“Esta es la última casa en la que vivimos con mi papá. Y ya después, construimos eso al frente. El centro de Fidel es toda una casa completa como museo. Está muy bien hecho. Pero este es un centro de estudios del archivo del Che, no es para turistas. Vienen investigadores de todo el mundo y se coordinan con la investigadora principal, que tiene más de 70 años. Ahora, con la falta de gasolina, no puede venir, trabaja desde casa”, explica Aleida Guevara, hija del Che Guevara, en medio de la peor crisis que atraviesa Cuba desde el triunfo de la Revolución en 1959.

Aleida Guevara (La Habana, 1960) vio a su padre por última vez cuando tenía tres años. Pero se ha pasado el resto de su vida encontrándose con su rostro en camisetas, pósters, graffitis, esculturas, tatuajes y tazas en buena parte de los lugares que ha visitado para hablar sobre Cuba. El Che Guevara sigue siendo el revolucionario por antonomasia que inspira a millones de personas con su épica entrega a la construcción de un mundo más justo.

Un mito reconocible con la reproducción de apenas un par de trazos –la boina y la mirada al horizonte– gracias a fotografías icónicas como la de Korda. Un referente de las izquierdas de todo el mundo que murió cuando intentaba replicar la revolución cubana en Bolivia. Fue capturado en 1967 durante un combate con el Ejército boliviano, que contaba entonces con apoyo de la CIA. Un día después fue ejecutado por un sargento cumpliendo órdenes de la Presidencia boliviana.

Ahora, tras una vida ejerciendo como médica pediatra, Aleida Guevara es la albacea del pensamiento guevariano. Pasados los sesenta años, su madre, Aleida March, le pidió que la sucediera en la dirección del Centro de Estudios Che Guevara. No le pudo decir que no. Ella y sus hermanos llaman «sargento de caballería» a quien trabajó en la clandestinidad como miliciana del Movimiento 26 de Julio para acabar con la dictadura de Fulgencio Batista. “Fue lo peor que pude haber hecho porque yo me retiré pero mi mamá no se retiró nunca”, dice entre risas su hija.

Antes de comenzar la entrevista, Aleida graba un sentido mensaje de solidaridad para la cadena de televisión libanesa Al Mayadeen, en la que realiza un programa semanal en español. Israel acaba de recrudecer la guerra contra Líbano y de comenzar otra contra Irán de la mano de Estados Unidos, mientras continúa el genocidio de la Franja de Gaza.

¿Cómo definiría la situación en Cuba?

Es uno de los momentos más difíciles desde la Revolución. Desde el punto de vista económico, pero tambien por la presión ideológica que se está ejerciendo sobre nosotros. El gobierno de Estados Unidos está intentando por todos los medios desaparecer la Revolución cubana.

¿Y cuál es la salida?

Lo primero, resistir. Porque si no, desaparecemos de la faz de la tierra. Y si queremos seguir viviendo como pueblo, como nación, tenemos que resistir. Después, hay que buscar alternativas. Por ejemplo, estamos buscando la electricidad en la energía alternativa. El sol no lo pueden bloquear, ni el viento. También tenemos algunos ríos caudalosos que podemos aprovechar. Tenemos muy poca producción de petróleo, que además tiene mucho azufre y rompe las máquinas. El mayor bolsón está en el mar y es muy difícil explotarlo sin dañar la naturaleza, que hay que cuidar siempre. Además, una de las cosas más lindas de Cuba son las playas, no podemos perderlas.

Mi papá fue a Japón en 1959. Después de cada viaje escribía un informe que se publicaba en la revista Verde Olivo o lo contaba en una conferencia en la televisión para explicar lo que había hecho. En esa ocasion, dijo que Japón tenía un tercio de la tierra fértil en Cuba y que producía sesenta veces más que nosotros, por lo que teníamos que aprender a cultivarla mejor. Aún no lo hemos logrado.

También habria que controlar los precios. Estados Unidos ha querido cerrar totalmente el mercado, pero ha dejado una puerta a las empresas privadas. Ellos compran sus productos en Estados Unidos y los ponen aquí a precios muy altos, especialmente para quienes tenemos salarios estatales. Entonces, el Estado tiene que controlar esos precios. O también puede ser que algunas de estas empresas tengan que abaratarlos para poder vender su mercancía.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha repetido en varias ocasiones que tras Irán caerá Cuba. ¿Con quién cuenta el Estado cubano para que eso no ocurra?

Primero, con nuestro pueblo. Trump, como la mayoría de los estadounidenses, no tienen idea de quiénes somos. Para ellos, América Latina siempre ha sido su patrio trasero y han hecho lo que han querido. Cuando triunfó la Revolución cubana, por primera vez, se frenó eso. Desde entonces, han tratado de asfixiarla con el bloqueo económico. Así que esto viene caminando desde hace años y el pueblo ha aprendido a resistir y a buscar alternativas, que para mí es lo más importante.

Cuba ha sembrado solidaridad durante todos los años de Revolución. En 1963 teníamos muy pocos médicos porque la mayoría había migrado a Estados Unidos y a pesar de eso, enviamos una brigada médica para Argel porque los necesitaban. Es decir, lo poco que hemos tenido lo hemos compartido, y eso ha sembrado un sentido solidario de devolver algo de lo recibido.

Desde luego, nunca nos ha faltado la solidaridad de México con Cuba. Cuando toda la América Latina nos botó de la OEA, el único país que mantuvo relaciones con Cuba, a pesar de los gringos, a pesar de todo, fue México. Ahora también tenemos al pueblo venezolano. Hemos crecido juntos en los últimos años y tenemos un gran lazo de amistad, sobre todo cuando hablamos de Chávez y Fidel. China siempre ha estado muy cerca, Vietnam, Corea del Norte –con más dificultades por la lejanía–, Rusia y Bielorrusia también se ha portado bastante bien. Aunque ideológicamente no somos iguales, son gobiernos que han mantenido los lazos de solidaridad por el amor que emana entre sus pueblos.

Por su parte, Estados Unidos no conoce la historia de nuestro pueblo, piensan que somos indios con taparrabos y negritos con levitas, como decían ellos. Es increíble como la mente de esta gente no evoluciona. Yo terminé de formarme trabajando en Nicaragua porque se habían quedado sin médicos durante la revolución sandinista. Pues estando en la Universidad Centroamericana vino un grupo de médicos estadounidenses a dar una conferencia a sus colegas nicas. Los únicos que nos quedamos hasta el final fuimos los estudiantes cubanos por pena y por educación. Los nicas se fueron indignados porque aunque venían con la mejor intención, no tenían ni idea de a quiénes estaban hablando. El mejor profesor de Medicina que tuve en mi vida fue el nicaragüense Norman Jirón, un genio, y fueron a darle una clase como si fuese un niño. Los estadounidenses no tienen idea de quiénes somos el pueblo lationoamericano y, mucho menos, el cubano, que tenemos en un nivel cultural mucho mayor. La Revolución nos ha hecho un pueblo culto con un gran deseo de vivir con dignidad. Y eso no nos lo quita nadie.

Estados Unidos tiene un mayor potencial militar así que pueden entrar en la isla, pero no te garantizo que puedan. Yo peino canas y tengo las rodillas desbaratadas, pero si entran, que me busquen un asientico con un buen rifle porque todavía tengo buena puntería. A nosotros nos conviene que no se metan, pero si lo hacen, somos un pueblo decidido a luchar hasta las últimas consecuencias.

¿Cree que Trump podría decidir invadir Cuba?

Es imposible predecir lo que puede hacer un enfermo mental. Pero ellos saben lo que es un pueblo decidido a luchar porque tuvieron que retirarse de Vietnam.

¿Qué cree que pensaría su padre sobre lo que está ocurriendo si estuviera vivo?

No puedo poner palabras que no dijo en boca de mi papá. Pero teniendo en cuenta cómo vivió, el Che estaría preparando le resistencia y nosotros con él.

Esta es la ultima casa en la que vivió en su padre.

Sí, yo nací en lo que hoy es Playa, que antes era Miramar. Pero él no quería esa casa porque era inmensa y a mi mamá tampoco le gustaba porque la guarnición, sus compañeros, estaban siempre allí y ella quería privacidad. Entonces, le dieron esta. Cuando la vio, dijo “Nos tenemos que quedar aquí porque si no, nos van a llevar al Palacio de la Revolución”.

¿Cómo describiría a su padre?

Tuve muy poco tiempo con mi papá. Además, era dirigente de un proceso revolucionario incipiente. El hombre no tenía horas de descanso, trabajaba hasta dieciocho horas diarias. A veces, para estar con nosotros nos llevaba a un trabajo voluntario los domingos. Tengo imágenes de mi papá cortando caña y yo sentada detrás de él, comiéndome una mientras le escuchaba. Él tenía que usar el poco tiempo que tenía con nosotros y la mejor educación es el ejemplo. Era un hombre muy cariñoso, nos besaba con mucha fuerza. Yo aprendí a besar así y mi mamá después se quejaba y me decía «¡Estás besando igual que tu papá!». Cuando él llegaba a casa solía ser tarde así que yo aprovechaba para dormir con mi mamá. Él me cargaba para llevarme a mi cama y me daba un beso fuerte que me despertaba un poco. Yo creo que por eso cogí miedo a la oscuridad. Mi madre me consiguió un libro de un león que acompañaba a un niño que tenía miedo. Funcionó para que yo superase el miedo. Así que mi papá me trajo un regalo tras volver de un viaje. Fue la única vez. Era un león de peluche. Todavía lo tengo.

¿Qué otras ideas de las que recogió su padre en sus diarios y conferencias quedan por aplicar?

Muchas. Mi papá era un innovador. Iba un trabajo voluntario a aprender y a tratar de mejorarlo. Un día fue a donde se empalmaban los libros. Miró cómo se hacía y después le dijo al compañero: “Yo creo que si lo hacemos al revés ganaremos tiempo y calidad». Y lo demostró. Era ese tipo de ser humano que no solamente dice una cosa, sino que es capaz de escuchar, aprender, mirar y sacar mejores conclusiones. Así que dejó escrito muchas cosas que aún no hemos logrado poner en práctica. Lo primero es su ejemplo como dirigente. Un día mi papá descubrió que en nuestra casa estábamos consumiendo productos que no entraban por la libreta de racionamiento. Aquello fue bien feo. Él era ministro, pero no quería que hubiera ninguna diferencia con respecto al pueblo. La ética revolucionaria del Che todavía no la ha alcanzado mucha gente en este país. Él nunca le habría dicho a la gente que viviese de una manera mientras él vivía de otra. Eso es un pecado mortal para la revolución. Y hay muchos dirigentes en nuestro país, sobre todo en las capas intermedias, que tendrían que aprender mucho del Che.

¿Y cómo es su madre, Aleida March?

Soy una mujer socialmente útil gracias a que ella me formó. Mi mamá es una mujer de campo, con una educación muy estricta que hizo que le costase abrirse a la vida. Cuando murió mi papá, ella se transformó en un bloque para poder seguir viviendo. Él fue su primer novio, su marido, el padre de sus hijos, su compañero, su maestro, mi papá era todo para ella. Fíjate que ella estaba dispuesta a dejarnos a nosotros para irse con él. Fue mi papá quien le pidió que se quedara con nosotros al menos dos años. Le prometió que si la guerrilla en Bolivia duraba más tiempo, él la mandaría buscar.

Mi mamá nunca permitió que nos dieran ningún trato especial. Nos educó con las mismas carencias que tenía el pueblo y eso se lo agradeceremos siempre. Decimos que es un sargento de caballería, pero gracias a ese sargento hoy somos útiles al pueblo.

¿Qué podrían haber hecho mejor los gobernantes cubanos?

Uy, un montón de cosas. Acuérdate de que las revoluciones son procesos a veces explosivos y están hechos por hombres y por mujeres. Nunca son perfectos, siempre se cometen errores. Lo que defendemos y siempre defenderemos es que los únicos que podemos subsanar esos errores somos nosotros mismos. Nadie más tiene el derecho a hacerlo. Por ejemplo, hay que trabajar el tema de las viviendas de los campesinos. Con el triunfo de la Revolución, hubo un éxodo del 83% de la poblacion rural hacia las ciudades porque los campesinos querían que sus hijos fuesen ingenieros, médicos, maestros. El campo se quedó abandonado, lo que es fatal para la economía del país porque la tierra es la que produce los alimentos que nos permiten sobrevivir. Ahora nos hemos dado cuenta de esa situación y la Revolución está arreglando las viviendas del campesino, haciendo cooperativas, para que la gente viva mejor en el campo. No lo hemos logrado al 100%, pero tenemos muchas cosas que mejorar.

También tenemos el sueño de que los institutos de medicina no estén concentrados en la capital, sino dispersos en las provincias del país, lo que obligaría a muchos de nuestros mejores médicos a vivir allí.

Otro problema es que Cuba se ha convertido en un país muy viejo y hay que reactivar las cuestiones de la juventud. En los últimos años tuvimos una emigración juvenil bastante grande. Hay que trabajar la cuestión ideológica con los jóvenes, incentivarles para que se queden, que tengan más posibilidades de expresar sus sentimientos no solo desde el punto de vista emocional sino también de cuestiones objetivas de la vida práctica.

¿Cuál es su análisis sobre el momento que está viviendo el mundo?

Hay un economista estadounidense, no me preguntes el nombre porque siempre los olvido, que decía que “si la humanidad pierde la ética para vivir, pierde el derecho a existir”. Pues nosotros estamos perdiendo el derecho a existir porque estamos perdiendo la ética. Cuando permites lo que está pasando en Gaza, en Irán, en Líbano, cuando no eres capaz de frenar a tus gobiernos para que rompan relaciones con Israel, para que no vendan armas a su gobierno, desgraciadamente te conviertes en cómplice. Y esa es una de las cosas más duras que nos ha tocado vivir. Esta impotencia tan grande de no poder frenar al enemigo hace que cueste seguir viviendo.

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Este artículo forma parte del dossier ‘Obreros de ultraderecha’. Puedes conseguir la revista y suscribirte en el kiosco de ‘La Marea’.

Mono azul, gesto adusto, ceño muy fruncido, un envarado saludo militar. La capilla ardiente de Francisco Franco en el Palacio de Oriente convoca una larguísima cola de gente entre la que hay partidarios como este, simples curiosos y algún antifranquista que quiere asegurarse de que el rigor mortis del eterno Generalísimo está atado y bien atado. Y este obrero. Suponemos que lo era, por el mono azul. Es una imagen icónica. Se queda ahí, tieso como una vela o un garrote vil, y el servicio de seguridad tiene que empujarlo para que avance.

No sabemos quién era, como no conocemos la identidad de aquella señora que, en otra grabación emblemática de aquellos años transicionales, berrea a cámara que el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará en este baño de sangre. Perdieron su nombre y apellidos y se convirtieron en arquetipos: la furia nacionalcatólica, el obrero de derechas.

Hubo obreros franquistas, un obrerismo franquista, había habido un obrerismo falangista. El azul mahón de la camisa-uniforme de Falange provenía de aquellos monos; el rojo y negro de la enseña del partido, de la bandera anarquista. Trampas bastante burdas de lo que fundamentalmente eran señoritos con apellidos como Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, pero reclutaron a algún obrero real, igual que lo habían hecho los sindicatos católicos.

¿Nada más tonto que un obrero de derechas? ¿Sería, pues, el sumun de la tonticie ser un obrero franquista? No necesariamente. A algunos obreros puede interesarles que la derecha triunfe, porque es complejo el asunto del interés. Nunca se limita al dinero. Hay siniestros salarios emocionales: ser, por ejemplo, caudillo de tu casa, generalísimo de una esposa de pata quebrada, que en casa te reciba, después de que te exploten en el tajo, con una cena caliente, las zapatillas preparadas y una copita de Soberano, y a la que puedas calzarle una hostia sin que se queje. Las leyes del franquismo dictaminaban que la mujer debía pedir permiso a su marido para trabajar, firmar contratos o abrir cuentas; su delito de adulterio se ensañaba solo con las adúlteras; si a un uxoricidio se le apreciaba «causa de honor», la pena se atenuaba considerablemente. Y de esto se beneficiaban los gobernadores civiles, pero también los fresadores de la Perkins.

Malvados, pero no tontos

Franco y los franquistas eran malvados, pero no tontos, aunque a cierto mito antifranquista persistente le guste conceptuarlos así. Si hubieran sido tontos, no hubieran ganado tres guerras: la literal de 1936-1939; la supervivencia post-1945, tras la derrota del Eje, y, treinta años más tarde, la de la transición reformista o rupturista.

Con respecto a los obreros, supieron repartir, no solo palos, sino también zanahorias. Franco se había forjado en el Rif, pero también en la Asturias natal de su esposa, oriunda de una ciudad en la que, en 1934, la última comuna obrera de Europa Occidental –que la República de derechas encargó sofocar a Franco, con técnicas rifeñas– había reventado con dinamita la Cámara Santa de la catedral. El recuerdo de la Asturias roja preocupó siempre a un dictador que supo que, para desactivarla, hacía falta usar algo más que la violencia.

Los derechos recogidos en el Fuero del Trabajo, a los cuales se acogía el antifranquismo entrista; la vivienda de protección oficial o algunos proyectos emblemáticos del franquismo autárquico (de las universidades laborales a poblados modelo como Ciudad Pegaso, en Madrid; Llaranes, en Asturias, vinculado a ENSIDESA; o el poblado de ENCASO en Puertollano), fueron algunas de esas zanahorias.

Eran mucho menores y de peor calidad que las prebendas que conquistaban los trabajadores de las democracias keynesianas, que las consagraban como derechos en lugar de repartirlos como óbolos de caridad, cancelables a capricho del poder dictatorial y en cualquier momento. En Reino Unido, Países Bajos, Suecia o Francia la inversión pública en vivienda comportaba del 2 al 5% del PIB; se sujetaba a normativas de metros mínimos por habitante, calefacción, baño propio, cocina equipada y servicios urbanos modernos; y generó porcentajes del 20 o 30% del parque total, que se disparaba más allá en algunas ciudades.

Mientras tanto, en España la vivienda protegida no pasaba del 0,5% del PIB y del 5 a 7% del parque construido, y lo frecuente era que se construyera con superficies muy reducidas, sin baño completo o calefacción, con materiales baratos y rodeada de un adecentamiento urbanístico negligente o inexistente. Negligencia que hacía que muchos de esos vecinos forjaran poderosas asociaciones para reclamar alumbrado, asfaltado o colegios, que solieron acabar más o menos vinculadas al partido comunista.

Pero la memoria es selectiva, y ante problemas actuales como la crisis habitacional, al neofranquismo le resulta muy fácil convertir esos aspectos de la dictadura en nostalgia política del siglo XXI, propagada a través de memes y bulos. En ellos se deslizan nostalgias de otro tipo: no había «negros», «moros», «manolos» o «feminazis» en Llaranes. Y lo que sí había era lo que así recuerda una de sus habitantes, Ana Rosa Iglesias, en una entrevista en Nortes:

Se vigilaba a las familias. Había una monja, sor Vicenta, que se encargaba de eso. Las familias tenían que tener a los niños de una manera, no se podían hacer determinadas cosas, había que ir a misa… O el tema de los malos tratos. Porque había muchos malos tratos. Yo recuerdo vivirlo de bien pequeña. Vi saltar a una mujer por una ventana con el cuchillo del marido, borracho, detrás. Había mucho de eso. Y de padres a hijos, también. Lo veías en el colegio y en las casas de alrededor. Un día, tendría yo doce años, vinieron a detener a los padres de una niña, porque la habían intentado vender. Las familias normales trataban de ocultarte estas cosas, pero lo veías. O a lo mejor atar a un guaje que había hecho algo mal y llevarlo por alrededor de las casas dándole latigazos, para que la gente viera que el padre podía con el hijo.

La nostalgia del cuchillo y del latigazo puede ganar, hoy, unas elecciones. Votada por señoritos, y también por obreros.

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Las burocracias estatales, una invención moderna si las hay, representan, sin embargo, una combinación de dos arquetipos más bien míticos: el laberinto y el infierno. Ay de quien se atreva a entrar en ellas sin la ayuda de una Ariadna o un Virgilio, una guía que enseñe cómo llegar al minotauro -y cómo, después, salir con vida-.

El hecho de que, de todas las burocracias europeas, la española sea una de las menos transitables supone un grave problema. Porque muchas de las garantías del sistema democrático solo se pueden realizar a través de instancias burocráticas. Sin ir más lejos, varias de las promesas centrales de las dos leyes de memoria histórica (2007 y 2022) dependen del acceso ciudadano a los archivos del Estado. Hasta hace un par de años, sin embargo, era prácticamente imposible conseguir información fiable sobre -por poner un ejemplo- una pariente victimizada por el régimen franquista. No solo había un sinfín de repositorios, cada cual con sus propios buscadores (de los que, claro, no todos funcionaban), sino que había bastantes archivos sin apenas vías de acceso.

Esto lo observó de primera mano Hernán Fernández-Barriales López, un ingeniero químico español que entonces vivía en Estados Unidos, cuando en 2021 quiso buscar información sobre dos bisabuelos represaliados por el franquismo. Pero en lugar de dejarse vencer por la frustración, decidió buscar una solución al problema. Poco después, nació Buscar.Combatientes.es, una web de fácil manejo creada en colaboración con Combatientes.es que permite buscar de una vez una gran cantidad de archivos, repositorios y bases de datos.

La noticia sobre la nueva herramienta no tardó en difundirse entre las filas memorialistas. Cinco años después, la web recibe más de 3.000 visitantes únicos al día. No solo son ciudadanos quienes recurren a ella, sino también investigadores. Incluso la han empezado a usar las y los funcionarios. “La última vez que estuve en el Centro de Memoria Democrática de Salamanca, escuché a un archivero recomendarle mi web a un usuario”, recuerda Fernández, riéndose. “No soy muy de ponerme el foco, pero igual me acerqué después para presentarme”.

Además de proporcionar una herramienta tan sencilla como útil, la mera existencia de su web también revela las deficiencias del Estado español.

En efecto. Quizá la carencia mayor sea la que suele mencionar Emilio Silva: que no exista una oficina estatal de ayuda a las víctimas o a los familiares de víctimas, que pueda dirigir a la gente. Hasta la fecha, todo ha dependido de voluntarios, entre los que también me cuento, claro. No hay una iniciativa gubernamental que dirija a las personas y les enseñe cómo empezar a investigar.

Las burocracias las solemos asociar con el control y la uniformidad. En el tema de los archivos de la guerra y del franquismo, en cambio, parecen dominar la dispersión y el caos. No hay nadie que tenga una visión de conjunto.

Esa es exactamente mi experiencia. Para empezar, hay una desconexión enorme entre el gobierno estatal y los autonómicos, entre los que, a su vez, también hay mucha diferencia. En Cataluña y Euskadi se ha hecho un mejor trabajo al poner los archivos a disposición del público, pero en muchos otros es claro que no lo han considerado como parte de su trabajo. Finalmente, hay una gran desconexión entre diferentes partes del gobierno estatal. Hasta la fecha, lo que ha habido son como pegotes: iniciativas puntuales que responden a momentos o intereses particulares, pero que no se integran y que no duran. No hay un plan general.

¿A qué se debe?

Siempre tengo la duda de si se trata de falta de interés o si es algo más dirigido, alguien que ha pensado: “Vamos a poner las cosas difíciles al público, porque cuanto menos salga a la luz, menos problemas hay”. Por otra parte, está el problema del acceso. Una cosa es saber que existe la información -que ya cuesta-, pero otra muy distinta, muchas veces aún más complicada, es acceder a ella. Como han denunciado bastantes investigadores, hay un abuso del tema de protección de datos. Es la excusa que dan, por ejemplo, para no darte acceso a datos de gente que murió en un hospital ¡en el 36! “Es que igual hay datos que puedan afectar a la intimidad”, alegan. ¡Cuando hay documentos similares de cincuenta años después que se publican sin ningún problema!

¿Cuál ha sido su experiencia en el contacto directo con las y los archiveros y otros funcionarios?

Muy buena, siempre. Las trabas me parece que las ponen los que están en otro nivel, los responsables de las políticas. Aun después de la ley de 2022, que ha mejorado algunas cosas, hay limitaciones que no parecen tener sentido alguno. Ahora, por ejemplo, está permitido sacar fotos con el móvil, pero no puedes usar ni un pequeño trípode. Y en muchos archivos te piden, además, que llenes un documento que liste todas las fotos que sacas -de qué documento, qué página, el número total-, al mismo tiempo que te imponen un límite de 60 fotos por día. Eso, ¿qué sentido tiene?

Normas así siguen partiendo del principio de que el acceso al archivo es un privilegio excepcional que, por tanto, hay que limitar. O tratar con sospecha. Hacen como si sacar una foto de un documento significara que ese documento deje de existir. Una especie de pensamiento mágico.

Así parece. Por lo demás, las y los archiveros con quienes he tratado hacen lo que pueden para facilitar el acceso. Lo que ocurre es que son muy pocos y no dan abasto.

En la medida en que Buscar Combatientes enseña el camino a la ciudadanía hacia archivos concretos, imagino que han incrementado las peticiones de documentación.

También me consta. Sin ir más lejos, desde que puse el buscador en marcha, los tiempos de respuesta de los archivos han subido una barbaridad. Antes tardaban dos o tres semanas en mandarte los documentos. Ahora están tardando seis o siete meses tanto en Salamanca como en el Archivo General Histórico de Defensa. Tiene sentido: antes, nadie sabía que existía esa documentación. Hoy, buscas en Google y te aparece la referencia en Buscar Combatientes. Pero ahora que ha incrementado el interés, tal vez tenga sentido poner a veinte trabajadores en vez de a dos para tramitar las solicitudes de documentación. Desde luego que falta voluntad.

¿En algún momento ha habido representantes del Gobierno español -desde la Secretaría de Memoria Histórica, por ejemplo— que se le hayan acercado para agradecerle el trabajo o proponer una colaboración?

Nunca. Donde sí ha habido mucho interés y buena voluntad, en cambio, ha sido desde las asociaciones memorialistas y las universidades. Pero nada de parte del gobierno. La verdad es que esperaba, según se fue haciendo más útil el buscador y más gente lo utilizaba, que alguien de algún ministerio se pusiera en contacto. Aunque fuera para decirme: “Oye, esto, ¿cómo lo has montado? ¿Cómo funciona?” Quiero dejar claro que nunca he tenido ningún interés monetario. Yo lo único que pongo son 60 euros al año para mantener el servidor -que, por cierto, está en Estados Unidos, aunque yo estos días vivo y trabajo en Países Bajos- y muchas horas de trabajo voluntario.

Tengo a un grupo de veinte o treinta personas que me ayudan, también de forma voluntaria, en tareas de transcripción e indexación de documentos. Pero yo soy muy tiquismiquis e insisto en revisarlo todo personalmente. Aun así, me parece que hemos demostrado que, para crear una herramienta útil que sirva a miles de personas -a millones, si me apuras-, no hace falta gastarse mucho dinero. Por otra parte, si tuviéramos algunos recursos adicionales -que de todos modos para el Estado serían nimios- desde luego que podríamos hacer mucho más y mil veces mejor.

Aunque imagino que trabajar al margen de la burocracia y sus protocolos permite cierta agilidad, también hace más vulnerable al proyecto en términos de sostenibilidad, ¿no?

Claro. De hecho, yo no soy informático, sino ingeniero químico. Lo que me ha permitido montar el buscador es un cursillo de 40 horas en línea. El servidor lo he montado para que pueda aguantar bastante, aunque yo no le ponga tantas horas como al principio. Pero sí he pensado, ¿qué pasaría si mañana me cayera un árbol encima? Por otra parte, el tema de la sostenibilidad tiene su cara y cruz. El hecho de que esto sea una iniciativa privada también le da cierto blindaje ante los cambios de gobierno en España. Si esto fuera una iniciativa estatal, si llegara otro partido al gobierno, sería muy fácil decir: “Esto se corta”. Como proyecto privado, esto seguirá en marcha gobierne quien gobierne.

La entrada Hernán Fernández, creador de Buscar Combatientes: “Aún hay muchas trabas para acceder a los archivos de la represión franquista” se publicó primero en lamarea.com.

Nada más comenzar La empresa de sillas, la magia tarda apenas dos minutos en romperse. Una familia estadounidense de las que hemos solido ver siempre en pantalla, de esas que en la mesa se sienta erguida, habla por turno de palabra y nunca mezcla la guarnición con la carne, cena en un restaurante. Entonces una presencia, la de la camarera en pleno brindis por el logro laboral del padre, desemboca en una conversación que se va enrevesando hasta enseñarnos los dos ingredientes principales de la serie: el carácter obsesivo del personaje encarnado por Tim Robinson y, derivado de ello, la intención de generar escenas que causen incomodidad al espectador. Robinson, en su momento guionista de Saturday Night Live y creador de la comedia de sketches I Think You Should Leave, es un maestro en eso. Aquí encarna a Ron Trosper, al mando del proyecto de un nuevo centro comercial –algo ya medio extemporáneo si recordamos que existe la expresión dead malls para esas naves hoy poco transitadas o derruidas gracias al comercio online, pero capaces de evocar cierta nostalgia por ser un lugar de concentración de energía humana– cuando un accidente le mete de cabeza en la aventura de su vida.

Establecida esa premisa, y con la escena introductoria del restaurante, La empresa de sillas confirma que no va a solicitar de nosotros la manida empatía con el protagonista, sino que va a caminar un paso por delante de nuestra intuición. Porque sí, puede que el subtexto de esta serie nos hable de ese arquetipo de individualismo que, cuando queremos jugar a sociólogos de barra de bar, tanto nos gusta asociar al estadounidense medio. La elección del personaje de Ron Trosper invita a ello, pues es un hombre blanco de mediana edad con familia feliz y buen sueldo que habita en uno de esos suburbios en los que te reciben con una fiesta de bienvenida que es también la firma de un pacto de vigilancia mutua. Sin embargo, lo más interesante es que es un rasgo de ese capitalismo atomizador de lo que se sirve esta historia para avanzar. Ni más ni menos que la afrenta personal que Trosper siente, y que es incapaz de canalizar en sociedad, más bien al contrario, tomando casi una doble vida como detective privado. Y es ahí, cuando ya no podemos sino acompañarle, sin darnos cuenta, en su vorágine conspiranoica, metidos del todo en ese conmigo no se juega, cuando asistimos al acierto definitivo de este impredecible guion. Cuando no sabemos si lo que está ocurriendo es real o está en la cabeza de un atribulado Ron que, en el fondo, solo está practicando eso que hacemos a diario: intentar darle sentido a todo.

‘La empresa de sillas’ puede verse en la plataforma HBO Max.

Esta reseña se ha publicado originalmente en El Periscopio, el suplemento cultural de La Marea. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente.

La entrada ‘La empresa de sillas’: todo tiene un sentido (o no) se publicó primero en lamarea.com.

Todavía nadie sabe por qué aquel 5 de enero de 1939 decidió inscribirse en el Registro Civil con el nombre de Juan Carlos Beese Rodríguez. Esa es la gran incógnita que aún sobrevuela a la hora de hablar de la que siempre se dio a conocer, firmó y se refirió a ella misma con el nombre de Margarita Juana. La periodista Andrea Momoitio, convertida durante tres años en buscadora de la respuesta que nunca llegó y biógrafa accidental de una historia que estaba por contar, publica Farsante. Una historia queer en la Falange (Libros del KO, 2026). 

A caballo entre su Santa Cruz de Tenerife natal y Madrid, capital de su educación y desmanes, Margarita deja tras de sí una juventud repleta de mentiras que transitó entre la Residencia de Señoritas, su adhesión y predicamento a favor de la Falange, la cárcel y una muerte que llegó en Alemania bajo las bombas aliadas.

La investigadora Yanira Hermida Martín fue la primera que indagó en la vida de Margarita. Momoitio tomó su testigo y todavía ahora fantasea con que aparezca una tercera persona que pueda reconstruir un hilo desvencijado por el paso del tiempo, el silencio y el estigma. “Todo lo que nos queda por saber tiene que ver con su intimidad, y de eso no queda rastro. A mí ya se me acabó la imaginación”, acepta la periodista.

La más que entendible resignación que se apodera de Momoitio ante la falta de respuestas no impide vislumbrar toda una obra repleta de información. Sí sabemos que Margarita nació el 24 de junio de 1896, en el número 27 de la calle Duggi, en la finca de don Bruno, su padre, alemán. “Si no fuera porque no puede ser, creeríamos que no tuvo infancia”, escribe en su libro sobre Margarita la también autora de Lunática (Libros del KO, 2022). A los 19 años, en octubre de 1915, la tinerfeña ya firmaba en la prensa.

Una conservadora en el Madrid efervescente

Sus ansias de formación la llevaron a recalar en Madrid por primera vez a finales de abril de 1920. Al año siguiente, ya formaba parte de la Residencia de Señoritas bajo la tutela de la pedagoga y humanista María de Maeztu. “Procedía de una familia de nuevos burgueses. No venía de una familia rica de cuna. Lo que querían era tenerla controlada”, explica Momoitio. Fue en esos años donde comenzó a mentir, farsear su vida, para conseguir saborear la capital un tiempo más allá del que quería su familia. Allí coincidió con compañeras como Victoria Kent, la misma que diseñaría la cárcel en la que llegaría a estar presa casi tres meses en 1940.

Pero para eso todavía quedaban numerosas vicisitudes que experimentar en su biografía incompleta. Por ejemplo, formar parte de un movimiento feminista que entonces también se encontraba dividido. “Ella defendió la corriente que apostaba por promover el acceso de las mujeres a algunos derechos, pero enmarcados en la educación. El objetivo era estar más formadas para ser mejores esposas y madres, no para desarrollar sus propias vidas, intereses y carreras profesionales”, explica Momoitio. Vinculada a la fe católica, se opuso al sufragio femenino.

En la CNT por miedo, en la Falange por convicción

Margarita ingresó en el cuerpo de Correos en 1922 y la guerra civil estalló cuando se encontraba destinada en Málaga. Mientras tanto, se había convertido en la directora de la revista Héroes, cargo que ocupó apenas unos meses. Materializó su adhesión a la Falange en mayo de 1934, seis meses después de que José Antonio Primo de Rivera la fundara en el Teatro de la Comedia de Madrid. 

Momoitio no tuvo nada fácil cerciorarse de que esto era cierto. Solo lo hizo cuando en el archivo de Correos encontró una carta de la mismísima Pilar Primo de Rivera en la que pedía al jefe de Margarita que le otorgara un mes de permiso sin empleo y sueldo. “Dijo que era una camarada y que quería que trabajara para ella en Salamanca”, añade la periodista. Sucedió en diciembre de 1937.

Su militancia en la Falange la llevó a ser la delegada femenina del Sindicato Vertical en Málaga. Su objetivo era promover la sindicación de otras mujeres. Para conseguirlo, Margarita y otras como ella daban mítines en los que dejaban claro el papel secundario que deberían tener las mujeres, en el sindicato y en la sociedad en general. 

Para entonces ya había superado el expediente de depuración iniciado por los sublevados contra ella. Se percataron de que, durante un tiempo, engrosó las filas del anarcosindicalismo con el carné de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Se defendió. Temerosa de que Málaga cayera bajo el “dominio rojo”, lo hizo para no tener represalias, testimonió en su momento.

Un delito penado con años de cárcel

La documentación analizada por Momoitio indica que Margarita hizo todo lo posible por escapar de su trabajo en Correos. Con una baja médica, recaló de nuevo en Santa Cruz de Tenerife a finales de 1938. La víspera de Reyes del año siguiente, decidió ir al Registro Civil para remendar el error cometido por sus progenitores al nacer: no haberla inscrito. Sin embargo, decidió hacerlo bajo el nombre de Juan Carlos Beese Rodríguez. La detención llegó el 10 de mayo. Durante seis días, el tiempo que su padre necesitó para conseguir la fianza, durmió en la prisión santacruceña de mujeres.

Ella aseguró en un primer momento que el cambio de nombre respondía a su afán de ir al frente de guerra en Alemania. Es decir, dar hasta su vida por los nazis. El fiscal lo advirtió desde el principio de la causa judicial: “Porque ser hombre o mujer da lugar a distintos derechos y obligaciones y distinto trato en las relaciones sociales”. 

Las exploraciones médicas atestiguaron que no estaba claro que los caracteres sexuales secundarios y terciarios pertenecieran a un individuo de sexo femenino. “La voz, piel y el vello manifiestan una tendencia intermedia y algunos, francamente varoniles”, dejaron por escrito los médicos. Lo mismo sucedía con su aspecto psíquico. Clasificaron a Margarita como pseudohermafrodita o intersexual. Al mismo tiempo, cuestionada la propia Falange sobre si Margarita aparecía en sus listas, el partido joseantoniano renegó de su vástago.

Una penúltima huida

Nada evitó su condena, que llegó en abril de 1940. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife determinó una pena de dos años, cuatro meses y un día de prisión por un delito de falsedad en documento público. También tuvo que pagar 2.500 pesetas de multa y parte de las costas del juicio. Pero el viaje no había terminado. En el tiempo que transcurrió hasta que la condena se hizo firme, Margarita marchó a la península sin autorización judicial para ello. “Dijo que nunca quiso eludir a la justicia y que lo hizo para cambiar de abogado”, explica Momoitio. Su padre, don Bruno, lo denunció.

La orden de búsqueda y captura pronto llegó a la capital. El 19 de octubre superó la puerta de la cárcel de Ventas, ideada por su antigua compañera de la Residencia de Señoritas Victoria Kent, para estar en ella 82 días. El 9 de enero de 1941, dos años después del intento fraudulento a ojos de la justicia de su inscripción en el Registro Civil, Margarita ya estaba de vuelta en Tenerife.

La escritora y periodista desconoce si Margarita realmente sentía cierta pulsión a socializar como un varón o su movimiento respondió a otros intereses. Nadie sabe ahora qué versión creerse: si realmente quería ir a luchar con la División Azul del lado de los nazis o se sentía un hombre y las personas se burlaban de ella, como también argumentó durante el procedimiento judicial. “Las mujeres falangistas de alguna manera se sentían por encima de la categoría general de mujeres. Yo creo que pretendía acceder a derechos o posibilidades que no tenía”, comenta Momoitio. A pesar de los recovecos que quedan en blanco en esta historia, la biógrafa se inclina por pensar que estamos ante una mujer cis, lesbiana, falangista y muy ambiciosa.

Muerta tras bombardeo aliado

En abril de 1943 cumplió la pena. Al final, consiguió marchar hacia Alemania. Recaló en un hospital psiquiátrico fundado en 1877 en la ciudad de Ahrweiler y en posesión del doctor Ehrenwall. Trabajó como enfermera. El 29 de enero de 1945, unas 200 bombas arrasaron la zona. Más de dos docenas de ellas fueron a parar a la clínica. Margarita murió, y con ella todo rastro a la respuesta todavía por descubrir: por qué decidió inscribirse en el registro como Juan Carlos. 

En abril de ese año, don Bruno publicó la esquela de su hija en la prensa local de Santa Cruz de Tenerife. Su cuerpo reposa en el cementerio de esta ciudad alemana. Una placa con su nombre y el de las demás enfermeras fallecidas durante el bombardeo sirve de homenaje. 

Momoitio asegura en su libro que nunca va a cansarse de conocer a esta farsante, a pesar de las contradicciones. “Ella pertenecía a ese grupo de personas que ganó la guerra e invadió el Estado español de represión y miseria”, apunta más adelante. Juan Carlos o Margarita inscriben así su nombre en los anales de las pequeñas historias, aquellas que nos construyen como sociedad, incluso alrededor de un círculo que, por el momento, no se ha cerrado. Preguntada una vez más Momoitio sobre el por qué de la decisión de la tinerfeña, concluye: “Vete tú a saber”.

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Artículo publicado originalmente en Democráter

Este fin de semana mi vecina, que es encantadora, volvió a animarme a que me uniera a una sesión de running en grupo por el parque. Aunque tenía mis reticencias, me sacudí las sábanas y la pereza y me preparé para el plan: mallas, deportivas, café aliñado con creatina, protección solar, y vámonos que nos vamos. «¡Venga, me apunto! [emoji bíceps emoji carita sonriente]», le contesté con mi mejor actitud de motivada. Sábado por la mañana, ejercicio al aire libre, socializar un rato y terminar con un dulce en la pastelería del barrio. ¿Qué podía salir mal? Pues muchas cosas.

Resulta que hace algo más de un mes «unos chicos» montaron un grupo de running en la zona. Desde entonces, cada fin de semana organizan quedadas «gratuitas» para dar un trote por el parque, todo en un ambiente así como muy amigable y nada competitivo; además, al finalizar, una cafetería cercana ofrece un 15% de descuento o regala una galleta a los participantes. Pensé: «pues qué bien, por fin una iniciativa para hacer barrio y, de paso, apoyar el comercio local«. Qué equivocada estaba.

La primera, en la frente

La primera red flag apareció rápido. Para participar en la actividad no bastaba con presentarse en el punto y hora de encuentro, no: había que inscribirse a través de una app de fitness, Strava. Yo la desconocía, como también desconocía la historia, absolutamente marciana pero real, de que este mismo mes de marzo el periódico francés Le Monde localizó la posición exacta del portaaviones Charles de Gaulle —desplegado en el Mediterráneo oriental en el contexto de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán— porque uno de los oficiales a bordo se dedicó a pegarse carreras por el buque insignia de la Armada Francesa mientras compartía su entrenamiento en la aplicación de running.

Este primer paso me dio rabia y me pareció absurdo a partes iguales. Estoy absolutamente agotada de que cualquier trámite tenga que pasar por una app; de que cada actividad, por sencilla que sea, implique un golpe de smartphone. ¿Cómo que para ir a correr media hora tengo que registrarme en una aplicación y cederle un sinfín de datos personales a una empresa privada? No obstante, ya le había dicho que sí a mi vecina, así que decidí no darle demasiada importancia y simplemente saltarme el registro y plantarme allí a la hora acordada.

Nada es gratis

Me encontré con ella y con el resto de runners, agrupados en corillos que se saludaban y charlaban animadamente. Tras unos minutos de cortesía, subidos a un banco a modo de atril, los organizadores del «club» tomaron la palabra. Y ahí llegó la segunda red flag, mucho más grande que la anterior: «Ahora damos la palabra a Fulanito, de [inserte aquí nombre de empresa de productos de bebida y alimentación], que en el post-entreno nos ofrecerá una degustación de [product placement aquí]».

Ya te la han colado. Te levantas para ir a hacer deporte y, de repente, te encuentras dentro de un anuncio de la teletienda en el que no puedes cambiar de canal. Ahí me di cuenta de que aquello no era la iniciativa de barrio que me habían presentado, un grupo casual de gente que queda por Whatsapp para salir a correr, sino un proyecto planificado desde el principio, monetizable y hasta con patrocinadores. Mi nivel de mosqueo en este punto de la mañana era ya elevado. Pero aún iría a más.

El producto eres tú

Mientras medio escuchaba a Fulanito soltar su discurso promocional y algo sobre la importancia de cuidarse, miré a mi alrededor y apareció la tercera red flag, más o menos del tamaño de la de Plaza de Colón. De hecho, era tan evidente que no cuenta ni como red flag, sino como amigadatecuenta. Entre leggins y camisetas color flúor estaba la única persona que no iba vestida de deporte, una chica con estabilizador de imagen y móvil en mano, grabándolo todo para posterior contenido en redes sociales.

Es difícil explicar el nivel de indignación que experimenté en aquel momento, la sensación de vulnerabilidad, la cara de gilipollas que se me quedó. Estamos hartas de escucharlo y hasta de repetirlo, pero seguimos cayendo: si el producto es gratis, el producto eres tú.

Me aparté instintivamente y le dije que no me grabara. Pero todavía quedaba una última sorpresa. Esperando de frente al pelotón, grabando en un plano fijo el inicio de la carrera, Fultanito. Es decir, no solo es que estos «eventos gratuitos» tengan patrocinadores y hasta pasta como para pagarle a una persona exclusivamente para redes sociales, es que el patrocinador también se lleva unas imágenes recurso.

Todo es monetizable

Llegados a este punto conviene recordar que en España, según la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), está permitido grabar sin pedir permiso individual en eventos públicos y cuando las imágenes son generales (como, por ejemplo, una carrera popular o un mitin). Pero esto no hace que me sienta menos incómoda. De buen rollo y en menos de cinco minutos, te has tragado un anuncio que no querías ver, una organización ha cogido tu imagen y la va a utilizar para promocionarse en Internet.

Sin embargo, lo que más me alarmó de este episodio fue que, cuando identifiqué la cámara y me quité de su campo de visión, fui la única que lo hizo. El resto del grupo parecía no percatarse, o les daba igual, algunos incluso saludaban. ¿En qué momento hemos normalizado todo esto? ¿Cuándo nos hemos acostumbrado a la presencia de cámaras en los momentos y lugares más insospechados? ¿Cómo hemos llegado a aceptar que las empresas nos graben para promocionar su actividad? ¿Por qué todo, hasta el ocio o la actividad más inocente, es susceptible de ser monetizado?

M. tenía razón

Tengo una amiga, M., que tiene fijación por algunos temas. Uno de ellos es el de la privacidad y las cookies —no las que regalaban en la pastelería del barrio después de la carrera, sino las que rastrean nuestro comportamiento en la web y comparten nuestros datos con terceros—. Antes, a veces pensaba que M. era un poco exagerada o que qué más da si total.

Pero pasan los años y el tiempo me ha demostrado que quizás mi amiga no era para nada exagerada, que sí que era para tanto, que M. tenía razón. Así que, cada vez más, me veo haciendo clic en todas las pestañitas de «rechazar cookies«, desinstalando aplicaciones y dejando solo las que no me queda más remedio —mala profesión escogí para esto—, no poniendo una reseña a un restaurante que me ha encantado, o marcando la casilla de «no acepto» en la autorización de uso de imágenes que me ponen por delante en la academia de idiomas, en el gimnasio y hasta en la autoescuela. No siempre es cómodo, porque a nadie le gusta ser el Grinch, pero a veces hay que ser un poco el Grinch.

Así que la quedada de running social terminó nada más empezar, dando esquinazo al pelotón y corriendo por mi cuenta mientras rumiaba todo esto. No tuve galleta de premio, pero sí pude proteger mi privacidad.

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El 25 de marzo de 2026, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución con 123 países a favor, 52 abstenciones y 3 votos en contra en la que se “declara que la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos constituyen el crimen de lesa humanidad más grave”. La iniciativa fue impulsada por Ghana, con el respaldo de la Unión Africana y la Comunidad del Caribe, y culminó con la aprobación de una resolución de enorme trascendencia, resultado de años de trabajo diplomático y avances progresivos a través de diversos instrumentos internacionales. Esta declaración va más allá de lo simbólico. Describe la esclavitud como un sistema “de escala, duración, naturaleza sistémica y consecuencias perdurables” y abre la puerta a medidas como disculpas formales, restitución o indemnización.

No creo que merezca la pena detenerse en el análisis de los tres votos en contra de Estados Unidos, Israel y Argentina como un emergente “eje del mal” que viene mostrando sin complejos su rechazo absoluto al derecho internacional y al multilateralismo. Sin embargo, debemos detenernos en los argumentos del bloque abstencionista, fundamentalmente los Estados de la UE y, más concretamente, en lo que respecta a la abstención de España. No obstante, ambas posiciones, por muchos matices que se quieran introducir, tenían como principal propósito cerrar la puerta a la justicia reparativa. Los argumentos no difieren. Con estas palabras los expresaba el embajador de Estados Unidos: “[EE. UU.] no reconoce el derecho legal a reparaciones por daños históricos que no eran ilegales bajo el derecho internacional en la época en que ocurrieron”.

A mi juicio, la abstención de los países de la UE, y especialmente de España, es injustificable y merece una crítica severa a la luz de la argumentación resumida en el Informe del Servicio Europeo de Acción Exterior.

«Jerarquizar tragedias históricas»

El punto de partida es la unánime condena de la esclavitud y el comercio de esclavos para a continuación justificar la abstención con argumentos técnicos como la inseguridad jurídica, principio de legalidad y la irretroactividad de las normas internacionales, aunque también se esgrimieron argumentos de carácter político, como el temor a “jerarquizar tragedias históricas”. Pero este razonamiento es sumamente débil. Reconocer la magnitud de la esclavitud no minimiza ni relativiza, en absoluto, la dimensión de otros crímenes, entre ellos el Holocausto. O incluso adoptar una posición defensiva ante referencias históricas, considerando que podrían generar divisiones, algo más que llamativo ¿Caben otras interpretaciones de este crimen atroz?

Volviendo a los argumentos de la abstención, parecen ignorar que el derecho internacional contemporáneo se ha construido precisamente sobre la idea de que ciertos crímenes, los más graves, trascienden su momento histórico. Por otro lado, olvidan que actos como la esclavitud racializada de los africanos en todo el mundo son criminales per se, independientemente de que no hubiera ley que los prohibiera e incluso antes de que fueran codificándose de forma progresiva, desde las bulas papales hasta su abolición. El precedente de los juicios de Nuremberg neutralizó el principio de legalidad como argumento frente a la comisión de crímenes masivos.

Además, en lo que respecta a la posición de España, podríamos decir que es una preocupante regresión respecto a sus propios compromisos y una contradicción con el liderazgo que está asumiendo en la defensa de la legalidad internacional y los derechos humanos. En la Declaración de Durban de 2001, se reconoció que la esclavitud es un crimen que «siempre debería haberlo sido». Si hace dos décadas España votó a favor de esta resolución ¿por qué se abstiene en 2026? La respuesta es incómoda: el miedo a las posibles implicaciones de la declaración. Aunque no sea vinculante, marca una dirección. Va más allá del simbolismo, legitimando el debate sobre las reparaciones que muchos Estados europeos prefieren evitar, entre ellos España. No por inseguridad jurídica, sino por sus posibles consecuencias políticas y económicas.

Otra de las cuestiones trascendentales es la persistencia de los efectos derivados de la esclavitud hasta hoy. Concretamente, se declara que “las secuelas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos persisten hoy en día en forma de racismo estructural, desigualdades raciales, subdesarrollo, marginación y disparidades socioeconómicas que afectan a los africanos y a las personas afrodescendientes en todas las partes del mundo”.

La contradicción de España

La contradicción es evidente. España reivindica el derecho internacional como herramienta para exigir responsabilidades en conflictos actuales, pero se muestra reticente cuando ese mismo marco apunta hacia su propio pasado. Es un doble estándar de difícil justificación, más aún cuando la resolución tampoco concreta las medidas de reparación ni redefine automáticamente las obligaciones de los Estados. Difícil explicación tiene, quizás por este motivo no encontremos ni comunicado ni declaraciones al respecto desde el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Como muy bien señala la Red Europea contra el Racismo, la postura de la UE abre una brecha entre sus «compromisos políticos y la acción significativa en justicia racial» y refleja una «renuencia a confrontar el papel histórico y actual de Europa en el racismo estructural».

La trata transatlántica de esclavos no solo fue por su dimensión “el crimen más grave contra la humanidad”, sino que esta atrocidad histórica es la base del racismo estructural y las desigualdades que persisten hoy en día. La abstención de la UE y de España es injustificable desde cualquier punto de vista. Ni los tecnicismos falaces ni el posible alcance de esta resolución en el futuro justifican una posición defensiva e incoherente que, en realidad, no es más que un escudo contra la justicia reparativa. No dudo que la abstención en este caso no es sinónimo de neutralidad, pero ante los crímenes contra la humanidad no debería caber ni la ambigüedad ni los cálculos políticos, económicos o de cualquier otro tipo por parte de los Estados

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Los ataques del ejército israelí sobre el Líbano, más allá del sur, extendiéndose a todo el país, muy especialmente a Beirut, requieren un análisis reposado difícil durante una guerra con múltiples focos.

La agresión de Israel y EE.UU. contra Irán ha incendiado toda la región, especialmente al muy debilitado Líbano. La novedad de esta nueva guerra sionista no es tanto su violación del Derecho internacional, habitual en un Estado paria del orden jurídico internacional, como la demostración de su progresiva soledad y las limitaciones materiales y militares de dos de los ejércitos más poderosos del mundo. Ambos Estados agresores están siendo debilitados militarmente, en su capacidad de influencia internacional (ya casi nula), en el relato y, también, en el diseño de un futuro satisfactorio para ellos.

Sin embargo, los imperios y los proyectos colonizadores racistas, cuando se desmoronan, cuando están heridos, son aún más peligrosos. El historiador israelí Ilan Pappé ya da por finiquitado el Estado sionista y anuncia su colapso y desaparición. Ante esta posibilidad, cada vez más evidente pero aún incierta, el gobierno y una gran parte de la sociedad israelí han extendido el terror a la Cisjordania ocupada y, de forma más sangrienta, al Líbano. Los bombardeos masivos sobre Beirut, la demolición de edificios de viviendas, el asesinato de más de 3.000 personas, fundamentalmente civiles, la destrucción de pueblos enteros, la ocupación de una parte del territorio, y su intención declarada de extenderla hasta el sur del río Zahrani, son muestra de ello.

Frecuentemente, y con razón, el mundo se desespera con la ONU o el Derecho internacional porque no pueden impedir inmediatamente los crímenes internacionales de ciertas potencias. Y es cierto.

Los agresores, los genocidas, también se desesperan. Porque conocen la fuerza del orden internacional y de las Naciones Unidas. No es baladí recordar que EE.UU. está intentando, con nulo éxito, amedrentar a fiscales y jueces de la Corte Penal Internacional, por haber emitido una orden de detención internacional contra Netanyahu. Lo que le impide viajar a la mayor parte del planeta. Hasta su fallecimiento o detención. Ninguna de las sanciones contra los miembros de la Corte ha funcionado. Más agresiva es aún la persecución a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, y que sufre el bloqueo de sus cuentas, persecuciones y amenazas. En vano.

Nadie persigue a quien no supone una amenaza. Los diferentes relatores de la ONU están documentando cada crimen cometido por Israel. Y esta documentación servirá como prueba de actos que marcarán para siempre la Historia del Estado sionista y también su responsabilidad jurídica.

Fácil calificación

No parece muy complejo calificar los bombardeos de viviendas de civiles en Beirut como un crimen de guerra, según las diferentes normas internacionales, interestatales y penales, pues son ataques deliberados y directos contra población civil. Lo mismo ocurre con los asesinatos de periodistas y personal sanitario, ya comportamientos clásicos de un ejército, el israelí, carente de mínimos éticos o humanitarios.

En Líbano, un millón de personas (un 35% menores de edad, según ACNUR) han tenido que huir de sus hogares y el ejército invasor anuncia la aniquilación y pillaje de toda la zona sur del país. Al ser este un ataque deliberado, sistemático y flagrante contra la población civil, compuesto de asesinatos y traslados forzosos permanentes, esta acción, de completarse, constituiría un crimen de lesa humanidad.

Para poder juzgar, en este momento (recuerden que son crímenes que no prescriben y la Historia tiende a sorprender) a Israel por estos crímenes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) debería ser competente, y no lo es por la negativa de Israel a aceptar su jurisdicción sobre estas cuestiones. Para que la Corte Penal Internacional (CPI), por su parte, fuera competente y pudiera perseguir a los dirigentes sionistas y a los militares israelíes, Líbano, lugar donde los crímenes están siendo cometidos, debería haber aceptado su jurisdicción. Y no lo ha hecho. Esta es la diferencia con Palestina, y por esto hay orden de detención contra dirigentes israelíes. Palestina sí aceptó la competencia de la Corte y todo lo que allí ocurra está protegido por la CPI.

En el caso de Israel, es evidente la razón de no aceptar la jurisdicción de ningún tribunal internacional. Si los asesinos en serie pudieran, tampoco permitirían que los tribunales les juzgaran. Los Estados pueden negarse. Extraña piedra angular de un sistema que necesita de recovecos para funcionar: la voluntariedad de los Estados genera adhesión a los principios y procedimientos. Casi siempre. Porque negarse suele suponer aislarse.

El papel de la Corte Internacional de Justicia

De hecho, como es sabido, Israel está siendo juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia tras la demanda presentada por Sudáfrica. En su eterna arrogancia, sí otorgó competencia a la Corte para juzgar este crimen porque nunca creyó que ningún Estado se atreviera a denunciarle por ello, y que la Corte, en todo caso, nunca aceptaría un caso así. Se equivocaron en ambos casos.

Volviendo a lo que ocurre en Líbano, y dado que la Corte sí puede juzgar a Israel por genocidio, ¿puede intentarse esta vía para la agresión actual sobre el Estado mediterráneo? El Derecho internacional, en toda su complejidad, es más variado y amplio que las órdenes estatales, y la impunidad puede esquivarse de diferentes maneras. La imposibilidad de perseguir los crímenes de guerra y de lesa humanidad israelíes nos lleva obligatoriamente al genocidio.

Un genocidio, como estamos viendo en Gaza, implica “intentar destruir de manera total o parcial a un grupo nacional, étnico, racial o religioso” mediante la comisión, por ejemplo, de asesinatos o deportaciones. En este sentido, deberíamos concretar si Israel está atacando y destruyendo una parte del pueblo libanés, por ejemplo, la parte palestina del mismo o la población chií.

Es evidente que los actos materiales los está cometiendo, pues los asesinatos y desplazamientos son diarios. Lógicamente, al igual que en el caso de Gaza, lo más difícil será probar la intención de destrucción de una parte del pueblo (en aquella ocasión, la intención genocida se ha probado, indiciariamente, en los discursos de los altos cargos). Para ello son necesarias pruebas, discursos, planes, sentencias internas o leyes que justifiquen y demuestren dicha intención. Otra posibilidad, tal vez más viable, es extender la causa respecto a Gaza al territorio libanés. Porque, ¿no es esta invasión una forma de perseguir al pueblo palestino y acabar con él, incluso en los Estados donde se refugió de las anteriores oleadas genocidas?

Es demasiado pronto para responder a todas estas preguntas, nos faltan datos y elementos concretos de calificación. En esta salvaje huida hacia delante de Israel, desconocemos el punto límite a su delirio expansionista. Sabemos que será dañino y sangriento. Y sabemos también que, antes o después, el Derecho internacional, con su exasperante lentitud, estará esperando.

Ander Gutiérrez-Solana Journoud es profesor de Derecho Internacional Público UPV/EHU

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Este artículo se publicó originalmente en la revista ‘La Marea’. Puedes conseguir un ejemplar aquí o suscribirte y apoyar el periodismo independiente.

Obrero (lat. operarius) no es sólo el que obra, esto es, el que hace o trabaja, sino quien precisamente debido a su hacer genera o produce una obra, que en latín se dice opera, de donde proceden tanto nuestro término «obrero» como el cultismo «operario». Obrero y operario no sólo son aquellos que trabajan para otro (trabajadores) sino que hacen, es decir, que aunque padecen las condiciones a veces paupérrimas que les dicta su empleador, son eminentemente sujetos activos. Son efectivamente «fuerza» de trabajo y no mera materia pasiva. Podemos preguntarnos por un lado qué hace el obrero con esa fuerza como sujeto activo, además del producto de su trabajo, pero también, y esto es más inquietante, qué opera en el obrero o, dicho de otro modo, qué mecanismos padece que afectan a la manera y el sentido en la que dirige y aplica su fuerza. El adjetivo obrero, y estos incordios son siempre adjetivos, hace referencia a todo aquello relacionado con el trabajador, de modo que podríamos hablar del padecimiento obrero que da lugar por ejemplo al movimiento obrero, cuando se reivindican unas condiciones de trabajo dignas, pero también a aquello que obra en el obrero. Serían dos pasiones obreras: la primera apunta a su libertad, la segunda a su esclavitud siempre y cuando no sea consciente de aquellas fuerzas que a él también le atraviesan. Pueden parecer la misma cosa por sus efectos, como el obrero que lucha por sus derechos, pero se manifiesta su diferencia en el momento en el que quedan claras cuáles son las causas que arguye en torno a sus males y malestares. Y aquí se define ser obrero de izquierdas o, paradójicamente, obrero de derechas. Ahora bien ¿el obrero de derechas desatiende sus derechos o le presta atención a algo distinto que lo obrero en él?

Hace 30 años François Furet planteó una tesis que no fue ajena a la polémica: la cercanía entre comunismo y fascismo entorno precisamente, entre otros factores, a la clase de los trabajadores. En su diálogo con Jünger en El trabajador (1932) argumentó que de lo que se trataba era de escribir una nueva historia donde el trabajador fuera quien la pusiera en movimiento. La cuestión es, claro, qué trabajador. Lo cierto es que la fuerza del fascismo vino del movimiento que padeció una campaña ideológica de tal grado de manipulación que consideró que aquello que le perjudicaba no eran las condiciones dictadas por el empleador, sino el resultado de aquellos que le robaban el pan, el trabajo y el dinero. En los primeros minutos del documental Das Wort aus Stein (1939), de Kurt Rupli, tras las imágenes de escombros y bloques de piedra arrastrados por cadenas, como metáfora de la caída de una nación, se vislumbra poco a poco, conforme el polvo se disipa, la silueta de quienes llevan a cabo la reconstrucción y son la fuerza que tira de esas cadenas. Aparece entonces un conjunto escultórico que representa al hombre alemán, que es quien reduce las antiguas ciudades a escombros para poder construir una ciudad que pueda estar a la altura del ideal, de la límpida y auténtica esencia alemana. Este conjunto escultórico no es otro que el de Josef Thorak con el nombre de Denkmal der Arbeit («Monumento al trabajo»), esculpido en tamaño monumental por encargo del propio Albert Speer en 1939 para situarlo, como imagen del trabajo comunitario, en la mediana de la autopista de Salzburgo: la escultura transmite una visión heroica de los trabajadores, transformados en una encarnación moderna de la renacida raza alemana. También la obra del escultor del nazismo, Arno Breker, se centra en mostrar un cuerpo: el del hombre alemán que levanta la nación. Así lo expresa Goebbels en un fragmento muy conocido de El triunfo de la voluntad (1935), de Leni Riefenstahl: «La brillante llama de nuestro entusiasmo nunca será extinguida. […] Proviene de la profundidad del pueblo. Y de esta profundidad del pueblo debe siempre nuevamente encontrar sus raíces y su fuerza […] Es mejor ganar y mantener el corazón de un Pueblo». Lo aterrador es por tanto cómo la fuerza de la clase trabajadora hace posible la ascensión del fascismo cuando en él opera la manipulación y cuando se han interiorizado, con la eficiencia de pasiones como la ira y sentimientos como la frustración, los principios ideológicos de aquellos debiéramos combatir. La estrategia se basa en dirigir la mirada hacia la causa equivocada a través de la falsa idea de que el dirigente y el obrero quedan igualados ante un enemigo común a combatir y oculta con trazo grueso que las verdaderas causas son precisamente el dirigente o el líder carismático, como diría Weber. Y lo hace porque aquello que busca el obrero de derecha no son sus derechos como obrero, sino como hombre, como español, como macho. Lo obrero pasa, en principio, a un segundo plano.

En el «otro trabajador» comienza a pesar más «el otro» que el adjetivo «obrero». El inmigrante, el desfavorecido, la mujer, el extranjero, quedan de pronto convertidos en el Otro hostil y peligroso. Y el adjetivo obrero que lo acompaña y que nos iguala en condición, en preocupación, en aspiración y en lucha común, adquiere el significado de la competencia: es el otro quien ocupa nuestros puestos de trabajo, es el otro quien recibe subsidios que no le corresponden porque no es de aquí. Y aquellos de izquierdas en los que prima lo que nos iguala como obreros se transforman a su vez en «otros», quienes aunque hayan nacido en la misma tierra son traidores a la patria, es decir, traidores a su patrón. Y es que este es el desplazamiento: entender que la patria es defender los intereses del patrón, interiorizarlos, como quien integra los malos modos de un maltratador y la víctima los acaba reproduciendo en otros para tratar de parecerse al ideal al que aspira (mejor dominador que dominado) en lugar de aceptar que en el sistema económico actual el cambio no procede de demonizar al otro obrero, sino de neutralizar las manipulaciones que padecemos. La derecha consigue que la identificación como obrero desaparezca y el adjetivo devenga sinónimo de pueblo, de nación, de hombre blanco. Logra por tanto quebrar la identidad de clase y que lo que funcione sea la identidad como patriota, como hombre concreto desposeído de lo que debería tener y otros le roban, que luche por sus derechos como raza blanca superior a las demás.

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31 de marzo

Es ya un tópico hablar de cómo las pantallas, con su bombardeo de ofertas y exigencias, han dañado nuestra capacidad de atención, fragmentan nuestras actividades, reducen nuestra concentración. Quizá se habla menos de que en el sector de la cultura y la prensa la situación laboral es tan precaria que muchas personas tienen que simultanear trabajos, de forma que su día a día se ve troceado en numerosas actividades, debiendo pasarse de una a otra como quien surfea de pantalla en pantalla.

Como los artistas circenses que tienen que mantener girando sobre delgadas varas media docena de palillos sin que ninguno caiga al suelo, mucha gente de los medios y la cultura van también corriendo de un encargo a otro, de un proyecto a otro, estresados y con el temor de que alguno se les haga añicos.

Para quienes lo sufren, es sin duda una catástrofe. Pero también puede que lo sea para el resultado: ¿crearían mejores obras si tuviesen más tranquilidad para hacerlo y no se viesen obligados a dividir su atención en varias cosas casi a la vez? ¿Sería mejor la calidad de la prensa si quienes trabajan en ella no debieran hacer de hombre o mujer orquesta para (mal)vivir?

1 de abril

No recuerdo quién contaba al regresar de Cuba que Fidel Castro, mientras viajaba en coche, viendo el mal estado de la carretera, ordenó que se asfaltase. Y reflexionaba su acompañante -¿era Jean Paul Sartre?- sobre esa tendencia de los gobernantes autoritarios a dirigir su país según lo que deseaban en un momento dado, también según lo que les molestaba. ¿No habría sido más razonable examinar la situación de las carreteras en la isla y trazar un plan para mejorar las más necesarias, en lugar de priorizar aquella que había causado incomodidad al mandatario?

Da la impresión de que Trump opera de manera similar: parece gobernar contra aquello que le irrita y a favor de lo que le apetece, independientemente de las necesidades de su país o de la lógica. En su caso, además, como carece de escrúpulos, está dispuesto a sacrificar vidas humanas para que se haga su voluntad. El problema, no solo para él, es que el mundo no obedece necesariamente sus órdenes ni se pliega a sus bravuconadas. Sin duda le gustaría imponer aranceles a quien le parezca en el monto que se le antoje, independientemente de leyes y acuerdos, para castigar su desobediencia; sin duda querría destruir países enteros si no se someten a sus deseos. Pero, por muy poderoso que sea -desgraciadamente lo es- no es omnipotente. Y por eso tiene que dar una y otra vez marcha atrás y mentir para que parezca que no lo está haciendo. Si la fábula de la zorra y las uvas no es apropiada aquí se debe a que la zorra es un animal menos feroz y destructivo que el mandatario estadounidense.

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Leo en el periódico que, durante el partido de fútbol entre España y Egipto, parte del público se dedicó a cantar «un bote, dos botes, musulmán el que no bote». Y también que un ministro ha afirmado que no representan a la mayoría de los españoles. Probablemente tiene razón, pero sí representan a una parte considerable de ellos. No sé si se puede entender como ironía que el partido estaba catalogado como amistoso. Menos mal.

Cuando era intérprete de conferencias, trabajé en una centrada en el racismo. Allí se citaban estadísticas sobre el racismo en Europa y se hacían comparaciones entre países. No recuerdo mucho de aquel encuentro -cuando estás interpretando en una cabina, tu memoria a corto plazo está tan ocupada que se queda muy poco de lo escuchado y dicho en la retentiva a largo-. Sí recuerdo que, en la percepción que tenían los españoles de sí mismos, consideraban ser muy poco racistas. Hace más de veinte años de aquel encuentro y de la elaboración de aquellas estadísticas, es decir, en una época en la que el porcentaje de inmigrantes era mucho más reducido que en la actualidad por lo que, más que la ausencia de racismo, lo que reflejaba el estudio era que los españoles tenían poco contacto en su país con extranjeros. Hoy, que lo tienen, no solo el resultado sería distinto, muchos incluso verían la xenofobia como algo justificable y de lo que sentirse orgulloso.

Sospecho también que la actitud de desprecio hacia los gitanos ni siquiera era percibida por los encuestados entonces como una forma de racismo.

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Siempre se encuentra un poeta para glorificar una masacre. Leo unos cuantos poemas de Radovan Karadjic, quien no solo glorificó, sino que también perpetró y dirigió masacres. Si a menudo me parece razonable separar al autor de la obra, en su caso es imposible: en sus poemas se reflejan ya el deseo de exterminio y una autoglorificación patológica. Su poesía era absolutamente honesta, lo que no es un elogio cuando la honestidad consiste en que alguien muestre sin vergüenza toda su maldad.

Lo que me hace pensar en cierto escritor que manifestaba ser totalmente honesto, confundiendo en su caso la honestidad con una mezcla insufrible de arrogancia e impertinencia, alimentadas además por el rencor que sentía hacia todos los escritores que, injustamente, tenían más éxito que él.

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Salud, vivienda, racismo, cambio climático, estafas, homofobia. Sobre cualquiera de estos temas cada día en las redes sociales se publican bulos, operan campañas y se vierte odio como si lo descargara un camión cisterna. Pero también hay personas detrás de cientos de perfiles que libran una batalla cotidiana.

Laura, Guillermo, Andrea, Santiago, Daniel. Esta lista seguramente no te dice nada. Pero si te digo que son los nombres que están detrás de los perfiles Le petite pato, Farmacia enfurecida, Mi familia mixta, Champimuros o Tigrillo es muy probable que la cosa cambie. Y resulta casi imposible que si entras de vez en cuando en redes sociales no hayas visto unos cuantos videos suyos puesto que suelen contar sus reproducciones por cientos de miles, o millones. 

Andrea Navarro era una criminóloga murciana que tuvo la ocurrencia de casarse y tener una hija con un chico de Guinea. Y además contarlo en redes sociales. Al empezar a subir sus videos familiares en Tik Tok, el 95% de los comentarios eran insultos racistas. “Era asfixiante”, nos cuenta. De hecho estuvo tentada de dejar de publicar nada sobre su familia. Pero hizo justo todo lo contrario: creó el perfil Mi familia mixta y empezó a exponer –y a burlarse– de los insultos, de los prejuicios racistas y de las preguntas absurdas que recibía. “Si alguien te está insultando, lo que quiere es que respondas con más insultos, saber que te afecte, así que el humor les descoloca”. 

Su comunidad fue creciendo y, casi una década después, para su sorpresa, las redes sociales se han convertido en su profesión gracias a publicidades puntuales. Andrea no se plantea su canal como una forma de luchar contra el racismo o la islamofobia –“si te has criado en el odio es muy difícil que cambies”, dice-, sino más bien como una forma de ayudar a otras familias mixtas o racializadas. “Racistas habrá siempre, pero yo elijo cómo me lo tomo”. Al ridiculizar el racismo, los agresores pierden fuerza. 

¿Activismo o profesión?

Aunque haya algunos casos de activistas de las redes que desde el principio tienen una visión profesional, en la mayoría de los casos esta “militancia” surge como respuesta de una vivencia personal, que luego puede convertirse en una forma de ganarse la vida. Es el caso de Santiago Caamaño, en redes Champimuros, que tras superar una adicción al juego mantiene una cruzada con todo aquel que promueva las apuestas en redes, al tiempo que denuncia la falsedad y los cursos-estafa y se burla en general de todos aquellos “fantasmas”, como los llama él, que presumen de lujo, superficialidad, o de ser abiertamente machistas.

Otra vivencia personal, en este caso una tan habitual como buscar piso, fue la que llevó hace tres años a la arquitecta e ilustradora gallega Laura Pato a llenar su perfil de Instagram de videos de alquiler o venta de casas. “Mi primer objetivo era señalar los pocos límites que tenemos a la hora de elegir una vivienda, las carencias arquitectónicas que aceptamos. Pero la situación ha empeorado muchísimo y ahora estamos obligados a aceptar lo que se nos ofrece”, explica a La Marea.

Camas a dos palmos del techo, retretes dentro del plato de ducha, paredes fantasmagóricas, ventanas propias de un camarote o espacios minúsculos que son a la vez cocina, comedor y salón. En alquiler o compra, Laura muestra hasta qué punto ha llegado la burbuja inmobiliaria del país, incluyendo escenas de películas y golpeando con su boli en la pantalla los mayores disparates arquitectónicos y decorativos. Pero desde luego lo más descorazonador de sus videos es su ya mítica frase final, “corred que vuela”, porque sabemos que, en el fondo, algo de verdad puede tener… 

A pesar de que muchas de sus publicaciones superan el millón de reproducciones, Laura asegura hacer estos videos simplemente porque le divierte hacerlo, sirven para visibilizar una situación y sólo acepta hacer publicidad de algo que tenga que ver con los problemas de vivienda. 

Cada tema parece tener uno o varios de estos nuevos quijotes de vocación que luchan contra los bulos. Y quizás pocos tan dañinos, y tan en auge, como los que tienen que ver con nuestra salud. Para desmentirlos nos encontramos cada día con profesionales como Guillermo Martín en su Farmacia enfurecida,  Boticaria García o Farmacéutico Fernández. 

El coste de coger una “lanza” controvertida 

Como hemos visto, el éxito de un perfil activista sobre un tema social se puede convertir en una profesión o en ingresos extra para quienes consiguen una cierta repercusión. Pero hay muchos otros en los que los millones de reproducciones apenas generan beneficios económicos, al menos de forma directa. Es el caso de Daniel Valero, más conocido como Tigrillo, quien desde 2011, cuando tenía apenas 17 años, publica principalmente contenidos relacionados sobre la realidad –y contra los prejuicios– de la comunidad LGTBIQ+. Sin embargo, a pesar de su importante repercusión, nunca ha llegado “a vivir de esto”. “No depende tanto del número como de los temas que tratas. Los que tratamos temas más políticos tenemos menos oportunidades de publicidad”, explica. 

Aunque este periodista afirma que su labor es “más divulgación que activismo”, su principal objetivo, nos dice, es luchar contra el movimiento que ha puesto a las personas LGTBIQ+ como “enemigos sociales para desviar la atención de los problemas reales”. Y si el tema es controvertido no aparecen los anunciantes, pero sí los insultos, cientos de amenazas de muerte, incluso las persecuciones en la calle… “El coste es altísimo, creo que la gente no lo imagina. Sales a la calle y piensas que cualquiera puede ser potencialmente agresivo”, denuncia Daniel. 

Lo saben bien las centenares de mujeres que hablan de feminismo, o desde una perspectiva feminista, en sus canales. Y también quienes tratan cualquier otro tema que esté en el foco de la extrema derecha, como el cambio climático. Hope y Climabar son dos proyectos personales que dan esta batalla con éxito contra la desinformación desde el rigor pero de una forma atractiva, optimista y desenfadada. Pero quizás quien haya arriesgado más en este ámbito es el biólogo Fernando Valladares, quien podría haberse limitado a su labor científica, pero decidió “bajar al barro” para tratar de desmentir por todos los medios las mentiras sobre la emergencia climática, en particular desde la primera llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. 

Valladares reconoce que la divulgación en redes le reporta “cosas positivas”, pero también señala “un desgaste personal, ya que buscan el descrédito de tu trabajo”. “Cada vez más científicos, además de investigar, buscamos generar conciencia, es una batalla piedra a piedra que sabemos que no tiene final” debido a la “eficaz estrategia de la ultraderecha de dar un mensaje falsamente tranquilizador”.

La lanza del humor 

Como hemos visto, los temas, los formatos y los posibles retornos económicos varían entre cada uno de estas y estos Quijotes de las redes. Pero lo que casi todos comparten es que el humor es la principal arma de su particular cruzada. 

“El humor es capaz de atravesar ciertas capas. Yo sería incapaz de hacer un activismo serio, me resulta más fácil consumir. Sobre todo en Instagram, voy a distraerme”, explica Laura. Daniel Tigrillo añade que el humor es capaz de sintetizar, “es lo más eficaz para llegar a una audiencia que está distraída con muchos estímulos”. Y según él le ayuda a alejarse de esa “caricatura de lo woke” como personas que quieren “cancelar todo, echar la bronca por todo”. 

Como el Quijote, quizás nunca lograrán ganar del todo al enemigo, pero la difusión que han conseguido ya supone una victoria que merece celebrarse. 

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El Parlamento israelí votó el pasado martes, 30 de marzo, a favor de una ley que pretende convertir la pena de muerte en castigo obligatorio para cualquier palestino acusado de matar a un israelí en un ataque calificado como «terrorista». La iniciativa, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, no ha sido aprobada de forma definitiva —al menos todavía— pero su sola tramitación ya cumple una función: enviar un mensaje de terror legal a la población palestina.

Porque antes de entender qué significa esta ley, hay que recordar que Israel ya aplica una forma de muerte civil a miles de palestinos. Actualmente, alrededor de 3.000 se encuentran en detención administrativa: encarcelados sin cargos, sin juicio y sin conocer las pruebas contra ellos. Basta con que un comandante militar firme una orden basada en «información secreta» para que un palestino desaparezca entre rejas durante meses o años. Es la suspensión de todo derecho sin fecha de caducidad.

Desde la Nakba, muchas prisiones israelíes han funcionado como piezas clave de la maquinaria colonial: espacios de tortura, aislamiento y desaparición forzada. La detención administrativa es heredera directa de esa tradición: secuestrar cuerpos sin explicación, mantenerlos en un limbo legal indefinido. Ahora Ben-Gvir quiere dar el salto: de la celda sin juicio a la horca sin indulto.

Lo que propone es el salto definitivo. Su proyecto no solo establece la pena de muerte para los palestinos acusados de atentados mortales, sino que la hace irreversible: sin posibilidad de apelación, sin derecho a indulto presidencial, sin margen para ningún recurso. Un tribunal militar dictaría la condena y esa sería la última palabra.

Excluidos los colonos que cometan asesinatos

Además, la ley sería explícitamente discriminatoria. Se aplicaría únicamente a los palestinos de Cisjordania, excluyendo a los colonos judíos que cometan asesinatos por motivos nacionalistas, una práctica en aumento que el propio gobierno de Ben-Gvir ha protegido sistemáticamente.

Pero lo más importante no es si la ley llegará a aprobarse en sus lecturas finales, sino el propósito que persigue. Porque ni la detención administrativa ni la ley de ejecución son herramientas de justicia. Son instrumentos de disuasión por terror.

La estrategia es clara: forzar un sistema de castigo tan desproporcionado y tan irreversible que cualquier palestino que contemple la resistencia armada sepa que el precio puede ser su vida, sin juicio justo, sin apelación y sin posibilidad de canje. Los intercambios de prisioneros, que históricamente han permitido liberar a miles de encarcelados, quedarían bloqueados ante la imposibilidad de negociar con condenas a muerte irrevocables.

Pero el objetivo no es solo disuadir al individuo. Es paralizar a la comunidad. El miedo, en esta lógica, no es un efecto secundario indeseado. Es el mecanismo central. Una población aterrorizada es una población que no se organiza, que no protesta, que no resiste. O al menos esa es la apuesta de Ben-Gvir y los sectores más extremistas del Gobierno israelí.

Dentro de Israel, sin embargo, esta deriva está generando fracturas profundas. Sectores liberales, juristas y ex altos cargos militares han alzado la voz para advertir que convertir la excepción en ley tendría un coste inasumible para el propio Estado. Dificultaría cualquier futuro intercambio de prisioneros —una herramienta que Israel ha utilizado en numerosas ocasiones para recuperar a sus soldados—, entraría en contradicción con los acuerdos internacionales y expondría a los líderes israelíes a ser perseguidos en tribunales internacionales. Para muchos israelíes, esta ley no representa la defensa de su país, sino la imposición de una agenda mesiánica que antepone la venganza al interés nacional. Ben-Gvir, sin embargo, ha ignorado sistemáticamente estas advertencias.

La ley de ejecución no ha sido aprobada aún. Pero su mera presencia en el debate ya está cumpliendo su función: normalizar lo inaceptable y profundizar un régimen que convierte la arbitrariedad en método y el miedo en política de Estado. La pregunta es si el mundo seguirá mirando hacia otro lado mientras Israel construye, piedra por piedra, un sistema legal diseñado para ejecutar sin juicio, encarcelar sin causa y castigar sin límite.

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El Consejo de Ministros ha aprobado finalmente este martes el indulto a Las seis de La Suiza, condenadas a tres años y seis meses de prisión: dos años por un delito de obstrucción a la justicia y 18 meses por un delito de coacciones. Las trabajadoras cumplían actualmente la pena en régimen de tercer grado.

La medida, que ha partido del departamento de la vicepresidenta Yolanda Díaz, será parcial puesto que la ley prohíbe indultos totales cuando hay un informe en contra por parte del tribunal sentenciador. Esto supone que las penas accesorias, como la indemnización, ya liquidada, de 125.000 euros (90.000 por “daños morales”, 35.000 por “perjuicios económicos”), no tiene vuelta atrás, pero las sindicalistas no volverán a la cárcel. «Es una condena inapropiada en una democracia», había dicho Díaz ante el clamor de las protestas.

Aunque el indulto supone un alivio, el fondo del asunto continúa sin resolverse: «La represión al sindicalismo y a quienes se organizan sigue vigente. El indulto no es un regalo, sino fruto de una lucha incansable”, han afirmado las propias trabajadoras afectadas tras conocer la aprobación, que han agradecido toda la solidaridad mostrada por sindicatos y organizaciones: “Queremos dar las gracias a quienes llenasteis las calles, a quienes gritasteis cuando intentaban silenciarnos, a quienes nos abrazasteis sin pedirnos que fuéramos heroínas, a quienes entendisteis que la dignidad no tiene que ser perfecta para ser legítima; queremos agradecer a todas las personas, colectivos y movimientos sociales que nos acompañaron y sostuvieron durante todos estos años tanto a nivel humano como organizativo. Lo que nos salvó no fue la esperanza sino el movimiento de solidaridad que se levantó a nuestro alrededor”.

“Este caso –han continuado– ha demostrado algo que ya sabíamos: cuando atacan a una, respondemos todas. No permitamos que se pierdan los aprendizajes que hemos adquirido en esta lucha, necesitamos seguir tejiendo la solidaridad y necesitamos hacerlo cada vez mejor. Hoy celebramos, sí, pero no olvidamos a quienes siguen sufriendo represión. Tampoco que este caso sienta un mal precedente en lo colectivo y que hoy se sigue pretendiendo que hacer sindicalismo sea delito. Gracias al apoyo mutuo no pudieron con nosotras y, que nadie lo dude, tampoco podrán con las que vendrán detrás”, han zanjado las sindicalistas.

Desde la Comisión de Laboral de la Asociación Libre de la Abogacía (ALA) expresan también “alegría y solidaridad con las compañeras”, pero advierten igualmente de la criminalización del sindicalismo: “El indulto extingue la pena, pero no reconoce lo injusto de la condena. Y la doctrina del Tribunal Supremo que equipara acción sindical con coacción penal queda intacta, pues el indulto no borra esa sentencia».

El colectivo añade que puede ser una eventual base de jurisprudencia con sentencias futuras para restringir la libertad sindical: “Siempre hemos dicho que la sentencia analizó las conductas –concentraciones, piquetes, campañas en redes– como si fueran actos de particulares frente a un tercero, ignorando que se producían en el seno de un conflicto laboral. Es un enfoque incorrecto y muy peligroso”.

Por su parte, Èrika Conrado, secretaria general de CNT, cree que es un indulto “que llega nueve meses tarde, pero, a la espera de la letra pequeña, bienvenido sea». «Reiteramos que las compañeras han cumplido parte de una condena injusta, pero si lo que se proponía la sentencia era doblegarnos, han conseguido todo lo contrario: se ha conseguido una unión social y sindical sin precedentes, que a fin de cuentas es la que ha presionado para que no se olvide el caso y finalmente se logre el indulto. El sindicalismo está más vivo que nunca y, ante la escalada represiva y la regresión de derechos, la gente empieza a ser consciente de la necesidad de la unión y de la lucha colectiva”, ha concluido.

Diez años de calvario

El conflicto que llevó a las sindicalistas a la cárcel –en régimen de tercer grado– se inició hace casi diez años, cuando una trabajadora a la que la pastelería La Suiza le debía horas extras y vacaciones, y además denunció acoso, decidió acudir a CNT y exponer su caso. Tras los intentos de negociar con la entidad, el sindicato organizó la habitual campaña de denuncia, lo que llevó al empresario a interponer una batería de denuncias contra la organización y se abrió un proceso judicial contra más de 30 personas –algunas de ellas, paisanas del barrio que se habían solidarizado con caceroladas–. Finalmente, seis personas, entre ellas la trabajadora implicada, fueron condenadas a tres años y seis meses de prisión.

El magistrado del Juzgado de lo Penal de Gijón que emitió la sentencia en primera instancia es el conocido popularmente como el ‘justiciero de Poniente’, por acarrear a sus espaldas un largo historial de polémicas relacionadas con conflictos laborales o sociales. Al controvertido juez se le sumó en el proceso una familia empresarial conocida por sus vínculos con la política local conservadora y Javier Gómez Bermúdez, abogado de la parte empresarial y expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con experiencia en el tratamiento penitenciario de presos terroristas y del crimen organizado como juez central de Vigilancia Penitenciaria. Todo ello conformó los mimbres que explicarían un resultado que dejó estupefactas a las organizaciones sindicales y a buena parte de la sociedad asturiana.

De hecho, el indulto no se habría adoptado sin la intensa campaña desarrollada por todo el espectro sindical de clase, que llegó a unir sus voces en un hecho sin precedentes con un grito unánime: “Hacer sindicalismo no es delito”. Además, las movilizaciones sociales se extendieron a todo el Estado, y han cobrado durante todo este tiempo un protagonismo especial en Asturias, cuyo Gobierno autonómico también había solicitado la medida.

Precisamente fueron asociaciones las que, una vez declarada definitiva la sentencia, han venido recordando que “una de las responsabilidades y facultades del Gobierno, aun dentro de la división de poderes, es la posibilidad de corregir o matizar aquellas cuestiones que el Poder Judicial no puede afrontar, precisamente por su propia naturaleza, basada en la aplicación de leyes sin contar con otro tipo de factores”. Por tanto, el Poder Ejecutivo podía ofrecer una medida de gracia “si considera que determinadas sentencias generan un daño personal y social que excede al de la sentencia”. Este sería uno de esos casos.

Después de nueve meses de ejecución de la sentencia y diez años de calvario judicial y personal por haber sido “mujeres apoyando a mujeres”, como les gusta recordar, las sindicalistas al menos no tendrán que volver a la cárcel.

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Azahara Palomeque escucha en Pueblo blanco azul las historias que guardan las casas y los olivares, y nos devuelve esas voces ausentes que hablan de amores desafiantes, viajes liberadores y de las lealtades y traiciones que rigen un pequeño mundo.

 

El barbudo, llegándose a mis proximidades, se mesó la melena que le tapaba medio busto y sonrió en diagonal, de modo que únicamente le asomase el colmillo derecho. ¿Va a responderme usted o ha venido a titubear? Cualquiera diría que ha estudiado tanto, se burló. Se me reajustaron las sinapsis y expresé: buenas tardes, ¿señor…? No tengo el placer. Mi nombre es Elaia, significa «olivo» en griego. Andaba a la procura de la tumba de Francisco Torres Rojano, el tío de mi abuelo Antonio. Me observó desafiante mientras se sacudía en el bolsillo un manojo de llaves. Así que va a ser verdad, te noto bien informada. ¿Trabajas para algún organismo de la memoria histórica ahora?, inquirió, esta vez tuteándome. No, señor… Ramón, como el de la poda de tu árbol, hay que joderse, espetó. Ramón, encantada. Realizo una investigación independiente destinada a la escritura de una novela, pura ficción; no tengo patrocinadores, simplemente me gustaría saber más sobre mi familia; Ramiro Merino me aseguró que usted era muy eficiente. ¿La tumba de Torres Rojano? Soy consciente de que lo asesinaron durante la guerra y, a partir de ahí, le pierdo la pista. Agradecería cualquier aclaración o detalle por su parte. El libro de los muertos lo guardo en el casetón, ven, me dijo. Introdujo el filo dentado de una llave en una vitrina y agarró una especie de manual, grueso, donde figuraba el registro que yo anhelaba: Torres Rojano, fusilado el 3 de agosto de 1939 a la edad de cuarenta y dos años; su sobrino Antonio iba a cumplir quince. No te puedo decir más. Pero…, rechisté, ¿un rastro físico, una placa, algo? Me retumbó en el oído la carcajada, y por fin asistí al espectáculo integral de su dentadura: el flanco molar izquierdo brillaba ennegrecido como consecuencia de los empastes. Mira, niña, si caminas hacia el lado opuesto de donde has iniciado tu «investigación», allí, allí, exacto, en las inmediaciones del paredón, vas a notar que ni cipreses, ni sauces, ni olivos, ni leches crecen, mero descampado, y que la tierra se mueve cuando la pisas, claramente porque está infestada de mil orificios, cuidado, creerás que se trata de una llanura seca, pero está escalonada abajo, ve con tiento, no te confíes; bueno, pues allí hay magulladuras de bala sobre la tapia, los casquillos los barrió mi padre y, a lo que iba, el terreno desnivelado y ahuecado dice cosas, no es preciso ser forense, tú ya me entiendes, pero… que no te nublen los sentidos las aventuras novelescas: la fosa común y lo que se conoce aquí como «patio de los ahorcados» son la misma superficie inestable; es decir, fiambres no cristianos. Pega la oreja, realiza tus ritos satánicos, extiende la ouija o rásgate las vestiduras, mientras no montes una escandalera a las autoridades competentes les importa un pimiento, y yo hago la vista gorda; tú te das tu paseo, recolectas impresiones para tu libro y aquí paz y después gloria, ¿de acuerdo?

(…)

En un alarde de valor, me aventuré a explorar lo que ya sabía un dédalo inquietante. Dicen que la tierra se arrogó un núcleo magnético y, apegadas a ella, nuestras vísceras imantadas configuran la ley de la gravedad. Incliné un poco el cuello hacia las entrañas hueras del sitio. Francisco, ¿me oyes? ¿Seremos del mismo metal? He venido a reconciliarte con la historia, perdóname la arrogancia. ¿Qué manjares comes en las profundidades? ¿Lombrices, polvo enamorado, cobre? ¿Qué sentías mientras te estabas muriendo? ¿Hizo un calor sofocante y te descerrajaron la cabeza? ¿Dejaste mujer e hijos? ¿Por qué formaste parte de la defensa del pueblo sin ser anarquista? ¿Consideraste exiliarte? ¿Con quién compartes el habitáculo estrecho de la zanja? ¿O es grande como un salón de baile? ¿Te gustaría que te irguiesen un monolito donde no figure la bandera republicana? ¿Vale la pena rescatar un ideal pútrido, si la materia orgánica ya no se pudre porque carece de microorganismos? Pero tu muerte llegó antes que la ubicuidad química. Entonces tropecé con una ranura por la que comenzó a brotar humo; la tierra se hendía lentamente en besanas irregulares, capilares que emulaban el lecho de un río resquebrajado, a lo que se sumaba mi percepción de estar pisando los arrebatos de un géiser, pues notaba una energía inaudita latiendo debajo de mis suelas,  balanceándome mientras a duras penas intentaba levantarme, al menos adoptar una postura sedente, no de rodillas.

(…)

Me puse de pie y salí corriendo de aquel lugar totalmente falta de orientación, pero movida por un instinto que pronto me devolvió al llano Jesús; de soslayo, divisé el hospital, un convento adosado a su derecha, y acompasé mi taquicardia a una velocidad que despertó la curiosidad de las gentes acodadas en el bar Manolo; bajé la calle Alta, dejando atrás sus comercios y casas señoriales, a las vecinas que murmuraban qué hace la periodista loca yendo así, va a arrollar a algún chiquillo, o bien, la va a pillar un coche, se va a partir la crisma y, finalmente, aparecí frente a la iglesia Madre de Dios, tan insignificante, tan pequeña en su esquina, apenas un garbanzo cuya planta trapezoidal en su día devanó los sesos de los más agudos historiadores —que si fueron dos ermitas cruzadas, que si antes hubo una mezquita—, y me paré en seco. Sólo entonces caí en la cuenta de que aún aprisionaba entre los dedos el ramito de amapolas que había cortado allá en lo alto. Lo miré. ¿Para quién sería mi ofrenda? Ni siquiera había tenido el coraje de llorar frente a la tumba de mis abuelos.  

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El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el indulto a Las seis de la Suiza. Será parcial, puesto que la ley prohíbe indultos totales cuando hay un informe en contra por parte del tribunal sentenciador. Esto supone que las penas accesorias, como la indemnización, ya liquidada, de 125.000 euros (90.000 por “daños morales”, 35.000 por “perjuicios económicos”), no tiene vuelta atrás, pero las sindicalistas no volverán a la cárcel.

La medida, que entrará en vigor a partir su publicación al día siguiente en el BOE, habría partido del departamento de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que desde que se conoció el caso y la condena, ha defendido en todo momento “la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras en España, ante una condena inapropiada en una democracia”.

Pero es innegable el peso que en el indulto ha tenido la intensa campaña desarrollada por todo el espectro sindical de clase, que llegó a unir sus voces en un hecho sin precedentes con un grito unánime: “Hacer sindicalismo no es delito”. Además, las movilizaciones sociales se extendieron a todo el Estado, y han cobrado durante todo este tiempo un protagonismo especial en Asturias, tierra de las trabajadoras, y cuyo Gobierno autonómico también había solicitado el indulto.

Precisamente fueron asociaciones las que, una vez declarada definitiva la sentencia, han venido recordando que “una de las responsabilidades y facultades del Gobierno, aun dentro de la división de poderes, es la posibilidad de corregir o matizar aquellas cuestiones que el Poder Judicial no puede afrontar, precisamente por su propia naturaleza, basada en la aplicación de leyes sin contar con otro tipo de factores”. Por tanto, el Poder Ejecutivo podía ofrecer una medida de gracia “si considera que determinadas sentencias generan un daño personal y social que excede al de la sentencia”. Este sería uno de esos casos.

Diez años de calvario

El conflicto que llevó a las sindicalistas a la cárcel –en régimen de tercer grado– se inició hace casi diez años, cuando una trabajadora a la que la pastelería La Suiza le debía horas extras y vacaciones, y además denunció acoso, decidió acudir a CNT y exponer su caso. Tras los intentos de negociar con la entidad, el sindicato organizó la habitual campaña de denuncia, lo que llevó al empresario a interponer una batería de denuncias contra la organización y se abrió un proceso judicial contra más de 30 personas –algunas de ellas, paisanas del barrio que se habían solidarizado con caceroladas–. Finalmente, seis personas, entre ellas la trabajadora implicada, fueron condenadas a tres años y seis meses de prisión: dos años por un delito de obstrucción a la justicia y 18 meses por un delito de coacciones.

El magistrado del Juzgado de lo Penal de Gijón que emitió la sentencia en primera instancia es el conocido popularmente como el ‘justiciero de Poniente’, por acarrear a sus espaldas un largo historial de polémicas relacionadas con conflictos laborales o sociales. Al controvertido juez se le sumó en el proceso una familia empresarial conocida por sus vínculos con la política local conservadora y Javier Gómez Bermúdez, abogado de la parte empresarial y expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con experiencia en el tratamiento penitenciario de presos terroristas y del crimen organizado como juez central de Vigilancia Penitenciaria. Todo ello conformó los mimbres que explicarían un resultado que dejó estupefactas a las organizaciones sindicales y a buena parte de la sociedad asturiana.

Para la Plataforma de la Abogacía en Defensa de la Acción Sindical, la sentencia suponía “un caso aleccionador que ha marcado un hito histórico en contra de los derechos laborales y de la acción sindical». «Es decir –argumentaba-, ya no estábamos ante la mera actuación de un juez conservador, sino ante una verdadera acción estatal que, de acuerdo a los tratados y convenios en materia de derechos humanos suscritos por España, por su naturaleza o carácter reiterado, constituyen una violación grave de los derechos fundamentales”. Con el indulto, se palia pues, de manera parcial dicha violación.

Por su parte, Èrika Conrado, secretaria general de CNT, cree que es un indulto “que llega nueve meses tarde, pero, a la espera de la letra pequeña, bienvenido sea». «Reiteramos que las compañeras han cumplido parte de una condena injusta, pero si lo que se proponía la sentencia era doblegarnos, han conseguido todo lo contrario: se ha conseguido una unión social y sindical sin precedentes, que a fin de cuentas es la que ha presionado para que no se olvide el caso y finalmente se logre el indulto. El sindicalismo está más vivo que nunca y, ante la escalada represiva y la regresión de derechos, la gente empieza a ser consciente de la necesidad de la unión y de la lucha colectiva”, prosigue.

Después de nueve meses de ejecución de la sentencia y diez años de calvario judicial y personal por haber sido “mujeres que cuidan de mujeres”, como les gusta recordar, las sindicalistas podrán al fin respirar aliviadas.

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Con la eterna sensación de que nos estamos perdiendo algo, nos acercamos a Lux, el último y aclamado álbum de la siempre inquieta Rosalía (Barcelona, 1992). El salto de calidad-madurez dado entre este y su anterior disco, el muy sobrevalorado Motomami (2022), es sin duda grande, aunque no tanto si tenemos en cuenta que en canciones como «Hentai» o «GR N15» se nos dejó ya ver por dónde podían ir los tiros. Es cierto que estamos ante una obra más rompedora (sonora y conceptualmente hablando), aunque solo sea por lo inesperado que ha supuesto su envoltorio clásico (vía la London Symphony Orchestra y el coro de la Escolanía de Montserrat), un envoltorio por otro lado tan asfixiante, por su impronta, por su protagonismo, que ha terminado por uniformar en exceso el conjunto, lo que quizás afee su escucha completa y continuada.

El disco apabulla en cualquier caso, sobre todo en una primera cata, gracias a una producción tan imponente como arriesgada, que logra dar cuerpo y belleza incluso a las composiciones más enclenques. Por fuera, Lux es sin duda la obra de una artista en estado de gracia que rechaza doblegarse ante su condición de estrella mainstream para seguir experimentando y reinventando su particular propuesta, pero por dentro, esto es, analizando canción por canción, alguna que otra costura se puede ver.

Ciertas letras flojean, por más que giren sobre temas trascendentes como la reconstrucción personal y el reencuentro con la fe. La voz de Rosalía puede ser también a veces cansina, sobre todo cuando abusa del melisma. La vocación internacionalista del disco, con letras en 14 idiomas y guiños al flamenco, al fado y a la canción francesa, sabe en ocasiones a pastiche. Algunas baladas lúgubres se hacen a menudo plúmbeas, por grandilocuentes. Por eso Lux brilla sobre todo cuando más radical y festivo se muestra. Prueba de ello son sus dos primeros singles, «Berghain» (rompedora composición de cámara amadrinada por la mismísima Björk) y «La Perla» (con precioso y delicado acompañamiento a cargo de Yahritza y Su Esencia, en choque frontal con la punzante mala baba que respira la canción), dos pequeñas joyas capaces por sí solas de desmontar a todo aquel que pensara que Rosalía no era más que un producto reggaetonero.

Lux no será perfecto, ni falta que hace, pues es un disco innegablemente osado e imaginativo, también importante, si así lo queremos ver. Eso sí, no abusen de él.

Esta reseña se ha publicado originalmente en El Periscopio, el suplemento cultural de La Marea. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente.

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En el este de Ucrania, el frente apenas se ha movido en meses. Las líneas de trincheras continúan prácticamente en el mismo lugar, pero el entorno ha cambiado de forma radical. Ciudades destruidas, infraestructuras energéticas bajo ataque constante y una población civil sometida a una guerra que ya no avanza, pero tampoco retrocede.

Durante las primeras semanas de la invasión, la posición rusa era respaldada (aunque con la boca pequeña), por una parte de la izquierda española que veía en el movimiento ruso la inevitable respuesta ante la expansión del imperialismo americano y de la OTAN. Cuatro años después, son pocas, si es que las hay, las voces que se sitúan al lado de Putin.

Según la Misión de Observación de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania (HRMMU), 2025 fue el año más letal para la población civil desde el inicio de la invasión a gran escala, con al menos 2.514 muertos y 12.142 heridos, un 31% más que en 2024. Este aumento no responde a grandes ofensivas puntuales, sino a la consolidación de una dinámica de desgaste sostenido basada en ataques a distancia y una violencia distribuida en el tiempo.

Este estancamiento militar coincide con otro desplazamiento menos visible, pero igual de decisivo: el cambio en el marco internacional desde el que se interpreta el conflicto. “En muy poco tiempo ha cambiado el escenario”, señala Francesc Serra Massansalvador, doctor en Relaciones Internacionales por la Universitat Autònoma de Barcelona y especialista en la Rusia contemporánea. Moscú, explica, ha dejado de ocupar el centro de atención global. La agenda internacional se ha desplazado hacia otros focos de conflicto y otros actores, desde China hasta Oriente Próximo, y por supuesto, Irán. Ese cambio no implica una menor gravedad de la guerra en Ucrania, sino su progresiva integración en un contexto más amplio de inestabilidad.

Para Serra, este desplazamiento refleja un problema más profundo: la pérdida de capacidad del sistema internacional para ordenar los conflictos. Lo que en 2022 aparecía como una ruptura –la invasión a gran escala de un Estado soberano– hoy se inscribe en una dinámica más amplia de normalización del uso de la fuerza. Esa misma erosión del marco internacional preocupa especialmente a las organizaciones de derechos humanos.

“Estamos viendo una bajada de la determinación internacional para exigir responsabilidades”, advierte Daniel Vilaró, responsable de Amnistía Internacional en Catalunya. El cambio de posición de Estados Unidos, añade, ha debilitado el compromiso con la investigación de los crímenes de guerra y ha abierto la puerta a escenarios en los que la impunidad se convierta en moneda de cambio para alcanzar un acuerdo de paz.

El cruce entre ambos planos –el geopolítico y el jurídico– define el momento actual del conflicto. Mientras el frente se estabiliza sobre el terreno, el marco que debía garantizar sus límites empieza a desdibujarse. Sobre el mapa, la guerra parece congelada. Sobre el terreno, no lo está.

Los combates continúan, pero ya no se traducen en avances significativos. En los últimos tres años, las ofensivas de ambos bandos se han saldado con desplazamientos mínimos del frente. Pueblos pequeños, posiciones tácticas, enclaves cuya importancia estratégica se diluye a medida que quedan arrasados. La única variación relevante fue la retirada rusa de la ciudad de Jersón, que respondió más a una decisión operativa que a una derrota estructural. “Desde hace tiempo no hay grandes movimientos”, explica Serra. “Lo que vemos es una guerra de desgaste, donde cada parte intenta mejorar ligeramente su posición de cara a una eventual negociación”.

Ese horizonte negociador existe. Las conversaciones, más o menos discretas, se han producido en distintos escenarios durante los últimos meses. Estambul, Abu Dabi u otros espacios intermedios han acogido contactos que, aunque no han desembocado en acuerdos concretos, indican que el conflicto ha entrado en una fase distinta.

El problema es que las posiciones de partida son incompatibles: Rusia busca consolidar el control sobre los territorios ocupados y transformar la situación militar en una realidad política estable. Ucrania, por su parte, no puede aceptar esa pérdida territorial sin asumir un coste interno difícilmente sostenible. El resultado más plausible, según los analistas, no es una paz definitiva, sino una forma de suspensión del conflicto.

Un armisticio de facto

“Lo más probable es que se llegue a una situación de congelación del frente”, apunta Serra. “Algo que no se reconoce jurídicamente, pero que en la práctica se mantiene durante años o décadas”. El precedente de Chipre, dividido desde 1974, aparece como referencia recurrente. Pero este tipo de “solución” no cierra la guerra. En el mejor de los casos, la congela.

En paralelo a este estancamiento militar, el coste humano sigue aumentando. Los ataques contra infraestructuras críticas –centrales eléctricas, redes de suministro, sistemas de transporte– han intensificado su impacto sobre la población civil. La guerra se ha desplazado progresivamente desde el frente hacia la vida cotidiana. Menos ofensivas relámpago, más presión constante.

En las zonas ocupadas, las denuncias recogidas por organizaciones internacionales dibujan un patrón de control sostenido. Torturas a prisioneros de guerra, trabajos forzados y procesos de adoctrinamiento en el sistema educativo forman parte de un mismo dispositivo orientado a consolidar la ocupación.

“Tenemos constancia de prácticas que constituyen crímenes de guerra”, afirma Vilaró. “Y lo preocupante es que, en el contexto actual, existe el riesgo de que muchos de estos crímenes no lleguen a investigarse”.

A medida que se abre la posibilidad de negociaciones, emerge una tensión de fondo: hasta qué punto la paz puede implicar la renuncia a la justicia. La historia reciente ofrece múltiples ejemplos de acuerdos que han priorizado la estabilidad sobre la rendición de cuentas. Ucrania podría convertirse en uno más. Para Amnistía Internacional, esa deriva resulta inaceptable. “Cualquier presión sobre Ucrania para que renuncie a exigir responsabilidades por los crímenes cometidos es ilegítima”, sostiene Vilaró. No solo por una cuestión moral, sino por el precedente que establecería en el sistema internacional.

Desgaste más allá del campo de batalla

En Rusia, la guerra se ha convertido en un factor de transformación interna. La represión política, ya presente antes de la invasión, se ha intensificado de forma significativa. El caso de Alexéi Navalni, cuya muerte en prisión ha sido calificada por distintas investigaciones como un asesinato, marca un punto de inflexión.

A partir de ahí, el endurecimiento del control estatal se ha extendido a distintos ámbitos. Más de un centenar de procesos penales vinculados a su entorno, condenas a abogados y periodistas, restricciones crecientes sobre las redes sociales y un aumento de la vigilancia sobre las comunicaciones digitales configuran un escenario de cierre progresivo del espacio público.

“El objetivo es claro: reducir al mínimo la capacidad de organización de la sociedad civil”, explica Vilaró. Organizaciones independientes, movimientos sociales y colectivos críticos (especialmente el movimiento antiguerra y el colectivo LGTBIQ+) han sido objeto de campañas de presión, tanto legales como informales.

Una parte significativa de esta estrategia se basa en mecanismos administrativos. La catalogación de entidades como “extremistas”, “terroristas” u “organizaciones indeseables” permite ilegalizar de facto cualquier estructura incómoda para el poder. En el último año, más de 60 organizaciones han sido incluidas en estas listas.

No toda la represión es visible. “También existe una represión más difusa, orientada a generar miedo y desgaste”, añade Vilaró. Un proceso gradual de reducción del espacio cívico.

En ese contexto interno, la capacidad de Rusia para sostener la guerra plantea una paradoja. Desde el inicio del conflicto, numerosos análisis anticipaban un colapso económico que no se ha producido. Las sanciones han tenido impacto, pero no han generado un deterioro inmediato del sistema. La economía rusa ha mostrado una capacidad de adaptación mayor de la prevista. “Hace cuatro años que se dice que Rusia no aguantará, y sigue aguantando”, resume Serra.

Esa resistencia, sin embargo, tiene límites. Parte de la estabilidad se concentra en grandes ciudades como Moscú o San Petersburgo, donde la vida cotidiana mantiene una apariencia de normalidad. Fuera de esos núcleos, el deterioro es más evidente.

A largo plazo, los factores estructurales apuntan en otra dirección. La pérdida de población joven –con cientos de miles de personas que han abandonado el país para evitar el reclutamiento–, el envejecimiento demográfico y las dificultades para mantener el ritmo de incorporación de nuevos soldados configuran un escenario de desgaste acumulativo. “Hay tensiones que se van acumulando y que en algún momento pueden estallar”, señala Serra. No se trata de un colapso inminente, sino de una fragilidad latente.

El papel de los aliados añade otra capa de complejidad: China, principal socio estratégico de Rusia, mantiene una posición ambivalente. Ha evitado una implicación directa en el conflicto y ha aprovechado la situación para reforzar su propia posición. En el ámbito energético, por ejemplo, compra gas ruso en condiciones más ventajosas que las que ofrecía el mercado europeo. “No es una relación de igualdad”, explica Serra. “China sale beneficiada en casi cualquier escenario”.

En otras regiones, como Asia Central, África o América Latina, ambas potencias compiten por influencia. La guerra no ha consolidado una alianza, sino que ha acentuado una relación asimétrica.

Al mismo tiempo, el bloque occidental empieza a mostrar signos de desgaste. La Unión Europea mantiene formalmente su apoyo a Ucrania, pero las fisuras son cada vez más visibles. Gobiernos como los de Hungría o Eslovaquia han expresado reticencias a continuar con la ayuda, reflejando una fatiga que podría intensificarse si el conflicto se prolonga. “El apoyo sigue, pero ya no es tan sólido como al principio”, apunta Serra.

Cuatro años después, la guerra en Ucrania ya no puede entenderse únicamente como un enfrentamiento entre dos Estados. Es también un síntoma que revela las limitaciones de un sistema internacional incapaz de prevenir la guerra, de detenerla una vez iniciada y, cada vez más, de juzgar sus consecuencias.

Sobre el terreno, las líneas de frente permanecen. En el plano político, las líneas que definían el orden global se han vuelto más difusas.

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La política está en la mirada, en la construcción de la secuencia, la inclusión de una música, en la decisión de qué se queda fuera de la cinta. Lo saben bien todos aquellos cineastas que se decantan por relatar una memoria antifascista, conscientes de que los numerosos obstáculos que encontrarán intentarán cercenar el pensamiento crítico que sus trabajos provocan en el público. En tiempos en los que el autoritarismo arrastra adeptos en todas las capas sociales y la imagen se convierte en vehículo principal a nivel comunicativo, la cultura comprometida con la justicia social y la memoria democrática se yerguen como un faro que ilumina el camino. 

“En momentos en los que se impone la violencia, la represión, el genocidio, lo primero que destrozan es la cultura”, adelanta Eva Aladro Vico, catedrática de Teoría de la Información en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Esta especialista en comunicación, discurso mediático y estructuras de poder en los sistemas informativos fue una de las participantes de Cultura contra la barbarie: el cine como instrumento de resistencia antifascista. 

La mesa, celebrada en el Teatro del Barrio este 24 de marzo, día en que se conmemoraron los 50 años del golpe de Estado en Argentina, e impulsada por el colectivo Atado y Bien Atado, estuvo presentada por la periodista y politóloga Irene Zugasti, quien planteó debates sobre la batalla cultural, el momento político actual y el cine social.

Del entretenimiento político a la cultura-anestesia

Amparo Climent, artista multidisciplinar y autora del documental Dolores Ibárruri. Pasionaria, galardonado con la Biznaga de Plata en Málaga en 2026, defiende que, para el fascismo, “la cultura es un elemento considerado subversivo al plantear una mirada completamente diferente”. La puntualización que realiza Vicent Monsonís, productor, guionista y director cinematográfico que acaba de estrenar la película de ficción La invasión de los bárbaros, marca el devenir de la mesa: “Yo no soy tan idealista. Hablamos de la cultura como término genérico, pero los fascistas también hacen cultura”.

Sustenta su afirmación en la experiencia propia. “Yo vengo de un territorio periférico como València, con gobiernos ultraconservadores durante décadas, y hacer cultura no era imposible. Era imposible para gente como nosotros, con cierto criterio, que defendíamos algunas posiciones y nos ubicábamos contra el poder”, dice el cineasta.

Monsonís opina que la idea tan arraigada de que el cine es únicamente entretenimiento procede de Estados Unidos. Lo plantea como si esta cultura-anestesia escondiera tras de sí otros objetivos también políticos. “Nos vendieron una industria en la que cuanto más entretenida parece una película, menos comprometida es. Pero no es así. Su carga ideológica es muy superior que aquellas que te apelan de forma directa y de una manera ideológica”, sostiene.

Por su parte, Climent, quien preside la Asociación Cultural Arte y Memoria, acepta que no tiene muy claro cómo diferenciar arte de entretenimiento. “Todo lo que se hace, absolutamente todo, tiene un objetivo político. No es solo la mirada que ponemos al escribir un guion. Hay muchas cuestiones que realmente están inclinando esa mirada hacia distintos lugares”, añade.

Del cine social al cine socializante

Ante la mirada impertérrita de las casi 20 fotografías de Olmo Calvo que forman la exposición Artículo 47 y que abordan la lucha por la vivienda digna en el Teatro del Barrio, las participantes también charlaron sobre el cine social, con nombres como Ken Loach y Passolini como referencias. “Nosotras hacemos cine y que cada uno lo catalogue como considere. Yo soy militante de la memoria democrática de las mujeres, que está absolutamente olvidada y perdida”, sostiene Climent al respecto.

Sin embargo, existen productos culturales que abandonan la neutralidad para hacer del espectador una persona más ignorante, sobre todo si no abordan un tema vinculado directamente a lo ideológico. Así lo explica Aladro, quien se decanta por arrebatar el título de “cultura” a ese tipo de artefactos. Por otro lado, define como “fundamental y crucial” el cine social: “Te vincula con cosas que desconocías y que puedes llegar a sentir para entender las injusticias”. No hace falta irse a títulos grandilocuentes fuera de las fronteras españolas. Ahí queda la película de Los santos inocentes, que siempre nos enseñará quiénes son y qué hacen los señoritos.

Monsonís intenta profundizar en la cuestión con sus palabras. Además de pretender hacer cine social, como ocurre con La invasión de los bárbaros, también persigue realizar un cine socializante. Más allá de aquellos trabajos cinematográficos etiquetados como memorialistas pero centrados en biografías concretas, el cineasta valenciano asegura que prefiere dejar algo más de lado los personajes y centrarse en la sociedad. “Así toda la gente se siente interpelada y no piensan que han visto una historia ajena, sino que le hemos contado su propia historia”, señala antes de recalcar que echa de menos más películas que ayuden a crear vínculos y construir sociedad.

Un asesinato que no deja sangre

Aladro procede de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, donde Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y líder de un Gobierno con políticas que empobrecen la universidad pública, fue nombrada Alumna Ilustra en enero de 2023. El claustro no fue lo suficientemente fuerte como para forzar que no se produjera el nombramiento. “Hay interés en hundir a la universidad pública a través de informaciones periodísticas que publican medios con intereses en la educación privada”, asegura la docente. Y exclama: “Vivimos en un mundo de ilusiones de espectros que controlan absolutamente el sistema”.

En torno a la cuestión puramente cultural y memorialista, la catedrática señala: “La memoria es lo que nos mantiene vinculados con el pasado y nos proyecta al futuro. La cultura, cuando te la cargas, no deja huellas, es un asesinato que no deja sangre”. Asiente Monsonís con la cabeza, pero también con las palabras. Tal y como finaliza: “El cine es la herramienta más potente que tiene la cultura para expresarse, y eso es algo que los Estados Unidos saben bien, por eso llevan 100 años colonizándonos con su cine”.

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Latifundistas tiránicos, precariedad laboral, migrantes esclavizados, acoso sexual, falta de sindicalismo… Los males del campo español (como vimos en el capítulo anterior) son muchos, sobre todo para quienes trabajan la tierra, cuyas voces casi nunca son oídas en los medios de comunicación. Pero lejos de esas prácticas depredadoras se encuentran casos como el de Marinaleda, donde más de 1.250 hectáreas son trabajadas de forma cooperativa desde que, en 1991 y gracias a la intensa agitación social y las ocupaciones promovidas por el antiguo Sindicato de Obreros del Campo (SOC), la Junta de Andalucía expropió la finca al duque del Infantado para ceder su uso al pueblo con la condición de que se constituyeran cooperativas agrarias encargadas de gestionar colectivamente la explotación.

Esa realidad colectiva ha llevado a Marinaleda a ser el pueblo con menos desempleo de toda Andalucía. El caso de Marinaleda no es el único en la región, pues existen experiencias cercanas como La Zarza o la Cooperativa Campo de Tejada. Y aunque sin llegar al modelo político-social de Marinaleda, otras grandes cooperativas agrupan a productores para gestionar tierras y productos de manera conjunta, como Acor en Castilla y León.

En España, las cooperativas agrarias facturan más de 30.000 millones de euros anuales, con más de un millón de socios, y se han convertido en un motor fundamental del sector. Pero, a pesar de esas cifras, el impacto del cooperativismo agrario sigue siendo más bien escaso en la actualidad informativa: Marinaleda, por ejemplo, solo aparece en los medios para recordarnos que siempre ha gobernado el mismo partido bajo diferentes siglas, obviando su realidad sociolaboral.

“El mundo rural en general y el campo en particular no son cultura mainstream desde el momento en el que ni a nivel poblacional ni de poder adquisitivo son interesantes para la industria cultural o de la información. Al no ser cliente sujeto, cuando son reflejados lo son en tanto que mercancía-objeto y, por consiguiente, con la expectativa del urbanita medio, que demanda y adquiere esa cultura”. Son palabras de Gonzalo Palomo, presidente de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), creada en Cáceres en 2024. “Más allá de haberse convertido en cauce de compra-venta, el impacto de las cooperativas es limitado. En algunas comarcas ha sido crítico para dar garantías de estabilidad al sector, eso está claro, pero ha perdido el sentido fundacional de Rochdale”. Palomo se refiere a la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale, fundada en Inglaterra en 1844 por trabajadores textiles y considerada la primera cooperativa de consumo moderna.

Gonzalo es militante del cooperativismo agrario e impulsor de numerosas iniciativas, como la de ACTYVA, cooperativa de tipo integral y sin ánimo de lucro creada en Extremadura hace más de 10 años como respuesta a la última crisis financiera. “Viene del movimiento de las cooperativas integrales, cuya cara más visible fue Enric Durán, desde Catalunya. Participamos en todo aquel movimiento, que poco a poco se ha ido desinflando un poco en esta parte de la península, pero no así en Portugal. Allí ahora mismo hay una quincena de cooperativas integrales organizadas en una red en la que nos hemos integrado, y también lo ha hecho Estraperlo”.

La cooperativa fue una de las entidades encargadas de organizar el XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología en 2024 y su propuesta va más allá de “hacer cooperativismo agrario, de trabajo asociado, de consumo o cualquiera de las clases de cooperativas que recogen nuestros estatutos”. Además de todo eso, busca “romper la cosificación a la que somos sometidos como productores/consumidores, pasando a ser sujetos político-económicos plenos, con capacidad de decisión sobre los mayores aspectos posibles de nuestro día: alimentación, vivienda, vestido… Desde la libertad y la responsabilidad que implica un modelo en el que no hay personas empleadas sino emprendedoras”. ACTYVA, además de su departamento agrario cuenta con otros nodos, como BBBFarming, centrado en comunicación, investigación y desarrollo para el sector agroalimentario.

A la cooperativa extremeña le están saliendo espejos como Xuntanza Campesina, que se presentó en 2024 en Asturias coincidiendo con el Día de las Luchas Campesinas, o el guipuzcoano Amillubi, un proyecto de reciente creación que nace con el objetivo de “convertir la tierra que nos sostiene en un bien colectivo” gracias a un movimiento agroecológico cuyo objetivo es “proteger la tierra, para que las personas que se dedican a la agricultura tengan tierras que cultivar y la ciudadanía alimentos saludables”.

Pese a habitar en esas zonas oscuras que no gozan de la atención habitual de los focos, se hace necesario escuchar las voces de Mihaela, Germinal (protagonistas de la primera parte de este reportaje), Gustavo, Ana o Gonzalo, para seguir completando el complejo caleidoscopio que conforma el mundo rural, mucho más rico y plural de lo que habitualmente nos cuentan los medios generalistas.

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