Hay un titular que lleva años circulando, con variaciones, por la prensa progresista europea. Suena más o menos así: «La UE contradice sus valores». O bien: «La hipocresía de la UE en materia migratoria». O algo del estilo: «Los valores europeos se detienen en el Mediterráneo», etc.
En esta línea, Lola Hierro firmaba en El País un artículo titulado: «El doble rasero de la UE en migración: defiende los derechos humanos mientras pacta con regímenes represivos». En él, la autora señala y explica perfectamente cómo la UE llega a acuerdos con países terceros –de dudosa o nula reputación en cuanto a la protección de los derechos de las personas migrantes– para no tener que lidiar ella misma con la contradicción que implica envolverse con el manto de los valores mientras se maltrata sistemáticamente a la gente que dicen querer proteger.
Y si bien el artículo pone el dedo en la llaga y muestra el funcionamiento real de la política migratoria europea, hay un problema con el titular que propone al señalar la existencia de una contradicción, de una tensión irresuelta entre el discurso y la práctica de la Unión Europea; porque el doble rasero implica hipocresía, y la hipocresía implica que todavía hay algo que ocultar, en tanto que se reconoce lo que transgrede.
Pero esta Europa ya no tiene nada que ocultar. Los valores ya son otros. Lo que durante décadas funcionó como escándalo –la connivencia entre retórica de derechos y acuerdos con dictadores– ha dejado de ser una excepción gestionada con discreción y se ha convertido en la arquitectura misma de la institución.
De la hipocresía al modelo
La Declaración UE-Turquía de 2016 fue el momento bisagra: por primera vez, la Unión pagaba de forma explícita y masiva a un tercer Estado para que actuara como tapón humano en sus fronteras. Seis mil millones de euros a un régimen que en ese mismo período encarcelaba periodistas, purgaba jueces y bombardeaba kurdos en el sureste del país. Una decisión «estratégica» que marcó un camino que ha acabó cristalizando el 12 de junio de 2026 –hace apenas dos semanas– cuando entró en vigor el Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Fue aprobado en el Parlamento Europeo el 10 de abril de 2024, por un margen estrecho –300 votos a favor, 270 en contra– y adoptado por el Consejo el 14 de mayo del mismo año. Después de una década de negociaciones bloqueadas, la maquinaria legislativa europea consiguió ponerse de acuerdo.
Desde entonces, la lógica se ha replicado y normalizado. El memorando con Túnez en 2023 se saldó con 105 millones para la «contención fronteriza» en un país donde Kaïs Saïed ha liquidado lo que quedaba de separación de poderes. El acuerdo con Egipto en 2024 destinó 200 millones a gestión migratoria –dentro de un paquete global de 7.400 millones que incluye préstamos macroeconómicos y garantías de inversión– a Al Sisi, cuyo régimen acumula denuncias de desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias documentadas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch. En marzo del mismo año, Mauritania recibió 210 millones en marzo de 2024, mientras HRW documenta violencia sexual y expulsiones colectivas contra migrantes en su territorio. Y luego está el caso de Marruecos, que acumula cientos de millones en acuerdos de este tipo sin que nadie le pida explicaciones por la tragedia de Melilla en 2022, todavía sin responsables.
Esta nueva Europa se ha ido gestando lentamente desde el Consejo –donde se reúnen los ministros de los Estados miembros– pero acabó de cristalizar con la nueva composición del Parlamento después de las elecciones de junio de 2024, que dejaron una cámara claramente escorada a la derecha: retroceso de los verdes y los liberales, crecimiento de la extrema derecha tanto en el grupo de los Conservadores y Reformistas –donde se encuentran Fratelli d’Italia de Meloni y el polaco Ley y Justicia– como en el nuevo grupo Patriotas por Europa –sucesor de Identidad y Democracia, con el Reagrupamiento Nacional de Le Pen, la Liga italiana y el FPÖ austriaco– y en Europa de las Naciones Soberanas, donde quedó encuadrada la AfD alemana.
El fenómeno central, con todo, no fue el crecimiento de la extrema derecha en sentido estricto, sino que el Partido Popular Europeo, primera fuerza de la Cámara, asumió sistemáticamente sus posiciones en materia migratoria. La extrema derecha marca el camino, y la derecha no tan extrema le sigue. Lo mismo que en España, vaya.
El Pacto de la vergüenza que ya no avergüenza
El Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, adoptado en 2024 tras años de negociación, da forma jurídica a esta reconfiguración, convirtiendo lo que antes se consideraba extraordinario en un fenómeno meramente administrativo.
El procedimiento fronterizo de asilo permite retener a solicitantes en zonas de tránsito mientras se tramita su caso, en condiciones que varias organizaciones han asimilado a detención de facto. La cláusula de crisis y fuerza mayor autoriza a los Estados miembros a suspender garantías procedimentales básicas en situaciones de presión migratoria –una categoría lo suficientemente elástica como para volverse permanente–. El concepto de país tercero seguro se ha expandido para incluir a Estados con los que el solicitante no tiene vínculo real, lo que facilita deportaciones en cadena hacia destinos que la propia UE ha denunciado en otros contextos.
Y luego está la «externalización», lo que vendría a significar simple y llanamente pagar para que otros hagan el trabajo sucio; ya sean guardacostas libios equipados con patrulleras italianas interceptando embarcaciones en aguas internacionales, o policías marroquíes linchando migrantes subsaharianos para que no salten la valla. Todos ellos devueltos –o los que tienen la «suerte» de no morir en el intento– a centros de detención donde la ONU ha documentado esclavitud y tortura.
Así que llamar hipócrita a Europa sería, paradójicamente, demasiado generoso. Pero, en fin, si alguien se quiere consolar, se puede agarrar a eso: al menos ya no tenemos doble rasero.
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