Ni las administraciones encargadas disponen de información de calidad, ni los profesionales encargados cuentan con formación especializada, ni, en general, los centros de protección a un colectivo tan vulnerable como son las personas menores en situación de desprotección funcionan correctamente. Son las conclusiones principales de una investigación desarrollada por el Defensor del Pueblo tras una actuación de oficio iniciada en 2022 al conocer diversos casos de agresiones sexuales a menores que se encontraban en este tipo de instalaciones.
Anteriormente, el Defensor del Pueblo ya había iniciado una actuación en relación con casos surgidos en las Illes Balears (Mallorca), en 2020, y en la Comunidad de Madrid, a inicios de 2022, centradas, fundamentalmente, en conocer las medidas de prevención y detección de casos que habían desplegado las respectivas administraciones con competencia en la protección de menores, así como en la disposición de protocolos para el correcto control y la respuesta ante los casos detectados.
La actuación actual, que se ha ido ampliando en los últimos años, se ha completado con la visita a varios centros de menores tutelados por la Administración: Residencia especializada en adaptación psicosocial Picón de Jarama, en Paracuellos de Jarama (Comunidad de Madrid); Centro Educativo Terapéutico CET-Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz (País Vasco); Hogar de Protección Arrui y Centro Educativo Alea, en Molina de Segura (Región de Murcia); Casa d’Infants Quim Grau, en Hospitalet de Llobregat (Cataluña); Centro de Acogida Lucentum, en Alicante (Comunitat Valenciana); Centro Residencial Infantojuvenil Campillín, en Oviedo, y la Unidad Familiar Cayés, en Llanera (Asturias).
Según las conclusiones del informe –titulado El sistema de protección de menores ante los casos de violencia sexual–, la mayoría de las administraciones no disponían de información de calidad y completa, ni estadísticamente tratada, sobre los casos de abusos o explotación sexual producidos mientras los menores se encontraban al amparo del sistema de protección. Además, ante la falta de especialización, el Defensor del Pueblo sugiere ampliar la formación de los profesionales de estos centros en materia de detección, abordaje y acompañamiento de las situaciones de violencia sexual, y que se cuente con la figura del técnico referente en violencia y explotación sexual. También recomienda la adopción de programas educativos sobre una vida afectivo-sexual saludable y sobre seguridad en las redes sociales para los menores que se encuentran en el sistema de protección.
«Estos ataques a la libertad sexual de los menores, que se producen lamentablemente en todos los ámbitos sociales, deben constituir una prioridad para las administraciones, máxime cuando afectan a menores que se encuentran en ese momento bajo su amparo y protección», sostiene el estudio, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, acaba de registrar en las Cortes Generales. «Son un gravísimo ataque a los derechos humanos que debe ser atajado, con rigor y firmeza, por la sociedad y por los poderes públicos”, insiste el Defensor, cuya institución viene denunciando este problema estructural desde hace años, con especial incidencia en los casos de pederastia cometidos en el seno de la Iglesia católica.
En este contexto, el Defensor del Pueblo destaca un problema y una recomendación que califica como prioritaria: las entidades públicas de protección de la infancia y la adolescencia deben elaborar un plan de revisión de los recursos residenciales de que disponen para ajustar la oferta residencial y que se atienda a los menores de conformidad con sus singularidades. Es decir, que se diferencie con claridad entre centros de acogida residencial, centros específicos de protección para problemas de conducta y centros terapéuticos o de atención a la discapacidad. «Se ha observado que la vida en estos centros se encuentra ahora tensionada, como consecuencia, fundamentalmente, de dos aspectos: la evolución en los perfiles de los menores que allí se acogen, que ha derivado en la recepción de más menores con patologías de salud mental o con discapacidad intelectual grave, contrariamente a lo previsto en la legislación de protección del menor, y la escasez de profesionales y la precariedad en sus condiciones de trabajo, incluidas sus expectativas laborales«.
El informe insiste en que los centros específicos de protección para menores con problemas de conducta no pueden convertirse, en ningún caso, en recursos residenciales para acoger a todo tipo de menores que requieran un régimen estricto de vida por sus condiciones personales, acumulando en ellos perfiles muy diferentes que requieren de una atención especializada y adecuada a sus características. «Esa mezcla de perfiles de menores de edad conviviendo en un mismo recurso, además de contravenir la legislación, perjudica claramente la atención que precisa cada uno de los menores tutelados. Otra expresión preocupante de esta circunstancia, que se ha podido comprobar en el desarrollo de esta actuación general, en alguno de los centros, es la situación de convivencia, en un mismo recurso, de menores en régimen de protección y menores infractores, aun con una medida judicial de convivencia en grupo educativo», denuncia la institución.
En su visita a los centros, el Defensor del Pueblo constata una realidad que dificulta la detección y, por tanto, la prevención: la mayoría de los casos investigados de explotación sexual se produjeron coincidiendo con momentos complejos en la vida de los centros (presencia de menores más disruptivos, conflictos laborales, ausencia de dirección, etc.) lo que aparejó el retraso en la detección y la intervención. El Defensor también ha recordado que la normativa vigente prevé que todas las entidades públicas de protección de menores han de contar con protocolos de actuación para la prevención, detección precoz e intervención frente a situaciones de violencia sexual, por lo que ha recomendado que las que aún no dispongan de ellos procedan a su aprobación.
También propone que tanto el Ministerio de Juventud e Infancia como los órganos competentes en las administraciones autonómicas elaboren un estudio sobre el riesgo de explotación y abuso sexual de los menores que se encuentran al amparo del sistema de protección, tanto en los centros residenciales de protección como en familias de acogida. Además, se les ha solicitado que impulsen la puesta en marcha del Registro Unificado de Servicios Sociales de Violencia Infantil y el Registro Central de Información sobre Violencia contra la Infancia y Adolescencia, previstos en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Igualmente, recomienda que cada comunidad autónoma apruebe la disposición general que regule las condiciones de autorización y funcionamiento de los centros residenciales de protección de menores en su territorio, con los requisitos mínimos que han de cumplir en materia de organización, personal técnico y auxiliar, materiales, protocolos de actuación y régimen de infracciones y sanciones.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha formulado una recomendación a la Secretaría de Estado de Justicia (Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) para que se promueva la creación de más instancias judiciales especializadas en el ámbito de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Y para que se refuerce la atención multidisciplinar a los menores de edad víctimas de explotación sexual y se evite la revictimización.
Según el informe, ninguna de las administraciones a las que se ha dirigido ha mencionado que se cuente con la participación de los niños, niñas y adolescentes en la elaboración de protocolos o guías, lo que pone de manifiesto la gestión adultocéntrica de este asunto y la necesidad de adoptar «uno de los derechos rectores de la Convención de los Derechos del Niño como es el derecho a la participación».
Pocas instituciones han marcado tanto la historia económica y política de Catalunya como La Caixa. Nacida en 1904 como una caja de pensiones destinada a ofrecer protección a los trabajadores en un contexto de intensa conflictividad social, la entidad ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales centros de poder del país. Su influencia trasciende desde hace décadas el negocio bancario y alcanza ámbitos tan diversos como la vivienda, la cultura, la investigación, la educación, los medios de comunicación o la política económica.
Ese recorrido es el objeto de «La Caixa». Una història mai no explicada (Editorial Pol·len), (“La Caixa». Una historia nunca contada), el último libro del periodista e historiador Rafa Burgos. Tras más de cuatro años de investigación, un extenso trabajo en archivos y decenas de entrevistas con antiguos directivos, trabajadores, historiadores, sindicalistas y especialistas, Burgos reconstruye la trayectoria de una institución cuya historia se entrelaza con la de las élites económicas catalanas y españolas.
Lejos de presentar una simple cronología empresarial, el autor plantea una tesis ambiciosa. Sostiene que La Caixa constituye una institución sistémica, capaz de proyectar influencia sobre la economía, la política, la cultura y buena parte del tejido social gracias a una compleja red de relaciones construida durante más de un siglo. El libro aborda episodios poco conocidos de esa historia, desde sus vínculos fundacionales con la monarquía hasta el papel desempeñado durante el Procés, pasando por las participaciones preferentes, la vivienda o la internacionalización del grupo –entre muchos otros–. Más de cien años recompilados en una obra monumental que rastrea, como nunca se ha hecho antes, los entresijos de una de las organizaciones más poderosas del país.
El libro es el resultado de más de cuatro años de investigación. ¿Cómo surge un proyecto de estas dimensiones
Todo empezó casi como un desafío personal y editorial. Yo ya había publicado con Editorial Base otros libros de investigación sobre los grupos de poder de Barcelona y, una y otra vez, aparecía La Caixa de forma directa o indirecta. Nos preguntamos cómo era posible que no existiera una historia crítica de una institución tan determinante para Catalunya y decidimos intentarlo.
Al principio pensábamos que serían un par de años de trabajo. Al final han sido más de cuatro y podrían haber sido muchos más, porque una investigación así nunca termina del todo. Llega un momento en que simplemente tienes que decidir cerrar el libro.
Mi formación como historiador me ayudó mucho en la parte documental. Consulté archivos muy distintos, desde el Archivo Histórico de La Caixa hasta el Hospital de Sant Pau, la Biblioteca de Catalunya o archivos municipales. Lo sorprendente es que, tratándose de una institución con más de un siglo de historia, siempre acabas encontrando documentación relacionada con ella.
Las entrevistas también fueron creciendo casi de forma natural. Una fuente te remite a otra, alguien te recomienda hablar con quien conoce un episodio concreto o con quien participó en un conflicto determinado. Poco a poco vas reconstruyendo una red de relaciones muy amplia que permite entender la dimensión real de la institución.
Sitúas el nacimiento de La Caixa en un contexto de fuerte conflictividad social. ¿Hasta qué punto ese origen explica la función que desempeñó la entidad?
A finales del siglo XIX y principios del XX la situación de la clase trabajadora era muy complicada, especialmente en Catalunya, donde la industrialización había generado enormes desigualdades. Las condiciones laborales eran muy duras y comenzaron a desarrollarse formas de organización obrera que desembocaron en huelgas, movilizaciones y también en episodios de violencia.
El atentado del Liceu de 1893 marcó profundamente a la burguesía catalana. A partir de entonces empezó a instalarse la idea de que era necesario introducir algún mecanismo que amortiguara el conflicto social. No solo había una preocupación por mejorar determinadas condiciones de vida, sino también por evitar que la tensión siguiera creciendo.
En ese contexto cobra especial importancia la huelga de 1902, que hoy ha quedado bastante olvidada porque conocemos mucho más La Canadiense o la Semana Trágica. Sin embargo, aquella huelga supuso una auténtica señal de alarma para las élites económicas.
La idea de crear una caja de pensiones para la vejez, inspirada en experiencias que ya existían en Alemania, respondía precisamente a esa preocupación. Francesc Moragas llevaba tiempo trabajando en ese proyecto y consiguió sumar a buena parte de las grandes instituciones económicas catalanas.
También explicas que la monarquía fue decisiva en la fundación de la entidad.
Sí. El mayor donativo para hacer viable el proyecto fue el de Alfonso XIII, que aportó 20.000 pesetas. Aquella contribución fue fundamental para que la Caja de Pensiones pudiera ponerse en marcha.
La fundación también contó con el apoyo de instituciones como el Foment del Treball, la Cámara de Comercio, el Ateneu Barcelonès o el Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Desde el principio encontramos esa alianza entre las principales organizaciones económicas del país y la nueva entidad.
Siempre ha existido además un tándem muy significativo entre la presidencia y la dirección general. Francesc Moragas asumió la dirección, mientras que la presidencia recayó en Lluís Ferrer-Vidal, que era al mismo tiempo presidente del Foment del Treball. Esa conexión entre el mundo empresarial y la Caja aparece ya desde su nacimiento.
¿Hasta qué punto esa relación inicial con la Corona ha dejado una huella duradera?
Creo que sí existe una continuidad. Evidentemente, quienes conocen esa historia son conscientes del papel que desempeñó la monarquía en el origen de la entidad.
Pero más allá de ese episodio fundacional, La Caixa ha mantenido históricamente una relación muy estrecha con la Corona. Josep Vilarasau, por ejemplo, era una persona muy cercana a la institución monárquica y durante muchos años el rey desempeñó también un importante papel como facilitador de relaciones internacionales para numerosas empresas del IBEX.
Todo eso encaja con la tesis principal del libro. Yo intento demostrar que La Caixa es una institución sistémica. Forma parte del sistema y contribuye a sostenerlo. Y dentro de ese sistema la monarquía también constituye una pieza fundamental.
Dedicas algunas páginas a una posible relación entre la entidad y el 23-F, aunque insistes en que las pruebas son limitadas.
Era un tema delicado porque encontrar documentación resulta muy difícil. Si hubiera existido algún tipo de participación económica, es lógico pensar que apenas habrían quedado rastros documentales.
Encontré el testimonio de un antiguo trabajador de La Caixa que estaba convencido de que había existido apoyo económico al golpe porque así se lo habían transmitido determinadas fuentes. A partir de ahí entrevisté a otros historiadores y periodistas especializados para contrastar esa información.
Ninguno pudo confirmarla. Tampoco la desmintieron de forma categórica, simplemente señalaron que no disponían de pruebas que permitieran sostener esa hipótesis.
Sí encontré otro testimonio relevante de una persona vinculada al archivo histórico de La Caixa que recordaba una reunión celebrada después del mensaje televisado del rey para expresar el apoyo de la entidad al sistema democrático. Ese episodio sí aparece respaldado por varios testimonios.
Por eso en el libro dejo muy clara la diferencia entre aquello que puede documentarse y aquello que únicamente aparece en forma de testimonio oral. No quería convertir una hipótesis en una afirmación.
Uno de los capítulos más interesantes aborda el Procés y la salida de la sede social de La Caixa de Catalunya. Planteas que la llegada de Carles Puigdemont alteró la relación habitual entre el poder político y el económico.
Sí. Puigdemont no pertenecía a los círculos tradicionales del poder económico catalán de la misma forma que otros dirigentes de la ya antigua Convergència i Unió. Había llegado a la presidencia desde Girona y muchas de esas relaciones todavía no estaban consolidadas.
Artur Mas sí intentó facilitar algunos contactos con las principales instituciones económicas y empresariales. Entre ellas hubo una reunión con Isidre Fainé en la Casa dels Canonges, donde mantuvieron una conversación bastante conocida sobre el futuro político de Catalunya.
Aquellos meses fueron muy tensos. En La Caixa existía una enorme preocupación por la retirada de depósitos y por la incertidumbre que afectaba tanto a la propia entidad como al Banco Sabadell. Algunas fuentes me explicaron incluso el malestar que provocó ver a trabajadores del banco participando en las movilizaciones posteriores al 1 de octubre.
El traslado de la sede respondió a esa situación de incertidumbre y también fue posible gracias a la modificación legal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que permitió realizar el cambio sin necesidad de convocar al consejo de administración.
¿Qué consecuencias tuvo esa decisión?
Tuvo un impacto importante sobre la imagen de la entidad en Catalunya. Muchos clientes interpretaron el cambio de sede como una ruptura simbólica, aunque desde el punto de vista empresarial hay que recordar que el negocio principal de La Caixa hacía tiempo que había dejado de concentrarse en Catalunya. Es una situación parecida a la del Banco Santander respecto a Cantabria o incluso al conjunto de España: son entidades cuya dimensión ya es plenamente estatal e internacional.
Uno de los capítulos más actuales del libro es el dedicado a la vivienda. Se habla mucho de Blackstone, pero bastante menos de La Caixa, pese a que durante años ha sido el mayor propietario de vivienda del Estado.
Esa fue una de las cuestiones que más me llamó la atención durante la investigación. Existe un enorme foco sobre los grandes fondos internacionales, mientras que se habla mucho menos de un actor que durante años ha tenido un peso incluso mayor en el mercado residencial.
Además, el libro está inevitablemente marcado por el momento en el que se escribe. La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y eso también se refleja en las entrevistas que realicé. Hablé con personas afectadas, con el Sindicato de Inquilinas, con la PAH y con otros colectivos que llevan años denunciando esta situación.
Una de las conclusiones que aparece repetidamente es que una de las cuestiones que más preocupa a una institución como La Caixa es el riesgo reputacional. La imagen pública continúa siendo un activo muy importante.
En Catalunya eso se vio con la campaña Destapemos La Caixa y con las movilizaciones relacionadas con la huelga de alquileres. Finalmente, la Generalitat acabó adquiriendo parte de aquellas promociones a través del Incasòl. La entidad sigue teniendo un importante patrimonio inmobiliario, pero ha ido reduciendo su exposición a la vivienda protegida y orientando una parte de sus inversiones hacia otros activos, especialmente oficinas.
La Caixa suele reaccionar con mayor rapidez cuando existe presión pública que les señala…
Esa percepción apareció en varias entrevistas. Tanto los sindicatos de inquilinos como personas vinculadas a la propia entidad coincidían en que La Caixa presta mucha atención a la dimensión reputacional de los conflictos.
No significa necesariamente que actúe de forma distinta en el resultado final, pero sí en las formas. Algunas personas que trabajan desde hace años en campañas sobre banca armada o vivienda me explicaban que el trato suele ser más dialogante que el de otras entidades. Hay una voluntad de escuchar, de reunirse y de intentar reducir el impacto público del conflicto.
Probablemente esa forma de actuar tiene relación con el pasado como caja de ahorros y con el peso histórico de la obra social dentro de la identidad corporativa. Esa imagen sigue siendo importante para la institución.
En el libro también abordas la internacionalización del grupo: Solemos pensar en La Caixa como una entidad profundamente vinculada a Catalunya, pero hace mucho tiempo que dejó de jugar únicamente en ese ámbito.
Sí. La internacionalización no es algo reciente. La entidad llegó a tener oficinas en Andorra o Mónaco y desde hace décadas desarrolla una estrategia orientada a la gestión de grandes patrimonios. Como otros grandes bancos, apostó por la banca privada y por diversificar sus inversiones fuera de España.
Si observamos la estructura actual, vemos que la Fundación ”la Caixa” se sitúa en la cúspide del grupo a través de Criteria Caixa. Desde ahí participa tanto en CaixaBank como en grandes empresas del IBEX 35 y en entidades financieras internacionales, como el banco mexicano Inbursa o el Bank of East Asia. Esa presencia exterior forma parte de una estrategia que comenzó hace muchos años.
También explicas cómo funcionaban algunos mecanismos financieros muy controvertidos, como las participaciones preferentes.
Las preferentes suelen asociarse exclusivamente a la banca, pero también fueron emitidas por otras grandes compañías. Lo importante es entender que eran productos que operaban dentro de un marco legal y con el conocimiento de los organismos supervisores.
En muchos casos esas emisiones se realizaban a través de sociedades radicadas en las Islas Caimán. Todo eso era conocido tanto por la CNMV como por el Banco de España. Después de la crisis financiera existía un interés evidente en reforzar el capital de las entidades y muchas prácticas que hoy generan un enorme rechazo fueron toleradas porque contribuían a ese objetivo. El caso de Bankia fue probablemente el más conocido, aunque no el único.
Esa explicación conecta con una idea que atraviesa todo el libro: muchas veces imaginamos el poder económico como una realidad completamente opaca, cuando en realidad buena parte de sus mecanismos son perfectamente legales.
Exactamente. Hay prácticas que pueden resultar moralmente muy discutibles y, sin embargo, ajustarse plenamente a la legislación vigente.
Ocurre con determinadas fórmulas de optimización fiscal, con las SICAV o con otros instrumentos financieros. Hace un tiempo publiqué un reportaje titulado Barcelona, paraíso fiscal, donde intentaba mostrar precisamente eso. Muchas veces pensamos en las Islas Caimán o en Panamá, pero dentro de nuestras propias economías existen tratamientos fiscales diferenciados, zonas francas o regímenes especiales que responden a decisiones políticas perfectamente legales.
Al final, el poder económico no siempre necesita actuar en la clandestinidad. Con frecuencia opera a través de normas aprobadas por los propios Estados.
Después de cuatro años investigando, uno termina el libro con la impresión de que el poder económico acaba condicionando al resto de poderes. ¿Fue también esa tu conclusión?
Siempre existe el riesgo de que un investigador acabe viendo su objeto de estudio en todas partes. A veces bromeo con ese «síndrome de Estocolmo» que hace que, cuando llevas años investigando un tema, parezca que todo gira alrededor de él.
Pero, sinceramente, creo que en el caso de La Caixa esa sensación responde a una realidad bastante objetiva. Lo que hace singular a esta institución es que concentra formas de influencia muy distintas.
Está el poder económico, por supuesto, pero también el político, porque mantiene una interlocución permanente con gobiernos e instituciones. Existe igualmente una dimensión religiosa. Isidre Fainé pertenece al Opus Dei como supernumerario y esa es otra pieza que ayuda a entender determinadas redes de relación.
También encontramos una enorme capacidad de influencia en los medios de comunicación. No hace falta ser propietario de un periódico para tener peso dentro del ecosistema mediático. La publicidad, las relaciones históricas con los grandes grupos de comunicación o la concesión de financiación generan vínculos muy estrechos.
A eso hay que añadir la cultura, la investigación, la educación, el tercer sector o los programas de becas. La Fundación ”la Caixa” tiene una presencia enorme en todos esos ámbitos. Es una forma de soft power extraordinariamente eficaz.
Por eso sostengo que estamos ante una institución muy singular. No solo por su dimensión financiera, sino porque ha conseguido estar presente en casi todos los espacios relevantes de la sociedad. Muy pocas organizaciones reúnen una capacidad de influencia tan transversal.
Pocas instituciones han marcado tanto la historia económica y política de Catalunya como La Caixa. Nacida en 1904 como una caja de pensiones destinada a ofrecer protección a los trabajadores en un contexto de intensa conflictividad social, la entidad ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales centros de poder del país. Su influencia trasciende desde hace décadas el negocio bancario y alcanza ámbitos tan diversos como la vivienda, la cultura, la investigación, la educación, los medios de comunicación o la política económica.
Ese recorrido es el objeto de «La Caixa». Una història mai no explicada (Editorial Pol·len), (“La Caixa». Una historia nunca contada), el último libro del periodista e historiador Rafa Burgos. Tras más de cuatro años de investigación, un extenso trabajo en archivos y decenas de entrevistas con antiguos directivos, trabajadores, historiadores, sindicalistas y especialistas, Burgos reconstruye la trayectoria de una institución cuya historia se entrelaza con la de las élites económicas catalanas y españolas.
Lejos de presentar una simple cronología empresarial, el autor plantea una tesis ambiciosa. Sostiene que La Caixa constituye una institución sistémica, capaz de proyectar influencia sobre la economía, la política, la cultura y buena parte del tejido social gracias a una compleja red de relaciones construida durante más de un siglo. El libro aborda episodios poco conocidos de esa historia, desde sus vínculos fundacionales con la monarquía hasta el papel desempeñado durante el Procés, pasando por las participaciones preferentes, la vivienda o la internacionalización del grupo –entre muchos otros–. Más de cien años recompilados en una obra monumental que rastrea, como nunca se ha hecho antes, los entresijos de una de las organizaciones más poderosas del país.
El libro es el resultado de más de cuatro años de investigación. ¿Cómo surge un proyecto de estas dimensiones?
Todo empezó casi como un desafío personal y editorial. Yo ya había publicado con Editorial Base otros libros de investigación sobre los grupos de poder de Barcelona y, una y otra vez, aparecía La Caixa de forma directa o indirecta. Nos preguntamos cómo era posible que no existiera una historia crítica de una institución tan determinante para Catalunya y decidimos intentarlo.
Al principio pensábamos que serían un par de años de trabajo. Al final han sido más de cuatro y podrían haber sido muchos más, porque una investigación así nunca termina del todo. Llega un momento en que simplemente tienes que decidir cerrar el libro.
Mi formación como historiador me ayudó mucho en la parte documental. Consulté archivos muy distintos, desde el Archivo Histórico de La Caixa hasta el Hospital de Sant Pau, la Biblioteca de Catalunya o archivos municipales. Lo sorprendente es que, tratándose de una institución con más de un siglo de historia, siempre acabas encontrando documentación relacionada con ella.
Las entrevistas también fueron creciendo casi de forma natural. Una fuente te remite a otra, alguien te recomienda hablar con quien conoce un episodio concreto o con quien participó en un conflicto determinado. Poco a poco vas reconstruyendo una red de relaciones muy amplia que permite entender la dimensión real de la institución.
Sitúas el nacimiento de La Caixa en un contexto de fuerte conflictividad social. ¿Hasta qué punto ese origen explica la función que desempeñó la entidad?
A finales del siglo XIX y principios del XX la situación de la clase trabajadora era muy complicada, especialmente en Catalunya, donde la industrialización había generado enormes desigualdades. Las condiciones laborales eran muy duras y comenzaron a desarrollarse formas de organización obrera que desembocaron en huelgas, movilizaciones y también en episodios de violencia.
El atentado del Liceu de 1893 marcó profundamente a la burguesía catalana. A partir de entonces empezó a instalarse la idea de que era necesario introducir algún mecanismo que amortiguara el conflicto social. No solo había una preocupación por mejorar determinadas condiciones de vida, sino también por evitar que la tensión siguiera creciendo.
En ese contexto cobra especial importancia la huelga de 1902, que hoy ha quedado bastante olvidada porque conocemos mucho más La Canadiense o la Semana Trágica. Sin embargo, aquella huelga supuso una auténtica señal de alarma para las élites económicas.
La idea de crear una caja de pensiones para la vejez, inspirada en experiencias que ya existían en Alemania, respondía precisamente a esa preocupación. Francesc Moragas llevaba tiempo trabajando en ese proyecto y consiguió sumar a buena parte de las grandes instituciones económicas catalanas.
También explicas que la monarquía fue decisiva en la fundación de la entidad.
Sí. El mayor donativo para hacer viable el proyecto fue el de Alfonso XIII, que aportó 20.000 pesetas. Aquella contribución fue fundamental para que la Caja de Pensiones pudiera ponerse en marcha.
La fundación también contó con el apoyo de instituciones como el Foment del Treball, la Cámara de Comercio, el Ateneu Barcelonès o el Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Desde el principio encontramos esa alianza entre las principales organizaciones económicas del país y la nueva entidad.
Siempre ha existido además un tándem muy significativo entre la presidencia y la dirección general. Francesc Moragas asumió la dirección, mientras que la presidencia recayó en Lluís Ferrer-Vidal, que era al mismo tiempo presidente del Foment del Treball. Esa conexión entre el mundo empresarial y la Caja aparece ya desde su nacimiento.
¿Hasta qué punto esa relación inicial con la Corona ha dejado una huella duradera?
Creo que sí existe una continuidad. Evidentemente, quienes conocen esa historia son conscientes del papel que desempeñó la monarquía en el origen de la entidad.
Pero más allá de ese episodio fundacional, La Caixa ha mantenido históricamente una relación muy estrecha con la Corona. Josep Vilarasau, por ejemplo, era una persona muy cercana a la institución monárquica y durante muchos años el rey desempeñó también un importante papel como facilitador de relaciones internacionales para numerosas empresas del IBEX.
Todo eso encaja con la tesis principal del libro. Yo intento demostrar que La Caixa es una institución sistémica. Forma parte del sistema y contribuye a sostenerlo. Y dentro de ese sistema la monarquía también constituye una pieza fundamental.
Dedicas algunas páginas a una posible relación entre la entidad y el 23-F, aunque insistes en que las pruebas son limitadas.
Era un tema delicado porque encontrar documentación resulta muy difícil. Si hubiera existido algún tipo de participación económica, es lógico pensar que apenas habrían quedado rastros documentales.
Encontré el testimonio de un antiguo trabajador de La Caixa que estaba convencido de que había existido apoyo económico al golpe porque así se lo habían transmitido determinadas fuentes. A partir de ahí entrevisté a otros historiadores y periodistas especializados para contrastar esa información.
Ninguno pudo confirmarla. Tampoco la desmintieron de forma categórica, simplemente señalaron que no disponían de pruebas que permitieran sostener esa hipótesis.
Sí encontré otro testimonio relevante de una persona vinculada al archivo histórico de La Caixa que recordaba una reunión celebrada después del mensaje televisado del rey para expresar el apoyo de la entidad al sistema democrático. Ese episodio sí aparece respaldado por varios testimonios.
Por eso en el libro dejo muy clara la diferencia entre aquello que puede documentarse y aquello que únicamente aparece en forma de testimonio oral. No quería convertir una hipótesis en una afirmación.
Uno de los capítulos más interesantes aborda el Procés y la salida de la sede social de La Caixa de Catalunya. Planteas que la llegada de Carles Puigdemont alteró la relación habitual entre el poder político y el económico.
Sí. Puigdemont no pertenecía a los círculos tradicionales del poder económico catalán de la misma forma que otros dirigentes de la ya antigua Convergència i Unió. Había llegado a la presidencia desde Girona y muchas de esas relaciones todavía no estaban consolidadas.
Artur Mas sí intentó facilitar algunos contactos con las principales instituciones económicas y empresariales. Entre ellas hubo una reunión con Isidre Fainé en la Casa dels Canonges, donde mantuvieron una conversación bastante conocida sobre el futuro político de Catalunya.
Aquellos meses fueron muy tensos. En La Caixa existía una enorme preocupación por la retirada de depósitos y por la incertidumbre que afectaba tanto a la propia entidad como al Banco Sabadell. Algunas fuentes me explicaron incluso el malestar que provocó ver a trabajadores del banco participando en las movilizaciones posteriores al 1 de octubre.
El traslado de la sede respondió a esa situación de incertidumbre y también fue posible gracias a la modificación legal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que permitió realizar el cambio sin necesidad de convocar al consejo de administración.
¿Qué consecuencias tuvo esa decisión?
Tuvo un impacto importante sobre la imagen de la entidad en Catalunya. Muchos clientes interpretaron el cambio de sede como una ruptura simbólica, aunque desde el punto de vista empresarial hay que recordar que el negocio principal de La Caixa hacía tiempo que había dejado de concentrarse en Catalunya. Es una situación parecida a la del Banco Santander respecto a Cantabria o incluso al conjunto de España: son entidades cuya dimensión ya es plenamente estatal e internacional.
Uno de los capítulos más actuales del libro es el dedicado a la vivienda. Se habla mucho de Blackstone, pero bastante menos de La Caixa, pese a que durante años ha sido el mayor propietario de vivienda del Estado.
Esa fue una de las cuestiones que más me llamó la atención durante la investigación. Existe un enorme foco sobre los grandes fondos internacionales, mientras que se habla mucho menos de un actor que durante años ha tenido un peso incluso mayor en el mercado residencial.
Además, el libro está inevitablemente marcado por el momento en el que se escribe. La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y eso también se refleja en las entrevistas que realicé. Hablé con personas afectadas, con el Sindicato de Inquilinas, con la PAH y con otros colectivos que llevan años denunciando esta situación.
Una de las conclusiones que aparece repetidamente es que una de las cuestiones que más preocupa a una institución como La Caixa es el riesgo reputacional. La imagen pública continúa siendo un activo muy importante.
En Catalunya eso se vio con la campaña Destapemos La Caixa y con las movilizaciones relacionadas con la huelga de alquileres. Finalmente, la Generalitat acabó adquiriendo parte de aquellas promociones a través del Incasòl. La entidad sigue teniendo un importante patrimonio inmobiliario, pero ha ido reduciendo su exposición a la vivienda protegida y orientando una parte de sus inversiones hacia otros activos, especialmente oficinas.
La Caixa suele reaccionar con mayor rapidez cuando existe presión pública que les señala…
Esa percepción apareció en varias entrevistas. Tanto los sindicatos de inquilinos como personas vinculadas a la propia entidad coincidían en que La Caixa presta mucha atención a la dimensión reputacional de los conflictos.
No significa necesariamente que actúe de forma distinta en el resultado final, pero sí en las formas. Algunas personas que trabajan desde hace años en campañas sobre banca armada o vivienda me explicaban que el trato suele ser más dialogante que el de otras entidades. Hay una voluntad de escuchar, de reunirse y de intentar reducir el impacto público del conflicto.
Probablemente esa forma de actuar tiene relación con el pasado como caja de ahorros y con el peso histórico de la obra social dentro de la identidad corporativa. Esa imagen sigue siendo importante para la institución.
En el libro también abordas la internacionalización del grupo: Solemos pensar en La Caixa como una entidad profundamente vinculada a Catalunya, pero hace mucho tiempo que dejó de jugar únicamente en ese ámbito.
Sí. La internacionalización no es algo reciente. La entidad llegó a tener oficinas en Andorra o Mónaco y desde hace décadas desarrolla una estrategia orientada a la gestión de grandes patrimonios. Como otros grandes bancos, apostó por la banca privada y por diversificar sus inversiones fuera de España.
Si observamos la estructura actual, vemos que la Fundación ”la Caixa” se sitúa en la cúspide del grupo a través de Criteria Caixa. Desde ahí participa tanto en CaixaBank como en grandes empresas del IBEX 35 y en entidades financieras internacionales, como el banco mexicano Inbursa o el Bank of East Asia. Esa presencia exterior forma parte de una estrategia que comenzó hace muchos años.
También explicas cómo funcionaban algunos mecanismos financieros muy controvertidos, como las participaciones preferentes.
Las preferentes suelen asociarse exclusivamente a la banca, pero también fueron emitidas por otras grandes compañías. Lo importante es entender que eran productos que operaban dentro de un marco legal y con el conocimiento de los organismos supervisores.
En muchos casos esas emisiones se realizaban a través de sociedades radicadas en las Islas Caimán. Todo eso era conocido tanto por la CNMV como por el Banco de España. Después de la crisis financiera existía un interés evidente en reforzar el capital de las entidades y muchas prácticas que hoy generan un enorme rechazo fueron toleradas porque contribuían a ese objetivo. El caso de Bankia fue probablemente el más conocido, aunque no el único.
Esa explicación conecta con una idea que atraviesa todo el libro: muchas veces imaginamos el poder económico como una realidad completamente opaca, cuando en realidad buena parte de sus mecanismos son perfectamente legales.
Exactamente. Hay prácticas que pueden resultar moralmente muy discutibles y, sin embargo, ajustarse plenamente a la legislación vigente.
Ocurre con determinadas fórmulas de optimización fiscal, con las SICAV o con otros instrumentos financieros. Hace un tiempo publiqué un reportaje titulado Barcelona, paraíso fiscal, donde intentaba mostrar precisamente eso. Muchas veces pensamos en las Islas Caimán o en Panamá, pero dentro de nuestras propias economías existen tratamientos fiscales diferenciados, zonas francas o regímenes especiales que responden a decisiones políticas perfectamente legales.
Al final, el poder económico no siempre necesita actuar en la clandestinidad. Con frecuencia opera a través de normas aprobadas por los propios Estados.
Después de cuatro años investigando, uno termina el libro con la impresión de que el poder económico acaba condicionando al resto de poderes. ¿Fue también esa tu conclusión?
Siempre existe el riesgo de que un investigador acabe viendo su objeto de estudio en todas partes. A veces bromeo con ese «síndrome de Estocolmo» que hace que, cuando llevas años investigando un tema, parezca que todo gira alrededor de él.
Pero, sinceramente, creo que en el caso de La Caixa esa sensación responde a una realidad bastante objetiva. Lo que hace singular a esta institución es que concentra formas de influencia muy distintas.
Está el poder económico, por supuesto, pero también el político, porque mantiene una interlocución permanente con gobiernos e instituciones. Existe igualmente una dimensión religiosa. Isidre Fainé pertenece al Opus Dei como supernumerario y esa es otra pieza que ayuda a entender determinadas redes de relación.
También encontramos una enorme capacidad de influencia en los medios de comunicación. No hace falta ser propietario de un periódico para tener peso dentro del ecosistema mediático. La publicidad, las relaciones históricas con los grandes grupos de comunicación o la concesión de financiación generan vínculos muy estrechos.
A eso hay que añadir la cultura, la investigación, la educación, el tercer sector o los programas de becas. La Fundación ”la Caixa” tiene una presencia enorme en todos esos ámbitos. Es una forma de soft power extraordinariamente eficaz.
Por eso sostengo que estamos ante una institución muy singular. No solo por su dimensión financiera, sino porque ha conseguido estar presente en casi todos los espacios relevantes de la sociedad. Muy pocas organizaciones reúnen una capacidad de influencia tan transversal.
Últimamente, España se ha visto envuelta en una larga lista de incidentes islamófobos, especialmente en política, a un ritmo nunca antes visto en la historia moderna del país. El pasado agosto, PP y Vox se unieron para prohibir las celebraciones musulmanas en instalaciones públicas del municipio de Jumilla (Murcia) con el fin de “defender las costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas”. Vox también trajo recientemente una iniciativa para prohibir el uso del burka y el niqab por miedo a que “el islamismo se abra paso por las calles de España” pese a que lo utiliza un porcentaje ínfimo de la población. Decenas de manifestaciones alrededor del país han reivindicado la lucha contra la “islamización” y a favor de una españa cristiana, y la derecha ha abrazado la “prioridad nacional” que busca Vox para priorizar a los españoles sobre los migrantes en el acceso a los servicios públicos, que ya se ha incorporado en los pactos de gobierno de varias comunidades autónomas. El último pacto de gobierno entre PP y Vox se ha producido hace apenas unos días en Andalucía.
Pero hay mucho más: las “cacerías” contra migrantes en Torre Pacheco (Murcia), las constantes alertas de una supuesta “invasión” musulmana, el intento de cerrar mezquitas en la lucha contra el “yihadismo radical”, o los numerosos bulos sobre el Islam que se viralizan en redes sociales y círculos de ultraderecha.
Aunque este miedo a la comunidad musulmana no es nuevo –ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos tras los ataques del 11-S– sí continúa aumentando en nuestro país, especialmente en el discurso de partidos como Vox o incluso Junts y PP. Por ello, es muy probable que la islamofobia juegue un papel muy grande en el próximo ciclo electoral y en las campañas para formar el próximo gobierno estatal, según opinan cuatro expertos consultados por La Marea.
¿Qué hay detrás del aumento de la islamofobia en la política española?
Para Daniel Gil-Benumeya, profesor en la Universidad Complutense que lleva más de una década estudiando las comunidades musulmanas en España y la percepción pública hacia ellas, la islamofobia se presenta especialmente en forma de estigmatización y control sobre el cuerpo de las mujeres, que Vox está intentando llevar a las administraciones. Atribuye el incremento de la islamofobia en el país a la adopción de discursos xenófobos propios de la ultraderecha europea y el crecimiento de la población musulmana, con miembros de esta comunidad siendo cada vez más visibles y conscientes de sus derechos. A su vez, señala que se está agotando el independentismo catalán y vasco como enemigo de algunos sectores políticos, lo que les ha llevado a buscar en el Islam un nuevo enemigo público, y también se está adoptando el consenso islamófobo en otras comunidades racializadas, como los migrantes latinoamericanos.
Zakariae Cheddadi, doctor en Sociología por la UPV-EHU especializado en identidad, migración y comportamiento político, también ha estudiado de cerca los discursos sobre el Islam de la derecha española. Destaca que, aunque la comunidad musulmana en España tiene menos peso y representación política que en otros países más diversos, esta sí tiene la capacidad de estar muy presente en la imaginación colectiva y el discurso público, como ya se ha visto por ejemplo en los intentos de prohibir el velo islámico pese a ser una realidad casi inexistente en nuestro país.
“El Islam se ha convertido en una categoría política sobre la que polarizar una determinada identidad –española, católica, civilizacional, con un legado sociohistórico que proviene de 1492 hasta ahora– en contraposición de la España roja, anticatólica, anticlerical y woke”, explica Cheddadi. “Antes era ‘salvémonos del comunismo’ y ahora es ‘salvémonos del Islam’”, añade.
El auge islamófobo, presente principalmente en la derecha y ultraderecha, también ha surgido como respuesta a los ocho años de gobierno progresista, según Cheddadi, intensificado tras su apoyo público a la causa palestina y la reciente regularización de migrantes –pese a que esta beneficia principalmente a latinoamericanos–. “Eso se asocia al Islam, la invasión de otras culturas y la teoría de la sustitución demográfica tan asentada en Francia y otros países”, explica.
Por ello, es más fácil crear miedo a una supuesta invasión islámica y sustitución cultural como respuesta a los problemas de la población que razonar las medidas que proponen partidos como Vox que de otro modo serían muy impopulares, como reducir el poder de los convenios colectivos, eliminar las autonomías o recortar el estado del bienestar bajando impuestos “a lo Milei”, según el investigador.
Los discursos de odio contra la población musulmana han venido para quedarse
Existe un creciente consenso académico sobre el reciente incremento de la islamofobia en la política española y sobre el creciente papel que jugará en los próximos años, especialmente de cara a las próximas elecciones generales. “Es muy probable que la islamofobia siga ocupando un lugar relevante en los próximos debates políticos y electorales, especialmente en escenarios de mayor influencia de la extrema derecha o de gobiernos en los que esta tenga capacidad de condicionar la agenda”, explica Laura Mijares, filóloga árabe e investigadora en la Universidad Complutense especializada en la sociología de las comunidades musulmanas en España.
Para ella, la clave no está únicamente en la presencia de los discursos abiertamente islamófobos, sino su creciente normalización en el espacio público. “La islamofobia ya no aparece solo en los márgenes, sino que se articula como una herramienta política eficaz para movilizar miedo, construir enemigos internos y reforzar narrativas identitarias basadas en la supuesta incompatibilidad entre Islam y valores democráticos”, explica Mijares. “En este contexto, –prosigue- las personas musulmanas y especialmente las mujeres visiblemente musulmanas por el uso del hiyab, son objeto de instrumentalización política”.
Prueba de ello también es la visión histórica de los sectores más conservadores, que presentan la identidad española como esencialmente católica, homogénea y culturalmente cerrada, frente a una realidad diversa y multicultural. “En este marco, la apelación a la Reconquista, al imperio católico o a la expulsión de judíos y musulmanes no es anecdótica, sino que forma parte de una batalla cultural más amplia por definir quién pertenece legítimamente a la nación y quién queda situado en sus márgenes”, explica Mijares. Para ella, estas narrativas romantizan y simplifican el pasado y refuerzan jerarquías raciales y culturales, lo cual contribuye a excluir públicamente a las personas racializadas.
Aunque Vox es probablemente el partido con representación parlamentaria que más abiertamente abraza el rechazo a la población musulmana en España, sería un error reducirlo únicamente a este grupo, señala Johanna Lems, profesora de la Universidad Complutense que estudia el Islam en España y Europa. También está presente, explica, en ciertos sectores de la izquierda y especialmente en partidos nacionalistas como Aliança Catalana, cuya líder Sílvia Orriols declaró en 2024 que “con tanto andaluz y tanto musulmán nadie hablará catalán en Catalunya”. Y por supuesto, es una base central del discurso de organizaciones fascistas o ultras como Núcleo Nacional o Frente Obrero, una fuerza política que se define “ni de izquierdas ni de derechas” y tiene como punto principal en su programa el “no a la islamización” porque “se están creando guetos en los que son mayoría e imponen su cultura”.
Para Lems, la islamofobia es una manera de utilizar la religión y los símbolos asociados a esta para discriminar a ciertos grupos de la población y crear una identidad nacional excluyente, un fenómeno que también ha estado presente en el antisemitismo de la Europa del siglo XX o la discriminación contra los migrantes irlandeses y católicos en Estados Unidos durante varios siglos. “La religión siempre ha tenido un lugar muy importante como uno de los elementos en la racialización de las poblaciones, y por tanto también en la islamofobia”, añade.
El impacto de la islamofobia en las instituciones
Lo que queda por ver, sin embargo, es cuánto de este odio se traduce a cambios legislativos y discriminación en las instituciones, más allá de su presencia puramente mediática y simbólica. Aunque Lems destaca que ya existe legislación vigente, como la Ley de Extranjería, basada en gran parte en la xenofobia que discrimina a los musulmanes y otros colectivos, Cheddadi duda de si en caso de formarse un gobierno PP-Vox tras las próximas generales, la islamofobia pueda alterar gravemente el trato institucional a las poblaciones musulmanas, como ha pasado por ejemplo en Estados Unidos con la población migrante durante el segundo mandato de Trump.
“La cuestión del Islam es una estrategia para alcanzar el poder, pero una vez que alcancen el poder no sé si van a ser muy agresivos, tal como nos quieren hacer ver”, comenta. La primera ministra italiana Giorgia Meloni y su vicepresidente Matteo Salvini, por ejemplo, también utilizaron la islamofobia para incrementar su popularidad, pero tras llegar al poder, el efecto de estos discursos a nivel institucional y legislativo fue muy limitado.
“Aunque vayan muy en contra de la Agenda 2030 y ciertos consensos, no sé yo si va a ser muy fuerte su impacto. Lo que me preocupa como sociólogo es la diseminación de un discurso político en términos actitudinales, de comportamiento social y de espacio público”, añade. “Va a crear muchísimo recelo, animadversión, distancia social y cultural. Pensar que el musulmán que tienes enfrente de tu casa tiene algo malo, que te da miedo y estés obsesionado, es lo peor que le puede pasar a una sociedad multiétnica”, concluye.
Muchas aplicaciones gratuitas de streaming pirata (instaladas en algunos televisores y cajas Android) esconden un pequeño programa que convierte estos dispositivos en una puerta de entrada a la conexión de casa. Eso permite a personas y empresas de cualquier parte del mundo hacer pasar su tráfico por tu conexión a internet. Quien reciba ese tráfico (una web, una tienda online, un banco) verá tu dirección IP, no la de quien realmente está detrás.
Este mercado tiene un nombre, proxies residenciales, y se vende como un servicio legal: las empresas que lo ofrecen alquilan millones de conexiones domésticas a clientes que, en teoría, las usan para tareas comerciales, como comprobar precios desde distintos países. El problema, según una serie de investigaciones de la organización de seguridad digital Qurium Media Foundation, es doble: buena parte de esas conexiones se consiguen sin que sus dueños lo sepan, y buena parte del tráfico que circula por ellas no tiene nada de inocente.
Qurium empezó a tirar del hilo cuando la web de una organización de periodismo de investigación jordana recibió, en apenas un día, una avalancha de visitas automatizadas desde 1,35 millones de direcciones de internet de todo el mundo. Siguiendo el rastro, los investigadores encontraron un componente oculto, conocido en la comunidad de seguridad como «Popa», instalado en decenas de aplicaciones populares que ofrecen contenido sin licencias de distribución para ver deporte y películas gratis, como CRICFy, DooFlix o Sportzfy, y hasta en una versión manipulada de SmartTube, una conocida app para ver YouTube en televisores Android. El programa no pide permiso al usuario, y Google estima que la red llegó a incluir más de dos millones de dispositivos en todo el mundo.
Detrás de todo eso, según las conclusiones de Qurium, está la empresa israelí NetNut, que pertenece al grupo cotizado en bolsa Alarum Technologies. Qurium llegó hasta ella siguiendo el rastro de las sociedades que gestionaban la infraestructura, una de las cuales estaba registrada a nombre de un cofundador de NetNut. En respuesta a los investigadores, la compañía rechaza las acusaciones y sostiene que estos hallazgos son inexactos y que su software solo funciona con el consentimiento de los usuarios.
Qurium, que denomina a esta operación Nutcracker (cascanueces, en inglés), comprobó qué sucedía con las conexiones “prestadas” haciendo que sus propios dispositivos formaran parte de la red. Tras hacerlo, recibió millones de peticiones relacionadas con publicidad, apuestas, criptomonedas y compra masiva de entradas (incluidas entradas del Mundial de fútbol de 2026), además de campañas de correos fraudulentos que podrían utilizarse en actividades maliciosas o de fraude.
«Los operadores afirman que obtienen su infraestructura de forma ética, pero nosotros podemos demostrar que los dispositivos se captan mediante puertas traseras escondidas en aplicaciones, por ejemplo en servicios de streaming gratuito», explica a La Marea Tord Lundström, director ejecutivo de Qurium. Y no se trataría de excepciones. «Todo lo que hemos registrado proveniente de estas redes son actividades enormemente abusivas».
¿Qué puedo hacer yo?
Poca cosa, más allá de no entrar en el juego. «Los usuarios deberían pensárselo dos veces antes de descargar aplicaciones y servicios gratuitos para evitar pagar», advierte Lundström. «Lo mismo aplica a los dispositivos que dan acceso a canales de pago: lo más probable es que tengan una puerta trasera», añade. Detectar la infección por cuenta propia, admite, está fuera del alcance del usuario medio. Tras estos hallazgos Google ha configurado su sistema de protección de Android, Play Protect, para avisar y desactivar las aplicaciones afectadas.
Asimismo, Google anunció el desmantelamiento de las cuentas que controlaban la red el pasado 2 de julio. Ese mismo día, el FBI incautó sus dominios principales, en los que ahora aparece un aviso de decomiso. Tras esta operación, Alarum emtió un comunicado. La compañía asegura que se toma este asunto muy en serio y que cooperará plenamente con las autoridades para garantizar que cualquier uso debido de su infraestrudcdtura sea investigado a fondo y que los responsables rindan cuentas.
Qurium, que sigue la actividad de la red en tiempo real, vio cómo desde ese momento se desplomaba su tráfico a medida que se desmantelaban muchas de sus cuentas, pero advierte de que no es un apagón total. Por el momento, es solo una «victoria simbólica»: buena parte de la infraestructura sigue activa y NetNut no es la única empresa en este negocio. «Necesitamos una rendición de cuentas real. Muchos de estos proveedores son conocidos por la comunidad de investigación, pero se ha tomado poca o ninguna acción contra ellos», argumenta.
La periodista Chantal Flores había escuchado tantas historias de mujeres mexicanas que perdieron a un ser querido que cuando viajó a Bosnia, Serbia y Kosovo para entender el impacto de las desapariciones forzadas allí, no le hizo falta entender las palabras de las mujeres que le compartían sus experiencias en serbocroata o albanés: le bastó con leer su lenguaje corporal.
En su libro Huecos. Retazos de la vida ante la desaparición forzada, Flores, que nació en Monterrey en 1985, sigue a seis mujeres en México, Colombia y los Balcanes –Mirna, Lucy, Dragana, Zekija, Margarita y Valdete– que viven, o sobreviven, con el dolor de la pérdida. Nos cuenta sus historias en una serie de viñetas que a veces adoptan un tono periodístico y otras se leen más como novela o poema. A lo largo del libro, Flores escribe como una persona solidaria que se deja afectar por el duelo de estas seis mujeres que se enfrentan a silencios, intimidaciones, injusticias y sistemas rotos.
Lo que motivó a Flores a escribir este libro fue una sensación de impotencia ante el problema de la desaparición forzada en su propio país, donde se producen entre 35 y 40 desapariciones diarias. Al conectar las experiencias de mujeres mexicanas con las vividas en Colombia y los Balcanes, nos obliga a asumir que el sufrimiento que causa la desaparición forzada es universal, sin borrar la especifidad de cada lugar y cada experiencia individual.
Para comprender México, ha tenido que visitar otros países.
Mi intención nunca fue ser la corresponsal extranjera que le va a enseñar al mundo cómo son las cosas en los Balcanes o Colombia. Mi punto de partida siempre fue: esto que está pasando en mi país, en México, es muy grave. No tenemos un marco de referencia para entenderlo. No se compara con el periodo de desapariciones que México vivió en los años setenta, por ejemplo. Así que viajé a otros países para ver qué podía aprender. Sabía muy bien que los contextos no son los mismos, pero, por otra parte, supuse que algunas de sus luchas son similares.
Hay muchos países con desapariciones. ¿Cómo llegó a Colombia y los Balcanes?
Acabé en Colombia por el papel que allí tiene el narcotráfico, que es uno de varios agentes diferentes que perpetran las desapariciones. Me pareció similar a lo que está sucediendo en México. A los Balcanes llegué más bien por mis lecturas sobre el trabajo de la ciencia forense en la identificación de los restos. En esos libros siempre sale el ejemplo de los Balcanes, donde se ha usado la identificación de ADN con mayor efecto. Mi pregunta era: ¿tendrán paz esos familiares? Lo que ellos sufrieron se reconoció como una guerra –algo que en México no ocurre–. Segundo, atrajo una gran inversión y apoyo internacionales. Dado todo esto, me preguntaba, ¿cómo siguen estas familias, que además ya llevan unos 20 años desde que terminó la guerra? ¿Cómo viven con el dolor, con todo este camino ya recorrido?
¿Qué descubrió?
Más allá de las diferencias que he mencionado, encontré muchas similitudes. Al final del día vi el mismo dolor, la misma forma de organización entre las mujeres, que han construido redes, pero que también se encuentran algo aisladas de sus propias familias. Esta dimensión de género me llamó mucho la atención. Yo sabía que se tenían que comunicar entre ellas. Y como no las pude juntar en un espacio físico, las junté en las páginas de Huecos. Lo que quiero es que sepan que no están solas, que de cierta forma están aprendiendo unas de otras. Y que tienen cosas que enseñar a las otras que están por venir, porque esto no termina. Nunca va a haber suficiente información sobre la desaparición forzada.
Su propia voz y experiencia están muy presentes en el libro.
La verdad es que, cuando empecé Huecos, mi idea era escribir un libro serio de investigación periodística, con datos, cronologías y análisis políticos. Así que, cuando empecé a escribir, me encontré cortando todos los pasajes en los que aparecía yo: todo lo que sucedía después de que se apagara la grabadora –por ejemplo, los momentos en los que Mirna y yo estábamos platicando en la cama–. Pero cuando lo hablé con mi editor, me dijo: “Eso no lo cortes: tú eres la única que estuviste ahí y tienes que contarlo”.
¿Le costó incluir esa dimensión más personal?
Mi miedo inicial era que yo me convirtiera en la protagonista del libro. Yo era muy consciente de que las cosas de las que fui testigo pasaron en parte porque yo estaba allí cubriéndolas como reportera. Las familias que buscan a sus desaparecidos muchas veces sienten la presencia de los medios como una presión para que sucedan cosas, para que encuentren algo. A fin de cuentas, ¿qué son las familias que buscan si no encuentran cuerpos?
El resultado es un libro que logra conectar directamente con las lectoras. A mí, al menos, la lectura ha llegado a afectarme mucho.
Mi idea era, precisamente, que si yo me pongo ahí, a lo mejor el lector o la lectora se va a identificar con más facilidad. No soy la periodista inalcanzable que ni contesta al mail, sino al contrario, soy quien lleva a mis lectores de la mano. Eso era lo que yo quería que sintieran los lectores: ese dolor que te destroza cada vez que entras a estos viajes y entras en contacto con esta realidad. Con Huecos, yo quería aportar esa capa extra. Más que informarte, quiero que sientas y veas que estas son familias como la tuya o como la mía.
¿Cómo lidió usted misma con la carga del dolor?
Los primeros años me sentía mal conmigo misma, porque veía la desaparición por todas partes. Me afectó mucho. Pero acabé por encontrar las herramientas creativas para darle salida a ese dolor, a esa crueldad. Y cuando ahora alguien me dice, “no tengo corazón para leerlo”, le digo: “¡Si yo ya lo mastiqué por ti! Lo que te está llegando por mi libro es el 1%. No te lo estoy dando crudo”.
En algunas de las viñetas más literarias, como “Y no está”, abandona su voz narrativa regular para recurrir a una especie de corriente de conciencia. Me ha parecido muy poderoso.
En realidad, fue mi solución a un problema complicado. Hablé con muchísimas familias sobre sus vivencias. Fue muy difícil escoger a las seis mujeres que acabaron siendo mis protagonistas. Por otro lado, irónicamente, también fue muy fácil, porque ellas son las que estuvieron más dispuestas a contestar a las dudas que me surgían. Aun así, al escribir Huecos no me abandonaban esas otras familias a las que había dejado fuera, por más que también dieran forma a mi proceso de escritura. En esa viñeta que mencionas, intento incluir sus vivencias y algunos de los muchísimos detalles que me contaron. Es mi forma de decirles a mis lectoras: “Todo esto está pasando. Puede que no tenga nombres y fechas para todo, que no tenga los datos concretos, pero esto está pasando”. La verdad es que fue una viñeta que empecé a escribir con hartazgo, vomitándole al lector. Lo que sentí fue algo así como: “Ya me cansé yo de cargarlo todo sola”. Luego, cuando me puse a procesarlo, mi actitud cambió. Me imaginaba diciéndoles a mis lectores: “Quiero compartirte esto; espero puedas ver que no son solo Mirna, Lucy o Chuchita. Es todo esto”.
A las mujeres colombianas y mexicanas les podía hablar en español, pero para las entrevistas en los Balcanes tuvo que recurrir a intérpretes. ¿Cómo funcionaba eso?
El tema me estresaba mucho, la verdad, porque sabía que yo no iba realmente a entender toda la entrevista hasta que leyera la transcripción traducida. Por más rápida que fuera mi traductora, nunca iba a hacer lo mismo que yo en una entrevista en castellano o inglés. Además, cuando llegué a la primera cita en Ilijas, una ciudad bosnia, me encontré con un grupo grande de mujeres, aunque yo me había preparado para una entrevista con la líder. Entonces cerré los ojos y dije: “A ver, no voy a comprender el 100% de lo que se está compartiendo aquí. ¿Qué puedo ver?”. Y empecé a observar cómo esas mujeres se organizaban, cómo se sentaban unas, cómo se paraban otras, cómo se juntaban unas y se apartaban otras… Debo agregar que soy maestra de yoga y que lo que me mantiene sana en este trabajo es mover el cuerpo. Ahora bien, antes de ir a los Balcanes, una amiga me invitó a tomar un cursillo de yoga informada por el trauma. Es una forma de enseñar que enfoca en el impacto de la vida, de las experiencias, del trauma, en el sistema nervioso, y cómo el trauma se manifiesta en los movimientos y en los dolores físicos de las personas.
¿Esa experiencia le sirvió con el grupo de mujeres en Bosnia?
Pasó un proceso muy raro. Yo no podía más que asociar cómo movían el cuerpo las mujeres bosnias con los movimientos corporales de las mujeres que yo ya había visto en México. Entonces entendí: ahora, ella me está platicando de esta parte de la desaparición. En otras palabras, me di cuenta de que yo ya traía una idea de cómo se cuenta la desaparición de un ser querido. Es una estructura narrativa que, de cierta forma, se vuelve rígida con el paso del tiempo. Porque la mayoría de ellas han contado esa historia muchísimas veces: a los medios, a gobiernos, a organizaciones de derechos humanos.
La comprensión de estas dinámicas, ¿también le permite relacionarse de otra forma con sus entrevistadas?
Sí, claro. De hecho, ahora la uso mucho. Por ejemplo, el jueves pasado hicimos unas entrevistas en la cárcel para un proyecto sobre el narcomenudeo en el que estoy metida. Yo nunca había entrado a una cárcel de mujeres, y no era el mejor espacio o el espacio más seguro para hacer ese tipo de entrevistas, que además son por tiempo muy limitado y en presencia de las autoridades. Pero cuando empecé a relajar mi cuerpo, ellas se empezaron a relajar y nuestro lenguaje corporal se conectó. Fluyó muy bien la entrevista a pesar de ese entorno restrictivo. Eso, en fin, es algo que aprendí de las mujeres en los Balcanes: cómo acoplarme al espacio de ellas, a cómo se mueven, cómo sirven el café. Todos esos son detalles que la gente cree que son extras en una entrevista, pero que son realmente parte de crear ese entorno para que la gente comparta realmente lo que siente sobre ese momento de su vida. Y eso fue algo que quise transmitir en Huecos: cómo cargamos las historias con el cuerpo.
Huecos se publicó hace un par de años ya. ¿Sigue con el mismo tema?
Cuando salió Huecos, necesitaba como un refresh mental. Viendo el escenario en México, la falta de cambio, no ayuda. Y lo que sí cambia, es para peor: los métodos de desaparecer a la gente son cada vez más brutales, y es cada vez más cínico el manejo de los casos de desaparición. Todavía noto que tengo una respuesta muy emocional ante eso, lo que me impide cubrirlo de buena forma, periodísticamente hablando. Por tanto, he intentado abordarlo de otra forma. Ahora estamos por lanzar una plataforma que se llama Mapping Absence. Es una plataforma bilingüe enfocada en la desaparición forzada, pero globalmente, desde distintas miradas. Somos un colectivo chiquito de académicos y artistas; yo estoy como periodista. No tenemos recursos, realmente hay mucho de voluntariado, pero el punto es crear una plataforma fija donde podamos estar discutiendo la desaparición forzada desde distintos ángulos y visibilizando a los colectivos que lideran esta búsqueda, no solo en México. La desaparición forzada ha evolucionado mucho y se maneja en diferentes contextos. Ya llegamos a un punto donde hasta se niega que se trate de desapariciones forzadas, como hemos visto en Estados Unidos con el ICE.
Al frente del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona, la catedrática Noemí Pereda dirigió el primer estudio estatal con una muestra representativa tan amplia –más de 4.000 adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años– y, además, con información proveniente de los propios niños, niñas y adolescentes de ahora, no de adultos que lo sufrieron en el pasado: un 17,8% reportaron haber sufrido algún tipo de victimización sexual a lo largo del último año
Desde su punto de vista, este tipo de muestra es fundamental para poder intervenir y actuar ahora, de manera inmediata, desde la prevención. Para ello, insiste en una herramienta fundamental: la educación afectivo-sexual como una asignatura obligatoria en todos los colegios: «Esto no va de que en una asignatura de 3º de la ESO sepan lo que es el pene y un embarazo. No. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, va de tu intimidad, va del respeto a los demás. Va de relaciones igualitarias».
¿Por qué es importante entender que no estamos ante casos puntuales, aislados?
Es súper importante porque ni es algo puntual ni es el caso Epstein tampoco. Porque ahora estamos con esto como si esto fuera la realidad. No, la realidad de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia es intrafamiliar, es continua, es silenciada. No son estos casos mediáticos. Es que estoy preocupada con el caso Epstein porque últimamente veo que se está desviando todo hacia ahí.
¿Cómo lo podemos transmitir para que se entienda?
El problema es que en el día a día es mucho más sutil y más difícil de detectar porque muchas veces se esperan este tipo de casos extremos. Y no, no es así. Por eso cuesta tanto detectarlos.
Pero estos casos extremos también ayudan a visibilizar, ¿no?
Claro, tienen que servir como desencadenante. Sobre el caso Epstein podemos pensar, ‘vale, a mí no me pasará porque yo no dejaré que mi hija se vaya con un señor’. Perfecto. Pero hay que saber que en el 80% de los casos las agresiones se cometen por algún familiar o conocido. O sea, el peligro no está fuera. Y este es un gran problema, porque la prevención tiene que venir de dentro. El niño tiene que saber cuáles son sus derechos, que puede decir que no,y, que si ocurre algo, tenga la confianza como para venir y contártelo, que haya esta comunicación fluida contigo. Y esto muy difícil porque, como digo, no es un señor extraño, desconocido, que va a venir y va a secuestrar a tu hijo.
Las cifras no han cambiado a lo largo de los años. Entre el 10% y el 20% de la población sufre agresiones sexuales en su infancia o adolescencia.
Sí, es algo que se mantiene, que sorprende. Es alucinante. Los datos desde hace muchos años están estancados en este 10-20% y no salimos xde ahí. Probablemente tampoco hacemos mucho para salir de ahí. Porque salir de ahí supondría, en primer lugar, una educación afectivo-sexual universal desde etapas muy tempranas. Y esto no ocurre en la mayoría de países, no es solo en España.
¿Y cómo se incorpora esto en los colegios, por ejemplo?
Esto no va de que en una asignatura de 3º de la ESO sepan lo que es el pene y un embarazo. No. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, va de tu intimidad, va del respeto a los demás. Va de relaciones igualitarias. Es educación afectivo-sexual, no solo sexualidad biológica.
Además, lo importante de esta educación es que no solo evitas víctimas, sino que evitas también agresores, porque les estás enseñando y les estás diciendo «no, no, cuando una persona te dice que no, es un no, tienes que respetar”. Entonces, mientras no hagamos realmente un cambio social donde eduquemos a los niños en el respeto al otro, en el consentimiento, esa cifra del 10-20% va a seguir ahí porque son niños que crecen.
«Esto no va de que en una asignatura de 3º de la ESO sepan lo que es el pene y un embarazo. No. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, va de tu intimidad, va del respeto a los demás. Va de relaciones igualitarias. Es educación afectivo-sexual, no solo sexualidad biológica».
La muestra del estudio del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona fue de más de 4.000 adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años. Son niños, niñas y adolescentes de ahora, no adultos que lo sufrieron en el pasado. ¿En qué aspecto mejora este tipo de muestra el diagnostico?
En primer lugar, son chicos y chicas que pueden responder, éticamente se ha demostrado que tienen la capacidad de poder responder, obviamente, con su consentimiento informado, comprendiendo las preguntas. Son encuestas que están validadas en otros países, también en España. La cuestión es que tenemos que focalizarnos en los adolescentes de hoy porque es donde podemos intervenir de forma inmediata; de lo contrario, tendemos a pensar que es algo que pasaba en otras épocas. Cuando haces las encuestas con adultos, estás viendo lo que pasó hace 5, 10, 15, 20, 25, 30 años.
A mí me apena mucho la última encuesta del Ministerio de Juventud e Infancia porque era una oportunidad enorme, con todo el poder que tiene, de hacerla con adolescentes escolarizados, mucho mayor que la que hicimos nosotros. Porque al final nosotros la hicimos en colaboración con “la Caixa”, con su financiación. Llegamos a más de 4.000 adolescentes, pero es cierto que somos una universidad, no somos el Ministerio de Juventud e Infancia. Entonces, yo sí que apelaría a que se asuma esta responsabilidad.
«Tenemos que focalizarnos en los adolescentes de hoy porque es donde podemos intervenir de forma inmediata; de lo contrario, tendemos a pensar que es algo que pasaba en otras épocas».
Hay países como Canadá y Estados Unidos, pero es que también Chile, para que nos situemos, que hacen esta encuesta cada dos años. Porque eso nos permitiría ver variaciones y decir ‘resulta que en Catalunya han implementado un programa y, fíjate, de hace dos años a hoy el porcentaje es más bajo’. Esto solo lo podemos ver si hacemos estudios con los adolescentes de hoy. Cuando lo hacemos con adultos ya sabemos lo que va a salir.
Ha aumentado mucho también la violencia entre iguales, entre los propios chicos y chicas.
Esta es una de las cuestiones que se veía en nuestro estudio. Ha subido y ha subido por esta negligencia respecto a la educación afectivo-sexual y el peso de la industria del porno. No es que los adolescentes vayan a buscar porno, es que la industria los va a buscar a ellos. El modelo que tienen es la pornografía, no hay un modelo educativo que contrarreste los mensajes distorsionados que da la pornografía. No estamos invirtiendo en prevención para nada. Tenemos juegos infantiles como Roblox donde hay enlaces a pornografía. ¿Por qué? Porque saben que lo van a ver niños y que le van a dar. Entonces, no vale con culpar a los adolescentes de ver pornografía, es que la industria los busca a ellos. Por eso hay que hacer actuaciones en políticas públicas que realmente sean efectivas, porque si no el porcentaje no baja.
«Tenemos juegos infantiles como Roblox donde hay enlaces a pornografía. ¿Por qué? Porque saben que lo van a ver niños y que le van a dar. Entonces, no vale con culpar a los adolescentes de ver pornografía, es que la industria los busca a ellos».
¿Nos falta ese salto cualitativo que dimos con la violencia machista?
Totalmente. Mira, siempre se dice que después de la violencia de género tendría que salir a la luz la violencia contra la infancia y la adolescencia, pero es más difícil y es más difícil porque vivimos en una sociedad que es adultocéntrica, o sea, nosotros somos quienes controlamos, nosotros somos quienes votamos a nuestros dirigentes, los niños no pueden elegir, los niños no pueden salir de su contexto familiar si no hay un adulto que detecta este tipo de situaciones, porque para ellos es la normalidad. Tiene que haber como una sociedad adulta muy sensibilizada para que esto salga a la luz. Y lo que ocurre es que en muchos casos se justifica este tipo de agresiones diciendo que el niño se lo inventa.
«Siempre se dice que después de la violencia de género tendría que salir a la luz la violencia contra la infancia y la adolescencia, pero es más difícil y es más difícil porque vivimos en una sociedad que es adultocéntrica».
¿La Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia –Lopivi– está ayudando a entender la situación?
Sí, estamos mejorando. La Lopivi ha ayudado mucho también, supuso un impulso para hablar del tema. Pero es cierto que como sociedad sigue sin calar que los niños son sujetos de derecho, que no solo son objetos de cuidado. Esto hay que entenderlo: los niños tienen derechos que no puedes violar por mucho que seas padre o madre. Hace días, Ana Obregón decía ante una acusación: ‘Es mi niña y hago con ella lo que quiero’. Claro, esto te lo está diciendo alguien público, lo está diciendo a la sociedad y es un mensaje que a muchas personas les cala. No, no puedes hacer lo que quieras. Es una persona con derechos propios, es un ciudadano, pero cuesta mucho entenderlo. Por eso muy importante también el trabajo desde el punto de vista periodístico. El niño no es propiedad de nadie, es un ciudadano con derechos propios.
«Los niños tienen derechos que no puedes violar por mucho que seas el padre o la madre. No es propiedad de nadie, es un ciudadano con derechos propios».
También nos cuentan algunas víctimas que este tema se minimiza.
Sí, se minimiza mucho. Se dice ‘bueno, son niños, lo olvidarán, tampoco es tan grave, cuando crezcan ya se les pasará’. Y no. Esto es un daño que perdura a lo largo del desarrollo y un daño en un momento en el que el niño está creciendo, en el que está estableciendo sus relaciones con el mundo, consigo mismo, con los demás y estás destruyendo todo esto.
Por tanto, no puedes tener un ciudadano integrado, prosocial cuando han vivido experiencias de este tipo en su infancia y nadie los ha ayudado. Y por eso hay que entender el daño que esto causa también como sociedad. Por eso se habla del problema de salud pública. La OMS lo define como un problema de salud pública. ¿Por qué? Pues porque nos afecta a todos. No solo a nivel de salud mental, de salud física de estas víctimas, sino a nivel de relaciones, de repetición del patrón de violencia con otros niños. Nos encontramos con muchos adolescentes que agreden, pero es que ellos también han sido víctimas previamente.
Muchas veces se dice que están enfermos.
Hay un porcentaje muy pequeño de psicopatía en la sociedad, que es aquel que no tiene empatía por los demás, pero en general nacemos con la capacidad de empatizar. ¿Por qué un niño llega a una determinada edad y agrede a otros niños? Porque si no intervenimos en las formas de violencia en la familia, no podemos luego intervenir en este adolescente que agrede a su compañera de clase. Realmente hay que trabajar desde el inicio.
«Nos encontramos con muchos adolescentes que agreden, pero es que ellos también han sido víctimas previamente».
¿Hay relación entre violencia sexual y conducta suicida?
Sí, por eso además es muy importante hacer este tipo de encuestas sobre bienestar, no solo de violencia y poder. Porque se podría intervenir preventivamente con los casos de riesgo. Una de las salidas que encuentra la víctima al dolor intensísimo que está viviendo es esta: acabar con todo y acabar con su vida.
La violencia sexual también se relaciona con consumo de alcohol y drogas, que es otro de los problemas que tenemos. Porque es algo que te permite desconectar de todo este recuerdo. Se relaciona con problemas de salud mental, obviamente, ansiedad, depresión, fracaso escolar. Entonces, invirtamos en esta prevención, invirtamos en que los adolescentes, los niños, puedan hablar cuanto antes con alguien, que sepan que tienen el derecho a hablar, que es eso lo que estamos diciendo con la educación afectivo-sexual.
¿Por qué debe ser desde etapas tempranas?
Porque el niño tiene que aprender que nadie puede tocar su cuerpo si él no quiere y que tiene que haber una justificación. ‘Hola, soy el médico y te voy a tocar por esto’. Perfecto. Ya le estás mostrando un respeto. Pero es que cogemos al niño, le limpiamos el culo, le quitamos los pantalones. Y, claro, lo que el niño está aprendiendo indirectamente es que cualquier adulto puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Luego queremos que hablen. ¿Pero cuándo van a hablar? Si no saben que tienen este derecho, ¿no?
Pero hay resistencia por parte de las familias a que esto se dé en los colegios, como si fuera una cuestión política o ideológica. ¿Cómo combatimos eso?
Para empezar, yo creo que es el Ministerio de Educación quien debe tomar una decisión. Porque esto no depende de una escuela, que tu escuela resulta que está al lado de una asociación y vienen a dar una charla. No. Yo entiendo que los padres tienen sus miedos o como lo queramos llamar. Pero si esto es una directriz desde Educación, significa que todas las escuelas de España van a tener una asignatura y esta asignatura va a estar manualizada, con lo cual, como padre tú puedes observar qué temas se van a tratar, cómo se van a tratar. Tiene que tener un profesorado como cualquier otra asignatura, como Matemáticas. No puede dejarse como una chica voluntaria que viene sensibilizada, debe ser un profesorado preparado con un temario basado en la evidencia. Le podemos cambiar el nombre, que eso también se ha discutido mucho con asociaciones. Puede ser educación para el bienestar. Llamémoslo como queramos, pero esto no es una elección según el partido que gobierne. No va de charlas. Es el derecho de tu hijo, no el tuyo. Es el derecho del niño a la educación afectivo-sexual, no tu derecho como padre.
«La educación afectivo-sexual tiene que tener un profesorado como cualquier otra asignatura, como Matemáticas, con un temario basado en la evidencia. No va de charlas, es el derecho de tu hijo, no el tuyo».
Por tanto, hay que tener mucho valor político, porque obviamente es algo que va a generar muchísima polémica. Pero, insisto, estamos hablando de educación, y tú no puedes decidir si quieres o no eso para tu hijo. Además, reitero, tiene que ser una educación sexual y afectiva universal, porque si no estamos generando una fuente de desigualdad. Tú puedes educar a tu hijo en prevención, accedes a un cuento, sabes qué recursos hay. Pero es que hay familias que no.
¿Cómo han influido en todo ello las redes sociales y la IA?
El contexto online también es muy terrible. Hay muchos pederastas que se conectan y captan. Lo vimos con los casos de la explotación sexual en Mallorca. Y las captaban por Instagram. Y ahí hay también un agujero importante de falta de educación en los riesgos online, los riesgos de enviar una fotografía, por ejemplo. Y son las niñas y niños con menos protección, con menos recursos en sus familias, los que acaban siendo mayoritariamente víctimas de estas redes. El Estado tiene que luchar para que no haya una desigualdad y no haya niños en mayor riesgo de violencia sexual.
Este artículo se publicó originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.
Hay una historia que se repite y es la historia de la expropiación de las clases populares, a nivel material y simbólico. Así, aquello que nace desde y por ellas, que surge de sus formas de vida, de sus celebraciones, de sus conflictos y de sus luchas, raramente permanece bajo su control. Una y otra vez, a lo largo de la historia contemporánea, los sectores subalternos no solo han trabajado la tierra y las fábricas o han servido a las clases altas, sino que además han producido imaginarios, tradiciones y repertorios culturales que posteriormente han sido apropiados por otros actores con mayor capacidad para definir su significado. Primero fueron las burguesías nacionales del siglo XIX. Hoy son las nuevas extremas derechas. Los símbolos cambian de dueño; las clases populares siguen perdiendo.
El historiador Eric Hobsbawm explicó magistralmente este proceso en Nación y nacionalismos desde 1780. Frente a la idea romántica de que las naciones existen desde tiempos inmemoriales, Hobsbawm mostró cómo estas son construcciones históricas relativamente recientes, vinculadas al desarrollo del capitalismo industrial, la expansión de los Estados modernos y la necesidad de generar lealtades colectivas entre poblaciones cada vez más amplias. Para construir una nación no bastaban fronteras, instituciones o ejércitos. Hacían falta emociones. Hacían falta relatos. Hacían falta símbolos capaces de producir un sentimiento de pertenencia. Y esos símbolos, en gran medida, se extrajeron de las culturas populares. Las canciones campesinas, las fiestas locales, los bailes regionales, los trajes tradicionales o las lenguas vernáculas fueron recopilados por intelectuales, folkloristas y funcionarios estatales que los transformaron en expresiones de una supuesta esencia nacional. Lo que antes pertenecía a comunidades concretas pasó a representar a millones de personas que jamás habían compartido experiencias vitales comunes.
La invención de la tradición
Es aquí donde aparece otro de los conceptos fundamentales asociados a Hobsbawm: la invención de la tradición. Muchas de las prácticas que hoy consideramos ancestrales son, en realidad, construcciones modernas. No porque fueran completamente falsas, sino porque fueron seleccionadas, reinterpretadas y reorganizadas para responder a necesidades políticas contemporáneas. La tradición, lejos de ser una herencia inmutable, es muchas veces una tecnología de poder. Las burguesías nacionales del siglo XIX comprendieron perfectamente esta lógica. Necesitaban cohesionar sociedades profundamente desiguales y encontraron en la identidad nacional una herramienta extraordinariamente eficaz. Las culturas populares se convirtieron en materia prima para fabricar sentimientos nacionales. Sin embargo, mientras las élites convertían las costumbres populares en patrimonio de la nación, las clases trabajadoras seguían viviendo en condiciones de explotación, pobreza y exclusión política. La apropiación simbólica servía para integrar culturalmente aquello que continuaba subordinado materialmente. Lo interesante es que este proceso no ha desaparecido. Simplemente ha cambiado de protagonistas.
Las nuevas extremas derechas han demostrado una enorme habilidad para ocupar espacios simbólicos que durante décadas parecían pertenecer a otros. Por supuesto, han continuado apropiándose de tradiciones nacionales, fiestas populares o imaginarios patrióticos. Pero también han comenzado a disputar símbolos históricamente vinculados a la izquierda. Quizá uno de los fenómenos más llamativos de los últimos años sea precisamente como determinados movimientos reaccionarios han dejado de presentarse exclusivamente como defensores del orden establecido para adoptar estéticas, lenguajes y gestualidades procedentes de culturas políticas antagonistas. El puño levantado, durante décadas asociado al movimiento obrero, al antifascismo o a las luchas por los derechos civiles, aparece hoy en manifestaciones y campañas de sectores ultranacionalistas. Solo hay que ver a Trump. Lo mismo ocurre con ciertos discursos sobre la defensa del pueblo frente a las élites, la crítica a las oligarquías globales o incluso la reivindicación de formas de solidaridad comunitaria. Naturalmente, no se trata de una continuidad ideológica. Es una operación de resignificación. Los símbolos permanecen; su contenido político cambia.
La extrema derecha contemporánea ha comprendido algo que buena parte de la izquierda parece haber olvidado: las identidades colectivas no se construyen únicamente mediante programas políticos, sino también mediante emociones, símbolos y relatos compartidos. Por eso disputa los códigos culturales de las clases populares. Por eso se presenta como portavoz de los olvidados. Por eso intenta apropiarse incluso de repertorios visuales históricamente asociados a las luchas emancipadoras. No es casualidad que algunos de estos movimientos combinen referencias patrióticas con estéticas obreras, ni que intenten presentarse como representantes de trabajadores golpeados por la precarización económica. Lo que está en juego no es simplemente una batalla electoral, sino una lucha por el significado mismo de lo popular. Y aquí reaparece una vieja intuición de Hobsbawm. Las tradiciones no son realidades naturales; son construcciones históricas sometidas a disputa permanente. Del mismo modo que las élites nacionales del siglo XIX reinventaron elementos culturales populares para construir la nación, las extremas derechas actuales reinterpretan tanto las tradiciones nacionales como ciertos símbolos de la izquierda para construir nuevos proyectos reaccionarios.
El problema es que, en ambos casos, las clases populares terminan funcionando como una reserva simbólica de la que otros extraen recursos políticos. Sus formas de vida son convertidas en identidad nacional. Sus costumbres son elevadas a patrimonio colectivo. Sus símbolos de lucha son reciclados por movimientos que muchas veces defienden políticas contrarias a sus intereses materiales. Y mientras tanto, los problemas que afectan a la mayoría social permanecen prácticamente intactos. La vivienda se vuelve inaccesible. Los salarios pierden poder adquisitivo. Los servicios públicos se deterioran. La precariedad se cronifica. Pero el debate público se desplaza constantemente hacia cuestiones identitarias donde los símbolos ocupan el lugar que antes tenían los conflictos distributivos.
Tal vez esta sea la gran tragedia política de nuestro tiempo. Mientras las clases populares continúan produciendo cultura, sociabilidad y comunidad, otros monopolizan la capacidad de convertir todo ello en capital político. Lo hicieron las burguesías nacionales cuando inventaron las tradiciones que debían unir a la nación. Lo hacen hoy las extremas derechas cuando transforman esas mismas tradiciones —y hasta algunos símbolos históricos de la izquierda— en herramientas de exclusión y reacción. La historia contemporánea puede leerse, en buena medida, como una sucesión de estas expropiaciones simbólicas. Un proceso en el que los de abajo generan los significados y los de arriba administran sus beneficios. Cambian las banderas, cambian los discursos, cambian los propietarios temporales de los símbolos. Lo que rara vez cambia es quién acaba pagando el coste de la operación. Porque cuando la cultura popular se convierte en mercancía política, quienes la produjeron suelen quedarse, una vez más, sin ella.
Jose Mansilla es antropólogo urbano y profesor en la Universitat Autònoma de Barcelona.
Hacía 23 años que nadie se atrevía a publicar un libro sobre Bernard Arnault, el hombre más rico de Europa. Lo acaba de hacer la historiadora Audrey Millet, con consecuencias indeseadas para ella y su entorno. El libro Bernard Arnault, son univers impitoyable, una biografía no autorizada del gran magnate del lujo, salió a la venta el pasado 10 de junio, pero muy poca gente se ha enterado. El patrón de la casa LVMH (conglomerado de empresas que responde a las iniciales de Louis Vuitton, Moët & Chandon y Hennessy) ha movido sus hilos para que no haga entrevistas de promoción en ninguno de los grandes medios de comunicación franceses. Tampoco pueden publicar reseñas. Mediapart, Le Canard Enchaîné y Libération se cuentan entre los pocos que se han apartado de las directrices marcadas por Arnault.
Como explicaba la propia Millet en una entrevista con David Dufresne, su libro ha desaparecido de muchas librerías. Las presentaciones que tenía pactadas han sido súbitamente anuladas. La editora de Millet, Julia Pavlowitch, denunció un robo en su domicilio un día antes de que el libro saliera a la luz, así como presiones del entorno familiar de Arnault para evitar su publicación. Otro magnate controvertido, Vincent Bolloré, patrón de medios como CNews, Europe 1 o Paris Match y gran promotor de la ultraderecha, se ha alineado con el jefe de LVMH: entre sus muchos negocios, es también dueño de la cadena de kioscos Relay, que canceló de golpe y sin dar explicaciones un pedido de 400 ejemplares del libro. «Muchos oligarcas se mantienen unidos y se dan la mano para controlar la información en Francia», asegura la autora.
Esta carrera de obstáculos comenzó el mismo día en el que Millet envió un cuestionario a LVMH. Lo hizo así para cumplir con el estándar de una investigación rigurosa y para que nadie echara por tierra el año de trabajo que le dedicó a un libro que cuenta con más de mil fuentes acreditadas. Desde LVMH nunca contestaron a sus preguntas; muy al contrario, la maquinaria de Arnault se puso en marcha para intentar silenciarla.
Para entender hasta dónde ha escarbado Millet en su trabajo, hay que señalar, por ejemplo, que ha llegado incluso a acceder al expediente de Arnault en la Escuela Politécnica, donde se forma la élite de los ingenieros del país. Esa escuela está bajo el amparo del Ministerio de Defensa y, en la época en la que estudió Arnault, los primeros años setenta, había que pasar dos meses de entrenamiento militar obligatorio. Las evaluaciones de sus instructores fueron demoledoras: «Carácter tranquilo, carece de gusto por el esfuerzo. Participa poco en el trabajo de equipo. (…) No apto para ocupar un puesto de responsabilidad». Quedó el penúltimo de su promoción.
Sus escasas dotes para dirigir un grupo de soldados no fueron un impedimento para convertirse en un tiburón de los negocios. Las 75 empresas que dirige actualmente facturaron 86.000 millones de euros en 2023. Ese año, su fortuna personal ascendía a 240.700 millones de euros. «Vende bolsos, champán, vinos y licores, perfumes, pintalabios, joyas y relojes. Es propietario de hoteles, restaurantes, empresas de sondeos y periódicos», escribe Millet. Si se trata de un artículo de lujo, ahí está Arnault. Cuando Donald Trump fue investido presidente por segunda vez, ahí estaba también Arnault. Fue el único empresario europeo presente, acompañando en la ceremonia a la plana mayor de los señores tecnofeudales: Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook… El propio Emmanuel Macron no fue invitado al acto.
¿Cómo es posible que nadie escribiera nada sobre una personalidad empresarial de este rango? Cuando Arnault ingresó en la Academia de las Ciencias Morales y Políticas, en 2024, Millet quiso leer alguna biografía suya. Para encontrar algo tuvo que remontarse al año 2003, cuando apareció L’Ange exterminateur, de Airy Routier, otro libro polémico que detallaba las agresivas estrategias financieras del patrón de LVMH. Y después, el silencio. «Parece evidente que Bernard Arnault no quiere que se escriba sobre él», afirma Millet.
Editorial LA TRIBU
Según la historiadora, los medios que han reseñado su libro —Libération entre ellos– han visto recortada la publicidad de LVMH, el anunciante más poderoso de Francia. Se calcula que el grupo gasta en torno a 160 millones de euros al año en publicidad en medios de comunicación galos. Cabe recordar que este conglomerado empresarial aglutina a marcas como Dior, Givenchy, Loewe, Marc Jacobs, Guerlain, Bulgari, Dom Pérignon o, más modestamente, Sephora. Y que tiene también sus propias publicaciones, como Le Parisien, Les Échos, Challenges, Sciences et Avenir o La Recherche.
Controlar lo que se escribe sobre él parece ser una obsesión para Arnault, quien llegó a enviar un mail a los trabajadores de LVMH advirtiéndoles de que hablar con periodistas no afines («poco escrupulosos», según su eufemismo) constituiría «una falta grave». En sus tormentosas relaciones con la prensa, el caso más grotesco fue el que tuvo como protagonista a Bernard Squarcini, ex jefe de los servicios secretos durante la presidencia de Sarkozy y encargado de espiar a la revista Fakir a petición de LVMH.
Espiar, en cualquier caso, ha sido una labor común durante la actividad profesional de Arnault, según Audrey Millet. «Desde que adquirió LVMH, se acercó a empresas de espionaje, sobre todo estadounidenses. Se trata de antiguos espías de la guerra fría que se reciclan en la empresa privada», explica la autora. Este espionaje industrial incluía una amplia gama de servicios: desde colocar micrófonos en oficinas a seguimientos por la calle, pasando por escudriñar la basura de sus competidores.
Estos procedimientos le han permitido, en parte, construir un imperio con arreglo al manual del moderno capitalismo financiero: no ha creado empresas, las ha comprado y, según su propio vocabulario, las ha reestructurado (sin ambages: diezmando sus plantillas) para obtener beneficios.
¿Pero lo hizo solo, arriesgando su fortuna personal? No exactamente: en 1984 se hace con el grupo de Marcel Boussac, un gigante textil en crisis, propietario de Dior, gracias a «940 millones de francos en ayudas públicas. Esto lo ha constatado incluso la Comisión Europea y la Corte de Justicia. En realidad, fueron las subvenciones las que permitieron a Bernard Arnault comprar esa empresa», explica Millet. «El dinero público entra, los trabajadores salen y Dior permanece».
Con Louis Vuitton y Moët Hennessy la estrategia fue diferente: prometió a los jefes de cada casa (Henry Racamier y Alain Chevalier, respectivamente) apoyarlos para destruir al otro y hacerse con el control absoluto de LVMH. En realidad, Arnault los destruyó a los dos y se quedó con el holding. Fue por aquellos años cuando se ganó los apodos de «Terminator» y del «lobo vestido de cachemira».
No es que estas historias sean grandes revelaciones. Se conocían desde hace tiempo, pero nadie había vuelto sobre ellas en las últimas décadas. Ahora reviven, y eso, para alguien que ha gastado tanto dinero en borrar su pasado y en silenciar a sus críticos, parece ser una afrenta intolerable.
Las ciudades conservan memorias que raramente aparecen en los monumentos. Sobreviven en una escalera, una puerta lateral, una pista de baile o una barra pegajosa donde miles de desconocidos compartieron unas horas de intimidad. Buena parte de la historia de las comunidades homosexuales se escribió precisamente en esos espacios ambiguos, a medio camino entre el refugio y la exposición pública. En Gay Bar. Fragmentos de aquellas fiestas (Capitán Swing), Jeremy Atherton Lin convierte esos lugares en el hilo conductor de una reflexión sobre el deseo, la identidad, la memoria y las transformaciones de la cultura gay durante las últimas décadas.
Lejos de la nostalgia fácil, el escritor británico reconstruye la historia de los bares gais de Londres, Los Ángeles o San Francisco para preguntarse qué sucede cuando una comunidad alcanza importantes victorias legales mientras sus espacios físicos desaparecen. El resultado es un libro que combina autobiografía, historia cultural y ensayo político, siempre atento a las contradicciones que acompañan cualquier proceso de emancipación.
Una de las cosas que más me llamó la atención del libro es el protagonismo que tienen los espacios físicos. ¿Por qué decidiste contar esta historia –una historia tanto personal como de identidad colectiva– a través de la arquitectura y de los lugares concretos?
Porque me cuesta pensar en abstracto. Necesito anclar las ideas en algo tangible. Durante años había escrito mucho sobre ropa y moda, pero empecé a cansarme de ese tema. Sabía que las cuestiones que realmente me interesaban tenían que ver con la identidad, el tiempo, la memoria o el deseo, pero necesitaba un punto de apoyo.
Cuando empecé a revisar los lugares que había frecuentado a lo largo de mi vida –o incluso algunos que solo había visitado una o dos veces– descubrí algo interesante. Muchas de las experiencias que yo recordaba como triviales o incluso decepcionantes estaban conectadas con historias mucho más amplias que mi propia biografía. Los espacios conservaban capas de memoria colectiva, algunas alegres y otras profundamente problemáticas.
Además, la arquitectura misma me ayudaba a pensar. Por ejemplo, cuando empecé a salir por bares gais, gran parte de la estética dominante todavía respondía al miedo al VIH y al contagio. Había superficies blancas, limpias, cuerpos masculinos extremadamente cuidados, casi esterilizados. Existía una especie de obsesión con la higiene y la impermeabilidad. A medida que avanza el libro también avanzo hacia espacios más desordenados, más sucios, más porosos.
De algún modo, se convierten en un actor más de la narración.
Creo que es cierto. Cuando concebí el proyecto, mi editora me habló de la tradición de la psicogeografía, un género históricamente dominado por hombres heterosexuales. Hablamos de qué podía diferenciar este libro de esa tradición.
Muchas obras psicogeográficas intentan construir una especie de lectura metafísica de la ciudad. Mi intención era hacer algo parecido, pero atravesado por el erotismo. Me interesaba explorar cómo el deseo modifica nuestra relación con los espacios y cómo los espacios moldean a su vez nuestras formas de deseo.
«Me interesaba explorar cómo el deseo modifica nuestra relación con los espacios y cómo los espacios moldean a su vez nuestras formas de deseo».
Hay una paradoja que me parece interesante: muchos bares gais comienzan a desaparecer precisamente cuando se consolidan derechos como las uniones civiles o el matrimonio igualitario. ¿La muerte de los bares gais es, en parte, el precio de ciertas victorias legales?
Es una cuestión complicada. Durante la escritura me di cuenta de algo que había pasado por alto: estaba escribiendo sobre negocios privados. Los bares gais no son únicamente símbolos culturales; también son empresas que tienen que pagar alquileres y sobrevivir económicamente. No profundicé demasiado en cuestiones como la especulación inmobiliaria o la gentrificación, aunque evidentemente forman parte del contexto.
Respecto a la asimilación, creo que a veces se interpreta de forma demasiado simplista. Muchas conquistas legales no surgieron porque la integración en las instituciones tradicionales fuera necesariamente el objetivo final de los movimientos homosexuales. A veces simplemente eran herramientas prácticas.
En mi siguiente libro hablo de uno de los primeros casos en Estados Unidos de reconocimiento federal de una unión entre dos hombres. Uno de ellos era australiano y la cuestión estaba relacionada con la inmigración. Aquellos hombres no eran especialmente partidarios del matrimonio como institución. Lo consideraban algo patriarcal y anticuado. Pero necesitaban una solución concreta a un problema concreto. A veces la asimilación es más una consecuencia que una meta.
Sin embargo, mientras desaparecen los espacios físicos, las aplicaciones de citas parecen ocupar parte de ese lugar.
Sí, aunque para mí cumplen una función muy distinta. Lo que me preocupa de las aplicaciones es que tienden a convertirnos en mercancías. Nos presentan como una colección de atributos expuestos detrás de un escaparate. Intentamos optimizar nuestra imagen para encajar en determinados criterios y atraer determinadas respuestas.
«Lo que me preocupa de las aplicaciones de citas es que tienden a convertirnos en mercancías».
Pero la química humana no funciona de esa manera. No puedes predecir cómo reaccionarás cuando escuches la risa de alguien, percibas su olor o compartas una conversación cara a cara. Por eso quería que Gay Bar transmitiera la sensación de encontrarse con personas inesperadas, de rozarse con desconocidos, de descubrir que alguien que inicialmente te genera rechazo acaba resultando fascinante, o viceversa. Esas experiencias imprevisibles forman parte de la vida social y son muy difíciles de reproducir en entornos digitales.
Foto: Capitán Swing
Han pasado más de medio siglo desde Stonewall y en muchos países occidentales los derechos LGTBQ han avanzado considerablemente, al menos a nivel legal. De hecho, partidos de extrema derecha como la AfD en Alemania tiene una líder que es lesbiana, lo que sería impensable hace pocos años atrás. Y, sin embargo, los delitos de odio continúan existiendo y las reacciones conservadoras parecen reaparecer cíclicamente. ¿Cómo interpretas esa tensión?
Creo que cualquier grupo que se salga de la norma permanece en una situación precaria mientras existan mecanismos sociales de exclusión. Incluso si en un momento dado no eres el objetivo principal, sigues dependiendo de un sistema que siempre puede encontrar nuevos chivos expiatorios.
Hoy el ejemplo más evidente son las personas trans. Pero también me interesa mucho cómo distintas formas de vulnerabilidad se entrecruzan. La orientación sexual, la identidad de género, la inmigración o las fronteras no son problemas independientes. Muchas personas viven simultáneamente varias de esas experiencias.
«La orientación sexual, la identidad de género, la inmigración o las fronteras no son problemas independientes. Muchas personas viven simultáneamente varias de esas experiencias».
Además de la violencia explícita, existen formas mucho más sutiles de precariedad. Cuando el Tribunal Supremo estadounidense anuló Roe v. Wade, muchas parejas homosexuales comenzaron a preguntarse si el matrimonio igualitario podría convertirse en el siguiente objetivo político.
Recuerdo ver en televisión a una pareja de mujeres explicando la enorme cantidad de documentación legal que necesitaban simplemente para garantizar la protección jurídica de su familia. Había carpetas y archivadores por todas partes. Aquello me hizo pensar en algo que aparece en Gay Bar. Existe una enorme cantidad de trabajo burocrático invisible destinado simplemente a validar tu existencia.
Reflexionas, también sobre la transformación de las categorías identitarias y el uso de la terminología.
Las palabras evolucionan constantemente. Recuerdo que en Reino Unido hubo un momento en que el término “queer” empezó a adquirir una legitimidad institucional muy visible. Pienso, por ejemplo, en determinadas exposiciones organizadas por grandes museos. De repente, una palabra que durante mucho tiempo había sido marginal adquiría prestigio académico y cultural.
Lo curioso es que yo quería que Gay Bar tuviera una estética ligeramente anticuada. Quería que el propio título evocara algo fuera de moda, incluso un poco embarazoso. Me interesaba esa sensación de algo que ya no ocupa el centro de la conversación.
Las categorías identitarias siempre están cambiando. Hace un siglo, por ejemplo, la palabra “queer” tenía significados distintos según la clase social de quienes la utilizaban. Son términos inestables por definición.
Mientras leía el libro pensaba también en casos como el del “Gaixample” de Barcelona, un barrio que durante años estuvo asociado a una determinada identidad gay urbana. Después llegaron el turismo, la gentrificación y nuevas formas de consumo cultural. ¿Hasta qué punto las identidades también están moldeadas por el mercado?
Creo que existe ese riesgo. Muchos barrios terminan desarrollando una estética relativamente homogénea que puede repetirse en ciudades muy diferentes. Hay ciertos códigos culturales que aparecen en Londres, Ámsterdam, Nueva York o San Francisco.
Eso genera una situación extraña. Puedes terminar siendo percibido como turista o incluso como colonizador urbano, pero rara vez como alguien verdaderamente perteneciente a ese lugar.
Y esa percepción puede convertirse fácilmente en un mecanismo de señalamiento. Es una cuestión que me recuerda a una observación de Foucault. La visibilidad también puede convertirse en una trampa.
Esta entrevista se publicará pocos días antes del Día del Orgullo Gay y LGTBI+. ¿Cuáles son los motivos para conservar a día de hoy esa celebración?
Creo que me siento cómodo habitando zonas de ambivalencia. Las personas no vivimos experiencias unidimensionales. Por supuesto que siguen siendo necesarias las celebraciones del Orgullo. Son importantes. Y ojalá puedan depender cada vez más de las comunidades y cada vez menos de los patrocinadores corporativos.
Pero también creo que toda experiencia humana tiene un reverso. Solemos presentar orgullo y vergüenza como conceptos opuestos, cuando la realidad es más compleja. Existe una forma destructiva de la vergüenza, pero también una forma productiva. La ausencia absoluta de vergüenza conduce a la impunidad y a la falta de autocrítica. Lo vemos constantemente en la vida política.
Por eso me parece importante que existan movimientos capaces de afirmar el orgullo colectivo, pero también escritores, artistas y pensadores que sigan preguntándose qué errores hemos cometido, qué problemas continúan sin resolverse y qué responsabilidades permanecen abiertas.
Mantener vivas esas preguntas me parece algo saludable. Evita que todo se convierta en un simple eslogan y nos obliga a convivir con las contradicciones. Y, al final, es precisamente en esas contradicciones donde suele desarrollarse la experiencia humana.
«Me parece importante que existan movimientos capaces de afirmar el orgullo colectivo, pero también escritores, artistas y pensadores que sigan preguntándose qué errores hemos cometido».
‘La Marea’ está dedicando una serie de reportajes a la gentrificación. Las entregas analizan, desde diferentes perspectivas, el proceso que sufre el distrito valenciano de la Saïdia como paradigma de lo que ocurre en muchos barrios de las grandes ciudades. Puedes leer los capítulos anteriores aquí.
El número 9 de la calle Padre Urbano, en el distrito de la Saïdia de València, es una finca de una altura que data de 1927. En su balcón está colgada una pancarta contra la turistificación, idéntica a las muchas que se pueden ver en ese distrito. Todas se confeccionaron en una imprenta que estaba situada casi enfrente. Ya no existe. Tuvo que cerrar porque los dueños no pudieron afrontar la subida del alquiler que les planteó su casero, justo, justo, cuando el negocio empezaba a asentarse. Dos apartamentos turísticos ocupan su lugar.
La anécdota surge durante los encuentros que la Associació Veïnal de la Saïdia organiza en la sede de la entidad el segundo miércoles de cada mes.
–Coged una ensaimada. Están muy buenas.
En torno a café y piezas de repostería, y después de conversar sobre las múltiples actividades que organiza la asociación –los paseos nocturnos por el distrito las noches de luna llena concitan elogios unánimes–, salen a relucir historias sobre el impacto del turismo en el comercio de la zona, y se comenta el caso del lutier que tuvo que cambiar de local porque su casero quería subirle el alquiler, o el de la peluquera que reconvirtió su negocio en apartamentos turísticos.
Javier Zuriaga, tesorero de la Asociación de Comerciantes de la Saïdia, en la puerta de su establecimiento. A. I.
El número 46 de la calle Sagunt –un edificio antiguo de dos plantas– llama la atención por el azul eléctrico de su fachada. Allí tiene su tienda de pinturas Javier Zuriaga, miembro de la Junta Directiva y tesorero de la Asociación de Comerciantes de la Saïdia, que asegura que el turismo está inflando los precios de los alquileres de los bajos y poniendo en apuros algunos negocios. Sin conocerlo, Javier habla de casos como el de Mario Castellote Béjar (37 años), que regenta un estudio de tatuajes en la avenida Constitución. Alquiló un bajo para su local por 400 euros mensuales hace cinco años. Antes del vencimiento, el pasado abril, le anunciaron que, si quería renovar, tendría que pagar 850. La justificación: es el precio del mercado.
–No, si por el dinero no es.
Eso decía el dueño del bajo donde estaba la escuela infantil (de 0 a 3 años) Amics, emplazada en un lugar privilegiado: al principio de la calle Visitación, a apenas unos metros del jardín que se extiende a lo largo del antiguo cauce del río Turia. Después de unos 25 años en ese lugar y de una reforma de más 50.000 euros, el contrato de alquiler terminaba en septiembre de 2023. Una de las propietarias de Amics, que prefiere no dar su nombre, relata cómo, un año antes del vencimiento, empezaron a negociar la compra del local. El casero les dijo que se estaba pagando mucho dinero por los bajos de la zona para dedicarlos a pisos turísticos y fijó una cantidad inicial de 300.000 euros, pero cuando vio que podían llegar a esa cifra, empezó a subir el precio. Total, no era por dinero. Finalmente, las propietarias de Amics desistieron. Una de ellas está convencida de que el dueño ya tenía pactada la venta a un inversor del que podía obtener una mayor cantidad —¡será por dinero!— y que la negociación no fue más que una estratagema para evitar los derechos que tenían como arrendatarias.
Persiana del bajo que ocupaba la escuela infantil Amics. A. I.
El cierre de Amics dejó a 30 familias colgadas. Lucas Maltes (37 años) fue uno de los afectados. Quería llevar a su hija a la escuela infantil, situada justo enfrente de su tienda de venta y reparación de bicis, pero el cierre le obligó a buscar una alternativa. La encontró, igual que una nueva ubicación para su establecimiento. Lucas tiene ahora su negocio en la misma calle Visitación, pero unos metros más adelante. Paga un alquiler de 490 €, una cantidad, aclara, por debajo del actual precio de mercado, que se explica, en parte, porque no tiene salida de humos, lo que limita las posibilidades del local. Recuerda, además, que la planta baja estaba en muy malas condiciones. La proliferación de viviendas turísticas en la zona, confirma Lucas, ha incrementado los precios de los alquileres de los bajos, porque la oferta es mucho menor. Él, sin embargo, está contento con su casera, de la que, dice, cobra lo que es justo y no quiere líos con las licencias turísticas.
«El comercio es el primer generador de vida social», afirma Amparo Vidal, portavoz de la Asociación de Vecinos de Sant Antoni, uno de los barrios de la Saïdia, mientras recorre la calle Padre Urbano. Amparo recuerda la tienda de gaseosas del señor Manolo, el limonero. Detiene a una vecina que pasa por la calle para que confirme la información. «Mira, ahí viene el Chispas, el electricista de toda la vida», avisa de nuevo la dirigente vecinal. Ximo Muñoz, vicepresidente de la asociación, le dice que no hace falta que se pare a hablar con cada persona, pero ella no puede evitar saludar a Isabel, la dueña de la peluquería más antigua de la zona. Tiene 86 años y dice, sin dejar de sonreír, que empezó en el negocio con 21 años, no, con 18, rectifica, y que, aunque ya no trabaja, le gusta pasarse para hablar con las clientas. Y que aún salta a la comba.
El mundo que rememora Amparo se ha desvanecido con el paso del tiempo, los nuevos hábitos de consumo, la globalización —sus padres tenían un almacén al por mayor de molduras para marcos en la misma Padre Urbano que se fue a pique cuando empezaron las importaciones masivas desde China— y, también, la irrupción del turismo de masas. En la esquina de Padre Urbano con la calle Luz Casanova, el lugar que ocupaban tres comercios —la tienda de ultramarinos Salvador, la ferretería Julián y la pescadería La Loma— está dedicado ahora a apartamentos turísticos. Unos metros más adelante, una casa de comidas, antes carnicería, se ha transformado en la sede de una empresa que ofrece servicios de gestión y limpieza de alojamientos vacacionales.
Estos cambios de uso vienen precedidos, en ocasiones, de periodos más o menos largos de inactividad. Es el caso de los diecinueve apartamentos turísticos ubicados en la manzana triangular delimitada por las calles Ministro Luis Mayans y Padre Urbano y la avenida Primado Reig, en el extremo norte de la Saïdia, la parte más alejada del centro. Desde 2025, ocupan el espacio que quedó libre tras el cierre de Filero, una tienda de mobiliario contemporáneo. En un hipotético enfrentamiento deportivo entre los bajos turísticos y los comerciales de esa isla de edificios, los primeros ganarían por goleada: 19-9. Sin embargo, la regulación de usos terciarios hoteleros del Ayuntamiento de València, que entró en vigor en mayo, prohíbe que los bajos turísticos superen el 15 % de los que no tengan uso residencial en una manzana. Y que, superado ese umbral, no se renovarán las licencias de alojamiento turístico que caduquen.
Ana Bueso lee los mensajes que le dejan los húespedes de sus apartamentos. A. I.
La peluquera que reconvirtió su negocio en dos bajos turísticos es Ana Bueso. 28 de sus 52 años los ha pasado entre tintes y tijeras, hasta que la artrosis y una lesión en el hombro le hicieron replantearse su futuro profesional. Duda si contar su historia. Recela del tratamiento periodístico que reciben los apartamentos turísticos y tampoco quiere dar pistas de la ubicación de los suyos: en agosto le vandalizaron las cerraduras. Se queja de que se persiga a quien intenta vivir de su trabajo legalmente —tiene incluso el Certificado de Calidad Turística—, y subraya que no es una especuladora, que su trabajo no es fácil, que tiene que estar pendiente del teléfono 24 horas al día siete días a la semana, que ella se encarga de todo —salvo de la limpieza, que también supervisa—, que ganaba más como peluquera… Y cuando ya parece que se le han acabado los que, remacha: «Intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Siempre». Y muestra las rosas que ha dejado sobre la mesa de uno de los apartamentos —«vivo en el campo», aclara— y los mensajes cariñosos de sus huéspedes.
Ana subraya que sus clientes generan riqueza en el barrio. Mario, muy a su pesar, no es uno de los beneficiados. Dice que ha tatuado a guiris, claro, pero de manera ocasional, y que eso no le salva el negocio. Tampoco a Emilia Villalba, la pescatera de la calle Alfambra, o a Bernardo Alcaide, que tiene su bar en la calle Lleida. Quizás porque no tiene carta en inglés. Ellos se lo pierden, se las pierden: las cinco tortillas diferentes que prepara cada día y que no ven acabar la jornada. O el arroz al horno que incluye en el menú de los martes. Bernardo ve pasar a los turistas por delante de su negocio en dirección al supermercado cercano, donde una de las empleadas señala que la gran mayoría de los viajeros que entran, hasta el 70 %, son grupos de jovencitos que compran comida preparada, alcohol y refrescos.
Mario (derecha), con los miembros de su equipo en su estudio de tatuajes. A. I.
La alarma salta en el canal de difusión de WhatsApp de la asamblea anticapitalista La Saïda Comuna: Núria alerta de la inminente apertura de un bar musical en la calle Maximiliano Thous, al lado del apartotel que está en construcción. «El alma de la fiesta ha llegado», dice, en inglés, uno de los letreros del local. Y se disparan las intervenciones. Amparo comenta que las macrorresidencias hacen que los barrios pierdan su identidad porque los establecimientos de ocio sustituyen a los pequeños negocios. Y Bego recuerda los locales nocturnos que se han abierto recientemente en el distrito. «La ciudad y los barrios, para los turistas», lamenta Emilio. «Vamos a tener noches legendarias», remacha Núria con ironía.
—¿Tiene souvenirs?
Elisa Estellés, la estanquera de la calle Visitación, se sorprendió cuando un cliente, un chico alto, rubio (¿sería austríaco, o quizás noruego?) le hizo esa pregunta. Nunca le había ocurrido.
—¿Tiene souvenirs?
Pero que el mismo día otro turista le hiciera exactamente la misma pregunta la dejó pensativa: ¿tendría que incorporar las postales y los imanes de nevera a su lista de referencias? Algo parecido le sucedió hace un par de años a la propietaria de una tienda de muebles cuando un técnico del Ayuntamiento que estaba ayudando a la digitalización de los pequeños negocios le aconsejó, a título particular, que tendría que ir pensando en adaptar su comercio al turismo. «¿Y qué haré, venderé postales?», se planteó. De momento, sigue fiel a los sofás y las mesas de comedor. Elisa se lo está pensando.
Quien no tiene dudas es Lucas. Un extranjero entra en su tienda para preguntarle si alquila bicicletas. En un más que buen inglés, le responde que no y le explica dónde puede hacerlo. A Lucas, sencillamente, no le da la gana incluir ese servicio en su negocio porque implicaría, razona, quitarle tiempo a sus clientes de toda la vida, y agrega que esa es su forma de hacer activismo. Así que no le importa que, desde hace unos tres años, hayan comenzado a proliferar las tiendas que alquilan bicicletas en las calles Guadalaviar y Sagunt, justo enfrente del puente de Serranos, ese que conecta la Saïdia con el hipergentrificado centro de València en apenas 200 metros.
Lucas, en su tienda de bicicletas. A. I.
Las maletas que empujan a los turistas por las aceras de la Saïdia ignoran las historias que se desarrollan en esas calles. Historias como la de la vecina que pide ayuda para su frutero, quien, después de unos meses con el negocio cerrado por un problema personal y la consecuente pérdida de clientela, afronta la reapertura con la sorpresa de que su casero le va a duplicar el alquiler, y también sorpresa, pero más impotencia, la que experimentó la propietaria de un comercio que tenía medio local alquilado cuando el dueño le dio tres meses para desalojarlo, tres meses para vender las existencias que tenía en esa parte de la tienda a precio de fábrica, tres meses para comprobar que las prisas del arrendador eran porque tenía apalabrado el local a un inversor para montar un apartamento turístico, qué negocio, ese de los apartamentos turísticos, debió pensar el propietario de otro bajo comercial cuando se acercó a su inquilino, treinta años de relación, para dejarle caer, así, como quien no quiere la cosa, que igual le interesaba alquilarlo para alojamiento vacacional, que podría sacar más dinero, él, funcionario de alto nivel, propietario con sus hermanos de toda la finca. Será por dinero.
Historias como la de Mario, que intenta morderse la lengua, pero no puede, así que pide perdón por su vocabulario, porque vaya mierda esa de la oferta y la demanda, vaya discurso vacío, porque la gente, lamenta, va con el chip de, tío, si no me alquilas el bajo por tanta pasta, me hago un airbnb y gano el triple, y admite que la subida de la renta fue un golpe duro, pero qué iba a hacer, después de todo el dinero invertido, si ya está arraigado en el barrio y él y su equipo dependen del estudio para vivir, qué iba a hacer sino pasar por el aro y buscar un trabajo para compensar el dinero que deja de ingresar por el aumento de la renta, porque ahora a duras penas gana mil pavos al mes.
Lo único que queda de la escuela infantil Amics es la persiana del centro educativo. Los obreros estuvieron trabajando en la reforma del espacio un tiempo, pero, desde hace unos meses, no se ve movimiento en el inmueble. Su futuro es una incógnita, igual que el de la pescadería de Emilia, que se jubilará en julio. Supone que el local volverá a alquilarse, pero desconoce si se convertirá en otro apartamento turístico, como los muchos situados en las inmediaciones, o abrirá un nuevo negocio, como la clínica veterinaria o el taller de cerámica que se han inaugurado recientemente en su calle. Bernardo, que también se jubilará a finales de año, quiere traspasar su bar. Su primera opción le ha fallado, pero, a partir de septiembre, empezará en serio a buscar alternativas.
Lucas pasa cada día con su bicicleta por delante del bajo que ocupaba su antigua tienda de bicicletas. Ahora es un apartamento turístico.
Me gustaría contestar que no, con rotundidad. Pero la verdad es que no estoy seguro. No creo que Vox ofrezca mejores respuestas a los problemas de esta generación, pero conviene tomarse en serio qué hace que su discurso resulte tan atractivo para una parte de los jóvenes, especialmente varones, que crecen entre precariedad, expectativas bloqueadas y hartazgo político.
No, la juventud no ha girado en bloque hacia la ultraderecha. Al contrario: una parte importante de la juventud ha demostrado una enorme capacidad de movilización en el feminismo, la lucha climática y la defensa de derechos. Lo veo en mis clases en la universidad: hay conciencia social y preocupación por el futuro. Precisamente por eso, la pregunta es qué proyectos políticos están sabiendo capitalizar las preocupaciones de la gente joven.
¿Qué tiene la propuesta de Vox para explicar su crecimiento? Desde la Psicología Social, la pregunta no es solo qué propone Vox, sino qué función cumple su discurso: qué identidad ofrece, qué amenaza construye y hacia dónde dirige la frustración. Empecemos por lo que no es. Vox se ha presentado en las últimas elecciones de Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León con un discurso casi idéntico y, en algunos casos, con candidatos poco conocidos. Esto permite descartar que su éxito dependa de una lectura precisa de los problemas concretos de cada territorio. Sus grandes temas son siempre los mismos: inseguridad, inmigración, antifeminismo, familia tradicional, “sentido común”, “los nuestros”. Vox no tiene una propuesta técnica y razonada de solución de problemas; ofrece una explicación emocionalmente eficaz del malestar de toda una generación: quién soy, quién me amenaza y contra quién debo dirigir mi frustración.
El acceso a la vivienda, la precariedad laboral, la pérdida de expectativas, el deterioro de los servicios públicos o la dificultad para emanciparse son problemas estructurales y complejos. Vox los traduce a una narrativa simple: “Te han quitado algo que era tuyo”. Frente a la frustración o la incertidumbre ofrece culpables fáciles de identificar y la promesa de recuperar un orden perdido. La ultraderecha traduce el malestar social en una gramática de competencia y agravio: “Si otros ganan, tú pierdes”.
¿Y quién es ese “nosotros” del discurso ultra? La gente normal, los españoles, los trabajadores, las familias, el campo, quienes cumplen; frente a la población migrante, las feministas, las élites progresistas, los okupas, “los que viven de las subvenciones”, los “MENAS”. Esa frontera organiza su discurso y también modela la percepción de la realidad: cuando el mundo se lee en clave de “nosotros” vs. “ellos”, una ayuda social, una beca o una lista de espera dejan de verse como derechos y pasan a interpretarse como privilegios concedidos a colectivo que no se lo han ganado. Aquí está una de sus claves: junta la amenaza material y la amenaza simbólica. Además de decirnos “te quitan recursos”; añaden “también te están quitando tu mundo”. Cuando una persona joven no encuentra un horizonte claro, Vox le ofrece un bando desde el que sentirse reconocida y luchar por lo que supuestamente le han arrebatado.
En contextos de crisis, cambio social acelerado o inseguridad vital, el discurso ultra conecta con la necesidad de orden, control y certezas. Vox convierte la incertidumbre en nostalgia de un orden pasado. Esa tradición perdida aparece como refugio cuando el futuro no ofrece garantías. Otro giro eficaz es presentar posiciones conservadoras como si fueran transgresoras. Ser antifeminista o antiinmigración aparece como “atreverse a hablar claro”. Han logrado que la rebeldía cambie de bando.
Esto conecta especialmente con gran parte de los varones jóvenes. Vox ofrece una explicación cómoda: si te sientes desplazado, no es solo por la precariedad o la falta de futuro, sino porque “otros” han avanzado demasiado. El antifeminismo ofrece a muchos varones jóvenes una explicación de su pérdida de estatus y funciona como una pedagogía del agravio: convierte la igualdad en amenaza y transforma el desconcierto masculino en identidad política. “El problema es el feminismo”, “ya no se puede decir nada” o “los hombres están desprotegidos” suenan con enorme eco en una generación cansada y sin garantías de futuro.
Otra clave de la eficacia de Vox es la exclusión como gestión razonable. “Prioridad nacional” suena a criterio; “proteger a los nuestros” o “controlar las ayudas” suenan a responsabilidad y eficiencia. Su éxito está en legitimar desigualdades como si fueran criterios de gestión.
Por eso no se combate solo con datos. Si el discurso de Vox cumple funciones de identidad, pertenencia, autoestima, orden y control, la información no basta. Hay que disputar el marco emocional y ofrecer otros relatos de pertenencia, futuro, masculinidad, comunidad y derechos. Además, el choque frontal puede activar una postura defensiva y fomentar la polarización. Si hemos llegado a no poder hablar de política en casa o entre amistades, es que algo hemos hecho mal.
La respuesta democrática tiene que hacer tres cosas a la vez: nombrar mejor los problemas reales, ofrecer soluciones viables y construir vínculos, pensamiento crítico y límites frente al odio. Los medios de comunicación deberían dejar de actuar como amplificadores involuntarios del marco ultra: menos tertulias de alto voltaje, titulares virales y fragmentos descontextualizados; más entrevistas en profundidad, programas de debates en los que no se llegue a exabrupto o espacios temáticos con reportajes de largo alcance.
Los partidos democráticos tampoco deberían confundir hablar a jóvenes con imitar sus formatos. Estar en TikTok no es hablar el idioma de una generación si el contenido no responde a sus problemas. También deberían revisar el tono: la crispación permanente, el insulto personal y la teatralización del conflicto educan en el enfado y hacen más habitable el terreno de la ultraderecha.
También necesitamos educación democrática: enseñar a distinguir entre causa estructural y chivo expiatorio: cómo se fabrican los enemigos, cómo se manipula el miedo y cómo la frustración se convierte en prejuicio. En familia se pueden favorecer conversaciones, compartiendo y respetando diferencias y poniendo límites sin humillar. Y las amistades también importan: la ultraderecha se normaliza en bromas, memes y silencios en grupos de WhatsApp. Poner límites en estas situaciones es cuidar las normas mínimas de convivencia.
Creo que la respuesta democrática debe ser firme con el odio y cuidadosa con el malestar. Si hoy tuviera 20 años, probablemente me vería atraído por el discurso de Vox porque me sentiría enfadado y lejos de alcanzar una vida digna. Precisamente por eso, me gustaría encontrar una democracia capaz de ofrecerme algo más que miedo, nostalgia y culpables. La pregunta que nos debemos hacer no es solo por qué muchos jóvenes escuchan a la ultraderecha, sino qué sociedad queremos construir para que su promesa deje de parecer una salida.
Rubén García Sánchez. Doctor en Psicología. Coordinador del Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria. Docente e investigador del Dpto. de Psicología Social y Metodología de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.
‘Pederastas, un problema estructural que no queremos abordar’, un especial de La Marea. Puedes descargarte el reportaje principal aquí. Si lo prefieres, puedes suscribirte a nuestra revista para que te llega a casa y podamos seguir haciendo periodismo.
Hace apenas un par de años, Robert Thacker, autor de la biografía de la Nobel de Literatura Alice Munro, se vio obligado a explicar por qué no había incluido en ese libro, publicado en 2011, un episodio muy importante en la vida de la canadiense. El episodio en cuestión lo hizo público en un periódico una hija de Munro, Andrea Robin Skinner, dos meses después de la muerte de la escritora: «A la sombra de mi madre, un icono literario, mi familia y yo hemos ocultado un secreto durante décadas. Ha llegado el momento de contar mi historia». En realidad, Andrea ya la había contado hacía años a su familia, quien tenía que haberla protegido y no lo hizo. «Mi padrastro abusó de mí. Mi madre se quedó a su lado», tituló aquel artículo en Toronto Star en 2024. Ni siquiera una condena al agresor, según explicó Andrea, logró romper el silencio al que su familia la había sometido durante décadas.
La historia de Andrea Robin Skinner es la historia de tantos niños y niñas que se siguen contando y no se creen hoy en todo el mundo, en España, en tu barrio, en tu propia casa; que se cuentan y no pasa nada. O que incluso continúan sin contarse. Es la historia de tantos y tantos agresores bien reputados, bien vistos, que dicen, en los pocos casos en los que son juzgados, que no es verdad o que fue la niña o el niño quien los sedujo; agresores que entran en el cuarto de su hijo por la noche y le ponen el mejor de los desayunos por la mañana, que siguen delinquiendo amparados por la impunidad, por el mirar para otro lado. Es la misma historia de tantas y tantas familias que se rompen por un delito que continúa siendo un tabú, algo muy fuerte, tan asqueroso, tan perverso, que no entra en cabeza humana. Pero que existe, que lo cometen hombres, familiares y conocidos en su mayoría. No son monstruos, ni psicópatas, no tienen diagnosticada enfermedad alguna.
El segundo marido de Alice Munro agredió sexualmente a Andrea cuando ella tenía nueve años. La niña hizo llegar el caso a su padre, que se quedó de brazos cruzados: «La incapacidad de mi padre para tomar una decisión que me protegiera me hizo sentir que yo no formaba parte de ninguna de las dos familias. Estaba sola». La violencia continuó hasta que llegó a la pubertad. Años después, con veintitantos, se lo contó a su madre, aprovechando que había escrito uno de sus cuentos de premio sobre una niña que se suicidó tras ser agredida por su padre. Fuera de la literatura, en la vida real, ante el caso de su hija, Alice Munro también se cruzó de brazos: «Reaccionó exactamente como me temía que haría, como si se hubiese enterado de una infidelidad».
A lo máximo que llegó, según narra Skinner, fue a hablarle sobre otros niños con los que este hombre mantenía «amistades», como si la traicionada hubiera sido ella, la esposa. «¿Se dio cuenta de que estaba hablando a una víctima y que yo era su hija? Si lo hizo, yo no lo sentí. Cuando intenté decirle cómo el abuso de su esposo me había causado daño, se mostró incrédula». Andrea, que ahora ayuda a personas que han pasado por su misma situación, rompió la relación con su madre cuando nacieron sus hijas. Ella sí tuvo claro que nunca iría con ellas allí donde el agresor estuviera.
Gerald Fremlin, el segundo marido de Munro, el padrastro de Andrea, el agresor, fue condenado en 2005 después de que Andrea, la hija de Alice Munro, la hijastra, la víctima, lo denunciara ya mayor: dos años de prisión provisional y una orden de alejamiento de menores de 14 años. Fremlin era ya octogenario. Murió en 2013 y, hasta ese momento, Munro, la madre de la víctima, permaneció al lado del agresor. ¿Por qué no incluyó este episodio, aun conociéndolo, aun con sentencia condenatoria, el biógrafo de la premio nobel? ¿Qué motivo expuso para no hacer nuevamente nada, para cruzarse de brazos ante esta historia? «Yo lo veía como un asunto familiar privado», justificó.
Detrás de ese argumento se ha escondido históricamente uno de los principales problemas a la hora de afrontar –y prevenir– la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes: lo que le hizo el padrastro a la hija de Alice Munro no es un caso aislado, como tampoco lo es lo que le hicieron los curas pederastas a sus víctimas, ni lo que un tío, un primo, un padre o un abuelo siguen haciéndole a muchos niños y niñas hoy en sus casas, igual de pederastas que estos curas; o lo que los actualizados agresores sexuales continúan haciendo a estas personas vulnerables a través de las pantallas. Lo que les ha pasado históricamente a los niños y niñas y sigue ocurriendo hoy, lo que hacen los agresores sexuales con estos niños y niñas, es un delito público derivado de un problema social estructural, de salud pública. Y solo abordándolo desde este prisma –y no como casos aislados, espectaculares o de puertas para adentro– se podrán adoptar medidas que pongan el foco en el delito y en los delincuentes, que protejan a las posibles víctimas y que ayuden a las que, por desgracia, ya lo son.
Así lo indican desde todos los sectores consultados para la elaboración de este dossier: desde el ámbito judicial al policial, desde el ámbito educativo al psicológico, desde las organizaciones en defensa de la infancia hasta las propias víctimas –o supervivientes, como muchas prefieren denominarse– y familias afectadas. Es necesario dar un salto cualitativo en el abordaje de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia ya, cuanto antes, como ocurrió también con la violencia de género en su día.
Una violencia continuada
«Ni es algo puntual ni es tampoco el caso Epstein», analiza la doctora en Psicología y catedrática en Victimología Noemí Pereda. «Porque ahora estamos con esto como si esto fuera la realidad. No, la realidad de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia es intrafamiliar, es continua, es silenciada, nadie lo descubre. No son estas historias mediáticas. Es que estoy preocupada con el caso Epstein porque veo que últimamente se está desviando todo hacia ahí», explica Pereda. Al frente del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona, dirigió el primer estudio estatal con una muestra representativa tan amplia –más de 4.000 adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años– y, además, con información proveniente de los propios niños, niñas y adolescentes de ahora, no de adultos que lo sufrieron en el pasado.
Los datos son demoledores: un 17,8% reportaron haber sufrido algún tipo de victimización sexual a lo largo del último año. Si comparamos este porcentaje con el obtenido en la primera encuesta realizada en España, en 1994 por el profesor de la Universidad de Salamanca Félix López, se observa que no ha cambiado prácticamente nada –entre un 10% y un 20% de la población, según los diferentes estudios, ha sufrido agresiones en su infancia o adolescencia–, lo que indica también que las administraciones han estado igualmente cruzadas de brazos ante este asunto en las últimas tres décadas.
«Las horas son las que son, no damos abasto. Tenemos tiempo y recursos limitados. Todo pasa por priorizar en la agenda al niño o la niña. Hemos visto cómo se ha priorizado a la mujer. Ahora tocan los niños. Tenemos la experiencia multidisciplinar de los equipos que trabajan en violencia de género, hay que aplicarla también a la violencia contra los niños, con sus peculiaridades y especificidades», concluían unas jornadas organizadas a finales de 2019 por el Colegio de Abogados de Sevilla, la Fundación Gota de Leche, el Foro Profesional por la Infancia de Andalucía y la Real Academia de Medicina de Sevilla.
En todo el mundo, según Unicef, más de 370 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad y entre 240 y 310 millones de niños y hombres han sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años. Uno de cada cinco, dice la campaña del Consejo de Europa lanzada en 2010. Pero es que además, como afirman desde Save the Children, persiste el desafío de conocer la dimensión real: «Sabemos que las cifras oficiales reflejan solo la punta del iceberg, que muchos casos no se detectan y no se denuncian, en parte por las dinámicas propias del abuso, que suele producirse en entornos de confianza y en contextos de secretismo que dificultan la revelación por parte del niño o niña y de otros familiares», sostiene Clara Burriel, especialista en violencia en la citada organización. Y ese es otro de los principales problemas: a pesar de su gravedad, todavía se trata de una realidad muy invisibilizada, rodeada de tabúes, falsos mitos sobre su frecuencia, las víctimas o los contextos. «La sensibilización social sigue siendo tarea pendiente: necesitamos comprender que se trata de una problemática estructural, no casos aislados», insiste.
Según el Ministerio del Interior, en 2024 se interpusieron 22.774 denuncias por violencia sexual –un 4,68% más que el año anterior y un 66% más que hace seis años–, de las cuales casi la mitad (un 41,2%) tenía como víctima a una persona menor de 18 años. Los datos constatan «la sobrerrepresentación femenina en la victimización sexual», la alta incidencia de esta violencia y la «fuerte masculinización de la autoría» de estos delitos.
María (nombre ficticio) tiene 45 años. Sufrió agresiones sexuales por parte de un familiar cuando era adolescente. Acudió a terapia ya mayor, poco antes de la pandemia. Y hoy, cuando escucha este tipo de reflexiones, de enfoques, asiente y dice: «Eso es, es eso. Nunca es tarde para hablar de ello. No es Epstein, son las casas, es lo que está pasando hoy en las casas». Su familia está rota porque ella lo contó. Y eso también es frecuente, no es aislado, como sostiene esta sentencia de 2023, que condena al tío de una niña como María: «La menor explicó que no lo hizo antes –contar que su tío la agredía– porque tenía miedo a que no la creyeran, y porque pensaba que al revelarlo la familia se iba a romper, como ocurrió cuando se supo. Es algo repetitivo en estos casos».
María afirma que en su grupo de terapia, en el 90% de los casos no tuvieron apoyo familiar: «La respuesta sobre cómo respondían las madres era muy similar, hemos sido repudiadas, no hemos tenido apoyo real y práctico», dice en un pasaje que recuerda, a su vez, a la interpretación de Belén Rueda en No tengas miedo, una película dirigida por Montxo Armendáriz en 2011. La niña –Michelle Jenner– se lo cuenta una y otra vez a su madre, pero la madre, que puede representar también a la sociedad, no quiere creerla, no quiere asumir que eso que está narrando su hija se está produciendo, que sea el padre el que lo está cometiendo, o quizá no puede asumir el error de no haberla protegido.
Esa es otra cuestión que se repite, el perfil (o no perfil) del agresor, porque cualquiera puede serlo. Todas las encuestas realizadas hasta el momento, todos los colectivos que trabajan en este asunto, lo confirman: en torno al 80% de este tipo de violencia se da dentro de la familia o entornos muy conocidos. «No son personas encapuchadas, pueden estar en casa», afirma la subdirectora de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, Shauri Molina. Según un análisis de sentencias que Save the Children viene elaborando periódicamente, más del 90% de las personas acusadas son hombres y en ocho de cada diez casos es conocida. Y sin embargo, como remarca en sus ponencias la superviviente Miriam Joy, hoy mediadora en prevención en la asociación Redime, nos alertan cuando somos pequeños de no coger caramelos de desconocidos, pero nadie nos dice que el agresor, «el lobo», puede estar en tu cuarto.
Entre los espacios más comunes, sigue destacando el entorno familiar, aunque también se dan otros agresores conocidos, como amigos o allegados de la familia o víctima, profesionales que trabajan con niños y niñas, etc. En el caso de Miriam, por ejemplo, fue un médico. En el caso de Francisco, hoy con 43 años, fue un vecino, posteriormente conserje de su colegio. Dentro de la familia, las figuras que destacan son la pareja de la madre (11%), el padre (8%) y otros familiares, como tíos y abuelos (8%). En el entorno conocido no familiar, el 75,2% eran conocidos o amigos de la víctima. No obstante, el aumento de la violencia digital está haciendo que el porcentaje de agresores desconocidos esté creciendo, como corroboran Save the Children y la Fundación ANAR.
El tipo de agresor, según el citado estudio de sentencias, también marca la media de edad de las víctimas: así, en los casos en los que la agresión procede del entorno familiar, la media es de diez años; mientras que cuando el agresor pertenece al entorno conocido o es una persona desconocida, se sitúa en torno a los 13. Además, en seis de cada diez casos, se trata de agresores sin antecedentes (63%). El informe indica también que se ha producido un incremento en el número de quienes sí los tienen, y se sitúa en el 17,5%. Aquí destaca otra cuestión importante: en el 16% de los casos, los antecedentes eran por delitos contra la libertad sexual, lo que supone un aumento respecto al 4% de 2021.
La importancia de creer a las víctimas
«Serán imaginaciones tuyas», concluye la madre sobre lo que le cuenta su hija en la película de Armendáriz, como suele pensar la sociedad ante los casos reales. «Cuando yo lo conté, dos años después, cuando tenía 11 años, me llevé una reprimenda tremenda, me dijeron que aquello era una invención», dice Francisco. «No se quiere ver porque faltan herramientas y se tiene miedo al conflicto. Y en nuestra sociedad los abusos sexuales a menores es algo que tenemos bastante asimilado, sabemos que pasa, pero cuando pasa y lo tenemos delante de nuestras narices nos resulta tan espantoso que preferimos mirar para otro lado antes que abordarlo y denunciarlo», prosigue.
Desde la Fundación ANAR parten de una máxima: «Siempre tenemos que creer a los niños, niñas y adolescentes, hay que darles un espacio, decirles que no les vamos a juzgar, que la culpa la tiene el agresor, y tener oídos para esos niños», explica Shauri Molina. En el 9,4% de los casos atendidos, tuvo que intervenir el departamento jurídico; y en el 9,3%, hubo una coordinación con entidades externas para proteger a esos niños.
Porque otra supuesta explicación que se esgrime para no mirar es culpar a la víctima: «Serás una puta», le dijo una madre a su hija con 12 años cuando le contó lo que le hacía su padre: «¡Pregúntaselo a tu marido, papá me está tocando y va a mi cuarto todas las noches por mí!». «Imagínate qué ganas tienes tú de hablar de esto», explica la terapeuta Eva Medina ante este caso que trató. El problema, como analiza, es que un niño no imagina lo que no ve, no fantasea con lo que no conoce. «O lo ha visto o se lo han hecho, y en ambos casos es delito», dice. Y se llama pederastia –continúa– por muy dura que suene la palabra: «Es fuerte, pero es la realidad. Una persona que abusa de un menor es un pederasta, sea el padre, el hermano, el tío, la madre o Perico el de los palotes».
Esta otra sentencia también es clara en ese sentido: «No se trata de un mayor de edad con nociones sexuales, que puede tener capacidad para inventar escenas de contenido sexual, sino de un menor que no las conoce, lo que, como apunta el tribunal, supone un grado de credibilidad relevante de los menores víctimas en estos casos que les hace ser unas víctimas en su propio hogar. Este tipo de hechos cometidos por personas del entorno de la menor conlleva una facilidad operativa delincuencial del sujeto activo del delito y la más completa indefensión de los menores de edad que sufren la delincuencia sexual», escribe en 2024 la Sala de lo Penal del Supremo al denegar un recurso de casación presentado por el agresor, condenado en 2021, que argumentaba que se había vulnerado su presunción de inocencia. La mayoría de los casos, de hecho, no llegan a los juzgados, porque o no los creen o no lo cuentan por la propia dinámica del abuso hasta que son adultos.
Eva Medina es tía de Miriam Joy y, como ella, trabaja en la asociación Redime, nacida en 2004 alrededor de esta historia familiar. Miriam contó cuando cumplió los 18 años que un médico había abusado de ella. De ella y de más niños. «Pertenecíamos a una comunidad cristiana y había una persona, un médico con su esposa, que llevaba a los niños, no tenían hijos, era gente muy reconocida socialmente. Él era muy cercano, muy empático. Trabajaban con niños y adolescentes, y hacían campamentos, tenían una revista, en fin… atraían a los niños y a las niñas. Fue una bomba. Y te preguntas, ¿pero cuándo ha pasado esto? ¿Dónde estábamos nosotros, sus padres, su familia?», rememora Eva.
A Miriam, en contra de lo que suele suceder, sí la creyeron. «Eso supone una crisis familiar, personal, de fe y de todo. Porque donde creíamos que los niños estaban protegidos y seguros, es donde estaban siendo abusados», prosigue su tía, con una agenda de trabajo tan cargada que siempre acaba posponiendo esta entrevista. «Los padres de Miriam, Gloria, que es la presidenta de la asociación, junto con su marido, Joel, fueron a Estados Unidos por otra cuestión y asistieron a una conferencia. Alguien se levantó y contó que su padre había abusado de ella». De allí se trajeron una guía, Puerta de Esperanza, que tradujeron y adaptaron, y formaron los primeros grupos de ayuda mutua, sesiones que se centran en la rehabilitación de adultos que fueron agredidos sexualmente en la niñez.
«La asociación empieza con grupos pequeñitos de unas cuantas mujeres. En principio, solo eran mujeres. Muchas nos conocíamos, pero nunca habíamos hablado de esto. Amigas quizás de toda la vida, pero jamás se había hablado de esto. Y empezamos a hacer este trabajo con el manual, escrito por Jan Frank». A partir de ahí, la asociación comenzó a crecer de manera exponencial: «Y empezamos a tener los grupos de ayuda mutua ya más regulados, dos veces al mes, en sesiones presenciales en principio».
Esa es la columna vertebral de Redime, pero su labor, que comenzó en Málaga y ahora es de ámbito estatal, tiene en realidad tres patas: la rehabilitación de las víctimas, la prevención y la formación. «Nos dimos cuenta de que la educación es crucial. Y creamos un programa de prevención que va desde los tres años hasta el bachillerato adaptado según el rango de edad. Por ejemplo, con los más pequeñitos usamos guiñoles, muñecos, canciones, etc.».
La mayoría de estos programas, denominados Talleres para la vida y dirigidos a docentes, alumnado y familias, los desarrollan de manera gratuita, solicitados por colegios, pero no tienen los recursos suficientes para hacer todo lo que se necesita, ni convenios con las administraciones que permitan ejecutar este trabajo de manera sistemática y en todos los centros. «Lamentablemente, no ha habido ni un solo colegio o instituto al que hayamos ido en el que no haya saltado algún caso. Las cifras son alarmantes, pandémicas. Nosotros estamos desbordados. Nos llegan personas derivadas de salud mental que no pueden ser atendidas porque dan cita cada no sé cuántos meses… El Estado tiene que poner los recursos para que las víctimas puedan ser atendidas», insiste Eva Medina. Aunque en 2021 se aprobó la Ley de Protección a la Infancia (Lopivi), un paso fundamental para abordar este problema según los agentes implicados, prácticamente hasta el momento han sido las propias víctimas y las iniciativas privadas las que han ido actuando en este asunto. Es el caso también de la Fundación Vicki Bernadet, que lleva trabajando desde 1997 en la atención integral, prevención y sensibilización.
Vicki Bernadet fue agredida de los nueve a los 17 años y no lo contó hasta los 34. Hoy tiene 72 años y considera que, tratándose de otra época, algo debería haber cambiado. Pero no: «Se trata de una realidad tan dura que existe una sensación generalizada de que las cosas son menos graves de lo que decimos. Y se suele pensar que estamos exagerando para sensibilizar. Por eso tenemos que encontrar ese equilibrio para que no se cierren las mentes ante esta realidad tan cruda. Y siempre digo que quiero ir con la Generalitat, no contra la Generalitat. Y, por ejemplo, en los talleres de padres y madres tengo que conseguir, y lo consigo afortunadamente, que al menos cuatro o cinco veces se rían a carcajadas, para romper, porque el humor humaniza a la gente».
Desde la primera que vez que contó su historia y comenzó a dar en entrevistas, tardó casi diez años en impartir una charla en «un solo» colegio. Y aunque ahora va a centros escolares con una gran acogida, hace unos días acudió a uno donde de 600 familias solo asistieron unas cinco. Ella, como las demás víctimas, se enfrentó a dos realidades: la reacción del entorno familiar y la inexistencia de recursos especializados. En estos días, por ejemplo, desde su fundación, acaban de participar en la elaboración de un nuevo protocolo en Bajo Aragón «para garantizar respuestas claras, eficaces y alineadas con la normativa vigente, y fortalecer la capacidad de los agentes a la hora de actuar de forma temprana, coordinada y efectiva ante estos casos».
Otro ejemplo es el estudio que lideró la profesora Pereda, que fue financiado, entre otras, por una institución privada como la Fundación ”la Caixa”. «A mí me apena mucho la última encuesta del Ministerio de Juventud e Infancia porque era una oportunidad enorme, con el poder que tiene el ministerio, de hacer una encuesta en adolescentes escolarizados aún mayor que la nuestra. Pero la volvieron a hacer con adultos».
Desde el ministerio señalan la dificultad ante la necesidad de autorización familiar, ya que los casos se dan precisamente en las familias. Pereda insiste en que hay países como Canadá, EE. UU. o Chile que hacen esta encuesta con adolescentes cada dos años. «Porque eso –analiza– nos permitiría ver variaciones y decir ‘oye, resulta que en Catalunya han implementado un programa y, fíjate, de hace dos años a hoy, el porcentaje es más bajo’. Esto solo lo podemos comprobar si hacemos estudios con los adolescentes de hoy, con los que podemos intervenir hoy y no cuando pasen los años. La política pública debe invertir en esto y en prevención. Porque cuando lo hacemos con adultos, ya sabemos qué va a salir».
La sociedad, además, ha cambiado y ahora se dan nuevos factores que no influyeron en esos niños hoy adultos: desde la irrupción de Internet y las nuevas tecnologías –con la IA como última novedad– hasta nuevas formas de relaciones familiares. Todo ello permitiría detectar también las nuevas formas de violencia a través de la tecnología y la violencia cada vez mayor entre iguales, entre personas de la misma edad. «Ha aumentado por esta negligencia respecto a la educación afectivo-sexual y el peso de la industria del porno. Porque no es que los adolescentes vayan a buscar porno, es que la industria los va a buscar a ellos. O sea,tenemos juegos infantiles como Roblox donde hay enlaces a pornografía. ¿Por qué? Porque saben que lo van a ver niños. No se trata de culpar a los adolescentes de ver pornografía, de prohibir. Debemos entender todo este escenario y hacer actuaciones en políticas públicas que realmente sean efectivas, porque, si no, este porcentaje no va a bajar», añade la catedrática.
También fue, al margen del Estado, la insistencia de las víctimas de pederastia en la Iglesia la que ha conseguido finalmente el reconocimiento de estas agresiones, el derecho a su reparación y el acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno con el Defensor del Pueblo para indemnizar los casos que estén prescritos en la justicia pública. «Mucha gente piensa que esto es de la época de Franco. Claro. En la época de Franco ocurría, pero es que por desgracia en nuestros días también sigue ocurriendo, y hay niños y niñas que han sufrido delitos de pederastia y sus padres están desesperados, primero por el estado de sus hijos, pero después también porque los poderes públicos parece que juegan a archivarlo todo», denuncia Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada.
«Solo desde enero de 2025 al verano de 2025, en España, ha habido hasta 12 casos en colegios concertados», enumera. Este mismo marzo, el Opus Dei ha apartado a un profesor en Madrid por supuestas agresiones sexuales a tres menores de edad, según ha publicado El País, que puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española. «A diferencia del ámbito familiar, la víctima, cuando denuncia, se enfrenta a su agresor pero también a toda la orden, prelatura a la que éste pertenezca, que intenta tapar el caso y defender el buen nombre de la institución. Es decir, recae sobre la víctima todo el poder de la institución, con lo que ello supone. Y de ahí que, cuando un menor/adulto denuncia a un miembro de la Iglesia, ésta nunca asume su defensa, y sí la de su agresor», reflexiona Cuatrecasas.
Su hijo fue víctima de un profesor numerario en un colegio vasco. «Nos trasladó en mayo de 2011 el delito que habían perpetrado contra él; nos habló de abusos y acoso escolar, las dos cosas, porque muchas veces los casos de abuso que se producen en colegios llevan emparejado el tema del acoso, porque el pederasta, el depredador sexual, lo que hace es intentar aislar a la víctima, como ocurre también en la violencia de género», explica. «Para nosotros –prosigue– fue una pesadilla porque veíamos a nuestro hijo fatal. Y en un principio no te imaginas hasta dónde llegaba todo. Pero cuando ya tu hijo te dice con dificultad lo que ha pasado, pues lo primero que haces es intentar que él salga adelante –ese ha sido siempre nuestro objetivo– y por supuesto a la vez tuvimos que denunciar porque el colegio pretendía taparlo todo», denuncia.
La Asociación Nacional Infancia Robada nació de un grupo de víctimas de la Iglesia, cuyos jerarcas han llegado a alegar que lo de los abusos no era solo cosa de esta institución. Y es cierto. «Pero a lo largo del tiempo han recurrido a nosotros sobre todo víctimas del ámbito intrafamiliar, alguna del deportivo e incluso de los Boy Scouts. Es, efectivamente, un mal endémico de nuestra sociedad. Y siempre digo que con la infancia nada es suficiente», concluye Cuatrecasas. Según la encuesta realizada por la firma GAD3 para el Defensor del Pueblo, el 1,13% de las personas han sufrido abusos en el ámbito religioso católico. La cifra supone un 0,6% con respecto a los abusos totales reportados: un 11,7% de las personas entrevistadas (con una muestra de 8.000). Y no es menor: son unas 400.000 víctimas, según las prospecciones del Defensor.
«En el caso de la Iglesia es un tema que procede de muchas décadas atrás, y está insertado como algo estructural. No son cuatro casos, como decía la Iglesia al principio. Son muchos y cada vez más. E incluso te diré que en este ámbito se entendía que era entre un cura o religioso adulto y un niño y, con el tiempo, también han ido saliendo mujeres víctimas de sacerdotes. Hay campos totalmente inexplorados, como el tema de las monjas, que algún día también saldrá», añade Cuatrecasas, que lidera la petición de un Estatuto específico que otorgue a los supervivientes «la condición de víctima» con derechos en el ámbito sanitario, educativo, laboral y social. Además de la protección judicial a quienes hayan denunciado.
El informe destaca, además, que la violencia contra la infancia, considerada como un asunto de salud pública por la Organización Mundial de la Salud (OMS), no ha aparecido entre los problemas que generan una mayor preocupación en la ciudadanía, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). «Por ello –indica el Defensor–, se aprovechó la ocasión para preguntar a las personas encuestadas, ante todo, cuál era su percepción del problema». La mayoría lo considera un problema social muy grave o bastante grave. Sobre si existe una mayor conciencia social, un 19,7% respondió «mucha» y un 40,2% «bastante», frente a un 32% que consideró que la conciencia social había crecido poco y un 5,2% nada.
«Precisamente el tabú que todavía rodea a esta forma de violencia está muy vinculado a esos entornos en los que se produce. Aceptar esto implica reconocer que el riesgo y la violencia muchas veces proceden de los entornos que deberían ser protectores. Esa realidad genera una profunda incomodidad social, pero también sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, incluso dentro de las propias familias o instituciones, que pueden llegar a traducirse en situaciones o dinámicas de encubrimiento para evitar el estigma social», contextualiza la experta Clara Burriel.
Fue lo que hizo la Iglesia durante años con estos casos o lo que hacen tantas familias con los suyos. En el foro celebrado en Sevilla a finales de 2019, también se llegó a concluir lo siguiente: «En el momento actual, la actitud de la mayoría de los profesionales es el no querer implicarse en la atención, ni en la notificación por las consecuencias que podría acarrear, por la dificultad que entraña, por la dedicación que exige y por la inseguridad jurídica profesional que padecemos». Ocurre también que cuando alguien pone este asunto en una conversación –como hemos constatado en el proceso de elaboración de este dossier– la reacción suele ser de desconexión: qué tema «más feo», qué tema «más incómodo».
La justicia
La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, admite la deuda que existe con estas víctimas. «Pido disculpas, en nombre del Estado, a todas las infancias porque no hemos llegado a tiempo de evitar muchas situaciones dolorosas», dice en una entrevista en páginas posteriores. Este año se cumplirá un lustro de la aprobación de la Lopivi, que necesita seguir dotándose de financiación y recursos para ser efectiva, sobre todo, desde el punto de vista educativo y judicial. Porque lo que ha pasado también hasta ahora es que no se reconoce que los niños sean sujetos de derechos, que no son propiedad de los padres, ni de los tutores, ni de nadie. «El ordenamiento jurídico no está pensado para los niños y las niñas», dice tajante la magistrada Glòria Poyatos, que insiste en la importancia de incluir la perspectiva de infancia en la justicia.
«En todo lo relacionado con los menores, necesitamos dar un salto cualitativo porque nos encontramos con que sus necesidades y experiencias normalmente quedan ocultas, es muy difícil valorar su relato, muy difícil valorar su sintomatología o sus reacciones porque suelen ser inespecíficas. Se necesita de la psicología, y no de una psicología cualquiera, sino de algo muy especializado para poder llevarlo a cabo en profundidad. Y actualmente no tenemos esos recursos, de forma que los juristas estamos opinando y tomando decisiones sobre cuestiones relativas a menores, cuestiones muy relevantes, sin tener suficiente formación», admite la abogada Amparo Díaz, especializada en violencia de género y victimología.
«No nos olvidemos –prosigue– de que el machismo justifica y legitima que haya ciudadanos de primera categoría y ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría, como las mujeres, niños y niñas». «Cuando las víctimas son niños que todavía no tienen capacidad de expresarse con mucho detalle, el sistema que se está aplicando es un sistema basado en la valoración de la credibilidad de su relato y requiere que su relato sea detallado, con detalles del contexto, del lugar, de la secuencia de cómo suceden los hechos… y nada de eso lo pueden hacer muchos menores. Se están dejando de lado otro tipo de investigaciones basadas en otro tipo de herramientas como pueden ser los juegos con muñecos, los dibujos, pruebas indirectas…», prosigue Díaz.
La Lopivi parte de ahí y, entre otras cuestiones, prevé la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia. Sin embargo, según matiza Save the Children, la instauración de las nuevas secciones se aprobó finalmente en 2025 en Madrid, Barcelona y Málaga, cada una de ellas con una única plaza judicial. «Aunque la implementación deba ser paulatina, tres secciones con una plaza cada una para todo el país resultan manifiestamente insuficientes para atender de manera especializada todas las formas de violencia de las que son víctimas niños, niñas y adolescentes, por lo que es necesario una implementación más amplia desde su inicio, así como la creación de plazas judiciales», reclama Burriel.
En este ámbito, las asociaciones y colectivos piden la creación de fiscalías especializadas, asegurar que estos casos recaigan en las secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia, en lugar de las secciones de violencia sobre la mujer: «Pues las niñas tienen necesidades específicas diferenciadas de las de las mujeres adultas, motivadas por su edad, el momento de desarrollo, el tipo de violencia o la relación con la persona agresora. Lo contrario supondría, además en la práctica, un trato desigual entre niños y niñas, cuyos casos por el mismo tipo de violencia serían tramitados por secciones distintas», señala Burriel.
Y, por supuesto, resulta fundamental integrar el modelo Barnahus en la justicia especializada en infancia, un modelo de atención integral donde todas las instituciones que intervienen en un caso de agresión sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para atender al niño o niña víctima. El objetivo es evitar la victimización secundaria estableciendo protocolos de actuación interdisciplinarios e interinstitucionales, lo que mejorará de ese modo la coordinación entre los profesionales y asegurará la protección de los niños y niñas a la hora de conducir exploraciones, realizar la prueba preconstituida y evitar su declaración en el juicio oral, lo que lo aleja de las instalaciones judiciales.
Según el informe de sentencias de Save the Children, en más de la mitad de los casos, hay víctimas que siguen teniendo que declarar más de una vez. En el 20% de los casos, la víctima tuvo que declarar dos veces, mientras que en un 3% tuvieron que declarar hasta cinco veces o más. Por otro lado, los que llegan a la justicia se extienden más allá de los tres años y preocupa el aumento de los que sobrepasan los cinco años de duración. «Habitualmente, las instancias judiciales hacen gala de ese principio garantista del habeas corpus, que me parece muy bien, pero cuando alguien denuncia esto no lo hace por capricho, cuando alguien va a un juzgado no lo hace como el que va un domingo a dar un paseo por el campo. La casuística de casos falsos denunciados de violencia contra la infancia es prácticamente ridícula», insiste Cuatrecasas.
El proceso judicial iniciado por su familia contra el profesor, que acabó condenado, concluyó varios años más tarde, en 2018: «Y tenemos que aguantar halagos hacia el pederasta, con condena. Estamos en 2026 y esto no ha terminado. Nos queda el juicio civil y el tema del Vaticano».
Secuelas de por vida
Laura fue la única de cuatro hermanas que se atrevió a hablar. Su padre agredió a todas las demás. Cuando llegó a ella, la más pequeña, se acabó. Su madre no se había enterado hasta entonces. Y aunque su caso llegó a los tribunales y el padre fue condenado, Laura sigue viviendo hoy, con más de 40 años y dos hijos, con ese dolor: «Ese tío ha pasado unos cuantos años en la cárcel y no ha pagado nada porque se declaró insolvente. Él está tan pancho. Nosotras seguimos destrozadas». Ninguna de sus hermanas terminó los estudios básicos. Ella ha encadenado depresiones y trastornos de la alimentación y, según cuenta, no le sirve la justicia restaurativa cuando se le pregunta como forma, también, de poder aminorar su dolor.
«En España también tenemos estudios de la relación entre violencia sexual y la conducta suicida, una relación más que demostrada. El niño busca una salida al dolor y muchas veces consiste en acabar con todo, con su vida. La violencia sexual también se relaciona con consumo de alcohol y drogas, que es otro de los problemas que tenemos. Un consumo que te permite desconectar de este recuerdo. Se relaciona también con problemas de salud mental, obviamente, ansiedad, depresión, fracaso escolar. Y es un problema que no estamos sobrerrelacionando con otros problemas, y que está demostrado desde hace mucho tiempo, tanto fuera del país como en España», expresa Pereda.
Según el informe publicado este mismo abril por la Fundación ANAR sobre su línea de ayuda telefónica, email o chat, la conducta suicida de menores de edad se ha convertido, por cuarto año consecutivo, en el principal problema atendido. Y la primera causa de los problemas de salud mental es la violencia. Después de ello y las autolesiones, entre los principales temas de consulta destacan las agresiones sexuales.
Aunque con ayuda hay salida, en una de las sentencias citadas anteriormente, el tribunal también lo dice claramente: «El sufrimiento que padecen estas menores difícilmente podrán borrarlo de su mente en el futuro». De hecho, la mayoría, cuando lo cuenta, ya es una persona adulta, lo que lleva a que el delito prescriba en muchas ocasiones y que los hechos queden impunes. Por eso se está pidiendo la imprescriptibilidad. «Suele ser característica habitual en estos casos el silencio de los menores y la prolongación en el tiempo de las agresiones sexuales, que es lo que busca el autor de estos hechos delictivos para conseguir la obstaculización de la decisión de la denuncia por parte de los menores, o de contarle a sus madres lo que están sufriendo», insiste la misma sentencia.
La pesadilla suele iniciarse como un «secreto» entre el agresor y la víctima, que aún no sabe que lo es. Porque no le pega, que es algo que el niño identifica como algo malo, sino que le hace cosquillas, o lo acaricia. Por eso es fundamental, como afirma Vicki Bernadet, la confianza educada, hacer ver al niño que los secretos se pueden tener pero que hay que romperlos cuando te hacen sentir mal. En todo ese proceso, el niño muchas veces huye a otro lugar, disocia lo que le hace por la noche su padre de lo que le dice por la mañana: por la noche entra en su cuarto y lo toca y por la mañana hablan de las notas del cole. La espiral va creciendo de tal manera que el mismo niño, puede llegar a sentirse culpable, y sentir vergüenza, porque el agresor también se lo recuerda: no lo puedes contar porque a ti también te gusta. «Me sentía una puta», dicen algunas mujeres agredidas. Y esa niña o ese niño tampoco quiere que su padre o su abuelo vayan a la cárcel. ‘¿Estás seguro de lo que dices? Porque puede ir a la cárcel?’. Y entonces se retractan. Con eso también juegan estos agresores.
A pesar de los avances, de las leyes, siguen produciéndose casos como este que publicó en marzo El Salto: un juzgado de Madrid otorgó la custodia exclusiva de una niña de seis años a su padre denunciado por violencia sexual hacia la pequeña cuando el caso todavía no estaba sobreseído. El escrito –afirma el medio– hacía alusiones al falso síndrome de alienación parental, prohibido en la Lopivi.
Más allá de este caso particular, la abogada Díaz insiste en ello, en que las leyes están, pero no siempre se aplican: «Rige la presunción de inocencia, pero debería regir a la vez el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, el derecho a que se investigue en profundidad un caso y que se lleven a cabo diligencias útiles para llegar a conocer qué es lo que ha sucedido. Sin embargo, nos quedamos muchísimas veces en la superficie, porque como el menor no llega a dar suficientes detalles o no llega a tener evidencias físicas o síntomas psicológicos específicos, nos quedamos ahí».
Pone como ejemplo el artículo 19 de la Ley de Violencia de Género, que dice que las entidades que dan atención especializada a las mujeres podrán pedir medidas urgentes al juzgado: «Y, sin embargo, no se piden. El hecho de que la madre haya contado previamente una situación de maltrato hacia ella, por desgracia se suele interpretar como que hay una animadversión, que es parcial y que no es objetiva».
Por ello, plantea algo básico: que las administraciones públicas cumplan la legislación. «Para eso es necesario que tengan más medios. Las profesionales que están en esos servicios normalmente están muy implicadas, pero tienen poco tiempo, muchas veces trabajan a media jornada y tienen temor, por un lado, a los propios procedimientos judiciales, y, por otro, a las represalias de las personas que están identificando como posibles agresores. Y eso pasa en todos los servicios. Los servicios sociales muchas veces no se pronuncian, se quedan en la superficialidad, entre lo que dice uno y lo que dice otro, no avanzan y no se hacen más investigaciones ni se pide nada específico a los juzgados ni a los centros educativos».
Prevención y detección: redes e inteligencia artificial
En mitad de este panorama, la formación, la prevención y la detección temprana son, por tanto, las herramientas cruciales. «Salir de las cifras estancadas supondría en primer lugar impartir una educación afectivo-sexual universal desde etapas muy tempranas. Y esto no ocurre en la mayoría de países, no es solo España. Y no va de que en una asignatura de 3º de ESO sepan lo que es el pene y un embarazo, no. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, tu intimidad, va del respeto a los demás, de relaciones igualitarias. Es educación afectivo-sexual, no solo sexualidad biológica», insiste Pereda.
El niño, dice ella, tiene que aprender que nadie puede tocar su cuerpo si él no quiere y que tiene que haber una justificación para ello. «Hay que decir, ‘hola, soy el médico y te voy a tocar por esto’. Perfecto. Ya le estás mostrando un respeto. O ‘soy mamá y te limpio el culete, porque tengo que limpiártelo’. Perfecto. Este mensaje ya está mostrando un respeto por el niño. Pero no lo hacemos así. Cogemos al niño, lo limpiamos, lo coge el médico, le quita los pantalones… Lo que está aprendiendo es que cualquier adulto puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Y luego queremos que hablen. Claro, ¿cuándo van a hablar? Si no saben que tienen este derecho, ¿no?», expone con ejemplos prácticos que permiten ver toda la violencia a la que sometemos a los niños sin ser conscientes de ello.
Como la tradición social de dar besos como muestra de buena educación, de relación social. Si el niño no lo hace, porque no le sale, porque no quiere, o porque no tiene ganas, se le dice que es un maleducado y se le insiste hasta que da el dichoso beso. ¿Pero cómo va a saber que tiene que decir que no cuando lo estén sometiendo a una violencia?, reflexiona Vicki Bernadet en una de sus charlas. En la misma línea se expresa la experta Clara Burriel, que destaca la posición privilegiada de los centros educativos para detectar casos. «Es fundamental que el profesorado sepa identificar señales de alerta y comprender lo que un niño o niña puede estar revelando. Para ello, es clave la formación de los y las docentes, y también la implementación de las figuras de protección que recoge la Lopivi para el ámbito educativo, el coordinador/a de bienestar».
Y, por supuesto, son necesarios –dice– protocolos para la detección, la notificación y la actuación: «Sin un protocolo claro, las decisiones pueden quedar en manos de cada docente, quien puede enfrentar dudas sobre cómo proceder, temores a represalias o incertidumbre sobre la veracidad del testimonio. Para evitar que la protección dependa de la valentía individual o de la percepción subjetiva de cada profesional, todos los centros educativos deberían contar con protocolos internos, con mecanismos de prevención y pautas claras de actuación».
Es, además, una medida que, como sostienen los especialistas, debe venir del Estado, no se debe dejar al albur de cada colegio, de cada comunidad autónoma o de cada partido político. «Esto no es ideología, es educación. Hay que tomar las riendas porque estamos hablando de educación y tu hijo tiene derecho a la educación. Tú no puedes decidir si quieres educar o no a tu hijo. Y lo mismo que tiene profesorado de matemáticas va a tener esta asignatura que la va a dar una profesora, no la va a dar una voluntaria», zanja Pereda.
La catedrática apunta también a otra cuestión fundamental: «Lo importante de esta educación es que no solo evitas víctimas, sino también agresores». Y más en un contexto como el actual, con el aumento de la violencia entre iguales. «Estos mismo niños agresores son también víctimas. Por eso hacemos mucho hincapié en la mirada del adulto, porque es el adulto quien identifica las señales de riesgo», añade Shaurin Molina, de la Fundación ANAR.
Eva Medina cuenta un caso que abordaron desde Redime: un grupo de niños de 12 años agredieron a una niña en el baño del instituto: «Se masturbaron delante la niña. Y cuando se les pregunta a los niños por qué han hecho eso, la respuesta es para caerse de espaldas: ‘Porque eso les gusta a las mujeres’. Y cuando les preguntas que por qué, te responden: ‘Porque lo hemos visto en Internet’. El modelo que tienen es la pornografía. Yo siempre les digo que la pornografía es la ciencia ficción del sexo».
Desde su punto de vista, abordar la educación es una cuestión de Estado, pero también de las familias: «Porque los padres y las madres a veces pensamos que el niño está en su cuarto, tranquilito… Pero no. Tu niño está en su cuarto, pero no tendría que tener un ordenador en el cuarto, ni puedes darle un móvil. Yo digo muchas veces: ‘Oye, le das el móvil porque se calma, pero también se calmaría con un chupito de whisky. Y si te lo pide mañana, ¿a que no se lo das? Como sociedad hemos de ir hacia esos cambios porque el resultado está ahí», insiste.
La abogada Amparo Díaz también incide en ello: «Hay que perseguir el porno online que involucra a menores o que suponen prácticas humillantes y agresivas sobre las mujeres». Para Díaz, esta violencia no solo no es cosa del pasado, sino que estamos en uno de los peores periodos: «Por no decir el peor, porque Internet ha potenciado la cosificación del ser humano y especialmente de las mujeres, niñas y niños, de forma que se está naturalizando el uso cosificante de las niñas y de los niños de manera sexual».
Con red o sin red, el delito sigue estando ahí. Por ello, concluyen todos los sectores que han participado en el dossier, hay que escuchar a las víctimas de una vez y poner el foco en los agresores, que son los que están logrando que no queramos ver, que miremos para otro lado.
Me hallo sentado frente a la página en blanco, como tantas veces, y pienso en esa niña. En una habitación compartida de un centro de menores de Tenerife, una cría mata el tiempo como ahora mata el tiempo medio planeta: mirando vídeos. Reels, que se llaman. Esa sucesión hipnótica de imágenes breves que Instagram escupe sin cesar, una tras otra, hasta que el dedo se cansa o la conciencia se disuelve. Ella disocia, que es la palabra técnica para decir que se va, que deja de estar. Lleva horas así, quizá toda la tarde. Y lo que ni ella ni sus compañeras de cuarto saben –ni tampoco usted, ni casi nadie– es que mientras ella mira, una inteligencia artificial ha generado más de 90 millones de predicciones por segundo para mantenerla ahí. No es un dato sacado de la manga. Lo dijo uno de los creadores de esta bestial droga que consumimos bajo el eufemismo de «red social».
Porque de eso hablamos: una droga. No se fuma, no se inhala, no se inyecta. Entra por los ojos y se instala en el cerebro con la complicidad silenciosa de un algoritmo diseñado para secuestrar la atención. Y está al alcance de sus hijos, de sus hijas, de los niños que aún no saben que están siendo el producto, no el cliente. Son la antesala de algo peor: la normalización de la cosificación. Y aquí conviene recordar de dónde viene todo esto, porque la memoria, aunque no guste, es necesaria. El dueño de Instagram se llama Meta, y Meta es la misma empresa que fundó un tal Mark Zuckerberg en una residencia universitaria.
Su primer proyecto no fue una red social para conectar al mundo, sino una página llamada Facemash. Funcionaba así: tomaba fotografías de las estudiantes de Harvard, sin su consentimiento, de los directorios universitarios, y las enfrentaba en pares para que los usuarios votaran quién era la «tía más buena». Un ranking de mujeres reducidas a puntuación. Ese fue el origen. Ahí nació la criatura que hoy le muestra a su hija cómo debe verse para ser validada.
Llevo años analizando crímenes con pruebas digitales. He visto cómo evolucionan las herramientas, pero también cómo se mantienen intactas ciertas inercias. Internet no es neutral. Nunca lo ha sido. Tampoco es un espejo fiel de la sociedad: es una lupa. Amplifica lo que ya somos. Y si algo somos es profundamente machistas. Por eso no me trago el discurso naíf de que estas plataformas pueden ser, por sí mismas, espacios de igualdad. No lo digo desde el cinismo, sino desde la experiencia. No se puede construir un entorno justo sobre una arquitectura diseñada para explotar la atención y monetizar el deseo.
No se puede levantar un templo a la igualdad sobre un solar donde la base fue la cosificación. Hace tiempo decidí comprobarlo. Me creé cuentas nuevas, limpias, sin historial, sin sesgos previos. Quería ver qué ofrecía la máquina cuando aún no sabía nada de mí. El resultado fue quirúrgico: en perfiles femeninos, cocina, decoración, ternura domesticada. En perfiles masculinos, cuerpos. Mujeres fragmentadas en curvas, en poses, en estímulos rápidos. Desde el minuto uno. Sin contexto. Sin historia. Solo consumo.
No es un fallo. Es diseño, como ha dictado una sentencia contra Meta y YouTube. Y, sin embargo, convivimos con ello como si fuera inevitable. Hemos integrado Instagram en nuestras dinámicas más íntimas. Es nuestra carta de presentación, es filtro previo a cualquier relación. Nadie da ya su número sin pasar antes por ese escaparate digital donde competimos por parecer algo que no somos.
Pero hay algo que me inquieta más. ¿Cómo es posible que una empresa capaz de detectar automáticamente un pezón en una imagen –y censurarlo en milisegundos– no sea capaz de detectar a un menor en riesgo? ¿Cómo puede afinar hasta el absurdo para proteger su moral estética y fallar sistemáticamente en la protección real? La respuesta es sencilla: porque el menor también es producto. Y mientras el producto genere interacción, no hay incentivo real para detener la maquinaria.
En paralelo, las redes se llenan de una estética imposible. Una carrera en la que las mujeres compiten contra versiones irreales de sí mismas, mientras los hombres consumen esa ficción como si fuera norma. Y entonces me pregunto: ¿de verdad creemos que estos sistemas se han diseñado desde una mirada equilibrada? ¿Que un algoritmo así es fruto de equipos de hombres y mujeres? La historia de la tecnología nos dice lo contrario.
Durante décadas, las mujeres han sido expulsadas de los espacios donde se decide cómo se construye el mundo digital. No es solo una cuestión de números. Es una cuestión de cultura. De cómo se percibe a quien entra. De cómo se cuestiona su talento. No es casualidad que muchas hayan abandonado. Ni que otras tengan que demostrar el doble para ser tomadas en serio. Ni que los productos finales reflejen ese sesgo. La exclusión no es un accidente. Es estructura. Y esa estructura se replica en el código, en los algoritmos, en las decisiones de producto. Lo que vemos en pantalla no es solo tecnología: es ideología empaquetada en forma de entretenimiento.
Ahora bien, no todo está perdido. Estamos en un momento histórico peculiar. La IA ha democratizado, en parte, el acceso al conocimiento y a la creación tecnológica. Hoy, más que nunca, cualquiera con capacidad y determinación puede aprender, construir, intervenir. Las barreras siguen existiendo, sí, pero ya no son infranqueables. La pregunta no es si podemos cambiar esto. La pregunta es si queremos hacerlo.
¿Estamos preparados para que entren más mujeres en el diseño de la tecnología y cambien las reglas del juego? ¿Podemos imaginar algoritmos diseñados desde la empatía, desde la protección, desde una comprensión distinta del poder? Yo, como hombre que ha crecido en este entorno y que ha participado –consciente o no– de sus inercias, quiero pensar que sí. Que es posible. Pero eso exige renunciar a ciertos beneficios, cambiar modelos de negocio, asumir pérdidas a corto plazo. Y eso, siendo honestos, es lo verdaderamente difícil.
Mientras, la niña de Tenerife sigue deslizando el dedo. Sigue ahí, atrapada en una secuencia que no diseñó y de la que nadie parece querer rescatarla. Porque no es una historia individual. Es un patrón. Como lo son tantos casos que terminan en violencia, en explotación, en situaciones donde la tecnología facilita el daño. Y aquí está el problema real: no estamos ante una herramienta que se usa mal. Estamos ante un sistema que funciona exactamente como fue diseñado.
La próxima vez que hablemos de redes sociales, quizá deberíamos dejar de preguntarnos cómo usarlas mejor y empezar a preguntarnos si estamos dispuestos a aceptar lo que realmente son. Porque tal vez el mayor engaño no sea el algoritmo y seguimos discutiendo si esto es bueno o malo, útil o inútil, educativo o peligroso… como si aún no hubiéramos entendido que el debate real es otro. No va de redes sociales. Va de esa niña que terminó siendo captada para la prostitución en el caso 18 lovas… Va de qué tipo de sociedad estamos dispuestos a tolerar. Y, sobre todo, de si vamos a seguir entregando a nuestros hijos e hijas a un sistema que no los protege… porque en realidad nunca fue diseñado para hacerlo.
Hacía mucho calor. Eran las siete y media de la tarde y el termómetro no bajaba de los 38º grados. La Sala El Cachorro, en Triana, acababa de abrir sus puertas, y el público, contra todo pronóstico, comenzó a llegar. “Gracias por venir desafiando al calor pero, sobre todo, gracias por venir a escuchar hablar de un tema del que no queremos oír ni hablar”, introdujo la periodista Olivia Carballar en la nueva presentación del especial sobre pederastia publicado en La Marea, esta vez en Sevilla.
Con ejemplares repartidos por todas las mesas, el público permaneció atento y participativo durante las dos horas que duró el acto, vertebrado por la necesidad de abordar la violencia sexual en la infancia y adolescencia como un problema social, estructural y de salud pública, del mismo modo que la violencia de género.
“Lo mantuve oculto durante 40 años. Y lo que me llevó a contarlo fue tocar fondo”, sostuvo Laura Cuevas, superviviente de agresiones sexuales desde los seis a los 16 años, fundadora de la asociación Lulacris. Su primer «confidente» fue el libro que escribió en 2022, Sin filtro, para poder sacar todo lo que llevaba dentro. Narrado con una claridad absoluta ante una sala noqueada, su caso visibilizó el trauma y la soledad que arrastró y que continúan arrastrando estas víctimas. “Mi madre lo sabía. Durante mucho tiempo, culpé a mi madre, más que a mi padre”, admitió con templanza. Es una historia que se repite, en todo tipo de familias, como contó también la hija de la Premio Nobel Alice Munro, quien se sintió abandonada por su familia, o como cuenta Montxo Armendáriz en su película No tengas miedo.
VÍDEO: LAURA LEÓN
Laura Cuevas se mueve ahora por toda España intentando dar visibilidad a un tema que sigue siendo un tabú en la sociedad, como ella misma aseguró. Ayer hizo más de 350 kilómetros (ida y vuelta) para estar en Sevilla contando una historia, la suya, pero también la de uno de cada cinco niñas o niños que son agredidos sexualmente, mayoritariamente por familiares o conocidos, y para quienes casi nadie está mirando. “La estadística es tan escandalosa que es muy probable que conozcamos a algunos de ellos. En un equipo tan pequeño como el que hacemos La Marea, no tuvimos que salir fuera, teníamos al menos una víctima dentro”, remarcó la periodista Carballar.
La reacción de las familias, que deriva en muchos casos en encubrimiento por la vergüenza y el estigma social que se genera alrededor, fue una de las cuestiones planteadas desde el público. “Lo normal es que no se denuncie porque esto rompe el esquema familiar, salta por los aires”, respondió Amparo Díaz, abogada especializada en violencia de género y victimología. Desde su experiencia día a día en los tribunales, denunció una falta de formación en la justicia en este aspecto y defendió la aplicación de la perspectiva de infancia paraque estos delitos no queden impunes. Además, destacó el aumento de las agresiones entre menores: «Se debe intervenir como un asunto de Estado».
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Una de las mayores reivindicaciones en el evento fue la formación en los colegios e institutos como principal herramienta de prevención y la necesidad de impartir una asignatura obligatoria sobre educación afectivo-sexual, mucho más aún en la época de la digitalización, las redes sociales y la inteligencia artificial.
Todos estos factores han disparado los delitos sexuales en la red, reflexionó el fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla, Gabriel González, que alertó de que con las tecnologías, a diferencia de la violencia sexual física en entornos conocidos, los agresores han multiplicado el número de víctimas. “Tiran la caña a ver a quién pescan”, escenificó. Además, incidió en la necesidad de reparar el daño moral a las víctimas con indemnizaciones que no sean irrisorias, porque muchas de ellas no se pueden pagar toda la terapia que necesitan para superar el trauma que arrastran.
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Los ponentes también reflexionaron sobre la responsabilidad de las tecnológicas a la hora de poder facilitar, a través de sus plataformas, la comisión de estos delitos, como expresó el perito informático Jorge Coronado, que puso el ejemplo de la plataforma de juegos Roblox y las acusaciones sobre pederastia. Entre el público, de hecho, había una madre que pidió ayuda para el caso su hija, relacionado con una interacción sospechosa en la red con un hombre desconocido. «Denuncia en la policía», le indicaron.
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Quienes acudieron, se quedaron a escuchar, a pesar de lo doloroso, incluso, «vomitivo», que puede resultar enfrentarse a estos relatos efectivamente terroríficos, pero reales. Se habló de la prescripción de estos delitos, de las listas de espera en la sanidad pública para la atención en salud mental, de que quien comete estos delitos monstruosos no son monstruos, que puede ser el médico, el padre, el vecino, el novio de la madre, el cura. Se habló también de la pederastia en la Iglesia. En resumen, se habló abiertamente de un problema de gran magnitud del que no se suele hablar por miedo, por incomodidad, por rechazo.
“Algunos colegios, en vez de sentirse orgullosos de parar estos casos, lo llegan a ocultar”, denunció una persona del público, entre quienes había trabajadoras sociales, maestras, juristas, periodistas, investigadores, psicólogos, informáticas, estudiantes, madres y padres. Laura Cuevas –»Es un lujo tenerte hoy aquí», le dijo Amparo Díaz– lo confirmó: “Una vez anularon un curso de formación porque decían que si hablaban de ello en el cole, a lo mejor los niños comenzaban a inventarse abusos”, dijo ante la perplejidad de la sala, donde también se lanzaron algunas recomendaciones. Celebración fue una de ellas, una película danesa de 1998 escrita y dirigida por Thomas Vinterberg.
La Marea ha sido galardonada con el Premio Nacional de los primeros Premios de Periodismo de Investigación de El Confidencial, creados con motivo de su 25.º aniversario. Los reportajes premiados, centrados en la agencia de gestación subrogada Gestlife, forman parte del especial de este medio sobre la industria de los vientres de alquiler, publicado en el año 2025.
El jurado, presidido por el director de El Confidencial, Nacho Cardero, e integrado por Antonio Rubio, Marta Sánchez Esparza, Edith Rodríguez y Tomás Ocaña y asistido por Miguel Ángel Gavilanes como secretario, ha determinado por unanimidad que la investigación de Marco Dalla Stella, Patricia Simón y Magda Bandera aborda una cuestión «de indudable interés público en el que confluyen la salud, la maternidad, los derechos de las mujeres y loslímites éticos de las técnicas reproductivas». Un tema que las Naciones Unidas han identificado como una preocupación global por su relación con la explotación reproductiva y la trata.
El jurado ha valorado que la investigación «se sustente en información verificada, contrastada y documentada» así como la combinación rigurosa de fuentes «garantizando al lector datos fiables y contexto completo sin incluir la opinión del periodista o del medio».
«La trayectoria de La Marea se conforma como una cooperativa en la que los socios tienen voz y voto sobre la línea editorial y los estándares de publicación. Una estructura que es garantía de su independencia. Su trayectoria demuestra que el periodismo de calidad no es patrimonio de las grandes cabeceras, sino una elección que se ejerce cada día desde la vocación, la autonomía y el compromiso con el interés público», sostiene el jurado.
Premio a la Trayectoria Profesional
Los primeros galaradones dedicados al periodismo de investigación de El Confidencial también han destacado al periodista Dean Baquet con el Premio a la Trayectoria Profesional. Ganador de Pulitzer por su trabajo como reportero en The Chicago Tribune, Baquet ocupó distintos cargos en Los Angeles Times, incluido el de director. También estuvo al frente deThe New York Timescomo editor ejecutivo entre el año 2014 y el 2022.
Bajo la dirección de Baquet, el diario neoyorquino llevó a cabo investigaciones de gran calado como como la que reveló la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016 y la que destapó los casos de abusos sexuales cometidos por el productor de cine Harvey Weinstein que desataron el movimiento #MeToo.
El jurado que ha otrogado este premio, presidido porLuis Enríquez, está formado por Martin Baron, Miguel Ángel Aguilar, James Harding, Marianela Balbi y Giles Tremlett.
Premio Internacional
El medio mexicano Aristegui Noticias, liderado por Carmen Aristegui, ha recibido el galardón internacional por «exponer con documentación inédita los mecanismos de desinformación, manipulación y guerra sucia operados desde uno de los grupos mediáticos más poderosos de América Latina». Los periodistas Sebastián Barragán Hidalgo, Brandon J. Celaya Torres, Regina Diez Gutiérrez, Juan Omar Fierro y Lilia Saúl Rodríguez firman la pieza donde se aborda la ética mediática y la responsabilidad de los periodistas de exponer irregularidades, incluso dentro de su propio sector.
Menciones de honor
La investigación Dirty Payments -que ha demostrado «el poder de la cooperación internacional para exponer secretos financieros y responsabilizar a instituciones poderosas»- y Los niños perdidos en la guerra interna de Ecuador -donde Alina Manrique documenta cómo se duplicaron las desapariciones de menores en el primer año de conflicto armado de Ecuador- han recibido la Mención de Honor en esta primera edición.
El 6 de junio, León XIV aterrizó en Madrid. Pasó tres días en la capital —la misa en Cibeles, el Bernabéu, los voluntarios en IFEMA, y un largo, unánime y cuestionable aplauso en el Congreso de los Diputados— antes de volar a Barcelona la tarde del 9. Lo recibieron los dos máximos representantes del poder catalán: el presidentSalvador Illa y el presidente del Parlament, Josep Rull, dos hombres que se declaran públicamente creyentes practicantes en una ciudad donde, según los últimos datos del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat, menos de uno de cada ocho vecinos pisaría de manera regular una iglesia. Casualidades de la representación democrática.
El bloque de ateos y agnósticos en el área metropolitana suma ya el 42,5% de la población adulta, cifra que triplica el porcentaje de católicos practicantes. Es decir: el Papa viajó a una ciudad que ya no es la suya. Aunque la ciudad lleve décadas sin decírselo a nadie en voz alta, y aunque el interés por la visita desbordara con mucho ese 13% que pisaría una iglesia por convicción durante el día del Señor.
Porque el Papa, desde Francisco y ahora con Robert Prevost —León XIV—, ha ido acumulando una base de simpatizantes que no figura en ninguna estadística de práctica religiosa: una izquierda laica, y en algunos casos explícitamente atea, que ve en los mensajes del pontificado un contrapunto útil a las figuras dominantes del momento, Trump y Netanyahu. Al contrario, curiosamente, de la derecha extrema española, que ve con recelo los mensajes humanistas de la Iglesia católica, incapaces de reflejar a pies juntillas los postulados ultraconservadores del Opus Dei, tan predominantes en los tiempos —no tan remotos— en que la doctrina cristiano-apostólico-romana era ley.
León XIV, en todo caso, llegó a Barcelona después de haberse dado un baño de multitudes en la capital. Lo hizo con una agenda que incluía una visita a Montserrat, lugar fetiche de la mística en toda su gama de colores: la cristiana, por supuesto —allí se halla La Moreneta—, pero también la de las comunidades que se reúnen para avistar ovnis, o la de las conspiraciones nazis que llevaron al mismísimo Himmler a adentrarse en la montaña en busca del Santo Grial. Pero esa es otra historia. El motivo principal de la visita a Barcelona era la consagración de la Sagrada Família, una vez alcanzada su altura máxima con la instalación de la Torre de Jesucrist, que la convierte en el templo católico más alto del mundo.
Cómo el Vaticano se convirtió en cuestión nacional
Durante días, los medios catalanes no hablaron de teología, ni de Gaudí, ni siquiera del papa como tal. Todo el debate giraba alrededor de qué lengua usaría el pontífice para bendecir la nueva Torre de Jesucrist. El problema comenzó cuando la Santa Sede publicó el misal oficial: el Papa diría algunas palabras en catalán, pero la bendición de la torre —el momento más mediático, el que todas las cámaras del mundo transmitirían— estaba prevista íntegramente en castellano. Un detalle litúrgico que acabaría generando unos días de revival procesista.
Junts envió una carta al president Illa exigiendo «todas las gestiones necesarias» ante la Conferencia Episcopal Española, el cardenal y arzobispo de Barcelona Joan Josep Omella y el Vaticano. Junqueras escribió directamente a Omella, que había presidido la Conferencia Episcopal entre 2020 y 2024. Los obispos de Girona y Lleida se pronunciaron en favor del catalán, el Govern activó el Departament de Justícia, y Puigdemontllamó a recibir al Papa con esteladas y silbidos ante «el renacimiento del catolicismo franquista». Un renacimiento que, dicho sea de paso, parecía aparecer y desaparecer según la cuestión de que se tratara: por ejemplo, cuando tocaba votar en el Congreso junto a la extrema derecha católica y franquista para tumbar la ley de vivienda.
Esteladas para recibir al Papa en Barcelona. GUILLEM PUJOL
Y aunque la mayor parte de la instrumentalización de la cuestión catalana fue obra de esos actores, la cuestión de la lengua despertó un consenso más amplio —Vox aparte— en la sociedad catalana. Se recordaba, día sí y día también, que Antoni Gaudí, cuya obra magna sería bendecida por la máxima institución eclesiástica, fue detenido en 1924 durante la dictadura de Primo de Rivera por negarse a responder a los guardias en castellano, y pasó una noche en prisión antes de ser liberado.
El propio Papa, sobrevolando España camino de Madrid, había cerrado el asunto con algo de humor: «De momento solo sé decir bon dia». Que todo aquello movilizara en cascada obispos, diputados, consellers, entidades sociales y al mismísimo president en el plazo de 48 horas dice algo sobre la política catalana y su autoestima: que Catalunya es una nación orgullosa, y que a menudo se mueve frenéticamente por cosas que, en el fondo, no le interesan demasiado. Un fenómeno tan paranormal como la vida de los ángeles.
El templo de todos, el templo de nadie
La Sagrada Família es el monumento más visitado de España: tres millones y medio de personas pagan felizmente entrada cada año, una dicha que no comparte todo barcelonés, y menos aún los vecinos del barrio que lleva su nombre, que llevan décadas sin poder pasear por la zona con normalidad ni vivir sin el sonido de las grúas, que no han parado en ciento cuarenta años.
El templo se proyectó en 1881 sobre terrenos del entonces término de Sant Martí, cuando a su alrededor todo era campo. Era el momento en que el capitalismo industrial catalán necesitaba monumentos que consagraran su hegemonía tanto como sus fábricas: el modernisme como lenguaje estético de una clase que había hecho dinero y quería que se notara, que quería también ponerse bien con Dios antes de que el siglo cerrara las cuentas. Gaudí trabajó para Eusebio Güell, miembro de una de las familias más prominentes de la alta burguesía catalana. El Palau Güell, el Parque Güell, la Sagrada Família. Una cartografía del poder privado hecha piedra.
Barcelona, a finales del XIX, poco tenía que ver con la ciudad moderna y «abierta al mundo» —del turismo y del capital extranjero— que es hoy. La Iglesia controlaba cerca de un tercio de la riqueza del país y hacía funcionar sus negocios con mano de obra prácticamente esclava —huérfanos y monjas—, presionando a la baja los salarios de toda la clase trabajadora. En 1909, esa tensión estalló en la Semana Trágica, que convirtió Barcelona en una ciudad bajo las bombas y las barricadas: la Rosa de Foc. El detonante fue el embarque forzoso de tropas hacia Marruecos: los hijos de los ricos podían pagar para librarse, los de los obreros no. Ardieron 21 iglesias y 41 conventos. La Sagrada Família no ardió entonces, pero sí lo hizo en julio de 1936, cuando los milicianos anarquistas incendiaron la cripta y destruyeron las maquetas y los planos originales.
Todavía hoy, casi un siglo después, algo queda de ese arraigo popular contrario al templo –que une a quienes recuerdan esa historia y a quienes no–, una opinión común entre muchos barceloneses: pues a mí me parece muy fea.
Con todo eso de fondo, el Papa se dio su baño de multitudes en Barcelona, como había hecho días antes en Madrid. Su visita generó muchos debates, pero pocos sobre la figura del Papa en sí y menos sobre su incapacidad de denunciar abiertamente los abusos en la Iglesia. Se habló de identidades nacionales enfrentadas, de memorias históricas todavía activas, de agravios políticos acumulados y de la necesidad permanente de encontrar símbolos sobre los que proyectarlos. Nada de la Rosa de Foc: la pólvora lleva mojada mucho tiempo.
Y, por cierto, el Papa al final habló bastante en catalán. Tema zanjado. Ahora, por favor, a otras cosas.
Hablar de los niños sin los niños es habitual; incluso, con ellos y ellas delante, como si no estuvieran, como si no entendieran. Pero lo hacen, a su manera, y es vital ofrecerles herramientas para que conozcan sus derechos, sus límites y detectar cómo y a quién pedir ayuda.
Paso 1: conocer el cuerpo
Debemos empezar por el conocimiento de su propio cuerpo. Basta de eufemismos. Lo de que ‘no se nombra, no existe’ se puede aplicar a cómo nos relacionamos con nuestros genitales y las «zonas privadas». Al delimitar primero unas zonas, los niños pueden no solo saber de su existencia sino de su importancia.
Libros como Tu cuerpo es tuyo, de Lucía Serrano, Tu cuerpo es un tesoro, de Margarita García Marqués –fundadora de la Asociación para la Sanación y Prevención de los Abusos Sexuales en la Infancia–, o ¡Mi cuerpo es mío!, de Dagmar Geisler, son una adquisición obligada en nuestra biblioteca casera.
Además, El semáforo corporal, de María Edelys Soler Rojas, ofrece pictogramas para que los niños y niñas neurodivergentes –con Trastorno del Espectro Autista y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad– puedan reconocer qué zonas no puede tocar nadie.
Paso 2: el consentimiento
¿Os suena eso de la abuela diciendo «dame un beso que me pongo triste»? Además de tener su poquito de manipulación emocional, pone contra las cuerdas el consentimiento del niño. La prevención se inicia ahí. Enseñarles que pueden negarse es la manera de que entiendan que la opción del no siempre está disponible.
«En mis besos mando yo», dice la protagonista de Marta no da besos, de Pablo Macías y Belén Gaudes, con ilustraciones de Nacho de Marcos. También habla de ello la pediatra Mar López Sureda en El monstruo de los abrazos. También creó, junto a Demi, la canción Solo mío.
El consentimiento (¡para niños y niñas!), de Rachel Brian deja claro en su subtítulo qué encontraremos en sus páginas: cómo poner límites, pedir respeto y estar a cargo de ti mismo. Esta novela gráfica pretende alejarse de la lógica de la culpa y la vergüenza, y les propone reflexionar sobre sus fronteras infranqueables.
Por su parte, el erizo Enzo explica en Con sentimiento: el cuerpo solo se toca con permiso –de Carmen Esteban y Júlia Quintana– cómo el abrazo de una amiga de su madre hace que se sienta incómodo; y, sobre todo, cómo escuchar al cuerpo para detectar si estamos a gusto o no con el contacto de otras personas.
Paso 3: los secretos
A veces, la prevención no es suficiente. Por eso, también debemos contarles a quién avisar o cómo pueden sentirse para que aprendan a detectarlo. Y sí, alertarles de que esa persona, el agresor, no tiene por qué ser necesariamente alguien desconocido que nos regale caramelos en la calle, sino que puede ser del entorno familiar o cercano. Como demuestra la estadística.
Uno de los cuentos más usados en los centros escolares es Kiko y la Mano(también conocido como La Regla de Kiko), un libro recomendado a partir de los tres años y publicado por el Consejo de Europa. Cuenta, además, con un Manual para profesionales–válido también para padres y madres–. En su cuarto capítulo, por ejemplo, se centra en cómo explicar a los niños y niñas que identifiquen personas específicas a las que pueden pedir auxilio y enseñarles a ayudarse entre sí cuando uno de ellos no es capaz de contarlo a los adultos.
¿De qué color son tus secretos?, de la psicóloga Margarita García Marqués, promueve la expresión emocional en la infancia cuando han sido víctimas de alguna transgresión en sus límites corporales, y les enseña a identificar los tipos de secretos. Porque, como cantan Los Canticuénticos: «Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal».
Unicef ha creado una página con canciones que puedes escuchar aquí.
El 8 de junio de 2026 pasará a la Historia del parlamentarismo español como el día que las Cortes Generales (CCGG) celebraron una sesión conjunta para escuchar el discurso ¿homilía? del Papa católico León XIV.
La anomalía se intuye en la primera oración de este texto: las representantes del pueblo y los territorios del Estado, diputadas y senadores, apretándose hasta el roce ante la llegada de… ¿un Jefe de Estado o un líder religioso?
Que un Jefe de Estado extranjero intervenga ante las CCGG no es inaudito. En España existe cierta tradición de recibir a quienes ocupan dichos cargos en América Latina, o a los países vecinos, Portugal y Francia. Criterios que no cumple el Vaticano y no han impedido su disertación.
Para conocer en calidad de qué interviene, recordemos que, en un Estado constitucionalmente aconfesional, es pertinente igualmente el análisis de su discurso, pues era posible que se limitara a las cuestiones diplomáticas.
La intervención puede dividirse, en opinión de este ateo autor, en tres fases: la de la intolerable intervención en asuntos internos de otro Estado, el nuestro; la elocuente, y valiente, defensa del orden internacional y de las prioridades diplomáticas de su Estado; y la defensa, poco velada, de los privilegios y el rol de la religión en los tiempos actuales en Estados que ya separaron, se supone, la Iglesia y el poder público.
Empezando por lo intolerable, aunque previsible, el Papa ha aprovechado su visita para cuestionar nuestra legislación en materia de derechos de las mujeres, de autonomía de la persona sobre su propio cuerpo, vida y muerte, sobre la decisión colectiva de proteger el inalienable derecho al aborto o la protección frente a discriminaciones al colectivo LGTBQi, ignorado de forma nada inocente. Como mejor prueba de que su actuación era en calidad de líder religioso, violando las CCGG su requerida neutralidad religiosa en tanto que instituciones públicas, León XIV ha tenido a bien hacer un listado de sus particulares obsesiones morales.
Como fiel representante de una Iglesia que, en la cuestión sexual, de género y reproductiva es incapaz de abandonar el siglo XIX, se ha permitido criticar nuestra legislación interna frente a nuestro poder legislativo. A ningún Jefe de Estado al uso se le ocurriría, pues es una afrenta diplomática, una injerencia. Sería bonito que la respuesta legislativa del “orden temporal”, como denomina al poder político (frente al orden celestial eterno, se entiende), fuera la inscripción del derecho al aborto en la Constitución. Tal vez entendería así que las mujeres también gozan de dignidad humana, el término más repetido de su conferencia, y los embriones son eso, embriones. En 2026, que un hombre venga de nuevo a decir a las mujeres qué hacer con sus vidas, cuerpos y maternidades impide al catolicismo conectar con la sociedad (porque sí, las mujeres católicas, o las de derechas, o las de extrema derecha, también abortan. Desde siempre) y con la democracia.
La segunda parte de su discurso ha sido una defensa férrea de los fundamentos, éticos y jurídicos, del Derecho internacional: solución pacífica de conflictos, prohibición de la guerra, diplomacia, acuerdo entre diferentes, impulso a la cooperación y respeto a las normas comunes. Para el Papa León “la paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los Estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el Derecho internacional”.
Este es un paso muy importante. Se une a otros líderes del mundo en la defensa de un orden internacional que dialogue antes de atacar, que sume en lugar de dividir, y que reconozca la inexorable interdependencia de los Estados en la gestión de los retos comunes transfronterizos: el gobierno de la IA, la crisis climática o el drama migratorio. Este contenido, semejante al que escuchamos a líderes de China, Brasil, Canadá o incluso España, coloca al Vaticano en el lugar correcto de la Historia en un momento clave: frente a los intentos de destrucción de las instituciones internacionales para imponer la ley del más salvaje (la ley del más fuerte era también Derecho internacional), son cada vez más numerosas las voces que enfrentan la internacional neofascista.
Esta parte del discurso, al margen del contenido, sí era adecuada para una comparecencia de este tipo, pues versa sobre política internacional. Si hubiera abrazado los postulados reaccionarios y libertarios de Trump y Milei, igualmente lo podríamos haber catalogado como política exterior. Afortunadamente, en esto el Papa ha quedado más cerca del Evangelio que en la primera parte. Es difícil imaginar que Jesús, profeta o filósofo, elijan ustedes, hubiera defendido el reino de terror que proponen Abascal y sus amigos. El Papa se ha mantenido fiel a la idea de la comunidad humana, el “totus orbis” de Francisco de Vitoria, por encima del individualismo del turbocapitalismo tecnológico. Así, ha defendido el derecho de gentes, origen de parte del marco jurídico internacional.
En esta parte es donde el discurso ha sido más humano y, por tanto, donde mayor efecto puede tener. En la gestión de las migraciones, hereda la visión de su antecesor: es incompatible ser buena persona, o buena católica, desde el odio o la indiferencia para con las inmigrantes. Ha defendido que “la afirmación de la dignidad humana no puede permanecer abstracta cuando tantas personas se ven obligadas a dejarlo todo para buscar paz, seguridad y futuro”, que “el drama de las migraciones interpela el fundamento ético del orden internacional” y que “es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran”. Una defensa sin ambages de nuestra obligación colectiva, como sociedad, como continente, como Humanidad, de acoger y garantizar vidas dignas. Una enmienda a la totalidad a las políticas racistas y violentas de la UE (incluida España), recientemente empeoradas.
La tercera parte ha sido una cuidadosa defensa de los privilegios de las religiones en un Estado aconfesional, con especial relevancia a la católica, claro está. Ha defendido el lugar de la fe en un mundo moderno y el derecho a no ser excluido por ella. Afirmación que también las personas ateas defendemos. Pero nuestra defensa de la libertad religiosa es laica: no tenemos problemas en que se utilicen las calles o los polideportivos para rezar (y nos da igual qué credo sea). Tampoco criticamos las vestimentas religiosas libremente elegidas. Siempre que se reconozca nuestro derecho a no profesar fe alguna, y a criticar y prohibir los desmanes, pues la dignidad humana es innegociable.
En el mundo, no son los creyentes quienes son minoría, lo somos las no creyentes. Por eso el Papa ha jugado con las palabras. No ha agradecido la enorme financiación pública de su credo (beneficiado frente a otros) gracias al concordato. Al tiempo, se ha inventado un nuevo derecho: el de los padres a elegir el tipo de educación para sus descendientes (forma indirecta de reclamar más fondos para colegios católicos). En realidad, el Estado tiene la obligación jurídica de garantizar a todas las menores el derecho (el de los niños, no las familias) a la educación de calidad, no una educación acorde con cada creencia y pagada con fondos públicos. Decía el Papa que “la fe no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones, sin embargo, tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública”. Sin embargo, lo dice ante las CCGG, no silenciado, y presidiendo una institución que ha sido inmune, por sus privilegios, a los procesos penales en los casos de pederastia. Ni un solo cardenal u obispo procesado por encubrimiento. Estaba en el edificio sede de la soberanía popular, ése era el lugar de pedir disculpas y prometer colaboración para castigar a los responsables. No lo ha hecho.
En definitiva, en nuestro anómalo sistema aconfesional, un líder religioso ha pronunciado una alocución entre lo político y lo religioso, lo ético y lo interesado, lo local y lo internacional, en unas Cortes Generales casi llenas (con la digna ausencia de Podemos y el BNG), con un cardenal sentado en la papMesa del Congreso como reminiscencia de otras épocas y consolidando un grave precedente: que nuestras representantes democráticamente elegidas tengan que aguantar las educadas reprimendas de un hombre, culto, sereno, machista y defensor de la inmigración y de la paz entre Estados. Un señor que no debía estar en las CCGG, y así las ateas no tendríamos que opinar sobre lo que allí ha dicho.
Ander Gutiérrez-Solana es profesor de Derecho Internacional Público (UPV/EHU).
