• El MITECO ha puesto en su página web a información pública hasta el 30 de marzo de 2026 el trámite inicial ambiental en el cual se debe definir el alcance del Estudio de Impacto Ambiental para su posterior Evaluación y Autorización de un gran parque eólico y fotovoltaico.
• A lo largo de todo extremo suroeste de la provincia de Soria se pretende instalar 49 aerogeneradores de grandes dimensiones, así como 161 hectáreas de placas solares; y una línea de alta tensión aérea de 24 km de longitud que afecta a los municipios segovianos de Ayllón, Lagunilla, Maderuelo; y a los burgaleses de La Vid, así como al soriano de Castillejo de Robledo y Langa de Duero.
• Su potencia (575 MW) será casi la mitad de la potencia eólica total aproximada instalada ahora en la provincia de Soria. (1.263 MW -megavatios-)

La documentación del proyecto, denominado Proyecto Híbrido Liceras, promovido por la empresa Eólica Navarra S.L.U. consiste en una variada cartografía y en una memoria descriptiva, de cuya lectura, Ecologistas saca las siguiente información:

El proyecto Liceras no es una instalación convencional, sino un complejo híbrido de grandes dimensiones que integra energía eólica, solar fotovoltaica y almacenamiento por baterías (BESS). La infraestructura se extiende sobre una superficie de afección de aproximadamente 7.600 hectáreas, afectando a términos municipales de la provincia de Soria, y secundariamente a los de Segovia y Burgos.

Componentes técnicos destacados

Según la documentación técnica analizada, el complejo contará con una capacidad total de 575,73 MW, desglosados de la siguiente manera:

• Módulo Eólico: Instalación de 49 aerogeneradores de 7,5 MW de potencia cada uno (cada uno equivale a 9 aerogeneradores de los actuales de la Sierra de Pela, y el conjunto equivalen a 409 aerogeneradores). La altura de su fuste es de 110 metros y 201 m incluidas las palas, sumando una potencia de 367,5 MW que se ubican a lo largo de todo el municipio de Tiermes y de Liceras, y secundariamente en el de San Esteban de Gormaz (localidades de Quintanas Rubias de Arriba, Torremocha de Ayllón y Torraño).
• Módulo Fotovoltaico: Una planta solar compuesta por 310.016 fotovoltaicos, con una potencia de 184,8 MW. que ocupan 161 hectáreas, localizada en los municipios de Liceras y Montejo de Tiermes.
• Un sistema de baterías con capacidad de 23,43 MW, en Cuevas de Ayllón.
• Infraestructura Eléctrica: El proyecto requiere la construcción de cinco subestaciones eléctricas (SET Elevadora I, II, III, IV y SET Colectora) y una red de líneas de evacuación de alta tensión aérea (66 kV y 220 kV) de 24 km de longitud que conectará con la red de transporte en la SET Zuzones 400 kV (REE), que pasa por Ayllón, Lagunilla, Maderuelo, Castillejo de Robledo, Langa de Duero, y la Vid y Barrios.

Impactos ambientales a considerar

Aunque el promotor presenta el proyecto como una medida necesaria para la descarbonización y la transición energética, resulta que lo ubican donde menos rechazo social puede haber y alejados de los centros de consumo de las grandes poblaciones. Para ASDEN, su ubicación y la gran dimensión del proyecto conlleva impactos significativos que deben ser evaluados con rigor:

• Ocupación del territorio: La transformación de 7.600 hectáreas supone una alteración profunda de los usos del suelo, afectando principalmente a terrenos de los municipios de la zona sur de Soria y el nordeste de Segovia.
• Impacto paisajístico y de obra civil: La instalación de 49 aerogeneradores de gran potencia y miles de paneles solares, junto con la red de viales, cimentaciones y subestaciones, modificará permanentemente el paisaje rural y natural de gran singularidad.
• Fragmentación de hábitats: La construcción de kilómetros de líneas eléctricas de evacuación y vallados perimetrales (se han identificado al menos siete zonas de vallado distintas en el proyecto) puede generar efectos de barrera para la fauna local.
• En la zona hay una interesante población de aves rapaces, así como de esteparias las cuales no están bien reconocidas en las cartografías de la Junta de Castilla y León en la que se analiza la afección de los parques eólicos para las aves planeadoras.

El valor natural y cultural de la zona hizo que hace más de 20 años, con el proyecto LIFE VALLE DE TIERMES-CARACENA, de la Asociación de amigos del Museo de Tiermes, se elaborara un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales con el objetivo de declarar la zona como parque natural. Algo que fue rechazado por la Junta de Castilla y León. Tales valores deberían limitar en gran medida este proyecto, ya que su ejecución supondrá no poder declarar la zona como Parque Natural, y los beneficios que ello conllevaría frente a este tipo de proyectos energéticos e industriales que en la provincia de Soria no han contribuido a asentar población.

ASDEN-Ecoogistas en Acción de Soria va a presentar alegaciones en esta fase preliminar de consultas potestativas con objeto de que se eliminen aerogeneradores de las áreas más sensibles y se hagan los estudios con la calidad adecuada para valorar correctamente los impactos que van a generar, en especial: sobre la avifauna y sobre el paisaje. Además; anima a toda la población local a que presente y aporte información sobre sus impactos para que los mismos aparezcan en el Estudio de Impacto Ambiental y sean valorados correctamente.

En este proyecto, así como en otros tramitados por el MITECO, el procedimiento de participación ciudadana ofrece una información cartográfica en formato digital que facilita conocer su ubicación y afecciones; algo que no hace la Junta de Castilla y León a pesar de que se le ha reclamado en muchas ocasiones. Por otro lado; llama la atención que ningún organismo público ni ayuntamiento haya informado de la existencia de este proyecto y de su fase de participación pública.

Ver: mapa
Plazo de alegaciones y aportaciones: hasta 30 de marzo de 2026
Acceso a la documentación

La entrada La Comarca de Tiermes en peligro por un macroproyecto de energías renovables aparece primero en Ecologistas en Acción.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid tumba la Orden MAV/534/2024 por un defecto sustancial en su tramitación. La sentencia subraya que la gestión del jabalí como una especie con un impacto transversal en la sanidad, la agricultura y la seguridad, no puede despacharse como una mera “operativa de caza”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dictado sentencia estimando el recurso interpuesto por la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León, declarando la nulidad de pleno derecho de la Orden MAV/534/2024, de 3 de junio, que aprobaba el Plan de Gestión del Jabalí en la Comunidad (BOCyL nº 109 de 6 de junio de 2024).

Un plan sin el aval del Consejo Regional de Medio Ambiente

El tribunal fundamenta la nulidad en la falta de un informe preceptivo del Pleno del Consejo Regional de Medio Ambiente. La Administración autonómica pretendió validar el plan únicamente con el visto bueno de la Comisión de Caza, argumentando que se trataba de una cuestión meramente cinegética.

Sin embargo, la sentencia es tajante al señalar que la gestión del jabalí excede el ámbito de la caza debido a su “notable carácter transversal”. El tribunal destaca que la norma afecta directamente a:

• La seguridad vial y de las personas.
• La salud pública y la sanidad animal.
• La agricultura y el medio ambiente en su conjunto.

Además, le parece excesiva la pretensión de que el Plan tenga una vigencia indefinida considerando sus características, ya que “no hay ninguna situación alarmante, preocupante o extrema”.

Necesidad de una visión integral

Para el TSJCyL, una planificación de esta envergadura a escala autonómica requería un informe de “mayor calado” y una “perspectiva más amplia” como la que ofrece el Pleno del Consejo, donde están representados diversos intereses y no solo los cinegéticos. Al haber omitido este paso, la Junta de Castilla y León vició de nulidad toda la norma. Igualmente, el TSJCyL esgrime que el texto definitivo no fue presentado nuevamente a escrutinio público luego de ser modificado.

Desde Ecologistas en Acción, celebramos que la justicia vuelva a poner freno a la nefasta gestión que del medio natural hace esta Consejería con su Consejero el Sr.Quiñones y su Director General del Medio Natural Jose Ángel Arranz, una gestión que, lejos de basarse en criterios científicos, de conservación, protección y sostenibilidad, se basa exclusivamente en criterios extractivos y de rédito político cortoplacista para “contentar” a sectores relevantes entre sus votantes. Convine recordar por tanto a la Consejería de Medio Ambiente que la fauna silvestre debe gestionarse bajo el rigor de la participación pública y el análisis de todos sus impactos sociales y ambientales y con la ciencia y los datos técnicos por bandera. Así debería hacerse con otras especies como el lobo y sin embargo se sigue aplicando la máxima de “tirar para adelante” y luego ya se verá, siendo colectivos ecologistas como Ecologistas en Acción quienes deben actuar para frenar todo los despropósitos que plantean.

Pero ¿quién asume responsabilidades políticas en este caso? No es la primera vez que la justicia da un varapalo a la gestión de esta Consejería pero ninguna de las anteriores, y nos tememos que esta tampoco, han tenido consecuencias políticas para sus responsables. Desde Ecologistas en Acción entendemos que ya es hora de que la administración regional, encargada de velar por la buena gestión del patrimonio y de los fondos de esta Comunidad, se empeñe en gobernar para unos pocos desamparando la protección del medio ambiente y haciendo que sea la justicia, con la intervención de la sociedad civil organizada, quien intervenga y ponga orden y cordura. Exigimos dimisiones y responsabilidades políticas inmediatas.

Detalles del fallo

La sentencia nº 266/2026, fechada a 9 de marzo y notificada formalmente el 16 de marzo, ha sido dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1) de Valladolid.

La entrada El Tribunal Superior de Justicia anula el Plan de Gestión del jabalí de Castilla y León tras el recurso de Ecologistas en Acción aparece primero en Ecologistas en Acción.

De una tierra conservadora y en detalle desconocida como Castilla y León lo que no se espera nunca es la sorpresa. Pero este es un tiempo de cambios y las elecciones autonómicas de 2026 han sido, sobre todo, lo que nadie esperaba. El PP estaba preocupado por la movilización de sus votantes, en los segundos comicios a Cortes despegados de los municipales, y Vox prometía seguir en la ola superando el umbral del 20% por primera vez en una autonomía. Al PSOE nadie le auguraba una noche tan buena y su aspiración de, al menos, poder decir que ganaba las elecciones (se quedó a casi 60.000 votos y 3 escaños) se fiaba a la penetración de los de Santiago Abascal en territorio popular. La Unión del Pueblo Leonés (UPL) quería rubricar un triunfo histórico con grupo propio y sorpasso al PSOE, y quedó encallada. Los localismos de Soria ¡Ya! y Por Ávila perdieron fuelle. Y desaparecen del hemiciclo IU-Sumar, Podemos y Ciudadanos.

Alfonso Fernández Mañueco, el hombre que con 60 años lo ha sido todo en 31 de los 38 que su partido ha gobernado en Castilla y León, es el único con posibilidad de presidir la Junta de nuevo, pero tendrá que volver a hacerlo con un Vox que ya salió de espantada por mandato nacional a mitad de legislatura y que lo llama “canalla” y de quien él ha dicho que es un partido que quiere “tirar gente [migrantes] al mar”. El domingo por la noche, en el cuartel electoral del PP en su Salamanca natal, estaba contento y aliviado: cree que con el pinchazo de Vox (al que casi duplica en votos) sobre las expectativas, ahora a los de Abascal se les bajarán los humos y se sentarán a negociar en base al programa del PP, sin apretar.

El nuevo líder de la oposición, el socialista Carlos Martínez, confía en que la negociación de tantos gobiernos autonómicos resulte en una ruptura en la derecha que lleve a una repetición electoral. Sabe que la campaña se le ha quedado corta y él no está acostumbrado a perder: ha sido cinco veces alcalde de Soria y tiene la única mayoría absoluta del PSOE en una capital de provincias. Siguiéndolo en campaña (rápido, porque llegó a visitar cinco provincias en día y medio), muchos intuyeron lo que acabó confirmándose la noche del domingo: que era un buen candidato socialista para Castilla y León. Un hombre común, desenfadado, que hace “pincho-mítines” con un botellín en la mano; al que no han enseñado todavía a hablar como un político moderno, que dice cosas inusuales y no rehúye preguntas, con un discurso muy aterrizado en los servicios públicos y la igualdad, cercano, un alcalde con peña al que mantean en fiestas.

La etapa Mañueco en Castilla y León ha estado marcada por la ola del gran cambio político contemporáneo en España. En 2015 –las últimas elecciones de su predecesor Juan Vicente Herrera–, la tercera fuerza en Cortes era Podemos con 10 escaños. Ahora no llega a los 10.000 votos, casi la mitad que el partido de Alvise y apenas el doble que el PACMA. La coalición IU-Sumar triplica los apoyos de Podemos, pero ni siquiera yendo juntos a estos comicios habrían mantenido el escaño en la única provincia donde tenían posibilidades: Valladolid. No es la única explicación, pero sí les ha hecho daño el voto estratégico: las circunscripciones provinciales, sobre todo las más pequeñas, han sido históricamente un lugar en el que la izquierda alternativa (antes IU en solitario) veía cómo se le perdían votos sin representación. En estas elecciones los votantes han querido asegurarse de que su voto vaya a un saco seguro: los de derechas al PP, el statu quo, y los progresistas o centristas (a los que les espanta la ultraderecha) al PSOE. El voto a los dos grandes partidos es muy leal en Castilla y León, y tienen algo que a Vox (y a Podemos y a Sumar) se le ha dado especialmente mal: cuadros de partido y despliegue territorial. IU sí resiste, a su escala, en ese aspecto.

En 2019, cuando el PSOE de Luis Tudanca ganó las primeras elecciones de un Mañueco que se estrenó con el peor resultado de su partido en su gran bastión, Ciudadanos (tercera fuerza con 12) tuvo en su mano ofrecer a los castellano y leoneses la posibilidad de conocer un gobierno que no fuera del PP e hizo lo contrario. Esa apuesta acabó con adelanto electoral. Ahora se ha quedado por debajo de los 5.000 votos y fuera de las Cortes. El que fuera vicepresidente de ese Gobierno, Francisco Igea, pidió el voto en estas elecciones para IU-Sumar en Valladolid. Cosas veredes. En 2022, una campaña en Castilla y León con gran seguimiento nacional a diferencia de esta, Vox llegó a su primer gobierno autonómico con 13 procuradores. Juan García-Gallardo, ese joven político estridente del “latido fetal” de quien Abascal dijo aquello de que se le estaba poniendo cara de vicepresidente, tuiteó el domingo, desde la ruptura hostil con el líder, un acertado análisis de la noche: “Es el bipartidismo y no Vox el que hoy está de fiesta”.

Castilla y León es una comunidad enorme y compleja. Nacida de la unión de una región histórica (León) y otra desmembrada (Castilla) como contrapeso español a los nacionalismos periféricos, alberga realidades diversas: voto urbano más progresista que el rural, que decrece; León –y ahora Soria con su alcalde– como diques socialistas en un mar azul de interior. Pero tiene un elemento definitorio: su votante medio supera los 50 años. Este grupo demográfico lo domina todo –incluso cómo se hacen las cosas: “así, como se han hecho siempre”– y está harto de los sobresaltos de los dos últimos gobiernos de coalición fallidos.

Vox no acertó a la hora de ponerse el listón en el 20% de los votos: ni el campo de Castilla y León –amarrado por alcaldes del PP desde hace casi 40 años y sin grandes empresas como las que tiene, por ejemplo, Murcia– ni su demografía favorecen su crecimiento. Su ascenso se sustenta en el nuevo votante, jóvenes de entre 18 y 25 años, la parte inicial del éxodo continuo que condena a esta comunidad: más de 1 millón de sus nacidos viven fuera de ella. Dentro apenas 2,4 millones y cada vez más envejecidos.

En estas elecciones se han equivocado la mayoría de las encuestas (el CIS no tuvo mala puntería, aunque con horquillas amplias), los análisis, los partidos, todos, en definitiva, al no concebir que las urnas tienen vida propia y que este es un tiempo de cambios, aunque el cambio en esta tierra conservadora sea una vuelta (parcial) al bipartidismo. Una vuelta a casa, a lo (malo o bueno) conocido, después de un par de aventuras que no salieron bien.

La entrada Dos gobiernos de coalición fallidos reconducen Castilla y León al bipartidismo 2.0 se publicó primero en lamarea.com.

El movimiento ecologista de León, representado por las asociaciones Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción de León y la Plataforma para la defensa de la cordillera Cantábrica, recurren en alzada las resoluciones de la Junta que pretenden permitir la ganaderia y la caza en los montes de la provincia de León incendiados el pasado verano.

La nefasta y cuestionada gestión de los incendios por parte de la Junta de Castilla y León, propició que en agosto del año pasado, se produjera la mayor catástrofe ambiental registrada en León: casi el 10% de toda la superficie forestal de la provincia calcinada. Los incendios afectaron a espacios protegidos de incalculable valor ecológico.

Apenas transcurrido medio año desde entonces, y a pocas fechas de las elecciones autonómicas, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, instado por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, publicó el pasado 12 de febrero en el Boletín de la Provincia de León, sendas resoluciones de la Junta, firmadas por el Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Jesús Méndez Fernández, para dejar sin efecto la suspensión de los aprovechamientos cinegéticos y ganaderos en la totalidad de los terrenos afectados por los incendios del último verano.

Dicha suspensión, cuyo objetivo es permitir la recuperación de la cubierta vegetal, es automática, tiene una duración de 5 años y está regulada en el artículo 92 de la Ley de Montes de Castilla y León. No obstante, ese mismo artículo reconoce que dichas prohibiciones podrán ser levantadas “cuando se acredite la compatibilidad de los aprovechamientos con la regeneración del monte incendiado y con la restauración del hábitat y supervivencia de las especies de flora y fauna silvestre”. Sin embargo, la Junta no ha evaluado el impacto ambiental de los incendios, no ha estudiado su repercusión sobre las especies de flora y fauna, no ha elaborado planes de restauración y ni siquiera ha convocado al Consejo Regional de Medio Ambiente. Con argumentaciones carentes de cualquier rigor técnico se levantan las prohibiciones, sin distinción alguna en todo el territorio afectado, para todas las especies cinegéticas (incluidas las de caza menor), a todas las explotaciones ganaderas, y durante todo el periodo de los cinco años previstos en la Ley.

En sus recursos Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, ponen de manifiesto la falta de rigor en los argumentos esgrimidos por la Junta para aplicar las excepciones previstas en la Ley. Las resoluciones han ignorado el riesgo enorme de erosión de estas actividades en los terrenos quemados que, anegados y desestabilizados con las incesantes lluvias de este invierno, han perdido ya parte de su capacidad de regeneración. Ahora tocaría extremar las precauciones para evitar que ese deterioro vaya a más y se deberían, por tanto, mantener las suspensiones previstas en la Ley de Montes de Castilla y León. Además, levantar las prohibiciones en la totalidad de los montes quemados, sin tener en cuenta su régimen de protección o su ubicación en espacios de la Red Natura 2000 y/o parques regionales, nacionales o reservas de la biosfera, denota la total desvinculación de las resoluciones con la conservación del medio ambiente, a la que se debe tanto el Servicio Territorial de León como la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.

Para terminar, recordar que los responsables tanto políticos como técnicos de estas resoluciones, tienen la obligación legal de restaurar los terrenos forestales incendiados y de recuperar el Patrimonio Natural afectado. Lejos de eso, en una burda maniobra electoral, pretenden priorizar los intereses de unos sectores muy concretos, en detrimento del bien común.

Por todo ello, las asociaciones ecologistas barajan la posibilidad de seguir la vía contencioso administrativa, incluso la vía penal por prevaricación ambiental contra los responsables políticos y técnicos, si se desestiman los recursos.

La entrada No a la ganadería y la caza en montes quemados aparece primero en Ecologistas en Acción.

Ante la cercanía de las elecciones autonómicas, Ecologistas en Acción hace un llamamiento a la ciudadanía y a las fuerzas políticas de Castilla y León para reflexionar sobre el modelo de sociedad que queremos construir. La organización, junto a otras entidades sociales, presentó el informe “Transición Ecosocial Justa en Castilla y León”, que subraya la urgencia de emprender un cambio de sistema que combine justicia social y sostenibilidad ambiental.

La ciudadanía ha comenzado a demandar con fuerza cambios profundos, como demuestran los numerosos procesos deliberativos y movimientos sociales recientes, incluyendo la iniciativa europea BEYOND GROWTH, la conferencia “Más allá del crecimiento” en España y diversos foros regionales como el desarrollado en Castilla y León. Estas iniciativas buscan sentar las bases de un pacto social post-crecimiento que atienda las crisis ecológicas y sociales actuales.

En este contexto, durante 2025 se elaboró de forma participativa, con las aportaciones de casi 300 personas, este informe que concluye que Castilla y León tiene unas condiciones favorables para una transición ecosocial justa, gracias a su territorio, recursos naturales y potencial de arraigo económico. Sin embargo, lograrlo requiere transformaciones profundas en todos los aspectos de la vida: social, económica, cultural y ambiental. Entre las propuestas clave a considerar para estas elecciones destacan:

1. Garantizar políticas públicas sociales inmediatas: vivienda, sanidad, servicios sociales y transporte público accesible.
2. Reconciliarse con el territorio y restaurar los ecosistemas mediante planificación, gestión forestal y renaturalización de municipios.
3. Construir nuevas formas de gobernanza que incluyan a la ciudadanía en la toma de decisiones.
4. Promover la educación ecosocial para generar conciencia y participación.
5. Fortalecer comunidades y redes colectivas locales.
6. Redistribuir la riqueza y el poder de forma equitativa para financiar servicios públicos esenciales.
7. Desarrollar oportunidades en el medio rural y reforzar el vínculo campo-ciudad.
8. Impulsar la transición agroecológica y la soberanía alimentaria.
9. Planificar la reconversión industrial con criterios ecosociales.
10. Avanzar hacia un modelo energético distribuido, democrático y participativo.

Ecologistas en Acción hace un llamamiento a partidos y candidaturas para que integren estas prioridades y a la ciudadanía para que las tenga en cuenta a la hora de decidir su voto. “No podemos posponer más la acción; la transición ecosocial justa no es una opción, es una necesidad urgente”, subraya la organización.

La reflexión preelectoral propuesta invita a considerar no solo el presente, sino también el futuro que queremos para nuestras ciudades, pueblos y para el territorio en su conjunto, con justicia social y respeto a los límites del planeta. “Castilla y León debe y puede afrontar un cambio que reconcilie el bienestar humano con la salud de los ecosistemas, pero solo si asumimos colectivamente este desafío”.

informe de Transición Ecológica y Social Justa para Castilla y León >
 

 

Saltar al contenido del PDF

La entrada Castilla y León necesita una Transición Ecosocial Justa: una reflexión preelectoral aparece primero en Ecologistas en Acción.

Un grupo de organizaciones sociales, ambientales y políticas de Castilla y León presentaron una carta abierta al Presidente y al Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, así como a los diversos grupos políticos, reclamando la adopción de medidas urgentes y estructurales para hacer frente a los incendios forestales y a los efectos de la crisis climática en la región.

En la misiva, las entidades recuerdan a las personas afectadas por la ola de incendios que el verano pasado arrasó más de 164.000 hectáreas en la comunidad, con 1.200 incendios registrados desde agosto, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (Copernicus). La carta subraya que la crisis climática agrava la frecuencia, intensidad y destructividad de los incendios, y cita las proyecciones de la ONU, que anticipan un aumento de los incendios extremos de 14 % para 2030, 30 % para 2050 y 50 % a final de siglo.

Las organizaciones recuerdan que los incendios no solo son un problema ambiental, sino también de derechos humanos, afectando al derecho a la vida, la salud, la vivienda y los medios de vida de las comunidades afectadas.

Por eso, destacan diversas medidas para que los partidos políticos tomen en cuenta:

• Prevención: incluir una gestión forestal adaptada al cambio climático, campañas de concienciación ciudadana, y dignificación del trabajo de los equipos de extinción. Además, garantizar una planificación territorial que tenga en cuenta el riesgo de incendios y reforzar la investigación para conocer mejor sus causas.
• Recuperación y formación: fortalecer el operativo y los sistemas de alerta y comunicación en emergencias, implementar planes de recuperación para las zonas quemadas, controlar la erosión y la contaminación, y proporcionar ayudas a las víctimas. De la misma forma, es necesario fomentar la sensibilización ciudadana y ofrecer formación escolar sobre prevención, autoprotección y actuación en caso de incendio.
• Otras recomendaciones: realizar evaluaciones de daños, estabilizar el suelo y proteger cauces y embalses. Planificar la recuperación postincendio para aumentar la resiliencia del territorio y actualizar la Estrategia Regional Contra el Cambio Climático.

Las organizaciones instan a los futuros representantes de la comunidad a traducir estas medidas en acciones concretas y ofrecen su disposición para reuniones y colaboración técnica.

Firmantes:
Amnistía Internacional, Asociación Vecinos La Calle, CRIOSANABRIA, Ecologistas en Acción Castilla y León, Intersindical de Castilla y León, Stop Macrogranja Fuentemolinos, Partido Comunista de España, Podemos Castilla y León.

La entrada Una reflexión pre-electoral: no olvidemos los incendios y la crisis climática en Castilla y León aparece primero en Ecologistas en Acción.

• El pasado 28 de febrero, la Casa del Medioambiente de Valladolid acogió la primera sesión del Curso de Ecología Social organizado por Ecologistas en Acción Castilla y León, una iniciativa dirigida a jóvenes interesadas e interesados en comprender y afrontar la actual crisis ecosocial desde una perspectiva colectiva y transformadora.

Bajo el título “Esto está que arde: de lo global a lo local”, la jornada abordó las múltiples dimensiones de la crisis climática, energética y social, así como las estrategias de resistencia y resiliencia que ya se están impulsando desde el activismo y los movimientos sociales.

La sesión contó con presentaciones de Fridays for Future, Ecolojóvenes y GEEDS, quienes compartieron experiencias y reflexiones sobre la necesidad de fortalecer la organización colectiva frente a la ecoansiedad, la desinformación y el aumento de las desigualdades.

El encuentro combinó exposiciones, debate y trabajo participativo, generando un espacio de intercambio en el que las personas asistentes pudieron analizar la conexión entre los desafíos globales y la realidad de Castilla y León, así como explorar herramientas para impulsar cambios desde lo local.

El Curso de Ecología Social continuará en las próximas semanas con nuevas sesiones centradas en la transición ecosocial, el ecofeminismo, las herramientas jurídicas para la defensa del medioambiente y la comunicación transformadora.

Las personas jóvenes que aún deseen inscribirse están a tiempo de hacerlo a través del siguiente enlace para las dos sesiones restantes ( 7 y 14/15  de marzo):
https://www.ecologistasenaccion.org/evento/valladolid-curso-de-ecologia-social/

Con esta formación, Ecologistas en Acción apuesta por reforzar el compromiso juvenil con la justicia climática y social, promoviendo el paso de la preocupación individual a la acción colectiva organizada.

 

 

La entrada El Curso de Ecología Social arranca en Valladolid con una llamada a la acción colectiva frente a la crisis ecosocial aparece primero en Ecologistas en Acción.

El objetivo principal del manual de resistencia de Pedro Sánchez es resistirlo todo. Pareciera una tautología –y, por tanto, redundante–, pero resistir, en política, es un asunto serio. No consiste simplemente en esperar a verlas venir. Por ejemplo: hay que resistir los ataques de los rivales políticos y de la opinión pública ante la corrupción de un secretario de organización, o incluso de un par de ellos.

También hay que poder pactar con quienes en el pasado fueron señalados como enemigos de la patria, mientras se intenta consolidar el relato de que quien la defiende eres tú, y no los que vendrán. Mantener la disidencia interna a raya ayuda, siempre que se conserve la apariencia de diálogo y talante. Sobre todo, la apariencia.

Por si fuera poco, aun haciendo todo eso –y haciéndolo bien–, la resistencia no está garantizada. A Sánchez no le basta con sobrevivir de forma aislada: sus socios de coalición también deben hacerlo. Y eso, a día de hoy, se antoja todavía más complicado.

2026: comienza la carrera de obstáculos

El futuro no está escrito, pero tampoco es un lienzo en blanco. Está condicionado por el presente, y cuanto más cerca está ese futuro, mayor es la dependencia. Traducido a términos políticos, el camino de Pedro Sánchez para llegar a las elecciones generales está plagado de piedras, barrancos y controles policiales. Ahora bien, en política representativa un año puede ser mucho tiempo. Siempre hay margen para equivocarse, y todavía más cuando la alternativa al sanchismo la lidera un sofista mediocre colega de un narcotraficante.

La fecha límite para la celebración de las elecciones generales es el 22 de agosto de 2027. De agotarse la legislatura, todavía quedaría más de un año y medio para la decimonovena «fiesta de la democracia» tras el franquismo. La pregunta es si Sánchez será capaz de llegar hasta ahí o si se verá forzado a convocar elecciones anticipadas. Y, sobre todo, qué obstáculos deberá sortear para hacerlo con alguna opción real de disputarle el poder político a la extrema derecha.

8 de febrero de 2026 – Elecciones autonómicas en Aragón

Aragón será la primera cita y, como suele ocurrir con las primeras, servirá más para marcar clima que para repartir poder real. No es una comunidad decisiva en términos aritméticos, pero sí un buen termómetro del estado anímico del PSOE fuera de sus plazas más protegidas. Allí, donde el partido conserva una implantación reconocible pero debilitada, Sánchez ha decidido intervenir directamente.

Lo ha hecho colocando al frente de la candidatura a Pilar Alegría, hasta hace poco portavoz del Gobierno, forzando su salida del Ejecutivo. No se trata de un relevo discreto ni de una transición orgánica, sino de un movimiento visible y deliberado, pensado para concentrar foco y disciplina en una comunidad donde el PSOE no despega por inercia. Alegría llega con el encargo de recomponer un espacio político erosionado, en un contexto de fragmentación a la izquierda y con el PP gobernando sin sobresaltos.

El resultado, sea cual sea, tendrá lectura nacional. No tanto por lo que se gane o se pierda en Zaragoza, sino porque marca una pauta que se repetirá después en otros territorios. Como ocurrirá en Andalucía, Sánchez parece asumir que algunas batallas autonómicas solo pueden librarse trasladando parte del Gobierno al terreno y aceptando que el coste de hacerlo forma parte del precio de seguir resistiendo.

Marzo 2026 – Elecciones autonómicas en Castilla y León

Castilla y León será el siguiente revés para el PSOE autonómico y, por extensión, para el partido en su conjunto. La reedición del gobierno de coalición entre PP y Vox, encabezado por Alfonso Fernández Mañueco, se da prácticamente por hecha. Y eso pese a que el PSOE ganó las elecciones autonómicas de 2019 con 35 diputados, seis más que el PP. En 2022, en cambio, los populares quedaron primeros con 31 escaños frente a los 28 socialistas.

Para que a Sánchez no se le atragante Salamanca, bastaría con reducir distancias. Para ganar oxígeno de verdad, necesitaría algo mucho menos probable: un vuelco electoral que, aun sin permitir al candidato socialista Carlos Martínez alcanzar la presidencia –el bloque de la derecha mantiene un margen amplio–, serviría como golpe de efecto. Impactante. Improbable.

La resolución de la Ley de Amnistía y el regreso de Puigdemont

Si el Gobierno sigue en pie y Junts per Catalunya no ha roto todavía con Pedro Sánchez, no es por afinidad ideológica ni por una súbita vocación de estabilidad institucional. Es por la Ley de Amnistía. La legislatura entera gravita alrededor de esa promesa, y todo lo demás –los amagos de ruptura, las advertencias públicas, la teatralidad parlamentaria– responde más a la necesidad de marcar perfil que a una voluntad real de romper la baraja.

Junts acepta el desgaste por su flanco derecho y la sangría constante hacia Aliança Catalana a cambio de una expectativa concreta: cerrar el frente judicial abierto desde 2017 y permitir el regreso de su líder. Pero ese movimiento tiene un coste elevado para Sánchez, y no se limita al ruido de la derecha ni a la ofensiva mediática permanente. La amnistía erosiona también por dentro. Entre una parte del electorado socialista que no acaba de asumirla como un mal necesario y entre dirigentes territoriales que no están dispuestos a pagar ese peaje en sus comunidades. Emiliano García-Page ha sido el más explícito, aunque no el único.

En ese contexto, el eventual regreso de Carles Puigdemont no será solo una imagen de alto voltaje simbólico, sino la confirmación de algo más incómodo: que la resistencia también desgasta a quienes resisten. La amnistía puede ser condición necesaria para sostener la legislatura. Difícilmente será un activo electoral. Y eso, en Moncloa, lo saben desde el primer día. Todavía no hay una fecha concreta, aunque se espera que la resolución del Tribunal Constitucional llegue durante el primer trimestre de 2026.

Junio de 2026 – Elecciones autonómicas en Andalucía

Al PSOE le duele Andalucía. Como en la típica escena de una película barata de detectives, se encuentran delante del cadáver mientras se preguntan, anonadados, cómo pudo suceder algo así. Antaño principal feudo socialista, cuna del felipismo y cantera de cuadros orgánicos del principal partido de España, Andalucía pasó de ser una base sólida a un problema estructural.

La mayoría absoluta de Juanma Moreno en 2022 certificó ese cambio de ciclo. Y, como en Aragón, Sánchez ha decidido quemar otra carta de alto valor, repitiendo una estrategia que ya no es táctica, sino defensiva: enviar a María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, a encabezar la candidatura socialista. Sacarla del núcleo duro del Gobierno no es un gesto menor. Es admitir que Andalucía no se recupera con perfiles intermedios ni con discursos amortiguados. El problema es que incluso esa jugada llega con el terreno ya muy erosionado. Aun mejorando resultados, desalojar al PP parece fuera de alcance. Y una nueva derrota, por ajustada que sea, consolidaría una idea peligrosa para Moncloa: que el PSOE no solo perdió Andalucía, sino que todavía no ha terminado de entender por qué.

Resistir hasta lo desconocido y más allá

Así de complicado es el camino que tiene Pedro Sánchez para llegar hasta agosto de 2027. Y eso sin mencionar que, al final de esa ruta, se abrirá un nuevo ciclo electoral con las elecciones municipales y otras tantas autonómicas. Eso, en todo caso, lo analizaremos el año que viene…si es que Sánchez todavía sigue resistiendo.

La entrada El camino de piedras de Sánchez hasta las elecciones se publicó primero en lamarea.com.