El programa Eurofighter ha iniciado las pruebas en vuelo del nuevo radar ECRS Mk1, un sistema AESA (barrido electrónico activo) que supone un salto cualitativo respecto a los radares anteriores. Este hito, alcanzado el 5 de junio de 2026, marca el paso de las fases de laboratorio a la validación operativa en condiciones reales, un paso intermedio hacia los futuros sistemas de combate aéreo de nueva generación, incluido el FCAS (Future Combat Air System).
Salto tecnológico hacia el combate real
Según fuentes del consorcio Eurofighter, el nuevo radar ECRS Mk1 ofrecerá capacidades mejoradas de detección, seguimiento y guerra electrónica. El inicio de las pruebas en vuelo permite evaluar su rendimiento en escenarios que se aproximan a los de un conflicto real. El radar está desarrollado por la industria europea, con una participación destacada de las empresas españolas, lo que refuerza la soberanía tecnológica en defensa.
Relevancia para el FCAS
Este radar es considerado un demostrador tecnológico clave para los sistemas de misión del FCAS, el programa europeo de caza de sexta generación. Las pruebas actuales validarán la arquitectura de sensores y la integración con los sistemas de combate del Eurofighter, sirviendo como banco de pruebas para las capacidades que integrará el futuro aparato. Alemania y España, dos de los países lanzadores del FCAS, son los principales destinatarios de estos nuevos radares en los Eurofighter de sus flotas.
Con la entrada en servicio prevista para la próxima década, el FCAS aspira a sustituir a los actuales cazas Eurofighter y Rafale. El desarrollo del radar ECRS Mk1 es uno de los hitos previstos en la hoja de ruta del programa, que incluye también la integración de drones lanzadores y sistemas de mando. La industria española, con Indra y ITP Aero a la cabeza, mantiene un papel relevante en el diseño de los subsistemas del futuro avión de combate.
Tres artesanos de Cenicientos (Madrid) han empleado 340 horas de trabajo para elaborar la Cruz Peregrina que presidirá la Vigilia de Jóvenes con el Papa León XIV. La pieza, de estilo neorrománico, ha sido realizada por Carlos, Alba y Samuel en un taller local, siguiendo la tradición de los símbolos pontificios para grandes eventos juveniles católicos.
La cruz, tallada en madera de nogal y decorada con pan de oro, representa un encargo de la organización del evento, que reunirá a miles de jóvenes en un acto de fe y oración. Los artesanos, que trabajan en un taller familiar, destacan el carácter devocional del proyecto: “Hemos puesto todo nuestro empeño en que sea un instrumento de encuentro con Dios”, declaró Carlos a los medios locales.
Un símbolo para los jóvenes católicos
La Cruz Peregrina es un elemento central en los encuentros juveniles con el Papa. Su diseño, de líneas sencillas pero robustas, busca evocar la fuerza del mensaje cristiano. Los detalles dorados simbolizan la gloria divina, mientras que la madera natural recuerda la humanidad de Cristo. La obra será trasladada al recinto de la vigilia en los próximos días.
El Papa León XIV, que presidirá la vigilia como parte de su agenda pastoral, aún no ha visto la cruz, pero fuentes del Vaticano han mostrado su satisfacción por el trabajo. El evento se celebrará a finales de junio y se espera una masiva concurrencia de fieles de toda España.
La elaboración artesanal de estos símbolos, lejos de la producción en serie, subraya la importancia de la tradición en la Iglesia contemporánea. Para Alba, una de las artesanas, “cada talla es una oración”. La cruz permanecerá expuesta al público antes de la vigilia.
Las autoridades etíopes impulsan un ambicioso programa de renovación urbana en Adís Abeba que está sustituyendo barrios residenciales por hoteles de lujo y complejos inmobiliarios. La transformación, presentada como un motor de modernidad y crecimiento económico, ha provocado el desplazamiento de miles de personas, según denuncian organizaciones locales y residentes.
El periodista Tom Canetti recorrió algunas de las zonas afectadas para documentar el impacto social de un proceso que se extiende a otras ciudades del país. Las restricciones al trabajo de la prensa internacional dificultan la cobertura, pero los testimonios recogidos reflejan una realidad que divide opiniones.
El precio del progreso
En barrios como Bole o Kazanches, antiguas viviendas de familias de clase media y baja han sido demolidas para dar paso a rascacielos, centros comerciales y hoteles de cinco estrellas. Más de 20.000 personas habrían sido reubicadas desde 2023, según estimaciones de la organización local Ethiopian Human Rights Council. Muchas de ellas aseguran que las compensaciones prometidas nunca llegaron o fueron insuficientes.
Nos dieron un plazo de 15 días para desalojar y una indemnización de 50.000 birr —unos 860 euros— por una casa en la que vivimos 30 años. Ahora ahí hay un hotel de lujo donde una noche cuesta más de lo que recibimos.
Las autoridades etíopes defienden el plan como necesario para atraer inversión extranjera y posicionar a Adís Abeba como un centro de negocios continental. En los últimos dos años, la ciudad ha recibido inversiones de Emiratos Árabes Unidos, China y Turquía, centradas en infraestructura hostelera y comercial. El Gobierno etíope calcula que estos proyectos generarán más de 10.000 empleos directos en los próximos cinco años.
¿Quién se beneficia?
Las organizaciones de derechos humanos cuestionan el modelo de desarrollo. Un informe de Amnesty International de 2025 señaló que los desalojos forzosos en Adís Abeba violan la legislación etíope e internacional. La entidad instó al Ejecutivo a detener las demoliciones mientras no se garantice una reubicación justa y participativa.
El problema no es la modernización, sino que se hace a costa de los más vulnerables y sin transparencia. Las consultas con los afectados son prácticamente inexistentes.
Por su parte, la Municipalidad de Adís Abeba asegura que las expropiaciones se realizan conforme a la ley y que los desplazados reciben viviendas alternativas en nuevas promociones públicas. Un portavoz municipal señaló que «el objetivo es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, y las nuevas infraestructuras beneficiarán a largo plazo a la comunidad».
Mientras el paisaje urbano de Adís Abeba se transforma, la brecha entre el discurso oficial y las vivencias de los desplazados se agranda. La capital etíope avanza hacia un futuro de cristal y acero que, para muchos, tiene un coste humano difícil de ignorar.
El vicepresidente del Consejo Político de Hezbolá, Mahmoud Qomati, ha asegurado que los esfuerzos de Estados Unidos e Israel para desarmar al grupo chií fracasarán, según declaraciones recogidas por la agencia iraní Tasnim este jueves 4 de junio de 2026. La declaración supone un rechazo frontal a las presiones internacionales que buscan implementar las resoluciones de la ONU sobre el desarme de las milicias libanesas.
En un discurso pronunciado en el Líbano, Qomati afirmó que «los esfuerzos estadounidenses e israelíes fracasarían y que la resistencia contra la agresión israelí continúa». El movimiento chií, considerado una fuerza política y militar clave en el país, ha sido señalado por Washington y Tel Aviv como el principal obstáculo para la estabilidad regional.
Un pulso que condiciona el alto el fuego
La postura de Hezbolá llega en un momento de tensión creciente en la frontera sur del Líbano, donde el Ejército israelí mantiene operaciones selectivas contra posiciones del grupo. Qomati no concretó si el grupo está dispuesto a negociar un alto el fuego duradero, pero insistió en que la «resistencia» no cesará mientras persista la ocupación israelí.
La comunidad internacional, a través de la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL), ha mediado en las últimas semanas para evitar una escalada, aunque sin avances sustanciales hasta la fecha. El vicepresidente de Hezbolá calificó de «ilusiones» las pretensiones de desarme. La presión diplomática, liderada por Washington, choca con la voluntad del grupo de mantener su arsenal, que considera esencial para la defensa del Líbano frente a Israel.
La compañía española UROVESA ha elegido la feria Eurosatory 2026, que se celebra en París, para presentar la última evolución de su veterana familia VAMTAC: el nuevo AX4. Se trata de una variante de transporte de pelotón con 4 toneladas de carga útil y capacidad para 11 tripulantes, diseñada para operaciones de alta movilidad táctica.
Un salto en capacidad para la familia VAMTAC
El VAMTAC AX4 amplía la oferta de la firma gallega en el segmento de los 4×4 militares. Según informó UROVESA en el evento parisino, la plataforma está concebida como un vehículo ligero blindado modulable, capaz de combinar un elevado nivel de protección con una arquitectura abierta para entornos de combate multidominio. La empresa busca así reforzar su posicionamiento en los futuros programas de vehículos militares en Europa.
El nuevo modelo duplica la capacidad de carga de las versiones anteriores de la familia VAMTAC, que hasta ahora ofrecían hasta 2 toneladas. La capacidad para 11 ocupantes permite transportar un pelotón completo, lo que responde a las necesidades de movilidad táctica de los ejércitos modernos.
Apuesta por la exportación
La presentación del AX4 en Eurosatory, uno de los principales escaparates mundiales de la industria de defensa, subraya la ambición exportadora de UROVESA. La compañía, con sede en Orense, ya ha suministrado miles de unidades del VAMTAC a las Fuerzas Armadas españolas y a otros países, y confía en que esta nueva variante pueda captar pedidos tanto nacionales como internacionales en los próximos meses.
Con este lanzamiento, UROVESA se sitúa en competencia directa con otros fabricantes europeos de vehículos tácticos 4×4, como la francesa Arquus o la alemana Rheinmetall, en un mercado que demanda cada vez más modularidad y protección frente a amenazas híbridas y convencionales.
La Agencia Espacial Europea (ESA) y la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA) han puesto en órbita la misión conjunta SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer), diseñada para estudiar la interacción entre el viento solar y la magnetosfera terrestre. Sin embargo, el lanzamiento, ocurrido en 2025 a bordo de un cohete chino, marca el final de una década de cooperación estratégica y, según fuentes de la ESA, ambas agencias tomarán caminos separados en el futuro inmediato.
La misión, de clase media con un presupuesto cercano a los 300 millones de euros, integra instrumentos científicos europeos con una plataforma satelital china. Aunque las operaciones científicas se mantendrán conjuntas durante la fase de explotación de datos, no existen nuevos proyectos bilaterales en el horizonte, según explicaron portavoces de la ESA el 3 de junio de 2026.
Presiones geopolíticas y apuesta por la autosuficiencia
El distanciamiento responde a dos factores clave. Por un lado, las restricciones del reglamento ITAR estadounidense dificultan la transferencia de tecnología sensible entre socios occidentales y China. Por otro, Pekín ha priorizado su autonomía espacial con programas como las misiones lunares Chang’e y la estación orbital Tiangong, reduciendo su dependencia de colaboraciones externas.
La cooperación con China fue productiva, pero las prioridades estratégicas de ESA y CNSA ahora divergen, señalaron fuentes de la agencia europea.
El caso de SMILE ilustra cómo la geopolítica espacial está redefiniendo alianzas. Mientras la ESA refuerza sus vínculos con la NASA y apuesta por misiones como Copernicus o Galileo, China consolida su propio ecosistema espacial, con hitos como la recogida de muestras lunares o la ampliación de su estación orbital. El final de la cooperación con SMILE no implica una ruptura abrupta, pero sí el inicio de una etapa en la que europeos y chinos trazan trayectorias paralelas pero separadas.
Las cadenas hoteleras españolas Meliá Hotels International e Iberostar han anunciado su retirada de la gestión hotelera en Cuba, sumándose a Blue Diamond Resorts en una estampida que refleja el creciente temor a las sanciones estadounidenses. Meliá comunicó su decisión el 3 de junio de 2026, un día después de que Iberostar hiciera lo propio y a apenas dos días de que expire el plazo fijado por Washington para evitar ser incluidos en una lista de sancionados por sus vínculos con el conglomerado militar GAESA.
Meliá, que gestionaba 25 hoteles en la isla, ha justificado su salida por el deterioro del clima de negocios y el riesgo de sanciones bajo la Ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos estadounidenses demandar a empresas que se beneficien de propiedades expropiadas tras la revolución cubana. Iberostar, sin confirmar el número exacto de establecimientos que operaba, alegó motivos similares en su comunicado del 2 de junio.
La decisión de las tres grandes operadoras hoteleras —Meliá, Iberostar y Blue Diamond— supone un duro golpe para la industria turística cubana, uno de los principales motores de su economía. El turismo en la isla ya arrastraba una fuerte caída desde la pandemia de covid-19 y las posteriores restricciones de viaje impuestas por la administración estadounidense. La salida de las cadenas españolas, tradicionalmente dominantes en el sector hotelero cubano, deja un vacío difícil de cubrir.
El plazo dado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. vence el 5 de junio, fecha límite para que las empresas presentes en Cuba certifiquen que no mantienen vínculos con GAESA, el conglomerado militar que controla una parte significativa de la economía cubana, incluidos hoteles, tiendas y aeropuertos. Quienes no cumplan se arriesgan a sanciones que pueden incluir la exclusión del sistema financiero estadounidense y la prohibición de operar en mercado estadounidense.
El Gobierno español, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha mostrado su preocupación por el impacto de estas decisiones en las empresas españolas con intereses en Cuba, pero ha evitado pronunciarse sobre las causas. Fuentes diplomáticas apuntan que España mantiene su compromiso con el diálogo con Washington para mitigar los efectos de la Ley Helms-Burton sobre sus empresas.
La celebración del Día de las Fuerzas Armadas 2026 (DIFAS 26) en Vigo ha tenido como grandes protagonistas del apartado de vehículos todoterreno a los VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctico) de la firma gallega UROVESA. En concreto, la exposición mostró las versiones Light Gun L-118, dedicada a la artillería, y la VMOE, empleada por el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) del Ejército del Aire y del Espacio para operaciones especiales.
La presencia de estos dos modelos, en el entorno de la plaza de la ciudad olívica, permitió al público observar de primera mano la versatilidad de un vehículo clave para las Fuerzas Armadas españolas. Mientras la variante Light Gun está diseñada para remolcar el obús L-118 de 105 mm, la VMOE representa la capacidad de movilidad táctica de las unidades de élite del Ejército del Aire.
El evento, que congregó a miles de visitantes, sirvió también para destacar la apuesta por la industria nacional de defensa, ya que el VAMTAC es fabricado por UROVESA, empresa con sede en Galicia. La muestra en Vigo refuerza el papel de estos vehículos como columna vertebral de la movilidad táctica en los tres ejércitos. En ediciones anteriores del DIFAS, los VAMTAC ya habían sido exhibidos en otras ciudades, consolidándose como un elemento recurrente en las exhibiciones de capacidades logísticas y tácticas del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio.
El VAMTAC, en sus diferentes configuraciones, puede cumplir misiones que van desde el transporte de personal hasta el lanzamiento de sistemas de armas, gracias a su modularidad y capacidad de carga superior a dos toneladas. La variante Light Gun es especialmente valorada por las unidades de artillería de campaña, que requieren un vehículo capaz de desplazarse por terrenos abruptos para posicionar el obús. Por su parte, la versión VMOE incluye blindaje ligero y sistemas de comunicaciones avanzados, adaptados a las necesidades de los equipos de operaciones especiales.
Microsoft ha anunciado este martes 2 de junio de 2026 el lanzamiento de Scout, un asistente de inteligencia artificial personal basado en la plataforma OpenClaw que se integrará de forma nativa en su ecosistema de productividad Microsoft 365. La compañía busca así competir directamente con Google en el creciente mercado de asistentes autónomos de IA para el ámbito empresarial.
Según el comunicado oficial de Microsoft, Scout es un asistente «siempre activo» que opera dentro de aplicaciones como Outlook, OneDrive y Microsoft Teams. La herramienta permite a las empresas asignar un empleado virtual a cada trabajador para tareas como la organización de calendarios, la elaboración de informes de gastos, la redacción de borradores de correos electrónicos y otras muchas funciones de productividad.
Un paso más allá de Copilot
A diferencia de Copilot, que actúa como un asistente contextual dentro de aplicaciones concretas, Scout funciona de manera autónoma y continua, tomando iniciativa para sugerir acciones y gestionar flujos de trabajo sin intervención directa del usuario. Este enfoque refuerza la apuesta de Microsoft por la automatización inteligente en entornos corporativos.
El movimiento se produce en un contexto de guerra abierta por la hegemonía en la inteligencia artificial empresarial. Google presentó hace semanas su propio asistente autónomo basado en su plataforma, y Microsoft responde ahora integrando Scout en su ecosistema de 365, que cuenta con más de 400 millones de suscriptores empresariales en todo el mundo.
Scout representa un cambio en la forma en que los empleados interactúan con la tecnología, pasando de herramientas reactivas a asistentes proactivos que anticipan necesidades, según fuentes de Microsoft.
La compañía no ha especificado el precio ni la fecha exacta de disponibilidad general, aunque se espera que Scout se lance en fase de pruebas durante el tercer trimestre de 2026. Los analistas del sector señalan que esta decisión redefine la soberanía de los datos corporativos, ya que el agente tendrá acceso a información sensible de calendarios, correos y documentos.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado el lanzamiento de un ataque masivo con misiles hipersónicos y drones contra empresas del sector de defensa en Ucrania. La operación, ejecutada el 2 de junio de 2026, fue calificada por Moscú como una respuesta directa a los actos terroristas atribuidos al régimen de Kiev.
El ministerio ruso no precisó el número exacto de proyectiles utilizados ni los objetivos concretos alcanzados, pero subrayó que el ataque se dirigió contra la capacidad industrial de defensa ucraniana. Según el comunicado castrense, los lanzamientos incluyeron misiles hipersónicos, un arma de alta velocidad contra la que las defensas antiaéreas ucranianas tienen dificultades para interceptar.
Una represalia por acciones previas
El portavoz del Ministerio de Defensa ruso declaró que la ofensiva se enmarca en la política de represalias por lo que Moscú considera actos terroristas sistemáticos perpetrados por las fuerzas ucranianas. Aunque el comunicado no detalló qué acciones concretas provocaron la respuesta, Rusia ha denunciado en las últimas semanas ataques contra infraestructuras civiles en territorio ruso, incluidos oleoductos y edificios residenciales.
El ataque es una respuesta a los actos terroristas del régimen de Kiev, que continúa amenazando la seguridad de nuestros ciudadanos.
La ofensiva se produce en un momento de escalada continua del conflicto, con ambas partes intensificando el uso de armamento de largo alcance. Ucrania no ha confirmado oficialmente el alcance de los daños, pero fuentes locales informaron de explosiones en varias regiones del país, incluidas las provincias de Járkov y Dnipropetrovsk.
Implicaciones estratégicas
El empleo de misiles hipersónicos por parte de Rusia refleja la evolución tecnológica del conflicto. Este tipo de armamento, capaz de alcanzar velocidades superiores a Mach 5 y maniobrar en vuelo, complica la interceptación incluso para los sistemas antimisiles más avanzados suministrados por la OTAN. Analistas militares señalan que el ataque busca degradar la capacidad de producción de Ucrania y reducir su autonomía logística a medio plazo.
La comunidad internacional sigue con atención los acontecimientos en el este de Europa. La Unión Europea, a través de su Servicio de Acción Exterior, ha condenado los bombardeos y reiterado su apoyo al gobierno ucraniano, mientras que la OTAN mantiene un despliegue reforzado en sus fronteras orientales. Por el momento, no se han reportado víctimas civiles en el ataque, aunque las evaluaciones de daños continúan en curso.
La justicia federal de Argentina ha cursado una solicitud formal a España para la extradición del excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana Ephraín Verdú Torrelles, acusado de crímenes de lesa humanidad. Así lo confirmaron fuentes judiciales el pasado martes 2 de junio de 2026.
Un operativo bajo mando del excoronel
Verdú Torrelles comandó el operativo militar el día en que Geraldin Moreno Orozco, una estudiante de 23 años, fue baleada a corta distancia durante una manifestación en el estado venezolano de Carabobo en 2014. Este caso forma parte de una causa más amplia que investiga al presidente Nicolás Maduro y a otros altos mandos militares por la represión de las protestas opositoras.
Se trata de la primera solicitud de extradición en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad que Argentina instruye desde 2023, basada en el principio de jurisdicción universal. La justicia argentina ha aceptado la competencia para investigar estos hechos al considerar que Venezuela no garantiza procesos judiciales independientes.
Implicaciones para España
La petición supone un desafío diplomático y judicial para España, que debe decidir si concede la entrega de un exmilitar venezolano al que el régimen de Nicolás Maduro considera un oficial en servicio activo.
El excoronel se encuentra en territorio español desde hace al menos dos años, según fuentes próximas al caso. La Audiencia Nacional española será el órgano encargado de tramitar la orden de extradición, que deberá resolver en un plazo que puede extenderse hasta varios meses.
La causa argentina, impulsada por la Fiscalía Federal, se ha convertido en un foro judicial clave para la persecución de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014. Hasta la fecha, Argentina ha emitido órdenes de captura internacional contra una decena de militares y funcionarios chavistas.
La empresa española de lanzadores PLD Space ha anunciado que elevará su inversión en la instalación de lanzamiento del Guiana Space Centre, en Kurú (Guayana Francesa), hasta los 35 millones de euros, más del triple de los 10 millones inicialmente previstos. El anuncio, realizado el 1 de junio de 2026, busca aumentar la capacidad de lanzamiento del Miura 5 y asegurar una infraestructura espacial soberana para Europa.
Según fuentes de la compañía, el incremento responde a la necesidad de adaptar las instalaciones a las exigencias competitivas del mercado de lanzadores comerciales, donde empresas como SpaceX y Arianespace marcan el ritmo. La inversión adicional se destinará a la construcción de una plataforma de lanzamiento más robusta, sistemas de integración de carga útil y un centro de control actualizado.
Refuerzo de la presencia europea en el espacio
La Guayana Francesa es el enclave espacial europeo por excelencia, al albergar el puerto principal de la Agencia Espacial Europea (ESA). La presencia de PLD Space en Kurú no solo refuerza la posición industrial española, sino que también diversifica la base de operadores europeos en un contexto donde el acceso soberano al espacio se ha convertido en una prioridad estratégica para la UE.
El Miura 5, un cohete reutilizable de dos etapas, está diseñado para transportar satélites de hasta una tonelada a órbitas bajas. Su primer vuelo está previsto para 2028, y las nuevas instalaciones serán clave para alcanzar una cadencia de lanzamientos competitiva.
Europa necesita garantizar su capacidad de acceso autónomo al espacio, y la inversión de PLD Space demuestra que existe una apuesta firme por la soberanía tecnológica del continente, según declaraciones de un portavoz de la compañía recogidas por medios especializados.
El anuncio se produce en un momento de creciente competencia en el sector, con lanzadores chinos y estadounidenses acaparando contratos. La inversión adicional supone un acicate para el ecosistema aeroespacial español, que aspira a jugar un papel relevante en la nueva carrera espacial.
Microsoft aterriza esta semana en San Francisco con su conferencia Build, en un intento por recuperar la confianza de los desarrolladores y consolidar su estrategia de inteligencia artificial. La compañía que preside Satya Nadella ha preparado una serie de anuncios que incluyen nuevos modelos de IA y mejoras en Windows, en lo que la propia empresa califica como un momento crucial para su transformación.
La conferencia, que se celebra del 1 al 5 de junio, marca un hito en la reorientación del negocio de Microsoft hacia la IA. La compañía ha reorganizado por completo su oferta en torno a esta tecnología, un proceso que comenzó con la integración de herramientas de OpenAI y que ahora se acelera con modelos propios. Según fuentes de la empresa, los nuevos modelos estarán diseñados para competir directamente con soluciones de Google y Amazon en el mercado de la nube y el desarrollo de software.
Microsoft ha combinado la tradicional conferencia para desarrolladores, antes conocida como Professional Developers Conference, con el evento Build, que este año adquiere una relevancia especial. La compañía busca demostrar que su apuesta por la IA no es solo un movimiento táctico, sino una transformación estructural de su plataforma. En este contexto, las mejoras en Windows incluirán funcionalidades nativas de IA que permitirán a los desarrolladores integrar capacidades avanzadas sin depender de servicios externos.
La conferencia llega en un momento de intensa competencia tecnológica global, donde la carrera por la inteligencia artificial se ha convertido en un eje de la soberanía digital. Microsoft, una de las empresas con mayor capitalización bursátil del mundo, aspira a liderar este mercado, aunque se enfrenta a una creciente presión regulatoria tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea.
El Banco Africano de Desarrollo (BAD) ha clasificado a Marruecos como el primer país industrializado de África, un reconocimiento que el reino alauí ha presentado como un hito de su estrategia de desarrollo. Sin embargo, el análisis de medios argelinos como TSA desvela que esta etiqueta responde más a una campaña de marca nacional que a una realidad industrial sólida.
Una industria dependiente y de capital extranjero
Según TSA, la industria marroquí sigue profundamente dependiente de Europa, tanto en términos de mercado como de capital. El tejido productivo local está dominado por empresas extranjeras que trasladan sus beneficios fuera del país, y la creación de valor añadido en territorio marroquí es limitada. Esta estructura dificulta un desarrollo endógeno y sostenible, lo que lleva a los analistas a calificar la potencia industrial marroquí como un trompe-l’œil, un espejismo que oculta debilidades estructurales.
Además, las cifras de empleo industrial no reflejan una mejora significativa en la situación social interna. La dependencia de cadenas de suministro europeas expone al país a las fluctuaciones económicas del continente, sin que se haya logrado una autonomía industrial genuina.
Le Maroc présente comme un événement majeur son classement comme premier pays industrialisé d’Afrique.
La narrativa marroquí choca con estos datos y ha sido interpretada como un intento de posicionamiento geopolítico, especialmente en un contexto de competencia con España por la influencia en el norte de África. Mientras Rabat impulsa su imagen de hub industrial ante foros internacionales, las críticas de la prensa argelina plantean dudas sobre la solidez de ese modelo.
Dos ataques con drones en la región de Kordofán, en Sudán, han dejado cerca de 70 víctimas mortales, según informaron el domingo una ONG local y un responsable de la zona. Los bombardeos, ocurridos el viernes y el sábado, se enmarcan en uno de los frentes más violentos de la guerra civil que desangra el país desde hace más de un año.
57 muertos el viernes y 10 el sábado
El primer ataque, perpetrado el viernes, causó 57 muertos, mientras que el segundo, el sábado, elevó la cifra en 10 víctimas. Las autoridades locales y organizaciones humanitarias han denunciado la falta de asistencia médica en la región, donde los hospitales han sido parcialmente destruidos por el conflicto.
La guerra civil sudanesa, que enfrenta al Ejército regular con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con más de ocho millones de desplazados y una hambruna que amenaza a millones de personas en varias regiones del país.
Kordofán, escenario de combates encarnizados
La región de Kordofán, rica en recursos naturales y estratégica por su posición en el centro de Sudán, ha sido escenario de combates encarnizados desde el estallido de la guerra en abril de 2023. El control de la zona permite el acceso a las rutas que conectan Jartum con las regiones occidentales de Darfur, también afectadas por la violencia.
Los ataques con drones, una táctica empleada por ambas partes del conflicto, han multiplicado las víctimas civiles en los últimos meses. La comunidad internacional, que ha mediado en varias rondas de negociaciones, no ha logrado hasta ahora un alto el fuego duradero.
Dicen que los datos son fríos. Es posible, pero también pueden ser esclarecedores, y ser capaces de resumir lo que podría calificarse de despropósito global. Uno de esos datos lo ofreció recientemente Tom Fletcher, responsable de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA): Estados Unidos gastó alrededor de 2.000 millones de dólares al día durante su ofensiva contra Irán; en menos de dos semanas habría superado la cifra de 23.000 millones, la financiación que busca el organismo para tratar de salvar 87 millones de vidas. La conclusión no puede ser más evidente: faltan fondos para sostener la vida, mientras que los recursos para la guerra parecen ilimitados.
Además, al poco de iniciarse los ataques simultáneos a Irán y Líbano, Naciones Unidas alertó sobre cómo las dificultades en el paso por el estrecho de Ormuz, así como el alza de precios de los combustibles, estaban encareciendo –cuando no directamente impidiendo– la entrada de ayuda humanitaria a zonas muy castigadas. Una situación que, de alargarse, pondría en riesgo la vida de 46 millones de personas, alertaban.
«Es la mayor perturbación de la ayuda desde la pandemia de la COVID-19», denuncian desde el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Sobrecostes en el transporte, mayores dificultades en la entrega, compras de menor cantidad de alimentos. Es decir, la guerra no solo acapara recursos que restringen el gasto en otras partidas, sino que ha hecho que el dinero destinado a los programas de cooperación sea menos efectivo.
Tijeras globales, desde Trump hasta Extremadura
Presupuestos para la guerra o para cooperación. Aunque no se trate de vasos comunicantes directos, en los que si baja una partida sube proporcionalmente la otra, lo cierto es que el elevado gasto militar escandaliza en mayor medida a instituciones humanitarias y ONG después de los recortes drásticos a nivel global que han sufrido en los últimos dos años.
Entre 2024 y 2025 la ayuda internacional habría perdido el 30% de sus fondos, debido sobre todo al desmantelamiento por parte de la Administración Trump de USAID. La mayor agencia de cooperación del mundo habría visto cómo se esfumaban el 90% de sus fondos. Pero Estados Unidos no está solo a la hora de coger las tijeras –o la motosierra– con las que recortar esta política, que además de salvar vidas de forma inmediata tiene entre sus objetivos crear condiciones para prevenir conflictos y luchar contra el cambio climático. Países como Alemania, Francia, Reino Unido y Japón han reducido también sus presupuestos. La Red Europea de ONG para el Desarrollo (CONCORD) destacaba cómo por tercer año consecutivo las instituciones de la UE y los Estados miembros han reducido el porcentaje de gasto que destinan a cooperación al desarrollo. En 2025 el descenso fue de casi el 10% respecto al ejercicio anterior.
En un momento en el que se debate si los países europeos deberían destinar hasta el 5% de sus presupuestos a «defensa», solo cuatro países en el mundo –Dinamarca, Luxemburgo, Noruega y Suecia– superaron el objetivo de invertir al menos el 0,7% de la renta nacional en cooperación. España, aunque aumentó ligeramente sus fondos, se quedó en el 0,27%. Es decir, muy lejos no solo del compromiso del 0,7% marcado para 2030 por la Ley de Cooperación, también por debajo de la media de los países de la UE.
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo confirma que asistimos al «mayor recorte de la historia, en un contexto global enormemente complejo». En declaraciones a La Marea, su presidente Javier Ruiz, afirma que «las políticas de ataque directo a la cooperación están avanzando en todo el planeta y tienen consecuencias incalculables sobre millones de personas». Ruiz considera «muy preocupante» el hecho de que esta ola de recortes internacional esté permeando a todos los niveles y haya llegado hasta los recientes acuerdos de gobierno en comunidadescomo Aragón y Extremadura como parte de una estrategia nacional que persigue «el desmantelamiento de las políticas sociales».
Un marcador dramático
«Mis hijos no comen bien y el pequeño siempre está enfermo. Solo puedo permitirme enviar a tres de mis seis hijos a la escuela. En lugar de continuar con su educación, mi hijo mayor cuida de sus hermanos pequeños cada vez que yo voy a trabajar». Es el lamento desesperado de Nawal, una mujer sudanesa que vive en El Cairo y que nos llega a través de ACNUR.
La agencia para los refugiados de Naciones Unidas es una de las organizaciones que se ha visto más afectada por la falta de financiación. El pasado 16 de abril alertaba de que ya había tenido que reducir las ayudas a la mitad de las 20.000 familias sudanesas refugiadas en Egipto. Hasta ese momento solo había recibido el 2% de lo necesario para mantener los programas en este país, por lo que, si no llegan nuevos fondos, advierten que tendrán que paralizar todas las ayudas que ofrecen.
Las cifras bailan, oscilan según la fuente, se actualizan, pero sobre todo preocupan porque resulta imposible calibrar el sufrimiento que representan. Según la revista sanitaria Lancet, los actuales recortes por parte de los países más ricos podrían provocar entre9,4 y 22,6 millones de muertes más desde hoy hasta 2030. La mayoría de ellas en África.
La Universidad de Boston ha creado ImpactCounter, un dramático marcador que ya alcanza las 780.000 muertes prematuras debido a los recortes en la financiación únicamente de los programas del USAID. De ellas, más de medio millón habrían sido de niñas y niños.
«Decisiones desgarradoras»
Las principales organizaciones de desarrollo ya han empezado a tener que elegir qué proyectos pueden continuar, y hacen cálculos sobre cómo retrasar lo más posible el cierre de programas vitales para millones de personas. En un informe de la Asociación Española de Fundraising sobre el impacto de los recortes por parte de Estados Unidos, Save the Children reconocía haber tenido que tomar «decisiones desgarradoras para interrumpir programas que tratan a niños y niñas gravemente desnutridos o que proporcionan atención médica a recién nacidos que viven en zonas de guerra». Unas medidas que según la ONG afectarán a más de 10 millones de personas en lugares donde persiste la amenaza de la guerra y la violencia, como República Democrática del Congo o Sudán.
Desde Acción contra el Hambre apuntan cómo los recortes les han obligado a reducir personal y reestructurar operaciones, y destacan cómo la reducción de programas nutricionales amenaza la vida de medio millón de personas en países del Sahel como Níger o Mali. UNICEF, por su parte, lamenta que los recortes en la Ayuda Oficial al Desarrollo pongan en peligro los avances realizados en mortalidad infantil desde el año 2000. Millones de niños y niñas en todo el mundo corren ya mayor riesgo de contraer enfermedades y sufrir violencia según la agencia internacional para la infancia. En Afganistán, nueve millones de mujeres dejarán de recibir servicios de salud básicos como los relacionados con el embarazo y la maternidad.
Hace unas semanas, la tripulación de la nave Artemis II envió un mensaje durante su viaje hacia la Luna al contemplar nuestro planeta en su totalidad. «Desde aquí arriba somos una sola cosa: homo sapiens, todos nosotros, sin importar de dónde vengas ni cómo seas, somos un solo pueblo». No parece que el mensaje haya calado entre quienes optan por dedicar cada vez más fondos a la guerra y menos a cooperar.
Este reportaje se publicó originalmente en La Marea 111. Puedes conseguir la revista y suscribirte en nuestro kiosco.
La mañana del 28 de febrero, decenas de niñas y docentes ingresaron a la escuela primaria Shajareh Tayyebeh de Minab, una ciudad de más de 70.000 habitantes en el sur de Irán. Era sábado, el primer día de la semana laboral en ese país. También el primer día de la operación «Furia Épica», como denominó el Pentágono a la ofensiva que lanzó contra Irán junto a Israel (Tel Aviv, por su parte, la llamó «Rugido del León»).
Alrededor de las 10.30 hora local, un misil Tomahawk impactó en la escuela, perforando el techo y colapsando la estructura. Análisis forenses de imágenes satelitales revelaron que, poco después, otro misil impactó en el patio, seguido por un tercero que completó el ataque. Según las autoridades iraníes, al menos 168 personas, en su mayoría niñas de entre siete y 12 años, fallecieron en el ataque. No se trató de un fallo técnico.
Los misiles Tomahawk no son cualquier misil. Pueden cubrir más de 2.000 kilómetros de forma autónoma, a velocidades cercanas a los 880 km/h, e impactar en su objetivo con un margen de error de pocos metros.
La escuela estaba ubicada en un edificio que hace una década fue separado de una base de las fuerzas navales del Cuerpo de Guardianes mediante un muro. Dicha base también fue golpeada en los ataques del 28 de febrero. Por ello, es probable que EE. UU. identificara esa base como objetivo militar pero que los mapas utilizados para esa identificación no estuvieran actualizados. Pero ¿quién es responsable de ese error en una guerra en la que se combate esencialmente con inteligencia artificial?
La cadena de muerte
En términos militares, con kill chain (literalmente, ‘cadena de muerte’) nos referimos a la secuencia de acciones que ocurre entre la identificación de un objetivo, la decisión de atacar y el despliegue del ataque. Durante casi un siglo, los ejércitos han intentado comprimir la kill chain todo lo posible, algo que permitiría atacar al enemigo de forma más rápida y eficaz.
Este deseo se convirtió en necesidad por primera vez durante la Guerra del Golfo del año 1991, cuando los iraquíes emplearon lanzadores móviles de misiles capaces de desplazarse varios kilómetros antes de que los estadounidenses pudieran coordinar una respuesta. Las viejas técnicas analógicas, en las que los analistas tenían que revisar manualmente mapas, grabaciones y otros datos, no servían. Se necesitaban máquinas capaces de volar tan bajo como para esquivar los radares, identificar un objetivo y eliminarlo en minutos. En pocas palabras, drones armados: vehículos capaces de volar (y atacar) sin tripulación a bordo.
El primer ejemplo llegó en 2001, cuando el capitán de la Fuerza Aérea de EE. UU. Scott Swanson y el sargento mayor Jeff A. Gunny Guay intentaron matar, sin éxito, al mulá Omar, líder de los talibanes y aliado de Osama Bin Laden, mientras controlaban un dron armado Predator desde Langley (Virginia), a miles de kilómetros de distancia. A pesar de que la misión no obtuvo los resultados esperados, los drones Predator y el más pesado Reaper en poco tiempo se convirtieron en instrumentos claves de las misiones militares tanto de EE. UU. como de Israel. Su uso se amplió enormemente durante la presidencia de Barack Obama, llegando incluso a ser considerados por algunos más «humanos» que otro tipo de ataques.
«La pregunta es si los drones nos tentarán a hacer cosas incorrectas. Pero no parece que sea así, porque tenemos casos en los que los drones se usaron de manera justa, y parece que, en realidad, mejoran nuestra capacidad de actuar con justicia», dijo en 2012 a The Guardian Bradley Strawser, filósofo y por entonces profesor en la Universidad Naval de Monterrey. «Literalmente cada acción que realizan queda registrada. Ante una decisión difícil, los operadores pueden incluso tomarse su tiempo y llamar a otras personas a la sala. Hay más margen para los controles y la supervisión», argumentó.
Pero con el aumento de los datos, poco a poco los controles y supervisión se volvieron cada vez más complejos. «En un futuro no muy lejano, vamos a encontrarnos nadando en sensores y ahogándonos en datos», aventuró en 2010 un alto cargo de inteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense. Y eso fue lo que pasó. La difusión de redes sociales, drones y tecnologías de vigilancia masiva aumentaron enormemente la disponibilidad de datos en manos de los ejércitos para identificar y rastrear objetivos. Eso llevó a un cuello de botella. ¿Quién podía analizar tanta información? La inteligencia artificial trajo la respuesta.
Guerra sin piloto
«El objetivo de los sistemas de IA es liberar al ser humano del procesamiento cognitivo; hacer las cosas más rápidas y eficientes», comenta a La MareaElke Schwarz, profesora de Teoría Política en la Universidad Queen Mary de Londres y autora del libro Death Machines: The Ethics of Violent Technologies (2018). Schwarz lleva años estudiando las consecuencias reales y potenciales del empeño humano por automatizar al máximo la práctica de matarse unos a otros.
Su investigación comenzó a principios de la década de 2010, años antes de la invasión rusa de Ucrania, una guerra que se ha convertido en un campo de experimentación para el uso de algoritmos e inteligencia artificial en batalla. «Muchas empresas emergentes llevaron sus nuevas tecnologías al conflicto», señala Schwarz.
Muy pronto, la asimetría del conflicto en Ucrania trajo el uso masivo de drones teledirigidos. A diferencia de los complejos y costosos sistemas Predator, estos eran instrumentos baratos que, con una inversión de apenas 500 dólares y comandados de forma remota, eran capaces de destruir tanques. No obstante, se revelaron vulnerables ante la guerra electrónica, es decir, ataques que interrumpen la comunicación entre el dron y su piloto. Esto propició que se impulsara el desarrollo de aeronaves con capacidades autónomas de vuelo y ataque.
Los drones autónomos están dotados de software capaz de transportar explosivos a lo largo de cientos de kilómetros y localizar objetivos. Otro tipo de drones, de cuatro hélices, se dotaron de inteligencia artificial para atacar a soldados rusos sin intervención humana cuando las comunicaciones fallaran. El siguiente paso fueron los enjambres de drones, capaces de perpetrar ataques masivos sin necesidad de contar con decenas de operadores.
Entre las innovaciones desplegadas en Ucrania, destaca el envío, en febrero de 2026, de dos robots humanoides Phantom MK-1 para cumplir funciones descritas oficialmente como «de apoyo» y no de combate. Según la startup californiana Foundation que los ha creado, este modelo sería el primer autómata diseñado específicamente para zonas de conflicto armado. «Lo que estamos viendo ahora es el primer intento torpe de cómo los robots van a librar nuestras guerras», declaró a la revista TimeMike LeBlanc, cofundador de la empresa y veterano de los Marines con experiencia en Irak y Afganistán. «Pero, en realidad, solo están esperando a que empiece el espectáculo», añadió.
Al margen del posible desarrollo de estos robots, en la actualidad las decisiones bélicas ya pasan por las principales empresas de inteligencia artificial, las mismas que diseñan los chatbots (asistentes conversacionales de IA) que cada día usan millones de personas para corregir correos electrónicos.
Decisiones de algoritmos
El libro The Making of the Atomic Bomb, de Richard Rhodes, publicado en 1986 y ganador del premio Pulitzer, se ha convertido en una de las lecturas más populares en las oficinas de Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude. Como escribía Charlie Warzel en 2023 en el medio The Atlantic, la obra se ha convertido en una suerte de texto fundacional para cierto tipo de investigadores en IA: los que creen que sus creaciones podrían tener el poder de matarnos a todos.
En febrero de este año, el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth exigió a Anthropic acceso sin restricciones a sus sistemas de inteligencia artificial para cualquier uso militar. La respuesta del consejero delegado, Dario Amodei, fue una negativa pública: «En conciencia, no podemos aceptar su petición». Hegseth contestó designando a Anthropic como «riesgo para la cadena de suministro», una calificación reservada habitualmente a empresas vinculadas con gobiernos adversarios, como la china Huawei o la rusa Kaspersky.
En respuesta, Anthropic demandó al Gobierno, que por su cuenta comenzó el proceso de reemplazar Claude con los modelos de empresas que supuestamente aceptaron sus condiciones, como ChatGPT, de OpenAI, y Gemini, de Google. Hasta ese momento, la colaboración entre esta empresa –fundada por exmiembros de OpenAI– y el Departamento de Defensa había sido estrecha.
El Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) habría utilizado una versión clasificada de Claude para asistir en evaluaciones de inteligencia, identificación de objetivos y simulación de escenarios de combate durante operaciones militares en Irán. Según revelóThe Wall Street Journal, Claude también habría sido empleado en la operación militar estadounidense que condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de este año.
Además, Anthropic ya se había asociado con Palantir Technologies, el gigante de análisis de datos cofundado por Peter Thiel y uno de los principales contratistas tecnológicos del Pentágono. En particular, Claude sería clave para el funcionamiento del sistema Maven Smart, diseñado por Palantir y supuestamente utilizado por el Ejército de EE. UU. en su guerra en Irán. Maven es capaz de procesar volúmenes enormes de datos clasificados procedentes de satélites, vigilancia y otras fuentes de inteligencia, y generar a partir de ellos información operativa. Según Hegseth, durante las primeras 24 horas de su ofensiva, EE. UU. atacó más de mil objetivos.
Protesta ante la sede de Palantir, en Nueva York, por su colaboración con el ICE. MADISON SWART / REUTERS
«Sugieren miles de objetivos y luego tienes un equipo reducido de personas para comprobarlos o validarlos, pero tienen que hacerlo a toda velocidad», subraya Schwarz a La Marea. «Ocurre tan rápido que tenemos que preguntarnos si puede haber una supervisión significativa o si el humano simplemente va diciendo “sí, no, sí, no”, absorbido por la lógica funcional del sistema de IA, por la lógica de la máquina».
Según una investigación publicada en el año 2024 por la revista israelí-palestina +972 Magazine, Israel empleó el sistema Lavender en Gaza para analizar datos de vigilancia masiva de casi la totalidad de los 2,3 millones de habitantes de la Franja. El sistema asigna a cada individuo una puntuación del 1 al 100 según su probabilidad de ser miliciano. La investigación indica que la supervisión humana se reducía con frecuencia a una validación pro forma de aproximadamente 20 segundos por objetivo, tratando en la práctica la sugerencia de la máquina como una decisión firme.
Al comprobarse que Lavender supuestamente alcanzaba un 90% de precisión en la identificación de afiliaciones con Hamás, el Ejército autorizó su uso generalizado. A partir de ese momento, según las fuentes de +972 Magazine, si Lavender determinaba que un individuo era miliciano, los operadores debían tratar esa decisión como una orden, sin necesidad de verificar de forma independiente el razonamiento algorítmico ni examinar los datos en los que se basaba.
«Para hacer posible la violencia de masas es necesario deshumanizar al enemigo», concluye Schwarz. Y para eso, la inteligencia artificial ofrece grandes oportunidades. «Cuanto mayor es la distancia entre la aplicación de la fuerza y sus efectos, mayor es también la distancia emocional y moral que se genera».
A diferencia de los sistemas de armas convencionales, fabricados por empresas como Lockheed Martin y sujetos a marcos regulatorios, el uso militar de la inteligencia artificial carece de regulación.
Frenar la máquina
En uno de los muchos cafés de moda que hay en Brooklyn, frente a un capuccino, Peter Asaro admite que negociar un tratado para regular las armas con altos niveles de automatización es una tarea titánica en el laberíntico sistema de la ONU. Este filósofo de la ciencia, la tecnología y los medios digitales, ya atendió a La Marea en octubre de 2023 en la sede de Naciones Unidas.
Hoy, Asaro, vicepresidente del Comité Internacional para el Control de Armas Robóticas (ICRAC) y portavoz de la campaña Stop Killer Robots, se muestra esperanzado con el estado actual del borrador para negociar un marco legal común en las Naciones Unidas que permita ejercer control sobre las armas con altos niveles de automatización.
Tras varios intentos fallidos de prohibir por completo el uso de armas autónomas, el estado actual de las negociaciones se centra en regular su empleo y definir en qué contextos son aceptables. Es el caso, por ejemplo, de los sistemas de defensa antimisiles, que deben operar con inmediatez para neutralizar amenazas masivas. El debate de fondo radica en hasta qué punto es imprescindible mantener a un humano en el proceso y qué nivel de intervención se considera «significativo». Por ello, las discusiones se centran en la definición de un «control humano apropiado al contexto».
«La idea es que “apropiado” no sea un término vacío», matiza Asaro. «Exige algún tipo de valoración humana contextual que confirme que el sistema opera en un entorno conocido y que es capaz de hacerlo correctamente».
Estos esfuerzos regulatorios chocan con la oposición de potencias muy activas en el desarrollo armamentístico, convencidas de que la IA les otorgará una ventaja táctica decisiva. Países como Estados Unidos, Rusia, China, Israel, Corea del Sur y Turquía prefieren sustituir un tratado vinculante por meras «directrices» o «mejores prácticas».
Se espera que en noviembre de 2026 las Naciones Unidas voten el inicio oficial de las negociaciones. De ser así, el tratado formal podría ver la luz en 2027, seguido de un arduo proceso de ratificación global que seguramente intentarán torpedear los países detractores. Sin embargo, Asaro recuerda que no es una situación inédita y que la historia demuestra que el progreso es posible frente a la resistencia de las grandes potencias.
En el caso de las armas nucleares, un tratado de prohibición ha logrado establecer normas claras. Aunque las potencias nucleares no lo firmaron, el respaldo de la mayor parte del mundo consolidó una norma internacional que declara estas armas «inmorales e ilegales». Del mismo modo, aunque Siria nunca firmó el tratado sobre armas químicas, la comunidad internacional la hizo responsable de su uso. «Esperamos lograr algo similar. Como mínimo que podamos restringir el uso de estos sistemas y alejar la IA de las aplicaciones bélicas más peligrosas que podamos imaginar», concluye Asaro.
Así, al menos, la responsabilidad de las muertes de civiles podrá seguir siendo identificable y no quedar sepultada tras algoritmos indescifrables.
Los centros de datos son el último señuelo del capitalismo. Con ellos se vende una idea de crecimiento económico y modernidad que está muy lejos de ser real. La economista argentina Cecilia Rikap los ha estudiado a fondo y tienen un papel principal en su Teoría de la dependencia digital, un ensayo editado por Caja Negra en el que hace un paralelismo entre la vieja teoría de la dependencia imperialista y el fenómeno de subordinación global que hoy ejercen las grandes tecnológicas, con Google, Amazon y Microsoft a la cabeza. Este fenómeno va más allá del yugo que impone la metrópoli sobre la colonia, yugo que perdura incluso después de la independencia. También trasciende las metáforas que dibujan a los jerarcas de Silicon Valley como nuevos señores feudales. Se trata, en suma, de un nuevo orden mundial impuesto por unas empresas que han institucionalizado el robo como su principal actividad: no sólo roban el agua para enfriar sus gigantescos centros de datos, también roban el conocimiento producido por el resto del planeta. Y nadie, por el momento, puede escapar de sus tentáculos. Aunque hay mucha gente, en muchos sitios, pensando cómo hacerlo. Una de esas personas es Cecilia Rikap.
Doctora en Economía y jefa de investigación del Instituto de Innovación y Propósito Público del University College de Londres, Rikap pasó por Madrid para presentar su libro y sus ideas. La acompañaron Aurora Gómez, del colectivo Tu Nube Seca Mi Río, y Manuel G. Pascual, periodista de El País que sigue la actualidad de las grandes empresas tecnológicas. Desde el principio de su intervención quedó clara una idea: eso que, resumiendo mucho, entendemos por «nube» no sólo no fomenta el desarrollo, sino que lo frena.
El presidente argentino, Javier Milei, se ha destacado por colaborar resueltamente en la difusión de esta quimera. «Dice que las tecnologías digitales van a generar un crecimiento inédito y descomunal, una suerte de revolución industrial en Argentina. Y que eso ocurrirá, por un lado, porque tenemos un montón de pibes programando, lo que habla de nuestra capacidad para ser una potencia en inteligencia artificial. Y por otra parte, porque en la Patagonia tenemos clima frío y energía barata, es decir, un ámbito propicio para la instalación de centros de datos», explica Rikap. Lo cierto es que estas tecnologías no producen un crecimiento exponencial de la economía, pero aunque así fuera (que no lo es), ese crecimiento no alcanzaría a todas las capas de la sociedad, sólo a unos pocos individuos de las clases más altas. En palabras de Rikap: «Aunque la torta crezca, no hay torta para todos». No la hay, especialmente en un mundo «tan desigual y tan polarizado» como el actual. «¿Qué importa que la torta crezca si, en última instancia, eso no se concreta en mejores condiciones de vida para las mayorías? Y esto no se refiere sólo a la desigualdad de ingresos, sino también al avance de la crisis ecológica y a su impacto sobre unas mayorías que viven en condiciones cada vez más precarias».
Este dilema ecológico-social también ha estado presente en la sociedad española desde hace mucho tiempo. Con resignación, a menudo se daba por perdido un río, una montaña, un bosque si finalmente esa fábrica, esa mina o ese cementerio nuclear iban a dejar dinero en el pueblo. En el caso de los centros de datos ya está claro que no será así. «Todos los que defienden la instalación de centros de datos pensando que van a generar crecimiento económico y empleo están equivocados. Los centros de datos no generan empleo salvo en el periodo de su construcción», detalla Rikap. Una vez construidos, esa mano de obra se desvanece. «Según la propia Microsoft, cuando el centro de datos está funcionando sólo necesita unas 50 personas por edificio. Y la cifra de Amazon es aún más baja». Tampoco creará un tejido comercial a su alrededor (restaurantes, supermercados, farmacias), ya que los centros de datos están situados en lugares aislados y funcionan con un nivel de secretismo comparable «al de las bases militares de Estados Unidos en el extranjero». Y los desarrolladores de esas tecnologías tampoco están allí, sino repartidos por el mundo, «son una minoría de personas con doctorados y especializados en matemática, estadística, ciencias de la computación…». Lo de la creación de empleo, en resumen, es una engañifa.
La necesaria complicidad local
A este respecto, Aurora Gómez recordó una escena particularmente comprometida que protagonizaron durante una rueda de prensa David Blázquez (responsable de Relaciones Institucionales de Amazon Web Services para España y Portugal) y Jorge Azcón, presidente de Aragón. «La cifra de empleos que ofrecen es una ensalada de números», señala Gómez con ironía. «Ni siquiera Blázquez entiende lo que está diciendo». Los gestos de Azcón, al fondo, muestran una evidente incomodidad ante las preguntas de los periodistas.
Una escena como esa es un ejemplo visual perfecto del «papel cómplice de los Estados y los gobiernos regionales» en la dependencia digital, según Aurora Gómez. Como explica Cecilia Rikap, actualizando la corriente de pensamiento anticolonial nacida en la década de 1960, «el subdesarrollo no se explica solamente por la opresión del norte, sino también por dinámicas locales». Los gobiernos regalan una parte de su soberanía a estas empresas. Antes lo hacían a la oligarquía del campo; ahora, a los oligarcas tecnológicos. «Incluso dentro de los gobiernos progresistas aparecen estas complicidades, más o menos directas, con los ecosistemas predatorios de las gigantes tecnológicas de Estados Unidos y China», añade.
Lleva ocurriendo varias décadas. Por poner dos pequeños ejemplos, la Junta de Andalucía y la de Castilla-La Mancha decidieron abandonar sus sistemas operativos basados en software libre (Guadalinex y Molinux, respectivamente) para pasar por la caja de Microsoft. Esto ha pasado absolutamente en todos los apartados de la gestión pública y a todos los niveles, desde la ofimática a las políticas de Defensa, desde el ámbito local al europeo. Cuando esta dinámica se mantiene en el tiempo, ya es muy difícil de revertir, y eso sin entrar en los problemas que entraña permitir que una gran tecnológica acceda a los datos del Estado. El diagnóstico es bastante simple: «Cuanto más te metes en la nube, más probabilidades hay de que te hackeen». O de que estas empresas (o directamente el Gobierno de Estados Unidos) se queden con tus datos.
El ejemplo paradigmático sería el de Palantir, empresa que oferta diferentes programas de espionaje que han sido usados en el genocidio de Gaza y en las redadas del ICE. Su objetivo ahora es desembarcar a lo grande en la Unión Europea, infiltrando su software en hospitales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los Estados y todo tipo de servicios públicos. En pocas palabras, sus programas funcionan como una herramienta de análisis de datos que puede conectar diferentes fuentes de información, crear patrones y fijar objetivos. A partir de ahí, apropiarse de los datos privados de los ciudadanos y alimentar con ellos sistemas de vigilancia masiva es coser y cantar. «Obviamente, a los gobiernos les preocupa este nivel de dependencia, pero al mismo tiempo les viene bien tener acceso a estas tecnologías para el control de las poblaciones inmigrantes o para participar en guerras», explica Rikap.
Este es el lado más siniestro y tecnofascista de la dependencia digital, pero hay otro más cotidiano: el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial con información robada. Y otro que se inserta en la simple lógica capitalista: el conocimiento absorbido por las big techs por su propia preeminencia en el mercado. Este conocimiento sería el equivalente a la plata de América a la hora de forjar su imperio. Para explicar su modus operandi, Rikap recurre al ejemplo de las grandes farmacéuticas: «Muy poca gente sabe que la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca es en realidad de la Universidad de Oxford. AstraZeneca es la empresa que después se apropió de ese conocimiento, hizo los ensayos clínicos y se la quedó en exclusividad, en parte por las presiones de la Fundación de Bill y Melinda Gates. Y la comercializó de forma privada, aunque los científicos que la descubrieron querían que ese conocimiento estuviera disponible para cualquier laboratorio con posibilidad de desarrollar la vacuna. Algo que, obviamente, en medio de una pandemia, seguramente hubiera sido lo más lógico». Rikap llama a esto «dinámica de monopolización intelectual». Y en el sector tecnológico está a la orden del día.
«Las pequeñas startups están produciendo nuevo conocimiento, pero no tienen la vocación de convertirse el día de mañana en una empresa como Microsoft, Amazon o Google. Aspiran, en el mejor de los casos, a vender su conocimiento a estas tres big techs», explica la economista. Este «extractivismo del conocimiento» se sostiene en los centros de datos, «porque sin centros de datos, no hay lugar donde almacenar ese conocimiento o donde procesar los algoritmos». Y al final, «este proceso de monopolización intelectual», que nació originalmente en universidades, en pequeñas startups o en organismos públicos de investigación, «se traduce en una capacidad de control de grandes porciones del capitalismo global».
Esto ha producido una especie de privatización del mundo que, en cualquier caso, no es nueva. «Esta coalición de gobierno entre las gigantes tecnológicas y Estados Unidos viene ocurriendo desde hace décadas –advierte Rikap–, lo que ocurre es que ahora es más evidente porque la extrema derecha ya no está en los márgenes sino en el centro. Y estas empresas existen porque Estados Unidos las ha favorecido con un arsenal de leyes que van desde el recrudecimiento de los derechos de propiedad intelectual hasta el desmantelamiento de parte de la legislación antimonopolio y el consentimiento de la evasión impositiva a gran escala». Teniendo esto en cuenta, «el tipo de tecnología que hoy tenemos es una respuesta a las necesidades del capital concentrado, a las necesidades de unos gobiernos que se imponen sobre el resto del mundo». Y no se refiere sólo al estadounidense; también incluye al chino.
Revertir esta situación puede parecer imposible por ese fenómeno que Rikap llama «totalitarismo epistémico». Pero hay soluciones. Unas más simples y otras más sofisticadas. Por empezar por la más simple: Rikap propone recuperar todo ese conocimiento robado por medio de los impuestos. Pero también, y esto es más complicado, que la ciudadanía sea consciente de que otras formas de organización son posibles: «La historia de la humanidad demuestra que siempre hemos estado imaginando y creando».
Aprovechando la reciente aparición de su último libro Redes vacías. Tecnología catastrófica y el fin de la democracia (Anagrama, 2026), desde el colectivo Hello Compost! conversamos con el sociólogo César Rendueles para indagar sobre aquellos aspectos clave para construir una relación duradera y emancipadora entre política social y redes tecnológicas.
Desde que escribió Sociofobia, Rendueles ha destacado por una crítica quirúrgica a los discursos tecno-optimistas que ven en la tecnología digital el vector de cualquier revolución contemporánea posible. Sin caer tampoco en el tecno-catastrofismo, necesitamos sentarnos a pensar juntas qué derivas pueden llevarnos a una comprensión situada y contextual de la tecnología si lo que queremos es un cambio social donde el 99% tenga posibilidades de mejorar su existencia.
El texto de César recoge muchas cuestiones de gran interés para Hello Compost! en lo que respecta a nuestro objetivo de desplegar jardines digitales que contribuyan a convertir Internet en un lugar más habitable y democrático. Desde su crítica al ciberfetichismo-la creencia de que las tecnologías digitales son capaces de solventar problemáticas que, en el fondo, son de carácter social, cultural y político-, hace un repaso al recorrido de la tecnopolítica en las últimas décadas.
Esta perspectiva histórica es, a nuestro modo de ver, fundamental para desentrañar tanto las limitaciones como las potencialidades de lo digital en cuanto a su contribución al cambio social. El paso de un tecno-utopismo en las décadas de los ‘90 y los ‘00 hasta el catastrofismo que se ha ido instalando en la última década -prácticamente, sin solución de continuidad- demuestra las carencias que siempre ha acarreado la hipótesis tecnopolítica. La apertura, horizontalidad y descentralización que parecían plantear un nuevo paradigma emancipador no han sido capaces de paliar las derrotas que ha inflingido el neoliberalismo a los pilares tradicionales del anticapitalismo como el movimiento sindical o la solidaridad internacionalista.
Sin embargo, esto no supone una renuncia a aquellos movimientos y estrategias que surgieron de la tecnopolítica como la cultura y el software libre, el mediactivismo, la guerrilla de comunicación, la piratería o los hacklabs. La cuestión está en qué podemos recuperar en las condiciones del presente o, más bien, en cómo podemos actualizar la potencia de sus prácticas. Del mismo modo que es necesario reivindicar el valor de estos movimientos, también es justo señalar los fracasos de las corporaciones tecnológicas para no hacerle el juego al triunfalismo de Silicon Valley y los tecno-oligarcas.
Esto es especialmente importante en estos momentos, en los que el ecosistema digital es cada vez más funcional a los intereses de los movimientos políticos iliberales y de extrema derecha, para lo que X, anteriormente conocido como Twitter, es un ejemplo paradigmático. Durante la época del 15M, esta plataforma parecía la panacea de la esfera pública digital y tenía una orientación marcadamente progresista, mientras que, desde la compra de Elon Musk, ha virado hacia un estercolero filofascista. Aquí es importante considerar que no debemos caer en el espejismo de que es una representación fiel de la opinión pública. Ni lo era cuando parecía contribuir al progresismo, ni lo es ahora que va a favor de Trump y sus acólitos de todo el planeta. Situar y evaluar en su justa medida la influencia de lo digital más allá de las pantallas es una labor fundamental para dejar atrás el ciberfetichismo.
Dicho esto, ni el texto de César ni la conversación que tuvimos con él se detienen en el análisis crítico de la situación. La clave radica en avanzar en cómo pensamos y hacemos el ecosistema digital que queremos. En este sentido, es preciso poner el foco en la institucionalidad, especialmente en lo que se refiere a su capacidad de mediación pública. Porque precisamente la privatización del ciberespacio y su fomento de la inmediatez y la aceleración es lo que ha posibilitado que movimientos autoritarios emerjan y medren en este entorno.
Necesitamos instituciones digitales que generen espacios para que surjan preguntas y más preguntas, no tanto soluciones, y que estas vengan de procesos de reflexión individual y deliberación colectiva. Y cuando hablamos de lo público también es preciso puntualizar que público no es equivalente a estatal -es decir, manejado por el Estado-. No tendría sentido pasar de un centralismo corporativo a un centralismo estatal. Un ecosistema digital público sería aquel capaz de amparar tanto iniciativas estatales como privadas como comunitarias. Esto requiere de audacia política y realismo tecnológico. También perseverancia en los movimientos tecnopolíticos emancipadores. No cejar en el empeño de generar un deseo de cambio para que tengamos una vida menos cuantificada y más bella.
