Quienes crecimos rodeadas de fantasía épica, partidas de rol, cómics y juegos de estrategia a menudo nos encontramos con ambientes masculinizados (cuando no misóginos) que obstaculizaban nuestro disfrute. Actualmente sí podemos encontrar en este ámbito espacios feministas y comprometidos con la diversidad. Algunos de ellos son semillas de redes de apoyo en construcción.
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El 25 de marzo de 2026, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución con 123 países a favor, 52 abstenciones y 3 votos en contra en la que se “declara que la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos constituyen el crimen de lesa humanidad más grave”. La iniciativa fue impulsada por Ghana, con el respaldo de la Unión Africana y la Comunidad del Caribe, y culminó con la aprobación de una resolución de enorme trascendencia, resultado de años de trabajo diplomático y avances progresivos a través de diversos instrumentos internacionales. Esta declaración va más allá de lo simbólico. Describe la esclavitud como un sistema “de escala, duración, naturaleza sistémica y consecuencias perdurables” y abre la puerta a medidas como disculpas formales, restitución o indemnización.
No creo que merezca la pena detenerse en el análisis de los tres votos en contra de Estados Unidos, Israel y Argentina como un emergente “eje del mal” que viene mostrando sin complejos su rechazo absoluto al derecho internacional y al multilateralismo. Sin embargo, debemos detenernos en los argumentos del bloque abstencionista, fundamentalmente los Estados de la UE y, más concretamente, en lo que respecta a la abstención de España. No obstante, ambas posiciones, por muchos matices que se quieran introducir, tenían como principal propósito cerrar la puerta a la justicia reparativa. Los argumentos no difieren. Con estas palabras los expresaba el embajador de Estados Unidos: “[EE. UU.] no reconoce el derecho legal a reparaciones por daños históricos que no eran ilegales bajo el derecho internacional en la época en que ocurrieron”.
A mi juicio, la abstención de los países de la UE, y especialmente de España, es injustificable y merece una crítica severa a la luz de la argumentación resumida en el Informe del Servicio Europeo de Acción Exterior.
El punto de partida es la unánime condena de la esclavitud y el comercio de esclavos para a continuación justificar la abstención con argumentos técnicos como la inseguridad jurídica, principio de legalidad y la irretroactividad de las normas internacionales, aunque también se esgrimieron argumentos de carácter político, como el temor a “jerarquizar tragedias históricas”. Pero este razonamiento es sumamente débil. Reconocer la magnitud de la esclavitud no minimiza ni relativiza, en absoluto, la dimensión de otros crímenes, entre ellos el Holocausto. O incluso adoptar una posición defensiva ante referencias históricas, considerando que podrían generar divisiones, algo más que llamativo ¿Caben otras interpretaciones de este crimen atroz?
Volviendo a los argumentos de la abstención, parecen ignorar que el derecho internacional contemporáneo se ha construido precisamente sobre la idea de que ciertos crímenes, los más graves, trascienden su momento histórico. Por otro lado, olvidan que actos como la esclavitud racializada de los africanos en todo el mundo son criminales per se, independientemente de que no hubiera ley que los prohibiera e incluso antes de que fueran codificándose de forma progresiva, desde las bulas papales hasta su abolición. El precedente de los juicios de Nuremberg neutralizó el principio de legalidad como argumento frente a la comisión de crímenes masivos.
Además, en lo que respecta a la posición de España, podríamos decir que es una preocupante regresión respecto a sus propios compromisos y una contradicción con el liderazgo que está asumiendo en la defensa de la legalidad internacional y los derechos humanos. En la Declaración de Durban de 2001, se reconoció que la esclavitud es un crimen que «siempre debería haberlo sido». Si hace dos décadas España votó a favor de esta resolución ¿por qué se abstiene en 2026? La respuesta es incómoda: el miedo a las posibles implicaciones de la declaración. Aunque no sea vinculante, marca una dirección. Va más allá del simbolismo, legitimando el debate sobre las reparaciones que muchos Estados europeos prefieren evitar, entre ellos España. No por inseguridad jurídica, sino por sus posibles consecuencias políticas y económicas.
Otra de las cuestiones trascendentales es la persistencia de los efectos derivados de la esclavitud hasta hoy. Concretamente, se declara que “las secuelas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos persisten hoy en día en forma de racismo estructural, desigualdades raciales, subdesarrollo, marginación y disparidades socioeconómicas que afectan a los africanos y a las personas afrodescendientes en todas las partes del mundo”.
La contradicción es evidente. España reivindica el derecho internacional como herramienta para exigir responsabilidades en conflictos actuales, pero se muestra reticente cuando ese mismo marco apunta hacia su propio pasado. Es un doble estándar de difícil justificación, más aún cuando la resolución tampoco concreta las medidas de reparación ni redefine automáticamente las obligaciones de los Estados. Difícil explicación tiene, quizás por este motivo no encontremos ni comunicado ni declaraciones al respecto desde el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Como muy bien señala la Red Europea contra el Racismo, la postura de la UE abre una brecha entre sus «compromisos políticos y la acción significativa en justicia racial» y refleja una «renuencia a confrontar el papel histórico y actual de Europa en el racismo estructural».
La trata transatlántica de esclavos no solo fue por su dimensión “el crimen más grave contra la humanidad”, sino que esta atrocidad histórica es la base del racismo estructural y las desigualdades que persisten hoy en día. La abstención de la UE y de España es injustificable desde cualquier punto de vista. Ni los tecnicismos falaces ni el posible alcance de esta resolución en el futuro justifican una posición defensiva e incoherente que, en realidad, no es más que un escudo contra la justicia reparativa. No dudo que la abstención en este caso no es sinónimo de neutralidad, pero ante los crímenes contra la humanidad no debería caber ni la ambigüedad ni los cálculos políticos, económicos o de cualquier otro tipo por parte de los Estados
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Los ataques del ejército israelí sobre el Líbano, más allá del sur, extendiéndose a todo el país, muy especialmente a Beirut, requieren un análisis reposado difícil durante una guerra con múltiples focos.
La agresión de Israel y EE.UU. contra Irán ha incendiado toda la región, especialmente al muy debilitado Líbano. La novedad de esta nueva guerra sionista no es tanto su violación del Derecho internacional, habitual en un Estado paria del orden jurídico internacional, como la demostración de su progresiva soledad y las limitaciones materiales y militares de dos de los ejércitos más poderosos del mundo. Ambos Estados agresores están siendo debilitados militarmente, en su capacidad de influencia internacional (ya casi nula), en el relato y, también, en el diseño de un futuro satisfactorio para ellos.
Sin embargo, los imperios y los proyectos colonizadores racistas, cuando se desmoronan, cuando están heridos, son aún más peligrosos. El historiador israelí Ilan Pappé ya da por finiquitado el Estado sionista y anuncia su colapso y desaparición. Ante esta posibilidad, cada vez más evidente pero aún incierta, el gobierno y una gran parte de la sociedad israelí han extendido el terror a la Cisjordania ocupada y, de forma más sangrienta, al Líbano. Los bombardeos masivos sobre Beirut, la demolición de edificios de viviendas, el asesinato de más de 3.000 personas, fundamentalmente civiles, la destrucción de pueblos enteros, la ocupación de una parte del territorio, y su intención declarada de extenderla hasta el sur del río Zahrani, son muestra de ello.
Frecuentemente, y con razón, el mundo se desespera con la ONU o el Derecho internacional porque no pueden impedir inmediatamente los crímenes internacionales de ciertas potencias. Y es cierto.
Los agresores, los genocidas, también se desesperan. Porque conocen la fuerza del orden internacional y de las Naciones Unidas. No es baladí recordar que EE.UU. está intentando, con nulo éxito, amedrentar a fiscales y jueces de la Corte Penal Internacional, por haber emitido una orden de detención internacional contra Netanyahu. Lo que le impide viajar a la mayor parte del planeta. Hasta su fallecimiento o detención. Ninguna de las sanciones contra los miembros de la Corte ha funcionado. Más agresiva es aún la persecución a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, y que sufre el bloqueo de sus cuentas, persecuciones y amenazas. En vano.
Nadie persigue a quien no supone una amenaza. Los diferentes relatores de la ONU están documentando cada crimen cometido por Israel. Y esta documentación servirá como prueba de actos que marcarán para siempre la Historia del Estado sionista y también su responsabilidad jurídica.
No parece muy complejo calificar los bombardeos de viviendas de civiles en Beirut como un crimen de guerra, según las diferentes normas internacionales, interestatales y penales, pues son ataques deliberados y directos contra población civil. Lo mismo ocurre con los asesinatos de periodistas y personal sanitario, ya comportamientos clásicos de un ejército, el israelí, carente de mínimos éticos o humanitarios.
En Líbano, un millón de personas (un 35% menores de edad, según ACNUR) han tenido que huir de sus hogares y el ejército invasor anuncia la aniquilación y pillaje de toda la zona sur del país. Al ser este un ataque deliberado, sistemático y flagrante contra la población civil, compuesto de asesinatos y traslados forzosos permanentes, esta acción, de completarse, constituiría un crimen de lesa humanidad.
Para poder juzgar, en este momento (recuerden que son crímenes que no prescriben y la Historia tiende a sorprender) a Israel por estos crímenes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) debería ser competente, y no lo es por la negativa de Israel a aceptar su jurisdicción sobre estas cuestiones. Para que la Corte Penal Internacional (CPI), por su parte, fuera competente y pudiera perseguir a los dirigentes sionistas y a los militares israelíes, Líbano, lugar donde los crímenes están siendo cometidos, debería haber aceptado su jurisdicción. Y no lo ha hecho. Esta es la diferencia con Palestina, y por esto hay orden de detención contra dirigentes israelíes. Palestina sí aceptó la competencia de la Corte y todo lo que allí ocurra está protegido por la CPI.
En el caso de Israel, es evidente la razón de no aceptar la jurisdicción de ningún tribunal internacional. Si los asesinos en serie pudieran, tampoco permitirían que los tribunales les juzgaran. Los Estados pueden negarse. Extraña piedra angular de un sistema que necesita de recovecos para funcionar: la voluntariedad de los Estados genera adhesión a los principios y procedimientos. Casi siempre. Porque negarse suele suponer aislarse.
De hecho, como es sabido, Israel está siendo juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia tras la demanda presentada por Sudáfrica. En su eterna arrogancia, sí otorgó competencia a la Corte para juzgar este crimen porque nunca creyó que ningún Estado se atreviera a denunciarle por ello, y que la Corte, en todo caso, nunca aceptaría un caso así. Se equivocaron en ambos casos.
Volviendo a lo que ocurre en Líbano, y dado que la Corte sí puede juzgar a Israel por genocidio, ¿puede intentarse esta vía para la agresión actual sobre el Estado mediterráneo? El Derecho internacional, en toda su complejidad, es más variado y amplio que las órdenes estatales, y la impunidad puede esquivarse de diferentes maneras. La imposibilidad de perseguir los crímenes de guerra y de lesa humanidad israelíes nos lleva obligatoriamente al genocidio.
Un genocidio, como estamos viendo en Gaza, implica “intentar destruir de manera total o parcial a un grupo nacional, étnico, racial o religioso” mediante la comisión, por ejemplo, de asesinatos o deportaciones. En este sentido, deberíamos concretar si Israel está atacando y destruyendo una parte del pueblo libanés, por ejemplo, la parte palestina del mismo o la población chií.
Es evidente que los actos materiales los está cometiendo, pues los asesinatos y desplazamientos son diarios. Lógicamente, al igual que en el caso de Gaza, lo más difícil será probar la intención de destrucción de una parte del pueblo (en aquella ocasión, la intención genocida se ha probado, indiciariamente, en los discursos de los altos cargos). Para ello son necesarias pruebas, discursos, planes, sentencias internas o leyes que justifiquen y demuestren dicha intención. Otra posibilidad, tal vez más viable, es extender la causa respecto a Gaza al territorio libanés. Porque, ¿no es esta invasión una forma de perseguir al pueblo palestino y acabar con él, incluso en los Estados donde se refugió de las anteriores oleadas genocidas?
Es demasiado pronto para responder a todas estas preguntas, nos faltan datos y elementos concretos de calificación. En esta salvaje huida hacia delante de Israel, desconocemos el punto límite a su delirio expansionista. Sabemos que será dañino y sangriento. Y sabemos también que, antes o después, el Derecho internacional, con su exasperante lentitud, estará esperando.
Ander Gutiérrez-Solana Journoud es profesor de Derecho Internacional Público UPV/EHU
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La humanidad merece más que esta carrera armamentista interminable dirigida por hombres (porque la mayoría de ellos son hombres) que creen que ellos y nadie más que ellos están capacitados para decidir qué vidas son prescindibles.Radio Almaina - Los Debates de Actualidad del InfoLibre Guerra de agresión de Israel y USA a Irán.
En el este de Ucrania, el frente apenas se ha movido en meses. Las líneas de trincheras continúan prácticamente en el mismo lugar, pero el entorno ha cambiado de forma radical. Ciudades destruidas, infraestructuras energéticas bajo ataque constante y una población civil sometida a una guerra que ya no avanza, pero tampoco retrocede.
Durante las primeras semanas de la invasión, la posición rusa era respaldada (aunque con la boca pequeña), por una parte de la izquierda española que veía en el movimiento ruso la inevitable respuesta ante la expansión del imperialismo americano y de la OTAN. Cuatro años después, son pocas, si es que las hay, las voces que se sitúan al lado de Putin.
Según la Misión de Observación de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania (HRMMU), 2025 fue el año más letal para la población civil desde el inicio de la invasión a gran escala, con al menos 2.514 muertos y 12.142 heridos, un 31% más que en 2024. Este aumento no responde a grandes ofensivas puntuales, sino a la consolidación de una dinámica de desgaste sostenido basada en ataques a distancia y una violencia distribuida en el tiempo.
Este estancamiento militar coincide con otro desplazamiento menos visible, pero igual de decisivo: el cambio en el marco internacional desde el que se interpreta el conflicto. “En muy poco tiempo ha cambiado el escenario”, señala Francesc Serra Massansalvador, doctor en Relaciones Internacionales por la Universitat Autònoma de Barcelona y especialista en la Rusia contemporánea. Moscú, explica, ha dejado de ocupar el centro de atención global. La agenda internacional se ha desplazado hacia otros focos de conflicto y otros actores, desde China hasta Oriente Próximo, y por supuesto, Irán. Ese cambio no implica una menor gravedad de la guerra en Ucrania, sino su progresiva integración en un contexto más amplio de inestabilidad.
Para Serra, este desplazamiento refleja un problema más profundo: la pérdida de capacidad del sistema internacional para ordenar los conflictos. Lo que en 2022 aparecía como una ruptura –la invasión a gran escala de un Estado soberano– hoy se inscribe en una dinámica más amplia de normalización del uso de la fuerza. Esa misma erosión del marco internacional preocupa especialmente a las organizaciones de derechos humanos.
“Estamos viendo una bajada de la determinación internacional para exigir responsabilidades”, advierte Daniel Vilaró, responsable de Amnistía Internacional en Catalunya. El cambio de posición de Estados Unidos, añade, ha debilitado el compromiso con la investigación de los crímenes de guerra y ha abierto la puerta a escenarios en los que la impunidad se convierta en moneda de cambio para alcanzar un acuerdo de paz.
El cruce entre ambos planos –el geopolítico y el jurídico– define el momento actual del conflicto. Mientras el frente se estabiliza sobre el terreno, el marco que debía garantizar sus límites empieza a desdibujarse. Sobre el mapa, la guerra parece congelada. Sobre el terreno, no lo está.
Los combates continúan, pero ya no se traducen en avances significativos. En los últimos tres años, las ofensivas de ambos bandos se han saldado con desplazamientos mínimos del frente. Pueblos pequeños, posiciones tácticas, enclaves cuya importancia estratégica se diluye a medida que quedan arrasados. La única variación relevante fue la retirada rusa de la ciudad de Jersón, que respondió más a una decisión operativa que a una derrota estructural. “Desde hace tiempo no hay grandes movimientos”, explica Serra. “Lo que vemos es una guerra de desgaste, donde cada parte intenta mejorar ligeramente su posición de cara a una eventual negociación”.
Ese horizonte negociador existe. Las conversaciones, más o menos discretas, se han producido en distintos escenarios durante los últimos meses. Estambul, Abu Dabi u otros espacios intermedios han acogido contactos que, aunque no han desembocado en acuerdos concretos, indican que el conflicto ha entrado en una fase distinta.
El problema es que las posiciones de partida son incompatibles: Rusia busca consolidar el control sobre los territorios ocupados y transformar la situación militar en una realidad política estable. Ucrania, por su parte, no puede aceptar esa pérdida territorial sin asumir un coste interno difícilmente sostenible. El resultado más plausible, según los analistas, no es una paz definitiva, sino una forma de suspensión del conflicto.
“Lo más probable es que se llegue a una situación de congelación del frente”, apunta Serra. “Algo que no se reconoce jurídicamente, pero que en la práctica se mantiene durante años o décadas”. El precedente de Chipre, dividido desde 1974, aparece como referencia recurrente. Pero este tipo de “solución” no cierra la guerra. En el mejor de los casos, la congela.
En paralelo a este estancamiento militar, el coste humano sigue aumentando. Los ataques contra infraestructuras críticas –centrales eléctricas, redes de suministro, sistemas de transporte– han intensificado su impacto sobre la población civil. La guerra se ha desplazado progresivamente desde el frente hacia la vida cotidiana. Menos ofensivas relámpago, más presión constante.
En las zonas ocupadas, las denuncias recogidas por organizaciones internacionales dibujan un patrón de control sostenido. Torturas a prisioneros de guerra, trabajos forzados y procesos de adoctrinamiento en el sistema educativo forman parte de un mismo dispositivo orientado a consolidar la ocupación.
“Tenemos constancia de prácticas que constituyen crímenes de guerra”, afirma Vilaró. “Y lo preocupante es que, en el contexto actual, existe el riesgo de que muchos de estos crímenes no lleguen a investigarse”.
A medida que se abre la posibilidad de negociaciones, emerge una tensión de fondo: hasta qué punto la paz puede implicar la renuncia a la justicia. La historia reciente ofrece múltiples ejemplos de acuerdos que han priorizado la estabilidad sobre la rendición de cuentas. Ucrania podría convertirse en uno más. Para Amnistía Internacional, esa deriva resulta inaceptable. “Cualquier presión sobre Ucrania para que renuncie a exigir responsabilidades por los crímenes cometidos es ilegítima”, sostiene Vilaró. No solo por una cuestión moral, sino por el precedente que establecería en el sistema internacional.
En Rusia, la guerra se ha convertido en un factor de transformación interna. La represión política, ya presente antes de la invasión, se ha intensificado de forma significativa. El caso de Alexéi Navalni, cuya muerte en prisión ha sido calificada por distintas investigaciones como un asesinato, marca un punto de inflexión.
A partir de ahí, el endurecimiento del control estatal se ha extendido a distintos ámbitos. Más de un centenar de procesos penales vinculados a su entorno, condenas a abogados y periodistas, restricciones crecientes sobre las redes sociales y un aumento de la vigilancia sobre las comunicaciones digitales configuran un escenario de cierre progresivo del espacio público.
“El objetivo es claro: reducir al mínimo la capacidad de organización de la sociedad civil”, explica Vilaró. Organizaciones independientes, movimientos sociales y colectivos críticos (especialmente el movimiento antiguerra y el colectivo LGTBIQ+) han sido objeto de campañas de presión, tanto legales como informales.
Una parte significativa de esta estrategia se basa en mecanismos administrativos. La catalogación de entidades como “extremistas”, “terroristas” u “organizaciones indeseables” permite ilegalizar de facto cualquier estructura incómoda para el poder. En el último año, más de 60 organizaciones han sido incluidas en estas listas.
No toda la represión es visible. “También existe una represión más difusa, orientada a generar miedo y desgaste”, añade Vilaró. Un proceso gradual de reducción del espacio cívico.
En ese contexto interno, la capacidad de Rusia para sostener la guerra plantea una paradoja. Desde el inicio del conflicto, numerosos análisis anticipaban un colapso económico que no se ha producido. Las sanciones han tenido impacto, pero no han generado un deterioro inmediato del sistema. La economía rusa ha mostrado una capacidad de adaptación mayor de la prevista. “Hace cuatro años que se dice que Rusia no aguantará, y sigue aguantando”, resume Serra.
Esa resistencia, sin embargo, tiene límites. Parte de la estabilidad se concentra en grandes ciudades como Moscú o San Petersburgo, donde la vida cotidiana mantiene una apariencia de normalidad. Fuera de esos núcleos, el deterioro es más evidente.
A largo plazo, los factores estructurales apuntan en otra dirección. La pérdida de población joven –con cientos de miles de personas que han abandonado el país para evitar el reclutamiento–, el envejecimiento demográfico y las dificultades para mantener el ritmo de incorporación de nuevos soldados configuran un escenario de desgaste acumulativo. “Hay tensiones que se van acumulando y que en algún momento pueden estallar”, señala Serra. No se trata de un colapso inminente, sino de una fragilidad latente.
El papel de los aliados añade otra capa de complejidad: China, principal socio estratégico de Rusia, mantiene una posición ambivalente. Ha evitado una implicación directa en el conflicto y ha aprovechado la situación para reforzar su propia posición. En el ámbito energético, por ejemplo, compra gas ruso en condiciones más ventajosas que las que ofrecía el mercado europeo. “No es una relación de igualdad”, explica Serra. “China sale beneficiada en casi cualquier escenario”.
En otras regiones, como Asia Central, África o América Latina, ambas potencias compiten por influencia. La guerra no ha consolidado una alianza, sino que ha acentuado una relación asimétrica.
Al mismo tiempo, el bloque occidental empieza a mostrar signos de desgaste. La Unión Europea mantiene formalmente su apoyo a Ucrania, pero las fisuras son cada vez más visibles. Gobiernos como los de Hungría o Eslovaquia han expresado reticencias a continuar con la ayuda, reflejando una fatiga que podría intensificarse si el conflicto se prolonga. “El apoyo sigue, pero ya no es tan sólido como al principio”, apunta Serra.
Cuatro años después, la guerra en Ucrania ya no puede entenderse únicamente como un enfrentamiento entre dos Estados. Es también un síntoma que revela las limitaciones de un sistema internacional incapaz de prevenir la guerra, de detenerla una vez iniciada y, cada vez más, de juzgar sus consecuencias.
Sobre el terreno, las líneas de frente permanecen. En el plano político, las líneas que definían el orden global se han vuelto más difusas.
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En medio de la agresión bélica de EEUU e Israel en el Golfo Pérsico, el Parlamento Europeo ha aprobado hoy las disposiciones arancelarias del acuerdo comercial entre la UE y Washington. Este artículo se publicó originalmente en Substack. Puedes leerlo en inglés aquí.
Más de dos semanas después del inicio de la guerra de agresión contra Irán, Estados Unidos e Israel aún no han alcanzado su objetivo bélico de provocar un cambio de régimen, y es poco probable que lo logren por esta vía. La historia muestra que los bombardeos aéreos por sí solos rara vez conducen a la victoria, y mucho menos al derrocamiento de gobiernos. Al contrario, quienes son atacados suelen cerrar filas en torno a sus líderes, especialmente cuando el agresor, como en este caso, bombardea escuelas y hospitales.
Pero la guerra podría resultar ser mucho más que una misión fallida y costosa para Estados Unidos. Los ataques con misiles de Irán contra bases estadounidenses y otros objetivos en los Estados del Golfo están sacudiendo toda la estructura de poder de la región. Por un lado, estos ataques demuestran que Estados Unidos es incapaz de defender a los países del Golfo. Conviene recordarlo: el acuerdo histórico de los años setenta entre Estados Unidos, por un lado, y Arabia Saudí y otros Estados del Golfo, por otro, se sostenía sobre dos pilares. Las monarquías vendían su petróleo exclusivamente en dólares e invertían los excedentes de petrodólares en Estados Unidos. Esto garantizaba un flujo permanente de capital hacia Estados Unidos y, en particular, hacia Wall Street. A cambio, Estados Unidos ofrecía modernización tecnológica y, sobre todo, seguridad.
Ese segundo pilar se está derrumbando ante nuestros ojos. Las bases militares estadounidenses han demostrado no solo ser en gran medida inútiles frente a los misiles iraníes, sino también una carga para los Estados del Golfo, ya que constituyen objetivos evidentes. Además, sectores importantes de la población en algunos de estos países llevan tiempo oponiéndose a dichas bases. En Baréin, por ejemplo, donde el 60% de la población es chií, se produjeron muestras de celebración tras el éxito iraní al infligir graves daños al cuartel general de la Quinta Flota estadounidense. La presencia de Estados Unidos se revela así como un posible factor de inestabilidad política interna.
La magnitud de los ataques contra las bases estadounidenses es considerable. Irán logró, por ejemplo, destruir dos instalaciones clave de radar en Jordania y en los Emiratos Árabes Unidos, esenciales para guiar los misiles THAAD, un componente central de la defensa contra los misiles iraníes. La reconstrucción de estas infraestructuras, valoradas en miles de millones de dólares, podría llevar meses o incluso años. Otras bases importantes también fueron alcanzadas, como la de Erbil, en Irak, la mayor base de la Fuerza Aérea estadounidense en el país.
La situación podría agravarse aún más si Estados Unidos e Israel se enfrentan a una escasez de misiles interceptores. Estos ya eran limitados al final de la guerra de doce días contra Irán en junio de 2025, una de las razones clave por las que ambos países optaron entonces por un alto el fuego. Ahora, según diversos informes, los arsenales podrían acercarse a una escasez más severa, lo que debilitaría decisivamente una defensa ya de por sí incompleta.
Estados Unidos también ha demostrado ser incapaz de mantener abiertos los estrechos de Ormuz, a pesar de la promesa de Donald Trump de escoltar a los buques. Su llamada urgente a la OTAN y a otros aliados para que envíen barcos al Golfo Pérsico subraya la gravedad de la situación. El hecho de que todos sus aliados —desde el Reino Unido y Alemania hasta Australia y Japón— hayan rechazado la petición es una señal humillante del creciente aislamiento e impotencia de Estados Unidos. El estrecho de Ormuz es la arteria vital de las monarquías del Golfo. No solo dependen de él las exportaciones de petróleo y gas, sino también importaciones esenciales. Si permanece cerrado durante un periodo prolongado, las economías y las sociedades del Golfo afrontarán nuevas turbulencias.
Mientras las élites de las monarquías del Golfo empiezan a asumir que Estados Unidos no puede protegerlas e incluso está llevando la guerra a sus territorios, las repercusiones económicas socavan aún más el statu quo. El modelo de negocio de estos países se basa en la estabilidad. Tanto el turismo como la inversión extranjera descansan sobre la promesa de un mundo brillante, protegido de la pobreza y de las guerras constantes de los países vecinos. Pero ese modelo también podría colapsar. ¿Quién compraría islas frente a la costa de Dubái si no hay seguridad frente a los misiles? Y si las grandes fortunas se alejan, ¿quién querrá invertir miles de millones en una región con un futuro incierto?
La guerra también ha puesto de relieve la vulnerabilidad del suministro de agua dulce en la región. Las plantas desalinizadoras, que proporcionan entre el 60 y el 70 por ciento del consumo de agua en los Estados del Golfo, podrían quedar fuera de servicio con unos pocos ataques de misiles iraníes. Sin agua dulce, ni siquiera los más ricos pueden sobrevivir. Además, una evacuación rápida podría resultar imposible. Al inicio del conflicto, los vuelos privados disponibles se redujeron drásticamente en cuestión de horas, ya que pocos proveedores estaban dispuestos a asumir el riesgo. Los enclaves de lujo podrían convertirse en trampas.
Muchas de las monarquías petroleras han diversificado sus economías en los últimos años. Uno de los nuevos pilares son los centros de datos operados por grandes corporaciones estadounidenses como Amazon, Google, Microsoft, Palantir, NVIDIA u Oracle. Sin embargo, Irán ya ha atacado centros de datos de Amazon en Baréin y en los Emiratos, con importantes repercusiones sobre los servicios digitales. Además, el liderazgo iraní ha presentado una lista de 31 centros de datos que considera “objetivos legítimos”, al considerar que son utilizados por el ejército estadounidense. Si algunos de ellos fueran alcanzados, el golpe sería significativo no solo para la economía regional y su infraestructura digital, sino también para un pilar central de la hegemonía estadounidense.
Ante este escenario, Donald Trump busca desesperadamente una salida que le permita declarar la victoria y poner fin a la guerra. Pero lo más probable es que Irán no le facilite un desenlace rápido.
Incluso si el conflicto terminara en un plazo relativamente breve, su impacto sobre la región y el equilibrio geopolítico sería profundo y se desplegaría plenamente en los años siguientes. En cualquier caso, las monarquías del Golfo se verán obligadas a buscar nuevos modelos de supervivencia política y económica. Lo más probable es que giren hacia Asia, y en particular hacia China, que en los últimos años ha construido sólidos vínculos económicos y diplomáticos en la región y se ha posicionado como un actor de estabilidad. Podría ser el inicio del fin de la hegemonía estadounidense en el Golfo.
Fabian Scheidler es autor de ‘El fin de la megamáquina. Breve historia de una civilización en declive’, publicado en numerosos idiomas (www.megamachine.org). Su libro más reciente, publicado en alemán es ‘Bienestar o guerra. Por qué Europa debe elegir entre la razón y la autodestrucción’. Scheidler colabora también con ‘Le Monde Diplomatique’ y otros medios.
www.fabianscheidler.com
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Más allá de las herramientas protocolizadas que pueden facilitar profesionales psi en consulta, los activismos locos desarrollan materiales personalizables que ayudan a atravesar posibles crisis de salud mental.
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Desde las realidades de la migración, especialmente china, y el trabajo en las aulas te traemos algunas reflexiones en torno al bullying.
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Este artículo se publicó originalmente en la revista de ‘La Marea’. Aquí puedes conseguir un ejemplar o suscribirte en nuestro kiosco.
Poco después del desastre de la Primera Guerra Mundial y con la revolución socialista en Alemania como telón de fondo, Max Weber reflexionaba en un famoso discurso en Múnich, en enero de 1919, sobre la naturaleza de la política. Las teorías del sociólogo e historiador alemán sobre la «autoridad carismática» y la «legitimidad basada en la legalidad», así como la «ética de la convicción moral» y la «ética de responsabilidad», que luego vieron la luz en su célebre obra La política como vocación, siguen siendo válidas hoy en día. Weber también analiza y compara los sistemas políticos de la época para fundamentar sus tesis.
En el Reino Unido de principios del siglo XX, Weber deplora un estilo político que predice la era de las redes sociales, «cuando para mover a las masas se utilizan frecuentemente medios puramente emocionales de la misma clase que los que emplea el Ejército de Salvación. Resulta lícito calificar la situación presente como dictadura basada en la utilización de la emotividad de las masas». Al contrario, en Estados Unidos, cuyo ascenso como poder mundial comenzaba con el fin de la Gran Guerra, Weber considera el sistema electoral como una mera máquina de repartir puestos y poder. «En Alemania, a diferencia de lo que sucede en América, teníamos partidos políticos con convicciones, que, al menos con bona fides subjetiva, afirmaban que sus miembros representaban una concepción del mundo», destaca. Sin embargo, el problema en la época imperial alemana que murió con la derrota militar del káiser fue un parlamento demasiado débil frente a un cuerpo de funcionarios demasiado fuerte, según el pensador.
En 1919, Weber no podía prever la aparición de los Hitler, Mussolini, Franco o Stalin. Tampoco se hubiera imaginado el fenómeno que supone Donald Trump. Durante décadas, mucha gente en Europa consideraba que Estados Unidos no sólo era la democracia más antigua de la era moderna, sino también la más estable frente a la propensión de los europeos hacia regímenes totalitarios. Con Trump, el admirado sistema de contrapesos (checks and balances) parece haber colapsado como un castillo de naipes. Peor aún, Trump aspira a lograr lo mismo en Europa, donde apoya a partidos de ultraderecha como Vox en España. ¿Es posible un fenómeno Trump en Europa?
El país más vulnerable es el Reino Unido, donde el partido Reform UK del ultranacionalista Nigel Farage lidera todas las encuestas. Con el sistema electoral del first-past-the post, donde el candidato o candidata con más votos se lleva el escaño en cada uno de los 650 distritos, es fácil lograr una mayoría absoluta. En las elecciones de 2024, al laborista Keir Starmer le bastó un mero 33,7% de los votos para conquistar una mayoría abrumadora de 411 de los 650 escaños, el resultado menos proporcional en la historia del país.
Zia Yusuf, uno de los dirigentes de Reform, explicó a la revista The Economist en septiembre pasado los planes para deportar a 600.000 migrantes y meter mano al servicio público británico al estilo del DOGE liderado por Elon Musk. «La separación de poderes es mucho más débil que en América. Aquí, un primer ministro con una mayoría amplia en la Cámara de los Comunes tendría mucho más control sobre la política nacional que un presidente de Estados Unidos. Un Musk británico podría recortar a su gusto», advierte el artículo.
En Francia, la ultraderecha de Marine Le Pen y Jordan Bardella tiene posibilidades de ganar las elecciones presidenciales en 2027. Sin embargo, el presidente de la República comparte el poder con el parlamento, que elige a un Ejecutivo liderado por un primer ministro o ministra. Salvo que el Reagrupamiento Nacional de Le Pen gane una mayoría absoluta, la Asamblea Nacional funcionaría como contrapeso.
La acumulación de poder resulta más difícil en Alemania. El sistema proporcional requiere prácticamente una mayoría de votos para obtener una mayoría de escaños en el Bundestag. Sin embargo, la Cámara Baja del Parlamento alemán comparte el poder con el Bundesrat, la Cámara Alta, donde se sientan los gobiernos de los 16 estados federados. Las elecciones en los länder no coinciden, por lo cual es poco probable que la ultraderecha de Alternativa para Alemania se pudiera hacer con el control del Bundesrat en un tiempo breve. También en España, el poder de las comunidades autónomas amortigua la influencia del Gobierno central, como estamos viendo actualmente.
Finalmente, la Unión Europea ofrece ciertas garantías contra abusos que podría acometer un Donald Trump en Madrid, Berlín o París. La justicia europea y las instituciones vigilan la libertad de expresión y el estado de derecho. Por algo, Farage fue el gran promotor del Brexit, para librarse de interferencias en un futuro gobierno suyo. «Quien hace política aspira al poder; al poder como medio para la consecución de otros fines –idealistas o egoístas– o al poder por el poder, para gozar del sentimiento de prestigio que él confiere», advirtió Weber en 1919. Trump ha dejado claro que no reconoce las reglas ni ninguno de los límites previstos a su poder en la Constitución de Estados Unidos. Las elecciones parlamentarias de noviembre serán la prueba definitiva de su determinación. ¿Aceptaría una derrota de los republicanos y una pérdida de control sobre una o ambas cámaras del Congreso?
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De una tierra conservadora y en detalle desconocida como Castilla y León lo que no se espera nunca es la sorpresa. Pero este es un tiempo de cambios y las elecciones autonómicas de 2026 han sido, sobre todo, lo que nadie esperaba. El PP estaba preocupado por la movilización de sus votantes, en los segundos comicios a Cortes despegados de los municipales, y Vox prometía seguir en la ola superando el umbral del 20% por primera vez en una autonomía. Al PSOE nadie le auguraba una noche tan buena y su aspiración de, al menos, poder decir que ganaba las elecciones (se quedó a casi 60.000 votos y 3 escaños) se fiaba a la penetración de los de Santiago Abascal en territorio popular. La Unión del Pueblo Leonés (UPL) quería rubricar un triunfo histórico con grupo propio y sorpasso al PSOE, y quedó encallada. Los localismos de Soria ¡Ya! y Por Ávila perdieron fuelle. Y desaparecen del hemiciclo IU-Sumar, Podemos y Ciudadanos.
Alfonso Fernández Mañueco, el hombre que con 60 años lo ha sido todo en 31 de los 38 que su partido ha gobernado en Castilla y León, es el único con posibilidad de presidir la Junta de nuevo, pero tendrá que volver a hacerlo con un Vox que ya salió de espantada por mandato nacional a mitad de legislatura y que lo llama “canalla” y de quien él ha dicho que es un partido que quiere “tirar gente [migrantes] al mar”. El domingo por la noche, en el cuartel electoral del PP en su Salamanca natal, estaba contento y aliviado: cree que con el pinchazo de Vox (al que casi duplica en votos) sobre las expectativas, ahora a los de Abascal se les bajarán los humos y se sentarán a negociar en base al programa del PP, sin apretar.
El nuevo líder de la oposición, el socialista Carlos Martínez, confía en que la negociación de tantos gobiernos autonómicos resulte en una ruptura en la derecha que lleve a una repetición electoral. Sabe que la campaña se le ha quedado corta y él no está acostumbrado a perder: ha sido cinco veces alcalde de Soria y tiene la única mayoría absoluta del PSOE en una capital de provincias. Siguiéndolo en campaña (rápido, porque llegó a visitar cinco provincias en día y medio), muchos intuyeron lo que acabó confirmándose la noche del domingo: que era un buen candidato socialista para Castilla y León. Un hombre común, desenfadado, que hace “pincho-mítines” con un botellín en la mano; al que no han enseñado todavía a hablar como un político moderno, que dice cosas inusuales y no rehúye preguntas, con un discurso muy aterrizado en los servicios públicos y la igualdad, cercano, un alcalde con peña al que mantean en fiestas.
La etapa Mañueco en Castilla y León ha estado marcada por la ola del gran cambio político contemporáneo en España. En 2015 –las últimas elecciones de su predecesor Juan Vicente Herrera–, la tercera fuerza en Cortes era Podemos con 10 escaños. Ahora no llega a los 10.000 votos, casi la mitad que el partido de Alvise y apenas el doble que el PACMA. La coalición IU-Sumar triplica los apoyos de Podemos, pero ni siquiera yendo juntos a estos comicios habrían mantenido el escaño en la única provincia donde tenían posibilidades: Valladolid. No es la única explicación, pero sí les ha hecho daño el voto estratégico: las circunscripciones provinciales, sobre todo las más pequeñas, han sido históricamente un lugar en el que la izquierda alternativa (antes IU en solitario) veía cómo se le perdían votos sin representación. En estas elecciones los votantes han querido asegurarse de que su voto vaya a un saco seguro: los de derechas al PP, el statu quo, y los progresistas o centristas (a los que les espanta la ultraderecha) al PSOE. El voto a los dos grandes partidos es muy leal en Castilla y León, y tienen algo que a Vox (y a Podemos y a Sumar) se le ha dado especialmente mal: cuadros de partido y despliegue territorial. IU sí resiste, a su escala, en ese aspecto.
En 2019, cuando el PSOE de Luis Tudanca ganó las primeras elecciones de un Mañueco que se estrenó con el peor resultado de su partido en su gran bastión, Ciudadanos (tercera fuerza con 12) tuvo en su mano ofrecer a los castellano y leoneses la posibilidad de conocer un gobierno que no fuera del PP e hizo lo contrario. Esa apuesta acabó con adelanto electoral. Ahora se ha quedado por debajo de los 5.000 votos y fuera de las Cortes. El que fuera vicepresidente de ese Gobierno, Francisco Igea, pidió el voto en estas elecciones para IU-Sumar en Valladolid. Cosas veredes. En 2022, una campaña en Castilla y León con gran seguimiento nacional a diferencia de esta, Vox llegó a su primer gobierno autonómico con 13 procuradores. Juan García-Gallardo, ese joven político estridente del “latido fetal” de quien Abascal dijo aquello de que se le estaba poniendo cara de vicepresidente, tuiteó el domingo, desde la ruptura hostil con el líder, un acertado análisis de la noche: “Es el bipartidismo y no Vox el que hoy está de fiesta”.
Castilla y León es una comunidad enorme y compleja. Nacida de la unión de una región histórica (León) y otra desmembrada (Castilla) como contrapeso español a los nacionalismos periféricos, alberga realidades diversas: voto urbano más progresista que el rural, que decrece; León –y ahora Soria con su alcalde– como diques socialistas en un mar azul de interior. Pero tiene un elemento definitorio: su votante medio supera los 50 años. Este grupo demográfico lo domina todo –incluso cómo se hacen las cosas: “así, como se han hecho siempre”– y está harto de los sobresaltos de los dos últimos gobiernos de coalición fallidos.
Vox no acertó a la hora de ponerse el listón en el 20% de los votos: ni el campo de Castilla y León –amarrado por alcaldes del PP desde hace casi 40 años y sin grandes empresas como las que tiene, por ejemplo, Murcia– ni su demografía favorecen su crecimiento. Su ascenso se sustenta en el nuevo votante, jóvenes de entre 18 y 25 años, la parte inicial del éxodo continuo que condena a esta comunidad: más de 1 millón de sus nacidos viven fuera de ella. Dentro apenas 2,4 millones y cada vez más envejecidos.
En estas elecciones se han equivocado la mayoría de las encuestas (el CIS no tuvo mala puntería, aunque con horquillas amplias), los análisis, los partidos, todos, en definitiva, al no concebir que las urnas tienen vida propia y que este es un tiempo de cambios, aunque el cambio en esta tierra conservadora sea una vuelta (parcial) al bipartidismo. Una vuelta a casa, a lo (malo o bueno) conocido, después de un par de aventuras que no salieron bien.
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“Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido y no volverá”. Con estas palabras, pronunciadas el pasado 9 de marzo ante los embajadores de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen quiso describir el momento histórico que atravesamos. Y añadió algo aún más significativo: que la Unión Europea “seguirá defendiendo el sistema basado en reglas”, pero que ya no puede confiar en él como única forma de proteger sus intereses.
Aunque posteriormente se haya intentado matizar, aclarar esa declaración, no puede obviarse su trascendencia. Las numerosas reacciones que ha suscitado reflejan hasta qué punto ha puesto sobre la mesa un debate central: el de la autonomía de la política exterior europea ante un “nuevo orden mundial” impuesto por Estados Unidos y caracterizado por intervenciones unilaterales, el uso de la coerción y de la fuerza, y la creciente erosión del sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas y del respeto al derecho internacional.
Quizá, en una primera lectura, estas palabras podrían interpretarse como una expresión de pragmatismo. Pero, en realidad, apuntan a algo mucho más profundo: la posibilidad de que la Unión Europea renuncie a que su acción exterior esté vertebrada por el derecho internacional. Dicho de otro modo, significaría aceptar que la política exterior europea se adapte al marco de la “ley del más fuerte” que pretende imponer Donald Trump. Además, esta idea no se deduce únicamente de las declaraciones mencionadas. De una u otra forma, ya había sido expresada por dirigentes como Emmanuel Macron o el canciller alemán Friedrich Merz.
Todo lo que sintetizan estas palabras tampoco surgen de la nada. Reflejan una posición que desde hace años atraviesa a la Unión Europea: la progresiva subordinación a la estrategia global de Estados Unidos y la resignación ante un orden internacional cada vez más dominado por el unilateralismo. En ese contexto, más que marcar un rumbo propio, la Comisión Europea parece asumir el marco impuesto por Washington.
Este debate gira, al menos, en torno a tres elementos centrales, profundamente ligados entre sí: primero, la creciente subordinación a los intereses estratégicos de Estados Unidos; segundo, el cuestionamiento de los valores fundacionales de la Unión; y tercero, la propia arquitectura política sobre la que se construyó el proyecto europeo, en un momento de inestabilidad internacional que no se veía desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Respecto al primero, las sanciones extraterritoriales, las amenazas arancelarias contra aliados y adversarios o incluso las declaraciones sobre la posible apropiación o control de territorios estratégicos forman parte de esa lógica. Un modelo de relaciones internacionales en el que el derecho queda subordinado al poder y a los intereses económicos. Lamentablemente, la Unión Europea parece haber quedado “atrapada” en esa dinámica. A pesar de los intentos posteriores por matizar (o incluso rectificar) sus palabras, motivados por la controversia generada, las declaraciones de Von der Leyen terminan reforzando esa percepción de subordinación. Una imagen tan simbólica como la firma del acuerdo arancelario en la residencia de Mar-a-Lago del presidente Trump resume bien esa relación de fuerzas.
En cuanto a las otras dos cuestiones, conviene recordar que el Tratado de la Unión Europea ancla su acción exterior en principios muy claros: el respeto al derecho internacional, la cooperación entre Estados, la resolución pacífica de los conflictos y la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. El giro que ahora se insinúa entra en contradicción directa con esos valores fundacionales, los pilares morales y jurídicos sobre los que se construyó el proyecto europeo.
La construcción europea también nació como una respuesta política y moral frente al fascismo, al militarismo y a la lógica de la guerra que había asolado el continente. Cuestionar hoy esos fundamentos supone, en realidad, poner en duda la propia razón histórica que dio origen a la Unión Europea.
Al mismo tiempo, el proceso de integración coincidió con el final del ciclo colonial de las grandes potencias europeas y con la aceptación de un orden internacional basado en reglas, articulado en torno a la Carta de Naciones Unidas y al principio de igualdad soberana entre los Estados. En ese sentido, la Unión Europea representó también la renuncia a las viejas lógicas imperiales que durante siglos marcaron la política internacional. El retorno actual a dinámicas de presión económica, control de recursos o apropiación estratégica de territorios recuerda, sin embargo, a formas de neocolonialismo que chocan frontalmente con ese compromiso multilateral.
Si el derecho internacional deja de ser el límite, lo que queda es la política de bloques, la presión económica y, en última instancia, la amenaza o el uso de la fuerza. El retorno a un orden internacional en el que las grandes potencias imponen sus intereses por encima de las normas. Algunos partidos políticos, como el Partido Popular a través de su portavoz, lo han entendido rápidamente: “Europa no tiene que quedarse en una esquina porque no se cumplan las normas”. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué debe hacer Europa? Y si ya no se puede confiar en el derecho internacional, ¿qué debe sustituirlo? ¿La guerra?
El verdadero problema es que las posiciones favorables a construir una alternativa basada en el multilateralismo y el respeto al derecho internacional siguen siendo minoritarias. En este sentido, el Gobierno de España se ha alzado como una de las principales voces del “no a la guerra”, defendiendo que la seguridad global no se construye con sanciones indiscriminadas, amenazas económicas o intervenciones militares preventivas, sino mediante negociación, acuerdos y respeto a la legalidad internacional.
Si Europa renuncia a defender el derecho internacional como fundamento de su acción exterior, estará renunciando a aquello que justificó su propia existencia. La Unión Europea nació de la convicción de que la política podía emanciparse de la lógica de la guerra y del dominio de los más fuertes. Abandonar ese principio significa aceptar que esa aspiración ha fracasado. Y si Europa acepta que el derecho internacional es una reliquia de un mundo que ya no existe, no solo estará adaptándose a un nuevo orden mundial: estará contribuyendo a consolidarlo. En ese mundo donde impera la ley del más fuerte, Europa no solo habrá perdido influencia. Habrá perdido aquello que justificaba su propia existencia.
Enrique López es profesor asociado de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid.
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La guerra es un negocio del que se lucran las principales entidades financieras del Estado español, que no han cortado sus vínculos con Israel. El presupuesto público militar aumenta cada año, en una apuesta bélica que pasa por encima del acuerdo internacional.
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El discurso idealizado de la amistad entre mujeres ha dejado invisible y carente de relato su dimensión dolorosa. Igual que se hizo con el desamor (de pareja), darle existencia discursiva y material a la desamistad es una urgencia política. Lanzamos unas primeras reflexiones para intentar pensar colectivamente algunas dimensiones de la desamistad. Aquí hemos elegido tres que nos permiten tensionar el discurso dominante de la amistad romantizada: el (no) acceso a amigas, las amistades dañinas y las rupturas y los duelos.
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De todas las paradojas y sincretismos ideológicos que conforman el pensamiento fascista, la relación entre futurismo y presentismo analizada por el historiador François Hartog es sin duda una de las más interesantes. Su estudio detallado del Manifesto futurista (1909) de Filippo Marinetti descubre, precisamente, el peso del presentismo en el propio futurismo. Citando el texto del vanguardista italiano que reza “el Tiempo y el Espacio murieron ayer. Vivimos ya en lo absoluto porque ya hemos creado la eterna velocidad omnipresente”, Hartog concluye que el presente se ha “futurizado”, que “por la velocidad, el presente se transforma en eternidad”. La prisa, la velocidad y el ahora absoluto: este es el tiempo por el que abogaba Marinetti para el orden fascista que estaba por venir y que, para algunos, resuena con la temporalidad del momento histórico que vivimos.
El pasado sábado 14 de febrero, el militante de extrema derecha francés Quentin Deranque falleció tras pasar dos noches hospitalizado en estado crítico. En principio –la investigación judicial todavía tiene que determinarlo–, su muerte se produjo tras una reyerta en la ciudad de Lyon con antiguos militantes del colectivo antifascista de la Jeune Garde (‘Joven Guardia’); el enfrentamiento terminó en una paliza con consecuencias mortales. Deranque formaba parte de la escolta del colectivo femonacionalista Némesis, un grupúsculo identitario compuesto mayoritariamente por mujeres que tenía como objetivo boicotear una conferencia de la eurodiputada de La Francia Insumisa (LFI) Rima Hassan en el Instituto de Estudios Políticos (Sciences Po Lyon). Los alborotadores acudieron allí armados con gas pimienta y tubos metálicos. Si la muerte de Deranque ha tomado proporciones mediáticas de primer orden es fundamentalmente por la vinculación que, desde gran parte de la esfera política y mediática, se está haciendo entre la Jeune Garde y LFI. Aparte de la presencia de Hassan, su fundador y portavoz, Raphaël Arnault, que cesó su cargo en este colectivo en 2022, es actualmente diputado insumiso en la Asamblea Nacional francesa.
Presentados los hechos, en vez de entrar en la vorágine presentista que induce a enjuiciarlos de forma supuestamente objetiva (es decir, sin matices ni contexto y condenándolos de entrada), la situación exige un momento de reflexión sobre las etapas que han llevado a este trágico suceso.
A día de hoy, hablar de Lyon es hablar de la ciudad francesa con mayor implantación de la extrema derecha grupuscular en Francia. Históricamente, fue en la metrópoli lionesa donde se fundó en 1968 el conocido Grupo de Investigación y Estudios para la civilización europea (GRECE), el principal órgano de difusión del mayor intento de renovación del pensamiento de extrema derecha europeo tras la derrota del fascismo: la Nueva Derecha francesa. Sociológicamente, en esta ciudad, la derecha está influenciada por un catolicismo tradicionalista que la lleva a posiciones más reaccionarias que la derecha conservadora clásica, ampliando la capilaridad de la ideología de extrema derecha. No es casualidad que allá por 2018, el ISSEP de Marion Maréchal abriera sus puertas aquí.
Más recientemente, en un informe de 2019 del Servicio central de inteligencia francés (SCRT), Lyon es identificada como la “cuna”de la extrema derecha gala, punto de convergencia del activismo identitario, neofascista y neonazi en Francia. Según el programa “Violences et Radicalités Militantes”, las agresiones cometidas entre 1986 y 2017 por grupos neofascistas, skinheads neonazis e identitarios asciende a 82, una cifra muy por encima de la media en comparación con el resto del territorio francés. Como se puede apreciar en el monográfico de Alain Chevarin Lyon et ses extrêmes droites (La Lanterne, 2021), el perfil de las agresiones es variado. Durante un tiempo implantados en torno a locales que hacen las veces de bar, sala de conferencias y club de boxeo, militantes de Generación Identitaria o de otros grupúsculos similares se dedicaron durante la década de 2010 a salir de caza armados por el centro de Lyon. Las principales agresiones se registran contra militantes anarquistas, personas asociadas a la izquierda volviendo de manifestaciones, magrebíes, así como contra locales de sindicatos, librerías o restaurantes de comida oriental.
Es en este contexto que nace la Jeune Garde lionesa en 2018, básicamente, como otro grupo de autodefensa antifascista. Así nos lo explicaba Raphaël Arnault en una entrevista en profundidad. La percepción de la amenaza estaba lejos de ser constatada exclusivamente por sus miembros, siendo fácil encontrar años antes titulares, incluso en medios de derechas, del estilo “Lyon, ¿nueva capital de la ultraderecha?” o “Lyon, ¿capital de la extrema derecha francesa?”. Además, el objetivo de la formación fundada por Arnault consistía en ampliar el espacio de lucha contra esta amenaza, antagonizando no solo con el militantismo grupuscular, sino también contra la extrema derecha institucional y mediática, tejiendo alianzas con otros partidos y sindicatos. La confrontación directa a pie de calle no era la prioridad del colectivo.
La violencia se debe lamentar. Pero el simple ejercicio que “condena la violencia” es fútil si no viene acompañado de un análisis mínimo que permita entender las causas que han llevado a esta. ¿O hay que condenar la violencia de los afroamericanos que se armaron para intentar prevenir la masacre racista de Tulsa de 1921? ¿O la de los obreros italianos organizados contra los camisas negras de Mussolini en la misma época? No obstante, este tipo de condena vacía de fondo fue la empleada por la propia Francia Insumisa en un primer momento, acorralada en medio de una estrategia de demonización. El líder de los insumisos, Jean-Luc Mélenchon, publicaba en primera instancia en su cuenta de X que “la violencia obstaculiza nuestros movimientos y genera un miedo contagioso”. Incluso Arnault manifestó de inmediato su “horror y rechazo” por la muerte de Deranque. No sería hasta días después que LFI adoptaría un argumentario menos defensivo, como las declaraciones del secretario de la organización Manuel Bompard, situando lo acontecido en un contexto de autodefensa popular.
Mientras tanto, la actuación del resto de la clase política francesa ha sido la habitual en estos casos. Desde varios sectores del centro-izquierda, no se ha perdido la oportunidad de volver atacar a LFI, al tiempo que se condenaba lo sucedido de forma ciegamente presentista. Destacan las declaraciones del antiguo presidente de la República y actual diputado del Partido Socialista, François Hollande, tratando a la Jeune Garde de grupo “que hace del combate físico su propósito y su método” y que “esto era generalmente lo que existía a en los partidos extremistas”. Una vez más igualando el antifascismo al fascismo y desdibujando por completo la línea política de la Jeune Garde.
Por su parte, el gobierno de Emmanuel Macron ya anunció que se cancelará todo acto en la enseñanza universitaria asociado a posibles alteraciones del orden público. La universidad, lugar privilegiado para el debate de ideas, en el centro de la crítica del macronismo desde hace años, es otra de las víctimas de estos tristes acontecimientos.
Al mismo tiempo, desde la presidencia de la Asamblea Nacional, igualmente controlada por el gobierno de Macron, se pidió un minuto de silencio por la muerte de Quentin Deranque. El mismo que no se pidió por la muerte del jugador de rugby argentino Federico Martín Aramburú, asesinado en marzo de 2022 en París a manos de un militante neofascista, al que le reprendió por estar profiriendo insultos racistas en un bar. O, de paso, por todas las víctimas de los mismos grupúsculos violentos con los que presumiblemente simpatizaba Deranque.
Desde los grandes grupos de comunicación se ha mandado también un mensaje tremendamente problemático. Tras la manifestación del 21 de febrero en Lyon, convocada por el neofascismo grupuscular para honrar la muerte de Deranque, a pesar de los eslóganes racistas y LGTBI-fóbicos que se lanzaron; a pesar incluso de algunos saludos nazis, varios grandes medios afirmaron que “la marcha se desarrolló en calma”, que “fue bien”. El mensaje está claro. Aquí está el verdadero rostro de la corrección política.
¿Qué nos dice pues la muerte de Quentin Deranque? Desgraciadamente, nada bueno. Nos revela la voluntad de buena parte del arco político francés de, en el mejor de los casos, abandonar al antifascismo a su suerte; y en el peor, de criminalizarlo. Igualmente, nos dice que la sociedad francesa se está acostumbrando de forma cada vez más tácita a la violencia de la extrema derecha. Y, sobre todo, que hemos entrado en una temporalidad presentista, de tintes profundamente reaccionarios, que nos incita a darle la espalda a la historia, para vivir ciegos en un día a día abocado al desastre. Frente a esta triple amenaza, y ante los ecos del futurismo de Marinetti, hoy más que nunca, siamo tutti antifascisti.
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¿De qué paz hablamos, teniendo en cuenta que la violencia es constitutiva del sistema capitalista colonial?
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Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.
En el tercer día de guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán, la escalada iniciada tras los bombardeos conjuntos sobre territorio iraní ha adquirido una dimensión regional de alto impacto estratégico. Tras el asesinato del líder supremo iraní y la destrucción de múltiples infraestructuras militares, Teherán ha respondido con una oleada coordinada de ataques con drones y misiles dirigidos contra bases estadounidenses en el Golfo, infraestructuras israelíes y posiciones diplomáticas en Arabia Saudí y Kuwait. Irán no es, en este sentido, Venezuela. La rendición, por ahora, no se contempla.
Organizaciones de derechos humanos estiman que más de 700 civiles han muerto desde el inicio de los bombardeos conjuntos, con cifras que oscilan entre los 555 fallecidos reconocidos por la Media Luna Roja iraní y los 742 civiles documentados por la agencia Human Rights Activists, entre ellos al menos 176 menores, aunque el apagón casi total de internet dentro de Irán dificulta la verificación independiente y alimenta la preocupación por un balance aún mayor.
La respuesta iraní apunta a una estrategia de resistencia sostenida orientada a multiplicar frentes y elevar el coste político y económico del conflicto. Como parte de esa contraofensiva, la Guardia Revolucionaria cerró el estrecho de Ormuz, paso por el que circula cerca del 20% del petróleo mundial. Los “mercados” ya han comenzado a reaccionar al alza, como no podía ser de otra manera; el precio del crudo se ha incrementado un 10%, y el de gas natural más de un 40%.
La expansión bélica también se ha desplazado hacia el norte. Israel ha iniciado el despliegue de tropas en el sur del Líbano tras intercambios de fuego con Hizbulá, abriendo un nuevo frente que reconfigura el mapa del conflicto. En el horizonte está el proyecto político del sionismo religioso del “Gran Israel” que abarcaría desde el río Nilo en Egipto hasta el río Éufrates en Irak, incluyendo Jordania, Cisjordania, la Franja de Gaza, el Sinaí y partes de Siria, Líbano y Turquía.
Donald Trump comenzó declarando que la guerra duraría entre cuatro o cinco semanas. Poco después admitió que podría prolongarse más tiempo, afirmando que ello no le preocupa porque Estados Unidos dispone del ejército más grande del mundo y puede “relajarse y esperar”. Es decir, que Trump está haciendo exactamente lo contrario a lo que dijo durante la campaña electoral, cuando prometió acabar con el pasado reciente intervencionista y virar hacia una política internacional aislacionista. Lo que está acabando, en realidad, son las últimas trazas de derecho internacional que se habían constituido –con sus faltas e incapacidades–, después de la segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, la confianza presidencial parece apoyarse en precedentes recientes percibidos como victorias rápidas, como la intervención indirecta en Venezuela. Ese marco refuerza la percepción de que la capacidad de proyectar fuerza y eliminar objetivos estratégicos puede producir resultados inmediatos sin consecuencias estructurales. Un análisis que, según el profesor chino-canadiense Jiang Xueqin (que previamente había previsto con acierto la victoria electoral de Trump y el posterior ataque estadounidense a Irán), es errónea y puede ser causante de que Irán se convierte en el Vietnam de Trump.
Para Jiang Xueqin, la guerra contra Irán no responde a la lógica convencional de superioridad tecnológica y golpes rápidos de decapitación estratégica. Se trata de una guerra de desgaste, híbrida y económicamente asimétrica. Y en ese terreno, sostiene, Estados Unidos parte con desventaja estructural. Su análisis es el que sigue:
El primer elemento es la asimetría de costes: el sistema militar estadounidense se diseñó para la Guerra Fría: tecnología sofisticada, sistemas complejos, plataformas de altísimo coste. En cambio, Irán opera con una lógica distinta. Drones de bajo coste, misiles relativamente baratos y redes distribuidas obligan a Estados Unidos a activar interceptores que multiplican por diez o por veinte el precio del ataque inicial. Cada intercepción exitosa supone una victoria táctica, pero un desgaste financiero estratégico. En una guerra prolongada, esta ecuación erosiona recursos.
El segundo elemento es el tiempo: Irán lleva dos décadas preparándose para este escenario. Ha estudiado las capacidades israelíes y estadounidenses, ha probado respuestas, ha construido una red de aliados y milicias en la región. Estados Unidos, en cambio, se enfrenta a un teatro fragmentado, sin un frente claro, con múltiples puntos de presión simultáneos. La guerra no se concentra en una capital ni en un ejército regular que pueda rendirse. Se dispersa en bases, rutas marítimas, infraestructuras energéticas y nodos logísticos.
El tercer factor es el Golfo: Arabia Saudí, Emiratos, Bahréin y Qatar constituyen el núcleo financiero del sistema del petrodólar. Venden energía y reciclan esos ingresos en activos estadounidenses, alimentando mercados financieros y, más recientemente, la expansión de la inteligencia artificial y los centros de datos. Irán ha desplazado la presión hacia ese espacio, y el cierre del estrecho de Ormuz afecta directamente al flujo energético mundial. Los ataques o amenazas sobre infraestructuras críticas saudíes –incluidas plantas desalinizadoras que proveen alrededor del 60% del agua potable del país–introducen vulnerabilidad civil y política. Una desestabilización prolongada del Golfo altera no solo la seguridad regional, sino la arquitectura financiera que sostiene al dólar.
El cuarto elemento es la economía digital: los ataques contra infraestructuras logísticas vinculadas a grandes plataformas tecnológicas trasladan la guerra al corazón de la cadena de suministro global. Centros asociados a Amazon y otros actores tecnológicos en Emiratos y Arabia Saudí forman parte de redes que sostienen comercio, datos y servicios en la nube. Cuando estos nodos se convierten en objetivos, el conflicto deja de ser exclusivamente militar. Y si el capital del Golfo reduce su exposición a activos estadounidenses por inestabilidad prolongada, el impacto se proyecta hacia el mercado bursátil y hacia la burbuja de inversión en inteligencia artificial.
El quinto factor es el dilema de la escalada: la historia reciente muestra que el cambio de régimen raramente se consigue exclusivamente desde el aire. En este sentido, si los objetivos estratégicos iniciales no se materializan, la presión para introducir tropas terrestres puede aumentar, especialmente si los aliados regionales exigen protección reforzada. Una intervención limitada puede transformarse en compromiso ampliado bajo la lógica de credibilidad y prestigio. En ese escenario, el coste humano y político se intensifica.
Ahora bien, también cabe hacerse otra pregunta, que introduce, si se quiere, un escenario todavía más turbulento: ¿Y si Trump no viera con malos ojos alargar una guerra que le sirviera para llevar al país en un estado de semi-excepción que le permitiera perpetuarse en el poder un tercer mandato?
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A unas horas del inicio del masivo ataque de los regímenes de EE.UU. e Israel contra Irán, debemos hacer el esfuerzo de concretar dónde estamos y hacia dónde nos llevan.
1. Los ataques son una violación directa de la prohibición de agresión enunciado en el art. 2.4 de la Carta de Naciones Unidas. Es, también, una violación de la Constitución estadounidense, en otro paso del derrumbe de su sistema democrático. No es, sin embargo, una novedad. Es exactamente lo mismo que vimos en 2003 con el ataque a Irak. Una agresión militar basada en una falsedad: en su momento, las armas de destrucción masiva; ahora, el inexistente riesgo de armas nucleares.
2. El régimen iraní ha activado la legítima defensa que le corresponde según el art. 51 de la Carta ONU. Así se lo ha hecho saber al propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cualquier Estado puede responder a un ataque armado para forzar su cese. La respuesta, en ataques a bases estadounidenses en la región o al territorio israelí, se enmarcan en este derecho. Habrá que analizar su justificación sobre los dirigidos contra bases de EE.UU. en terceros Estados, si estas no habían sido utilizadas en la agresión. Serían ataques lícitos si las bases se han utilizado, y una agresión, si no lo han sido. Esos ataques sí sirven para subrayar, entre el mundo árabe, la colaboración de sus gobiernos con Israel.
3. El Secretario General de la ONU, y diferentes altos cargos de la misma, han condenado ya la agresión estadounidense. Conun EE. UU cada vez más alejado de las instituciones internacionales, la ONU puede actuar y hablar de forma más libre. No hay diferencia entre esa agresión y la rusa sobre Ucrania, lo que permite a la ONU mantener una línea coherente ante el mundo y recordar su necesidad: cuanto más fuerte esté la ONU, menos riesgo de Tercera Guerra Mundial. Y viceversa, claro.
4. Las verdaderas razones de la guerra ahora iniciada son evidentes, Israel necesita más guerras para lograr la hegemonía regional y, sobre todo, para que Netanyahu no acabe en prisión. El primer ministro israelí, perseguido por la Corte Penal Internacional, necesita una guerra permanente. EE. UU es, en este caso, un ridículo obediente de la locura sionista. Trump está obedeciendo a Netayanhu. No hay nada de esta guerra que pueda beneficiar al antiguo gigante americano (que ayer casi tenía atado un acuerdo con Irán sobre la cuestión nuclear). Sin embargo, otra guerra oculta por unos días las acusaciones de pederastia a Trump. El anunciado cambio de régimen o la cuestión nuclear son bombas de humo.
5. La comparación con la guerra de 2003 sí muestra diferencias. Es un ataque igual de ilegal y que ya ha provocado crímenes de guerra y, puede, de lesa humanidad. Han bombardeado escuelas de niñas y objetivos civiles. Pero, ¿quiénes son sus aliados? EE.UU. e Israel han atacado solos. Ninguna otra potencia occidental ha colaborado (públicamente) ni, parece, que vaya a hacerlo. No criticarán, pero no enviarán soldados. Los estados árabes, siempre serviles con EE.UU. y traicionando al pueblo palestino, se limitan a intentar evitar que caigan misiles sobre Israel. Por lo demás, la potencia estadounidense vuelve a aparecer desnuda, y peligrosa, ante los ojos de todo el mundo. Otra comparación, más dolorosa aún, la sociedad civil global no parece despertar para defender a los pueblos bajo las bombas. Es prueba de hartazgo. También de que nadie en el mundo cuenta ya con EE.UU como garante de derechos o estabilidad.
6. La OTAN demuestra su irrelevancia, de forma más evidente que la ONU. Cuando la principal potencia de la alianza inicia una guerra regional, sin planes serios o realistas, y sin informar a los miembros, es que está políticamente muerta. Varios socios de la alianza, como España, Finlandia o Francia, se han opuesto públicamente al ataque. Queda el siguiente paso: prohibir la utilización de las bases estadounidenses para una guerra salvaje. No lo esperen. Ningún líder europeo se atreverá. La UE, fiel a su irrelevancia diplomática y geopolítica, no dice nada sobre la violación del Derecho internacional e intenta aunar sus irreconciliables posturas. Rusia y China, que han condenado la agresión a su socio, esperan con cautela más errores de EE.UU y advierten de que toman nota.
7. En conexión con esto, es necesario subrayar el ridículo de Canadá o Reino Unido. Hace unas semanas, el primer ministro de Canadá denunciaba que EE.UU hacía peligrar “un orden basado en reglas”. Aunque avisábamos de la hipocresía canadiense, el apoyo de hoy a la violación de la Carta de Naciones Unidas demuestra que Canadá sigue sin una política exterior clara e independiente y se arrodilla ante EE.UU y su permanente amenaza a la paz y seguridad internacional. Igual que Alemania. El líder británico, por su parte, ha hecho lo propio. Apoyar diplomáticamente a EE.UU e Israel ante la agresión. En este caso, Starmer es un líder ignorado en el mundo y despreciado por su población. Entre otras cosas, por su apoyo al genocidio sobre el pueblo palestino. Y es que, en las democracias, la violación de las normas internacionales básicas se paga. Pregunten a Biden.
8. En España, el Gobierno se divide. Sánchez condena la agresión a Irán, poniendo a España en cabeza occidental de defensa del orden jurídico internacional, pero condena la legítima defensa del país persa, ignorando ese Derecho internacional que dice defender. Nada dice sobre el uso de las bases sobre el territorio o el espacio aéreo. A su izquierda, los partidos de Sumar son mucho más claros. Condena inequívoca de la agresión. Más a la izquierda, Podemos, libre de ataduras gubernamentales, se atreve a proponer cambios: salir de la OTAN, defensa europea, cierre de las bases militares estadounidenses y ruptura de relaciones (es increíble que todavía existan) con Israel. Ninguna de sus peticiones se va a cumplir, pero abren el campo del discurso político y las alternativas.
9. La derecha española, y la ultraderecha, vuelven a 2003, cuando estaban en el mismo partido. Y vuelven también al mismo discurso. Apoyo sin fisuras a las guerras ilegales en Medio Oriente, sumisión cobarde a Estados Unidos y seguidismo del sionismo criminal. Afortunadamente, no están en el gobierno. La última vez que nos metieron en una guerra, la consecuencia fue el 11M. Nunca han pedido perdón a familiares de asesinados y heridos.
10. ¿Y el pueblo iraní? A nadie le importa. No al salvaje régimen iraní, no al hijo del antiguo sha, dictador sanguinario colocado por EE. UU., no a Estados Unidos o Israel. Nos dicen los agresores que quieren un cambio de régimen. Es falso. No se salva a un pueblo aniquilándolo. Este salvaje ataque parece reforzar, sin embargo, al gobierno autoritario. Nada une más a un pueblo que un ataque del enemigo exterior. La oposición democrática (que no quiere al “nuevo” sha), está desactivada y puede verse como traidora (gracias a Trump y Netayanhu) si apoya el ataque.El pueblo persa es orgulloso. Puede no querer a su gobierno y, al tiempo, no admitir que arrasen su país para colocar a otro dictador. Trump prefiere una guerra civil, lo que sería un desastre humanitario. No parece probable una invasión terrestre, precisamente porque el pueblo se defendería. De producirse, nos acercaríamos peligrosamente a otro genocidio. Sin duda, a decenas de miles de muertos entre todos los bandos. Defender la libertad del pueblo de Irán empieza por condenar que sean bombardeados y asesinadas. También,denunciando siempre la persecución y asesinatos de la oposición. Ninguna guerra de agresión ha liberado a pueblos. Los ha condenado a otra dictadura.
Si han llegado hasta aquí y esperan una solución, lo siento, sólo hay una y no es nueva: diplomacia, rechazo social y político a las guerras y las agresiones, y reforzar la ONU como centro de la paz y seguridad mundial. Salgamos de nuevo a las calles. Hemos debilitado en los últimos años la institución que ha garantizado que no hayamos vivido una Tercera Guerra Mundial. Miremos los resultados y volvamos al multilateralismo en el sistema ONU.
Ander Gutiérrez-Solana Journoud es profesor de Derecho Internacional Público UPV/EHU
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