Este artículo ha sido publicado originalmente en La Directa.

La palabra imperialismo vuelve a estar en boca de todos. La geopolitización de las relaciones internacionales, así como el marcaje territorial, la política de la fuerza, el nacionalismo expansionista y la coerción económica y militar, hacen difícil encontrar una mejor manera de describir las disputas en el tablero global. El principal motivo de este conflicto a gran escala es que vivimos en un tiempo liminal, un intervalo entre un estado anterior y uno nuevo, el interregno entre la unipolaridad estadounidense surgida del final de la Guerra Fría y la multipolaridad que reivindican las potencias medias y emergentes.

Ante la intensidad y la velocidad de los cambios globales, que tienden a invisibilizar otros ritmos y horizontes políticos, este texto nace con la voluntad de contribuir a la construcción de un antiimperialismo popular que responda al contexto y ponga en valor resistencias y alternativas.

Recursos, propaganda y desgaste social

Las diferentes dimensiones del embate imperial exigen una respuesta antiimperialista que vaya más allá del campismo —la idea de que “los enemigos de mis enemigos son mis amigos”— y también de la condena selectiva que, por ejemplo, señala al imperialismo ruso mientras blanquea el imperialismo yanqui.

Es precisamente el imperialismo estadounidense, hoy encabezado por Donald Trump, quien está dinamitando las ya frágiles relaciones internacionales desde una lógica abiertamente transaccional. El afán por controlar recursos estratégicos —desde las tierras raras de Ucrania hasta el potencial gasístico de Gaza, pasando por el petróleo venezolano o los hidrocarburos de Irán— está reconfigurando aceleradamente las alianzas globales y, al mismo tiempo, se utiliza como instrumento de confrontación contra China.

Ahora bien, el imperialismo actual no solo opera mediante el expolio de recursos. También actúa como una fuerza destructiva con profundos efectos psicosociales: normaliza la violencia, alimenta la impotencia, la ansiedad y la apatía, y favorece el aislamiento. En su versión trumpista, la dimensión comunicativa se convierte en un elemento central para producir este impacto. Por un lado, busca saturar el espacio público con un flujo constante de mensajes que hegemoniza los canales de comunicación. Por otro, pretende desplazar la ventana de Overton, ampliando los límites de lo políticamente aceptable. El vídeo “Trump Gaza” es un ejemplo claro: una apuesta por normalizar lo grotesco.

La acción imperialista y su aparato propagandístico también penetran en el ámbito militante, generando fatiga, frustración y pérdida del sentido de la lucha. Este desgaste se explica, en parte, por la hiperresponsabilización y la incoherencia que implica reconocerse como pieza de un sistema estructuralmente injusto. Ulrich Brand definía esta realidad como “modo de vida imperial”: una forma de vida propia del Norte Global, sostenida sobre la explotación de territorios y ecosistemas ajenos, presentada falsamente como universal pero profundamente insostenible e injusta, y reproducida transversalmente por amplias capas sociales.

La sustancia del antiimperialismo popular

Podríamos definir el antiimperialismo popular como una crítica a la expansión política, económica y cultural de potencias dominantes sobre otros territorios, otorgando protagonismo a las formas de oposición que surgen desde las clases populares (trabajadoras, campesinas, colectivo LGTBIQ+, personas racializadas, pueblos indígenas, etc.).

La esencia del concepto puede encontrarse en diferentes tradiciones que van desde el marxismo de Vladimir Lenin o Rosa Luxemburgo, el decolonialismo de Frantz Fanon o Ho Chi Minh, hasta movimientos contemporáneos como el zapatismo y los movimientos indígenas, feministas y ecologistas, principalmente en el Sur Global.

En este sentido, diversas voces reivindican un antiimperialismo popular capaz de superar el campismo y el reduccionismo geopolítico. Ashley Smith alerta contra la lectura de los conflictos únicamente como disputas interimperialistas y rechaza la idea de Washington como fuerza positiva global. Al mismo tiempo, Anticapitalistas sitúa en el centro el apoyo a Palestina, el antirracismo, los derechos de las personas migrantes y la oposición al militarismo, mientras que Catarsi Magazine defiende la autonomía política de las resistencias y el anticolonialismo como respuesta a la extrema derecha. Finalmente, Walaa Alqaisiya reivindica un feminismo palestino antiimperialista que articule género, clase y liberación colectiva frente al colonialismo y al pinkwashing israelí.

Por tanto, el antiimperialismo popular debe articular la confrontación con el orden geopolítico actual junto con una transformación de las formas de producción y reproducción, orientada a superar las dinámicas de acumulación, sosteniendo la vida y defendiendo a las clases populares. Esto implica disputar el control de los recursos estratégicos y rechazar que la crisis ecológica se resuelva mediante una nueva expansión extractiva sostenida sobre el saqueo territorial, la dependencia tecnológica y la subordinación del Sur Global. La reconfiguración industrial impulsada por los bloques occidentales —desde las cadenas de minerales críticos hasta la consolidación de una economía orientada al rearme— no representa una ruptura con el modelo anterior, sino su adaptación militarizada.

Esta confrontación también exige situar la movilidad humana y la reproducción social en el centro del análisis político. Las fronteras y los regímenes migratorios actúan como mecanismos que legitiman internamente el autoritarismo y la excepcionalidad permanente. En este contexto, las luchas feministas, antirracistas, campesinas, indígenas y migrantes no pueden entenderse como frentes complementarios, sino como espacios centrales de confrontación con un modelo que mercantiliza los territorios, erosiona las condiciones materiales de la vida y externaliza los costes sociales y ecológicos hacia los colectivos precarizados y vulnerabilizados.

Esto implica reconocer como parte de la lucha antiimperialista diversas formas de resistencia popular ya existentes, que operan en diferentes escalas pero responden a una misma lógica de confrontación con el expolio, el racismo y la militarización. En Estados Unidos, destacan las redes de vigilancia comunitaria y apoyo mutuo impulsadas por organizaciones de base que alertan y protegen a las comunidades migrantes frente a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como el movimiento autoorganizado migrante y antirracista ¡Regularización Ya!, centrado en la regularización y la defensa de los derechos de las personas sin papeles en el Estado español.

En el ámbito de los recursos, encontramos las resistencias al extractivismo verde del pueblo sami frente a la expansión de proyectos mineros de tierras raras que amenazan sus territorios y formas de vida, y las luchas de las comunidades lickanantay en el desierto de Atacama contra la extracción de litio vinculada a grandes corporaciones transnacionales. En la misma línea, en Cataluña, la Revoltes de la Terra denuncia y confronta la presencia de la empresa minera sionista ICL en el Bages, señalando los impactos ecológicos y las violaciones de derechos humanos derivadas de su actividad. Finalmente, en Europa, se cuestiona la deriva de la industria alemana —con casos como Volkswagen— por su implicación en cadenas de producción vinculadas a sistemas militares como la “Cúpula de Acero”, que ejemplifica la creciente integración entre el sector automovilístico y el complejo militar-industrial israelí.

Al mismo tiempo, diversas experiencias recientes en territorios directamente impactados por el imperialismo insisten en la necesidad de una autonomía política popular frente a las injerencias imperiales y las élites locales. El Sindicato de Trabajadores de los Autobuses de Teherán rechazaba tanto a las potencias extranjeras como el retorno monárquico impuesto “desde arriba” como vías de liberación para las clases populares iraníes. En una línea similar, el Comité Nacional de Conflicto venezolano denunciaba tanto la disputa entre imperialismos como la deriva proimperialista del gobierno de Delcy Rodríguez. Desde Palestina, Queers in Palestine rechaza la instrumentalización colonial de las disidencias sexuales para justificar violencia imperialista y genocida, negando que los derechos LGTBIQ+ puedan utilizarse como criterio para deshumanizar a pueblos colonizados.

Las tareas del antiimperialismo popular en el tiempo liminal

La buena noticia es que ya tenemos mucho trabajo hecho. Es importante que nuestros proyectos políticos no sean víctimas de un contexto lleno de excepcionalidades. Una de las tareas más importantes, en un presente discontinuo, es dar continuidad a nuestros horizontes políticos sin renunciar a un margen de maniobra suficiente para poder responder a los cambios del contexto.

Dentro de este margen de maniobra y en el marco de un antiimperialismo popular, es necesario articular un conjunto de propuestas que permitan responder a las diferentes dimensiones del embate imperial y a sus expresiones contemporáneas.

En primer lugar, el desarme debe plantearse como una condición material para reducir la capacidad de proyección de violencia de los bloques imperiales y de los Estados que los sostienen. Esto implica oponerse al atlantismo y al aumento de los presupuestos militares, a la expansión de la industria armamentística y de la industria dual —civil y militar—, y a la normalización de la guerra como instrumento político.

En segundo lugar, es necesario avanzar hacia una ruptura con la subordinación estructural a Estados Unidos, entendiéndolo como eje central del orden imperial contemporáneo. Esto supone cuestionar las dependencias metabólicas, económicas, militares y políticas, así como las alianzas que sostienen este orden, con el objetivo de abrir espacios de autonomía para proyectos populares.

En tercer lugar, es necesario desarrollar una práctica antirracista y decolonial que permita identificar y combatir las formas de dominación que sostienen el orden global actual. Esto implica analizar las bases materiales de la explotación colonial y neocolonial, desmontar las lógicas de acumulación capitalista y confrontar los discursos racistas y deshumanizadores que las legitiman.

Por último, es imprescindible responder al afán extractivo sobre los recursos naturales y territoriales, que estructura gran parte de las relaciones Norte-Sur y que se entrelaza con la emergencia climática y la crisis de la reproducción social. Esta respuesta implica defender la soberanía sobre los bienes comunes y oponerse a las lógicas de acumulación que destruyen ecosistemas y despojan a las comunidades, al tiempo que se sitúa en el centro la sostenibilidad de la vida. Esto supone reforzar las redes comunitarias, los servicios públicos y las condiciones materiales que hacen posible la vida cotidiana, disputando el sentido de lo que significa vivir dignamente fuera de las dinámicas de mercado, explotación y colapso ecológico.

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1 de junio

En un festival literario, conversamos durante la cena con la escritora Simona Baldanzi, que nos habla del Festival di Letteratura Working Class, que se celebra en una fábrica okupada por los trabajadores después de que la empresa decidiera cerrarla. Lo dirige Alberto Prunetti, autor, entre otras obras, de la magnífica Amianto, publicada en España por Hoja de Lata. Nos pregunta qué autores españoles han publicado novelas en un entorno fabril. No es difícil pensar en escritores y escritoras actuales que escriben sobre precariedad y sobre barrios marginales y obreros, pero resulta mucho más difícil encontrar ficción centrada en la vida laboral fuera de lo intelectual o del sector servicios. La fábrica, la mina, el taller parecen casi desaparecidos de la literatura contemporánea, quizá porque hay muchos autores que tenemos experiencias de precariedad o de vida en un barrio obrero, pero pocos conocemos bien el trabajo fabril.

Durante la conversación mencionamos Desde la línea, el poema terrible de Joseph Ponthus (Siruela), donde refleja la dureza brutal del trabajo en conserveras de pescado y mataderos, que conoce de primera mano. (Prefiero llamarlo poema, en lugar de prosa poética, como hace la editorial, porque esta clasificación hace pensar en lirismo, metáforas, figuras literarias… y yo diría más bien que se trata de un poema prosaico, de lenguaje sencillo y directo, quitando a lo de «prosaico» la connotación negativa).

Me acuerdo ahora de la escritora que, cuando le dije que iba en metro a no sé dónde, exclamó: «Qué proletario». Qué lejos estamos, y queremos estar, de las experiencias cotidianas de la mayoría de la población. Englobo en este plural al colectivo de escritores, aunque cada uno encaje mejor o peor en la afirmación.

Desde luego, nunca se me habría ocurrido que alguien pudiera considerar proletario usar el transporte público.

2 de junio

Estoy leyendo Figlia di una vestaglia blu, novela en la que Simona Baldanzi se acerca al mundo obrero desde la perspectiva de la hija de una trabajadora de la fábrica de vaqueros Rifle (equivalente a la Lois española) y también rememorando su tesis doctoral, cuando tuvo que estar haciendo cuestionarios entre los obreros que excavan los túneles en su región para el paso del Tren de Alta Velocidad. Me interesa doblemente porque es uno de los pocos ejemplos que he encontrado de literatura de fábrica –la llamo así para diferenciarla de la literatura de clase obrera, concepto mucho más amplio– y porque está escrita por una mujer, con atención, aunque no solo, a la experiencia de las mujeres.

Ayer, media hora después de escribir el último párrafo de la entrada anterior, leo estas frases en la novela de Baldanzi: «Hay quien lo ve [al proletariado] como raza en peligro de extinción, que debe protegerse. Lo he encontrado en la universidad: “Anda, ¿eres hija de obreros? Increíble. Cuéntame cómo es”. Como si llegase de otro planeta».

3 de junio

En el encuentro literario en el que estuvimos en Italia iba a participar Zapatero, que cancela en el último momento, cuando se hace pública la acusación por corrupción. Mucha gente me pregunta entonces qué va a pasar, si creo que las acusaciones son fundadas. No lo sé, claro que no lo sé. Salvo que, sea o no cierto que Zapatero haya cometido algún delito, el solo anuncio de la investigación pasará factura al PSOE. Es sabido que la corrupción en la izquierda tiene un alto coste electoral, la de la derecha apenas se nota en la intención de voto. Y ya es una perogrullada decir que no se persigue con la misma intensidad a unos y a otros. Apenas se investiga el enriquecimiento de familiares de los Aznar-Botella, de Ayuso, de Feijóo, etc. y la repercusión en prensa es mucho menor.

Aún en Italia, en un club de lectura una lectora me pide un análisis de la situación en España. Cuando les trazo una imagen bastante negra del futuro, la mujer me dice: «Al menos ustedes resisten, la gente sale a la calle, protesta. Aquí todo el mundo se ha resignado». Los demás participantes asienten cabizbajos.

Este año, por primera vez en muchos, no vamos a estar en la Feria del Libro de Madrid. Por un lado, tengo la sensación de perderme algo, de no estar presente en una actividad que se había convertido casi en un rito, también porque allí solemos coincidir con gente a la que no vemos a menudo y nos apetece hacerlo. Por otro, siento alivio por no tener que estar horas en las casetas recalentadas, pendientes de si se cierra por enésima vez el Retiro, a menudo con largas esperas entre firma y firma. Pero lo que más me gusta de no ir es no tener que asistir a la invasión de autores que tienen que ver con la literatura, la historia o la filosofía lo mismo que yo con el saxofón… que intenté aprender a tocar pero abandoné cuando me convencí de mi incapacidad absoluta para la práctica musical. Lo malo es que esos autores no solo no son conscientes de sus limitaciones, encima cuentan con un aparato publicitario que los hace pasar por lo que no son. Y a veces incluso cuentan con ayudantes que tocan las teclas por ellos.

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Hay libros que no se leen. Se sienten, se escuchan, se contorsionan y se padecen como un organismo vivo que respira y late entre las manos. Así es la primera novela de Laura Ortiz Gómez (Bogotá, 1986). Editada en España por Barrett, Indócil despliega una arquitectura narrativa tan exuberante que desborda sus propios muros: una casa contestona y anárquica que, desde sus primeras páginas, revela sus intenciones: «No me sometí. Decían mi casa. Y yo, recién nacida, decía para adentro: soy la casa de mí».

Esta obra es, además de un grito contra la injusticia, la celebración rebelde de la belleza. Con una lírica ingobernable que estira el lenguaje y lo rompe para narrar el despojo, Ortiz enarbola las palabras para reclamar, entre el moho, las filtraciones y los huesos insepultos de una niña tehuelche, el derecho fundamental al que aspiraba el pensador peruano José Carlos Mariátegui: la lucha irrenunciable por el pan y la belleza. Así, la autora reivindica la transformación social como un reordenamiento estético: «Se trataba de reorganizar el cosmos y de barrer».

Ante la pregunta de si el ser humano «no domesticado» es esencialmente anarquista, la autora reflexiona: «La parte utópica es pensar en un mundo sin jerarquías, pero ¿cómo pensamos el poder que cada uno tiene en el mundo? En todas nuestras relaciones se está renegociando ese poder. Quizás, lo interesante del anarquismo sea proponer una conciencia sobre el propio poder y sobre la negociación con el otro de manera más horizontal, menos impositiva y, por lo tanto, más fácil para que el diálogo sea posible, como en las comunidades indígenas de mi país, Colombia, o en comunidades rurales y afro donde la organización todavía tiene una dimensión humana».

En esta ficción, espejo de feria donde la historia argentina devuelve el reflejo deforme de lo que, más que nunca, un reclamo vigente por el derecho a la vivienda, el trabajo y la dignidad, Ortiz rescata la Huelga de las Escobas de 1907: un levantamiento de mujeres anarquistas contra el hacinamiento en los conventillos. Con ella ha logrado un hallazgo: traducir ideas teóricas y políticas en imágenes poéticas que estremecen. Así, la desobediencia civil en Indócil se convierte, inevitablemente, en desobediencia lingüística.

Hablas de temas que se rehúyen, como la esclavización de mujeres en el trabajo doméstico, la precarización de inmigrantes, los proyectos estructurados de exclusión social, la normalización de la pedofilia, el expolio de etnias indígenas, la aporofobia…

Estos temas siempre han estado presentes y eso lo fui descubriendo en la investigación. A veces, en nuestra fascinación con lo contemporáneo, olvidamos que las preguntas son muy viejas y que los reclamos siguen siendo los mismos. Impresiona que pensamos que la historia tiene asuntos zanjados y, aunque suene un cliché, en Latinoamérica somos países circulares. Las luchas no resueltas vuelven y aparecen, pero cada vez con un sentido más dramático, más urgente. Cuando me puse a investigar los finales del siglo XIX y comienzos del XX en Argentina, encontré cosas fascinantes como estos movimientos anarquistas de mujeres que ya tenían publicaciones, diarios, donde se hacían unas preguntas muy de avanzada. Ya se estaban cuestionando a Dios, a las instituciones, a las jerarquías, el control de natalidad, el amor no monogámico, el acceso a la tierra y la vivienda…

Entonces, solo detenernos un poquitito en el pasado nos abre de nuevo todos los problemas, todas las llagas vivas, pero también nos muestra que en ese pasado hubo luchas más valientes o más imaginativas. Lo que me interesó del anarquismo de comienzos del siglo XX fue descubrir que pedían de cara a la utopía, que cuestionaban no solo la repartición material de las cosas, sino la noción misma de la propiedad, y esto es un tema para retomar cuando la precarización es cada vez más grande, cuando nos están quitando la esperanza y todo parece tener una sensación de sin salida. 

Tu novela es un ser vivo igual que la casa protagonista. Provoca un impacto sensorial, quizás más cercano a la música que a la literatura.

Efectivamente es un libro muy musical, muy visceral, porque quería que esta casa fuese, sobre todo, el cuerpo de la casa y tuviera una voz verdadera. Una voz que me hizo preguntarme por un lenguaje casa y por un cuerpo así. Entonces, antes de encontrar esa voz, hubo un proceso de investigación histórica profundo acompañado de mucho diseño de la trama: el andamio racional sobre el que me paro para luego dejar entrar una voz extraña para que la lengua supure algo muy insubordinado, algo no jerárquico, algo poético.

Y esto resulta palpable en la sucesión de imágenes de Indócil, cuando la autora, como un viaje lisérgico donde el ritmo se acelera, se ralentiza y, de pronto, arremete de nuevo con fuerza de marea, se sumerge en desigualdades estructurales y logra del lector una respuesta orgánica, física.

La precariedad laboral de los migrantes, las políticas de limpieza racial, el machismo, la pederastia permitida y la herida abierta de la propiedad privada, entre otros temas tan oportunos como dolientes, habitan esta casa de Buenos Aires, donde Vira y Olena, dos sirvientas ucranianas sometidas a un régimen de explotación que roza el esclavismo, son vistas por sus patrones como un ente indivisible donde el fallo de una ocasiona el castigo de la otra.

A pesar de esa oscuridad, la casa palpita con ellas: se enamora de su fragilidad, de su amor y su ternura, las reconoce con la fuerza de un ser vivo mientras se reclama a sí misma, insubordinada ante quienes creen poseerla. El mismo sentido de justicia poética impregna a Taras, el hermano que reinventa la rapiña –calzones, frasquitos de perfume, billetes, huesos humanos–, para convertirla en instalaciones llenas de belleza. «Fuimos bellos, ya nadie se acuerda», susurra la casa entre escombros.

La relación rebelde con la palabra es lo que permite que el relámpago perfore el dolor a través de otros personajes luminosos como Ulises, el niño útil y fulgurante que sabe abrir cualquier puerta, o como Acracia, la niña muda.

Indócil no es solo una historia de resistencia, es la prueba de que la belleza es una forma de militancia: una manera de interpelar la realidad desde un lugar donde el lenguaje, por fin, se siente libre.  

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Hay libros que incomodan porque dicen en voz alta lo que todos intuyen, pero nadie quiere admitir. Homo criminalis: cómo el crimen organiza el mundo (publicado por Capitán Swing, con traducción de Noelia González Barrancos) del historiador y analista de seguridad Mark Galeotti, es uno de ellos. Su tesis es tan simple como perturbadora: el crimen organizado no es un parásito que se alimenta de la sociedad desde los márgenes, sino uno de sus motores fundacionales. Desde las repúblicas mercantiles del Renacimiento italiano hasta los cárteles que financian iglesias en América Latina, pasando por los piratas que trazaron las rutas del comercio atlántico, Galeotti argumenta que cada vez que la sociedad humana da un salto de complejidad, el crimen organizado da otro a su lado.

Galeotti es doctor en Filosofía por la Universidad de Oxford, ha asesorado a gobiernos y organismos internacionales sobre crimen transnacional y amenazas híbridas, y lleva décadas estudiando el crimen organizado ruso, campo en el que es una referencia mundial. Su trayectoria arrancó, como explica, de forma casi accidental mientras realizaba su doctorado sobre veteranos soviéticos de la guerra de Afganistán. Fue entonces cuando algunos de sus entrevistados le explicaron cómo acabaron entrando en las redes mafiosas que proliferaron en el caos postsoviético. Aquella pista accidental se convirtió en vocación.

Galeotti habla de la imposibilidad de separar historia legítima e historia criminal, de la guerra contra las drogas como fracaso programado, del blanqueo de capitales como columna vertebral de la economía global, del arte como moneda del hampa y de por qué el trumpismo, las Guerras del Opio británicas y los yakuza japoneses responden a una misma lógica: la del poder que ya no necesita disimular.

El título del libro, Homo criminalis, sugiere una suerte ontología del crimen: que transgredir es algo intrínseco a la naturaleza humana o al menos a cualquier forma de organización social. ¿Concibes el crimen organizado como un subproducto inevitable de cualquier estructura social, o más bien como uno de sus motores activos?

En sentido técnico estricto, el crimen es aquello que la ley define como tal. Por eso resulta revelador que en tantas lenguas exista una distinción: el crimen, que delimita el Estado, y el mal, que delimita la sociedad. Uno de los argumentos centrales del libro es precisamente que siempre habrá una brecha entre lo que el Estado criminaliza y lo que la sociedad considera reprochable. Y el crimen organizado florece en esa brecha. En una democracia que funciona bien, esa brecha debería ser estrecha. Pero en muchas sociedades es enorme.

¿Y cuándo emerge históricamente el crimen organizado como tal?

Los grandes momentos de emergencia del crimen organizado coinciden con los grandes momentos de organización social. Tras la caída del Imperio Romano no hubo crimen organizado propiamente dicho, solo bandidaje, porque tampoco había sociedad organizada más allá del nivel local. El crimen organizado reaparece en el Renacimiento, en Italia y en los Países Bajos: las cunas de los nuevos modelos de sociedad, de banca, de comercio. Hoy la sociedad está más organizada que nunca y es, por tanto, un momento extraordinario para ser un criminal organizado. La globalización les ofrece las mismas ventajas que a cualquier empresa transnacional.

¿Por qué la historiografía tradicional ha tendido a tratar el crimen como una anomalía, una patología social, en lugar de como uno de los pilares estructurantes de las sociedades humanas?

En parte por una razón muy humana: es cómodo pensar que el crimen ocurre en otro lugar, en países desordenados donde se fabrican las drogas, o entre tipos de aspecto amenazante en bares a los que nunca iríamos. Siempre se externaliza. Pero hay una razón más estructural: la erudición clásica se construye sobre los documentos y registros del Estado. Y el crimen deja pocos registros. Además, hasta hace relativamente poco, la producción académica estaba en gran medida al servicio de los intereses estatales. La idea del intelectual independiente tiene como mucho 200 años. Todo ello ha conspirado para que ignoremos hasta qué punto el crimen organizado no solo es una herramienta útil para entender cómo funcionan las sociedades, sino una fuerza mucho más poderosa de lo que hemos querido reconocer.

Se suele decir que la historia la escriben los vencedores, y tu escribes de la transición del bandido al fundador de naciones como un hecho casi estructural. ¿Puedes darnos algún ejemplo histórico en el que esa transición haya sido tan fluida que hoy celebremos a esos fundadores como héroes legítimos?

Todos los Estados fueron fundados por señores de la guerra. Los más eficaces no fueron solo los que tenían más espadas, sino los que entendieron la importancia de construir legitimidad. La espada más poderosa es la que está en el alma de los súbditos: convencerles de que tienes derecho a gobernar porque Dios lo quiso, o porque sacaste la espada de una piedra. Toda la historia británica está moldeada por la conquista normanda, es decir, por la invasión de una potencia extranjera sin ningún fundamento real. Pero si te quedas el tiempo suficiente, te conviertes en el monarca legítimo. Es exactamente el mismo principio que aplica el mafioso inteligente cuando convence a su comunidad de que está de su lado.

La piratería está muy romantizada en la cultura popular, pero ¿cuál fue su papel real en la formación del capitalismo mercantil? Y en relación a eso: Trump recientemente llegó a referirse a la piratería como «un buen negocio» cuando justificó la incautación de petróleo venezolano. ¿Estamos volviendo a un paradigma en el que la legitimidad ya no se construye discursivamente, sino que se impone por la mera demostración de fuerza?

Los piratas no crearon las estructuras del capitalismo mercantil moderno: fueron un producto de ellas, y también un factor dentro de ellas. Sin esas enormes rutas comerciales, sin las flotas de oro provenientes de América Latina, no habría habido incentivo para el surgimiento de esa subcultura económica pirata. Pero a su vez, la piratería generó rutas alternativas, ciudades enteras que vivían de la venta del botín. Se convirtió en instrumento de guerra entre Estados a través del corso, y en un mecanismo por el cual élites más amplias podían participar en las ganancias del colonialismo. Es, una vez más, la señal de que el crimen es parte del mundo capitalista: se invierte en él, se toman decisiones empresariales, se gana o se pierde.

En cuanto a la cuestión de la legitimidad, creo que hay una legitimación tecnocrática creciente que dice «no he seguido las reglas, pero hago que los trenes lleguen a tiempo». Hay una palabra rusa magnífica, vranyo, que significa una mentira que el otro sabe que es mentira, pero no puede hacer nada al respecto. Antes, Estados Unidos al menos tenía la cortesía de fingir que construía alguna justificación. Lo que vemos con Trump es que ni siquiera hay pretensión de eso. Y no lo veo como un fenómeno Trump sino como un síntoma del declive americano. Igual que las Guerras del Opio marcaron el declive del Imperio Británico, cuando un poder tiene que esforzarse más en aparentar que es fuerte, es porque ya no lo es tanto.

Te pregunto también sobre el mundo de las drogas: ¿qué balance haces de la guerra contra las drogas iniciada en el siglo XX? ¿Y apoyarías la despenalización total como estrategia para desarticular el mercado negro?

No apoyaría la legalización de todas las drogas, porque cuando algo tiene capacidad adictiva química distorsiona la libre voluntad del consumidor. Hay sustancias con efectos genuinamente devastadores. Dicho esto, con el cannabis, por ejemplo, hay que preguntarse si es socialmente o sanitariamente peor que el tabaco. Y una de las razones por las que hoy circulan versiones extraordinariamente potentes de cannabis es precisamente porque ha sido criminalizado: perdemos la capacidad de regularlo y creamos incentivos para que los criminales ofrezcan versiones cada vez más adictivas.

La cuestión de fondo es, de nuevo, la brecha entre Estado y sociedad. Cuando hay una parte importante de la sociedad que no cree que ciertas drogas blandas sean perjudiciales, el traficante se convierte en aliado y el Estado en enemigo. Eso deslegitima al Estado y a las fuerzas del orden. La guerra contra las drogas ha sido además catastrófica porque ha generado expectativas irreales: las guerras se ganan. Esto no es una guerra, es un problema de salud pública. Y se ha centrado obsesivamente en la oferta –quemar cultivos, interceptar correos– sin abordar en serio la demanda, que es más difícil y más incómoda políticamente.

El fentanilo es una epidemia en Estados Unidos, pero no lo es España. ¿No dice eso algo sobre factores sociales más profundos que la mera disponibilidad de la sustancia?

Absolutamente. El fentanilo es en gran medida un producto de un sistema sanitario completamente mercantilizado. La epidemia de opioides empieza en las salas de espera de los médicos, no en las esquinas. La industria farmacéutica prescribió opioides de forma masiva y creó una dependencia que luego encontró su cauce en el mercado negro. Es el ejemplo perfecto de cómo la distinción entre fármaco y droga es, en el fondo, una distinción artificial y política.

Y hablando de política y artificios… ¿Crees que sería posible sostener la economía globalizada actual si pudiéramos purgar todo el dinero de origen criminal?

No. La economía global colapsaría. El dinero sucio ha penetrado en cada rincón del sistema. Y ahora que el dinero es esencialmente una fantasía consensuada que se mueve de un ordenador a otro, rastrear su origen se ha vuelto prácticamente imposible. El mecanismo es conocido: el dinero entra en el sistema bancario a través de jurisdicciones muy opacas, y desde ahí se va desplazando, lentamente, hacia lugares cada vez menos dudosos, hasta llegar a Londres, Nueva York o Fráncfort. Todo el mundo sabe que eso ocurre. El problema es que cuando es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de nadie.

Londres es señalada como uno de los principales centros de blanqueo del mundo. Con tu experiencia, ¿puedes explicar un poco su funcionamiento interno?

Antes de hacer el doctorado trabajé un año en la City de Londres. Lo odié, pero fue la mejor decisión que pude tomar, porque cuando volví a la academia supe con certeza que era lo que quería. Lo que escuché durante ese año fue muy revelador: todos eran conscientes de la necesidad de cumplir con la normativa de «compliance», pero la pregunta nunca era «cómo hacemos las cosas bien», sino «cómo nos aseguramos de que no nos pillen haciéndolas mal». Una amiga que trabajó siete años en ese sector me lo dijo con toda claridad antes de dejarlo: su trabajo consistía en asegurarse de que nadie fuera cazado. El sistema no está diseñado para ser ético, está diseñado para parecer que lo es.

En The Wire, el punto culminante de la carrera criminal no es el dinero ni el poder en la calle, sino el acceso al mundo de los abogados, los políticos y los hombres de negocios. ¿Es esa imagen –la del crimen que aspira a fundirse con lo legítimo– una representación fiel de cómo funciona realmente el ascenso en el crimen organizado?

La mayoría de los criminales no llegarán nunca a eso ni de lejos. La mayoría fracasa, acabará muerta, en prisión, o simplemente abandonará el mundo criminal porque no les sale a cuenta. Pero sí, el sueño es exactamente ese: el momento en que has dado el salto. Y mejor aun cuando has institucionalizado el proceso. Piensa en lo que ocurrió en Japón, donde los yakuza fueron durante mucho tiempo legales. Tenías el poder y el dinero que te da el crimen, y la seguridad y la respetabilidad de estar en el lado legítimo de las cosas. Eso es el ideal. En los países occidentales modernos es más difícil de conseguir, pero sigue siendo el horizonte.

En cambio, lo que obtenemos es, a menudo, una división del trabajo: el criminal, por un lado, y la figura legítima –el político, el empresario– que mantiene una alianza discreta con él. Puede que no consigas unir las dos identidades en una sola persona, pero consigues una asociación muy cómoda.

Acabo preguntándote sobre el mundo de los llamados robos de «guante blanco». El tráfico de arte y antigüedades suele presentarse como un crimen «elegante», casi menor. Pero el mercado del arte tiene una característica singular: la opacidad en la formación de precios lo convierte en un vehículo óptimo para el blanqueo. ¿Qué función cumple realmente el arte dentro de las economías criminales?

Es realmente deprimente hasta qué punto los tesoros culturales se han convertido en meros instrumentos de transacción financiera. En el cine y la televisión tendemos a imaginar al coleccionista que roba una obra para tenerla en su bóveda y contemplarla en privado. No digo que eso no ocurra nunca, pero es la excepción. En la mayoría de los casos, el arte simplemente se ha convertido en una unidad de capital muy concentrada.

Las obras se usan como garantía de deudas en el mundo criminal, como mecanismo de blanqueo y como reserva de valor que reposa en un depósito franco con control de climatización, sin que nadie las vea. Pero el dueño sabe que está ahí, y si necesita un millón de dólares extra, la tiene. Se usan también como medio de intercambio internacional entre criminales: una pequeña escultura que, aunque la vea un agente de aduanas, es improbable que identifique como una pieza babilónica original. Sirve para saldar la última remesa de drogas o armas. En el libro menciono el caso de un cuadro que había sido literalmente empotrado en una pared como fondo de reserva: no está expuesto, ni siquiera es visible. Podría ser perfectamente un lingote de oro o una bolsa de diamantes de sangre. El arte se ha convertido en eso: en dinero con buena prensa.

La entrada Mark Galeotti: “El crimen organizado no es una anomalía del capitalismo, es parte constitutiva de él” se publicó primero en lamarea.com.

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No nos cansaremos de repetirlo: una de cada cinco personas menores de edad sufre agresiones sexuales, la mayoría de ellas cometidas por familiares o conocidos. No lo queremos ver, no lo queremos asumir. Pero el problema está. No son casos puntuales ni es un asunto privado. Estamos hablando de un problema social, estructural y de salud pública que, pese a su gravedad y magnitud, continúa siendo un tabú en la sociedad.

«Muchas veces siento impotencia«, resumió Vicki Bernadet, que lleva más de 30 años intentando visibilizar este asunto, en la presentación online del especial de La Marea junto a la catedrática en Victimología Noemí Pereda. «Los medios de comunicación tenéis un papel muy importante», añadió Pereda.

En este contexto, en La Marea continuamos también con las presentaciones presenciales, esta vez en Sevilla. El evento se celebrará el próximo 10 de junio a las 19.30 horas en la Sala El Cachorro, en el barrio de Triana. Conducido por Olivia Carballar, contaremos con víctimas y representantes del mundo de la judicatura.

Así, participarán el fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla, Gabriel González, la abogada Amparo Díaz y el perito tecnológico Jorge Coronado, que abordarán las claves sobre el impacto de estos delitos en las redes sociales. Desde la asociación Redime, contaremos con la abogada y superviviente de abusos Mari Carmen Heredia y la terapeuta Eva Medina. Y también nos acompañará la superviviente Laura Cuevas, de la asociación Lulacris.

El acto se suma al celebrado el pasado mayo en el Teatro del Barrio, en Madrid, al que acudieron diferentes víctimas, especialistas y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que explicó las claves de la ampliación de la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia (Lopivi) tras su aprobación en el Consejo de Ministros.

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«Maya Angelou tiene una frase que dice que la escucha es lo más curativo que hay. Antes que terapias, antes que todo. La escucha es la mejor terapia porque todo el mundo no se acordará de lo que le has dicho, o no se va a acordar de dónde estaba, o no se va a acordar del momento… Pero siempre, siempre, se acordarán de cómo se han sentido al hablar contigo». Con una voz también sanadora, Vicki Bernadet, hoy con 72 años y media vida dedicada a visibilizar y ayudar a las víctimas de agresiones sexuales en la infancia y adolescencia –como ella–, explica cómo se sienten cuando intentan hablar.

El interlocutor interrumpe o dice cosas como ‘No pasa nada, se te pasará’. O peor aún: ‘¿Por qué no lo has dicho antes?’. O mucho peor incluso: ‘Ah, pero solo te tocó, podía haber sido más’. Como si el tipo de agresión –y no cómo lo vivió la víctima– fuera lo más grave. «Cuando doy una charla pregunto: ‘A ver, imaginad a vuestra familia, a vuestros amigos… que alguno fuera capaz de agredir a vuestros hijos’. Y el 100% te dice que no. Te vas al día siguiente a otro sitio y es que no. Y así durante todos los años que llevo ofreciendo cursos para padres y madres en los colegios. Y resulta que el 80% de los casos se dan en ese ámbito», dice en un resumen preciso de lo que ocurre con este asunto: no queremos ni oír hablar de ello.

«Hasta que las familias no conecten con la idea de que el 20% de la población se ve afectada y que el 85% se produce en el ámbito intrafamiliar, va a continuar ese porcentaje tan doloroso, que es que un 90% de los casos de abuso no se habla hasta la edad adulta. Y no solo es doloroso como sociedad, sino que son vidas que podríamos salvar», concluye. Ese no hablar, no ser escuchado y no recibir ayuda evolucionan con el silencio, el miedo y la vergüenza acumulando diversos episodios de violencia hasta que se es mayor. «Y cuando contamos nuestra vida, pues es: yo sufrí abusos a los cinco años, a los nueve, a los 17, una agresión sexual, un intento de suicidio, maltrato durante 14 hace años… Y este es un patrón normal. Es mi caso, pero en otros será adicciones, será anorexia, bulimia, prostitución…», añade.

Por eso insiste en la máxima divulgación, porque considera que con la detección precoz y ayuda, las po-sibilidades de sufrir todo lo demás son menores o casi nulas: «A tiempo, se trabaja una mala experien-cia con el apoyo de todo el mundo. Pero cuando eres adulto ya no es una mala experiencia, ya es un trauma. Y esto va de salvar vidas», repite.

Pone un ejemplo gráfico: «Puede que no lo puedas evitar, como un accidente. Pero cuando tienes un ac-cidente, sabes a qué hospital irás, a quién llamarás, sabes el número de la ambulancia. Con este tema, sin embargo, existe una resistencia. Hay un miedo irracional. Cuando yo lo conté, en el 97, hace casi 30 años, era normal encontrarse con eso. ¿Pero ahora? No tiene ningún sentido».

Bernadet admite que creó la fundación que hoy preside de manera egoísta, para salvarse también a ella misma. Y es por eso, porque ha hablado muchísimo y la ha escuchado mucha gente, por lo que sabe, como Angelou, por qué canta el pájaro enjaulado.

Publicado por primera vez en 1969, Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado recoge la autobiografía de la escritora Maya Angelou. Con siete años, fue violada por el novio de su madre. El agresor fue asesinado tras pasar brevemente por la cárcel y ella enmudeció durante cinco años:«Creí que mi voz lo había ma-tado; yo maté a ese hombre, porque dije su nombre. Y después pensé que nunca volvería a hablar, porque mi voz podría matar a cualquiera…».

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En la madrugada del sábado 28 de febrero de 2026, una serie de ataques «preventivos» lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán desencadenaron una escalada regional que ha vuelto a situar al Líbano en el centro del tablero de la guerra. A mediados de abril, los esfuerzos diplomáticos lograron el anuncio de un alto el fuego temporal de 10 días entre Líbano e Israel; sin embargo, la situación desde entonces sigue siendo extremadamente volátil y el riesgo de una nueva ruptura de las hostilidades persiste en todos los frentes.

En todo el sur del Líbano, el desplazamiento en 2026 no se ha producido como un momento único de huida, sino como un movimiento repetido marcado por los bombardeos, la incertidumbre, los refugios superpoblados y el acceso limitado a los servicios esenciales. A pesar del alto el fuego, las hostilidades continúan y las restricciones al retorno siguen vigentes en decenas de pueblos del sur. Muchas familias se desplazan de un lugar temporal a otro sin saber cuándo, o si, volverán a casa.

Estas seis historias, recopiladas por los equipos de Acción contra el Hambre en el Líbano, reflejan el impacto humano de una crisis multifacética marcada por el conflicto, las dificultades económicas y la inestabilidad prolongada.

«Durante tres días estuvimos en la carretera, en coches, al aire libre, desplazándonos de un lugar a otro»

Esta es la segunda vez que Ahmad huye del distrito de Tiro con su mujer y sus dos hijos, de 10 y 12 años. Durante la escalada de 2024, la familia ya había buscado refugio en el mismo centro de acogida colectiva en el que se alojan ahora de nuevo.

«El año pasado también estuvimos aquí», dice. «La gente nos ayudó mucho».

Esta vez, sin embargo, la magnitud del desplazamiento parece mayor y más caótica. Tras abandonar su hogar, la familia se desplazó repetidamente entre Beirut y el Monte Líbano en busca de refugio. Cuando finalmente llegaron a un refugio escolar en el distrito de Aley, se habían distribuido colchones y mantas gracias al apoyo de voluntarios y organizaciones humanitarias, pero las condiciones seguían siendo difíciles. La calefacción, la electricidad y el agua caliente eran limitadas.

«Nos las arreglamos», dice. «Pero hace frío», explica Ahmad, para quien la asistencia sanitaria es la principal preocupación, especialmente para los niños desplazados. «Si un niño está enfermo, necesitamos una atención adecuada. Esa es la prioridad».

«Si yo me derrumbo, ¿qué les quedará a ellos?»

Para Hanan, el desplazamiento se ha vuelto inseparable del miedo que sienten sus hijos.

Hanan, una enfermera del distrito de Bint Jbeil, huyó tras ver las carreteras abarrotadas de familias que escapaban del sur del Líbano. «Vimos las carreteras llenas. La gente se marchaba. Así que nosotros también nos fuimos».

Su familia pasó días desplazándose de un lugar temporal a otro hasta llegar finalmente a un refugio colectivo en el distrito de Aley. En un momento dado, tras esperar horas dentro de otro refugio escolar, les dijeron que no había espacio disponible.

«Fueron los voluntarios quienes nos ayudaron a encontrar un lugar», dice.

Dentro del refugio, las bajas temperaturas y el suministro eléctrico inestable siguen afectando a la vida cotidiana. Pero la mayor preocupación de Hanan es el impacto psicológico en sus hijos: «Mis hijos eran los mejores de su clase. Ahora mira lo que les está haciendo esto».

Su hijo ahora reacciona con intensidad ante los ruidos fuertes y el estrés.

«Si encuentro un lugar donde no oigan nada, me iré», dice. «Aunque tenga que vivir en la calle».

«Te vas de repente. Ni siquiera entiendes lo que está pasando. Simplemente te vas»

Rana y su familia huyeron del distrito de Tiro sin hacer las maletas, mientras los bombardeos se intensificaban en su zona.

El viaje hacia el Monte Líbano duró casi tres días. Cuando llegaron a un refugio colectivo en el distrito de Aley, nueve miembros de la familia de varias generaciones, incluidos sus hijos de 6 y 8 años y sus parientes mayores, compartían el suelo de una sola aula.

«Los primeros días dormíamos en el suelo. No había nada».

Con el tiempo, los voluntarios y las organizaciones humanitarias distribuyeron colchones, comida y suministros básicos, pero la incertidumbre sigue siendo constante.

«Antes, la gente solía acogernos», explica. «Esta vez, no había sitio».

Dentro del refugio, las aulas se han convertido en espacios habitables donde la privacidad ha desaparecido, y la vida cotidiana gira en torno a adaptarse a la escasez. Para la anciana de la familia, esta situación no era desconocida. El desplazamiento ya formaba parte de su experiencia vital, explica: «Confiamos en Dios. Eso es todo».

«No sabíamos adónde íbamos»

Saed salió del distrito de Bint Jbeil a medianoche con su mujer y sus tres hijos adolescentes. A última hora de la tarde del día siguiente, seguían desplazándose entre carreteras y pueblos sin un destino claro.

La familia cambió de rumbo repetidamente dependiendo de qué carreteras seguían siendo accesibles y dónde aún podría haber refugio disponible. Al igual que muchas familias desplazadas que huían del sur del Líbano, se desplazaban sin saber con certeza dónde pasarían la noche. «No nos fue fácil encontrar un sitio», confiesa.

Saed, que tiene unos 50 años y vive con una discapacidad, también necesita medicación regular para la diabetes y otras afecciones de salud. En el desplazamiento, el acceso al tratamiento se ha vuelto irregular y depende de la disponibilidad. La presión económica ha añadido otra capa de dificultades. Incluso los artículos básicos para el hogar se han vuelto inasequibles.

«Intenté comprar una sartén», dice su esposa. «Cuesta 15 dólares. No disponemos de esa cantidad».

La familia depende ahora en gran medida de la ayuda de familiares, vecinos y redes comunitarias mientras permanece en un refugio temporal. «Dependemos de la bondad de la gente», dice él. Por ahora, sus días siguen marcados por la incertidumbre, los recursos limitados y la ausencia de un plazo claro para el regreso.

«Dormí en el coche con mi hijo mayor porque no teníamos su silla de ruedas con nosotros»

Cuando las órdenes de desalojo llegaron a Borj Chimali, cerca de Tiro, Salman huyó con su esposa, sus cinco hijos y su anciano suegro. Tres de sus hijos padecen parálisis cerebral y tienen graves limitaciones de movilidad. Dos dependen por completo de sillas de ruedas, mientras que otro también padece epilepsia.

La familia pasó casi 15 horas en la carretera antes de llegar a un refugio colectivo en Saida.

Hoy, él y su familia se encuentran en la planta baja de un edificio de la Universidad de Saida, en la ciudad de Sidón. Una vez que por fin estuvieron a salvo, Salman regresó a Tiro para recoger las dos sillas de ruedas y las mantas de su casa. Dentro del refugio, la vida cotidiana se ve marcada por los retos de accesibilidad. Los aseos y el desplazamiento por los espacios compartidos siguen siendo difíciles para los niños, mientras que los suministros médicos y de higiene son limitados.

«El suelo es un problema. El frío hace que los niños se pongan enfermos. No paran de toser»

Zeina y su familia extensa abandonaron Deir al-Zahrani una hora después de que comenzara el bombardeo. «Nos fuimos inmediatamente», dice. «Llevábamos a los niños con nosotros».

El grupo de 13 personas huyó hacia el distrito de Aley, donde ya habían buscado refugio durante la anterior escalada de violencia en 2024. Llegar pronto no significaba que las condiciones estuvieran preparadas. «Ahora hay cosas disponibles», dice. «Pero seguimos sin tener almohadas ni colchonetas». Los niños del refugio siguen durmiendo al frío, mientras que el suministro eléctrico sigue siendo irregular.

A pesar de sus diferentes trayectorias, las familias comparten la misma realidad: desplazamientos repetidos, refugios superpoblados, atención interrumpida e incertidumbre sobre lo que les depara el futuro.

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Texto y testimonios: Kamila Lakkis, especialista en Comunicación e Incidencia de Acción contra el Hambre en el Líbano

Actualmente, Acción contra el Hambre en el Líbano presta apoyo en 284 refugios colectivos y ha ofrecido asistencia (alimentos, agua, saneamiento y atención sanitaria) a más de 70 000 personas en el país.

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Stepfather y stepdaughter son dos de las temáticas más demandadas en las webs de pornografía, según los datos publicados anualmente por una de las más importantes, Pornhub. Padrastro e hijastra en español, subterfugios para evitar el concepto que realmente evocan, el incesto. Es decir, una de las construcciones del deseo más demandadas por los consumidores de pornografía a nivel global es aquella en el que niñas, adolescentes y jóvenes son violadas por un adulto en posición de superioridad, que, además, es pareja de sus madres, y que en realidad, representan el rol de sus hijas. Es decir, la representación de una de las violencias pederastas que más afectan a las menores en todo el mundo –aquella que ejerce un adulto de su entorno familiar y social más estrecho– engrasa uno de los negocios más lucrativos reproduciendo un modelo de la sexualidad violento y basado en el poder sobre los menores, las personas más vulnerables –en el porno, son una minoría las escenas que representan una sexualidad libre, igualitaria, segura y consentida–.

En el caso del incesto, los vídeos se dividen, mayoritariamente, en dos tramas: el sometimiento de la menor contra su voluntad o, por el contrario, la seducción del hombre que, pese a sus reparos, no se puede resistir a la tentación de la menor. El binomio desde el que tradicionalmente se nos ha leído a las niñas y mujeres: víctimas perfectas o pérfidas manipuladoras. En estas producciones, las actrices deben ser mayores de edad porque, de lo contrario, las empresas estarían incurriendo en un delito de trata de menores para la explotación sexual. Por ello, eligen a las que tienen rostros más aniñados y cándidos, y suelen obligarlas a depilarse totalmente el pubis, algo que se ha extendido a buena parte de las actrices porno. Es decir: el aspecto predesarrollo menstrual como cenit de lo deseable. Y todo ello, presentado como manifestaciones de la juventud, un concepto que en el imaginario sexual masculino abarca la década de la veintena, suele extenderse hasta la barrera legal de los 18 años, y otros, muchos, a la fantasía de los «15 años tiene mi amor», como escuchamos cantar durante décadas al Dúo Dinámico. En España, sólo desde 2015 la pederastia incluye relaciones con menores de 16 años. En Francia, el límite se establece en los 15, en Alemania en los 14 y en Argentina baja hasta los 13.

La mayoría de las nacidas en los años 80 ya no crecimos cantando «las niñas bonitas no pagan dinero» pero sí inauguramos la adolescencia asumiendo que entrábamos en las discotecas gratis porque la mercancía éramos nosotras: un reclamo para los chicos adolescentes y, también, para hombres adultos que podrían haber sido nuestros padres. Probablemente para entonces ya habíamos escuchado más de una vez aquello de «donde hay pelito, no hay delito» y nos habría dado tiempo a normalizar que, desde que nos desarrollamos, familiares y amigos de nuestros padres empezaran a sexualizarnos con la mirada, hacer comentarios sobre nuestro cuerpo y bromear o preguntar por los novios. Algo que sigue ocurriendo hoy exactamente igual. Con la diferencia de que por entonces, nuestras experiencias vitales eran legitimadas por la narrativa de buena parte de los productos audiovisuales que consumíamos.

En 1990, se estrenaba Pretty Woman, una cinta en la que Richard Gere interpretaba a un putero multimillonario de 40 años que sacaba de la calle a una prostituta de 22. En 1994, se estrenó en todo el mundo Mi padre, qué ligue. Considerada una comedia para mayores de siete años, retrata la envidia y la admiración que despierta la relación de pareja que, supuestamente, mantienen un Gérard Depardieu de 41 años y una Katherine Heigl de 14 durante unas vacaciones en una isla. La cinta es una versión norteamericana de la misma historia estrenada tres años antes en Francia, con gran éxito, y también protagonizada por el actor galo. En realidad, son un padre y su hija que se hacen pasar por pareja, y si entonces su visionado provocaba preguntas incómodas entre el público adolescente que la veíamos, hoy resulta nauseabunda –y eso, sin tener en cuenta las condenas y acusaciones por abusos sexuales contra Depardieu–.

Un lustro después, inauguramos los 2000 con una de las películas más taquilleras de la década, Otoño en Nueva York. Protagonizada por Richard Gere, de nuevo, y Winona Ryder, idealizaba una relación entre un hombre de 48 años con una joven de 22. Una diferencia de edad de 26 años no era algo excepcional en aquella época en la que, en la televisión, también veíamos cómo jóvenes modelos como Sofía Mazagatos o Mar Flores conseguían el marchamo de respetabilidad cuando se emparejaban con empresarios y aristócratas, al menos, 20 años mayores que ellas.

Cuando accedimos a la considerada cultura elevada, descubrimos que el director más venerado por la intelectualidad europea estaba casado con una de sus hijastras y denunciado por abusos sexuales por parte de otra de ellas. Woody Allen hizo pública su relación con Soon-Yi Previn en 1992, cuando ella cumplió 21 años, él, 57, y cuando Dylan Farrow denunció que sufrió sus agresiones sexuales. Tenía siete años y el caso nunca se resolvió.

En 2010, el escritor y agitador ultra Sánchez-Dragó publicó una biografía en la que se jactaba de haberse acostado con dos niñas de 13 años en Japón, admitiendo en público lo que no era sino una violación. Casi al mismo tiempo, en Telemadrid, el polemista Salvador Sostres se guaseaba sobre su preferencia por «las vaginas que no huelen a ácido úrico». Y en los carnavales, la fiesta donde tenemos licencia para ser otras personas, las niñas y las mujeres nos encontramos, entonces y ahora, con que el uniforme de colegiala sigue considerándose como un disfraz sexy y vendiéndose como tal no solo en los bazares, sino también en los sex shops. Para que el look sea total, dos trenzas o coletas. De hecho, Francia y la UE están investigando al gigante chino Shein por vender muñecas penetrables con aspecto infantil. Y en la cuna de la Ilustración cada vez salen más libros y documentales protagonizados por supervivientes de depredadores sexuales de la élite intelectual y artística del país, violadas sistemáticamente cuando eran niñas, a menudo con el conocimiento de progenitores y círculo social.

El multimillonario pederasta Jeffrey Epstein entendió que no había método más eficaz para atraer a empresarios, políticos, aristócratas e intelectuales de todo el mundo que ofreciéndoles mujeres jóvenes y niñas para su explotación sexual. Según declararon los demócratas Jamie Raskin y Ro Khanna y el republicano Thomas Massie tras revisar en el Departamento de Justicia algunos de los documentos que no se han hecho públicos, habría referencias a víctimas de hasta 9 años explotadas por funcionarios de alto nivel de un gobierno .

Epstein sabía que el concepto de jóvenes en el mercado del sexo es un concepto líquido, resbaladizo, interpretable y subjetivo que puede abarcar desde los señores diligentes que esperan que las ‘piezas de la cacería’ cumplan o superen la mayoría de edad para preservar su respetabilidad hasta quienes claramente entran en la categoría de pederastas. En medio, un abanico infinito de manipulación psicológica, oprobios, abusos y violencias físicas, psíquicas y sexuales que aún estamos aprendiendo a identificar y nombrar. Y sobre todo, el abismo de asumir que la mayoría de los victimarios no son multimillonarios ni pobres desconocidos, sino padres, padrastros, abuelos, tíos, profesores, entrenadores, vecinos y amigos de la familia. Hombres normales educados, como nosotras, en un sistema cultural correosamente pederasta.

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En abril de 2020, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa fue condenado a ocho años de prisión por un delito de corrupción en el conocido como Caso Sobornos 2012-2016. Para justificar la participación de Correa en la trama de corrupción, la sentencia condenatoria afirmaba que “el procesado Rafael Correa Delgado, hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza –mediante un influjo psíquico–, la resolución de realizar el injusto de cohecho pasivo propio agravado”.  

Este curioso concepto, influjo psíquico, da título a un documental realizado por la directora colombiana Alejandra Cardona, con guion y producción de las españolas Ana María Pinar e Idoya Barrabés. En él se nos relata el proceso contra Rafael Correa y distintos funcionarios de su gobierno, entre ellos su vicepresidente Jorge Glas, enmarcándolo en una persecución política por la vía judicial que constituye uno de los casos paradigmáticos de lawfare que se han vivido en América Latina en las últimas décadas. 

No adelantaré el contenido del documental porque espero que pronto se pueda ver en los cines, las grandes plataformas o la televisión. Tan sólo añadiré que Rafael Correa tiene 57 procesos judiciales pendientes y que reside en Bélgica como asilado político. Jorge Glas, por su parte, fue secuestrado en abril de 2024, mientras se encontraba asilado en la Embajada de México en Quito, por las fuerzas especiales del gobierno de Daniel Noboa. Actualmente está recluido en una prisión de máxima seguridad y se teme por su vida.

Como hemos podido constatar en los últimos años, el lawfare, es decir, la guerra judicial que hace uso de la ley y los tribunales para neutralizar a un adversario político abriéndole causas con poco sustento mientras, en paralelo, se decreta su presunta culpabilidad a través del linchamiento mediático, llegó también a España. A los casos contra los líderes de Podemos, y la persecución político-judicial contra el independentismo catalán, se sumó recientemente la investigación contra Begoña Gómez y la inhabilitación del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. 

Dados estos antecedentes, la posibilidad de que estemos ante un nuevo caso de lawfare vuelve a planear en la imputación al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en el caso del rescate de la compañía aérea Plus Ultra. El auto sitúa a Zapatero en el vértice de una presunta red “orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras”. Sin embargo, hacer afirmaciones categóricas sobre la culpabilidad o la inocencia de alguien ante una investigación que está en una fase embrionaria, sería poco prudente. En todo caso, lo que sí es notorio es la animadversión que la derecha, política y mediática, tiene ante la figura del expresidente, al que nunca han perdonado su papel mediador en Venezuela y sus vínculos con la dirigencia chavista. 

Aunque esta derecha mediática y política ya haya dictado su sentencia condenatoria contra Zapatero, será la justicia, ojalá imparcial e independiente como se autoproclama, quien deberá hacer su labor para demostrar, si corresponde, la culpabilidad del expresidente. De cómo lo haga, de las pruebas y de la solidez de sus argumentos jurídicos, dependerá la credibilidad del tribunal para poder afirmar, finalmente, que estamos ante una infundada persecución político-judicial, o bien para concluir que a Zapatero se le condena por su responsabilidad demostrada en delitos económicos. 

Por el momento, los juicios paralelos a los que ya estamos asistiendo dan peso a los argumentos de quienes defienden que Zapatero sería otra víctima del fenómeno del lawfare. También el doble rasero que se observa al comparar la impermeabilidad al peso de la ley de la que gozan otros expresidentes españoles como M. Rajoy o José María Aznar. Es evidente que, si la lupa se pusiera por igual a todos los expresidentes, quizás el primer presidente imputado de la democracia no habría sido Zapatero. Sin embargo, hace falta mayor perspectiva todavía, ir teniendo acceso a más detalles de la instrucción y ver cómo se van moviendo los distintos actores políticos y mediáticos, para poder decretar que estamos ante un nuevo caso de lawfare. Conviene recordar, aunque sea obvio, que no toda causa abierta por corrupción a un cargo político constituye un caso de lawfare. 

Con independencia de cómo se acaben desarrollando los hechos en el caso de Zapatero, su imputación debería poner el foco en un debate más amplio sobre las actividades privadas de quienes han tenido cargos públicos. Una reflexión que excede el papel de los expresidentes y que implica cuestionar, asimismo, la figura de comisionistas, lobistas y demás parásitos que proliferan gracias a marcos legales permisivos y a un modus operandi, intrínseco al funcionamiento del capitalismo, que puede ser legal pero que es corrupto desde un punto de vista moral. 

Que un expresidente, exministro o cualquier exfuncionario público pueda facilitar, desde su posición de poder o gracias a sus relaciones, el acceso a negocios de particulares, obteniendo además compensación por ello, no debería estar permitido, aunque no reciba comisiones ilegales en forma de soborno y cohecho. Puede que el uso de la cartera de contactos, derivada del ejercicio de un alto cargo público, para un desarrollo profesional que se traduce en lucro personal y familiar sea legal pero, desde luego, no es ético. Da igual que lo haga José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy. La actividad de todos ellos debería ser escrutada bajo los mismos criterios legales y con iguales niveles de exigencia moral.

Sin embargo, romper con estas lógicas de funcionamiento, que se asumen como normales y hasta son legales, quizás sea lo más complicado porque se entreveran con unas redes de poder que se van tejiendo entre el poder económico, el poder político y el poder funcionarial, como desnuda Andrés Villena en su último libro, mientras están en el ejercicio de sus cargos. Redes de contactos que operan como una camarilla conformada por una élite que hace y deshace, sirviéndose de lo público, hasta que otros de esa misma élite deciden que pueden buscar las cosquillas a un adversario político mientras ellos siguen haciendo lo mismo. Hacia esas redes deberíamos mirar, no para perseguir con discrecionalidad sino para cambiar las estructuras que facilitan la reproducción del sistema.

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La regularización extraordinaria de personas migrantes ha despertado la oposición de diversos líderes políticos y organizaciones ultraconservadoras. Están en contra de que personas extranjeras adquieran derechos y obligaciones equiparables a las de cualquier ciudadano español. Tras la entrada en vigor de esta medida, Vox ha expandido el concepto de la “prioridad nacional” –otra copia de la extrema derecha francesa de Le Pen– con la ayuda de un amplio número de pseudomedios de comunicación e incluso de dirigentes del PP, partido que a día de hoy sigue siendo el que más regularizaciones de este tipo ha aprobado desde que España es una democracia.

Entre quienes tratan de frenar la regularización emerge un patrón recurrente: la Industria del Control Migratorio. Diversos actores que tradicionalmente han tenido posturas conservadoras, como las patronales empresariales o la Conferencia Episcopal, han expresado apoyo a la regularización. Sin embargo, más allá de ideologías, valores y creencias, destacadas voces detractoras de la regularización de migrantes tienen vínculos claros con empresas que se lucran con el gasto público destinado a militarizar fronteras y endurecer el control migratorio. Dirigentes de Vox y del PP, así como líderes de organizaciones ultras como Hazte Oír, forman parte del ecosistema de la Industria del Control Migratorio en España. ¿Quiénes son?

El negocio antimigratorio del ‘cártel’ antiregularización

Vox, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la ultraconservadora Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica han presentado recursos ante el Tribunal Supremo para tumbar la regularización. La organización ultra Hazte Oír hizo lo propio el pasado 15 de abril, y el Alto Tribunal admitió su recurso a trámite en apenas 24 horas.

Hazte Oír es una organización católica ultraconservadora especializada en campañas de acoso y derribo contra las leyes LGTBI, el derecho al aborto o las personas migrantes. Esta asociación española, relacionada con la secta secreta El Yunque, cuenta con amplia presencia global gracias a su brazo internacional, CitizenGO, y está supuestamente vinculada al Kremlin a través de oligarcas del círculo íntimo de Putin. Ha sido acusada de promover campañas que usan el miedo al extranjero como herramienta de agitación y desestabilización en diversos países democráticos, entre ellos España. Estas campañas y acciones están acreditadas en diversas investigaciones e informes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y filtraciones de Wikileaks. Hazte Oír tiene, además, una relación estrecha con grandes actores de la Industria del Control Migratorio.

Un ejemplo: entre los grandes donantes históricos de Hazte Oír (en concreto, de su famoso Congreso Mundial de Familias) figura el fallecido David Álvarez Díez, fundador y presidente de Grupo EULEN, empresa adjudicataria de, entre otros, servicios en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y del mantenimiento de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y diversos puestos fronterizos. EULEN figura entre las 10 empresas que más dinero público facturan en la Industria del Control Migratorio de España.

Por el consejo de administración de EULEN han desfilado nombres célebres del mundo conservador español, entre ellos los ex ministros del Interior Jaime Mayor Oreja y Rodolfo Martín Villa. Entre otras personas, en su equipo directivo figura Micaela Núñez Feijóo, que lleva 23 años en EULEN y es hermana del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, otra de las voces más destacadas en contra de la regularización de migrantes. “Ni la ilegalidad puede generar derechos, ni se puede premiar el desorden”, afirma el líder de los populares acerca de la regularización extraordinaria. María José Álvarez Mezquíriz, presidenta de EULEN, es una de las consejeras de EDATV, el portal de fake news del agitador Javier Negre, que a diario divulga bulos sobre el proceso de regularización.

EULEN no responde a las preguntas de este medio sobre su relación con Hazte Oír, sobre la financiación de EDATV ni sobre protocolos internos para evitar conflictos de intereses con el ámbito político. La compañía tampoco aclara si las donaciones de su fundador a Hazte Oír fueron hechas a título individual o en nombre de EULEN.

Entre los empresarios que nutren las arcas de Hazte Oír también figura la marquesa Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del consejo de administración de FCC, que se da la mano con EULEN para licitar en procesos de contratación pública de control fronterizo.

La beligerancia de Hazte Oír también ilustra el componente mediático de la campaña de acoso y derribo contra la regularización de migrantes. Hazte Oír está vinculada al Grupo Intereconomía, que engloba medios como Toro TV o Radio Intereconomía, entre otros. Este conglomerado fue fundado por Julio Ariza, exdiputado del PP en el Parlament catalán. En el pasado Grupo Intereconomía también controló La Gaceta, cuyo consejo editorial preside el eurodiputado e hijo de un diplomático y propagandista nazi Hermann Terstch, que define la regularización como operación “criminal”. La Gaceta ahora pertenece a la Fundación Disenso. Este think tank vinculado a Vox se financia con fondos públicos que recibe el partido y sirve de altavoz a las posturas xenófobas de la ultraderecha española.

Vox y Disenso no responden a ninguna de las preguntas formuladas por este medio. Tampoco aportan detalles sobre los fondos públicos que recibe esta fundación, que no facilita sus cuentas ni la composición de su equipo directivo.

En la “derecha moderada” española que encarna el Partido Popular también hay una larga lista de figuras especialmente agresivas contra el proceso de regularización y vinculadas a empresas que hacen negocio con las políticas de control migratorio.

Un caso poco conocido es el de Elías Bendodo Benasayag, uno de los hombres fuertes de los populares en Andalucía. Bendodo encabezó la Consejería de Presidencia e Interior, y hasta mediados de 2022 fue portavoz de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno. Cuando estalló el caso de corrupción conocido como ‘Mediador’ o ‘Tito Berni’, que afecta principalmente al PSOE canario, varios medios informaron de que Bendodo adjudicó al menos un contrato a Asesoramiento y Servicios de Drones SL, empresa central en la trama corrupta. Bendodo afirmó que todo fue legal.

En este mismo escándalo de corrupción destaca Francisco Espinosa, general de división de la Guardia Civil, el escalafón más alto de esta institución. Espinosa procede de lo que en la benemérita llaman “el clan de los Zoido”, en referencia al político sevillano Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior en tiempos de Rajoy, que le ascendió a ese puesto. La Justicia investiga el presunto cobro de comisiones por parte de Espinosa y otras personas en los contratos del Gobierno español para transferir drones a países como Mali con el objetivo de combatir los flujos migratorios, una política conocida como ‘externalización de fronteras’.

«Los que vengan de forma irregular no serán bienvenidos, serán expulsados», aseguró Bendodo a finales de abril en un acto de la campaña electoral andaluza en una localidad de Almería, una de las provincias con más casos de explotación laboral de personas migrantes en situación irregular.

Elías Bendodo también es uno de los políticos más cercanos al lobby proisraelí en España. Por ejemplo, en varias ocasiones ha mostrado públicamente su sintonía con David Hatchwell, presidente y cofundador de ACOM, el mayor grupo de influencia de los aliados en España de Netanyahu. Hatchwell es uno de los grandes beneficiarios de la Industria del Control Migratorio en España. Una de sus grandes empresas, Excem, suministra tecnología israelí de vigilancia y análisis de documentos a la Policía Nacional, la Guardia Civil y AENA, entre otros. A pesar del embargo decretado por el Gobierno el año pasado, la frontera española está repleta de tecnología israelí por cielo, mar y tierra.

También en el entorno familiar de Bendodo hay grandes beneficiarios de la Industria del Control Migratorio. Sin ir más lejos, su suegro fue un alto cargo de Grupo ACS, el conglomerado de obra pública y multiservicios de Florentino Pérez. Se trata de la segunda empresa que más dinero factura en el negocio fronterizo español: construcción y mantenimiento de las vallas de Ceuta y Melilla, obras y servicios en centros de internamiento de extranjeros y hasta labores de socorro en el mar. La Fundación ACS está dirigida por el hermano de Jaime Mayor Oreja y ACS aparece en varios documentos manuscritos de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, como presunta financiadora de este partido.

No acaba ahí la lista de líderes políticos y de organizaciones ultraconservadoras que claman contra la regularización de migrantes al mismo tiempo que se lucran, directa o indirectamente, con el gasto asociado a las políticas de control migratorio. En el ránking español de la Industria del Control Migratorio destacan empresas como Telefónica, Escribano, Indra, Amper, Air Europa o Tecnobit, entre otras. Todas cuentan con ex altos cargos del Estado, la mayoría procedentes del PP (aunque también del PSOE y, en menor medida, del PNV).

El Partido Popular no responde a ninguna de las preguntas formuladas para este artículo.

Los detractores de la regularización argumentan que la regularización de migrantes tiene un efecto negativo sobre el empleo, la economía, la seguridad y la “identidad nacional”. La evidencia científica revela todo lo contrario: la irregularidad produce situaciones de explotación, vulneración de derechos fundamentales y caos, mientras que las anteriores regularizaciones en España tuvieron efectos positivos sobre los derechos de estas personas, reduciendo los casos explotación laboral, y favoreciendo la inclusión social y la contribución de los trabajadores extranjeros a las arcas del Estado. La cercanía de los actores ultraconservadores y las posiciones conspiranoicas contrarias a la ciencia también queda patente en innumerables estudios académicos.

José Bautista es coordinador del equipo de periodismo de investigación de la Fundación porCausa.

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Si continúa y se intensifica el aumento de los precios –este es el escenario más probable– ganará relevancia el debate sobre las políticas a implementar para contener y revertir la deriva inflacionista. Aunque la misma nada tiene que ver con los salarios –cuyo avance en los últimos años ha sido, si acaso, muy moderado–, los defensores a ultranza de la austeridad salarial intentarán situarla en el centro de la discusión y de las políticas económicas a implementar. Por esa razón, conviene tener muy presente lo siguiente:

1. Lo primero a retener es que cuando hablamos de las retribuciones de los trabajadores asalariados estamos poniendo sobre la mesa las condiciones de vida de una parte importante de la población cuya principal o única fuente de ingresos es la venta de su capacidad de trabajo en el mercado a cambio de un salario. Es importante considerar esta perspectiva porque no hacemos referencia a un precio como cualquier otro, ni a un mercado más, equivalente a otros espacios donde se compran y venden mercancías, sino a la existencia misma de los trabajadores. Por ello, en el debate sobre la fijación de los salarios es vital pensarlos en clave de derechos humanos, dignidad y democracia.
   
   
2. En segundo lugar, hay que ser plenamente conscientes de que en el centro de las políticas de contención salarial se oculta una estrategia, cada vez más evidente, que no es otra que debilitar y deslegitimar a las izquierdas políticas y sindicales, cuya razón de ser, cuya legitimación debería residir precisamente en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.
   
   
3. En tercer lugar, poner el foco de la lucha contra la inflación, del fortalecimiento de la competitividad de las empresas y, más en general, de la reestructuración de las economías en la presión salarial contribuye de manera decisiva a consolidar una cultura empresarial depredadora y conservadora, que, por cierto, cada vez está más extendida en el universo de los negocios. Esa cultura es un poderoso lastre a la hora de acometer la reestructuración de las economías en clave de equidad y sostenibilidad.
   
   
4. En cuarto lugar, si tomamos como referencia un período amplio –por ejemplo, desde 2019 hasta la actualidad– podemos comprobar que la mayor parte de los trabajadores asalariados han perdido capacidad adquisitiva; esto es, los precios de los bienes y servicios que consumen han aumentado bastante más que sus retribuciones; en paralelo, los beneficios de las empresas, convertidos en dividendos para los accionistas e ingresos para las cúpulas empresariales, han aumentado de manera sustancial. El resultado de tan dispar evolución ha sido la intensificación de la desigualdad, seña de identidad del capitalismo realmente existente.
   
   
5. En quinto lugar, considerar los salarios como una magnitud homogénea es un error de gran calado, pues presupone que el dato agregado ofrece información suficiente y relevante. Lo cierto, sin embargo, es que las disparidades distributivas (por factores que tienen que ver con el tipo de empresa, tamaño, sector y espacio en el que opera, la profundidad y alcance de la negociación colectiva, los niveles de cualificación…) en el colectivo que denominamos trabajadores asalariados son muy pronunciadas. De hecho, en este ámbito esas disparidades han aumentado con fuerza contribuyendo al aumento general de la desigualdad.
   
   
6. En sexto lugar, la supuesta relación de causalidad entre costes laborales y precios y la derivada de esa premisa –la moderación de los salarios es la clave para contener la inflación–, cuando se pretende convertir en un principio general, debe ser asimismo cuestionada. En un buen número de empresas los costes laborales representan una parte relativamente reducida de los costes totales, siendo los no laborales –como el precio de los combustibles, las materias primas, la electricidad, los alquileres o los costes financieros– notablemente más relevantes. Desde esta perspectiva, situar la austeridad salarial en el centro de la política antiinflacionista es un error de planteamiento: lleva a implementar medidas con un marcado sesgo que, además, son ineficaces.
   
   
7. En séptimo lugar, las estrategias competitivas sostenidas en la contención de los salarios –además de ser injustas, pues dejan intactos los beneficios empresariales– también se sostienen en un diagnóstico equivocado, pues presuponen, contra toda evidencia empírica, que la presencia en los mercados globales, en los más dinámicos especialmente, es mayor en el caso de los países de bajos salarios o de las empresas que practican políticas retributivas más estrictas.
   
   
8. En octavo lugar, se ha convertido en uno de los mantras preferidos en el discurso conservador relacionar salarios e inflación, en el sentido de que la intensa creación de puestos de trabajo abre la puerta al crecimiento de las retribuciones de los trabajadores y, por esa vía, a la intensificación de las tensiones inflacionistas. Un planteamiento que, en mi opinión, también debe ser cuestionado. De hecho, el rápido aumento de la categoría de trabajadores pobres o su mantenimiento en niveles muy elevados nos presenta una realidad donde, como sucede en la economía española, los altos niveles de ocupación son compatibles con la generalización de los bajos salarios, a los que, en modo alguno, cabe responsabilizar de las tensiones inflacionistas.
   
   
9. En noveno y último lugar, hay que ser conscientes, las izquierdas políticas y sindicales deberían serlo si se quieren reconocer como tales, de que la irrupción y ascenso del fascismo y de la extrema derecha tiene mucho que ver con la degradación de las condiciones salariales, que explicaría, al menos en parte, la importante base social con la que cuentan entre las clases trabajadoras.

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Este reportaje se publicó originalmente en la revista de ‘La Marea’. Puedes conseguir un ejemplar y suscribirte en nuestro kiosco.

«Wilfing on the internet… is becoming a real problem…».

La profesora recita un texto durante la clase de inglés mientras camina de un lado a otro del aula. Los alumnos, abrigados con chaquetas e incluso con capucha por el frío invernal, repiten las frases al unísono, en voz baja.

«Most teenagers spend too much time in front of their computers…».

En la escuela de secundaria para chicos Rushdi Al Shamaa, situada a las afueras de Damasco, cada uno de los alumnos, de entre 13 y 15 años, carga a sus espaldas una historia atravesada por la guerra. «A causa de la guerra, yo y mi familia fuimos a Egipto», cuenta Kenan Al-Madany, de 13 años. Este año, con la caída del régimen de Al Asad, ha vuelto a Siria tras pasar una década en El Cairo. Ahora está en séptimo curso y le gusta sobre todo estudiar Inglés, Árabe, Matemáticas y Ciencias. En cambio, Historia y Geografía le cuestan más. Es un buen alumno, reconocen las profesoras. Él sueña con estudiar Medicina en el extranjero. «Me gustaría ir a Alemania, Estados Unidos o Egipto, y después regresar», dice convencido, pese a su corta edad.

Quien también sueña con un futuro fuera es Amer Al-Hilal, de 14 años, que actualmente cursa noveno en la misma escuela. Nació en Daraa, la cuna del levantamiento sirio en 2011, donde trató de estudiar, pese a los riesgos. «A veces no íbamos a la escuela porque era demasiado peligroso, ya que había francotiradores», recuerda. Finalmente, en 2018 su familia se trasladó a Damasco, donde encontró una mayor estabilidad para asistir a las clases. «Eres libre cuando hablas. Nadie irá a prisión por algo que ha dicho», dice ahora, aliviado tras la caída del régimen en diciembre de 2024. Amer quiere ser ingeniero y vivir en Australia.

Escuelas destruidas

Como le ocurrió a Kenan y a Amer, la guerra civil en Siria, que duró más de una década, truncó el acceso a la educación de millones de niños. Antes de 2011, la tasa de escolarización primaria rondaba el 97%, una de las más altas de la región. Actualmente, más de 2,4 millones de niños se encuentran sin escolarizar, según cifras de Unicef. Los datos del Ministerio de Educación sirio señalan que alrededor de 8.000 escuelas fueron dañadas o destruidas por la guerra, o convertidas en refugios para quienes perdieron sus hogares. Por este motivo, según Unicef una de cada tres no pudo reabrir al inicio de este curso escolar en septiembre.

Los desafíos también son políticos, ya que las escuelas deben adaptarse a los cambios educativos impulsados por el nuevo gobierno del HTS (Hayat Tahrir al Sham), liderado por el presidente Ahmed Al Sharaa. «Reformar los currículos es más difícil que cambiar una Constitución», reconoció el ministro de Educación, refiriéndose a la revisión de manuales de Historia y la eliminación de los contenidos ideológicos previos.

En el despacho de Huda, antigua profesora y ahora responsable del archivo y registro de datos del instituto, todavía hay libretas con el rostro de Bashar Al Asad en la cabecera. Los pupitres son antiguos, las puertas y paredes tienen partes gastadas, sin pintura, y las banderitas tricolor de esta nueva era –verde, blanco y negro, con tres estrellas rojas– llenan los pasillos, recordando todavía las celebraciones del primer aniversario de la caída de Al Asad.

Durante demasiado tiempo, dice Huda, el edificio ha estado abandonado. «Lleva 20 años descuidado. Nadie pintó la pared, nadie reparó nada en esta escuela. Sentimos que nuestra escuela es pobre», protesta. Ahora las profesoras –casi todas mujeres–, que han requerido de un permiso del Ministerio de Educación para poder hablar con la prensa, hablan aliviadas, con libertad, del largo período en el que ejercieron su trabajo bajo el régimen anterior. «El gobierno era muy rico, porque robaba. Por ejemplo, reparaban la puerta, y escribían en la factura que costaba, digamos, un millón. Y pagaban 100.000. Escribían facturas falsas y se metían el resto del dinero en los bolsillos», asegura.

Nuevos libros

La transformación que han vivido en el último año no solo se percibe en sus discursos, sino también en los detalles más cotidianos del aula. Los libros se reutilizaban curso tras curso, pero el cambio de gobierno ha propiciado una renovación casi completa. «Después de la liberación, el 90% de los libros son nuevos. Antes los alumnos solían conseguirlos de segunda mano, y fue así durante muchos años», cuenta Razan Soudan, la bibliotecaria de la escuela, que antes había ejercido de profesora de árabe y de asistente a la dirección.

Y no se trata solo de un cambio de papel: «Los libros de Historia incluían información falsa en los planes de estudio anteriores. Nombres erróneos de revolucionarios históricos, especialmente de Siria. Ahora, esta información ha sido ajustada, editada, y los nombres correctos se han añadido de nuevo», agrega Sheereen Ali Alkhalil, encargada de la supervisión de los alumnos. Por ejemplo, las clases de historia ya no glorifican el «Movimiento Correctivo» de 1970, cuando Hafez Al Asad, padre de Bashar, llegó al poder mediante un golpe militar. Ni la «Guerra de Liberación de Octubre» de 1973, la batalla contra Israel sobre los Altos del Golán.

Hoy los salarios han aumentado –de 400.000 a 1.200.000 libras, explican–, y perciben un intento de cambio. Pero nadie se atreve a medir resultados todavía. «Ha pasado solo un año desde la liberación. No podemos evaluar si avanzamos o retrocedemos», añade Sheereen. «Esta es la generación de la guerra. Son inteligentes, pero no se les preparó de la mejor manera», se lamenta. Lo que más preocupa a las profesoras es el hecho de que alrededor de 70 alumnos no asisten a las clases por estar trabajando, pese a que la escolarización a su edad todavía es obligatoria.

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La Llotja de Mar, símbolo del comercio marítimo barcelonés desde el siglo XIV, albergó durante dos días una conversación sobre los flujos invisibles que mueven el mundo contemporáneo: datos, algoritmos, plataformas, derechos. El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales –organizado en el marco de la Mobile World Capital Barcelona y financiado con fondos europeos de NextGenerationEU– acogió mesas redondas, charlas magistrales y sesiones de participación ciudadana sobre un mismo eje temático abordado desde ángulos muy distintos: el impacto de la inteligencia artificial y las plataformas digitales sobre los derechos fundamentales, la democracia y el trabajo.

Y, sin embargo, uno de los mensajes más repetidos a lo largo de las dos jornadas fue precisamente ese: que el debate llega tarde. Que mientras académicos, juristas y representantes sindicales discuten marcos regulatorios y garantías democráticas, las tecnologías que pretenden regular llevan años operando a escala masiva, moldeando conductas, eliminando empleos y concentrando un poder sin precedentes en manos de unas pocas corporaciones privadas. El congreso no podía resolver esa contradicción, pero al menos la nombraba sin eufemismos.

Buena parte de los asistentes que debatían sobre el empoderamiento de los trabajadores y la necesidad de escuchar voces colectivas lo hacían ataviados con traje. Una contradicción menor, quizás, pero elocuente: la urgencia por democratizar el debate digital convive, todavía, con los códigos y los circuitos de siempre.

El vehículo sin carriles

Geertrui Mieke De Ketelaere, ingeniera e investigadora de inteligencia artificial desde los años noventa y autora de The Chatbot Trap, fue una de las voces más contundentes de la primera jornada. Lleva décadas estudiando cómo las sociedades adoptan tecnología y ha aprendido a reconocer ciertos patrones que se van repitiendo, pero el que ve ahora con el desarrollo de la llamada “Inteligencia Artificial” le inquieta: “Cuando hay un accidente de coche, los daños están a la vista, pero con la IA los daños se esconden”. Su diagnóstico fue claro: el modelo habitual –primero optimizar, luego pensar en el impacto– se está repitiendo con la inteligencia artificial, pero a una velocidad y con una opacidad sin precedentes. “Tenemos que apresurarnos en ponerle carriles al vehículo”, resumió. El coche ya está en marcha, pero la carretera todavía no existe.

De Ketelaere fue más allá de la necesidad de regulación para hablar de algo más estructural, lo que ella llamó “la economía del apego”, es decir, la forma en la que las grandes plataformas explotan mecanismos dopamínicos para generar dependencia emocional, presentándola como mejora de las relaciones sociales cuando los efectos reales apuntan en dirección contraria. La adicción como business model.

Este tipo de análisis, que hace apenas una década habría sonado alarmista en un foro institucional, fue recibido en la Llotja de Mar sin apenas cuestionamiento. Algo ha cambiado en el consenso experto. La pregunta es más qué herramientas disponemos para actuar.

«Estamos entrenando a la máquina para que nos sustituya»

Si la sesión sobre sostenibilidad digital habló del problema en términos sistémicos, la mesa dedicada al impacto de las tecnologías emergentes en el trabajo sirvió para bajarlo a ras de suelo. María Luz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, arrancó desmontando una coartada habitual: “No estamos hablando del futuro del trabajo. Estamos hablando del presente”. Puso el ejemplo de los centros de atención telefónica, donde la voz de los trabajadores se graba sistemáticamente para entrenar a los bots que acabarán sustituyéndoles. “Estamos trabajando para que nos acaben desalojando”, resumió. Y aquí paz y después gloria.

Rodríguez reclamó que el debate sobre la propiedad de los datos laborales se sitúe en el centro de la agenda política y sindical. Los datos que generan los trabajadores en su actividad cotidiana tienen un valor económico enorme. Ese valor se captura, se monetiza y raramente revierte sobre quien lo produce. “No podremos transformar la sociedad sin la voz de las personas implicadas”, insistió. La transformación digital, advertía, requiere un diseño plural que vaya más allá de la perspectiva empresarial.

La mesa completó ese diagnóstico con otras voces. José Varela, responsable de IA y digitalización de UGT Confederal, distinguió entre empleo y empleabilidad: perder un trabajo es un drama individual, pero cuando una tecnología elimina categorías enteras de ocupación, lo que se destruye es la posibilidad misma de encontrar empleo en ese sector. “Eso está ocurriendo”, advirtió. Eva Rimbau-Gilabert, profesora de la UOC, añadió que el control tecnológico excesivo sobre los trabajadores siempre genera desafección y rompe el contrato psicológico. “La IA se está usando para sustituir, cuando debería ser utilizada para complementar”, concluyó. Las empresas, dijo, se están buscando un problema a medio plazo.

Democracia, juventud y el espejo iberoamericano

La primera jornada cerró con una mesa que amplió el foco geográfico y generacional. Alexandre Pupo, secretario general del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, aportó un dato que debería figurar en cualquier informe sobre el estado de las democracias: si en 2010 una mayoría de jóvenes iberoamericanos declaraba apoyar la democracia, en 2020 ese apoyo había caído al 45%. En el mismo período, las tasas de trastorno emocional y depresión se duplicaron.

Ciertamente, correlación no implica necesariamente causalidad. Pero en este caso, y a falta de que baje un estadista y lo certifique, todo apunta a que ambos conceptos se dan de la mano.

Pupo rechazó la narrativa de los que los jóvenes de hoy son “nativos digitales”, identificándola como una trampa conceptual. “Nos toca vivir en esta realidad, pero no nacemos preparados para ella”, dijo. Y apuntó a un dato que da que pensar. “En 2010 ocurre algo…Facebook crea el botón de me gusta”. Correlación no implica causalidad. Pero haríamos bien en recordar estos datos y atar algunos cabos.

Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM, señaló la asimetría regulatoria que subyace a todos estos debates: se regula con más intensidad a los usuarios que a los dueños de las plataformas. En América Latina, ese desequilibrio tiene consecuencias políticas directas que los marcos europeos tienden a subestimar. La cuestión de fondo es quién tiene el poder de definir qué se ve, qué se amplifica y qué se silencia en el espacio público.

Lo que queda pendiente

El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales no pretendía resolver los problemas que ponía sobre la mesa, y no los resolvió. Pero consiguió algo más difícil en el clima actual: reunir en un mismo espacio a personas que habitualmente hablan en registros y foros distintos –el académico, el sindical, el jurídico, el activista, el institucional– y forzarlas a escucharse. En un momento en que la velocidad del cambio tecnológico tiende a dejar obsoletos los marcos de análisis antes de que sean adoptados, esa lentitud deliberativa tiene un valor que no debe subestimarse.

Lo que el congreso dejó en evidencia es que el tiempo del diagnóstico se agota. Durante años, investigadores y activistas han documentado los riesgos de la concentración tecnológica, la explotación de datos, la manipulación algorítmica y la destrucción de empleo. Esa documentación existe. Los marcos regulatorios europeos –el AI Act, el Digital Services Act– existen también, aunque sean insuficientes. Lo que falta es, de algún modo, lo de siempre: voluntad política para actuar a la altura de un problema que ya nos está superando, y hacerlo en clave democrática en contra los intereses del poder tecnofeudal creciente.

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12 de mayo

Fabian es una de las películas más tristes que he visto. Está basada en una novela de Erich Kästner, autor creo poco conocido en España. En el ámbito germanoparlante casi todo el mundo lo conoce por sus novelas infantiles y juveniles. Que alguien capaz de escribir novelas ingeniosas, ligeras, divertidas, pueda ser autor de una novela tan terrible dice mucho de la complejidad del ser humano. También alternaba poemas satíricos con otros extremadamente tristes en los que se reflejaba una soledad profunda.

Traumatizado por su participación –obligatoria– en la Primera Guerra Mundial, Kástner era pacifista, opositor al nazismo, y escribía para niños porque le parecía que hacerlo era una contribución importante a la sociedad. Los nazis quemaron sus libros y le prohibieron escribir, pero él decidió no marcharse de Alemania. Sorprenden muchas cosas en este autor; su muerte debida al alcoholismo no es una de ellas.

La semana pasada cumplía años Luigi Mangione, famoso por haber matado a tiros al CEO de una gran compañía de seguros estadounidense. La que viene, un juez decidirá si admite en el juicio las pruebas presentadas por la policía, obtenidas sin mandato judicial: una pistola y un cuaderno. Lo más llamativo del caso es la simpatía que despierta el (presunto) asesino en una parte muy amplia de la población. No es que de pronto los estadounidenses, por muy amantes de las armas que sean, estén a favor del asesinato ni de los actos revolucionarios; seguro que muchos de ellos dicen eso de «no estoy a favor de la violencia, pero…». El rencor hacia las compañías de seguros, que condenan a muerte a muchos asegurados negándoles prestaciones imprescindibles parece más que justificado.

Es verdad que las compañías de seguros, y las farmacéuticas, no actúan de forma menos ética que otras empresas, pero las consecuencias de su deshonestidad son más letales –si exceptuamos a las industrias tabaqueras y del alcohol–. Justo ayer hablaba con un amigo del escándalo de la talidomida, el medicamento que causó miles de malformaciones y abortos a finales de los cincuenta y principios de los sesenta. La empresa que producía el medicamento negó los hechos y amenazó con pedir indemnizaciones a quienes difamasen su producto, aunque ya disponían de suficientes datos como para tener casi seguridad de sus efectos secundarios.

Lo que no sabía es que se tardó más de lo necesario en detectar su efecto en recién nacidos porque en Alemania no había una ley que obligase a notificar malformaciones en ellos. Después de la caída del nazismo, la población no confiaba en que las nuevas administraciones se alejaran de la política eugenésica del pasado reciente, sobre todo porque se mantuvo vigente buena parte de la «Ley para la prevención de la descendencia de personas con enfermedades hereditarias», que implicaba la esterilización forzosa de padres que sufriesen dichas enfermedades.

Tenían razón al desconfiar del uso que se pudiera hacer de tales leyes en la Alemania supuestamente democrática de posguerra. Antiguos nazis se habían reintegrado en la judicatura y también en la industria farmacéutica. En el desarrollo del Contergan –como se llamaba el medicamento que contenía la talidomida– participó al menos un nazi responsable de experimentos con seres humanos en los campos de exterminio, y varios más trabajaban en aquellas fechas en la empresa farmacéutica que lo desarrolló.

Tirando más del hilo –es decir, surfeando de una página a otra de Wikipedia–, descubro que fue una mujer, Frances Oldham Keisy, empleada de la Food and Drugs Administration, quien, a pesar de las fuertes presiones de la industria y de algunos políticos, denegó seis veces la solicitud de que se admitiese la venta del medicamento en Estados Unidos, justificando su rechazo en que la empresa que lo producía no le entregaba los resultados de sus pruebas.

14 de mayo

Hablando de salud y falta de escrúpulos, qué triste espectáculo el de esa derecha que se agarra a cualquier cosa con tal de debilitar al Gobierno. Y qué poco les importan las consecuencias que puedan tener sus palabras y sus maniobras en las personas enfermas. Resulta repulsivo el circo que han montado alrededor del desembarco de los pasajeros expuestos al hantavirus. ¿Los habrían dejado morir en el barco, convertido en un nuevo Holandés Errante? No les he leído ni un argumento científico o técnico. Solo ruido y furia. Y cálculo electoral.

Hoy he cerrado mi cuenta de Instagram. Hace tiempo que tenía intención de cortar también esa red social, pero no podía –o creía no poder–, porque la necesitaba para buscar y contactar con ilustradoras para las cubiertas de El Periscopio. Como dejaré ese trabajo y la coordinación de la sección después del próximo número, ya no necesito depender de Meta. Estuve en Facebook y cerré mi cuenta. Hice lo mismo con Twitter. Y ahora le ha tocado el turno a Instagram. Me alivia contribuir cada vez menos a ese auténtico Eje del Mal que han erigido los tecnoligarcas.

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El Festival Internacional de Cine del Sáhara (FiSahara) acaba de celebrar su decimonovena edición en los campamentos de personas refugiadas de Tinduf (Argelia). Su directora, María Carrión, explica el milagro de un festival que reúne a cineastas, periodistas, cinéfilos y activistas de todo el mundo, pero que, sobre todo, es disfrutado y protagonizado por el pueblo saharaui.

La mayoría de las personas que asisten a las proyecciones son saharauis, y lo mismo ocurre en las charlas y en los talleres. ¿Cómo han conseguido que una población refugiada en condiciones tan extremas haga suyo el FiSahara?

Este proyecto aterrizó en los campamentos en 2003 con una edición muy especial que aún no sabemos cómo salió adelante. Fue un chute de energía pero también algo muy ajeno a la cultura y a las tradiciones saharauis, a pesar de que muchas películas eran españolas y de que tienen ese vínculo con España. Pero a través de los talleres de cine del FiSahara y, en 2011, de la creación de la Escuela de Cine Abidin Kaid Saleh, los jóvenes saharauis se apropiaron de la herramienta del audiovisual. Empezaron a hacer sus propias películas y a usarlas para hablar de temas sensibles o de aquellos de los que les costaba hablar. También tenemos un cine móvil que realiza proyecciones en las wilayas. Las mujeres están usando el cine como un instrumento de educación. Y los mayores, que en un principio lo veían como una imposición occidental, y hasta cierto punto lo era, al ver cine saharaui en las pantallas lo han incorporado a sus vidas.

Una estudiante de la Escuela de Cine nos explicaba que ha dedicado su primer corto al rechazo de una joven a casarse, como le quiere imponer su padre, para poder seguir estudiando y ser libre. ¿Cómo ha sido el trabajo con las mujeres para que usen el cine para defender sus derechos?

Muy importante, porque lo usan precisamente para abordar estos temas. Es mucho más fácil romper el hielo en una charla tras una proyección. Así que la escuela ha tenido siempre muchas alumnas con historias muy potentes. Además, llegó un momento en el que fue necesario que la formación la diera un equipo saharaui. A través de becas internacionales, cada vez ha habido más formadores y formadoras con esa visión de género de la mujer saharaui.

¿Cuáles son los temas que más necesitan abordar desde el cine?

Sus preocupaciones: la falta de oportunidades, de trabajo, la depresión, la salud mental, el tema de las drogas, que es tremendo… También han hecho un par de sitcoms y a través del humor abordan cuestiones cruciales como la inmigración, las cada vez mayores desigualdades… La televisión de la RASD [República Árabe Saharaui Democrática] emite muchos de sus trabajos y algunos están llegando a los territorios ocupados por Marruecos. Es más, cada año nos llegan trabajos hechos por saharauis bajo la ocupación, sin ninguna formación, que están haciendo sus propias películas. Y nosotros les damos el espacio y la atención que necesitan.

¿Están ayudando las redes sociales a su difusión?

Mucho. Por ejemplo, la sitcom Tonterías en el exilio se ha vuelto viral gracias a que la pueden ver en sus teléfonos. Y un signo de lo potente que se ha vuelto el Fisahara es que Marruecos se ha inventado un festival de cine en la Dajla ocupada. Está dotado con una cantidad de dinero impresionante, con hoteles de cinco estrellas, e invitan a gente del cine de todo el mundo que a menudo no es consciente de que está yendo a un territorio ocupado. Marruecos intenta competir con el FiSahara, pero no se puede comparar un festival hecho por un pueblo con uno organizado por un régimen.

Un signo de lo potente que se ha vuelto el FiSahara es que Marruecos se ha inventado un festival de cine en la Dajla ocupada»

¿Cuáles son las mayores dificultades que encuentran los aspirantes a cineastas?

Todas. Grabar el sonido cuando ruge el viento es imposible, lo mismo que proteger los equipos para que no les entre la arena. Aquí, además, se está haciendo cine, como dijo un compañero, con los mismos elementos que utilizaron sus abuelas para construir los campamentos en medio de la hamada. Un año, hubo una subida de tensión eléctrica y se quemaron todos los equipos de la escuela. Lo que sale de los campamentos saharauis es un cine urgente hecho con herramientas muy básicas. Pero las historias contrarrestan las dificultades técnicas.

En un momento como el actual, en el que hay un mayor número de personas desplazadas en el mundo, en el que vivimos el genocidio de Gaza, las guerras de Líbano e Irán, en el que hay grandes similitudes entre la ocupación de Palestina y del Sáhara Occidental, dedicáis esta edición al derecho al retorno, que es uno de los derechos más olvidados.

Como no se aborda en las negociaciones, de las que están excluidos los propios interesados, nos toca reivindicarlo a nosotros. Estamos en un mal momento, pero estos pueblos llevan décadas, sino siglos, luchando. En España nos alarmamos mucho por la situación del Sáhara, pero los saharauis están tranquilos porque tienen claro que para ellos la cuestión no es si van a retornar, sino cuándo lo harán. Y ese espíritu es también el del FiSahara. Por más retos y obstáculos que encontremos, va a seguir adelante porque va a acompañar al pueblo saharaui hasta que su tierra sea libre.

La Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) fue una de las principales financiadoras del FiSahara en sus inicios, pero tras los recortes de la crisis de 2008, nunca ha vuelto a apoyarlo. ¿Con qué apoyos contáis?

Pasamos una cantidad absurda de tiempo buscando financiación. El año pasado no pudimos celebrar el festival por falta de dinero. Hay mucho trabajo voluntario, cada año perdemos dinero por emergencias y cambios de última hora, como invitados que no pueden asistir, y pese a todo conseguimos que el festival salga adelante con muy poquito dinero.

El Gobierno español no aporta financiación, y eso lo dice todo de la política de España. Que no nos financien demuestra lo ruin que es la política española. Es algo que no perdono a mi país. España no solo se desentiende de sus obligaciones legales con el pueblo saharaui, sino que se alinea con la potencia ocupante.

En cuanto a la AECID, he intentado retomar esa vía de financiación, pero no ha sido posible. Lo que nos llega es que se trata de una decisión política. El Ministerio de Exteriores español no quiere que el FiSahara exista porque es un problema para ellos. Lo que está haciendo es ruin y cruel.

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El 14 de abril el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto de regularización administrativa extraordinaria. La norma, que viene a resolver la anomalía administrativa de un amplio colectivo de personas migrantes que, de manera irregular, trabajan y residen en España, ha sido celebrada por ONG y Plataformas como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Red Acoge, Cáritas o el movimiento Regularización Ya. Pero la redacción final esconde también sombras importantes, como la exclusión de los apátridas, un colectivo que figuraba en el borrador del decreto y que finalmente fue eliminado por el Gobierno después de que el Consejo de Estado objetase su inclusión en la misma disposición que la relativa a los solicitantes de asilo. El hecho ha vuelto a poner de actualidad la existencia de un colectivo habitualmente desaparecido de los relatos sobre migración y asilo.

“No ciudadanos”

Para la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, una de las dos normas de la ONU que tienen como objeto garantizar unos mínimos derechos a estas personas, apátrida sería aquella persona que «no es considerada como nacional por ningún Estado en virtud de la aplicación de su ley». Y dado que se le niega la nacionalidad, tampoco tiene acceso a servicios básicos ni a derechos fundamentales, como la educación o la atención médica, un empleo formal o contraer matrimonio. Además, dichas personas corren un riesgo de ser víctimas de abuso o de explotación. 

Por su parte, la Convención de 1961 es la encargada de reducir los casos de apatridia, estableciendo topes a los requisitos que deben cumplir para acceder a la nacionalidad. En la UE, ni Francia, ni Grecia, ni Eslovenia han llegado a ratificar esta última convención; y Chipre, Estonia y Polonia ni siquiera se han adherido a la de 1954. España lo hizo en 1997, pero no aprobó el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida hasta 2001. 

Según informes estadísticos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en junio de 2025 había cuatro millones y medio de apátridas en el mundo, pero dado que la mayoría de los países no proporcionan datos relativos a esta situación, se estima que la cifra real es mucho más elevada. Estas personas se encuentran prácticamente en todos los países y regiones del planeta y la mayoría vive en el mismo país en el que nació. 

Entre los principales colectivos de apátridas en el mundo se encuentra el de los Rohinyá en Myanmar, cuya Ley de Ciudadanía de 1982 los excluyó de los grupos étnicos nacionales a pesar de residir en el país desde hace siglos, y actualmente son considerados «extranjeros» por las autoridades birmanas. Otro caso destacable sería el de los palestinos radicados en países vecinos como Líbano, Siria o Egipto, pues carecen de una ciudadanía reconocida que les brinde protección, teniendo que depender de documentos de viaje temporales.

En Europa, atendiendo nuevamente a las cifras de ACNUR, la mayoría se encontraría en las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, hoy Estados independientes: Estonia y Letonia, por ejemplo, acaparan la mayoría –255.700 de los 381.000 de la UE– y son normalmente personas de etnia rusa, cuyos Estados, al independizarse, denegaron la ciudadanía automática a los residentes no nativos, convirtiéndolos en «no ciudadanos”. 

En España, saharauis

En España, más del 90% de los apátridas son de origen saharaui, un porcentaje que podría ser incluso mayor, tal y como nos cuenta Mauricio Valiente, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ya que “su situación lleva a algunos a usar documentos marroquíes o mauritanos para acceder a España por lo que, en los informes anuales del Ministerio de Interior, es ese el origen con el que aparecen referenciados”.

No es por tanto extraño que una de las principales críticas al Real Decreto venga precisamente del colectivo saharaui, tal y como expresa Salamu Hamudi Bachri, responsable de Asuntos Políticos del Polisario en España: “Valoramos positivamente la regularización de los inmigrantes, pero nos preocupa enormemente que se haya excluido ad hoc a los saharauis. Esto tiene un trasfondo puramente político: agradar a Marruecos, no desestabilizar la supuesta buena relación que mantienen el PSOE y el Majzén. Si en un principio la norma reconocía la regularización de todos, fueran apátridas, refugiados, solicitantes de asilo… al final los únicos excluidos son los saharauis”. El objetivo de esta excepción sería para Hamudi: “Hacer aún más daño a nuestro pueblo, algo que ya se venía evidenciando con la merma de la ayuda humanitaria a la población refugiada en los campamentos”.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, seguridad social y migraciones, ha justificado la medida por las recomendaciones del Consejo de Estado, tras las cuales el Gobierno no podía “solapar procedimientos” y era necesario “separar claramente la situación de las personas apátridas porque no están en situación irregular y están protegidas por dicho estatuto». 

“La explicación del Gobierno se basa en una perversión del lenguaje. Cuando dice que los apátridas no están en situación irregular, tienen un procedimiento específico y cuentan con mejores condiciones, está retorciendo la realidad: obviamente, quien ya tiene el estatus de apátrida tiene mejores condiciones jurídicas, permiso de residencia, de trabajo permanente… Pero aquí de lo que estamos hablando es de solicitantes”, razona Sidi Talebbuia, abogado sevillano de origen saharaui, “el que necesita regularizarse es el que no tiene el permiso concedido. Es lo mismo que puede ocurrir con la persona solicitante de asilo. Y sin embargo a estas personas sí se las incluye en el Real Decreto”. El motivo, por tanto, solo puede ser político, a juicio de Talebbuia: “La actual presidenta del Consejo de Estado es Carmen Calvo, ex vicepresidenta primera del Gobierno y exministra de la Presidencia con el PSOE de Pedro Sánchez; y es pública la actitud de la parte socialista del Gobierno con respecto a los saharauis”.

Buena parte del problema viene del proceso burocrático para adquirir el estatuto de apátrida, desarrolla el abogado: “El Reglamento establece un plazo de tres meses para que sea resuelta la solicitud pero en la práctica, el trámite, en lugar de resolverse en los tres meses previstos, dura un plazo que va de dos a tres años, habitualmente, más cerca de tres. Entonces los solicitantes se encuentran ante una situación de extrema vulnerabilidad, pues deben permanecer años esperando una resolución, que en la mayor parte de los casos de estos solicitantes provenientes de los campamentos saharauis suele ser favorable, pero en ese tiempo de espera, no tienen permiso de trabajo, lo que complica su existencia y les obliga a estar sometidos a todo tipo de abusos laborales.

“Aquí el agravio comparativo se hace con respecto a los demandantes de asilo”, continúa Talebbuia, “puesto que si a los seis meses, que es el tiempo que se prevé legalmente para que se resuelva el expediente de los solicitantes de protección internacional, no se ha confirmado, se les puede autorizar a trabajar en lo que conoce vulgarmente como la ‘tarjeta roja’ –en el caso de los apátridas sería la verde—”.

Coinciden en la valoración en la CEAR, tal y como explica Valiente: “Existe un agravio importante con respecto a los solicitantes de asilo: si una de estas personas acude a la policía, automáticamente se le documenta y tiene autorización de permanencia; y a los seis meses, de trabajo, lo que no ocurre con los apátridas, que sufren un procedimiento mucho más largo y genera una evidente indefensión en quienes la solicitan. El Gobierno debería automatizar la permanencia y resolver la situación administrativa para estas personas de manera automática, que dejen de ser invisibles y puedan acceder a derechos fundamentales como el trabajo, la sanidad y la educación”.

“Por otra parte, lo que tendría que hacer el PSOE es desencallar el proyecto de ley para conceder la nacionalidad a los saharauis, que se encuentra en el Congreso desde hace dos años bloqueado únicamente por obcecación del Partido Socialista. Sería una pequeña reparación del daño histórico a la memoria democrática de este país, un daño que todavía no se ha solventado. Y en lo concerniente a los apátridas, es tan sencillo como una orden ministerial que pueda darles el acceso al trabajo en las mismas condiciones que a los solicitantes de protección internacional. De esta manera ya ni siquiera sería necesario incluirles en el proceso de regularización”, zanja Talebbuia.

Apátridas por voluntad propia

Por último, también existen personas que solicitan el estatus de apátrida, pero por razones muy diferentes a las expuestas anteriormente: si la nacionalidad se concibe como una cualidad que infunde a la persona el hecho de pertenecer a una comunidad nacional organizada en forma de Estado, lo que buscan es precisamente rechazar esa nacionalidad como construcción identitaria impuesta. Es el caso de Nuria Güell, artista visual reconocida por sus proyectos de carácter político y social, y cuyo trabajo ha sido expuesto en museos y galerías de todo el mundo. 

La artista, después de varios proyectos que intentaban subvertir la Ley de Extranjería, como Ayuda Humanitaria o TooMuchMelanin, llegó a la conclusión de que había que ir a la raíz, “superar la noción de identidad nacional como supuesto identitario, por ser una categoría artificial, impuesta y segregativa”, también por la experiencia de los “incontables horrores cometidos en nombre de los nacionalismos y de ser la base en la que se sustenta la dialéctica del nosotros y ellos, semilla de la xenofobia y el miedo a la diferencia”.

Con ese objetivo en mente, Güell solicitó renunciar a la nacionalidad adquiriendo el estatuto de apátrida, una petición que le fue denegada sin argumentación. Tras esa primera negativa, encargó un informe legal partiendo de la base del Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual todos los seres humanos nacen libres. “El objetivo de este segundo informe era saber si, a través del derecho de autodeterminación, se podía renunciar a su nacionalidad. Yo estaba tensando la cuerda, intentando empujar los límites”. 

Después de un año y medio, el Ministerio de Justicia le notificó que la petición era inviable: el marco legal vigente no contempla que puedan existir personas sin nacionalidad por voluntad propia. Toda persona debe pertenecer obligatoriamente a un Estado… Aunque, eso sí, pese a que el Estado no permite renunciar a él, se reserva paradójicamente el derecho a la expulsión de la nacionalidad como castigo.

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Hace apenas un par de años, Robert Thacker, autor de la biografía de la Nobel de Literatura Alice Munro, se vio obligado a explicar por qué no había incluido en ese libro, publicado en 2011, un episodio muy importante en la vida de la canadiense. El episodio en cuestión lo hizo público en un periódico una hija de Munro, Andrea Robin Skinner, dos meses después de la muerte de la escritora: «A la sombra de mi madre, un icono literario, mi familia y yo hemos ocultado un secreto durante décadas. Ha llegado el momento de contar mi historia». En realidad, Andrea ya la había contado hacía años a su familia, quien tenía que haberla protegido y no lo hizo. «Mi padrastro abusó de mí. Mi madre se quedó a su lado», tituló aquel artículo en Toronto Star en 2024. Ni siquiera una condena al agresor, según explicó Andrea, logró romper el silencio al que su familia la había sometido durante décadas. 

La historia de Andrea Robin Skinner es la historia de tantos niños y niñas que se siguen contando y no se creen hoy en todo el mundo, en España, en tu barrio, en tu propia casa; que se cuentan y no pasa nada. O que incluso continúan sin contarse. Es la historia de tantos y tantos agresores bien reputados, bien vistos, que dicen, en los pocos casos en los que son juzgados, que no es verdad o que fue la niña o el niño quien los sedujo; agresores que entran en el cuarto de su hijo por la noche y le ponen el mejor de los desayunos por la mañana, que siguen delinquiendo amparados por la impunidad, por el mirar para otro lado. Es la misma historia de tantas y tantas familias que se rompen por un delito que continúa siendo un tabú, algo muy fuerte, tan asqueroso, tan perverso, que no entra en cabeza humana. Pero que existe, que lo cometen hombres, familiares y conocidos en su mayoría. No son monstruos, ni psicópatas, no tienen diagnosticada enfermedad alguna. 

 «Eso es, es eso. Nunca es tarde para hablar de ello. No es Epstein, son las casas, es lo que está pasando hoy en las casas», dice hoy desde Sevilla María, una niña ya adulta como Andrea Robin Skinner. María usa este nombre porque no quiere revelar su nombre real, y asegura que su familia está rota porque contó que un familiar cercano la había estado agrediendo sexualmente cuando era una niña. Esta sentencia de 2023, que condena al tío de una pequeña como María, confirma que no estamos ante casos aislados: «La menor explicó que no lo hizo antes –contar que su tío la agredía– porque tenía miedo a que no la creyeran, y porque pensaba que al revelarlo la familia se iba a romper, como ocurrió cuando se supo. Es algo repetitivo en estos casos».

María afirma que en su grupo de terapia, en el 90% de los casos no tuvieron apoyo familiar: «La respuesta sobre cómo respondían las madres era muy similar, hemos sido repudiadas, no hemos tenido apoyo real y práctico», dice en un pasaje que recuerda, a su vez, a la interpretación de Belén Rueda en No tengas miedo, una película dirigida por Montxo Armendáriz en 2011. La niña –Michelle Jenner– se lo cuenta una y otra vez a su madre, pero la madre, que puede representar también a la sociedad, no quiere creerla, no quiere asumir que eso que está narrando su hija se está produciendo, que sea el padre el que lo está cometiendo, o quizá no puede asumir el error de no haberla protegido. 

La ministra Rego, víctimas y especialistas piden mirar de frente a la pederastia en el acto de ‘La Marea’

Esa es otra cuestión que se repite, el perfil (o no perfil) del agresor, porque cualquiera puede serlo. Todas las encuestas realizadas hasta el momento, todos los colectivos que trabajan en este asunto, lo confirman: en torno al 80% de este tipo de violencia se da dentro de la familia o entornos muy conocidos.

«Serán imaginaciones tuyas», concluye la madre sobre lo que le cuenta su hija en la película de Armendáriz, como suele pensar la sociedad ante los casos reales. «Cuando yo lo conté, dos años después, cuando tenía 11 años, me llevé una reprimenda tremenda, me dijeron que aquello era una invención», dice Francisco, hoy con 43 años. Cuenta que en su caso fue un vecino. «No se quiere ver porque faltan herramientas y se tiene miedo al conflicto. Y en nuestra sociedad los abusos sexuales a menores es algo que tenemos bastante asimilado, sabemos que pasa, pero cuando pasa y lo tenemos delante de nuestras narices nos resulta tan espantoso que preferimos mirar para otro lado antes que abordarlo y denunciarlo», prosigue. 

Desde la Fundación ANAR parten de una máxima: «Siempre tenemos que creer a los niños, niñas y adolescentes, hay que darles un espacio, decirles que no les vamos a juzgar, que la culpa la tiene el agresor, y tener oídos para esos niños», explica Shauri Molina. En el 9,4% de los casos atendidos, tuvo que intervenir el departamento jurídico; y en el 9,3%, hubo una coordinación con entidades externas para proteger a esos niños.  

Porque otra supuesta explicación que se esgrime para no mirar es culpar a la víctima: «Serás una puta», le dijo una madre a su hija con 12 años cuando le contó lo que le hacía su padre: «¡Pregúntaselo a tu marido, papá me está tocando y va a mi cuarto todas las noches por mí!». «Imagínate qué ganas tienes tú de hablar de esto», explica la terapeuta Eva Medina ante este caso que trató. El problema, como analiza, es que un niño no imagina lo que no ve, no fantasea con lo que no conoce. «O lo ha visto o se lo han hecho, y en ambos casos es delito», dice. Y se llama pederastia –continúa– por muy dura que suene la palabra: «Es fuerte, pero es la realidad. Una persona que abusa de un menor es un pederasta, sea el padre, el hermano, el tío, la madre o Perico el de los palotes». 

El segundo marido de Alice Munro agredió sexualmente a Andrea cuando ella tenía nueve años. La niña hizo llegar el caso a su padre, que se quedó de brazos cruzados: «La incapacidad de mi padre para tomar una decisión que me protegiera me hizo sentir que yo no formaba parte de ninguna de las dos familias. Estaba sola». La violencia continuó hasta que llegó a la pubertad. Años después, con veintitantos, se lo contó a su madre, aprovechando que había escrito uno de sus cuentos de premio sobre una niña que se suicidó tras ser agredida por su padre. Fuera de la literatura, en la vida real, ante el caso de su hija, Alice Munro también se cruzó de brazos: «Reaccionó exactamente como me temía que haría, como si se hubiese enterado de una infidelidad». 

A lo máximo que llegó, según narra Skinner, fue a hablarle sobre otros niños con los que este hombre mantenía «amistades», como si la traicionada hubiera sido ella, la esposa. «¿Se dio cuenta de que estaba hablando a una víctima y que yo era su hija? Si lo hizo, yo no lo sentí. Cuando intenté decirle cómo el abuso de su esposo me había causado daño, se mostró incrédula». Andrea, que ahora ayuda a personas que han pasado por su misma situación, rompió la relación con su madre cuando nacieron sus hijas. Ella sí tuvo claro que nunca iría con ellas allí donde el agresor estuviera.

Gerald Fremlin, el segundo marido de Munro, el padrastro de Andrea, el agresor, fue condenado en 2005 después de que Andrea, la hija de Alice Munro, la hijastra, la víctima lo denunciara ya mayor: dos años de prisión provisional y una orden de alejamiento de menores de 14 años. Fremlin era ya octogenario. Murió en 2013 y, hasta ese momento, Munro, la madre de la víctima, permaneció al lado del agresor. ¿Por qué no incluyó este episodio, aun conociéndolo, aun con sentencia condenatoria, el biógrafo de la premio nobel? ¿Qué motivo expuso para no hacer nuevamente nada, para cruzarse de brazos ante esta historia? «Yo lo veía como un asunto familiar privado», justificó.

Detrás de ese argumento se ha escondido históricamente uno de los principales problemas a la hora de afrontar –y prevenir– la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes: lo que le hizo el padrastro a la hija de Alice Munro no es un caso aislado, como tampoco lo es lo que le hicieron los curas pederastas a sus víctimas, ni lo que un tío, un primo, un padre o un abuelo siguen haciéndole a muchos niños y niñas hoy en sus casas, igual de pederastas que estos curas; o lo que los actualizados agresores sexuales continúan haciendo a estas personas vulnerables a través de las pantallas. Lo que les ha pasado históricamente a los niños y niñas, como María o Francisco, y sigue ocurriendo hoy, lo que hacen los agresores sexuales con estos niños y niñas, es un delito público derivado de un problema social estructural, de salud pública, como indican los especialistas consultados.

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Esta entrevista con Hernán Zin se publicó originalmente en la revista de La Marea. Puedes conseguir un ejemplar y suscribirte en nuestro kiosco.

«Estoy muy cabreado». Hernán Zin (Buenos Aires, 1971) no oculta que le hierve la sangre cuando habla de Gaza. Allí rodó en 2014 un aclamado documental, Nacido en Gaza, en el que mostraba el impacto que la violencia y la ocupación israelí tenían sobre un grupo de niños palestinos. Diez años después, en mitad del genocidio, se reencuentra con tres de ellos (Mohamed, Bisan y Udai) para hacer la segunda parte: Todos somos Gaza. Esta vez no ha podido rodar en persona, porque la entrada a la Franja está prohibida para la prensa extranjera. Ha tenido que hacerlo a distancia, dirigiendo a su equipo por teléfono, temiendo continuamente por su suerte. Su director de fotografía, Ebrahem Abu Eshieba, fue asesinado durante el rodaje. La experiencia ha reabierto la herida del estrés postraumático, un trastorno que arrastra tras muchos años como reportero en zonas de conflicto. Pero lo de Gaza, dice, no tiene comparación con nada que haya visto antes.

¿Retomar la historia de los niños de Nacido en Gaza era algo que tenía clavado? ¿Mantuvo el contacto con ellos a lo largo de estos años?

Sí, mantuve el contacto. Siempre tuve el deseo de contar cómo había sido su vida bajo el bloqueo, pero no esperaba hacerlo en estas circunstancias. Aunque el genocidio siempre estuvo ahí. Desde que llegué allí por primera vez entendí que había una voluntad de erradicar a esta población encerrándola, cortándole el agua, la electricidad, el acceso a los alimentos, a las medicinas, a los libros. Era un genocidio a cámara lenta. Siempre fue un genocidio.

En situaciones así, ¿se piensa en ayudar a la gente a salir de allí?

Yo nunca quise sacarlos de allí. Se saca a los heridos, eso sí. Pero nunca he pensado en protegerlos sacándolos de allí. Eso sería un triunfo del sionismo. En este caso, o en Congo, o en Afganistán, o en Somalia, lo que quiero es que el país esté bien y que prospere. Y que se termine con la violencia y con todo el negocio que hay detrás. Yo lo que quiero es sacar a los colonizadores, no a los oprimidos. La gente se quiere ir y van a acabar yéndose todos, lo entiendo, pero la solución no es esa. Imagine que sacáramos a todos los que han sido masacrados en Ruanda o en Myanmar. Ganarían los que tienen poder.

Usted nunca ha compartido esa premisa periodística de no implicarse demasiado en la noticia que está contando.

No, pero es que yo no me considero periodista. Yo soy un contador de historias. Hay compañeros periodistas que bromean conmigo diciendo: «Tú siempre estás con las víctimas». Me parece bien. Uno cuenta la parte militar, otro cuenta la parte política y yo estoy con las víctimas. Esa es mi vocación. Que cada uno cuente lo suyo. Yo tomé partido hace mucho tiempo, la primera vez que visité un barrio de chabolas en Calcuta. Estoy con los oprimidos. Ese es mi punto de vista narrativo.

Hay un momento del documental en el que Mohamed dice: «Que Dios perdone a quien nos está haciendo esto». Me sorprendió no ver maldiciones contra Israel en la película. ¿Las ha cortado o no las había?

Yo nunca las he oído, al menos entre la gente que yo conozco. Otra cosa es ir a una manifestación de Hamás, allí puedes oír todo tipo de proclamas. Pero en Gaza la gente es bastante moderada. Hay mucho más odio en Israel. Yo recibo cien amenazas de muerte al día, me llaman antisemita a todas horas… Ves mucha más violencia del lado de los agresores. Ocurre en todos los conflictos, no sólo en Gaza.

La primera parte, Nacido en Gaza, ha tenido un éxito extraordinario en Netflix.

Sí, se estrenó en la plataforma en 2018 y en 2023 la reventó. Estuvo entre lo más visto en muchos países. Se pasó en la ONU, en el Banco Mundial… Y sigo recibiendo miles de peticiones para proyectarla. Ahí fue cuando entendí que estaba obligado a hacer una segunda parte. Desgraciadamente, los derechos se cumplieron el año pasado y Netflix no ha querido renovarlos.

¿Por razones políticas?

No lo sé. Tampoco quieren la segunda parte.

Conociendo el éxito internacional que ha tenido Nacido en Gaza, ¿le han llamado para hacer entrevistas de promoción de esta segunda parte en Estados Unidos, Argentina o Alemania?

Por ahora, de esos países sólo recibo insultos y amenazas. Lo de Alemania es lo que más me sorprende. En Argentina, en cambio, siempre ha sido así. Mi primer libro sobre Gaza es de 2006 y no lo pude presentar en Buenos Aires porque amenazaron de muerte a mi familia. Lo presenté en México y en Madrid. Argentina está perdida. Está tomada por el sionismo. De hecho, ahora cualquier crítica se considera un crimen antisemita, como en Estados Unidos. Aunque allí sí me han entrevistado muchas veces. En España no sabemos la suerte que tenemos de poder estar hablando de esto libremente. Ayer estuve en la radio pública y pude decir todo lo que quise. Le aseguro que eso no pasa en Francia ni en Alemania.

El documental es durísimo, pero tengo la impresión de que podía haber sido más sangriento y usted no ha querido.

No, porque mi objetivo es que la gente lo vea. Además, las guerras no son como se ven en el cine. En una calle de Sarajevo o de Alepo pueden estar cayendo bombas y a 15 minutos de distancia puede haber gente de fiesta. En Kiev viven con normalidad y en el Donbás están bajo el fuego. La guerra es un caos y allí nadie entiende nada. En medio de la guerra también puedes encontrar momentos de felicidad o de amor. Siempre lo he visto. Habrá que retratarlo todo, ¿no? Incluso en la guerra, la vida sigue. Aunque esto no es una guerra, es un genocidio.

Los grandes medios de comunicación no han mostrado todo el horror de ese genocidio. ¿La profesión periodística ha fracasado?

La profesión periodística lleva fracasando allí desde 1948.

Me refería al hecho de no publicar fotos de niños muertos. Eso, quizás, ha provocado que haya más niños muertos.

Eso es así. Es un debate muy antiguo. Pero en este caso es mucho más sutil. Hay estudios del tratamiento que se hace del pueblo palestino en el New York Times y en otros grandes medios de habla inglesa y es escandaloso. El 90% de las noticias hablan de Israel y el 10% de Palestina. Se cosifica a los palestinos. Es todo de un racismo vergonzoso. Pero no se debe sólo a un sentimiento de culpa por el Holocausto. Recuerdo que en 2006 yo llevé un reportaje sobre Gaza a la redacción de Clarín y me dijeron: «Si publicamos esto, se van todos los anunciantes. Nos lo han dicho». El pueblo palestino está vendido. Vendido por los árabes, por los europeos, por los americanos… Está vendido al sistema financiero. El sionismo tiene mucho poder.

Pero las imágenes de la hambruna sí se publicaron. Eso fue lo que provocó manifestaciones masivas en todo el mundo y que se acelerara ese paripé llamado «plan de paz».

Sí, es curioso. No sé por qué tuvieron tanto impacto las fotos del hambre y no el asesinato masivo de todos los días. No tengo explicación para eso. El mundo despierta cuando ve que están disparando a las personas hambrientas que van a un centro de ayuda a buscar una bolsa de harina. España no tardó tanto. Siempre tuvo una postura muy humana respecto a Palestina. Por eso el sionismo ha llegado aquí con tanta fuerza. Primero de la mano de Aznar y ahora con Ayuso. Por eso han comprado tantas voluntades. Por eso han metido dinero en OK Diario, por ejemplo. Han desembarcado financieramente y lo han hecho muy bien. Con dinero, con empresas, con fundaciones. Han venido muchos argentinos millonarios a Madrid y están haciendo lobby. Quieren que esto sea Argentina o Estados Unidos, pero les va a costar. En cualquier caso, a pesar de lo mucho que han gastado en propaganda, en Gaza se les ha caído la máscara. El que no quiera ver lo que es el sionismo, el que no tome partido, es una persona desalmada, sin criterio, sin humanidad, sin compás moral. Yo recuerdo ir a Israel y que me dijeran: «En España sois muy antisemitas». No somos antisemitas, simplemente vemos la verdad. Nos tienen atravesados. Ojalá no consigan silenciarnos, pero nunca se sabe. Quizás dentro de dos años no podamos estar hablando así. O quizás sí, pero usted podría acabar en la calle.

¿Ha notado esa presión a la hora de hacer Todos somos Gaza?

En términos cuantitativos, no, porque la subvención que teníamos de la Comunidad de Madrid era muy pequeña. Pero nos la retiraron igualmente. Por la cara. Parece que ahora en la Comunidad de Madrid saben mucho de relaciones internacionales. Se ponen a hablar de lo que es o no es un genocidio. Es absurdo. Yo les pago para que hagan carreteras y hospitales, no para que opinen. Oyes hablar a Ayuso y a Almeida y… es tremendo. ¡Cómo se ha equivocado la derecha española con este tema! No entienden que el 80% de los españoles está a favor de Gaza. Son muy torpes.

Y aún no han cometido el mismo error con el Sáhara Occidental, pero no hay que descartarlo.

No lo han cometido porque eso no está en la agenda. Si el PP gobernara probablemente destinaríamos el 5% del PIB a las armas. Han entrado en el juego de esa ultraderecha que lo que busca es echarle la culpa de todo a los inmigrantes. Todos han entrado en el modelo Trump: decir tonterías y burradas para hacer ruido y estar siempre en los titulares de prensa, negar el cambio climático, negar los derechos de las minorías, dar rienda libre a las grandes compañías tecnológicas… Es un modelo muy dañino para el futuro de la humanidad. Mire cómo se ha desnaturalizado Europa, que era un faro de libertad y de derechos humanos. Ahora la clase media no puede pagar una casa. Estamos acorralados. Los siguientes somos nosotros. No al nivel de Gaza, claro. Gaza es el laboratorio. Allí prueban las armas, las escuchas, el reconocimiento facial, la IA… y después se vende a todo el mundo. Las acciones de Elbit Systems han subido un 80% en un año. La bolsa de Tel Aviv ha subido un 200%. Es un gran negocio.

A usted le han prohibido la entrada en India por los reportajes que hizo sobre la violencia contra las mujeres. ¿Le ha pasado lo mismo con Israel? ¿Allí puede entrar?

Seguramente no me dejen. [Señala su móvil] Ahora todos estamos controlados. Tampoco me apetece ir. Hace 20 años allí había una izquierda civilizada. Estaba el movimiento Paz Ahora. Había oenegés como B’Tselem, que eran propalestinas y estaban en contra de la ocupación. Gente con la que yo he trabajado y que estaba preocupada por crear un Estado plurinacional, como Gideon Levy o Meir Margalit. Pero esas personas ahora también están acorraladas. No hay nada que hacer.

¿Usted cree que la solución de los dos Estados es factible?

¿Y dónde van a estar esos dos Estados? Si apenas han dejado un 15% de territorio para los gazatíes en una Franja que ya antes era el sitio más superpoblado del mundo. De aquí a dos años no quedará nada de Palestina. Se cumplirá el sueño del Gran Israel.

¿No quedará ni siquiera Cisjordania?

El futuro de Cisjordania es casi peor. Los colonos están matando gente todos los días. La gente está huyendo. El problema es que ni en Jordania ni en Egipto los quieren. Pero Estados Unidos está presionando para que los dejen salir. Palestina va a desaparecer. Y sobre la solución de los dos Estados… la verdad es que no debería ser así, debería ser un Estado palestino con población judía, como fue siempre. Pero, bueno, pongámonos en el caso de que haya dos Estados. ¿Quién va a indemnizar, económica y moralmente, a los palestinos por todo lo que les han arrebatado? Estamos hablando de reparaciones de miles de millones, como las del Holocausto. ¿Quién va a pagar? Los árabes les han dado la espalda. Europa se ha escorado a la derecha de manera totalmente autodestructiva. Alemania apuesta ahora por fabricar armamento, ya que los coches chinos se han comido su mercado. Yo pensé que las guerras se acabarían en el siglo XXI y que, como reportero de guerra, me quedaría en paro, pero no. ¿Qué necesidad tenemos de hacer la guerra ahora? ¿Con quién? ¿Por qué? Ucrania, Sudán, Congo, Gaza… todo se podría arreglar rápidamente dialogando. Es muy triste.

Ha explicado que Israel mata a gente muy concreta para evitar la reconstrucción de Palestina.

Sí, al principio usaron una IA que se llama Lavender y que hace un análisis de los daños colaterales que puede tener una víctima dependiendo de su nivel social y de su rango. Usaron drones cuadricópteros que entraban en las casas y mataban a familias enteras. Así aniquilaron a todos: ingenieros, arquitectos, médicos… A los médicos los secuestraban. A Ebrahem, nuestro director de fotografía, lo matan en el ataque de un comando al hospital Nasser. Entraron y le pegaron siete tiros. Y al médico que estaba con él le dispararon en las piernas y se lo llevaron. Pero no estoy revelando nada. Lo dijo Yoav Gallant. Lo han dicho ellos mismos: «No puede quedar un niño vivo. Son todos terroristas. Hay que matarlos a todos». Están haciendo lo mismo que hizo Hitler en 1939: destruir la inteligencia, eliminar a la clase media culta, con estudios. Y en Palestina, como no hay otra cosa que hacer, estudian mucho. El estudio es una pasión. Tienen el mayor número de doctorados del mundo. Casi todos los que vienen a España, por ejemplo, son médicos.

El caso de Bisan es muy significativo. Estudia sin parar. Cuando caen las bombas, siempre le pillan con el libro en la mano.

Bisan se preparaba para un examen y lo hizo por Internet. Pero hackearon su cuenta y ahora tiene que volver a hacerlo. Para que vea hasta qué nivel de maldad llegan. Una tía que se pasa todo el genocidio estudiando, sin luz, sin agua, sin comida… Nosotros le comprábamos la comida y la medicación que aún necesita. Van a destruirlos. La gente no lo ve, pero los van a exterminar. Como a los indígenas americanos. Es la misma mentalidad colonizadora y racista del siglo XIX. Siento ser portador de malas noticias, pero ya dije hace un año que el genocidio había ganado, y todo el mundo se me echó al cuello. Llevo 20 años documentándolo y esto terminará dentro de dos o tres años con la desaparición de Palestina. ¿No lo estáis viendo? Lo han hecho así para que no haya nada que reconstruir. Ciudad de Gaza, Beit Hanoun, Rafah, Jabalia… todo son escombros. ¿Qué vas a reconstruir ahí?

Hemos visto imágenes muy impactantes de otros conflictos. Beirut completamente calcinada, por ejemplo, pero tengo la impresión de que nada se puede comparar a lo de Gaza.

Nada, nada. No hay comparación posible. Nunca se vio nada igual. Ni lo de Dresde. Ni lo de Hiroshima y Nagasaki. El equivalente ha sido el de varias bombas atómicas. Y además con descaro, a la vista de todos. Por eso digo que vivimos una época complicada y que todos somos Gaza. Porque también van a por nosotros. No con drones como en Gaza, pero si con la IA y con la acumulación de capital. Hoy en día el trabajo no vale nada. Lo que vale es el capital, con el que un fondo de inversión, incluso un particular, puede comprar 1.500 pisos de una tacada. O la gente se pone en pie y los Estados intervienen para hacer un mundo con reglas o esto se va al garete.

Usted decide dejar de cubrir zonas de conflicto en 2018, cuando estrena el documental Morir para contar, en el que aparecen dos amigos suyos que morirían poco después en Burkina Faso, David Beriain y Roberto Fraile.

Sí, ese documental era mi despedida. Tuve un accidente en 2012 y ya entonces pensé en retirarme, pero me agarró Siria y me agarró Gaza, y continué. En 2018 me separé de la cantante Bebe, que era mi pareja, terminé Nacido en Siria, que ganó todos los premios, y me encontré solo en mi casa. Y entonces pensé: «Ahora me pego un tiro. No tengo más futuro». Era producto del estrés postraumático. Luego escribí una novela y al poco tiempo llega la COVID-19 y me llama Netflix para hacer otro documental [titulado 2020]. Y me paso un año metido en hospitales y en ambulancias. Y ahora, otra vez Gaza. Durante todo este tiempo yo quería dedicarme exclusivamente a hacer ficción, pero no he podido. Cuando matan a David y a Roberto [en 2021], fui corriendo a mi psiquiatra y me inyectó valium porque ese día sufrí uno de los mayores bajones de mi vida. Los dos eran amigos muy, muy queridos. Compartimos mucho tiempo y muchas risas en el Congo, en Afganistán… Pero con Roberto yo tenía una conexión especial. Y ese día ni siquiera fui capaz de llamar a su familia. Me duele en el alma. Era un tipo muy grande.

Dado el coste personal que ha tenido que pagar, ¿ha pensado alguna vez que podría haber hecho su trabajo de otra manera y que le hubiera hecho menos daño?

Sí, claro que lo he pensado. [Silencio] Podía haberlo hecho con más moderación. Bueno… [Suspira] Fue una vida bien vivida. Pero el coste familiar ha sido terrible. A mis padres hace 13 años que no los veo. Ahora los veré, pero cuando yo me meto en algo, me vuelco completamente. Ese ha sido el mayor sacrificio, la familia. Pero, bueno, lo mío es una vocación, una llamada, una misión. Admiro a la gente que puede desconectar e ir a tomar cañas con los amigos, pero yo no puedo hacerlo. Nací con una misión. No me arrepiento.

¿Y ahora qué planes tiene?

Acabo de terminar mi primera comedia. Me ha venido muy bien a nivel espiritual. Es una historia de tres capítulos que hemos rodado en Lanzarote. Con un fondo social, porque trata de la inmigración, pero en tono de comedia. Estoy muy contento. Creo que hay que desmontar de una vez este mensaje contra la inmigración. Me tienen frito estos pijos que tienen una filipina sirviendo en casa, la comida se la lleva un guatemalteco, el césped se lo corta un marroquí… pero luego votan a Vox. Estoy muy harto ya del efecto Trump.

Udai, Bisan y Mohamed

Cuando se rodó Nacido en Gaza, en 2014, Mohamed era un niño de apenas 12 años. Y ya trabajaba. Rebuscaba entre la basura envases que se pudieran reciclar o reutilizar. Recorría Ciudad de Gaza de arriba abajo con un viejo caballo que tiraba de su carro. Una década después, es padre de dos hijos por los que sigue trabajando incansablemente, buscando comida, buscando transporte, jugándose la vida en las colas de los centros de ayuda.

Bisan era incluso más pequeña entonces. Una bomba israelí destruyó su casa. Sólo ella salió viva de los escombros. Hoy es una estudiante infatigable. Las secuelas de aquel trauma aún son visibles en su rostro: una ceja y un párpado quedaron seriamente dañados.

Udai jugaba entre las casas derruidas. Era un niño risueño, pero tras su sonrisa se traslucía una tristeza indefinible. Acababan de matar a su hermano mayor. Luego fueron cayendo todos los demás, uno tras otro. La heladería de su padre fue bombardeada trece veces, y fue reconstruida otras tantas. Ya veinteañero, en mitad del genocidio, no puede ocultar su felicidad porque está comprometido con una chica. Y está profundamente enamorado.

«Lo que más me gusta de ellos es que siguen teniendo la misma esencia que cuando los conocí hace 11 años», cuenta Zin. «Udai tiene la misma timidez, la misma candidez. Mohamed es un luchador. No para ni un instante. Y Bisan es una tía que quiere estudiar y que tiene la cabeza muy bien puesta. Tendrán sus traumas internos, obviamente, pero son un ejemplo para la humanidad. Esa es la parte luminosa de la película. La vida les ha dado unas hostias que nosotros no somos capaces ni de imaginar. Han perdido a media familia, la casa, los recuerdos, lo han perdido todo. Y no van de víctimas. Tienen una dignidad y una resiliencia increíbles».

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Poca gente se para a pensar quién está detrás de la traducción del libro que está leyendo. Mucha menos llega a pensar cuánto cobrará esa profesional, que seguramente no se pueda dedicar a la traducción como única forma de ganarse la vida. Y por si fuera poco, un nuevo golpe amenaza a este sector, en el que parece que lo único estable es la precariedad: la incursión de la inteligencia artificial generativa (IAG) en las editoriales podría desplazar (aún más) a los traductores, pauperizar (aún más) su labor y convertirles en meros correctores de un producto fabricado a través de una máquina.

Para evitarlo, el pasado 21 de abril hicieron pública una iniciativa: un sello que certifique que la traducción que el lector disfruta está realizada por un ser humano. Su materialización pasa por el buen hacer y la confianza en las compañías editoriales, cuya postura, por el momento, se puede resumir en un concepto muy en boga: la libertad (empresarial) primero.

Amaya García, presidenta de ACE Traductores, la principal asociación de traductores editoriales de España, que aglutina a unos 700 profesionales, asegura que la situación se ha agravado en las últimas dos décadas. «Las tarifas de los traductores llevan muchísimo tiempo sin subir. Que seamos la mayoría autónomos complica mucho nuestro poder de negociación», comenta. Ahora, el posible uso de la IAG por parte de editoriales para sustituir la labor de los traductores empeora una realidad que critican desde su nacimiento. «La IA se aprovecha de las obras que ya hemos publicado, de las de todo el mundo, explotándolas como otro tipo de piratería y saqueo, para elaborar sus traducciones», afirma.

Las tarifas que manejan dependen de los idiomas que traduzcan. Una «buena tarifa» con la que García trabaja es 0,055 euros por palabra, «y aún así es insuficiente para poder vivir de esto», apostilla. Tendría que traducir 22.200 palabras para llegar a los 1.221 euros mensuales de salario mínimo bruto reconocido en 14 pagas. Según la presidenta de ACE Traductores, una novela de unas 200 páginas puede abarcar dos o tres meses de trabajo. De todas formas, hay encargos que hasta desecha. «Pagan tan poco que tengo que recortar en calidad, pero luego lo firmo yo, ¿y cómo sabe el lector que esa traducción que no es tan buena no obedece a mi capacidad de trabajo sino a mis condiciones laborales? Para eso prefiero decir que no», denuncia.

Ana Alcaina, traductora editorial y profesora en la Facultad de Traducción de la Universitat Autònoma de Barcelona, admite que vive cierta incertidumbre por ver hasta qué punto, según sus propios términos, se le cae el libro de las manos a un lector cuando lea la traducción realizada por una IA. Y añade: «Construir juegos de palabras, expresar las emociones que esconden los personajes, producir la voz del autor y elegir entre adjetivos es un trabajo más minucioso de lo que puede hacer una máquina». Esta docente universitaria esgrime que la IAG «regurgita» un texto, que además es una versión de otros muchos.

Virginia Maza, afincada en Zaragoza y traductora con más de 20 años de experiencia, ayuda a perfilar el panorama: «La IA no es neutral, tiene ideología y unos fines económicos que sirven a la lógica capitalista». Ella es un caso inusual dentro de su profesión ya que se dedica a la traducción en exclusividad. Remarca que las negociaciones de tarifas son duras: «Yo llevo ya bastante tiempo, pero a las compañeras nuevas siempre les aconsejo que se asocien, que vayan a lo colectivo».

Ninguna editorial ha confesado en España que utiliza la IAG para traducir los libros extranjeros que comercializa. Sin embargo, en el sector se barrunta que la idea no es ajena a las empresas. Ya ha ocurrido con el sello Harlequin, del grupo HarperCollins, en Francia. «Quieren que los traductores acabemos puliendo los textos generados con IA por mucho menos dinero», señala García, presidenta de ACE Traductores, antes de advertir que esa forma de trabajar incluso lleva más tiempo que la traducción original en sí.

ACE Traductores no quiere quedarse viéndolas venir. Saben bien que las editoriales se valen de subterfugios para no indicar que una obra no ha sido traducida por un humano, y si lo indican, lo hacen de tal forma que el lector medio no se percata de ello. «La única salida que nos queda es proclamarlo nosotros a través de un sello de certificación» orientado al público lector, subraya García.

Las editoriales son clave para que este sello se normalice y se extienda lo más posible. «Contamos con su buena fe», remarca la presidenta de ACE Traductores, quien apunta que los lectores también tienen derecho a esa transparencia. Si alguno no le da tanta importancia a la traducción realizada por un humano, se podría quejar de que le cobraran lo mismo por el libro traducido con IAG.

La Asociación de Editores de Madrid no ha atendido a La Marea, pero su vicepresidente, Paulo Cosín, ha dejado una declaración: «La IA supone en algunos casos una amenaza y en otros una oportunidad, y los diferentes protagonistas de la cadena de valor tendremos que analizar el uso correcto y las limitaciones, tanto desde el punto de vista legal como ético». Sus homólogos catalanes han defendido que «todo es muy embrionario», en relación con la traducción realizada mediante IAG, aunque sí es una herramienta que abordan en sus órganos de debate y formación.

Por su parte, desde la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) han indicado que no intervienen en la operativa de las compañías, «que evidentemente tienen plena libertad para fijar sus criterios de actuación en todo el proceso de elaboración de un libro». Asimismo, han asegurado desconocer si hay editoriales que se valen de la IA para sus traducciones. «Por lo que a nosotros respecta y como no puede ser de otra manera, cada una decide libremente sobre el uso de cualesquiera herramientas digitales», han añadido.

De la misma forma, la FGEE ha reconocido que el entrenamiento de la IAG debería contar con la autorización de los creadores de las obras que la hayan alimentado. Nada de esto es suficiente para la traductora Virginia Maza, quien cree que la clave es la transparencia y que la IA es «una gran herramienta terrible que amenaza la vida». Dejar la cultura en sus manos, asegura, «no es peligroso únicamente para la cultura, sino también para la lengua, nuestro idioma y el pensamiento humano».

Este reportaje se ha publicado originalmente en El Periscopio, el suplemento cultural de La Marea. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente.

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