Latifundistas tiránicos, precariedad laboral, migrantes esclavizados, acoso sexual, falta de sindicalismo… Los males del campo español (como vimos en el capítulo anterior) son muchos, sobre todo para quienes trabajan la tierra, cuyas voces casi nunca son oídas en los medios de comunicación. Pero lejos de esas prácticas depredadoras se encuentran casos como el de Marinaleda, donde más de 1.250 hectáreas son trabajadas de forma cooperativa desde que, en 1991 y gracias a la intensa agitación social y las ocupaciones promovidas por el antiguo Sindicato de Obreros del Campo (SOC), la Junta de Andalucía expropió la finca al duque del Infantado para ceder su uso al pueblo con la condición de que se constituyeran cooperativas agrarias encargadas de gestionar colectivamente la explotación.

Esa realidad colectiva ha llevado a Marinaleda a ser el pueblo con menos desempleo de toda Andalucía. El caso de Marinaleda no es el único en la región, pues existen experiencias cercanas como La Zarza o la Cooperativa Campo de Tejada. Y aunque sin llegar al modelo político-social de Marinaleda, otras grandes cooperativas agrupan a productores para gestionar tierras y productos de manera conjunta, como Acor en Castilla y León.

En España, las cooperativas agrarias facturan más de 30.000 millones de euros anuales, con más de un millón de socios, y se han convertido en un motor fundamental del sector. Pero, a pesar de esas cifras, el impacto del cooperativismo agrario sigue siendo más bien escaso en la actualidad informativa: Marinaleda, por ejemplo, solo aparece en los medios para recordarnos que siempre ha gobernado el mismo partido bajo diferentes siglas, obviando su realidad sociolaboral.

“El mundo rural en general y el campo en particular no son cultura mainstream desde el momento en el que ni a nivel poblacional ni de poder adquisitivo son interesantes para la industria cultural o de la información. Al no ser cliente sujeto, cuando son reflejados lo son en tanto que mercancía-objeto y, por consiguiente, con la expectativa del urbanita medio, que demanda y adquiere esa cultura”. Son palabras de Gonzalo Palomo, presidente de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), creada en Cáceres en 2024. “Más allá de haberse convertido en cauce de compra-venta, el impacto de las cooperativas es limitado. En algunas comarcas ha sido crítico para dar garantías de estabilidad al sector, eso está claro, pero ha perdido el sentido fundacional de Rochdale”. Palomo se refiere a la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale, fundada en Inglaterra en 1844 por trabajadores textiles y considerada la primera cooperativa de consumo moderna.

Gonzalo es militante del cooperativismo agrario e impulsor de numerosas iniciativas, como la de ACTYVA, cooperativa de tipo integral y sin ánimo de lucro creada en Extremadura hace más de 10 años como respuesta a la última crisis financiera. “Viene del movimiento de las cooperativas integrales, cuya cara más visible fue Enric Durán, desde Catalunya. Participamos en todo aquel movimiento, que poco a poco se ha ido desinflando un poco en esta parte de la península, pero no así en Portugal. Allí ahora mismo hay una quincena de cooperativas integrales organizadas en una red en la que nos hemos integrado, y también lo ha hecho Estraperlo”.

La cooperativa fue una de las entidades encargadas de organizar el XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología en 2024 y su propuesta va más allá de “hacer cooperativismo agrario, de trabajo asociado, de consumo o cualquiera de las clases de cooperativas que recogen nuestros estatutos”. Además de todo eso, busca “romper la cosificación a la que somos sometidos como productores/consumidores, pasando a ser sujetos político-económicos plenos, con capacidad de decisión sobre los mayores aspectos posibles de nuestro día: alimentación, vivienda, vestido… Desde la libertad y la responsabilidad que implica un modelo en el que no hay personas empleadas sino emprendedoras”. ACTYVA, además de su departamento agrario cuenta con otros nodos, como BBBFarming, centrado en comunicación, investigación y desarrollo para el sector agroalimentario.

A la cooperativa extremeña le están saliendo espejos como Xuntanza Campesina, que se presentó en 2024 en Asturias coincidiendo con el Día de las Luchas Campesinas, o el guipuzcoano Amillubi, un proyecto de reciente creación que nace con el objetivo de “convertir la tierra que nos sostiene en un bien colectivo” gracias a un movimiento agroecológico cuyo objetivo es “proteger la tierra, para que las personas que se dedican a la agricultura tengan tierras que cultivar y la ciudadanía alimentos saludables”.

Pese a habitar en esas zonas oscuras que no gozan de la atención habitual de los focos, se hace necesario escuchar las voces de Mihaela, Germinal (protagonistas de la primera parte de este reportaje), Gustavo, Ana o Gonzalo, para seguir completando el complejo caleidoscopio que conforma el mundo rural, mucho más rico y plural de lo que habitualmente nos cuentan los medios generalistas.

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Apenas quedan horas para aprobar la que se ha llamado Ley Integral de Impulso a la Economía Social y, sinceramente, lo celebro porque es una buena noticia. No todos los días se consigue una norma que afecta a un modelo que genera más del 11% del PIB, agrupa a miles de empresas y sostiene millones de empleos en nuestro país. También es positivo algo poco habitual, que se ha visto durante el desarrollo del Proyecto legislativo: un reconocimiento unánime por parte de los grupos políticos al papel que juega la Economía Social. Hasta ahí, muy a favor.

Ahora bien, también conviene decir las cosas claras. Dentro de la Economía Social no somos todos iguales. Compartimos principios, sí, pero nuestras realidades y necesidades son distintas. Y cuando se intenta meter todo en una única ley, el riesgo es evidente: que al final tengamos una norma demasiado general, demasiado de mínimos, que no responda de verdad a lo que necesitamos.

En el caso de las cooperativas, este riesgo es aún mayor. La idea de unificar tres leyes en una nos afecta directamente, y lo cierto es que muchos de los avances que llevamos años reclamando se pueden quedar fuera el próximo 26 de marzo en el Congreso de los Diputados. Estamos hablando de temas tan importantes como la fiscalidad, la regulación de las horas de trabajo por cuenta ajena vinculadas a los socios y socias, el fondo de reserva obligatorio destinado a la consolidación, desarrollo y garantía de la cooperativa o la recuperación de empresas a través del modelo cooperativo. No son detalles técnicos, son cuestiones que marcan el día a día y el futuro de nuestras cooperativas.

Durante todo este proceso hemos hecho un esfuerzo importante por llegar a acuerdos. Hemos cedido, dialogado e intentado construir una ley que represente a todo el sector. Pero ese esfuerzo tiene que verse reflejado en el resultado final. No se trata solo de aprobar una ley, sino de que esa ley realmente impulse y transforme.

También compartimos la idea de que sería deseable que esta ley salga adelante con el mayor consenso posible, como ocurrió en 2011. Pero el consenso no puede ser a costa de rebajar el contenido. No podemos conformarnos con una ley correcta si podemos tener una ley realmente útil.

Por eso, de cara a la votación final en el Congreso, hacemos un llamamiento claro a todos los grupos políticos: estamos a tiempo de mejorar el texto. De incorporar las enmiendas que el sector lleva tiempo defendiendo. De escuchar de verdad a las cooperativas.

La Economía Social ha demostrado que funciona, que aporta estabilidad y que genera oportunidades. Ahora le toca a la ley estar a la altura. El 26 de marzo no debería ser solo el cierre de un trámite. Debería ser el comienzo de algo más ambicioso.

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