motivo por el que, un año y medio después de tenerla, comenzó a pedir información a distintas clínicas sobre los procesos de subrogación.
Contratos y cláusulas abusivas
Las páginas webs de las clínicas, teñidas de colores pastel, imágenes de recién nacidos y embarazadas felices, resaltan el acto altruista y humanitario de estos procesos: «Cada vida que nace nos inspira. Si el amor y la ciencia se unen, suceden milagros».
Sin embargo, «el acto altruista con el que lo quieren disfrazar no es 100% real», aclara Martha. Un relato que se repite. El equipo de periodistas de La Marea revisó varios contratos, redactados por bufetes de abogados que trabajan para las clínicas, y todos ellos esconden la suma real que ofrecen a las gestantes una vez entregado el bebé a los padres de intención.
«La gestante subrogada no tiene fines lucrativos con la realización del procedimiento de reproducción asistida científicamente, su participación es de carácter eminentemente altruista con el único fin de ayudar al padre biológico para completar su núcleo familiar», puede leerse en uno de los documentos analizados.
«Las cláusulas de los contratos limitan los derechos de la mujer a disponer de su propio cuerpo, atentan a la dignidad humana», dice la jueza Gómez. En sus páginas aparecen restricciones a la movilidad de la gestante durante el embarazo o limitaciones sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, un derecho amparado por la Corte Constitucional bajo tres causales desde el año 2006 y, posteriormente, regulado hasta la semana 24 de gestación con la sentencia C-055 de 2022. «Cumplir con la cláusula de prohibición especial, interrupción de embarazo y de confidencialidad insertas en el presente acuerdo», se lee en los contratos que firman las mujeres antes de iniciar el proceso, muchas veces sin tener la claridad total ni la información real sobre las implicaciones y vulneraciones a sus derechos que pueden contener esos escritos. «Lo que percibí es mucha desinformación. A estas mujeres les venden un proceso maravilloso, bonito […] después me di cuenta de que se las instrumentaliza mucho», lamenta Paulina, extrabajadora de una clínica de fertilidad.
Es precisamente ese grito enmudecido por el miedo el que impera en sus historias, en contraste con la publicidad y los casos de éxito que muestran las clínicas y padres de intención. «En este cuaderno quiero dejar plasmado un tema de mucho interés del cual siento que tenemos mucha desinformación. Es un tema tabú aún señalado, juzgado y por algunas personas romantizado. Quiero contar mi experiencia personal alquilando el vientre», así inicia Martha el cuento que durante nueve meses comenzó a escribir como catarsis de un proceso que, por ahora, no volvería a repetir.
«Se buscan mamitas»
Las referidoras son el primer filtro del proceso. Su labor consiste en encontrar gestantes o «cigüeñas», como aparece en la página web de la agencia de Lina Garzón, quien se autodefine como «asesora». Para ser seleccionadas, las mujeres deben cumplir los requisitos que piden las clínicas para acceder a los programas de gestación subrogada. Estos –como también indica Garzón en su web– son: estar en edad fértil, tener entre 20 y 38 años; tener al menos un hijo vivo; estar sana y no fumar; ser colombiana o extranjera con documentos verificables, entre otros.
Para encontrarlas, Garzón busca en los múltiples grupos de Facebook y WhatsApp, donde cuelga anuncios casi a diario, y a través del boca a boca, mediante «mujeres que han hecho el proceso conmigo y que me recomiendan», añade. Ella dice ser una de las primeras mujeres en alquilar su vientre en Colombia. Lo ha hecho en dos ocasiones, la primera en 2013. Desde hace una década trabaja con su propia agencia como «asesora» para los centros de reproducción asistida y agencias más populares.
En la actualidad son las mismas clínicas las que dan la oportunidad a las gestantes, «no solamente de hacer el proceso de subrogación, sino de recomendar a otras chicas y poder ganar algo», asegura Garzón. Esto hace que se genere una mayor competencia entre las referidoras y disputas que quedan patentes en los mismos anuncios de Facebook.
Encontrar gestantes de este modo libera a las clínicas de que se las responsabilice de manipular a las futuras pacientes o de delitos como la trata o explotación de personas, ya que son las mujeres las que, solas o referidas, llegan a pedir información a los centros. «Las referidoras nos ayudaban a que, en temas de convocatoria, se viera como si las futuras gestantes llegaran a nosotros solicitando la información. Una vez teníamos sus mensajes de que ellas estaban solicitando información, ya nos cubríamos legalmente en ese aspecto», explica Paulina, extrabajadora de una clínica en Bogotá.
Según nos han narrado algunas mujeres que trabajan reclutando y acompañando a gestantes, los pagos pueden llegar hasta los dos millones y medio de pesos (547 euros) por proceso exitoso. «La clínica es la que nos hace los pagos. El 50% cuando la mujer sale apta y el otro 50% cuando está en la semana 12 de embarazo», afirma Garzón.
Algunas gestantes han denunciado que las mismas reclutadoras les exigen un porcentaje del pago que reciben de los padres de intención, clínicas y fundaciones a cambio de ayudarlas a pasar los controles de los centros y poder acceder a los programas de subrogación.
* Los nombres de todas las gestantes fueron cambiados para proteger su identidad y por motivos de seguridad.
Este reportaje fue realizado con la colaboración de Marco Dalla Stella. Es la primera parte de una serie sobre el panorama actual del creciente mercado de la gestación subrogada en Colombia y sus implicaciones.
Este dossier de investigación sobre la industria de los vientres de alquiler ha sido desarrollado con la financiación de la organización Journalismfund Europe.
