Agobiada por las deudas y su situación de pobreza, Eve, una joven mujer tailandesa de 24 años, se fijó en un anuncio publicado en Facebook para trabajar en Georgia. Nunca había oído hablar de ese país y no tenía mucha idea de la gestación subrogada, que era lo que ofrecía esa oferta: unos 16.400 dólares por ser madre por este procedimiento. El anuncio parecía inocuo, pero aquello se convirtió en una pesadilla, no solo para ella, sino para las docenas de mujeres tailandesas que viajaron 6.400 kilómetros acuciadas por su situación económica.

Son las historias que narra The New York Times en una nueva investigación sobre la industria de los vientres de alquiler, cuya conclusión principal es la misma a la que llegó la investigación realizada por La Marea: no hay altruismo en la gestación subrogada.

La Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, lo resume así: «La práctica de la reproducción subrogada se caracteriza por la explotación de las mujeres y los niños, incluidas las niñas, y la violencia contra ellos. Asimismo, refuerza las normas patriarcales al mercantilizar y cosificar el cuerpo de las mujeres y exponer a las madres sustitutas y los niños a graves violaciones de los derechos humanos».

En su investigación, el diario norteamericano pone el foco en la deshumanización de las mujeres, en la mercantilización de su cuerpo por parte de la industria y de cómo se convierten prácticamente en sus esclavas. Tal es la gravedad, según publica The New York Times, que si alguna mujer ya en Georgia cambiaba de opinión, no podía hacerlo: «Además de pagar su propio viaje de vuelta, tenía que reembolsar a los jefes lo que, según ellos, les había costado«. Un dinero que no tenían y que se sumaban a las deudas que las habían llevado hasta allí.

Georgia ha sido, de hecho, uno de los países destacados de la investigación realizada por La Marea, uno de los grandes beneficiados de la crisis que atraviesa la industria del alquiler de vientres en Ucrania a causa de la guerra. Su principal problema, como se recoge en los reportajes, es la escasez de mujeres georgianas dispuestas a gestar.

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«La práctica de la reproducción subrogada se caracteriza por la explotación de las mujeres y los niños, incluidas las niñas, y la violencia contra ellos. Asimismo, refuerza las normas patriarcales al mercantilizar y cosificar el cuerpo de las mujeres y exponer a las madres sustitutas y los niños a graves violaciones de los derechos humanos». Sin ambages, es la principal conclusión del informe de la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, hecho público en agosto de este año.

A principios de noviembre, en España, la Fiscalía logró cerrar por primera vez anuncios sobre gestación subrogada en internet. La Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, prohíbe expresamente en su artículo 33 la promoción comercial de la gestación por sustitución. Y solo unos meses antes, el Gobierno había anunciado la suspensión de la inscripción directa de menores gestados por esta técnica.

Aunque muy lentamente, las denuncias contra esta práctica, que no es legal en España, han ido ganando peso en este último año a pesar del importante lobby a favor: según una encuesta realizada por el Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante en 2018 –la única de grandes dimensiones hasta ahora y que no fue difundida hasta 2023–, el 58% de la ciudadanía consultada consideró que habría que regular esta práctica y el 53% estaría dispuesta a recurrir a ella en caso de problemas de infertilidad y de desear formar una familia.

El informe de la relatora de la ONU, sin embargo, es rotundo en este sentido: con la gestación subrogada se ejercen varios tipos de violencia sobre las mujeres. La primera, la violencia económica: «Las madres sustitutas son especialmente vulnerables a la explotación y la violencia durante todo el proceso si no pueden llegar a fin de mes o tienen deudas». La segunda, la violencia psicológica: «Se presenta esta actividad como una demostración de los valores del ‘amor’ y la ‘solidaridad’, sobre todo en relación con las parejas homosexuales». Esas presiones –dice el informe– disuaden a las mujeres de que busquen ayuda o expresen su disconformidad, dado que pueden sentirse sujetas de por sí al compromiso de transferir un hijo a los progenitores comitentes, con los que pueden tener vínculos afectivos.

Hay también, por supuesto, violencia física: «Aunque en el material sobre la contratación se describe como un proceso seguro desde el punto de vista médico, las pruebas indican que la salud de las madres sustitutas corre mayor peligro que la de otras madres. Medicamentos como Lupron están clasificados como peligrosos y se recomienda que solo los trabajadores de la salud los administren usando batas y guantes de protección».

Y violencia reproductiva: «Los desequilibrios de poder entre las madres sustitutas y los progenitores comitentes tienen graves consecuencias cuando estos últimos imponen un aborto en casos de embarazos múltiples o discapacidad fetal. Según se informa, se ha presionado a las madres sustitutas para que interrumpan embarazos sanos, incluidos aquellos en que han trascurrido más de 12 semanas, por medio de tácticas coercitivas como incentivos económicos, amenazas de acción legal o el retiro de la ayuda brindada tanto a la madre como al bebé».

Además, el afán de lucro en que se basa la prestación de servicios de reproducción subrogada –prosigue el informe– aumenta el riesgo de trata de personas en todas las etapas del proceso, en particular para que las envíe a otros países con fines de trabajo reproductivo forzado. «Los arreglos de reproducción subrogada pueden equivaler o asemejarse a la esclavitud, ya que ponen a las madres sustitutas en una situación en que se hace uso de todas o alguna de las características del derecho de propiedad con respecto a ellas», concluye la relatora.

El especial de ‘La Marea‘

Entre 2020 y 2024, el mercado global de la gestación subrogada creció un 460%, según Global Market Insights, y estaba valorado en 14.950 millones de dólares. Para 2033, se prevé un aumento de este negocio hasta los 99.750 millones de dólares. Varios países clave en este auge son España y el norte de Europa como mercado de padres demandantes; Colombia, Ucrania y Georgia, como destino para encontrar gestantes; Irlanda, Dinamarca y Grecia como modelo legislativo.

Ahora mismo, en La Marea, nos enfrentamos a una demanda por investigar la industria de los vientres de alquiler: una agencia nos pide 60.000 euros. Durante un año, un equipo de periodistas ha documentado el negocio transnacional de la gestación subrogada. Puedes leer aquí el especial.

ESPECIAL: Gestación Subrogada

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La Fiscalía ha puesto fin a varias campañas de empresas dedicadas a gestionar vientres de alquiler que se anunciaban a través de páginas web o redes sociales, tras abrir por primera vez en España unas diligencias por publicidad ilícita sobre gestación subrogada.

Esta cruzada contra anuncios de empresas de gestación subrogada, que proliferan en internet y en la mayoría de casos en páginas webs internacionales, fue impulsada desde la Fiscalía de Barcelona por Paloma Pelegrín, responsable de la nueva área de defensa de los consumidores y usuarios, que inició su andadura hace año y medio.

El origen de las diligencias es una denuncia presentada por una asociación feminista de Vigo que pedía que se investigara, por la vía penal, a entre 20 y 30 empresas de gestación subrogada que se anunciaban por internet, lo que está expresamente prohibido por la ley de salud reproductiva de 2023. Otra norma de 2016 establece la nulidad de los contratos de ese tipo de reproducción asistida.

Una vez descartada una investigación penal, al no haber constancia de esas prácticas de gestación subrogada que se anunciaban, la Fiscalía abrió diligencias preprocesales, por la vía civil, para determinar si las páginas web y el contenido difundido por redes sociales podían constituir publicidad ilícita.

En el marco de esas diligencias, la fiscal remitió requerimientos a dos de las empresas que gestionaban esas webs localizadas en Barcelona, que, de esa forma, optaron por retirar sus campañas publicitarias de internet, cierre que se materializó entre finales de 2024 y este año.

Los casos de anuncios gestionados por empresas de otras provincias españolas se remitieron a las Fiscalías respectivas, lo que también ha dado sus frutos. El pasado abril, el ministerio público logró que el juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid dictara unas medidas cautelares para obligar a una empresa de gestación subrogada a cerrar su página web y los anuncios que difundía por Facebook, Instagram o X.

Un mes después, el juzgado estimaba la demanda de la Fiscalía y condenaba a la empresa por «realizar publicidad ilícita», al tiempo que le obligaba a difundir su sentencia en las mismas redes sociales donde había anunciado los vientres de alquiler.

Cosificación de mujeres y niños

Según la Fiscalía, las campañas de las empresas analizadas, muchas de las cuales ofrecían vientres de alquiler en Ucrania, no solo incumplían la legalidad por publicitar la gestación subrogada, sino que además incluían un contenido que «cosificaba» a las mujeres y a los embriones, tratando a ambos como meras mercancías y con un llamativo sesgo racial, en el que se resaltaban su piel blanca.

Las actuaciones de la Fiscalía resultan, sin embargo, insuficientes, dado que las páginas webs sobre gestación subrogada se multiplican constantemente en internet, en la mayoría de casos amparadas en páginas internacionales cuyo cierre entraña mayor complejidad.

Por ese motivo, la Fiscalía se plantea acudir a la Audiencia Nacional para que, a través de la vía contencioso-administrativa, sean los tribunales los que fuercen el cierre de esas páginas web por vulneración de la legislación española en materia publicitaria.

Webs que promueven la anorexia

Otro de los caballos de batalla de la Fiscalía de Consumo de Barcelona es poner coto a las publicaciones en internet que promueven los trastornos alimentarios, un fenómeno cada vez más frecuente en redes sociales.

La Fiscalía de Barcelona presentó una denuncia contra una de esas webs que promueven la bulimia o la anorexia, pero el juzgado acabó archivando la investigación por la imposibilidad de determinar quién estaba detrás de esas publicaciones, dado que las comisiones rogatorias expedidas en busca de colaboración internacional resultaron infructuosas.

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