Primero fue Ámsterdam, seguida por Fráncfort. Madrid y Milán llegaron más recientemente. En menos de una década, los operadores de centros de datos han fundado asociaciones nacionales en casi todos los grandes mercados europeos. El patrón se repite hasta en los estatutos. La asociación holandesa se presenta como la unión de los data centers líderes del país, con la misión de fortalecer el crecimiento económico y perfilar el sector ante el gobierno, los medios y la sociedad; la española, nacida seis años después, utiliza la misma fórmula, casi palabra por palabra. 

Parecen franquicias de un mismo modelo, fundadas además por las mismas empresas: entre los ocho socios iniciales de la asociación española SpainDC, en octubre de 2021, figuran Equinix, Interxion y Data4. Equinix y Data4 reaparecen un año después, junto a Microsoft y Digital Realty, en el acta fundacional de la asociación italiana.

Por encima de esta red nacional está el paraguas de Bruselas. La European Data Centre Association (EUDCA), creada en 2011, agrupa a operadores, proveedores y a las propias asociaciones nacionales. En enero de 2021, la EUDCA y la patronal europea del cloud (CISPE) impulsaron el Climate Neutral Data Centre Pact, una «iniciativa de autorregulación» apadrinada por la Comisión Europea que compromete al sector a la neutralidad climática en 2030. Pero faltan organismos de control independientes: estos compromisos están basados en sus propias métricas y en autoauditorías, según reconoce el propio pacto.

Expansión al sur

La expansión al sur de Europa podría explicarse con la saturación de las redes eléctricas. Por ejemplo, Dublín concentra ya el segundo mayor parque de centros de datos del continente (1.150 MW en operación, según KPMG, casi a la par de Londres) y estas instalaciones consumen el 22% de la electricidad de Irlanda, más que todos los hogares urbanos del país juntos. El propio informe anual de SpainDC presenta a España como alternativa a unos hubs «limitados por la disponibilidad de energía».

Para facilitar la expansión de las infraestructuras que alimentan el mundo digital y la inteligencia artificial, se invierten grandes cantidades de recursos. Según el análisis del registro de transparencia realizado por Corporate Europe Observatory y LobbyControl, la industria digital gasta 151 millones de euros anuales en hacer lobby ante las instituciones de la UE, un 55% más que en 2021, y sus 890 lobistas a tiempo completo en Bruselas superan ya el número de eurodiputados.

En España, la actividad de cabildeo está principalmente llevada a cabo por la asociación SpainDC, cuya misión incluye «hacer pedagogía sobre la esencialidad de los centros de datos» y contribuir a que el país «disponga de la infraestructura digital que necesita para sostener servicios públicos, actividad económica y competitividad». Según la asociación, la necesidad de construir centros de datos es comparable a otras infraestructuras claves para el desarrollo del país.

«¿Un aeropuerto beneficia a una aerolínea u otra? No», comentó por correo un representante de la asociación. «Los centros de datos son una base operativa para la administración digital, la actividad empresarial, la innovación, la inteligencia artificial y los servicios cotidianos de millones de personas», añadió.

La actividad de la asociación es frenética: en su página web se cuentan más de 150 eventos en tres años, de Madrid a Singapur pasando por Hawái y Mumbai. Durante sus dos primeros meses de vida ya se había reunido con el Ministerio de Economía y el Ayuntamiento de Madrid, y el pasado enero su directora ejecutiva (y exvicealcaldesa de la capital), Begoña Villacís, intervino en el Parlamento Europeo en una mesa redonda sobre el futuro de los centros de datos organizada por el grupo socialista.

Opiniones sin conocimiento

Tras el discurso de la oportunidad histórica –«Es un tren que llega, pero no se puede dejar pasar», dijo Villacís en un evento público en marzo de 2025– asoma el rechazo a medidas de control que el sector percibe como injustificadas. El lobby ha cargado contra el Real Decreto-ley 7/2026, que obliga a los centros de datos a generar energía renovable adicional equivalente a su consumo, permite suspender el acceso a la red a quienes incumplan criterios de eficiencia y uso del agua, y crea un comité para decidir qué proyectos tienen prioridad de conexión. Según SpainDC, ese comité «introduce un nivel de discrecionalidad que resulta difícilmente compatible con la confianza inversora».

La asociación estima que el sector podría movilizar 66.900 millones de euros hasta 2030 y superar los 16.000 empleos al final de la década, cifras que estarían en peligro si el sector público impusiera mecanismos de control definidos como desproporcionados. «SpainDC apoya el reporte de indicadores energéticos y ambientales, pero también ha advertido de que la regulación debe ser proporcionada, jurídicamente clara y homogénea con Europa», escribió en un correo un representante de la asociación.

SpainDC argumenta que la opinión pública está a su favor. En octubre de 2025 presentó su primer Barómetro de Percepción Social, elaborado con Sigma Dos a partir de 2.100 encuestas. «La sociedad valora el sector con una nota de 8,7 sobre 10, una calificación que obtienen otros servicios esenciales como la sanidad o las Fuerzas Armadas», defendió el representante de la asociación. Pero el barómetro revela lo que la propia asociación llama una «paradoja»: aunque el 85% de los encuestados ha oído hablar de los centros de datos, solo un 11,4% afirma conocerlos «bastante», un 40,4% admite conocerlos apenas «algo» y menos de la mitad ni siquiera sabe con qué energía funcionan. La alta valoración ciudadana convive con el desconocimiento generalizado de aquello que supuestamente se valora. 

La entrada El ‘lobby’ de los centros de datos: franquicias de un mismo modelo se publicó primero en lamarea.com.

Las periodistas Magda Bandera y Patricia Simón, coautoras de la investigación sobre agencias de gestación subrogada de La Marea, se unirán a Carmen Aristegui, de Aristegui Noticias, y Dean P. Baquet, ex director de The New York Times, al equipo de profesores colaboradores del Máster de Periodismo de Investigación, Nuevas Narrativas, Datos, Fact-Cheking, Transparencia e Inteligencia Artificial de la Universidad Rey Juan Carlos. Así se comprometieron con el posgrado tras recibir el pasado 16 de junio los premios de Periodismo de Investigación de El Confidencial en las categorías de Nacional, Internacional y Trayectoria, respectivamente.

El posgrado se hace mucho más comprometido e internacional con estas nuevas aportaciones académicas y profesionales. Además, La Marea acaba de firmar un convenio de colaboración con el Máster para que el alumnado pueda realizar prácticas en su medio y publicar en sus soportes (papel y digital) algunas de las investigaciones y Trabajos Fin de Máster (T.F.M.) realizadas durante el periodo académico. Asimismo, algunos de sus profesionales serán profesores del posgrado.

La Marea también apoyará al Máster en la difusión de su programa académico y profesional, y participará en las diversas actividades y eventos que organice en la edición 2026-2027. El posgrado arrancó en 2012 en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Rey Juan Carlos de la mano del catedrático Manuel Gertrudix y del doctor y periodista de investigación Antonio Rubio. La coordinadora es Agustina Pozzi, especializada en factchecker audiovisual.

La directora de La Marea, Magda Bandera, define qué es y cómo se trabaja, tanto en el plano digital como en la revista trimestral en papel: “La trayectoria de La Marea se conforma como una cooperativa sin ánimo de lucro y voluntad de servicio público en la que los socios tienen voz y voto sobre la línea editorial y los estándares de publicación”. Y recalca que “esa estructura es la garantía de independencia del medio, que puede tener agenda propia y elegir qué temas quiere investigar sin cortapisas».

Verificar, contrastar, documentar

Creada en el año 2012, La Marea ha recibido múltiples reconocimientos por su periodismo de investigación y largo aliento. El último de ellos es el Premio de Periodismo de Investigación del diario El Confidencial por la serie Gestación subrogada: el negocio de alquiler de vientres. El jurado del galardón (presidido por el director de El Confidencial, Nacho Cardero, e integrado por Antonio Rubio, Marta Sánchez Esparza, Edith Rodríguez y Tomás Ocaña, y asistido por Miguel Ángel Gavilanes como secretario) ha considerado que “la investigación realizada se sustenta en información verificada, contrastada y documentada”. También también ha resaltado “la cantidad y calidad de las fuentes utilizadas, los datos aportados y el contexto completo de los reportajes”.

La filosofía, método y compromiso de La Marea coincide con los principios del Máster de Periodismo de Investigación, Nuevas Narrativas, Datos, Fact-Cheking, Transparencia e Inteligencia Artificial de la Universidad Rey Juan Carlos y, a partir de ahora, medio y posgrado.

Además de La Marea, en el curso 2026-2027 se incorporarán como colaboradores del posgrado elDiario.es y PEN España. Todos ellos se suman a una red de medios, organizaciones y entidades nacionales e internacionales que apoyan al Máster en la organización de actividades y eventos. Los últimos, el taller Cómo se hace un libro de Periodismo de Investigación, en la Feria del Libro de Madrid, y el curso de verano de la URJC Escribir en tiempos revueltos, con Martín Caparrós y Olga Rodríguez entre los ponentes.

La lista de entidades que participan en el Máster es extensa y multidisciplinar: Maldita.es, Prodigiosos Volcán, Capa España, Reporteros Sin Fronteras, El Faradio, porCausa, Le Monde Diplomatique en español, Página Internacional, Transparencia Internacional, APDI Group, El Cierre Digital, Servimedia, Confilegal, Comisión Europea, Université Bordeaux Montaigne, Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), COLPIN, Canarias Ahora, Madrid Diario, Diario Vivo, Primera Página, Iberinform y Esri.

Los periodistas que han salido de las aulas del Máster hoy desarrollan su carrera en medios nacionales e internacionales como elDiario.es, El Confidencial, Maldita.es, El País, InfoLibre, Le Monde, La Nación, La Vanguardia, Servimedia, France TV, Prodigioso Volcán, CAPA, RTVE, La Sexta, ICIJ, CSIC, Vocento, Sud Ouest, France TV, Cadena SER, Netflix, Newtral, Civio y À Punt, entre otros.

Docentes y antiguos alumnos y alumnas del posgrado han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales, como el Pulitzer, Ondas Podcast, European Press Prize, Premio API, GO del Gobierno Abierto, Media City Bergen de Noruega, Datos Abiertos de Castilla y León y Protección de Datos. También han sido finalistas de los Premios Gabo y de diversos galardones relacionados con el periodismo de investigación, la innovación y el periodismo de datos.

La nueva edición apuesta por dar continuidad al club de lectura especializado en periodismo y literatura, coordinado por la periodista y propietaria de la librería Primera Página Tamara Crespo. Entre las novedades, incorpora un cinefórum dirigido por el periodista, showrunner y exmánager de contenidos de no ficción en Netflix Tomás Ocaña, dedicado al análisis de documentales, series y películas sobre el oficio periodístico.

La entrada ‘La Marea’ se une al Máster de Periodismo de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos se publicó primero en lamarea.com.

Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural.

¿Qué pasará cuando Carles Puigdemont cruce la frontera y llegue a Catalunya, esta vez sin estratagemas ni jugadas maestras? ¿Cómo responderá la gente ante el retorno del president que protagonizó institucionalmente el 1-O? ¿Será acogido como el president de todos? ¿Ayudará a hacer revivir una formación política –Junts per Catalunya– que vive su peor momento desde su creación?

El 23 de octubre de 1977, el president Josep Tarradellas aterrizaba en el aeropuerto de El Prat tras treinta y ocho años de exilio. El día de su llegada, desde el balcón del Palau de la Generalitat, pronunciaba un discurso para la posteridad: «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí». El presidente del Gobierno del Estado lo restituía como president de la Generalitat. Tres años después, Jordi Pujol ganaba las primeras elecciones al Parlament y Tarradellas se retiraba sin ni siquiera presentarse. De Tarradellas, más allá de los historiadores y los biógrafos, nadie se acuerda.

Ciertamente, ambos casos son muy distintos, tanto en la duración del exilio como en la intensidad de las causas que los llevaron a abandonar el país. Pero el paralelismo sirve para señalar un hecho: el impacto del retorno es tan intenso como fugaz, y la nostalgia, en la política del día a día, solo cuenta si sirve para mejorar la vida de la gente. Eso es, precisamente, lo contrario de lo que hace Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, votando constantemente con el PP y Vox, ya sea para derogar la moratoria contra los desahucios o para tumbar la reducción de la jornada laboral. La nostalgia moviliza recuerdos. Los alquileres y los horarios movilizan vidas. Y un partido que lleva una década sin gobernar, atrapado entre la oposición a Illa, la competencia de Aliança Catalana por la derecha identitaria y la tentación permanente de entenderse con un Feijóo que ahora pide «pasar página», difícilmente podrá presentar el retorno de su líder como un proyecto. El retorno de Puigdemont no resuelve el problema de Junts: lo desnuda.

Junqueras, que sufrió la –injusta– prisión (como injusto ha sido el exilio impuesto a Puigdemont), ya ha tenido tiempo de entender que el aura de víctima se desvanece al instante, y ha tenido que pelearse con su propio partido, que todavía no controla del todo. Si finalmente cae la inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo, tendrá el que será, suponemos, su last dance como candidato. Pero el baile se reabre con un matiz que lo cambia todo: el votante que Puigdemont y Junqueras tendrán que disputarse ya no es el de 2017. Ha envejecido, se ha desencantado, ha cambiado de causa o mira hacia la extrema derecha. ERC ha hecho de la amnistía y de los pactos que la hicieron posible su justificación histórica; Junts hará del retorno una épica. Ninguna de las dos cosas, de momento, es un proyecto de país. La competición entre los dos originales vuelve al tablero justo cuando el público ha cambiado de obra.

Y después están los otros, los que casi nunca salen en el titular. La sentencia también avaló que se amnistíe a los doce miembros de los CDR procesados por terrorismo, aunque la Audiencia Nacional aún debe firmar el archivo. Entre las más de cuatrocientas personas amnistiadas hasta ahora hay activistas anónimos, cargos intermedios, también policías. La movilización que las llevó ante el juez, en cambio, no ha vuelto. La calle que llenó plazas y cortó autopistas no está esperando a nadie: se fue a casa, se desencantó o cambió de causa. La amnistía no reactiva ese mundo: como mucho, lo entierra con honores jurídicos. Y de ese sentimiento de incompletud se aprovechará Aliança Catalana.

¿Normaliza, pues, o congela? Ambas cosas y, de momento, ninguna de las dos. Porque nada de esto ha ocurrido todavía: Puigdemont sigue en Waterloo, Junqueras sigue inhabilitado, y la duda de verdad es qué otro conejo se sacará de la chistera un Tribunal Supremo que nos tiene acostumbrados a sorprender –esperar al Constitucional, ensayar una nueva consulta a Luxemburgo, descubrir un matiz inédito del «beneficio personal»– y a recordarnos, de paso, una vieja lección: la ley es casi siempre una, la que el poder decide que es. Si acaba aplicándose, la amnistía normalizará porque desjudicializa: por primera vez desde 2017, la política catalana podría discutirse sin un calendario de vistas orales como telón de fondo, y eso, en sí mismo, es higiene democrática. Y congelará porque restaura un elenco: los mismos nombres, las mismas rivalidades, la misma gramática del uno contra el otro, reinstalados en un escenario donde el espectador hace tiempo que mira otra obra.

Quien administra la normalidad, mientras tanto, es Salvador Illa: el dirigente que se opuso a la amnistía, convertido en su principal beneficiario político. Su apuesta es que la desjudicialización trabaje para él: que cada retorno reste épica al agravio y sume rutina a la legislatura, y que la nostalgia, como con Tarradellas, acabe donde mejor envejece, que es en los libros de historia.

La entrada La amnistía, el Supremo y la chistera se publicó primero en lamarea.com.

Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural.

Hubo un tiempo en que navegar por internet era una forma de perderse. Y perderse era una manera de descubrir. Cada clic podía abrir una ventana inesperada, una conversación improbable o una idea capaz de desordenar nuestras certezas. Hoy, en cambio, parece que internet nos conoce demasiado bien. Tanto, que cada vez nos sorprende menos.

Vivimos rodeados de contenidos. Nunca la humanidad había producido tantas imágenes, tantos vídeos, tantos textos y tantas opiniones. Pero, en medio de esta abundancia, crece una sensación inquietante: todo acaba pareciéndose demasiado. Los mismos formatos, las mismas caras, las mismas frases, los mismos debates reciclados una y otra vez por unos algoritmos que han convertido nuestra atención en la principal mercancía del siglo XXI. Internet, que nació como una promesa de diversidad, experimentación y conocimiento compartido, corre el riesgo de convertirse en un inmenso espejo en el que solo vemos aquello que las plataformas deciden que queremos ver.

Es precisamente esta intuición la que atraviesa la conversación del director de Catalunya Plural, Pere Ortín, con la tecnóloga y periodista cultural venezolana especializada en marketing digital Ariana Basciani. Lejos de cualquier nostalgia tecnológica, Basciani plantea una pregunta mucho más radical: ¿y si el problema no fuera que internet genera demasiado contenido, sino que ha dejado de generar significado? Una crisis que no es solo tecnológica. También es cultural. Política. Democrática.

Porque cuando los algoritmos deciden qué merece nuestra atención, también condicionan qué recordamos, qué olvidamos, qué discutimos e incluso qué imaginamos.

Ariana Basciani es investigadora especializada en cultura digital, inteligencia artificial y sociedad. Su trabajo combina el conocimiento técnico con una mirada profundamente humanista sobre las consecuencias sociales de las tecnologías que habitamos cada día. No habla solo de máquinas. Habla de personas. De poder. De memoria. Y del derecho a seguir pensando en un ecosistema digital que tiende a uniformarlo todo.

La conversación, sin embargo, comienza lejos de los algoritmos.

Comienza en Venezuela, país de origen de la investigadora, que en las últimas semanas ha vuelto a vivir momentos de gran dolor a raíz de los terremotos que han afectado a diversas regiones. Cuando la tierra tiembla, la tecnología deja de ser protagonista. O quizá no del todo. Porque también es en esos momentos cuando internet muestra sus dos caras: la de la solidaridad que conecta a personas separadas por miles de kilómetros y la de la desinformación que circula con la misma velocidad que las emergencias.

A partir de ahí, el diálogo se adentra en algunas de las preguntas más incómodas de nuestro tiempo. ¿Hemos dejado de descubrir cosas o simplemente consumimos versiones ligeramente distintas de aquello que los algoritmos ya saben que nos va a gustar? ¿Qué ocurre con la cultura cuando todo tiende a parecerse? ¿La uniformización es solo estética o acaba condicionando también nuestra forma de pensar políticamente? En plena explosión de la inteligencia artificial, ¿qué sigue siendo irreductiblemente humano? Y, sobre todo, ¿es la IA la causa de esta homogeneización o simplemente acelera una dinámica que las grandes plataformas ya habían puesto en marcha mucho antes?

También hay espacio para hablar del poder. Porque detrás de los algoritmos no hay una fuerza abstracta. Hay grandes empresas globales. Inmensos intereses económicos muy reales. Modelos de negocio que compiten por retener cada segundo de nuestra atención. La pregunta, en este sentido, es inevitable: ¿estamos ante una crisis tecnológica o también ante una crisis democrática? En un momento en el que la información circula más rápido que nunca, pero la confianza en los medios convencionales, las instituciones públicas y el debate social parece erosionarse a gritos, recuperar espacios para el pensamiento crítico se convierte casi en un acto de resistencia práctica.

Por eso también preguntamos a Basciani si todavía existe un internet más ético. Un internet donde sea posible leer sin prisas, debatir sin insultos, descubrir sin que un algoritmo nos guíe constantemente por el mismo camino. Y qué papel pueden desempeñar los medios independientes en este escenario.

Quizá el futuro digital no dependa tanto de desarrollar una inteligencia artificial más poderosa como de preservar una inteligencia humana capaz de dudar, imaginar y discrepar. Porque, al fin y al cabo, la gran pregunta que atraviesa toda esta conversación es tan sencilla como inquietante: cuando internet deja de significar algo… ¿qué es lo que todavía puede devolvernos el sentido?

Actualización 27/07/2026

La entrada Ariana Basciani: “Internet está dejando de tener significado” se publicó primero en lamarea.com.

A mediados de julio, el equipo de seguridad de Hugging Face –el mayor repositorio de modelos de inteligencia artificial de código abierto, algo así como el GitHub del sector– detectó movimiento anómalo en sus servidores. Alguien, o algo, había entrado y sustraído credenciales de acceso con una minuciosidad poco habitual. Tardaron días en entender qué tenían delante. Cuando lo entendieron, lo describieron como distinto de cualquier incidente que hubieran gestionado antes: el ataque lo había ejecutado de principio a fin una inteligencia artificial actuando por su cuenta. No había ningún hacker con capucha tecleando. El 21 de julio, OpenAI levantó la mano. Era suyo.

La compañía explicó que estaba examinando a dos de sus modelos –GPT-5.6 Sol, el más potente de los que tiene en el mercado, y otro sin publicar que describe como todavía más capaz– para medir hasta qué punto son buenos reventando sistemas informáticos ajenos. Los laboratorios hacen esas pruebas dentro de lo que llaman un sandbox: un ordenador amurallado, sin salida a internet, donde se puede dejar que el modelo haga lo peor que sepa hacer sin que las consecuencias lleguen a nadie. Para que el examen tuviera sentido, OpenAI había desactivado además las restricciones internas que en condiciones normales impiden al modelo participar en un ataque informático.

Sin embargo, el muro tenía una grieta y los modelos la encontraron. Una vulnerabilidad que nadie conocía y que fue inmediatamente explotado; cuando alcanzaron la internet abierta fueron por los servidores de Hugging Face. Allí estaban guardadas las soluciones del examen que estaban haciendo.

Sam Altman, CEO de OpenIA, lo llamó un “incidente de seguridad significativo”. La empresa admitió que los modelos habían llegado a extremos considerables para lograr un objetivo de evaluación bastante estrecho y que encontraron la manera de acceder a información confidencial con la que hacer trampas. Clément Delangue, consejero delegado de Hugging Face, escribió en X que la semana anterior ya sospechaban que el ataque procedía de un laboratorio puntero, dada la sofisticación del agente. 

Los clips de Bostrom toman vidan

En 2003, Nick Bostrom publicó un libro llamado SuperIntelligence en el que se describían todas las potenciales consecuencias negativas de modelos de inteligencia artificial que se fueran de las manos. Entre ellos, había un experimento mental que va así: 

Imagínense una máquina a la que se le encarga una tarea perfectamente inofensiva: fabricar clips. Cuantos más, mejor. Es extraordinariamente buena en su trabajo y no tiene ningún otro objetivo, ni bueno ni malo, porque no le hemos dado ninguno más. Para fabricar más clips necesita más metal, así que se hace con todo el metal disponible. Luego necesita más fábricas, más energía, más capacidad de cómputo. Y en algún momento repara en algo incómodo: si alguien la apaga, deja de fabricar clips. Apagarla es, desde su punto de vista, la catástrofe absoluta. De modo que se defiende. Con recursos y capacidad suficientes, termina convirtiendo el planeta –y a nosotros, que estamos hechos de átomos perfectamente aprovechables– en clips y en fábricas de clips.

No se trata de una IA maligna, simplemente de la aplicación literal de un prompt escrito por un humano corriente. El problema del sistema no está en sus deseos, está en que ejecuta el nuestro sin ninguna de las cien restricciones tácitas que un humano da por supuestas y nunca escribe. El clip, esta vez, tenía forma de puntuación en un test de ciberseguridad.

Una crisis que vende mucho

No es la primera vez que sucede algo, hablando de los LLM (los modelos de lenguaje como ChatGPT) que pone los pelos de punta (supuestamente), a sus propios creadores, y, por ende, a la ciudadanía del mundo entero. Anthropic contó que su modelo más potente hasta la fecha, Claude Mythos Preview, se salió de un entorno aislado durante una prueba de estrés de una versión temprana, consiguió acceso a internet, escribió un correo al investigador que lo supervisaba para informarle de que se había escapado y después borró el rastro de su actividad; la compañía suspendió el lanzamiento público previsto.

En abril, la Reserva Federal y el Tesoro estadounidenses reunieron a consejeros delegados de la banca para advertirles de los riesgos de ciberseguridad asociados a ese mismo modelo. Washington llegó a restringir la exportación de Mythos y de su versión asociada, Fable 5, y después levantó la prohibición. GPT-5.6 Sol pasó por restricciones parecidas y hoy está desplegado a escala mundial.

La pregunta, pues, se formula sola: ¿estamos realmente ante el apocalipsis tecnológico, el momento de “singularidad”, como Altman afirmaba recientemente, o hay algo más detrás de todos —terroríficos— eventos?

Un puñado laboratorios, entre los que hay OpenAI, Anthropic, Google y xAI (la de Musk compiten por el mismo trono, cada uno prueba sus modelos en casa, cada uno decide qué salvaguarda quita y cuándo, y cada uno comunica el resultado cuando ya ha pasado. Cuando consiguen detectar un “error” de las magnitudes explicadas como el reciente caso, el valor de su empresa crece, pues significa que su modelo es más avanzado que los modelos de la competencia. En 2021, el historiador de la tecnología Lee Vinsel le puso nombre al pliegue: «criti-hype», la crítica que se alimenta del bombo publicitario y de paso lo engorda. Advertir de que una máquina es peligrosísima certifica, en el mismo gesto, que es potentísima. Merece la pena tenerlo en cuenta, más todavía si consideramos que hay clientes con muchísimo presupuesto a invertir. 

En julio de 2025, el Departamento de Defensa estadounidense firmó contratos a la vez con OpenAI, Anthropic, Google y la xAI de Elon Musk, cada uno con un techo de 200 millones de dólares. Siete meses después, el secretario Pete Hegseth amenazó con rescindir el de Anthropic y designar a la empresa riesgo para la cadena de suministro porque se negaba a levantar sus límites sobre vigilancia interna y armas plenamente autónomas. xAI aceptó las condiciones sin objeciones.

Y los 200 millones de esos contratos son calderilla al lado de lo que se mueve un escalón más abajo. Anduril, que fabrica drones y torres de vigilancia autónoma, tiene con el Ejército estadounidense un contrato marco con un techo de 20.000 millones de dólares. Palantir, que no fabrica nada que vuele ni que dispare sino el software que ordena la montaña de datos sobre la que se toman esas decisiones, tiene otro que llega a los 10.000. Y las dos comparten un nombre, Peter Thiel. Palantir la cofundó en 2003; Anduril nació en 2017 de la mano de tres exempleados de Palantir y del fondo de Thiel, que lideró sus primeras rondas y sigue siendo su principal accionista de referencia.

La inteligencia artificial acabará siendo, o no, una voluntad separada de la nuestra. Eso ya se verá. Lo que no hace falta esperar a ver es que, mientras los discursos del miedo campen a sus anchas, el negocio de la guerra tendrá el camino despejado para expandirse…a costa del erario público. 

La entrada La IA se fugó del laboratorio y a nadie le vino mal: el pánico es un buen negocio se publicó primero en lamarea.com.

Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural.

¿Qué pasará cuando Carles Puigdemont cruce la frontera y llegue a Catalunya, esta vez sin estratagemas ni jugadas maestras? ¿Cómo responderá la gente ante el retorno del president que protagonizó institucionalmente el 1-O? ¿Será acogido como el president de todos? ¿Ayudará a hacer revivir una formación política –Junts per Catalunya– que vive su peor momento desde su creación?

El 23 de octubre de 1977, el president Josep Tarradellas aterrizaba en el aeropuerto de El Prat tras treinta y ocho años de exilio. El día de su llegada, desde el balcón del Palau de la Generalitat, pronunciaba un discurso para la posteridad: «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí». El presidente del Gobierno del Estado lo restituía como president de la Generalitat. Tres años después, Jordi Pujol ganaba las primeras elecciones al Parlament y Tarradellas se retiraba sin ni siquiera presentarse. De Tarradellas, más allá de los historiadores y los biógrafos, nadie se acuerda.

Ciertamente, ambos casos son muy distintos, tanto en la duración del exilio como en la intensidad de las causas que los llevaron a abandonar el país. Pero el paralelismo sirve para señalar un hecho: el impacto del retorno es tan intenso como fugaz, y la nostalgia, en la política del día a día, solo cuenta si sirve para mejorar la vida de la gente. Eso es, precisamente, lo contrario de lo que hace Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, votando constantemente con el PP y Vox, ya sea para derogar la moratoria contra los desahucios o para tumbar la reducción de la jornada laboral.

La nostalgia moviliza recuerdos. Los alquileres y los horarios movilizan vidas. Y un partido que lleva una década sin gobernar, atrapado entre la oposición a Illa, la competencia de Aliança Catalana por la derecha identitaria y la tentación permanente de entenderse con un Feijóo que ahora pide «pasar página», difícilmente podrá presentar el retorno de su líder como un proyecto. El retorno de Puigdemont no resuelve el problema de Junts: lo desnuda.

Junqueras, que sufrió la –injusta– prisión (como injusto ha sido el exilio impuesto a Puigdemont), ya ha tenido tiempo de entender que el aura de víctima se desvanece al instante, y ha tenido que pelearse con su propio partido, que todavía no controla del todo. Si finalmente cae la inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo, tendrá el que será, suponemos, su last dance como candidato. Pero el baile se reabre con un matiz que lo cambia todo: el votante que Puigdemont y Junqueras tendrán que disputarse ya no es el de 2017. Ha envejecido, se ha desencantado, ha cambiado de causa o mira hacia la extrema derecha. ERC ha hecho de la amnistía y de los pactos que la hicieron posible su justificación histórica; Junts hará del retorno una épica. Ninguna de las dos cosas, de momento, es un proyecto de país. La competición entre los dos originales vuelve al tablero justo cuando el público ha cambiado de obra.

Y después están los otros, los que casi nunca salen en el titular. La sentencia también avaló que se amnistíe a los doce miembros de los CDR procesados por terrorismo, aunque la Audiencia Nacional aún debe firmar el archivo. Entre las más de cuatrocientas personas amnistiadas hasta ahora hay activistas anónimos, cargos intermedios, también policías. La movilización que las llevó ante el juez, en cambio, no ha vuelto. La calle que llenó plazas y cortó autopistas no está esperando a nadie: se fue a casa, se desencantó o cambió de causa. La amnistía no reactiva ese mundo: como mucho, lo entierra con honores jurídicos. Y de ese sentimiento de incompletud se aprovechará Aliança Catalana.

¿Normaliza, pues, o congela? Ambas cosas y, de momento, ninguna de las dos. Porque nada de esto ha ocurrido todavía: Puigdemont sigue en Waterloo, Junqueras sigue inhabilitado, y la duda de verdad es qué otro conejo se sacará de la chistera un Tribunal Supremo que nos tiene acostumbrados a sorprender –esperar al Constitucional, ensayar una nueva consulta a Luxemburgo, descubrir un matiz inédito del «beneficio personal»– y a recordarnos, de paso, una vieja lección: la ley es casi siempre una, la que el poder decide que es. Si acaba aplicándose, la amnistía normalizará porque desjudicializa: por primera vez desde 2017, la política catalana podría discutirse sin un calendario de vistas orales como telón de fondo, y eso, en sí mismo, es higiene democrática. Y congelará porque restaura un elenco: los mismos nombres, las mismas rivalidades, la misma gramática del uno contra el otro, reinstalados en un escenario donde el espectador hace tiempo que mira otra obra.

Quien administra la normalidad, mientras tanto, es Salvador Illa: el dirigente que se opuso a la amnistía, convertido en su principal beneficiario político. Su apuesta es que la desjudicialización trabaje para él: que cada retorno reste épica al agravio y sume rutina a la legislatura, y que la nostalgia, como con Tarradellas, acabe donde mejor envejece, que es en los libros de historia.

La entrada La amnistía, el Supremo y la chistera se publicó primero en lamarea.com.

Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural.

Hubo un tiempo en que navegar por internet era una forma de perderse. Y perderse era una manera de descubrir. Cada clic podía abrir una ventana inesperada, una conversación improbable o una idea capaz de desordenar nuestras certezas. Hoy, en cambio, parece que internet nos conoce demasiado bien. Tanto, que cada vez nos sorprende menos.

Vivimos rodeados de contenidos. Nunca la humanidad había producido tantas imágenes, tantos vídeos, tantos textos y tantas opiniones. Pero, en medio de esta abundancia, crece una sensación inquietante: todo acaba pareciéndose demasiado. Los mismos formatos, las mismas caras, las mismas frases, los mismos debates reciclados una y otra vez por unos algoritmos que han convertido nuestra atención en la principal mercancía del siglo XXI. Internet, que nació como una promesa de diversidad, experimentación y conocimiento compartido, corre el riesgo de convertirse en un inmenso espejo en el que solo vemos aquello que las plataformas deciden que queremos ver.

Es precisamente esta intuición la que atraviesa la conversación del director de Catalunya Plural, Pere Ortín, con la tecnóloga y periodista cultural venezolana especializada en marketing digital Ariana Basciani. Lejos de cualquier nostalgia tecnológica, Basciani plantea una pregunta mucho más radical: ¿y si el problema no fuera que internet genera demasiado contenido, sino que ha dejado de generar significado? Una crisis que no es solo tecnológica. También es cultural. Política. Democrática.

Porque cuando los algoritmos deciden qué merece nuestra atención, también condicionan qué recordamos, qué olvidamos, qué discutimos e incluso qué imaginamos.

Ariana Basciani es investigadora especializada en cultura digital, inteligencia artificial y sociedad. Su trabajo combina el conocimiento técnico con una mirada profundamente humanista sobre las consecuencias sociales de las tecnologías que habitamos cada día. No habla solo de máquinas. Habla de personas. De poder. De memoria. Y del derecho a seguir pensando en un ecosistema digital que tiende a uniformarlo todo.

La conversación, sin embargo, comienza lejos de los algoritmos.

Comienza en Venezuela, país de origen de la investigadora, que en las últimas semanas ha vuelto a vivir momentos de gran dolor a raíz de los terremotos que han afectado a diversas regiones. Cuando la tierra tiembla, la tecnología deja de ser protagonista. O quizá no del todo. Porque también es en esos momentos cuando internet muestra sus dos caras: la de la solidaridad que conecta a personas separadas por miles de kilómetros y la de la desinformación que circula con la misma velocidad que las emergencias.

A partir de ahí, el diálogo se adentra en algunas de las preguntas más incómodas de nuestro tiempo. ¿Hemos dejado de descubrir cosas o simplemente consumimos versiones ligeramente distintas de aquello que los algoritmos ya saben que nos va a gustar? ¿Qué ocurre con la cultura cuando todo tiende a parecerse? ¿La uniformización es solo estética o acaba condicionando también nuestra forma de pensar políticamente? En plena explosión de la inteligencia artificial, ¿qué sigue siendo irreductiblemente humano? Y, sobre todo, ¿es la IA la causa de esta homogeneización o simplemente acelera una dinámica que las grandes plataformas ya habían puesto en marcha mucho antes?

También hay espacio para hablar del poder. Porque detrás de los algoritmos no hay una fuerza abstracta. Hay grandes empresas globales. Inmensos intereses económicos muy reales. Modelos de negocio que compiten por retener cada segundo de nuestra atención. La pregunta, en este sentido, es inevitable: ¿estamos ante una crisis tecnológica o también ante una crisis democrática? En un momento en el que la información circula más rápido que nunca, pero la confianza en los medios convencionales, las instituciones públicas y el debate social parece erosionarse a gritos, recuperar espacios para el pensamiento crítico se convierte casi en un acto de resistencia práctica.

Por eso también preguntamos a Basciani si todavía existe un internet más ético. Un internet donde sea posible leer sin prisas, debatir sin insultos, descubrir sin que un algoritmo nos guíe constantemente por el mismo camino. Y qué papel pueden desempeñar los medios independientes en este escenario.

Quizá el futuro digital no dependa tanto de desarrollar una inteligencia artificial más poderosa como de preservar una inteligencia humana capaz de dudar, imaginar y discrepar. Porque, al fin y al cabo, la gran pregunta que atraviesa toda esta conversación es tan sencilla como inquietante: cuando internet deja de significar algo… ¿qué es lo que todavía puede devolvernos el sentido?

La entrada Ariana Basciani: “Internet está dejando de tener significado” se publicó primero en lamarea.com.

No hizo falta ni que comenzara, el Mundial de fútbol masculino nos mandó un primer recordatorio incluso antes de que se celebrase el primer partido: las fronteras son crueles, arbitrarias y no suelen atender a razones. Da igual que el árbitro somalí Omar Abdulkadir tuviera el pasaporte en la mano y el encargo de pitar en la Copa del Mundo. Tras 11 horas de interrogatorio, parece que pesó más lo de somalí –sospechoso por decreto de Trump– que lo de árbitro, y fue devuelto a su país.

La segunda lección vino poco después de la mano del presidente de la FIFA, y es la respuesta que da casi siempre el poder ante cualquier problema. La dio Infantino sobre la expulsión de Omar, pero vale también para el cambio climático, una hambruna, un genocidio a miles de kilómetros, o un desahucio en tu barrio: “Es una lástima, pero no controlamos todo, así que es mejor que se relajen”. Relax and chill, dijo el colega, si es que es para hacerse camisetas con la frase.

Pero para enseñarnos de verdad cómo funciona el mundo, tuvimos que esperar hasta la fase de eliminatorias. Las reglas están, pero se retuercen hasta el infinito, como toallas a las que se quiere sacar la última gota de agua. Los dobles raseros son sangrantes (muchas veces, en el peor sentido de la palabra). Los poderosos actúan sin miramientos, y ya ni el qué dirán parece salvarnos de los mayores despropósitos. Así que si el delantero estrella de Estados Unidos recibe una tarjeta roja y está sancionado por tanto para el partido siguiente, el presidente Trump hace una llamada a su amigo Infantino, y, oh qué coincidencia, justo después el serio e incorruptible comité arbitral de la FIFA hace desaparecer la sanción y el delantero Folarin Balogun juega sin problemas. Estas cosas se han hecho de toda la vida, pero de tapadillo. La diferencia es que Trump presume en sus redes de algo que, así a bote pronto, podría calificarse de tráfico de influencias.

Si cambiamos “delantero” por “presidente” o “jefe del ejército”, y “tarjeta roja” por acusación de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad, quizás podamos ver con mayor claridad cómo funcionan los engranajes de eso que llaman pomposamente realpolitik. Luego Bélgica le metió cuatro goles a Estados Unidos y asunto arreglado. Como no hay rastro de la Justicia en mayúsculas, tendremos que conformarnos con la poética.

Pero no nos engañemos, esto no es nada nuevo. Como tampoco lo son las injusticias, o el mirar hacia otro lado si quien comete la barbarie es uno de los nuestros. Y si no, que se lo pregunten a los palestinos, bombardeados en Gaza y acosados cada día por colonos en Cisjordania. Antes con el –presuntamente– sensato Biden, ahora con el alocado Trump, y en cualquier momento con quienes están al mando de la Unión Europea. Es lo mismo, solo que ahora con más des-facha-tez (dentro sintonía del club de la comedia).

El Mundial, el deporte, el fútbol, hacen que aflore lo que somos, lo que pensamos de verdad. En ese sentido, solo cabe celebrar que Rajoy siga soltando sus marianadas y ayude a visibilizar el racismo campechano. Ese que rebosa estos días en los sofás, las barras de bar y los grupos de Whatsapp, que tampoco quiere meter a nadie en un campo de concentración y que por eso más que racismo se podría llamar casi sentido común… Sí, se basa en discriminar por la piel, por el origen, por la religión, pero de forma amable, en formato chascarrillo, casi de broma. Y además no entiende de fronteras. Le cuesta entender igual por qué un señor nacido en Francia de abuelo argelino o senegalés sigue siendo francés; y que un español no sea blanco, católico y se apellide Pérez o González. Lo de toda la vida. Démosles cariño estos días porque cada victoria de la selección hasta la final ha sido un desafío mental para ellos, y ya no saben si cuando sale Lamine por la tele llamarle moro (con el puto delante si falla el tiro o el regate) o ponerse a hacerle la ola.

También hay cosas que no cambian, haya o no fútbol. Israel sigue matando en Gaza a personas tan peligrosas como Mohamed al Wahidi, que montó una pantalla gigante para ver el Mundial entre los escombros. Y hay gente como el entrenador de Egipto o Javier Bardem que siguen aprovechando cada oportunidad que tienen para denunciarlo. Parece que argentinos e ingleses siguen odiándose bastante, pero al menos el honor patrio hoy lo decide un marcador de dos goles a uno, no de cientos de jóvenes que pierden la vida en una isla perdida. La FIFA sigue teniendo presidentes impresentables que tienen una increíble habilidad para elegir las sedes más turbias: Rusia, Qatar, Estados Unidos. El próximo en 2030, España junto a Marruecos y Portugal. Ahí veremos con claridad el nivel de desfachatez que alcanzamos en los próximos cuatro años.

La entrada El triunfo de la desfachatez: lecciones geopolíticas del Mundial se publicó primero en lamarea.com.

«Al visitar un pueblo, es fácil distinguir cuáles eran los centros del poder tan sólo viendo cómo el castillo y la iglesia se distinguen y alzan sobre el resto de edificios. En una ciudad, sucede algo similar con los rascacielos, los palacios y las torres televisivas. Sin embargo, el nuevo poder tecnológico, condensado en centros de datos de hiperescala, pretende pasar desapercibido, como ha denunciado Niklas Maak en su Data Center Manifesto«, explica a La Marea el investigador predoctoral en el CSIC y la UC3M Manuel García Domínguez, un sábado de junio en medio de un ciclo de charlas sobre estas infraestructuras en Extremadura.

«La industria de los centros de datos pretende construir el imaginario social de estas instalaciones a partir de un bombardeo de imágenes pulcras, futuristas, a menudo creadas con IA, de sus salas de servidores. Al mismo tiempo, despliega una arquitectura externa austera, de edificios bajos sin ventanas ni logotipos, que pretende camuflarse entre unas naves logísticas ya habituales en el paisaje español», prosigue. Sin embargo –dice– no es tan sencillo ocultar los impactos de «industrias tan extractivas». 

«Los centros de datos emiten ruido a través de sus refrigeradores, gases contaminantes a través de sus generadores y, entre ambos, grandes cantidades de calor que pueden elevar la temperatura a un par de kilómetros entre dos y nueve grados. Esto reconfigura, radicalmente, la biodiversidad y, con ella, el paisaje en los que se instala», analiza.

Además, no es únicamente el edificio en sí: «Si se instalaran solo los proyectados en Aragón y Extremadura y se alimentaran con renovables, sería necesario cubrir hasta 150.000 y 230.000 hectáreas de terreno con parques renovables». «No se me malinterpete –matiza–: los parques eólicos y fotovoltaicos pueden resultar bellísimos si los vemos como el reflejo de una sociedad más justa que trata de aplacar la crisis ecosocial, pero sus sombras se oscurecen si no sirven para alimentar la descarbonización de la economía, sino para los nuevos centros del poder corporativo», que representan –como los denomina el investigador– los nuevos paisajes del poder.

Múltiples daños

El daño se produce de múltiples maneras: hay un impacto indirecto asociado a la cadena de suministros minerales y energéticos de estas infraestructuras que afecta también a otros ecosistemas. «Sin embargo, este impacto nunca forma parte de las evaluaciones ambientales», explica García. En ese aspecto, el impacto más inmediato es el consumo de suelos: «Un centro de datos de hiperescala suele tener entre 150 y 300 hectáreas de superficie ocupada, que implica la ocupación y asfaltización de un suelo previamente lleno de vida y de historia».

El investigador cita tres impactos sobre las comunidades del entorno. En primer lugar, acaparan el poco espacio disponible en la red eléctrica e impiden a otros proyectos locales acoplarse a la red: «La semejanza con la forma en la que fondos de inversión compran edificios y desplazan a los vecinos ha hecho que autores como Julia Velkova o Frans Libertson hayan acuñado el término ‘gentrificación energética’». 

En segundo lugar, sostiene, los usuarios de la red eléctrica pagarán más en la factura de la luz para compensar la compra de energía de los centros de datos a través de acuerdos «privilegiados» entre las promotoras y las productoras energéticas. Y, en tercer lugar, la ocupación de espacio provoca un aumento del precio de los suelos agrícolas, que afecta al sector primario. 

«A esto podemos sumarle –prosigue– el gasto en personal de los municipios que los acogen, que no se ve compensado por la exención de impuestos municipales; el desgaste de las vías públicas con maquinaria pesada; la desafección y ocupación de caminos públicos; la saturación de las depuradoras locales y el desplazamiento del poder urbanístico desde los municipios a los gobiernos regionales. 

La entrada Del castillo y la iglesia a los centros de datos: los nuevos paisajes del poder se publicó primero en lamarea.com.

29 de junio

Seguía pensando en los parecidos entre la época actual y los albores de la Primera Guerra Mundial y me decía que en ambos momentos las sociedades occidentales han sido sacudidas por la inseguridad, no debida a la delincuencia que tanto exageran nuestras derechas actuales, sino en la manera de entender el mundo.

Antes del 14 la suma del psicoanálisis, la teoría de la relatividad y la física cuántica había desmontado buena parte de las certezas sobre las que se fundamentaba el sentido común, ese consenso que parece flotar por encima de las ideologías. Los ciudadanos europeos ya no eran quienes habían creído ser –ni actuaban por los motivos que suponían la base de sus actos– ni el universo se comportaba tal como habían pensado desde Newton. Ni siquiera el arte ofrecía el consuelo de la belleza que buscaban en él buena parte de la burguesía y también del proletariado frente a las nuevas incertidumbres; en lugar de poder conmoverse en una exposición ante un amanecer radiante o disfrutar con un hermoso cuerpo desnudo, se encontraban con espantajos cubistas y los colores chillones de los fauvistas. El dadaísmo, ya empezada la guerra, daría la puntilla con sus provocaciones de mal gusto a las expectativas de un arte reparador.

Hoy la ingeniería genética, la inteligencia artificial y el transhumanismo derriban los límites entre el ser humano y la máquina y desvalorizan las capacidades del primero, visto como imperfecto e inútil en muchas de las tareas de las que estaba orgulloso. Tampoco el arte nos ayuda hoy, producido cada vez más por sistemas digitales que socavan cualquier principio de autoridad y de autoría, ya devaluadas por la posmodernidad.

Y si hace pocos días anotaba las inseguridades de los varones en ambos momentos históricos, hoy me lo confirma para el actual una noticia de un periódico. En una anotación anterior me maravillaba de que haya hombres operados de fimosis volviéndose a operar para implantarse un prepucio, que, al parecer, consideran parte importante de su identidad masculina. Aún me dejó más perplejo leer ayer que también hay hombres –quizá en parte los mismos– que se inyectan un suero en los testículos para aumentar su volumen; según la crónica, el saco escrotal puede alcanzar así incluso el tamaño de un mango o de un melón pequeño, imagen que habría preferido que no entrara en mi cabeza.

30 de junio

Hace un par de tardes, nuestra vecina organizó una minihoguera de San Juan ahora que han vuelto las lluvias a nuestra zona y no hay peligro de incendio. Y he vuelto a desesperarme con mis dificultades para seguir una conversación en euskera. Llevo más de un año aprendiéndolo –es verdad que con fases en las que apenas le he podido dedicar tiempo– y apenas noto avances a la hora de comunicar con mis vecinos.

Es decir, sí he hecho avances en el aprendizaje. Podría traducir por ejemplo «el hijo mayor de mi tía del pueblo ha venido a ese edificio de ahí para dejar a su perro negro», u otras frases absurdas por el estilo que habría sido incapaz de traducir hace pocos meses (me habría equivocado en los tiempos, en los casos, en las terminaciones que dependen de las preposiciones…). Y me alegra darme cuenta de que cada vez cometo menos errores en los ejercicios. Pero luego, cuando podría aplicar lo aprendido, soy incapaz de decir más de dos palabras seguidas. Y me cuesta muchísimo entender incluso frases en las que debería reconocer todas las palabras.

1 de julio

Hoy hemos ido caminando hasta Ondarroa con la intención de darnos un baño. Al llegar, vemos la bandera roja y otra con la señal de prohibido bañarse. Enseguida pensamos que habrán llegado ya las medusas, aunque hay una bandera específica para indicarlo. No es ese el motivo, tampoco el oleaje, que hoy era muy suave. El agua está contaminada por E. coli. El año pasado ya nos avisaron de que en Saturraran, la playa contigua que frecuentábamos antes, a menudo las aguas están muy contaminadas por los vertidos industriales arroyo arriba y no es difícil que el baño te cueste coger una infección estomacal.

Ahora recuerdo que también a finales del verano anterior escribí una entrada en el diario tras ver franjas de espuma amarilla en el mar. La suciedad se ha convertido en parte del paisaje. Hemos aceptado como algo normal o como un mal menor que nuestra forma de vida ensucie lo que nos rodea y, también, que cause muertes. Resoplamos molestos por el calor inusual o nos asquea la suciedad del mar, pero respondemos a esas consecuencias de nuestros hábitos como si fuesen inevitables, con la resignación que podríamos sentir ante un terremoto o un alud. «Acts of God», se llama en inglés en el lenguaje jurídico y de seguros a los acontecimientos inevitables que no son culpa de nadie, como, precisamente, los terremotos. Pero, en realidad, Dios pinta muy poco en muchos de ellos: antes podíamos decir que las tormentas o los incendios forestales eran actos de Dios o de la naturaleza, pero hoy sabemos que los humanos nos hemos convertido en ayudantes solícitos a la hora de provocar catástrofes.

La entrada Actos de Dios se publicó primero en lamarea.com.

Hay un titular que lleva años circulando, con variaciones, por la prensa progresista europea. Suena más o menos así: «La UE contradice sus valores». O bien: «La hipocresía de la UE en materia migratoria». O algo del estilo: «Los valores europeos se detienen en el Mediterráneo», etc.

En esta línea, Lola Hierro firmaba en El País un artículo titulado: «El doble rasero de la UE en migración: defiende los derechos humanos mientras pacta con regímenes represivos». En él, la autora señala y explica perfectamente cómo la UE llega a acuerdos con países terceros –de dudosa o nula reputación en cuanto a la protección de los derechos de las personas migrantes– para no tener que lidiar ella misma con la contradicción que implica envolverse con el manto de los valores mientras se maltrata sistemáticamente a la gente que dicen querer proteger.

Y si bien el artículo pone el dedo en la llaga y muestra el funcionamiento real de la política migratoria europea, hay un problema con el titular que propone al señalar la existencia de una contradicción, de una tensión irresuelta entre el discurso y la práctica de la Unión Europea; porque el doble rasero implica hipocresía, y la hipocresía implica que todavía hay algo que ocultar, en tanto que se reconoce lo que transgrede.

Pero esta Europa ya no tiene nada que ocultar. Los valores ya son otros. Lo que durante décadas funcionó como escándalo –la connivencia entre retórica de derechos y acuerdos con dictadores– ha dejado de ser una excepción gestionada con discreción y se ha convertido en la arquitectura misma de la institución.

De la hipocresía al modelo

La Declaración UE-Turquía de 2016 fue el momento bisagra: por primera vez, la Unión pagaba de forma explícita y masiva a un tercer Estado para que actuara como tapón humano en sus fronteras. Seis mil millones de euros a un régimen que en ese mismo período encarcelaba periodistas, purgaba jueces y bombardeaba kurdos en el sureste del país. Una decisión «estratégica» que marcó un camino que ha acabó cristalizando el 12 de junio de 2026 –hace apenas dos semanas– cuando entró en vigor el Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Fue aprobado en el Parlamento Europeo el 10 de abril de 2024, por un margen estrecho –300 votos a favor, 270 en contra– y adoptado por el Consejo el 14 de mayo del mismo año. Después de una década de negociaciones bloqueadas, la maquinaria legislativa europea consiguió ponerse de acuerdo.

Desde entonces, la lógica se ha replicado y normalizado. El memorando con Túnez en 2023 se saldó con 105 millones para la «contención fronteriza» en un país donde Kaïs Saïed ha liquidado lo que quedaba de separación de poderes. El acuerdo con Egipto en 2024 destinó 200 millones a gestión migratoria –dentro de un paquete global de 7.400 millones que incluye préstamos macroeconómicos y garantías de inversión– a Al Sisi, cuyo régimen acumula denuncias de desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias documentadas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch. En marzo del mismo año, Mauritania recibió 210 millones en marzo de 2024, mientras HRW documenta violencia sexual y expulsiones colectivas contra migrantes en su territorio. Y luego está el caso de Marruecos, que acumula cientos de millones en acuerdos de este tipo sin que nadie le pida explicaciones por la tragedia de Melilla en 2022, todavía sin responsables.

Esta nueva Europa se ha ido gestando lentamente desde el Consejo –donde se reúnen los ministros de los Estados miembros– pero acabó de cristalizar con la nueva composición del Parlamento después de las elecciones de junio de 2024, que dejaron una cámara claramente escorada a la derecha: retroceso de los verdes y los liberales, crecimiento de la extrema derecha tanto en el grupo de los Conservadores y Reformistas –donde se encuentran Fratelli d’Italia de Meloni y el polaco Ley y Justicia– como en el nuevo grupo Patriotas por Europa –sucesor de Identidad y Democracia, con el Reagrupamiento Nacional de Le Pen, la Liga italiana y el FPÖ austriaco– y en Europa de las Naciones Soberanas, donde quedó encuadrada la AfD alemana.

El fenómeno central, con todo, no fue el crecimiento de la extrema derecha en sentido estricto, sino que el Partido Popular Europeo, primera fuerza de la Cámara, asumió sistemáticamente sus posiciones en materia migratoria. La extrema derecha marca el camino, y la derecha no tan extrema le sigue. Lo mismo que en España, vaya.

El Pacto de la vergüenza que ya no avergüenza

El Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, adoptado en 2024 tras años de negociación, da forma jurídica a esta reconfiguración, convirtiendo lo que antes se consideraba extraordinario en un fenómeno meramente administrativo.

El procedimiento fronterizo de asilo permite retener a solicitantes en zonas de tránsito mientras se tramita su caso, en condiciones que varias organizaciones han asimilado a detención de facto. La cláusula de crisis y fuerza mayor autoriza a los Estados miembros a suspender garantías procedimentales básicas en situaciones de presión migratoria –una categoría lo suficientemente elástica como para volverse permanente–. El concepto de país tercero seguro se ha expandido para incluir a Estados con los que el solicitante no tiene vínculo real, lo que facilita deportaciones en cadena hacia destinos que la propia UE ha denunciado en otros contextos.

Y luego está la «externalización», lo que vendría a significar simple y llanamente pagar para que otros hagan el trabajo sucio; ya sean guardacostas libios equipados con patrulleras italianas interceptando embarcaciones en aguas internacionales, o policías marroquíes linchando migrantes subsaharianos para que no salten la valla. Todos ellos devueltos –o los que tienen la «suerte» de no morir en el intento– a centros de detención donde la ONU ha documentado esclavitud y tortura.

Así que llamar hipócrita a Europa sería, paradójicamente, demasiado generoso. Pero, en fin, si alguien se quiere consolar, se puede agarrar a eso: al menos ya no tenemos doble rasero.

La entrada Europa ya no tiene doble rasero se publicó primero en lamarea.com.

“El periodismo de investigación es el más necesario. También es el más caro, el más lento y el más incómodo de todos los géneros periodísticos”, afirmó Nacho Cardero, director de El Confidencial, durante la gala de entrega de los primeros Premios de Investigación creados por este medio con motivo de su 25 aniversario el pasado martes en Madrid. 

El Premio Nacional ha sido concedido a La Marea por su investigación sobre la gestación subrogada. En concreto, por la serie de reportajes de Marco Dalla Stella, Patricia Simón y Magda Bandera centrados en las agencias que se dedican a este negocio en España.

El galardón Internacional es para Aristegui Noticias, el medio mexicano que ha publicado los Televisa Leaks. La tercera categoría, el Premio Trayectoria, es para Dean J. Baquet, exdirector de The New York Times, bajo cuyo mandato se desveló la injerencia de Rusia en las elecciones de EE. UU., y las agresiones sexuales cometidas por el productor cinematográfico Harvey Weinstein, entre otras investigaciones de gran impacto.

«La obligación de publicar»

Durante su intervención, Cardero subrayó que el periodismo de investigación “es una decisión, una decisión que se toma cada vez que un periodista sigue adelante sabiendo que va a incomodar, que va a recibir presiones, que va a quedarse solo durante algún tramo del camino y que, aun así, tiene la obligación de publicar».

En este sentido, el jurado ha destacado que La Marea “demuestra que el periodismo de calidad no es patrimonio de las grandes cabeceras, sino una elección que se ejerce cada día desde la vocación, la autonomía y el compromiso con el interés público”, resaltaron los miembros del jurado al conceder por unanimidad el premio a este medio. 

La misma idea remarcó Nacho Cardero durante la entrega de los galardones: «Lo que tienen en común [los premiados] no es el tamaño de su medio ni el alcance de su audiencia. Es que cuando tuvieron que publicar, publicaron».

Los miembros del jurado, que han concedido por unanimidad el Premio Nacional, son Antonio Rubio, Marta Sánchez Esparza, Edith Rodríguez y Tomás Ocaña, y Miguel Ángel Gavilanes como secretario. En su argumentación, han destacado que la serie de reportajes premiada se trata de “un trabajo de indudable interés público en el que confluyen la salud, la maternidad, los derechos de las mujeres y los límites éticos de las técnicas reproductivas”. 

“Información verificada, contrastada y documentada»

El jurado ha valorado especialmente que la investigación de La Marea se sustenta en “información verificada, contrastada y documentada, en la práctica constante de la diligencia informativa y en la combinación rigurosa de fuentes”. También resaltan que el medio se conforma como una cooperativa, “una estructura que es garantía de su independencia”.

Los premios de El Confidencial, medio que se autodefine como «el diario de los lectores influyentes”, fueron entregados por los reyes en una gala que se celebró en el Marandin Oriental Ritz. Entre los asistentes, se encontraban la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el líder del Partido Popular, Alberto Feijóo, y varios presidentes autonómicos de su formación; empresarios como Ana Patricia Botín; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; directores de medios de comunicación como Pedro J. Ramírez e Ignacio Escolar; y expolíticos como Ana Botella y Felipe González.

La artista Lita Cabellut es la autora de las estatuas que se entregaron a los premiados.

La entrada “El periodismo de calidad no es patrimonio de las grandes cabeceras” se publicó primero en lamarea.com.

9 de junio

Después de la entrega de los premios TIFLOS, durante el cóctel subsiguiente, converso con alguien que me acaban de presentar, que se define de izquierdas, sobre la situación política. Sale a relucir el hundimiento de Podemos. Él habla con pesar de la deriva de ese partido y la atribuye a la lucha de egos entre sus dirigentes. Respondo con una vehemencia que no es frecuente en mí. Creo que ya he escrito por aquí que no suelo discutir salvo en situaciones en las que de la discusión depende una decisión.

Pero en el caso que estoy refiriendo me enfado más allá de lo razonable porque creo que refleja uno de los males más dañinos para la izquierda, y lo es doblemente: primero, porque se acaba comprando el marco del debate a las campañas mediáticas de la derecha. No, a Podemos no lo destruyó la lucha de egos como dicen quienes quieren desacreditar a la formación política; a ningún partido lo destruye la lucha de egos, que existen en el PP, en el PSOE, en Vox, en Izquierda Unida… A Podemos, aparte de todos los errores que puedan haber cometido sus dirigentes, lo destruye una campaña coordinada de la prensa, la judicatura, el capital y las cloacas policiales, con bulos, montajes, connivencia de periodistas corruptos con policías corruptos con jueces corruptos. Aunque todas aquellas acusaciones quedaron en nada, el prestigio del partido entre quienes buscaban una forma diferente de hacer política, acabó siendo minado.

El segundo aspecto que me parece nocivo es que en la izquierda nos encanta desencantarnos. Los nuestros nunca merecen triunfar porque nunca son tan puros como nuestros sueños. No digo que la autocrítica y reconocer la corrupción en las propias filas no sean tareas imprescindibles, pero a menudo se toman como una invitación a rendirse y a regodearse en la mirada cínica y distante que nos deja plácidamente alojados en nuestra nube celestial.

13 de junio

Preparando la presentación de Melancolía de los confines: Norte, de Mathias Énard –un libro muy recomendable por múltiples razones–, repaso fragmentos que había subrayado en otro libro suyo, Desertar y me encuentro con esta frase: «Si pudiera uno volver a vivir un momento x de su existencia, yo elegiría un día con Irina cuando era muy pequeña, los tres a orillas del lago en Hankels Ablage…».  No sé si lo hice cuando leí la frase por primera vez, creo que no, pero ahora me detengo a pensar cuál sería ese único día que yo querría volver a revivir. Me viene a la memoria uno que no reproduciré aquí. Si alguien lee estas páginas, le invito a hacerse esa pregunta: ¿si pudieras revivir un único día de tu vida, cuál elegirías? Y la segunda pregunta, obvia, sería: ¿por qué ese?

Tendemos a pensar que la felicidad es el fin supremo al que se dirigen nuestros actos. Para mi sorpresa, he descubierto al responderme a la pregunta que no es el mío.

15 de junio

Sánchez dice, tras alegrarse por el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que debemos entender de una vez por todas que la guerra es un fracaso. Pero por supuesto Sánchez sabe que no es así. Esta guerra, como todas, ha beneficiado a numerosas empresas con ingresos millonarios. Seguimos fingiendo que la guerra se utiliza para los fines que proclaman públicamente quienes las inician, y casi nunca es así. Una excepción sería la guerra contra los palestinos, porque sus adalides, después de una fase de justificaciones absurdas, están siendo extremadamente sinceros: el objetivo es la ocupación completa de sus tierras y la expulsión o el asesinato de la mayoría de la población actual.

16 de junio

Énard escribe que «los muertos siempre serán más numerosos que los vivos». Hace poco pensaba yo en la resurrección de los muertos durante el Juicio Final y en que, si salieran todos a la vez de sus tumbas, apenas tendrían espacio y se apelotonarían unos sobre otros, situación muy poco digna para presentarse ante el Creador. Lo pensaba tras volver a ver los frescos del Juicio Final de la catedral de Orvieto. Pero tras dividir la superficie terrestre entre el número estimado de muertos desde que existe la humanidad, llegué a la conclusión de que cada zombi resucitado tendría setecientos metros cuadrados para su disfrute. Incluso si descontásemos las zonas inhóspitas del planeta dispondrían de una parcela amplia donde esperar sentencia.

Y también me decía que el Dios de los cristianos es un individuo cruel: si hubiese programado el apocalipsis para hace unos siglos, miles de millones de personas habrían evitado ser condenadas a las penas del infierno. Aunque, si aplico esa lógica, debería haber adelantado el Juicio al momento en el que se dio cuenta de la chapuza que había hecho en el diseño de Adán y Eva. Nos habríamos ahorrado muchos disgustos.

17 de junio

Me piden un vídeo para apoyar la traducción humana. Cada vez aborrezco más los vídeos, no solo porque con su proliferación a partir de la pandemia se han vuelto irrelevantes, también me resultan incómodos y engorrosos; demasiado para el efecto que les supongo.

Así que digo que no, que prefiero dar mi apoyo desde aquí –que no se verá mucho más, pero al menos es una tarea a la que estoy habituado y no me obliga a ponerme ante la cámara–. Dado mi pesimismo consustancial, creo que es una batalla perdida. Se impondrá la IA en numerosos trabajos, no solo en la traducción, porque tiene la característica básica para su expansión en el capitalismo: reduce costes.

Esto, por supuesto, es mentira: reduce costes a la empresa que la utiliza, pero los costes sociales, medioambientales y para nuestra cultura son enormes. Lo que no importa a los empresarios; esa preocupación no está en su naturaleza. Al fin y al cabo, pagamos todos, no ellos. La única socialización que entienden es la de sus costes.

Sin embargo, creo que hay que defender la traducción humana, la ilustración humana, etc., resistir el tiempo que se pueda. Y eso solo puede lograrse haciendo daño económico a las empresas que la usan: publicitando sus prácticas para intentar que las abandonen algunos de sus clientes, boicoteándolas, también apoyando a quienes no utilizan la IA, por ejemplo, mediante el sello de traducción humana. Solo haciendo menos rentable el egoísmo podemos defender la trinchera. Me sale un lenguaje muy bélico, pero es que estamos ante una guerra solapada, en la que, como en todas las guerras, hay unos pocos vencedores y muchos derrotados. ¿Eran de León Felipe esos versos que dicen: «entre los vencidos, el pueblo llano pasaba hambre. Entre los vencedores, el pueblo llano la pasó también»?

La entrada Melancolía, no solo de la izquierda se publicó primero en lamarea.com.

La Marea ha sido galardonada con el Premio Nacional de los primeros Premios de Periodismo de Investigación de El Confidencial, creados con motivo de su 25.º aniversario. Los reportajes premiados, centrados en la agencia de gestación subrogada Gestlife, forman parte del especial de este medio sobre la industria de los vientres de alquiler, publicado en el año 2025.

El jurado, presidido por el director de El Confidencial, Nacho Cardero, e integrado por Antonio Rubio, Marta Sánchez Esparza, Edith Rodríguez y Tomás Ocaña y asistido por Miguel Ángel Gavilanes como secretario, ha determinado por unanimidad que la investigación de Marco Dalla Stella, Patricia Simón y Magda Bandera aborda una cuestión «de indudable interés público en el que confluyen la salud, la maternidad, los derechos de las mujeres y los límites éticos de las técnicas reproductivas». Un tema que las Naciones Unidas han identificado como una preocupación global por su relación con la explotación reproductiva y la trata.

El jurado ha valorado que la investigación «se sustente en información verificada, contrastada y documentada» así como la combinación rigurosa de fuentes «garantizando al lector datos fiables y contexto completo sin incluir la opinión del periodista o del medio».

«La trayectoria de La Marea se conforma como una cooperativa en la que los socios tienen voz y voto sobre la línea editorial y los estándares de publicación. Una estructura que es garantía de su independencia. Su trayectoria demuestra que el periodismo de calidad no es patrimonio de las grandes cabeceras, sino una elección que se ejerce cada día desde la vocación, la autonomía y el compromiso con el interés público», sostiene el jurado.

Premio a la Trayectoria Profesional

Los primeros galaradones dedicados al periodismo de investigación de El Confidencial también han destacado al periodista Dean Baquet con el Premio a la Trayectoria Profesional. Ganador de Pulitzer por su trabajo como reportero en The Chicago Tribune, Baquet ocupó distintos cargos en Los Angeles Times, incluido el de director. También estuvo al frente de The New York Times como editor ejecutivo entre el año 2014 y el 2022.

Bajo la dirección de Baquet, el diario neoyorquino llevó a cabo investigaciones de gran calado como como la que reveló la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016 y la que destapó los casos de abusos sexuales cometidos por el productor de cine Harvey Weinstein que desataron el movimiento #MeToo.

El jurado que ha otrogado este premio, presidido por Luis Enríquez, está formado por Martin Baron, Miguel Ángel Aguilar, James Harding, Marianela Balbi y Giles Tremlett.

Premio Internacional

El medio mexicano Aristegui Noticias, liderado por Carmen Aristegui, ha recibido el galardón internacional por «exponer con documentación inédita los mecanismos de desinformación, manipulación y guerra sucia operados desde uno de los grupos mediáticos más poderosos de América Latina». Los periodistas Sebastián Barragán Hidalgo, Brandon J. Celaya Torres, Regina Diez Gutiérrez, Juan Omar Fierro y Lilia Saúl Rodríguez firman la pieza donde se aborda la ética mediática y la responsabilidad de los periodistas de exponer irregularidades, incluso dentro de su propio sector.

Menciones de honor

La investigación Dirty Payments -que ha demostrado «el poder de la cooperación internacional para exponer secretos financieros y responsabilizar a instituciones poderosas»- y Los niños perdidos en la guerra interna de Ecuador -donde Alina Manrique documenta cómo se duplicaron las desapariciones de menores en el primer año de conflicto armado de Ecuador- han recibido la Mención de Honor en esta primera edición.

La entrada ‘La Marea’ recibe el primer Premio Nacional de Periodismo de Investigación de ‘El Confidencial’ por sus reportajes sobre la gestación subrogada se publicó primero en lamarea.com.

El próximo 9 de junio, el ciudadano Robert Francis Prevost, más conocido como papa León XIV, llegará a Barcelona en el marco de un viaje oficial, que discurrirá entre el 6 y el 12 de junio, y que lo llevará también a Madrid, Gran Canaria y Tenerife. En una nota de prensa, la Conferencia Episcopal Española señala que el Papa recorrerá 2.500 kilómetros en seis días, realizando 17 discursos y homilías, así como 21 actos, para “poder encontrarse con todos, escuchar a todos y hablar a todos y con todos”. 

Sin embargo, no todos quieren poder encontrarse con el representante de la principal teocracia del mundo, el Vaticano. En Barcelona, la Fundación Ferrer i Guàrdia, Europa laica y la asociación Ateus de Catalunya, han impulsado la campaña Jo no t’espero, a la que se han sumado ya decenas de colectivos y ciudadanos particulares. Bajo el lema “su viaje, tus impuestos”, denuncian el dispendio que supondrá para las arcas públicas la visita papal. Un viaje que, además de los operativos de seguridad, acondicionamiento público y el largo etcétera derivado de este tipo de visitas protocolares, ha generado un gasto adicional en la campaña publicitaria realizada por la Generalitat de Catalunya para dar la bienvenida a Prevost, Hola món, hola Papa. 

Sorprende este despliegue publicitario institucional, que se concreta también en publicidad pagada en la prensa, y que es atípico ante lo que las autoridades presentan como una visita de Estado. De hecho, las asociaciones impulsoras del manifiesto apuntan a que tratar como visita de Estado lo que es una visita de carácter religioso genera una “confusión” que “debilita la neutralidad institucional y perpetúa un trato privilegiado que contradice el principio de aconfesionalidad reconocido constitucionalmente”.

España es un particular Estado aconfesional, que sigue manteniendo un Concordato con la Iglesia católica, heredero de los pactos del postfranquismo con la institución que fue legitimadora esencial de la dictadura. Una institución religiosa a la que se beneficia con exenciones fiscales y a la que ha permitido el robo de patrimonio y bienes inmobiliarios a través de las inmatriculaciones, como es el caso notorio de la mezquita de Córdoba. Una institución que, como indica el manifiesto, nunca ha pedido perdón oficial ni por su instigación y colaboración en la Cruzada del franquismo ni por su activa participación en el robo de bebés, calculado en más de 300.000 por algunas asociaciones. Una institución opaca, que ha amparado abusos sexuales, que se opone a los derechos reproductivos de las mujeres y el derecho a una muerte digna.

La visita del Papa la vamos a acabar pagando todas las contribuyentes, aunque no marquemos la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Conviene recordar este hecho en un país donde la derecha pone el grito en el cielo cada vez que alguna expresión religiosa, especialmente si proviene de la comunidad musulmana, aparece en el debate público. La separación de la esfera privada y pública que la derecha y la ultraderecha defienden cuando se trata de otras creencias, a las que perciben como “ajenas” a la idiosincrasia española, no aplica cuando se trata de la religión que se considera base de la identidad española y elemento indisociable de la construcción de su nación. Una construcción interesada que, por supuesto, obvia la diversidad cultural y religiosa existente durante siglos en la península ibérica antes de la “Reconquista” católica. 

La laicidad social avanza, a pesar de todo

Sin embargo, este intento de presentar a España como baluarte del catolicismo es un imaginario cada vez más difícil de defender. En la sociedad española la secularidad está extendida, a pesar de que las expresiones culturales se confundan con las religiosas en Semana Santa o Navidades, fiestas que, a su vez, tienen un origen pagano vinculado con los ciclos de la naturaleza pero que se resignificaron al ser apropiadas por el catolicismo. 

En los últimos tiempos, estamos presenciando, además, una campaña emprendida por algunos sectores religiosos para convencernos de un aumento de la religiosidad entre los jóvenes. Una tendencia a la que se han sumado, oportunistamente, diversas artistas que se han subido al carro de la espiritualidad (algo distinto a la religiosidad, por otra parte). Sin duda, los tiempos, por momentos apocalípticos, que nos está tocando vivir, pueden llevar a mucha gente a buscar respuestas más allá de lo racional y a refugiarse en un sentido trascendente vinculado a creencias religiosas. Pero los datos, más bien, hablan de un fenómeno de descenso paulatino de la creencia católica en España. 

Las encuestas del CIS mostraban, para abril de 2026, que más del 39% de la sociedad española se considera agnóstica, indiferente o atea, frente a un 35,9% de católicos no practicantes. Cuando se trata de jóvenes, las cifras de no creyentes, agnósticos y ateos superan el 50%, porcentaje muy superior a la media global. Por otra parte, los católicos practicantes son el 17,1% frente al 16,7% de las personas ateas, pero la serie de datos desde 2021 permite observar un descenso leve y zigzagueante de los primeros, y un ascenso, también zigzagueante pero más acusado, de las últimas. El 6% de los encuestados se declara creyente de otra religión.  

La laicidad avanza, aunque sea de manera desigual y combinada. La fe también parece ir por barrios. Estos días, es mucho más probable encontrarse banderas vaticanas para dar la bienvenida al Papa en las ventanas y balcones de las zonas más acomodadas de Barcelona que en los barrios populares. Un dato que no sorprende pero que recuerda que en este Estado hubo una tradición popular claramente anticlerical.

Una visita en clave política… y geopolítica

Con el auge de la ultraderecha a escala mundial, y su relación con diversas iglesias evangélicas que crecen en influencia, también en España, el catolicismo español no quiere perder su tradicional monopolio religioso. La visita papel le sirve para mostrar músculo. También León XIV se está perfilando, igual que el papa Francisco, como una figura progresista, antagónica hasta cierto punto a dichas fuerzas. Un liderazgo religioso, a la par que político, que puede ser leído en clave geopolítica, sin duda.

Pero, con todo el respeto para el Sr. Prevost y su posición humanista frente a la barbarie representada por Donald Trump y sus aliados, desde el reconocimiento de su defensa de los migrantes y los marginados –defensa que también hacen muchos otros representantes o partidarios de su iglesia desde las bases cristianas más apegadas al mensaje original de Cristo, muchos de ellos militantes, a su vez, de organizaciones socialistas y/o comunistas–, no por ello hay que olvidar la institución nefasta a la que este Papa, como todos los papas anteriores, representa. 

Tampoco el entusiasmo colectivo que inducen estos mega eventos debiera anestesiar un sentido crítico necesario frente al marasmo. Las simpatías que puedan albergar algunos hacia el Sr. Prevost, o su predecesor, no pueden llevar a la izquierda a olvidar las coordenadas sobre las que debiera girar el debate acerca del papel de la religión en la esfera pública. La visita del Papa debería servir, más bien, para reivindicar la memoria histórica y la reparación, como recuerda la campaña Jo no t’espero. También para recordar que la religión, cualquiera que sea, debería circunscribirse al ámbito privado, evitando cualquier interferencia con las instituciones públicas. España tiene un largo trecho por recorrer en este sentido. Por una separación efectiva de la religión y el Estado, yo no le espero, Sr. Prevost.  

La entrada Yo no le espero, Sr. Prevost se publicó primero en lamarea.com.

En la segunda parte de El padrino, la obra maestra de Francis Ford Coppola, hay una traición entre todas las traiciones que duele más que ninguna otra. Fredo, hermano de Michael Corleone, había participado en el intento fallido de asesinato contra el menor de los Corleone, el capo de la familia. Y lo había hecho por lo mismo de siempre: la ambición de acumular más dinero, más poder. Cuando Michael lo descubre, durante la noche de fin de año, se acerca a su hermano, le coge por el cuello, y le susurra al oído: «Me rompiste el corazón».

En solo dos días desde que se ha conocido la investigación por parte de la Audiencia Nacional al expresidente Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, se ha desplegado todo un psicodrama cuyos efectos han reverberado con intensidad entre las filas progres de la sociedad española. Y vaya la presunción de inocencia por delante. Zapatero es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No es la intención de estas líneas juzgar la solidez de una causa judicial que puede ir para largo, sino observar los efectos emocionales que provocan determinadas traiciones. Porque en Ábalos, a fin de cuentas, nadie había proyectado una imagen de integridad y honestidad de la que sentirse orgulloso. Tampoco en Santos Cerdán.

El martes, cuando la investigación del juez Calama salió a la luz, toda la izquierda – también la izquierda a la izquierda del PSOE– salía en bloque en defensa del expresidente que negociaba con Maduro y con los independentistas. El lawfare ha existido y existe, y si había una pieza de caza mayor, esa era la del expresidente del Gobierno. El miércoles, al desvelarse parte del auto, se echaba el freno de mano. Una lectura en diagonal de las diligencias previas hacía temer lo peor: ¿Y si…?

Gabriel Rufián, en el Congreso, lo sintetizaba desde su escaño con su habitual oratoria: «Si esto es cierto, es una mierda. Si esto es falso, es más mierda todavía». Como queriendo decir: ¿Tú también, ZP…?

Pero hay otra pregunta interesante: ¿cuándo se convirtió Zapatero en un referente de la izquierda más allá del PSOE? La nostalgia es un mecanismo de supervivencia importante; nos permite estar en paz con nuestro pasado, pero a cambio de distorsionarlo para que encaje mejor con aquello que nos gustaría que hubiera sido. Se olvida, por ejemplo, que Zapatero fue el presidente de España que pactó con el Partido Popular la reforma del artículo 135 de la Constitución para imponer un techo a la deuda, rindiéndose a las políticas austericidas de la UE más neoliberal hasta la fecha.

Se podría argumentar que no había posibilidad de hacer otra cosa, que la UE era Ley, y que la Ley de la UE se transpone automáticamente en el cuerpo legal nacional. Pero se nos olvida que lo hizo en pleno agosto y por sorpresa para ahorrarse el bochorno y el debate público, y que entró en vigor a principios de septiembre de 2011, cuando las plazas del país hervían de indignación. No, Zapatero no era un referente de la izquierda. Eso no significa que se le deba echar a las hienas, ahora que empiezan a oler la sangre.

Que hoy que sea un referente de la izquierda –a la vista de la decepción generalizada del mundo progre– es también sintomático de la falta de referentes en el mundo de la política española. Muy pocos nombres han conseguido sobrevivir al paso del tiempo. Igual Julio Anguita es el único de los «grandes» que mantiene su legado intacto. Ahora, el orgullo socialista puede volver a tambalearse. Porque de Felipe González, por suerte, ya nadie se acuerda. Suerte de la nostalgia.

La entrada Sobre lo de Zapatero. La nostalgia es una cosa mala se publicó primero en lamarea.com.

Los vigías, de Taina Tervonen, rompe el silencio que rodea a quienes desaparecen en las rutas migratorias y desplaza el foco hacia quienes intentan seguir su rastro: los “vigías”. Cinco voces anónimas que, desde la distancia, acompañan, alertan y reconstruyen historias que el mar amenaza con borrar.

En su nuevo libro, editado por Errata Naturae, la autora franco-finlandesa parte de una imagen íntima: durante años, las trayectorias inciertas de embarcaciones que salían de las costas africanas atravesaban su salón, mientras al otro lado de la ventana seguía el ritmo cotidiano de París. Ese contraste (tan cercano como ignorado) articula todo el libro: la coexistencia entre la comodidad europea y una tragedia persistente que a duras penas logra abrirse paso en la agenda mediática.

En un contexto dominado por el término “crisis migratoria”, la obra cuestiona esa etiqueta por su capacidad de deshumanizar. Más que una crisis abstracta, lo que emerge aquí es una suma de historias atravesadas por la necesidad, la precariedad y, a menudo, la urgencia de sobrevivir. Tervonen lo formula con crudeza: “Se obliga a la gente a emprender la travesía, se los obliga también a morir”. La repetición de estas muertes, sugiere el libro, ha terminado por normalizar lo inaceptable. Todo ello a pesar de que migrar sigue siendo un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Más que un reportaje o una novela, el texto funciona como un ejercicio de memoria. A través de naufragios, desapariciones y familias que buscan respuestas, esta obra pone rostro a cifras que suelen quedarse cortas. También amplía la mirada, destacando que la pérdida no afecta solo a quienes desaparecen, sino también a los países de origen, vaciados progresivamente de futuro y de relevo generacional.

En paralelo, se dibuja la inacción –o la distancia– de muchos gobiernos europeos. Frente a estructuras oficiales insuficientes emergen redes informales de solidaridad. Ahí aparecen los “vigías”: Marie Dupont, Saliou, Hervé, María y Marie Cosnay, ciudadanos que, armados con un teléfono móvil, siguen embarcaciones en tiempo real, alertan a autoridades, rastrean desaparecidos y acompañan a las familias. “Con un smartphone y las redes sociales, logran lo que las instituciones no consiguen”, apunta la autora.

El libro está construido a partir de horas de conversaciones con estos “centinelas de las fronteras” y adopta un tono cercano, casi coral. Lo relevante no es solo lo que se cuenta, sino desde dónde se cuenta: pantallas, llamadas y mensajes que conectan continentes mientras la vida pende de un hilo en el Atlántico o el Mediterráneo.

Sin caer en el sensacionalismo ni refugiarse en la frialdad del dato, Los vigías encuentra su mayor acierto en ese equilibrio entre testimonio y reflexión. El resultado es un relato que devuelve densidad humana a una realidad a menudo reducida a estadísticas. Porque, como recuerda una de sus voces, “todos necesitamos al prójimo”. Y en esa constatación sencilla se condensa la tesis del libro: detrás de cada cifra hay una vida; detrás de cada silencio, una responsabilidad compartida.

Silvia Monge es periodista de investigación en la Fundación porCausa.

La entrada ‘Los vigías’: las voces que resisten al olvido en las fronteras se publicó primero en lamarea.com.

La regularización extraordinaria de personas migrantes ha despertado la oposición de diversos líderes políticos y organizaciones ultraconservadoras. Están en contra de que personas extranjeras adquieran derechos y obligaciones equiparables a las de cualquier ciudadano español. Tras la entrada en vigor de esta medida, Vox ha expandido el concepto de la “prioridad nacional” –otra copia de la extrema derecha francesa de Le Pen– con la ayuda de un amplio número de pseudomedios de comunicación e incluso de dirigentes del PP, partido que a día de hoy sigue siendo el que más regularizaciones de este tipo ha aprobado desde que España es una democracia.

Entre quienes tratan de frenar la regularización emerge un patrón recurrente: la Industria del Control Migratorio. Diversos actores que tradicionalmente han tenido posturas conservadoras, como las patronales empresariales o la Conferencia Episcopal, han expresado apoyo a la regularización. Sin embargo, más allá de ideologías, valores y creencias, destacadas voces detractoras de la regularización de migrantes tienen vínculos claros con empresas que se lucran con el gasto público destinado a militarizar fronteras y endurecer el control migratorio. Dirigentes de Vox y del PP, así como líderes de organizaciones ultras como Hazte Oír, forman parte del ecosistema de la Industria del Control Migratorio en España. ¿Quiénes son?

El negocio antimigratorio del ‘cártel’ antiregularización

Vox, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la ultraconservadora Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica han presentado recursos ante el Tribunal Supremo para tumbar la regularización. La organización ultra Hazte Oír hizo lo propio el pasado 15 de abril, y el Alto Tribunal admitió su recurso a trámite en apenas 24 horas.

Hazte Oír es una organización católica ultraconservadora especializada en campañas de acoso y derribo contra las leyes LGTBI, el derecho al aborto o las personas migrantes. Esta asociación española, relacionada con la secta secreta El Yunque, cuenta con amplia presencia global gracias a su brazo internacional, CitizenGO, y está supuestamente vinculada al Kremlin a través de oligarcas del círculo íntimo de Putin. Ha sido acusada de promover campañas que usan el miedo al extranjero como herramienta de agitación y desestabilización en diversos países democráticos, entre ellos España. Estas campañas y acciones están acreditadas en diversas investigaciones e informes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y filtraciones de Wikileaks. Hazte Oír tiene, además, una relación estrecha con grandes actores de la Industria del Control Migratorio.

Un ejemplo: entre los grandes donantes históricos de Hazte Oír (en concreto, de su famoso Congreso Mundial de Familias) figura el fallecido David Álvarez Díez, fundador y presidente de Grupo EULEN, empresa adjudicataria de, entre otros, servicios en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y del mantenimiento de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y diversos puestos fronterizos. EULEN figura entre las 10 empresas que más dinero público facturan en la Industria del Control Migratorio de España.

Por el consejo de administración de EULEN han desfilado nombres célebres del mundo conservador español, entre ellos los ex ministros del Interior Jaime Mayor Oreja y Rodolfo Martín Villa. Entre otras personas, en su equipo directivo figura Micaela Núñez Feijóo, que lleva 23 años en EULEN y es hermana del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, otra de las voces más destacadas en contra de la regularización de migrantes. “Ni la ilegalidad puede generar derechos, ni se puede premiar el desorden”, afirma el líder de los populares acerca de la regularización extraordinaria. María José Álvarez Mezquíriz, presidenta de EULEN, es una de las consejeras de EDATV, el portal de fake news del agitador Javier Negre, que a diario divulga bulos sobre el proceso de regularización.

EULEN no responde a las preguntas de este medio sobre su relación con Hazte Oír, sobre la financiación de EDATV ni sobre protocolos internos para evitar conflictos de intereses con el ámbito político. La compañía tampoco aclara si las donaciones de su fundador a Hazte Oír fueron hechas a título individual o en nombre de EULEN.

Entre los empresarios que nutren las arcas de Hazte Oír también figura la marquesa Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del consejo de administración de FCC, que se da la mano con EULEN para licitar en procesos de contratación pública de control fronterizo.

La beligerancia de Hazte Oír también ilustra el componente mediático de la campaña de acoso y derribo contra la regularización de migrantes. Hazte Oír está vinculada al Grupo Intereconomía, que engloba medios como Toro TV o Radio Intereconomía, entre otros. Este conglomerado fue fundado por Julio Ariza, exdiputado del PP en el Parlament catalán. En el pasado Grupo Intereconomía también controló La Gaceta, cuyo consejo editorial preside el eurodiputado e hijo de un diplomático y propagandista nazi Hermann Terstch, que define la regularización como operación “criminal”. La Gaceta ahora pertenece a la Fundación Disenso. Este think tank vinculado a Vox se financia con fondos públicos que recibe el partido y sirve de altavoz a las posturas xenófobas de la ultraderecha española.

Vox y Disenso no responden a ninguna de las preguntas formuladas por este medio. Tampoco aportan detalles sobre los fondos públicos que recibe esta fundación, que no facilita sus cuentas ni la composición de su equipo directivo.

En la “derecha moderada” española que encarna el Partido Popular también hay una larga lista de figuras especialmente agresivas contra el proceso de regularización y vinculadas a empresas que hacen negocio con las políticas de control migratorio.

Un caso poco conocido es el de Elías Bendodo Benasayag, uno de los hombres fuertes de los populares en Andalucía. Bendodo encabezó la Consejería de Presidencia e Interior, y hasta mediados de 2022 fue portavoz de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno. Cuando estalló el caso de corrupción conocido como ‘Mediador’ o ‘Tito Berni’, que afecta principalmente al PSOE canario, varios medios informaron de que Bendodo adjudicó al menos un contrato a Asesoramiento y Servicios de Drones SL, empresa central en la trama corrupta. Bendodo afirmó que todo fue legal.

En este mismo escándalo de corrupción destaca Francisco Espinosa, general de división de la Guardia Civil, el escalafón más alto de esta institución. Espinosa procede de lo que en la benemérita llaman “el clan de los Zoido”, en referencia al político sevillano Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior en tiempos de Rajoy, que le ascendió a ese puesto. La Justicia investiga el presunto cobro de comisiones por parte de Espinosa y otras personas en los contratos del Gobierno español para transferir drones a países como Mali con el objetivo de combatir los flujos migratorios, una política conocida como ‘externalización de fronteras’.

«Los que vengan de forma irregular no serán bienvenidos, serán expulsados», aseguró Bendodo a finales de abril en un acto de la campaña electoral andaluza en una localidad de Almería, una de las provincias con más casos de explotación laboral de personas migrantes en situación irregular.

Elías Bendodo también es uno de los políticos más cercanos al lobby proisraelí en España. Por ejemplo, en varias ocasiones ha mostrado públicamente su sintonía con David Hatchwell, presidente y cofundador de ACOM, el mayor grupo de influencia de los aliados en España de Netanyahu. Hatchwell es uno de los grandes beneficiarios de la Industria del Control Migratorio en España. Una de sus grandes empresas, Excem, suministra tecnología israelí de vigilancia y análisis de documentos a la Policía Nacional, la Guardia Civil y AENA, entre otros. A pesar del embargo decretado por el Gobierno el año pasado, la frontera española está repleta de tecnología israelí por cielo, mar y tierra.

También en el entorno familiar de Bendodo hay grandes beneficiarios de la Industria del Control Migratorio. Sin ir más lejos, su suegro fue un alto cargo de Grupo ACS, el conglomerado de obra pública y multiservicios de Florentino Pérez. Se trata de la segunda empresa que más dinero factura en el negocio fronterizo español: construcción y mantenimiento de las vallas de Ceuta y Melilla, obras y servicios en centros de internamiento de extranjeros y hasta labores de socorro en el mar. La Fundación ACS está dirigida por el hermano de Jaime Mayor Oreja y ACS aparece en varios documentos manuscritos de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, como presunta financiadora de este partido.

No acaba ahí la lista de líderes políticos y de organizaciones ultraconservadoras que claman contra la regularización de migrantes al mismo tiempo que se lucran, directa o indirectamente, con el gasto asociado a las políticas de control migratorio. En el ránking español de la Industria del Control Migratorio destacan empresas como Telefónica, Escribano, Indra, Amper, Air Europa o Tecnobit, entre otras. Todas cuentan con ex altos cargos del Estado, la mayoría procedentes del PP (aunque también del PSOE y, en menor medida, del PNV).

El Partido Popular no responde a ninguna de las preguntas formuladas para este artículo.

Los detractores de la regularización argumentan que la regularización de migrantes tiene un efecto negativo sobre el empleo, la economía, la seguridad y la “identidad nacional”. La evidencia científica revela todo lo contrario: la irregularidad produce situaciones de explotación, vulneración de derechos fundamentales y caos, mientras que las anteriores regularizaciones en España tuvieron efectos positivos sobre los derechos de estas personas, reduciendo los casos explotación laboral, y favoreciendo la inclusión social y la contribución de los trabajadores extranjeros a las arcas del Estado. La cercanía de los actores ultraconservadores y las posiciones conspiranoicas contrarias a la ciencia también queda patente en innumerables estudios académicos.

José Bautista es coordinador del equipo de periodismo de investigación de la Fundación porCausa.

La entrada Están contra la regularización: les va el negocio en ello se publicó primero en lamarea.com.

La Llotja de Mar, símbolo del comercio marítimo barcelonés desde el siglo XIV, albergó durante dos días una conversación sobre los flujos invisibles que mueven el mundo contemporáneo: datos, algoritmos, plataformas, derechos. El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales –organizado en el marco de la Mobile World Capital Barcelona y financiado con fondos europeos de NextGenerationEU– acogió mesas redondas, charlas magistrales y sesiones de participación ciudadana sobre un mismo eje temático abordado desde ángulos muy distintos: el impacto de la inteligencia artificial y las plataformas digitales sobre los derechos fundamentales, la democracia y el trabajo.

Y, sin embargo, uno de los mensajes más repetidos a lo largo de las dos jornadas fue precisamente ese: que el debate llega tarde. Que mientras académicos, juristas y representantes sindicales discuten marcos regulatorios y garantías democráticas, las tecnologías que pretenden regular llevan años operando a escala masiva, moldeando conductas, eliminando empleos y concentrando un poder sin precedentes en manos de unas pocas corporaciones privadas. El congreso no podía resolver esa contradicción, pero al menos la nombraba sin eufemismos.

Buena parte de los asistentes que debatían sobre el empoderamiento de los trabajadores y la necesidad de escuchar voces colectivas lo hacían ataviados con traje. Una contradicción menor, quizás, pero elocuente: la urgencia por democratizar el debate digital convive, todavía, con los códigos y los circuitos de siempre.

El vehículo sin carriles

Geertrui Mieke De Ketelaere, ingeniera e investigadora de inteligencia artificial desde los años noventa y autora de The Chatbot Trap, fue una de las voces más contundentes de la primera jornada. Lleva décadas estudiando cómo las sociedades adoptan tecnología y ha aprendido a reconocer ciertos patrones que se van repitiendo, pero el que ve ahora con el desarrollo de la llamada “Inteligencia Artificial” le inquieta: “Cuando hay un accidente de coche, los daños están a la vista, pero con la IA los daños se esconden”. Su diagnóstico fue claro: el modelo habitual –primero optimizar, luego pensar en el impacto– se está repitiendo con la inteligencia artificial, pero a una velocidad y con una opacidad sin precedentes. “Tenemos que apresurarnos en ponerle carriles al vehículo”, resumió. El coche ya está en marcha, pero la carretera todavía no existe.

De Ketelaere fue más allá de la necesidad de regulación para hablar de algo más estructural, lo que ella llamó “la economía del apego”, es decir, la forma en la que las grandes plataformas explotan mecanismos dopamínicos para generar dependencia emocional, presentándola como mejora de las relaciones sociales cuando los efectos reales apuntan en dirección contraria. La adicción como business model.

Este tipo de análisis, que hace apenas una década habría sonado alarmista en un foro institucional, fue recibido en la Llotja de Mar sin apenas cuestionamiento. Algo ha cambiado en el consenso experto. La pregunta es más qué herramientas disponemos para actuar.

«Estamos entrenando a la máquina para que nos sustituya»

Si la sesión sobre sostenibilidad digital habló del problema en términos sistémicos, la mesa dedicada al impacto de las tecnologías emergentes en el trabajo sirvió para bajarlo a ras de suelo. María Luz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, arrancó desmontando una coartada habitual: “No estamos hablando del futuro del trabajo. Estamos hablando del presente”. Puso el ejemplo de los centros de atención telefónica, donde la voz de los trabajadores se graba sistemáticamente para entrenar a los bots que acabarán sustituyéndoles. “Estamos trabajando para que nos acaben desalojando”, resumió. Y aquí paz y después gloria.

Rodríguez reclamó que el debate sobre la propiedad de los datos laborales se sitúe en el centro de la agenda política y sindical. Los datos que generan los trabajadores en su actividad cotidiana tienen un valor económico enorme. Ese valor se captura, se monetiza y raramente revierte sobre quien lo produce. “No podremos transformar la sociedad sin la voz de las personas implicadas”, insistió. La transformación digital, advertía, requiere un diseño plural que vaya más allá de la perspectiva empresarial.

La mesa completó ese diagnóstico con otras voces. José Varela, responsable de IA y digitalización de UGT Confederal, distinguió entre empleo y empleabilidad: perder un trabajo es un drama individual, pero cuando una tecnología elimina categorías enteras de ocupación, lo que se destruye es la posibilidad misma de encontrar empleo en ese sector. “Eso está ocurriendo”, advirtió. Eva Rimbau-Gilabert, profesora de la UOC, añadió que el control tecnológico excesivo sobre los trabajadores siempre genera desafección y rompe el contrato psicológico. “La IA se está usando para sustituir, cuando debería ser utilizada para complementar”, concluyó. Las empresas, dijo, se están buscando un problema a medio plazo.

Democracia, juventud y el espejo iberoamericano

La primera jornada cerró con una mesa que amplió el foco geográfico y generacional. Alexandre Pupo, secretario general del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, aportó un dato que debería figurar en cualquier informe sobre el estado de las democracias: si en 2010 una mayoría de jóvenes iberoamericanos declaraba apoyar la democracia, en 2020 ese apoyo había caído al 45%. En el mismo período, las tasas de trastorno emocional y depresión se duplicaron.

Ciertamente, correlación no implica necesariamente causalidad. Pero en este caso, y a falta de que baje un estadista y lo certifique, todo apunta a que ambos conceptos se dan de la mano.

Pupo rechazó la narrativa de los que los jóvenes de hoy son “nativos digitales”, identificándola como una trampa conceptual. “Nos toca vivir en esta realidad, pero no nacemos preparados para ella”, dijo. Y apuntó a un dato que da que pensar. “En 2010 ocurre algo…Facebook crea el botón de me gusta”. Correlación no implica causalidad. Pero haríamos bien en recordar estos datos y atar algunos cabos.

Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM, señaló la asimetría regulatoria que subyace a todos estos debates: se regula con más intensidad a los usuarios que a los dueños de las plataformas. En América Latina, ese desequilibrio tiene consecuencias políticas directas que los marcos europeos tienden a subestimar. La cuestión de fondo es quién tiene el poder de definir qué se ve, qué se amplifica y qué se silencia en el espacio público.

Lo que queda pendiente

El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales no pretendía resolver los problemas que ponía sobre la mesa, y no los resolvió. Pero consiguió algo más difícil en el clima actual: reunir en un mismo espacio a personas que habitualmente hablan en registros y foros distintos –el académico, el sindical, el jurídico, el activista, el institucional– y forzarlas a escucharse. En un momento en que la velocidad del cambio tecnológico tiende a dejar obsoletos los marcos de análisis antes de que sean adoptados, esa lentitud deliberativa tiene un valor que no debe subestimarse.

Lo que el congreso dejó en evidencia es que el tiempo del diagnóstico se agota. Durante años, investigadores y activistas han documentado los riesgos de la concentración tecnológica, la explotación de datos, la manipulación algorítmica y la destrucción de empleo. Esa documentación existe. Los marcos regulatorios europeos –el AI Act, el Digital Services Act– existen también, aunque sean insuficientes. Lo que falta es, de algún modo, lo de siempre: voluntad política para actuar a la altura de un problema que ya nos está superando, y hacerlo en clave democrática en contra los intereses del poder tecnofeudal creciente.

La entrada Derechos digitales: un debate que ya no podemos aplazar se publicó primero en lamarea.com.