El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha reunido esta semana en Washington con el expresidente estadounidense Donald Trump, en lo que supone su octavo encuentro durante el segundo mandato de Trump. La visita se produce en un momento en que Netanyahu aparece cada vez más debilitado y aislado en el plano internacional, según analistas asiáticos que siguen de cerca la evolución del liderazgo israelí.

Un deterioro paulatino

La prensa asiática ha señalado que el viaje de Netanyahu a Washington responde a su necesidad de revitalizar su imagen como el aliado más cercano del hombre más poderoso del mundo. Sin embargo, las mismas fuentes indican que su estrella en Washington se está apagando. El encuentro con Trump, lejos de reforzar su posición, pone de manifiesto la pérdida de influencia del mandatario israelí en la capital estadounidense.

Netanyahu, que durante años supo cultivar una relación estrecha con la administración Trump, se enfrenta ahora a un escenario político interno complejo y a una creciente presión internacional por su gestión en la guerra de Gaza. La reunión de esta semana, aunque cordial, no habría generado los resultados concretos que esperaba el primer ministro israelí, según las fuentes consultadas.

Implicaciones geopolíticas

El declive de Netanyahu en Washington podría reconfigurar las dinámicas de poder en Oriente Próximo. Israel, que ha dependido históricamente del respaldo incondicional de Estados Unidos, podría ver erosionada su capacidad de maniobra diplomática y militar si la influencia de su líder sigue decayendo. La administración Trump, por su parte, parece estar evaluando sus prioridades estratégicas en la región, lo que podría llevar a un ajuste de su política exterior hacia Israel y sus vecinos.

El octavo encuentro entre Netanyahu y Trump, en lugar de ser una muestra de fortaleza, se interpreta como un síntoma de la vulnerabilidad del primer ministro israelí. En un contexto de inestabilidad regional y desafíos internos, Netanyahu busca aferrarse a su principal valedor, aunque su capacidad de dictar los términos de la relación parece haberse reducido notablemente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en entredicho la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al afirmar que el acuerdo comercial solo beneficia a México y a Canadá. Ante esta incertidumbre, un experto consultado por Sputnik sostiene que México tiene ante sí «la gran oportunidad de poder reducir» su histórica dependencia económica de Washington.

Las declaraciones de Trump, realizadas este jueves, no detallan si su intención es renegociar, suspender o abandonar el tratado, pero han generado inquietud en los sectores productivos mexicanos. El T-MEC, que entró en vigor en 2020 como sustituto del NAFTA, canaliza más del 80% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.

Un desequilibrio histórico

El experto consultado por la agencia rusa señala que, pese a las críticas de Trump, Washington ha mantenido una ventaja absoluta en la relación comercial. «Estados Unidos ha tenido una ventaja absoluta», afirma, aunque no precisa si esa ventaja es en términos de balanza comercial, inversiones o control de cadenas de suministro. La oportunidad para México radicaría en diversificar sus socios comerciales y fortalecer su mercado interno.

La postura de Trump se enmarca en su agenda de «América Primero», que ya durante su primer mandato llevó a una renegociación del NAFTA. Analistas mexicanos han advertido que una salida unilateral de Estados Unidos del T-MEC tendría consecuencias graves para la economía mexicana, pero también para las cadenas productivas integradas en América del Norte.

El Gobierno de México, por ahora, no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones de Trump. La secretaria de Economía, en funciones, ha reiterado en foros recientes la importancia de mantener la certidumbre jurídica para los inversores.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron este 28 de julio su octava reunión desde que Trump regresó a la Casa Blanca. El encuentro se produce en el contexto de la guerra con Irán, que cumple 151 días, y en el que ambas partes evalúan los próximos pasos militares.

Continuidad de la pausa y nuevas amenazas

Según fuentes del entorno de la reunión, la pausa en los ataques se mantiene, pero Trump ha lanzado una advertencia contra Pickaxe Mountain, una ubicación que no ha sido identificada oficialmente pero que podría tratarse de un enclave estratégico iraní. Por su parte, el ministro de Defensa de Israel ha señalado su interés en atacar los objetivos energéticos de Irán, lo que supondría una escalada significativa en el conflicto.

La reunión, la octava en apenas dos años y medio de mandato de Trump, subraya la estrecha coordinación entre ambos aliados en la campaña militar contra Teherán. Hasta ahora, los ataques israelíes y estadounidenses se han centrado en instalaciones militares y de la Guardia Revolucionaria iraní, pero el posible golpe a la infraestructura energética podría alterar el equilibrio regional.

Implicaciones geopolíticas

La insistencia en mantener contactos al más alto nivel refleja la complejidad de la estrategia aliada en Oriente Próximo. Mientras Washington y Tel Aviv discuten los próximos movimientos, la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de una guerra que ya se ha cobrado miles de víctimas y ha disparado el precio del petróleo. La amenaza a la energía iraní, si se materializa, podría provocar una crisis energética global.

No se han filtrado detalles concretos sobre los acuerdos alcanzados en la reunión, pero todo apunta a que la pausa en los bombardeos se prolongará mientras se prepara una nueva ofensiva de mayor calado. La Casa Blanca no ha emitido declaraciones oficiales tras el encuentro.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el acuerdo nuclear con Arabia Saudí «está totalmente supeditado» a que Riad se sume a los Acuerdos de Abraham, la serie de pactos de normalización diplomática con Israel auspiciados por Washington durante su mandato. La declaración se produjo durante su discurso sobre el estado de la Unión, pronunciado este 24 de julio de 2026.

Trump vinculó de forma explícita la cooperación nuclear civil con el reino saudí al reconocimiento del Estado hebreo, un requisito que modifica los términos del posible acuerdo energético. Arabia Saudí había negociado durante meses con la administración estadounidense un programa nuclear pacífico que incluye el enriquecimiento de uranio en su territorio, una condición que Israel ve con recelo. Al supeditar el pacto a la adhesión a los Acuerdos de Abraham, Trump eleva la apuesta diplomática en una región clave para los intereses energéticos y de seguridad de España.

La posición del candidato republicano supone un giro respecto a la postura de su sucesor, Joe Biden, que impulsó las negociaciones nucleares con Riad sin vincularlas explícitamente a la normalización con Israel. Arabia Saudí no ha reconocido al Estado hebreo y ha condicionado cualquier acercamiento a la creación de un Estado palestino independiente. La declaración de Trump, si se materializa en una eventual vuelta a la Casa Blanca, podría redefinir el equilibrio de poder en Oriente Próximo y condicionar la política exterior de la UE, que mantiene estrechos lazos comerciales y energéticos con las monarquías del golfo Pérsico.

Estados Unidos ha impuesto desde este viernes 24 de julio nuevas tasas arancelarias del 10% al 12,5% a un total de 60 socios comerciales, entre los que se encuentra Argelia, según anunció el jueves la Oficina del Representante Comercial estadounidense, dirigida por Jamieson Greer. La medida sustituye a los aranceles que el presidente Donald Trump había decretado en febrero pasado para varios países, y que ahora se amplían y endurecen.

Un giro proteccionista que afecta al Magreb

La inclusión de Argelia en la lista de países sancionados con estos aranceles supone un revés para las relaciones bilaterales entre Washington y Argel, que en los últimos años había buscado diversificar sus alianzas comerciales más allá de Europa. Argelia es un actor clave en el suministro energético del Mediterráneo y compite directamente con España y otros países europeos en sectores como el agrícola, especialmente en la exportación de productos hortofrutícolas.

El paquete arancelario, que entrará en vigor de inmediato, afecta a socios comerciales de diversos continentes y refuerza la política proteccionista impulsada por la administración Trump. La Oficina del Representante Comercial no detalló los criterios específicos para la selección de los 60 países, pero la medida se enmarca en la estrategia de Washington de reequilibrar la balanza comercial y proteger la industria estadounidense.

Impacto en el comercio con España

Si bien España no figura entre los países directamente afectados por los nuevos aranceles, la imposición de tasas a Argelia podría alterar la competencia en el mercado europeo. Argelia es uno de los principales exportadores de productos agrícolas a la Unión Europea, y los aranceles estadounidenses podrían desviar flujos comerciales hacia el continente europeo, aumentando la presión sobre los productores españoles. Según fuentes del sector, el arancel adicional encarecería las exportaciones argelinas a EE.UU., lo que podría llevar a Argel a buscar nuevos mercados en Europa, donde ya mantiene una fuerte presencia en frutas y verduras.

La medida también tiene implicaciones energéticas: Argelia es un proveedor relevante de gas natural licuado (GNL) para Estados Unidos, aunque el volumen de exportaciones argelinas al mercado estadounidense es limitado en comparación con el europeo. No obstante, los aranceles podrían tensar la relación comercial en un momento en que Washington busca reducir su dependencia de otros suministradores.

Estados Unidos y Arabia Saudí han alcanzado un acuerdo de cooperación nuclear civil, anunciado este jueves 23 de julio por el Departamento de Energía estadounidense. El pacto facilita el acceso de empresas estadounidenses al programa atómico saudí, pero ha desatado críticas de expertos en no proliferación, que advierten sobre el riesgo de que Riad pueda desarrollar armas nucleares.

Términos del acuerdo y críticas

Según informó el propio Departamento de Energía en un comunicado, el acuerdo permite una mayor participación de firmas estadounidenses en el desarrollo del programa nuclear saudí. No obstante, el texto debe ser aprobado por el Congreso de EE.UU., donde se espera un intenso debate.

Expertos en no proliferación han alzado la voz, según reportó la agencia Reuters, al considerar que el acuerdo carece de las salvaguardas suficientes para impedir que materiales nucleares sean desviados hacia usos militares. La principal controversia radica en que Arabia Saudí podría obtener el derecho a enriquecer uranio, un paso técnico que acerca a la capacidad de fabricar bombas atómicas.

El pacto, negociado por la administración de Donald Trump, representa un giro en la política estadounidense hacia Riad. Hasta ahora, Washington había condicionado la transferencia de tecnología nuclear a que el país árabe renunciara al enriquecimiento y al reprocesamiento de combustible. La posible flexibilización de esa exigencia ha encendido las alarmas entre los defensores del régimen de no proliferación.

El acuerdo permitiría a EE.UU. compartir tecnología nuclear con los saudíes sin las salvaguardas adecuadas que impedirían que los materiales se utilicen en programas de armas nucleares, según advierten los críticos.

El anuncio se produce en un contexto de tensión regional, donde Arabia Saudí ha manifestado en repetidas ocasiones su interés por desarrollar una capacidad nuclear civil, pero sin descartar abiertamente la opción militar, especialmente ante el programa atómico de Irán. Si el Congreso aprueba el pacto, podría sentar un precedente en Oriente Próximo y reavivar el debate sobre la proliferación nuclear.

La administración de Donald Trump tiene previsto firmar este miércoles un acuerdo nuclear civil con Arabia Saudí que permitirá a Riad desarrollar infraestructura nuclear. El pacto, que se anunciará en Washington, refuerza la alianza estratégica bilateral pero genera inquietud entre los aliados de Estados Unidos en la región, especialmente Israel, ante el riesgo de proliferación.

Implicaciones estratégicas del acuerdo

Según ha adelantado el grupo de análisis Defense Priorities, el acuerdo incluiría la posibilidad de que Arabia Saudí enriquezca uranio en su territorio, una capacidad que, aunque civil, puede ser utilizada para fines militares. El organismo advierte de que la medida «corre el riesgo de transformarse en una garantía de seguridad estadounidense» para Riad, lo que podría alterar el equilibrio de poder en Oriente Próximo.

El presidente Trump, que ha priorizado los lazos con el reino saudí durante su mandato, defiende el pacto como una vía para diversificar las fuentes de energía y contrarrestar la influencia de Irán en la región. No obstante, la decisión de permitir el enriquecimiento de uranio en territorio saudí ha suscitado dudas entre los aliados europeos y en el propio Congreso de Estados Unidos, donde varios senadores han expresado su preocupación por la posibilidad de una carrera nuclear en Oriente Próximo.

Reacciones y consecuencias

En Israel, las autoridades han seguido con atención los detalles del acuerdo. Aunque Tel Aviv no se ha pronunciado oficialmente, fuentes diplomáticas citadas por medios estadounidenses indican que el Gobierno israelí presiona para obtener garantías explícitas de que Arabia Saudí no desarrollará armas nucleares. Por su parte, la Unión Europea, que mantiene contactos regulares con Washington sobre no proliferación, ha pedido transparencia en los términos del acuerdo.

El pacto nuclear civil con Arabia Saudí se enmarca en la estrategia de la administración Trump de estrechar vínculos con los países del Golfo frente a Irán y China. Sin embargo, analistas de Defensa Priorities subrayan que la inclusión de la cláusula de enriquecimiento podría sentar un precedente peligroso para otros países de la región, como Emiratos Árabes Unidos o Egipto, que también han mostrado interés en la energía nuclear.

Estados Unidos y Arabia Saudí negocian un acuerdo de cooperación nuclear civil que permitiría a Riad enriquecer uranio en su territorio. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado su visto bueno al pacto, según fuentes oficiales alemanas. La posibilidad de que Arabia Saudí desarrolle su propio ciclo de combustible nuclear ha desatado críticas entre quienes advierten del riesgo de una carrera armamentística en Oriente Medio.

El acuerdo, que se enmarca en los esfuerzos de Arabia Saudí por acceder a tecnología nuclear con fines civiles, contempla la capacidad de enriquecimiento de uranio, un punto especialmente sensible por su potencial uso militar. Los críticos alertan de un „atomaren Wettrüsten in der Region“ (una carrera armamentística nuclear en la región), en referencia al histórico rival regional de Riad, Irán.

La administración estadounidense no ha hecho declaraciones oficiales sobre el contenido exacto del memorando. No obstante, la concesión del enriquecimiento in situ representa un giro respecto a la política estadounidense tradicional, que en acuerdos similares con otros países ha exigido la renuncia a esa capacidad.

Implicaciones para la no proliferación

El posible entendimiento llega en un momento de máxima tensión en Oriente Medio, donde Irán continúa su programa nuclear enriquecido al 60% y mantiene un pulso diplomático con las potencias occidentales. Para Arabia Saudí, contar con un ciclo de combustible propio supondría un salto cualitativo en su autonomía energética, pero también encendería las alarmas en Israel y entre los defensores del régimen de no proliferación.

Arabia Saudí es signataria del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), pero la posesión de tecnología de enriquecimiento en un entorno regional inestable genera dudas sobre sus compromisos. El acuerdo aún debe ser ratificado por el Congreso estadounidense, donde podría enfrentar una fuerte oposición bipartidista, según informó la agencia de noticias alemana DPA citando fuentes diplomáticas.

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha impuesto un arancel del 25% sobre la mayoría de las exportaciones brasileñas, una medida que había sido anticipada por las autoridades brasileñas durante semanas. El arancel entrará en vigor el próximo 22 de julio, según informó la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

La USTR justificó la medida como el cierre de una investigación iniciada en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al organismo para investigar las prácticas comerciales de otros países y recomendar aranceles si las considera injustas o discriminatorias. Entre las razones citadas por Washington se incluyen el sistema de pagos digitales brasileño Pix, los aranceles brasileños al etanol, la deforestación de la Amazonia y la negativa de Brasilia a plegarse a las exigencias de las plataformas tecnológicas estadounidenses en materia de moderación de contenidos.

Aunque los aranceles afectan a una porción relativamente pequeña del total de las exportaciones brasileñas, se sustentan en una base legal sólida, lo que dificulta una impugnación por parte de Brasil. La medida podría tener repercusiones políticas internas en Brasil, especialmente para figuras como Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que podría verse afectado por la escalada comercial entre ambos países.

La imposición de este arancel, que supone el 25% sobre la mayoría de los productos brasileños, se enmarca en un contexto de tensiones comerciales entre ambas naciones. Brasil es un socio estratégico de España en Iberoamérica y el Mercosur, por lo que el gravamen podría tener implicaciones indirectas en las cadenas de suministro que afectan a empresas españolas con intereses en la región.

No hizo falta ni que comenzara, el Mundial de fútbol masculino nos mandó un primer recordatorio incluso antes de que se celebrase el primer partido: las fronteras son crueles, arbitrarias y no suelen atender a razones. Da igual que el árbitro somalí Omar Abdulkadir tuviera el pasaporte en la mano y el encargo de pitar en la Copa del Mundo. Tras 11 horas de interrogatorio, parece que pesó más lo de somalí –sospechoso por decreto de Trump– que lo de árbitro, y fue devuelto a su país.

La segunda lección vino poco después de la mano del presidente de la FIFA, y es la respuesta que da casi siempre el poder ante cualquier problema. La dio Infantino sobre la expulsión de Omar, pero vale también para el cambio climático, una hambruna, un genocidio a miles de kilómetros, o un desahucio en tu barrio: “Es una lástima, pero no controlamos todo, así que es mejor que se relajen”. Relax and chill, dijo el colega, si es que es para hacerse camisetas con la frase.

Pero para enseñarnos de verdad cómo funciona el mundo, tuvimos que esperar hasta la fase de eliminatorias. Las reglas están, pero se retuercen hasta el infinito, como toallas a las que se quiere sacar la última gota de agua. Los dobles raseros son sangrantes (muchas veces, en el peor sentido de la palabra). Los poderosos actúan sin miramientos, y ya ni el qué dirán parece salvarnos de los mayores despropósitos. Así que si el delantero estrella de Estados Unidos recibe una tarjeta roja y está sancionado por tanto para el partido siguiente, el presidente Trump hace una llamada a su amigo Infantino, y, oh qué coincidencia, justo después el serio e incorruptible comité arbitral de la FIFA hace desaparecer la sanción y el delantero Folarin Balogun juega sin problemas. Estas cosas se han hecho de toda la vida, pero de tapadillo. La diferencia es que Trump presume en sus redes de algo que, así a bote pronto, podría calificarse de tráfico de influencias.

Si cambiamos “delantero” por “presidente” o “jefe del ejército”, y “tarjeta roja” por acusación de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad, quizás podamos ver con mayor claridad cómo funcionan los engranajes de eso que llaman pomposamente realpolitik. Luego Bélgica le metió cuatro goles a Estados Unidos y asunto arreglado. Como no hay rastro de la Justicia en mayúsculas, tendremos que conformarnos con la poética.

Pero no nos engañemos, esto no es nada nuevo. Como tampoco lo son las injusticias, o el mirar hacia otro lado si quien comete la barbarie es uno de los nuestros. Y si no, que se lo pregunten a los palestinos, bombardeados en Gaza y acosados cada día por colonos en Cisjordania. Antes con el –presuntamente– sensato Biden, ahora con el alocado Trump, y en cualquier momento con quienes están al mando de la Unión Europea. Es lo mismo, solo que ahora con más des-facha-tez (dentro sintonía del club de la comedia).

El Mundial, el deporte, el fútbol, hacen que aflore lo que somos, lo que pensamos de verdad. En ese sentido, solo cabe celebrar que Rajoy siga soltando sus marianadas y ayude a visibilizar el racismo campechano. Ese que rebosa estos días en los sofás, las barras de bar y los grupos de Whatsapp, que tampoco quiere meter a nadie en un campo de concentración y que por eso más que racismo se podría llamar casi sentido común… Sí, se basa en discriminar por la piel, por el origen, por la religión, pero de forma amable, en formato chascarrillo, casi de broma. Y además no entiende de fronteras. Le cuesta entender igual por qué un señor nacido en Francia de abuelo argelino o senegalés sigue siendo francés; y que un español no sea blanco, católico y se apellide Pérez o González. Lo de toda la vida. Démosles cariño estos días porque cada victoria de la selección hasta la final ha sido un desafío mental para ellos, y ya no saben si cuando sale Lamine por la tele llamarle moro (con el puto delante si falla el tiro o el regate) o ponerse a hacerle la ola.

También hay cosas que no cambian, haya o no fútbol. Israel sigue matando en Gaza a personas tan peligrosas como Mohamed al Wahidi, que montó una pantalla gigante para ver el Mundial entre los escombros. Y hay gente como el entrenador de Egipto o Javier Bardem que siguen aprovechando cada oportunidad que tienen para denunciarlo. Parece que argentinos e ingleses siguen odiándose bastante, pero al menos el honor patrio hoy lo decide un marcador de dos goles a uno, no de cientos de jóvenes que pierden la vida en una isla perdida. La FIFA sigue teniendo presidentes impresentables que tienen una increíble habilidad para elegir las sedes más turbias: Rusia, Qatar, Estados Unidos. El próximo en 2030, España junto a Marruecos y Portugal. Ahí veremos con claridad el nivel de desfachatez que alcanzamos en los próximos cuatro años.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en La Directa.

La palabra imperialismo vuelve a estar en boca de todos. La geopolitización de las relaciones internacionales, así como el marcaje territorial, la política de la fuerza, el nacionalismo expansionista y la coerción económica y militar, hacen difícil encontrar una mejor manera de describir las disputas en el tablero global. El principal motivo de este conflicto a gran escala es que vivimos en un tiempo liminal, un intervalo entre un estado anterior y uno nuevo, el interregno entre la unipolaridad estadounidense surgida del final de la Guerra Fría y la multipolaridad que reivindican las potencias medias y emergentes.

Ante la intensidad y la velocidad de los cambios globales, que tienden a invisibilizar otros ritmos y horizontes políticos, este texto nace con la voluntad de contribuir a la construcción de un antiimperialismo popular que responda al contexto y ponga en valor resistencias y alternativas.

Recursos, propaganda y desgaste social

Las diferentes dimensiones del embate imperial exigen una respuesta antiimperialista que vaya más allá del campismo —la idea de que “los enemigos de mis enemigos son mis amigos”— y también de la condena selectiva que, por ejemplo, señala al imperialismo ruso mientras blanquea el imperialismo yanqui.

Es precisamente el imperialismo estadounidense, hoy encabezado por Donald Trump, quien está dinamitando las ya frágiles relaciones internacionales desde una lógica abiertamente transaccional. El afán por controlar recursos estratégicos —desde las tierras raras de Ucrania hasta el potencial gasístico de Gaza, pasando por el petróleo venezolano o los hidrocarburos de Irán— está reconfigurando aceleradamente las alianzas globales y, al mismo tiempo, se utiliza como instrumento de confrontación contra China.

Ahora bien, el imperialismo actual no solo opera mediante el expolio de recursos. También actúa como una fuerza destructiva con profundos efectos psicosociales: normaliza la violencia, alimenta la impotencia, la ansiedad y la apatía, y favorece el aislamiento. En su versión trumpista, la dimensión comunicativa se convierte en un elemento central para producir este impacto. Por un lado, busca saturar el espacio público con un flujo constante de mensajes que hegemoniza los canales de comunicación. Por otro, pretende desplazar la ventana de Overton, ampliando los límites de lo políticamente aceptable. El vídeo “Trump Gaza” es un ejemplo claro: una apuesta por normalizar lo grotesco.

La acción imperialista y su aparato propagandístico también penetran en el ámbito militante, generando fatiga, frustración y pérdida del sentido de la lucha. Este desgaste se explica, en parte, por la hiperresponsabilización y la incoherencia que implica reconocerse como pieza de un sistema estructuralmente injusto. Ulrich Brand definía esta realidad como “modo de vida imperial”: una forma de vida propia del Norte Global, sostenida sobre la explotación de territorios y ecosistemas ajenos, presentada falsamente como universal pero profundamente insostenible e injusta, y reproducida transversalmente por amplias capas sociales.

La sustancia del antiimperialismo popular

Podríamos definir el antiimperialismo popular como una crítica a la expansión política, económica y cultural de potencias dominantes sobre otros territorios, otorgando protagonismo a las formas de oposición que surgen desde las clases populares (trabajadoras, campesinas, colectivo LGTBIQ+, personas racializadas, pueblos indígenas, etc.).

La esencia del concepto puede encontrarse en diferentes tradiciones que van desde el marxismo de Vladimir Lenin o Rosa Luxemburgo, el decolonialismo de Frantz Fanon o Ho Chi Minh, hasta movimientos contemporáneos como el zapatismo y los movimientos indígenas, feministas y ecologistas, principalmente en el Sur Global.

En este sentido, diversas voces reivindican un antiimperialismo popular capaz de superar el campismo y el reduccionismo geopolítico. Ashley Smith alerta contra la lectura de los conflictos únicamente como disputas interimperialistas y rechaza la idea de Washington como fuerza positiva global. Al mismo tiempo, Anticapitalistas sitúa en el centro el apoyo a Palestina, el antirracismo, los derechos de las personas migrantes y la oposición al militarismo, mientras que Catarsi Magazine defiende la autonomía política de las resistencias y el anticolonialismo como respuesta a la extrema derecha. Finalmente, Walaa Alqaisiya reivindica un feminismo palestino antiimperialista que articule género, clase y liberación colectiva frente al colonialismo y al pinkwashing israelí.

Por tanto, el antiimperialismo popular debe articular la confrontación con el orden geopolítico actual junto con una transformación de las formas de producción y reproducción, orientada a superar las dinámicas de acumulación, sosteniendo la vida y defendiendo a las clases populares. Esto implica disputar el control de los recursos estratégicos y rechazar que la crisis ecológica se resuelva mediante una nueva expansión extractiva sostenida sobre el saqueo territorial, la dependencia tecnológica y la subordinación del Sur Global. La reconfiguración industrial impulsada por los bloques occidentales —desde las cadenas de minerales críticos hasta la consolidación de una economía orientada al rearme— no representa una ruptura con el modelo anterior, sino su adaptación militarizada.

Esta confrontación también exige situar la movilidad humana y la reproducción social en el centro del análisis político. Las fronteras y los regímenes migratorios actúan como mecanismos que legitiman internamente el autoritarismo y la excepcionalidad permanente. En este contexto, las luchas feministas, antirracistas, campesinas, indígenas y migrantes no pueden entenderse como frentes complementarios, sino como espacios centrales de confrontación con un modelo que mercantiliza los territorios, erosiona las condiciones materiales de la vida y externaliza los costes sociales y ecológicos hacia los colectivos precarizados y vulnerabilizados.

Esto implica reconocer como parte de la lucha antiimperialista diversas formas de resistencia popular ya existentes, que operan en diferentes escalas pero responden a una misma lógica de confrontación con el expolio, el racismo y la militarización. En Estados Unidos, destacan las redes de vigilancia comunitaria y apoyo mutuo impulsadas por organizaciones de base que alertan y protegen a las comunidades migrantes frente a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como el movimiento autoorganizado migrante y antirracista ¡Regularización Ya!, centrado en la regularización y la defensa de los derechos de las personas sin papeles en el Estado español.

En el ámbito de los recursos, encontramos las resistencias al extractivismo verde del pueblo sami frente a la expansión de proyectos mineros de tierras raras que amenazan sus territorios y formas de vida, y las luchas de las comunidades lickanantay en el desierto de Atacama contra la extracción de litio vinculada a grandes corporaciones transnacionales. En la misma línea, en Cataluña, la Revoltes de la Terra denuncia y confronta la presencia de la empresa minera sionista ICL en el Bages, señalando los impactos ecológicos y las violaciones de derechos humanos derivadas de su actividad. Finalmente, en Europa, se cuestiona la deriva de la industria alemana —con casos como Volkswagen— por su implicación en cadenas de producción vinculadas a sistemas militares como la “Cúpula de Acero”, que ejemplifica la creciente integración entre el sector automovilístico y el complejo militar-industrial israelí.

Al mismo tiempo, diversas experiencias recientes en territorios directamente impactados por el imperialismo insisten en la necesidad de una autonomía política popular frente a las injerencias imperiales y las élites locales. El Sindicato de Trabajadores de los Autobuses de Teherán rechazaba tanto a las potencias extranjeras como el retorno monárquico impuesto “desde arriba” como vías de liberación para las clases populares iraníes. En una línea similar, el Comité Nacional de Conflicto venezolano denunciaba tanto la disputa entre imperialismos como la deriva proimperialista del gobierno de Delcy Rodríguez. Desde Palestina, Queers in Palestine rechaza la instrumentalización colonial de las disidencias sexuales para justificar violencia imperialista y genocida, negando que los derechos LGTBIQ+ puedan utilizarse como criterio para deshumanizar a pueblos colonizados.

Las tareas del antiimperialismo popular en el tiempo liminal

La buena noticia es que ya tenemos mucho trabajo hecho. Es importante que nuestros proyectos políticos no sean víctimas de un contexto lleno de excepcionalidades. Una de las tareas más importantes, en un presente discontinuo, es dar continuidad a nuestros horizontes políticos sin renunciar a un margen de maniobra suficiente para poder responder a los cambios del contexto.

Dentro de este margen de maniobra y en el marco de un antiimperialismo popular, es necesario articular un conjunto de propuestas que permitan responder a las diferentes dimensiones del embate imperial y a sus expresiones contemporáneas.

En primer lugar, el desarme debe plantearse como una condición material para reducir la capacidad de proyección de violencia de los bloques imperiales y de los Estados que los sostienen. Esto implica oponerse al atlantismo y al aumento de los presupuestos militares, a la expansión de la industria armamentística y de la industria dual —civil y militar—, y a la normalización de la guerra como instrumento político.

En segundo lugar, es necesario avanzar hacia una ruptura con la subordinación estructural a Estados Unidos, entendiéndolo como eje central del orden imperial contemporáneo. Esto supone cuestionar las dependencias metabólicas, económicas, militares y políticas, así como las alianzas que sostienen este orden, con el objetivo de abrir espacios de autonomía para proyectos populares.

En tercer lugar, es necesario desarrollar una práctica antirracista y decolonial que permita identificar y combatir las formas de dominación que sostienen el orden global actual. Esto implica analizar las bases materiales de la explotación colonial y neocolonial, desmontar las lógicas de acumulación capitalista y confrontar los discursos racistas y deshumanizadores que las legitiman.

Por último, es imprescindible responder al afán extractivo sobre los recursos naturales y territoriales, que estructura gran parte de las relaciones Norte-Sur y que se entrelaza con la emergencia climática y la crisis de la reproducción social. Esta respuesta implica defender la soberanía sobre los bienes comunes y oponerse a las lógicas de acumulación que destruyen ecosistemas y despojan a las comunidades, al tiempo que se sitúa en el centro la sostenibilidad de la vida. Esto supone reforzar las redes comunitarias, los servicios públicos y las condiciones materiales que hacen posible la vida cotidiana, disputando el sentido de lo que significa vivir dignamente fuera de las dinámicas de mercado, explotación y colapso ecológico.

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Dicen que los datos son fríos. Es posible, pero también pueden ser esclarecedores, y ser capaces de resumir lo que podría calificarse de despropósito global. Uno de esos datos lo ofreció recientemente Tom Fletcher, responsable de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA): Estados Unidos gastó alrededor de 2.000 millones de dólares al día durante su ofensiva contra Irán; en menos de dos semanas habría superado la cifra de 23.000 millones, la financiación que busca el organismo para tratar de salvar 87 millones de vidas. La conclusión no puede ser más evidente: faltan fondos para sostener la vida, mientras que los recursos para la guerra parecen ilimitados.

Además, al poco de iniciarse los ataques simultáneos a Irán y Líbano, Naciones Unidas alertó sobre cómo las dificultades en el paso por el estrecho de Ormuz, así como el alza de precios de los combustibles, estaban encareciendo –cuando no directamente impidiendo– la entrada de ayuda humanitaria a zonas muy castigadas. Una situación que, de alargarse, pondría en riesgo la vida de 46 millones de personas, alertaban.

«Es la mayor perturbación de la ayuda desde la pandemia de la COVID-19», denuncian desde el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Sobrecostes en el transporte, mayores dificultades en la entrega, compras de menor cantidad de alimentos. Es decir, la guerra no solo acapara recursos que restringen el gasto en otras partidas, sino que ha hecho que el dinero destinado a los programas de cooperación sea menos efectivo.

Tijeras globales, desde Trump hasta Extremadura

Presupuestos para la guerra o para cooperación. Aunque no se trate de vasos comunicantes directos, en los que si baja una partida sube proporcionalmente la otra, lo cierto es que el elevado gasto militar escandaliza en mayor medida a instituciones humanitarias y ONG después de los recortes drásticos a nivel global que han sufrido en los últimos dos años.

Entre 2024 y 2025 la ayuda internacional habría perdido el 30% de sus fondos, debido sobre todo al desmantelamiento por parte de la Administración Trump de USAID. La mayor agencia de cooperación del mundo habría visto cómo se esfumaban el 90% de sus fondos. Pero Estados Unidos no está solo a la hora de coger las tijeras –o la motosierra– con las que recortar esta política, que además de salvar vidas de forma inmediata tiene entre sus objetivos crear condiciones para prevenir conflictos y luchar contra el cambio climático. Países como Alemania, Francia, Reino Unido y Japón han reducido también sus presupuestos. La Red Europea de ONG para el Desarrollo (CONCORD) destacaba cómo por tercer año consecutivo las instituciones de la UE y los Estados miembros han reducido el porcentaje de gasto que destinan a cooperación al desarrollo. En 2025 el descenso fue de casi el 10% respecto al ejercicio anterior.

En un momento en el que se debate si los países europeos deberían destinar hasta el 5% de sus presupuestos a «defensa», solo cuatro países en el mundo –Dinamarca, Luxemburgo, Noruega y Suecia– superaron el objetivo de invertir al menos el 0,7% de la renta nacional en cooperación. España, aunque aumentó ligeramente sus fondos, se quedó en el 0,27%. Es decir, muy lejos no solo del compromiso del 0,7% marcado para 2030 por la Ley de Cooperación, también por debajo de la media de los países de la UE.

Variación en el gasto

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo confirma que asistimos al «mayor recorte de la historia, en un contexto global enormemente complejo». En declaraciones a La Marea, su presidente Javier Ruiz, afirma que «las políticas de ataque directo a la cooperación están avanzando en todo el planeta y tienen consecuencias incalculables sobre millones de personas». Ruiz considera «muy preocupante» el hecho de que esta ola de recortes internacional esté permeando a todos los niveles y haya llegado hasta los recientes acuerdos de gobierno en comunidadescomo Aragón y Extremadura como parte de una estrategia nacional que persigue «el desmantelamiento de las políticas sociales».

Un marcador dramático

«Mis hijos no comen bien y el pequeño siempre está enfermo. Solo puedo permitirme enviar a tres de mis seis hijos a la escuela. En lugar de continuar con su educación, mi hijo mayor cuida de sus hermanos pequeños cada vez que yo voy a trabajar». Es el lamento desesperado de Nawal, una mujer sudanesa que vive en El Cairo y que nos llega a través de ACNUR.

La agencia para los refugiados de Naciones Unidas es una de las organizaciones que se ha visto más afectada por la falta de financiación. El pasado 16 de abril alertaba de que ya había tenido que reducir las ayudas a la mitad de las 20.000 familias sudanesas refugiadas en Egipto. Hasta ese momento solo había recibido el 2% de lo necesario para mantener los programas en este país, por lo que, si no llegan nuevos fondos, advierten que tendrán que paralizar todas las ayudas que ofrecen.

Las cifras bailan, oscilan según la fuente, se actualizan, pero sobre todo preocupan porque resulta imposible calibrar el sufrimiento que representan. Según la revista sanitaria Lancet, los actuales recortes por parte de los países más ricos podrían provocar entre 9,4 y 22,6 millones de muertes más desde hoy hasta 2030. La mayoría de ellas en África.

La Universidad de Boston ha creado ImpactCounter, un dramático marcador que ya alcanza las 780.000 muertes prematuras debido a los recortes en la financiación únicamente de los programas del USAID. De ellas, más de medio millón habrían sido de niñas y niños.

«Decisiones desgarradoras»

Las principales organizaciones de desarrollo ya han empezado a tener que elegir qué proyectos pueden continuar, y hacen cálculos sobre cómo retrasar lo más posible el cierre de programas vitales para millones de personas. En un informe de la Asociación Española de Fundraising sobre el impacto de los recortes por parte de Estados Unidos, Save the Children reconocía haber tenido que tomar «decisiones desgarradoras para interrumpir programas que tratan a niños y niñas gravemente desnutridos o que proporcionan atención médica a recién nacidos que viven en zonas de guerra». Unas medidas que según la ONG afectarán a más de 10 millones de personas en lugares donde persiste la amenaza de la guerra y la violencia, como República Democrática del Congo o Sudán.

Desde Acción contra el Hambre apuntan cómo los recortes les han obligado a reducir personal y reestructurar operaciones, y destacan cómo la reducción de programas nutricionales amenaza la vida de medio millón de personas en países del Sahel como Níger o Mali. UNICEF, por su parte, lamenta que los recortes en la Ayuda Oficial al Desarrollo pongan en peligro los avances realizados en mortalidad infantil desde el año 2000. Millones de niños y niñas en todo el mundo corren ya mayor riesgo de contraer enfermedades y sufrir violencia según la agencia internacional para la infancia. En Afganistán, nueve millones de mujeres dejarán de recibir servicios de salud básicos como los relacionados con el embarazo y la maternidad.

Hace unas semanas, la tripulación de la nave Artemis II envió un mensaje durante su viaje hacia la Luna al contemplar nuestro planeta en su totalidad. «Desde aquí arriba somos una sola cosa: homo sapiens, todos nosotros, sin importar de dónde vengas ni cómo seas, somos un solo pueblo». No parece que el mensaje haya calado entre quienes optan por dedicar cada vez más fondos a la guerra y menos a cooperar.

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La ciudad de Mineápolis vuelve a ser el epicentro de la indignación nacional. Bajo un frío intenso, cientos de residentes se congregaban en el lugar donde el enfermero Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, fue abatido por agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La indignación aumenta al igual que las protestan por lo que consideran una toma de la ciudad demócrata por parte del Gobierno federal.

La muerte de Pretti, ocurrida este sábado poco después de las nueve de la mañana, se produce tan solo 17 días después que Renée Nicole Good, quien también tenía 37 años y falleciera en circunstancias similares a manos de agentes federales el pasado 7 de enero. Pretti, empleado del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU., no era un desconocido para el activismo local: había participado activamente en las protestas por el asesinato de Good y en las protestas por el asesinato de George Floyd antes de convertirse en la nueva víctima de un operativo de ICE.

El asesinato de Pretti trascendía las fronteras de Minnesota para convertirse en un clamor de indignación nacional. Este sábado, diversas estrellas de Hollywood aprovecharon su paso por la alfombra roja del Festival de Cine de Sundance para denunciar el asesinato del enfermero estadounidense, elevando la presión mediática sobre el Gobierno de Estados Unidos.

Las imágenes de este nuevo asesinado del ICE circula por redes sociales, especialmente podemos ver análisis detallados en YouTube permitiendo así mostrar distintas perspectivas del incidente, al igual que sucedió con Renée Nicole Good, para así contradecir la narrativa del Gobierno.

• La versión oficial: Las autoridades federales sostienen que Pretti obstaculizaba la operación, portaba una pistola y tenía la intención de «provocar una masacre», cuando las imágenes muestras que solo llevaba su móvil para grabar lo sucedido.
• La evidencia ciudadana: Vídeos grabados por testigos oculares y analizados por distintos medios como muestran una secuencia distinta. En las imágenes se observa a Pretti auxiliando a una persona que había sido empujada por los agentes, sin que en ningún momento se aprecie que estuviera armado o representando una amenaza letal.

Análisis de la secuencia: Al igual que en el caso de Renée Good, el análisis detallado de los vídeos de testigos se ha convertido en el documento crucial para desmentir las acusaciones de «defensa propia» esgrimidas por el ICE.

Para seguir la evolución de este caso en redes sociales puedes seguir las etiquetas: #AlexPretti #JusticeforAlex #Minneapolis #ICE

Desde este observatorio, recordamos que el registro visual de los testigos oculares y de la ciudadanía activa es un derecho fundamental que permite la rendición de cuentas. La muerte de Pretti, un profesional de la salud dedicado a salvar vidas, subraya la urgencia de una investigación independiente, tal como ha vuelto a exigir el alcalde Jacob Frey ante la creciente presión en el Congreso.

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La indignación continúa en las calles de Mineápolis tras el fallecimiento de Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, abatida por los disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El incidente tuvo lugar en una zona de alta actividad comercial inmigrante, a menos de dos kilómetros del sitio donde  George Floyd falleció en 2020.

Numerosos medios de comunicación han analizado los vídeos ciudadanos y las grabaciones de seguridad para entender los hechos. Estos vídeos nos muestran distintas perspectivas, ofreciendo imágenes precisas frente a la versión de «defensa propia» esgrimida por el gobierno federal. Las manifestaciones de indignación no han cesado desde entonces.

Mientras la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, y el presidente Donald Trump han calificado el acto como «defensa propia» frente a una amenaza de «terrorismo doméstico», las autoridades locales mantienen una postura crítica. El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, ha solicitado formalmente el cese de operaciones de ICE en la ciudad y ha respaldado las peticiones en el Congreso para una investigación independiente.

La organización ciudadana Unicorn Riot (@UR_Ninja) —nacida tras las protestas por el asesinato de George Floyd—, nos muestran como la documentación vecinal es fundamental para la fiscalización de las agencias de seguridad. Unicorn Riot continúa publicando hilos de vídeo en su cuenta de X (@UR_Ninja) y de Instagram.

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Este caso se suma a una lista creciente de muertes vinculadas a operativos del ICE, lo que ha llevado a organizaciones de derechos humanos a exigir una revisión de los protocolos de intervención en zonas urbanas. La muerte de Good es vista por los manifestantes no como un hecho aislado, sino como parte de una política de «tolerancia cero» que prioriza la fuerza sobre la desescalada.

11 de enero de 2026 se documentó el arresto de un manifestante de edad avanzada tras ser atacado con bolas de pimienta por agentes federales. El vehículo del manifestante fue confiscado y remolcado en un operativo captado por testigos.

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El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, tras revisar la evidencia disponible, ha solicitado formalmente el cese de operaciones de ICE en la ciudad y apoya una investigación independiente en el Congreso.

Si quieres estar informado, puedes consultar la cronología de los hechos tras las etiquetas: #ReneeNicoleGood y #MinneapolisShooting.

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Por John Feffer, autor de la novela distópica Splinterlands y director de Foreign Policy In Focus en el Institute for Policy Studies. 

Traducido por Sinfo Fernández para ‘Voces del Mundo’

Extraído de Lo Que Somos

Donald Trump tiene sin duda ambiciones globales. Está utilizando los aranceles para remodelar la economía mundial. Está retirando a Estados Unidos del mayor número posible de organizaciones y acuerdos multinacionales con el fin de destruir el orden internacional liberal. Y ha alternado entre enfrentarse a adversarios (como Irán) y negociar un alto el fuego (como el de Gaza).

Pero también tiene objetivos hemisféricos: consolidar la hegemonía estadounidense en el “patio trasero” de América Latina y el Caribe. En cierto modo, estos objetivos no son más que una versión a pequeña escala de sus ambiciones globales. Aquí también está imponiendo aranceles tanto a aliados como a adversarios. Ha amenazado con retirar a Estados Unidos de pactos multinacionales como la Organización de Estados Americanos. Ha apoyado a amigos autocráticos —Nayib Bukele de El Salvador, Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador— y ha tratado de castigar a cualquiera que se le haya enfrentado, incluidos Lula en Brasil y Gustavo Petro en Colombia.

En este contexto, su política hacia Venezuela parece apartarse de su enfoque habitual hacia los adversarios de Estados Unidos, que suele consistir en negociaciones transaccionales (como con Corea del Norte y Bielorrusia) o, más frecuentemente, en amenazas y acciones no militares (como con China y Rusia). En los últimos meses, por el contrario, la administración Trump ha atacado a casi dos docenas de embarcaciones en el Caribe y el océano Pacífico oriental, y ha matado a más de 80 personas, a la mayoría de las cuales la administración ha intentado vincular con Venezuela. Estados Unidos ha puesto precio (50 millones de dólares) a la cabeza del líder venezolano Nicolás Maduro. Ha enviado una considerable potencia de fuego a la región, incluyendo aviones F-35, ocho buques de guerra de la Armada, un buque de operaciones especiales, un submarino de ataque de propulsión nuclear y el portaaviones USS Gerald R. Ford, junto con aproximadamente 10.000 soldados estadounidenses y 6.000 marineros. Por si fuera poco, la administración también ha anunciado el envío de una misión de la CIA a Venezuela.

Esta fuerza militar es suficiente para llevar a cabo una guerra aérea sostenida contra Venezuela. Sin embargo, un asalto anfibio o una invasión terrestre requerirían de al menos 50.000 soldados, según el CSIS, por lo que aún no parece estar en el horizonte. Trump ha sugerido que la guerra es improbable, pero rara vez revela sus planes con antelación. Por el momento, esta demostración de fuerza parece diseñada para intimidar a Maduro y obligarlo a dimitir o para envalentonar a la oposición o a elementos del ejército para que tomen el poder.

En otros países, su gobierno no ha dudado en amenazar con acciones militares (como en Groenlandia) o incluso usar la fuerza (como en Irán). Pero la campaña contra Venezuela es de una magnitud mucho mayor. La declaración de “guerra” contra los “narcoterroristas” proporciona a ese gobierno una justificación casi ilimitada para matar a cualquiera que se considere una amenaza para los intereses nacionales de Estados Unidos. Trump ha criticado periódicamente a gobiernos anteriores por su participación en “guerras eternas”, un mensaje populista que caló hondo en muchos votantes. Sin embargo, esta nueva versión de la guerra eterna contra las drogas, con objetivos imprecisos y sin un cronograma claro, no ha suscitado muchas críticas por parte de los partidarios republicanos de Trump. Una votación en el Senado para invocar la Ley de Poderes de Guerra fracasó por un estrecho margen, al obtener sólo dos votos republicanos.

A primera vista, la estrategia de Trump para señalar a Venezuela parece más oportunista que estratégica. El gobierno venezolano, especialmente después de que las elecciones presidenciales de 2024 revelaran un descontento generalizado con el régimen, es relativamente débil. La economía venezolana sufre la tasa de inflación más alta del mundo y una grave erosión del nivel de vida. De la misma manera en que Trump bombardeó Irán sólo después de que Israel hubiera hecho que dicha misión estuviera prácticamente libre de riesgos, está presionando a Venezuela porque su modesto tamaño, debilidad militar y gobierno impopular la convierten en un blanco fácil.

Pero Cuba también sufre desafíos internos similares y (aún) no ha merecido una campaña de presión estadounidense a gran escala. Venezuela ha suministrado petróleo a Cuba durante las últimas dos décadas, evitando que su economía colapsara. Sin embargo, ese comercio ha disminuido sustancialmente, de 56.000 barriles diarios a tan sólo 8.000 en junio de 2025. Actores clave de la administración Trump, en particular el secretario de Estado Marco Rubio, llevan mucho tiempo abogando por un cambio de régimen en Cuba. Por lo tanto, una posible explicación de la campaña contra Venezuela es su capacidad para aislar aún más a Cuba y posiblemente desencadenar un cambio de régimen allí como parte de una nueva teoría del efecto dominó sostenida por algunos sectores de la administración.

Sin embargo, el equipo de Trump no está del todo unificado en su enfoque hacia Venezuela. Un ala neoaislacionista ha estado presionando contra las estrategias de cambio de régimen. Hasta hace poco, el enviado de Trump a Venezuela, Richard Grinnell, impulsaba esta postura, y Maduro se mostró más que receptivo a una solución diplomática. Según The New York Times, Maduro “ofreció abrir todos los proyectos petroleros y auríferos existentes y futuros a empresas estadounidenses, otorgar contratos preferenciales a empresas estadounidenses, revertir el flujo de exportaciones petroleras venezolanas de China a Estados Unidos y recortar drásticamente los contratos energéticos y mineros de su país con empresas chinas, iraníes y rusas”. Ni siquiera esta generosa oferta, que rozaba lo servil, logró convencer a Trump.

El oportunismo no explica del todo la magnitud de los esfuerzos de Trump en Venezuela y sus alrededores. Tampoco lo hace la conocida animadversión hacia Maduro que se remonta a su primer mandato. Aunque los instintos de Trump son generalmente transaccionales, de vez en cuando realiza cálculos geopolíticos. En este caso, Venezuela atrae su atención porque, a diferencia de Cuba, se encuentra en la encrucijada de varias obsesiones: la inmigración, las drogas, los combustibles fósiles y China.

Expulsar a China del hemisferio

China es ahora el principal socio comercial de Sudamérica y el segundo de América Latina en su conjunto. La región envía a China materias primas como soja, cobre y petróleo a cambio de productos manufacturados. La Iniciativa de la Franja y la Ruta de China ha canalizado inversiones considerables hacia proyectos de minería, agricultura e infraestructura en toda América Latina. Pekín también ha abierto múltiples líneas de crédito para los países de la región. Venezuela es el mayor prestatario, con una deuda de 60.000 millones de dólares con China, el doble de la del siguiente mayor receptor, Brasil.

La administración Trump se centra en desvincular la economía estadounidense de la china. Su mayor ambición es desvincular todo el hemisferio, empezando por América del Norte. Su estrategia hasta el momento en las negociaciones con Canadá y México, que se llevarán a cabo de forma bilateral o trilateral mediante la renegociación del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, ha sido cerrar el acceso de China a los mercados norteamericanos mediante el bloqueo del transbordo de productos terminados chinos, la reducción de la cantidad de piezas y componentes chinos en la cadena de suministro y la restricción de la inversión china en plantas de fabricación que luego exportan a Estados Unidos. Trump está obsesionado con los intentos chinos de entrar al mercado norteamericano a través de estas puertas traseras, aunque el uso chino de estas estrategias es bastante modesto. Los negociadores comerciales estadounidenses han estado presionando a sus homólogos mexicanos y canadienses para que bloqueen estos puntos de entrada al mercado estadounidense.

Trump está ejerciendo presiones similares sobre otros líderes latinoamericanos. Comenzó presionando a Panamá para que se retirara de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Más recientemente, ha centrado su atención en Argentina, que es el segundo socio comercial más importante de China en la región después de Brasil. China ha invertido en varios proyectos importantes de infraestructura en Argentina, incluyendo dos represas hidroeléctricas, un observatorio espacial y la construcción de otra central nuclear. Trump, mientras tanto, ha otorgado un paquete de rescate de 20.000 millones de dólares a Milei para prevenir una crisis económica, dejando clara su preferencia por que Argentina degrade su relación con China.

Se ha hablado mucho de que Trump recurra a una estrategia geopolítica de “esferas de influencia”, por la que China se centra en Asia, Rusia en sus “países circundantes” y Estados Unidos en América. Esta división del mundo quizás se alinee con la preferencia de Trump por considerar la geopolítica como un negocio por otros medios, con diferentes regiones funcionando como territorio corporativo.

Pero Trump no está retirando a Estados Unidos del resto del mundo. Ha asegurado derechos mineros en Ucrania, ha negociado la participación estadounidense en un corredor de transporte entre Armenia y Azerbaiyán, y ha establecido acuerdos sobre minerales con el “club de naciones” (Australia, Camboya, Japón, Malasia y Tailandia). Y su administración está redoblando sus esfuerzos para contener a China mediante alianzas, la expansión de bases en el Pacífico y un mayor gasto del Pentágono.

Mientras tanto, la estrategia de Trump hacia las Américas se enfrenta a una considerable resistencia. México ha afirmado su soberanía respecto a su relación económica con China y su rechazo a la intervención militar estadounidense contra el narcotráfico. El gobierno brasileño se ha negado a dar marcha atrás en el procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro ante el aumento de los aranceles estadounidenses. Incluso Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa tiene una fuerte afinidad ideológica con Trump, no puede permitirse poner en peligro su relación con China, que ha implicado un considerable volumen de comercio, inversiones en infraestructuras y 11.000 millones de dólares en préstamos.

El esfuerzo de Trump por reducir la influencia económica china en la región tiene menos que ver con una estrategia geopolítica de “esferas de influencia” que con el deseo del presidente de reducir la dependencia de Estados Unidos —y, por extensión, la dependencia hemisférica— de Pekín. Quiere que las corporaciones, los bienes y el capital estadounidenses ocupen el primer lugar en América Latina, no en el sentido de una producción globalizada, sino en un sistema radial donde todas las decisiones clave y la fabricación se realicen en Estados Unidos.

Otros factores que impulsan la política trumpista hacia Venezuela

Donald Trump ganó la reelección en gran medida gracias a su enfoque en asuntos internos, especialmente en inmigración, drogas y política energética. Minimizó deliberadamente los asuntos internacionales, salvo para prometer el fin de varias guerras que le costaban dinero y armas a Estados Unidos.

Sin embargo, Venezuela reúne muchos de los objetivos nacionales de Trump. Si bien el país no es la principal fuente de cocaína ni fentanilo que entra en Estados Unidos, Trump ha caracterizado la operación criminal venezolana Tren de Aragua y al gobierno de Maduro como responsables clave de asesinatos de estadounidenses a través de las drogas. También ha utilizado el Tren de Aragua para vilipendiar a inmigrantes y ha hecho un gran alarde de la deportación de venezolanos presuntamente vinculados con la pandilla a una prisión de alta peligrosidad en El Salvador (pocos, si es que alguno, de los deportados tenían tales conexiones). La orden del gobierno que canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para aproximadamente 300.000 venezolanos residentes en Estados Unidos mencionaba repetidamente el Tren de Aragua.

Venezuela posee las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo, cinco veces más que las de Estados Unidos. Las compañías petroleras estadounidenses, principalmente Chevron, han colaborado con la petrolera estatal venezolana para producir y transportar petróleo. Trump inicialmente rompió esa relación, pero la restableció discretamente en julio. Simultáneamente, la administración Trump impuso un arancel adicional a los países importadores de petróleo venezolano. Sin embargo, las exportaciones petroleras venezolanas alcanzaron recientemente su máximo en cinco años, impulsadas principalmente por las ventas a China y favorecidas por la participación de Chevron en la producción.

Trump, por su parte, ha impulsado la expansión de sus intereses en combustibles fósiles en Estados Unidos, abriendo nuevas áreas de perforación, ofreciendo incentivos fiscales a las compañías de gas y petróleo, reduciendo la supervisión regulatoria y debilitando la competencia en energías limpias. Sin embargo, cualquier reorientación a largo plazo de la economía estadounidense hacia el petróleo requerirá acceso a otras fuentes. Rusia está fuera de la ecuación por el momento. Oriente Medio es impredecible. Venezuela es problemática si su gobierno decide restringir el acceso de Chevron o dar un trato preferencial a China o a algún otro cliente. Así pues, independientemente de lo conciliador que pueda ser Maduro en este momento, la administración Trump quiere garantizar un acceso seguro a los depósitos de Venezuela durante mucho tiempo en el futuro.

La administración Trump ha enmarcado su afán por asegurar materias primas críticas como el litio, las tierras raras y el petróleo como parte de su competencia con China. Sin embargo, China ha anticipado desde hace tiempo la centralidad de minerales clave —por ejemplo, al asumir el procesamiento de tierras raras de Estados Unidos hace algunas décadas— y se está alejando rápidamente de su propia dependencia de los combustibles fósiles. Por lo tanto, la administración Trump llega demasiado tarde y se centra demasiado en el objetivo equivocado.

Venezuela tampoco es el socio más importante de China en América Latina. Pero la administración Trump podría estar atacando a Maduro por ser el eslabón más débil. Según el adagio chino, hay que matar al pollo para asustar a los monos más poderosos. La creciente presión sobre Venezuela es una señal para que China y otros actores poderosos reduzcan sus inversiones en el hemisferio y, más aún, una advertencia para otros Estados latinoamericanos de que es mejor que sigan la línea de la administración Trump, o de lo contrario…

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