El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado como “violación de la integridad nacional” la entrada en Ceuta de unas 50.000 personas de manera irregular desde Marruecos. En una comparecencia institucional en la ciudad autónoma, el jefe del Ejecutivo ha atribuido los hechos a las mafias que trafican con seres humanos, que, según Sánchez, han aprovechado un «vacío legal» para promover las entradas a nado en Ceuta. Se refería a la reciente sentencia del Tribunal Supremo contraria a las ‘devoluciones en caliente’ en las llegadas a nado mientras no hubiera frontera física que lo impidiera. «Pondremos todos los recursos», ha dicho el dirigente, que destacó la «colaboración» de Rabat, anunció el despliegue de boyas como barrera física de contención y la devolución cuanto antes de las personas migrantes. Según el Ministerio de Interior, la mitad ya ha regresado a Marruecos voluntariamente.
Hasta el momento, la nueva crisis migratoria ha dejado más de 50 personas muertas, según los datos de la Guardia Civil. Y, en lo que va de año, se han recuperado más de 50 cadáveres de migrantes ahogados en aguas de Ceuta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso; y el líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpado al Gobierno de la situación.
Desde la comunidad internacional, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que las imágenes son inaceptables: “No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin cumplir con nuestras normas”, ha advertido. “Es importante que España actúe con prontitud para recuperar el control de la situación y cumplir con sus compromisos en el marco de la cooperación de Schengen”, ha afirmado el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson.
Finlandia, por su parte, ha apoyado excluir a España del espacio Schengen, una medida que estudiaba Italia: “Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen”, ha escrito la ministra de Interior finlandesa, Mari Rantanen. Y el presidente del PPE y del grupo popular en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, ha vinculado directamente la situación con la regulación masiva.
La industria del control migratorio
«La situación que se está viviendo en los últimos días en Ceuta nos retrotrae a imágenes recientes como las de mayo de 2021 en la propia ciudad autónoma o las de los veranos de 2018 y 2014 en las costas andaluzas. Todas estas situaciones tienen como punto en común la instrumentalización por parte de Marruecos de la situación de las personas que desean migrar hacia Europa ante la desigualdad y la falta de oportunidades en sus países de origen», ha denunciado en un comunicado la Asociación Pro Derechos Humanos (APHD-A), que exige un giro radical en las políticas migratorias de España y la Unión Europea.
«Una vez más se ha demostrado que las políticas de externalización son únicamente un parche y que confieren a los Estados limítrofes, como Marruecos, una tremenda capacidad de presión mediática y política. Las vías legales y seguras son la única solución a estas situaciones en la que otros Estados o grupos organizados se aprovechan de la angustia de las personas migrantes», ha añadido. La organización también ha pedido la atención sobre la ausencia de mecanismos de acogida adecuados en Ceuta, a pesar de que esta situación se repite cíclicamente: «El Gobierno estatal debe poner a disposición de la ciudad los instrumentos necesarios para proteger a estas personas. Enviar al Ejército y no a personal de atención humanitaria es una muestra de la dinámica bélica con la que se afronta esta cuestión«.
Como recoge una investigación de la Fundación porCausa, existe una industria del control migratorio, financiada con dinero público, que mueve miles de millones de euros al año en manos de empresas privadas. Muchas de ellas han estado entre las voces que claman y actúan en contra de la regularización extraordinaria de migrantes. ¿Quiénes son? Como explicaba en un artículo el coordinador del equipo de periodismo de investigación de la citada fundación, .José Bautista, Vox, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la ultraconservadora Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica han presentado recursos ante el Tribunal Supremo para tumbar la regularización. La organización ultra Hazte Oír hizo lo propio el pasado 15 de abril, y el Alto Tribunal admitió su recurso a trámite en apenas 24 horas.
«Hazte Oír es una organización católica ultraconservadora especializada en campañas de acoso y derribo contra las leyes LGTBI, el derecho al aborto o las personas migrantes. Esta asociación española, relacionada con la secta secreta El Yunque, cuenta con amplia presencia global gracias a su brazo internacional, CitizenGO, y está supuestamente vinculada al Kremlin a través de oligarcas del círculo íntimo de Putin. Ha sido acusada de promover campañas que usan el miedo al extranjero como herramienta de agitación y desestabilización en diversos países democráticos, entre ellos España. Estas campañas y acciones están acreditadas en diversas investigaciones e informes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y filtraciones de Wikileaks. Hazte Oír tiene, además, una relación estrecha con grandes actores de la Industria del Control Migratorio», escribe el periodista.
En la “derecha moderada” española que encarna el Partido Popular también hay una larga lista de figuras especialmente agresivas contra el proceso de regularización y vinculadas a empresas que hacen negocio con las políticas de control migratorio.
Primero fue Ámsterdam, seguida por Fráncfort. Madrid y Milán llegaron más recientemente. En menos de una década, los operadores de centros de datos han fundado asociaciones nacionales en casi todos los grandes mercados europeos. El patrón se repite hasta en los estatutos. La asociación holandesa se presenta como la unión de los data centers líderes del país, con la misión de fortalecer el crecimiento económico y perfilar el sector ante el gobierno, los medios y la sociedad; la española, nacida seis años después, utiliza la misma fórmula, casi palabra por palabra.
Parecen franquicias de un mismo modelo, fundadas además por las mismas empresas: entre los ocho socios iniciales de la asociación española SpainDC, en octubre de 2021, figuran Equinix, Interxion y Data4. Equinix y Data4 reaparecen un año después, junto a Microsoft y Digital Realty, en el acta fundacional de la asociación italiana.
Por encima de esta red nacional está el paraguas de Bruselas. La European Data Centre Association (EUDCA), creada en 2011, agrupa a operadores, proveedores y a las propias asociaciones nacionales. En enero de 2021, la EUDCA y la patronal europea del cloud (CISPE) impulsaron el Climate Neutral Data Centre Pact, una «iniciativa de autorregulación» apadrinada por la Comisión Europea que compromete al sector a la neutralidad climática en 2030. Pero faltan organismos de control independientes: estos compromisos están basados en sus propias métricas y en autoauditorías, según reconoce el propio pacto.
Expansión al sur
La expansión al sur de Europa podría explicarse con la saturación de las redes eléctricas. Por ejemplo, Dublín concentra ya el segundo mayor parque de centros de datos del continente (1.150 MW en operación, según KPMG, casi a la par de Londres) y estas instalaciones consumen el 22% de la electricidad de Irlanda, más que todos los hogares urbanos del país juntos. El propio informe anual de SpainDC presenta a España como alternativa a unos hubs «limitados por la disponibilidad de energía».
Para facilitar la expansión de las infraestructuras que alimentan el mundo digital y la inteligencia artificial, se invierten grandes cantidades de recursos. Según el análisis del registro de transparencia realizado por Corporate Europe Observatory y LobbyControl, la industria digital gasta 151 millones de euros anuales en hacer lobby ante las instituciones de la UE, un 55% más que en 2021, y sus 890 lobistas a tiempo completo en Bruselas superan ya el número de eurodiputados.
En España, la actividad de cabildeo está principalmente llevada a cabo por la asociación SpainDC, cuya misión incluye «hacer pedagogía sobre la esencialidad de los centros de datos» y contribuir a que el país «disponga de la infraestructura digital que necesita para sostener servicios públicos, actividad económica y competitividad». Según la asociación, la necesidad de construir centros de datos es comparable a otras infraestructuras claves para el desarrollo del país.
«¿Un aeropuerto beneficia a una aerolínea u otra? No», comentó por correo un representante de la asociación. «Los centros de datos son una base operativa para la administración digital, la actividad empresarial, la innovación, la inteligencia artificial y los servicios cotidianos de millones de personas», añadió.
La actividad de la asociación es frenética: en su página web se cuentan más de 150 eventos en tres años, de Madrid a Singapur pasando por Hawái y Mumbai. Durante sus dos primeros meses de vida ya se había reunido con el Ministerio de Economía y el Ayuntamiento de Madrid, y el pasado enero su directora ejecutiva (y exvicealcaldesa de la capital), Begoña Villacís, intervino en el Parlamento Europeo en una mesa redonda sobre el futuro de los centros de datos organizada por el grupo socialista.
Opiniones sin conocimiento
Tras el discurso de la oportunidad histórica –«Es un tren que llega, pero no se puede dejar pasar», dijo Villacís en un evento público en marzo de 2025– asoma el rechazo a medidas de control que el sector percibe como injustificadas. El lobby ha cargado contra el Real Decreto-ley 7/2026, que obliga a los centros de datos a generar energía renovable adicional equivalente a su consumo, permite suspender el acceso a la red a quienes incumplan criterios de eficiencia y uso del agua, y crea un comité para decidir qué proyectos tienen prioridad de conexión. Según SpainDC, ese comité «introduce un nivel de discrecionalidad que resulta difícilmente compatible con la confianza inversora».
La asociación estima que el sector podría movilizar 66.900 millones de euros hasta 2030 y superar los 16.000 empleos al final de la década, cifras que estarían en peligro si el sector público impusiera mecanismos de control definidos como desproporcionados. «SpainDC apoya el reporte de indicadores energéticos y ambientales, pero también ha advertido de que la regulación debe ser proporcionada, jurídicamente clara y homogénea con Europa», escribió en un correo un representante de la asociación.
SpainDC argumenta que la opinión pública está a su favor. En octubre de 2025 presentó su primer Barómetro de Percepción Social, elaborado con Sigma Dos a partir de 2.100 encuestas. «La sociedad valora el sector con una nota de 8,7 sobre 10, una calificación que obtienen otros servicios esenciales como la sanidad o las Fuerzas Armadas», defendió el representante de la asociación. Pero el barómetro revela lo que la propia asociación llama una «paradoja»: aunque el 85% de los encuestados ha oído hablar de los centros de datos, solo un 11,4% afirma conocerlos «bastante», un 40,4% admite conocerlos apenas «algo» y menos de la mitad ni siquiera sabe con qué energía funcionan. La alta valoración ciudadana convive con el desconocimiento generalizado de aquello que supuestamente se valora.
“Panafricanista. Eso es lo que realmente soy”, responde Sani Ladan (Duala, Camerún, 1995) tras resoplar con honestidad. Después, añade: “Todo lo demás son herramientas al servicio de una causa que es contar África desde África y, en este caso, desde su diáspora”.
Ladan vive en Madrid, aunque encontrar un hueco para conversar con él estos días resulta casi tan complicado como abarcar los asuntos que atraviesan sus páginas. Hace un alto durante su regreso a la capital española tras un viaje al extranjero. Está inmerso en la promoción de El latir de un continente (Plaza & Janés, 2026), mientras atiende otros proyectos que, como él mismo dice, nunca dejan de acumularse.
Si La luna está en Duala (Plaza & Janés, 2023) era un ejercicio de memoria íntima sobre su propia travesía migratoria, El latir de un continente amplía el foco. Es un mapa trazado con la urgencia de quien sabe que África no puede seguir siendo contada desde la mirada ajena. «La historia es más dulce cuando la cuenta su protagonista», recuerda Joseph Nkongo en el prólogo, recuperando un proverbio hausa.
Ladan le echa un pulso al pensamiento eurocéntrico desde la inmensidad de un continente que reclama el derecho a narrarse a sí mismo. Este libro cuestiona la falsa idea de que «África empieza a existir con la llegada del hombre blanco». De ahí la necesidad de recuperar nombres, fechas, imperios, civilizaciones y, sobre todo, resistencias. «Esto no es un libro de queja, sino de reivindicación», afirma.
¿Por qué sigue siendo necesario cuestionar la historia de África escrita desde una perspectiva eurocéntrica?
La historia casi siempre la han escrito los vencedores, en este caso quienes colonizaron. Y eso no es un problema del pasado. En pleno 2026 seguimos reduciendo un continente de 55 países y más de 2.000 lenguas a hambrunas, guerras o safaris. Cuando hacemos eso, reproducimos la misma mirada eurocéntrica del siglo XIX. Cuestionar esa historia no es un capricho identitario, sino un ejercicio de rigor. Cheikh Anta Diop dedicó su vida a demostrar la relación entre el antiguo Egipto y las civilizaciones negroafricanas, pero fue ninguneado por las academias occidentales. Eso dice mucho sobre quién decide qué merece ser considerado historia.
En el libro hablas de un orden mundial construido sobre la inferiorización de los pueblos africanos. ¿Cómo sigue operando hoy esa lógica?
Opera de dos maneras: una visible y otra más sutil. La visible es, por ejemplo, el franco CFA, una moneda que mantiene atados a catorce países africanos a decisiones que se toman en París. Eso es colonialismo económico en pleno siglo XXI. La parte más sutil tiene que ver con la representación: ¿quién tiene autoridad para hablar de África en los medios? Precisamente, Burkina Faso aprobó un decreto que prohíbe fotografiar a personas vulnerables junto a donaciones. Pero esa lógica no la sostiene únicamente Europa, también dirigentes africanos que han hecho de la dependencia su modelo de supervivencia. El panafricanismo debe mirar críticamente hacia nuestras propias élites.
También otorgas un papel central al lenguaje. ¿Qué cambia cuando hablamos de «personas esclavizadas» en lugar de «esclavos»?
Absolutamente todo. Decir «esclavo» parece hablar de una condición inherente a la persona. En cambio, decir «persona esclavizada» nos obliga a recordar que hubo alguien con un nombre y una vida antes de esa violencia, y también que hubo un esclavizador. Señalamos al responsable. No es una cuestión de corrección política, sino de precisión histórica. El lenguaje no es un decorado, es el marco desde el que pensamos.
El libro no se limita a narrar la violencia colonial, también recupera historias de resistencia y de reconstrucción de identidades. ¿Por qué era importante contar eso?
Porque si solo cuentas el sufrimiento, acabas reforzando la imagen de África como una víctima pasiva, esperando a que alguien venga a salvarla. Esa es una de las grandes mentiras que hemos consumido durante mucho tiempo. Hemos puesto el foco en los verdugos y olvidado a quienes resistieron, como Yaa Asantewaa, Abd el-Krim, los Mau Mau en Kenia o la Unión de los Pueblos Cameruneses. En cada rincón del continente hubo personas que se levantaron, lucharon y, en muchos casos, pagaron con su vida por no resignarse. Contar solo el dolor sin contar la dignidad de la resistencia es otra forma de deshumanizar a esas personas. Quería que el lector cerrara el libro sintiendo rabia por la violencia sufrida, pero también admiración y orgullo por quienes decidieron resistir.
¿Escribir en una lengua africana sigue siendo una forma de resistencia cultural?
Sin duda. Cada vez que un imperio ha querido dominar un territorio, lo primero que ha intentado destruir ha sido la lengua, porque en ella habita la forma de entender el mundo, la cosmovisión y la memoria oral de los pueblos. Autores como Ng?g? wa Thiong’o advirtieron de que seguir escribiendo en la lengua del colonizador tiene sus límites. En mi caso hablo varios idiomas. Me encantaría escribir algún día en hausa o fula, aunque fuera un texto breve. Sería una forma de devolverle algo a la lengua de mi abuela, que me contó mis primeras historias mucho antes de que yo aprendiera a leer en francés o en español.
Este año, el Gobierno de España aprobó la regularización extraordinaria de personas migrantes, mientras continúa endureciendo las fronteras y externalizando el control migratorio. ¿Qué revela esa doble política sobre la relación de Europa con África?
Es la coherencia con un modelo. Han convertido las fronteras en lugares de criba humana, donde quedan los excedentes de la sociedad y los considerados desechos desde una lectura racial. Europa delega el control migratorio en terceros países para mantener la frontera lo más lejos posible de su territorio. Es la lógica con la que se ha relacionado con África durante décadas. Cuando ya has entrado y eres útil económicamente, se te regulariza. Pero, al mismo tiempo, se despliegan todos los mecanismos posibles para impedir que otras personas lleguen. Es una gestión de flujos, no una política migratoria basada en los derechos humanos. Quienes dicen que España es un modelo, deberían haber estado presentes durante la masacre de Melilla. Hablamos del mismo gobierno.
Durante el Mundial hemos vuelto a ver insultos racistas e incluso dirigentes políticos cuestionando la pertenencia de futbolistas negros a sus selecciones. ¿Qué revela el fútbol sobre el legado del colonialismo?
El fútbol es un espejo cruel de cómo Europa sigue sin resolver su relación con sus antiguas colonias. Lo de Rajoy retrata perfectamente esa vieja idea colonial de que existen ciudadanos de primera y de segunda según el apellido y el color de piel. Equivale a decirles a millones de hijos e hijas de argelinos, senegaleses o cameruneses que, por mucho que hayan nacido allí, nunca serán plenamente franceses. En España ocurre lo mismo con futbolistas como Lamine Yamal o Nico Williams. En cambio, nadie cuestiona la pertenencia de Aymeric Laporte, porque es blanco.
Las periodistas Magda Bandera y Patricia Simón, coautoras de la investigación sobre agencias de gestación subrogada de La Marea, se unirán a Carmen Aristegui, de Aristegui Noticias, y Dean P. Baquet, ex director de The New York Times, al equipo de profesores colaboradores del Máster de Periodismo de Investigación, Nuevas Narrativas, Datos, Fact-Cheking, Transparencia e Inteligencia Artificial de la Universidad Rey Juan Carlos. Así se comprometieron con el posgrado tras recibir el pasado 16 de junio los premios de Periodismo de Investigación de El Confidencial en las categorías de Nacional, Internacional y Trayectoria, respectivamente.
El posgrado se hace mucho más comprometido e internacional con estas nuevas aportaciones académicas y profesionales. Además, La Marea acaba de firmar un convenio de colaboración con el Máster para que el alumnado pueda realizar prácticas en su medio y publicar en sus soportes (papel y digital) algunas de las investigaciones y Trabajos Fin de Máster (T.F.M.) realizadas durante el periodo académico. Asimismo, algunos de sus profesionales serán profesores del posgrado.
La Marea también apoyará al Máster en la difusión de su programa académico y profesional, y participará en las diversas actividades y eventos que organice en la edición 2026-2027. El posgrado arrancó en 2012 en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Rey Juan Carlos de la mano del catedrático Manuel Gertrudix y del doctor y periodista de investigación Antonio Rubio. La coordinadora es Agustina Pozzi, especializada en factchecker audiovisual.
La directora de La Marea, Magda Bandera, define qué es y cómo se trabaja, tanto en el plano digital como en la revista trimestral en papel: “La trayectoria de La Marea se conforma como una cooperativa sin ánimo de lucro y voluntad de servicio público en la que los socios tienen voz y voto sobre la línea editorial y los estándares de publicación”. Y recalca que “esa estructura es la garantía de independencia del medio, que puede tener agenda propia y elegir qué temas quiere investigar sin cortapisas».
Verificar, contrastar, documentar
Creada en el año 2012, La Marea ha recibido múltiples reconocimientos por su periodismo de investigación y largo aliento. El último de ellos es el Premio de Periodismo de Investigación del diario El Confidencial por la serieGestación subrogada: el negocio de alquiler de vientres. El jurado del galardón (presidido por el director de El Confidencial, Nacho Cardero, e integrado por Antonio Rubio, Marta Sánchez Esparza, Edith Rodríguez y Tomás Ocaña, y asistido por Miguel Ángel Gavilanes como secretario) ha considerado que “la investigación realizada se sustenta en información verificada, contrastada y documentada”. También también ha resaltado “la cantidad y calidad de las fuentes utilizadas, los datos aportados y el contexto completo de los reportajes”.
La filosofía, método y compromiso de La Marea coincide con los principios del Máster de Periodismo de Investigación, Nuevas Narrativas, Datos, Fact-Cheking, Transparencia e Inteligencia Artificial de la Universidad Rey Juan Carlos y, a partir de ahora, medio y posgrado.
Además de La Marea, en el curso 2026-2027 se incorporarán como colaboradores del posgrado elDiario.es y PEN España. Todos ellos se suman a una red de medios, organizaciones y entidades nacionales e internacionales que apoyan al Máster en la organización de actividades y eventos. Los últimos, el taller Cómo se hace un libro de Periodismo de Investigación, en la Feria del Libro de Madrid, y el curso de verano de la URJC Escribir en tiempos revueltos, con Martín Caparrós y Olga Rodríguez entre los ponentes.
La lista de entidades que participan en el Máster es extensa y multidisciplinar: Maldita.es, Prodigiosos Volcán, Capa España, Reporteros Sin Fronteras, El Faradio, porCausa, Le Monde Diplomatique en español, Página Internacional, Transparencia Internacional, APDI Group, El Cierre Digital, Servimedia, Confilegal, Comisión Europea, Université Bordeaux Montaigne, Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), COLPIN, Canarias Ahora, Madrid Diario, Diario Vivo, Primera Página, Iberinform y Esri.
Los periodistas que han salido de las aulas del Máster hoy desarrollan su carrera en medios nacionales e internacionales como elDiario.es, El Confidencial, Maldita.es, El País, InfoLibre, Le Monde, La Nación, La Vanguardia, Servimedia, France TV, Prodigioso Volcán, CAPA, RTVE, La Sexta, ICIJ, CSIC, Vocento, Sud Ouest, France TV, Cadena SER, Netflix, Newtral, Civio y À Punt, entre otros.
Docentes y antiguos alumnos y alumnas del posgrado han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales, como el Pulitzer, Ondas Podcast, European Press Prize, Premio API, GO del Gobierno Abierto, Media City Bergen de Noruega, Datos Abiertos de Castilla y León y Protección de Datos. También han sido finalistas de los Premios Gabo y de diversos galardones relacionados con el periodismo de investigación, la innovación y el periodismo de datos.
La nueva edición apuesta por dar continuidad al club de lectura especializado en periodismo y literatura, coordinado por la periodista y propietaria de la librería Primera Página Tamara Crespo. Entre las novedades, incorpora un cinefórum dirigido por el periodista, showrunner y exmánager de contenidos de no ficción en Netflix Tomás Ocaña, dedicado al análisis de documentales, series y películas sobre el oficio periodístico.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado un procedimiento sancionador contra la investigación periodística de la Directa que desvelaba la infiltración de policías sin orden judicial entre los años 2020 y 2023 en movimientos sociales e independentistas de Catalunya y el País Valencià.
Este organismo estatal propone una sanción de 7.000 euros. Asimismo, insta a la Directa a borrar las imágenes y los datos de los cuatro agentes infiltrados que han interpuesto la denuncia ante la AEPD. Solicita incluso la retirada de los nombres ficticios que usaban y que aparecen en la investigación periodística.
La Directa ha defendido hoy en una rueda de prensa convocada junto a Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans que las investigaciones mediante las cuales ha destapado la infiltración de agentes de la Policía Nacional en el entorno de los movimientos sociales son un ejercicio legítimo del derecho a comunicar y recibir información veraz.
Los casos destapados han tenido gran trascendencia política, social y jurídica. Sin embargo, no se ha abierto ninguna investigación para conocer los detalles sobre la infiltración, lo cual es “revelador”, afirmó el periodista Jesús Rodríguez, quien comparó el caso desvelado por su medio con otro similar sucedido en el Reino Unido: “En las páginas de The Guardian o la BBC continúan apareciendo las identidades reales de los policías descubiertos, hubo una condena penal y el Gobierno pidió disculpas”.
En las últimas horas, varias entidades y medios de comunicación como La Marea, El Salto y Crític han firmado un manifiesto de apoyo a la Directa.
«No aceptamos la inercia de un mundo agotado. Hay otra forma de hacer las cosas y la vamos a demostrar». Con esta contundencia se presenta Rechistando, un festival andaluz de la economía social y solidaria que persigue activar el relevo generacional, financiando de forma digna a sus artistas y equipo. «Rechistamos contra la inercia de precarizar a los creadores o exigir horas gratis a los equipos motores. No podemos sensibilizar sobre otra economía reproduciendo las lógicas del sistema que criticamos», avisan. En ese contexto, la organización apura estos días la campaña de crowdfunding en Goteo, donde ha logrado ya la cantidad óptima, más de 6.300 euros.
El evento, que se celebrará el próximo mes de octubre en Osuna (Sevilla), incide en el liderazgo y potencial del sur: «Un evento dinámico y abierto, donde hacer muchas conexiones con personas diversas y situado en el territorio, construido juntamente con el pueblo, desde y para el sur«. No obstante, está abierto también para cualquier persona a la que le guste la idea y «tenga ganas de disfrutar y aportar a esta experiencia de diversión y transformación».
«No es –avisan– el típico congreso de ponencias donde estar escuchando durante horas. No es un festival de música al uso (aunque habrá música y conciertos). No son unas jornadas formativas (aunque habrá espacios de aprendizaje). No es un evento con un programa súper cerrado (aunque habrá una agenda donde las personas participantes puedan elegir a qué unirse y a qué no)». Es, según insisten, «un lugar para jóvenes que tengan interés y curiosidad por conocer una economía y forma de trabajo alternativa: alineada con sus valores, desde donde puedan tomar decisiones, así como contribuir a la lucha por un mundo más justo».
Para conectar con los códigos, el dinamismo y la energía de este colectivo, el evento desplegará tres escenarios simultáneos. «Rompemos las estructuras rígidas para que nuestras delegaciones, colectivos y participantes elijamos nuestro propio itinerario de saberes y disfrute», dicen. Así, por un lado estará el Ágora (Pensamiento y Debate): «Mesas redondas para la reflexión profunda donde rechistamos colectivamente contra la deriva global, abriendo el espacio central a la palabra sin filtros de nuestro Ágora Juvenil».
También habrá Aulas (Acción e Interactividad): «El espacio más práctico y transformador, donde compartiremos con la juventud herramientas técnicas aplicadas sobre finanzas éticas, vivienda cooperativa, energías limpias y educación ambiental. Demostramos que hay alternativas tangibles listas para ser relevadas». Y un Jardín (Ocio Relacional y Respiro): «El pulmón del encuentro. Un espacio diseñado para nuestro networking permanente, la cultura local, la música y una gran experiencia lúdica compartida para romper distancias mediante el juego: el Escape Room de la economía social».
El 100% de los fondos financiará directamente los cachés artísticos, infraestructura técnica y la retribución digna de las horas de diseño del grupo promotor: «Apoyar esta campaña es un acto de compromiso político para ofrecer un horizonte justo y con futuro a las nuevas generaciones siempre con los valores de la Economía Social y Solidaria», concluyen.
Poco más de un mes de vida, transcurrida entre las paredes de un hospital desbordado sin apenas medios materiales ni humanos, y conectada a un tubo para poder recibir alimentos. Desde que nació, la niña palestina Lila Albhaisi ha sufrido infección pulmonar, bloqueo esofágico y niveles altos de amoníaco en sangre, y no puede recibir el pecho de su madre como cualquier recién nacido. Un cuadro clínico grave que requiere de una atención médica pediátrica especializada urgente a la que ahora mismo no puede acceder, según relatan fuentes médicas que han evaluado y hacen seguimiento a su caso. Israel, mientras tanto, bloquea y limita la entrada de materiales médicos como el endoscopio que necesitaría para sobrevivir. Su familia se mantiene en vilo mientras observa impotente cómo la pequeña podría fallecer en cualquier momento, esperando un tratamiento que no llega. Así es el padecimiento de tantas y tantas personas enfermas en la Franja de Gaza.
Lila se encuentra en el Hospital Al-Aqsa, en Deir al-Balah, 14 kilómetros al sur de la ciudad de Gaza. Desde allí, su padre ha gestionado todos los trámites pertinentes para solicitar su traslado urgente a otro centro médico fuera del país donde pueda ser atendida correctamente. Del traslado tiene que hacerse cargo la Organización Mundial de la Salud (OMS), previo requerimiento a las autoridades israelíes del organismo militar Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), que deben aprobar la evacuación de los pacientes. Sin embargo, actualmente, los allegados de Lila todavía no han obtenido respuesta a pesar de la gravedad de su estado, al límite.
El pasado miércoles 22 de junio se concentraron durante varios días frente a la sede de la OMS en Deir al-Balah junto a otros enfermos a la espera de evacuación para exigir información y reclamar que se agilicen los procedimientos, pues hay vidas en juego. Denuncian la inoperancia y la opacidad de esta organización, que ignora sus demandas en medio de la desesperación. “Uno no sabe ni cuándo ni cómo va a salir, ni si va a salir. Hay gente esperando dos años, y la gente está muriendo sin poder recibir tratamiento médico fuera”, cuenta Issam, tío abuelo de Lila.
Familiares de Lila se concentran frente a la sede de la OMS en Deir al-Balah. Foto remitida por su familia a La Marea.
La situación en la región es devastadora. La crisis humanitaria derivada de la guerra y de las restricciones impuestas por Israel golpea especialmente a los menores de edad, sobre todo a la población infantil, que carece de una adecuada atención sanitaria, nutrición, abastecimiento de agua potable y saneamiento. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la escalada del conflicto y las limitaciones de movimiento podrían afectar a unos 134.000 niños y niñas. Durante los seis primeros meses de 2026, esta organización ha atendido a más de 11.000 recién nacidos pequeños o enfermos. Por su parte, un estudio publicado en The Lancet en 2025 revela que decenas de miles de niños y niñas en edad preescolar en la Franja de Gaza sufren desnutrición aguda, prevenible si se levantara el bloqueo a la entrada de alimentos, agua, medicamentos, combustible y otros artículos esenciales.
La Marea ha intentado recabar, sin éxito, la versión de las oficinas de la OMS en Europa y el Mediterráneo Oriental, así como de la embajada de Israel en España.
Si echamos un vistazo a los periódicos, al panorama mediático en general, podemos visualizarnos estos días de terribles incendios como en un partido de tenis, mirando de un lado a otro cómo unos y otros golpean la pelota, algunos en nombre de la ciencia y otros casi alardeando de negacionismo. Podríamos personificar estas dos posturas en dos dirigentes políticos muy concretos, que seguramente ya hayan reconocido: Pedro Sánchez a un lado e Isabel Díaz Ayuso a otro. «Hacedle caso a la gente que ahora a lo que está es a ayudar a apagar fuegos, a salvar vidas y a dar información útil», escribe Andreu Escrivà en un artículo publicado en Climática que te recomendamos desde La Marea.
El divulgador, doctor en Biodiversidad y autor de libros como Y ahora yo qué hago, ha formado parte de dos paneles asesores sobre cambio climático y en su análisis deja claro que no hay una única solución: «Quien venda panaceas al por mayor miente. Quien diga que la tenemos delante de nuestras narices pero no la usamos miente. Las soluciones, si es que pueden llamarse así, son múltiples –a veces complementarias, a veces excluyentes–, dependen de cada territorio y de factores tanto humanos como ambientales, cambian con el tiempo y necesitan una adaptación no solo territorial, sino también temporal. De poco sirve presentar un determinado tipo de gestión forestal, reintroducción de especies, política demográfica, incentivo a la descarbonización, medida socioeconómica, regulación agroganadera, práctica silvopastoral o estrategia de protección de la naturaleza como LA clave para evitar el fuego».
Citando al ecólogo Francisco M. Azcárate, Escrivà intenta concienciar sobre el peligro de la simplicación, que es, desde su punto de vista, donde se ha instalado el debate político: la hipersimplificación de la realidad. «Tiene razón Isabel Díaz Ayuso cuando afirma que culpar del fuego a la emergencia climática es ‘brocha gorda’. No, no todo es culpa del innegable y muy real cambio climático. Se despeña, sin embargo, cuando trata de abordar las causas del fuego, señalando a esa bestia negra conocida como la ‘falta de limpieza de los montes’, invocando a la ‘gente del campo’ y marcándose un estrepitoso autogol criticando la gestión de competencias que son exclusivas de su gobierno. En el PP estatal han ido más allá, sacando a relucir el falso argumento de los cambios cíclicos del clima para poner en cuestión la excepcionalidad del calentamiento actual. Qué triste que hayamos retrocedido a 2007, cuando tuvo lugar la famosa chanza del primo de Rajoy; el expresidente ya admitió en 2015 que se había equivocado al dudar del cambio climático».
Pero –prosigue Escrivà–, no es solo el PP el que «retuerce la evidencia sobre el cambio climático» para adaptarlo a sus necesidades discursivas: «Este gobierno en general y su presidente en particular banalizan a diario el calentamiento global. Simplifican hasta el absurdo, utilizándolo como ariete partidista revestido de la irrompible «ciencia» con la que tanto se les llena la boca, con el único objetivo de avivar la polarización y sacar rédito electoral, haciendo por desplazar a la derecha parlamentaria hacia posiciones que –esperan– la ciudadanía perciba como indefendibles y castigue como tales. Por si alguien tiene dudas, no les está funcionando. Como era previsible».
Solo el incendio de Ávila ha calcinado más de 50.000 hectáreas, el mayor fuego en España desde que hay registros. Unas 200.000 hectáreas quemadas con más de una treintena de grandes incendios en lo que va de año. Esa es la situación actual con varios fuegos aún sin control. La cifra supone multiplicar por seis el número de hectáreas afectadas respecto al año pasado. Y el escenario aún puede empeorar más por las condiciones meteorológicas: el viento sigue dificultando enormemente las labores de extinción y el próximo miércoles se aproxima la cuarta ola de calor del verano.
En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que los veranos “cada vez serán más difíciles y mortíferos” y ha calificado la emergencia climática de “prioridad nacional”. Por ello, ha vuelto a emplazar a todos los actores políticos, institucionales, civiles y sociales a la exigencia «y el deber» de materializar un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática. «Son horas complejas», ha advertido el dirigente, que ha pedido a la ciudadanía precaución y ha agradecido la labor de los medios de comunicación por facilitar información veraz frente a los bulos.
Este martes, el Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto ley para calificar los territorios calcinados como zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil. Además, Interior ha ampliado a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia de interés nacional declarada el pasado 23 de julio, que afectaba a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila.
Sobre el incendio en la Vall d’Uixó, el Gobierno ha insistido en esperar al desarrollo de la investigación para confirmar si fue intencionado. Este fuego ha quemado ya más de 7.000 hectáreas.
Marouane Laabbas el Guennouni trabaja en una oficina en el centro neurálgico de Europa, en Bruselas, donde este verano se han alcanzado los 40 ºC. Sobre las cinco de la tarde –dice– ya no hay ventilación en el edificio. Y hay días en los que ha tenido que quedarse hasta más allá de las ocho para terminar algunos trabajos. Sin restarle importancia, su situación, sin embargo, no deja de ser una escena más de los ‘descubrimientos’ del Norte sobre los males que llevan soportando décadas en el Sur. Y puede resultar ridícula si la compara con lo que cuenta después: “Sí, es cierto, me he visto este verano en una situación causada por el calor bastante interesante, digamos. Pero claro, mi abuela se ha enfrentado desde siempre al calor en un campo cogiendo sandías, incluso siendo menopáusica”. Pone también el ejemplo de su madre, que trabaja en una lavandería industrial a temperaturas infernales, y tantas otras trabajadoras como ella.
“Ve añadiendo vulnerabilidades: llegar a casa y no tener aire acondicionado, pero teniendo, además, que limpiar lo que han dejado tus hijos pequeños; estar durmiendo y despertarte cuatro veces durante la noche porque el cerebro no refresca; levantarte sin haber dormido y tener que preparar la comida otra vez, no solamente el desayuno, el almuerzo también, incluso la cena. Te vas a trabajar con ese calor. Y sigues levantando sandías. Y sigues soportando el calor infernal de la lavandería. Y vuelta a empezar. Tal vez en un coche sin aire acondicionado o tras una larga espera en la parada del autobús, regresas a tu casa, a un barrio obrero, donde las zonas verdes son limitadas, donde no hay refugios. Y ahí ya vas viendo una situación en la que exponencialmente no tienes ningún descanso”, enumera, casi pidiendo perdón por la retahíla, a quien le gusta presentarse como el hijo de Souad.
Él es consciente de ello porque lo ha visto en su casa, construida en el Norte a base de mucho esfuerzo tras venir con cinco años desde el Sur. Llegó a España desde Marruecos con una madre que le ha dado todo hasta terminar en esa oficina belga donde hoy trabaja como investigador y donde tal vez no estaría estudiando cómo impacta el cambio climático en la salud de los trabajadores sin toda esa trayectoria vital, sin todo lo que su abuela Aicha, analfabeta, le enseñó recogiendo sandías a pleno sol. Sin ser el hijo de Souad. “He recibido mucha ayuda de las políticas sociales, pero también de una familia que me crió desde el amor. Gracias a esos dos factores, he podido estar aquí. Siempre digo que vivo una realidad que no me tocaba. Si no hubiera crecido en una sociedad en la que se busca la equidad, no estaría aquí”.
Licenciado en Derecho y Relaciones Laborales por la Universidad Rovira i Virgili y máster en Derecho Ambiental, ha recibido premios por su excelencia y varias becas, entre ellas la Fulbright-Schuman en Estados Unidos, con la que profundizó en su investigación sobre la negociación colectiva, el sindicalismo y la transición ecológica. En noviembre de 2024, se incorporó al Instituto Sindical Europeo (ETUI), el centro de investigación y formación de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), donde explora las conexiones entre la seguridad y salud en el trabajo y los impactos del cambio climático. Acaba de publicar un estudio que viene a concluir lo que su trabajo de campo vital le ha venido advirtiendo: “El cambio climático está haciendo más vulnerables a ciertas personas trabajadoras”.
Entre sus principales conclusiones, destaca que el estrés térmico laboral es prevenible, pero solo si la prevención se aborda como una obligación del empleador y una cuestión laboral colectiva, y no como una cuestión de resiliencia individual. Entre estas medidas figuran la evaluación de los riesgos térmicos mediante indicadores adecuados, la hidratación, la disponibilidad de zonas de descanso frescas o a la sombra, los ciclos de trabajo y descanso remunerados, la reprogramación de tareas, la aclimatación, la ventilación, la planificación de emergencias, la formación, la vigilancia de la salud y medidas específicas para los trabajadores con mayor riesgo. En algún momento de la conversación, recuerda, para entender realmente de qué estamos hablando, aquella época en la que generaciones anteriores a la suya debatían entre vida y trabajo: “Lo que se consiguió fue quitar de la balanza a la vida, porque la vida no puede concursar con el trabajo”.
¿Cómo llegó hasta aquí?
Recuerdo que cuando estaba acabando la carrera me senté con mi directora de tesis y le dije: yo quiero hacer algo que pueda llegar a salvar vidas. Quería salvar vidas mediante mi trabajo. Si eres médico, vale, pero desde el Derecho lo veía muy complicado, así de manera directa. Pero entonces, viendo mi entorno, viendo cómo mi madre llegaba acaloradísima del trabajo con un nivel de cansancio brutal, además madre soltera, con una ayuda limitada, quise ayudarla también con mi trabajo. Es bastante egoísta lo que estoy diciendo, porque al final nace de una necesidad muy personal.
Pero ese “egoísmo” ayuda a mucha gente a la que de otra manera no se tiene tan en cuenta.
Al financiero Juan March se le conocía con el apodo de «el último pirata del Mediterráneo». Se hizo rico controlando el contrabando de tabaco entre África y las Baleares y vendiendo combustible durante la Primera Guerra Mundial, ya fuera a los aliados o a los submarinos alemanes. Dependía del día. En su negrísima carrera destaca la financiación del golpe militar de 1936, que a la postre derivaría en el fin de la Segunda República española tras una salvaje guerra civil cuyos efectos llegan hasta nuestros días. Hay poco que salvar de Juan March, pero hay algo que lo distingue de los nuevos multimillonarios: hacía alguna cosilla para compensar tanto mal. En su caso, la Fundación March se ha convertido en un esplendoroso tesoro cultural.
Cuando el pasado 12 de junio SpaceX debutó en el mercado del Nasdaq, una oportuna ventana le tapaba el ojo derecho a su patrón, Elon Musk, en la pantalla que retransmitía el hito en directo. Otro pirata. La compañía alcanzó una capitalización que rebasó los 1,75 billones de dólares y Musk se confirmó como la persona más rica del mundo.
También él financió la campaña de Donald Trump para volver a la Casa Blanca. Gastó cerca de 300 millones. Luego se pelearon, pero siguieron haciendo negocios. Sus satélites, por ejemplo, guían todos los misiles del mundo. Sus empresas son lo que son porque contratan, contratan y contratan con Washington. Así es como ha conseguido que su patrimonio personal supere los 400.000 millones de dólares. Muy liberal todo. La diferencia con el pirata March es que Musk (y aquí cabe englobar a toda la oligarquía tecnológica) no piensa en hacer ninguna fundación. No tiene ningún remordimiento y la cultura le importa un pito. Él quiere ir a Marte. Y ya está.
Este artículofue actualizado el 27 de julio de 2026.
Se resiste ante un poder desmesurado, la falta de alternativas y porque no queda otra. En términos de la práctica política, se resiste porque los movimientos sociales aún transitan el momento traumático de no poder imaginar algo nuevo. La cultura argentina está acostumbrada a resistir, siempre tan curtida de «prepotencia de trabajo», parafraseando a Roberto Arlt. Y en un contexto en el que la política no ofrece ninguna alternativa más que resistir, la cultura transita por el camino de la prepotencia de la praxis: hace cosas, continúa, mantiene su cauce incluso sin referentes políticos seductores.
La literatura
«La feria es una caja de resonancia de la Argentina», dijo en una entrevista reciente el director de la Feria del Libro de Buenos Aires, Ezequiel Martínez. Una feria que constituye un foco importante de resistencia contra el gobierno de Milei y que, pese a la crisis, este año, en su 50º aniversario, contó con récord de asistentes (1.340.000 personas) y registró aumentos de entre el 10 y el 20% en sus ventas con respecto al año anterior. La que supo ser la ciudad del mundo con más librerías sigue demostrando su voluntad de leer, pese a todo. «Una fiesta en un país que se derrumba», titulaba Silvina Friera en Página/12.
Una fiesta que se inauguró con la consabida violencia institucional (en este caso, insultos al público del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli) pero que, por fortuna, tuvo en la triada Selva Almada, Leila Guerriero y Gabriela Cabezón Cámara una ceremonia de apertura que activó varias alertas sobre la actuación del gobierno de Milei, no solo en la degradación del discurso público o en la instauración la hostilidad social, sino también en los reiterados intentos de entregar los recursos naturales.
Argentina puede seguir confiando en su cultura literaria como foco de resistencia. En las principales ciudades del país crecen y se multiplican ferias de editoriales independientes: Córdoba, La Plata, Bahía Blanca, Rosario, Mar del Plata y tantas otras, cada una con sus particularidades y su circuito de librerías. Todo esto junto a la constante aparición de nuevas ideas y materiales para debatir, desde Leídos Ya, una app de delivery de libros, hasta Los rotos: 18 fábulas desde el infierno libertario, el libro que Factótum Ediciones lanzó bajo el lema «algo se rompió y la realidad se volvió una distopía abominable» y con la participación de Julia Coria, Inés Hopenhayn y Federico Jeanmaire, entre otros.
Arte contemporáneo
Además de ser uno de los artistas contemporáneos más importantes de Argentina, Guillermo Kuitca fue uno de los firmantes de aquel comunicado de intelectuales que alertaban sobre la fragilidad del orden democrático si ganaba Javier Milei. Por estos meses, Kuitca muestra sus diarios en forma de lienzos circulares, pintados y vandalizados sobre una mesa durante 25 años. Los expone en Arthaus, una galería de arte que existe desde 2021 en pleno microcentro porteño y que ha dado una nueva vida a un barrio muy degradado. Además de acoger en su cúpula obras fundamentales del colectivo Mondongo, Arthaus tuvo en cartel durante todo mayo PLAY, una investigación escénica del artista contemporáneo argentino radicado en Madrid Matías Umpiérrez sobre los discursos de odio.
Tomás Sarraceno, el consagrado artista argentino afincado en Berlín, por estos meses prepara una instalación en Salinas Grandes de Salta. Se trata de Santuario del Agua, una serie de esculturas de sal que representan un gesto contra la privatización del agua y a favor de un modelo de turismo sostenible. Más al norte, en Jujuy, el pueblo de Huichaira acoge desde hace 14 años el Museo en los Cerros, quizás el mejor diálogo que el arte ha conseguido establecer con la Quebrada de Humahuaca. Un sitio ideado por el fotógrafo Lucio Boschi, gestado y concebido junto a la comunidad local y que hace honor a su nombre: está integrado en su totalidad en los cerros que lo acogen. Alberga lo más vanguardista de la fotografía argentina contemporánea.
El arte escénico
Sería largo, interminable mencionar ejemplos, pero se sabe que los actores argentinos siempre fueron un grupo heterogéneo pero decisivo a la hora de protestar contra los reiterados recortes en su sector. Además de haber agredido desde su cuenta personal de X a varias actrices y actores, Javier Milei ha impulsado recortes brutales dentro la industria del cine, tan graves que hasta fue denunciado recientemente por el delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux.
Pero las productoras siguen buscando financiación donde sea para ejecutar sus ideas, mientras que en Buenos Aires y en todas las ciudades mencionadas anteriormente (y tantas otras más) las compañías de teatro se unen entre sí para abaratar costes, ofrecen espectáculos a la gorra, reducen el precio de las entradas y hacen lo imposible para seguir dando sala. Es decir, para que ir al teatro siga siendo parte del ADN argentino. Lo dijo hace poco Mauricio Kartún (y lo repite cada vez que puede): el teatro es el gran espacio de resistencia, un lugar terapéutico, un ritual todavía necesario para soportar tanto.
La cultura pop y el streaming
La violencia sistemática del gobierno de Milei ha llegado hasta cantantes pop como Lali Expósito y María Becerra. El presidente argentino encarnó en ellas su tendencia a desacreditar los gastos estatales en cultura (las llamó, respectivamente, Lali Depósito y María BCRA, por la siglas del Banco Central de la República Argentina). Y se creyó tan gracioso. Y no solo ellas, sino otros cantantes como Dillom o Milo J, que también giran por el mundo, allá donde van se encargan de dejar claro el asco que sienten por Milei.
Gelatina, Blender y AZZ son algunos de los principales canales streaming por YouTube de Argentina y, a su vez, decisivos focos de resistencia contra casi todo lo que representa el gobierno de Javier Milei. Aquí, los libertarios han decidido dar una batalla abierta, abriendo sus propios canales de streaming con los mismos trolls que ya trabajaban para Milei en X, pero todavía sin conseguir igual impacto.
Las comunidades
Desde hace más de 10 años, la revista Anfibia junta a periodistas, dramaturgos, directores, actrices y escritoras en el Laboratorio de Periodismo Performático, un experimento que combina crónica literaria con artes escénicas para dar respuesta a esa eterna incertidumbre de cómo encontrar nuevas maneras de contar historias. En torno a esto, el Teatro Picadero y Finnegans Comunidad Creativa acogieron este año Futuro Imperfecto Vol. 3, el festival donde se exponen las nuevas obras de este laboratorio y donde se curan mesas de debate en torno a los discursos de odio, la violencia estatal y la decadencia de la libertad de prensa en estos años de Milei. Y donde el objetivo principal es juntarse a hacer cosas, crear de manera colectiva como un gesto contra el individualismo y el egoísmo oficialista.
Porque si hay algo determinante en estos años de resistencia es la creación de comunidades. Lo hace Anfibia, lo hacen las librerías y los streamers, lo hace la gente del teatro, lo viene haciendo Orsai desde hace años y también Futürock, una radio, editorial y librería sostenida por miles de socios con un perfil abiertamente feminista y LGTBIQ+, dirigida por Julia Mengolini, quizás una de las personas más atacadas durante años por los ejércitos de trolls que la derecha tiene a sueldo en las redes sociales.
Y en un país que ha roto casi todos sus consensos, que existan dos que parecen inquebrantables es, por lo menos, insólito. Los clubes de fútbol siguen siendo asociaciones sin fines de lucro, tienen elecciones, los socios votan a sus representantes, hay asambleas, hay identificación barrial. Las universidades públicas siguen siendo gratuitas y con ingreso irrestricto, lo que significa que cualquier persona del mundo puede disfrutarlas en las mismas condiciones que los argentinos. Ni los clubes ni las universidades son panaceas de la transparencia y de la buena gestión, pero siguen siendo bienes colectivos, de la gente. Continúan resistiendo a los enésimos intentos de ser privatizados. Y pareciera ser que la mayoría de argentinos queremos que sigan así. Quizás sea otra de las pequeñas cosas a las que podamos aferrarnos para que resistir siga mereciendo la pena.
Este artículo fue actualizado el 27 de julio de 2026.
Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural.
¿Qué pasará cuando Carles Puigdemont cruce la frontera y llegue a Catalunya, esta vez sin estratagemas ni jugadas maestras? ¿Cómo responderá la gente ante el retorno del president que protagonizó institucionalmente el 1-O? ¿Será acogido como el president de todos? ¿Ayudará a hacer revivir una formación política –Junts per Catalunya– que vive su peor momento desde su creación?
El 23 de octubre de 1977, el president Josep Tarradellas aterrizaba en el aeropuerto de El Prat tras treinta y ocho años de exilio. El día de su llegada, desde el balcón del Palau de la Generalitat, pronunciaba un discurso para la posteridad: «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí». El presidente del Gobierno del Estado lo restituía como president de la Generalitat. Tres años después, Jordi Pujol ganaba las primeras elecciones al Parlament y Tarradellas se retiraba sin ni siquiera presentarse. De Tarradellas, más allá de los historiadores y los biógrafos, nadie se acuerda.
Ciertamente, ambos casos son muy distintos, tanto en la duración del exilio como en la intensidad de las causas que los llevaron a abandonar el país. Pero el paralelismo sirve para señalar un hecho: el impacto del retorno es tan intenso como fugaz, y la nostalgia, en la política del día a día, solo cuenta si sirve para mejorar la vida de la gente. Eso es, precisamente, lo contrario de lo que hace Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, votando constantemente con el PP y Vox, ya sea para derogar la moratoria contra los desahucios o para tumbar la reducción de la jornada laboral. La nostalgia moviliza recuerdos. Los alquileres y los horarios movilizan vidas. Y un partido que lleva una década sin gobernar, atrapado entre la oposición a Illa, la competencia de Aliança Catalana por la derecha identitaria y la tentación permanente de entenderse con un Feijóo que ahora pide «pasar página», difícilmente podrá presentar el retorno de su líder como un proyecto. El retorno de Puigdemont no resuelve el problema de Junts: lo desnuda.
Junqueras, que sufrió la –injusta– prisión (como injusto ha sido el exilio impuesto a Puigdemont), ya ha tenido tiempo de entender que el aura de víctima se desvanece al instante, y ha tenido que pelearse con su propio partido, que todavía no controla del todo. Si finalmente cae la inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo, tendrá el que será, suponemos, su last dance como candidato. Pero el baile se reabre con un matiz que lo cambia todo: el votante que Puigdemont y Junqueras tendrán que disputarse ya no es el de 2017. Ha envejecido, se ha desencantado, ha cambiado de causa o mira hacia la extrema derecha. ERC ha hecho de la amnistía y de los pactos que la hicieron posible su justificación histórica; Junts hará del retorno una épica. Ninguna de las dos cosas, de momento, es un proyecto de país. La competición entre los dos originales vuelve al tablero justo cuando el público ha cambiado de obra.
Y después están los otros, los que casi nunca salen en el titular. La sentencia también avaló que se amnistíe a los doce miembros de los CDR procesados por terrorismo, aunque la Audiencia Nacional aún debe firmar el archivo. Entre las más de cuatrocientas personas amnistiadas hasta ahora hay activistas anónimos, cargos intermedios, también policías. La movilización que las llevó ante el juez, en cambio, no ha vuelto. La calle que llenó plazas y cortó autopistas no está esperando a nadie: se fue a casa, se desencantó o cambió de causa. La amnistía no reactiva ese mundo: como mucho, lo entierra con honores jurídicos. Y de ese sentimiento de incompletud se aprovechará Aliança Catalana.
¿Normaliza, pues, o congela? Ambas cosas y, de momento, ninguna de las dos. Porque nada de esto ha ocurrido todavía: Puigdemont sigue en Waterloo, Junqueras sigue inhabilitado, y la duda de verdad es qué otro conejo se sacará de la chistera un Tribunal Supremo que nos tiene acostumbrados a sorprender –esperar al Constitucional, ensayar una nueva consulta a Luxemburgo, descubrir un matiz inédito del «beneficio personal»– y a recordarnos, de paso, una vieja lección: la ley es casi siempre una, la que el poder decide que es. Si acaba aplicándose, la amnistía normalizará porque desjudicializa: por primera vez desde 2017, la política catalana podría discutirse sin un calendario de vistas orales como telón de fondo, y eso, en sí mismo, es higiene democrática. Y congelará porque restaura un elenco: los mismos nombres, las mismas rivalidades, la misma gramática del uno contra el otro, reinstalados en un escenario donde el espectador hace tiempo que mira otra obra.
Quien administra la normalidad, mientras tanto, es Salvador Illa: el dirigente que se opuso a la amnistía, convertido en su principal beneficiario político. Su apuesta es que la desjudicialización trabaje para él: que cada retorno reste épica al agravio y sume rutina a la legislatura, y que la nostalgia, como con Tarradellas, acabe donde mejor envejece, que es en los libros de historia.
Pocas instituciones han marcado tanto la historia económica y política de Catalunya como La Caixa. Nacida en 1904 como una caja de pensiones destinada a ofrecer protección a los trabajadores en un contexto de intensa conflictividad social, la entidad ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales centros de poder del país. Su influencia trasciende desde hace décadas el negocio bancario y alcanza ámbitos tan diversos como la vivienda, la cultura, la investigación, la educación, los medios de comunicación o la política económica.
Ese recorrido es el objeto de «La Caixa». Una història mai no explicada (Editorial Pol·len), (“La Caixa». Una historia nunca contada), el último libro del periodista e historiador Rafa Burgos. Tras más de cuatro años de investigación, un extenso trabajo en archivos y decenas de entrevistas con antiguos directivos, trabajadores, historiadores, sindicalistas y especialistas, Burgos reconstruye la trayectoria de una institución cuya historia se entrelaza con la de las élites económicas catalanas y españolas.
Lejos de presentar una simple cronología empresarial, el autor plantea una tesis ambiciosa. Sostiene que La Caixa constituye una institución sistémica, capaz de proyectar influencia sobre la economía, la política, la cultura y buena parte del tejido social gracias a una compleja red de relaciones construida durante más de un siglo. El libro aborda episodios poco conocidos de esa historia, desde sus vínculos fundacionales con la monarquía hasta el papel desempeñado durante el Procés, pasando por las participaciones preferentes, la vivienda o la internacionalización del grupo –entre muchos otros–. Más de cien años recompilados en una obra monumental que rastrea, como nunca se ha hecho antes, los entresijos de una de las organizaciones más poderosas del país.
El libro es el resultado de más de cuatro años de investigación. ¿Cómo surge un proyecto de estas dimensiones
Todo empezó casi como un desafío personal y editorial. Yo ya había publicado con Editorial Base otros libros de investigación sobre los grupos de poder de Barcelona y, una y otra vez, aparecía La Caixa de forma directa o indirecta. Nos preguntamos cómo era posible que no existiera una historia crítica de una institución tan determinante para Catalunya y decidimos intentarlo.
Al principio pensábamos que serían un par de años de trabajo. Al final han sido más de cuatro y podrían haber sido muchos más, porque una investigación así nunca termina del todo. Llega un momento en que simplemente tienes que decidir cerrar el libro.
Mi formación como historiador me ayudó mucho en la parte documental. Consulté archivos muy distintos, desde el Archivo Histórico de La Caixa hasta el Hospital de Sant Pau, la Biblioteca de Catalunya o archivos municipales. Lo sorprendente es que, tratándose de una institución con más de un siglo de historia, siempre acabas encontrando documentación relacionada con ella.
Las entrevistas también fueron creciendo casi de forma natural. Una fuente te remite a otra, alguien te recomienda hablar con quien conoce un episodio concreto o con quien participó en un conflicto determinado. Poco a poco vas reconstruyendo una red de relaciones muy amplia que permite entender la dimensión real de la institución.
Sitúas el nacimiento de La Caixa en un contexto de fuerte conflictividad social. ¿Hasta qué punto ese origen explica la función que desempeñó la entidad?
A finales del siglo XIX y principios del XX la situación de la clase trabajadora era muy complicada, especialmente en Catalunya, donde la industrialización había generado enormes desigualdades. Las condiciones laborales eran muy duras y comenzaron a desarrollarse formas de organización obrera que desembocaron en huelgas, movilizaciones y también en episodios de violencia.
El atentado del Liceu de 1893 marcó profundamente a la burguesía catalana. A partir de entonces empezó a instalarse la idea de que era necesario introducir algún mecanismo que amortiguara el conflicto social. No solo había una preocupación por mejorar determinadas condiciones de vida, sino también por evitar que la tensión siguiera creciendo.
En ese contexto cobra especial importancia la huelga de 1902, que hoy ha quedado bastante olvidada porque conocemos mucho más La Canadiense o la Semana Trágica. Sin embargo, aquella huelga supuso una auténtica señal de alarma para las élites económicas.
La idea de crear una caja de pensiones para la vejez, inspirada en experiencias que ya existían en Alemania, respondía precisamente a esa preocupación. Francesc Moragas llevaba tiempo trabajando en ese proyecto y consiguió sumar a buena parte de las grandes instituciones económicas catalanas.
También explicas que la monarquía fue decisiva en la fundación de la entidad.
Sí. El mayor donativo para hacer viable el proyecto fue el de Alfonso XIII, que aportó 20.000 pesetas. Aquella contribución fue fundamental para que la Caja de Pensiones pudiera ponerse en marcha.
La fundación también contó con el apoyo de instituciones como el Foment del Treball, la Cámara de Comercio, el Ateneu Barcelonès o el Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Desde el principio encontramos esa alianza entre las principales organizaciones económicas del país y la nueva entidad.
Siempre ha existido además un tándem muy significativo entre la presidencia y la dirección general. Francesc Moragas asumió la dirección, mientras que la presidencia recayó en Lluís Ferrer-Vidal, que era al mismo tiempo presidente del Foment del Treball. Esa conexión entre el mundo empresarial y la Caja aparece ya desde su nacimiento.
¿Hasta qué punto esa relación inicial con la Corona ha dejado una huella duradera?
Creo que sí existe una continuidad. Evidentemente, quienes conocen esa historia son conscientes del papel que desempeñó la monarquía en el origen de la entidad.
Pero más allá de ese episodio fundacional, La Caixa ha mantenido históricamente una relación muy estrecha con la Corona. Josep Vilarasau, por ejemplo, era una persona muy cercana a la institución monárquica y durante muchos años el rey desempeñó también un importante papel como facilitador de relaciones internacionales para numerosas empresas del IBEX.
Todo eso encaja con la tesis principal del libro. Yo intento demostrar que La Caixa es una institución sistémica. Forma parte del sistema y contribuye a sostenerlo. Y dentro de ese sistema la monarquía también constituye una pieza fundamental.
Dedicas algunas páginas a una posible relación entre la entidad y el 23-F, aunque insistes en que las pruebas son limitadas.
Era un tema delicado porque encontrar documentación resulta muy difícil. Si hubiera existido algún tipo de participación económica, es lógico pensar que apenas habrían quedado rastros documentales.
Encontré el testimonio de un antiguo trabajador de La Caixa que estaba convencido de que había existido apoyo económico al golpe porque así se lo habían transmitido determinadas fuentes. A partir de ahí entrevisté a otros historiadores y periodistas especializados para contrastar esa información.
Ninguno pudo confirmarla. Tampoco la desmintieron de forma categórica, simplemente señalaron que no disponían de pruebas que permitieran sostener esa hipótesis.
Sí encontré otro testimonio relevante de una persona vinculada al archivo histórico de La Caixa que recordaba una reunión celebrada después del mensaje televisado del rey para expresar el apoyo de la entidad al sistema democrático. Ese episodio sí aparece respaldado por varios testimonios.
Por eso en el libro dejo muy clara la diferencia entre aquello que puede documentarse y aquello que únicamente aparece en forma de testimonio oral. No quería convertir una hipótesis en una afirmación.
Uno de los capítulos más interesantes aborda el Procés y la salida de la sede social de La Caixa de Catalunya. Planteas que la llegada de Carles Puigdemont alteró la relación habitual entre el poder político y el económico.
Sí. Puigdemont no pertenecía a los círculos tradicionales del poder económico catalán de la misma forma que otros dirigentes de la ya antigua Convergència i Unió. Había llegado a la presidencia desde Girona y muchas de esas relaciones todavía no estaban consolidadas.
Artur Mas sí intentó facilitar algunos contactos con las principales instituciones económicas y empresariales. Entre ellas hubo una reunión con Isidre Fainé en la Casa dels Canonges, donde mantuvieron una conversación bastante conocida sobre el futuro político de Catalunya.
Aquellos meses fueron muy tensos. En La Caixa existía una enorme preocupación por la retirada de depósitos y por la incertidumbre que afectaba tanto a la propia entidad como al Banco Sabadell. Algunas fuentes me explicaron incluso el malestar que provocó ver a trabajadores del banco participando en las movilizaciones posteriores al 1 de octubre.
El traslado de la sede respondió a esa situación de incertidumbre y también fue posible gracias a la modificación legal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que permitió realizar el cambio sin necesidad de convocar al consejo de administración.
¿Qué consecuencias tuvo esa decisión?
Tuvo un impacto importante sobre la imagen de la entidad en Catalunya. Muchos clientes interpretaron el cambio de sede como una ruptura simbólica, aunque desde el punto de vista empresarial hay que recordar que el negocio principal de La Caixa hacía tiempo que había dejado de concentrarse en Catalunya. Es una situación parecida a la del Banco Santander respecto a Cantabria o incluso al conjunto de España: son entidades cuya dimensión ya es plenamente estatal e internacional.
Uno de los capítulos más actuales del libro es el dedicado a la vivienda. Se habla mucho de Blackstone, pero bastante menos de La Caixa, pese a que durante años ha sido el mayor propietario de vivienda del Estado.
Esa fue una de las cuestiones que más me llamó la atención durante la investigación. Existe un enorme foco sobre los grandes fondos internacionales, mientras que se habla mucho menos de un actor que durante años ha tenido un peso incluso mayor en el mercado residencial.
Además, el libro está inevitablemente marcado por el momento en el que se escribe. La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y eso también se refleja en las entrevistas que realicé. Hablé con personas afectadas, con el Sindicato de Inquilinas, con la PAH y con otros colectivos que llevan años denunciando esta situación.
Una de las conclusiones que aparece repetidamente es que una de las cuestiones que más preocupa a una institución como La Caixa es el riesgo reputacional. La imagen pública continúa siendo un activo muy importante.
En Catalunya eso se vio con la campaña Destapemos La Caixa y con las movilizaciones relacionadas con la huelga de alquileres. Finalmente, la Generalitat acabó adquiriendo parte de aquellas promociones a través del Incasòl. La entidad sigue teniendo un importante patrimonio inmobiliario, pero ha ido reduciendo su exposición a la vivienda protegida y orientando una parte de sus inversiones hacia otros activos, especialmente oficinas.
La Caixa suele reaccionar con mayor rapidez cuando existe presión pública que les señala…
Esa percepción apareció en varias entrevistas. Tanto los sindicatos de inquilinos como personas vinculadas a la propia entidad coincidían en que La Caixa presta mucha atención a la dimensión reputacional de los conflictos.
No significa necesariamente que actúe de forma distinta en el resultado final, pero sí en las formas. Algunas personas que trabajan desde hace años en campañas sobre banca armada o vivienda me explicaban que el trato suele ser más dialogante que el de otras entidades. Hay una voluntad de escuchar, de reunirse y de intentar reducir el impacto público del conflicto.
Probablemente esa forma de actuar tiene relación con el pasado como caja de ahorros y con el peso histórico de la obra social dentro de la identidad corporativa. Esa imagen sigue siendo importante para la institución.
En el libro también abordas la internacionalización del grupo: Solemos pensar en La Caixa como una entidad profundamente vinculada a Catalunya, pero hace mucho tiempo que dejó de jugar únicamente en ese ámbito.
Sí. La internacionalización no es algo reciente. La entidad llegó a tener oficinas en Andorra o Mónaco y desde hace décadas desarrolla una estrategia orientada a la gestión de grandes patrimonios. Como otros grandes bancos, apostó por la banca privada y por diversificar sus inversiones fuera de España.
Si observamos la estructura actual, vemos que la Fundación ”la Caixa” se sitúa en la cúspide del grupo a través de Criteria Caixa. Desde ahí participa tanto en CaixaBank como en grandes empresas del IBEX 35 y en entidades financieras internacionales, como el banco mexicano Inbursa o el Bank of East Asia. Esa presencia exterior forma parte de una estrategia que comenzó hace muchos años.
También explicas cómo funcionaban algunos mecanismos financieros muy controvertidos, como las participaciones preferentes.
Las preferentes suelen asociarse exclusivamente a la banca, pero también fueron emitidas por otras grandes compañías. Lo importante es entender que eran productos que operaban dentro de un marco legal y con el conocimiento de los organismos supervisores.
En muchos casos esas emisiones se realizaban a través de sociedades radicadas en las Islas Caimán. Todo eso era conocido tanto por la CNMV como por el Banco de España. Después de la crisis financiera existía un interés evidente en reforzar el capital de las entidades y muchas prácticas que hoy generan un enorme rechazo fueron toleradas porque contribuían a ese objetivo. El caso de Bankia fue probablemente el más conocido, aunque no el único.
Esa explicación conecta con una idea que atraviesa todo el libro: muchas veces imaginamos el poder económico como una realidad completamente opaca, cuando en realidad buena parte de sus mecanismos son perfectamente legales.
Exactamente. Hay prácticas que pueden resultar moralmente muy discutibles y, sin embargo, ajustarse plenamente a la legislación vigente.
Ocurre con determinadas fórmulas de optimización fiscal, con las SICAV o con otros instrumentos financieros. Hace un tiempo publiqué un reportaje titulado Barcelona, paraíso fiscal, donde intentaba mostrar precisamente eso. Muchas veces pensamos en las Islas Caimán o en Panamá, pero dentro de nuestras propias economías existen tratamientos fiscales diferenciados, zonas francas o regímenes especiales que responden a decisiones políticas perfectamente legales.
Al final, el poder económico no siempre necesita actuar en la clandestinidad. Con frecuencia opera a través de normas aprobadas por los propios Estados.
Después de cuatro años investigando, uno termina el libro con la impresión de que el poder económico acaba condicionando al resto de poderes. ¿Fue también esa tu conclusión?
Siempre existe el riesgo de que un investigador acabe viendo su objeto de estudio en todas partes. A veces bromeo con ese «síndrome de Estocolmo» que hace que, cuando llevas años investigando un tema, parezca que todo gira alrededor de él.
Pero, sinceramente, creo que en el caso de La Caixa esa sensación responde a una realidad bastante objetiva. Lo que hace singular a esta institución es que concentra formas de influencia muy distintas.
Está el poder económico, por supuesto, pero también el político, porque mantiene una interlocución permanente con gobiernos e instituciones. Existe igualmente una dimensión religiosa. Isidre Fainé pertenece al Opus Dei como supernumerario y esa es otra pieza que ayuda a entender determinadas redes de relación.
También encontramos una enorme capacidad de influencia en los medios de comunicación. No hace falta ser propietario de un periódico para tener peso dentro del ecosistema mediático. La publicidad, las relaciones históricas con los grandes grupos de comunicación o la concesión de financiación generan vínculos muy estrechos.
A eso hay que añadir la cultura, la investigación, la educación, el tercer sector o los programas de becas. La Fundación ”la Caixa” tiene una presencia enorme en todos esos ámbitos. Es una forma de soft power extraordinariamente eficaz.
Por eso sostengo que estamos ante una institución muy singular. No solo por su dimensión financiera, sino porque ha conseguido estar presente en casi todos los espacios relevantes de la sociedad. Muy pocas organizaciones reúnen una capacidad de influencia tan transversal.
¿Las ratas pueden nadar? El pasado 10 de mayo, alguien introdujo esa consulta en una IA y sacó un pantallazo para ganar una discusión. Hasta aquí, todo bien, salvo que la charla no se desarrollaba en un bar o en una casa rural, sino en el marco de una crisis sanitaria que implicaba a una larga lista de administraciones de varios países. Una de ellas, el gobierno autonómico de Canarias, quería algo muy propio de nuestra época: tener voz propia. Dentro de nuestro modelo competitivo, aceptar el criterio de otro significa una derrota porque no existe el concepto de bien común. Si alguien gana, alguien pierde. Por eso, si una administración decía que no había peligro, había que demostrar que sí. Había que ganar la discusión.
El pantallazo salió del ámbito del gabinete de presidencia y entró en esa conversación pública. La otra administración respondió con una argumentación exhaustiva y el inclemente coro digital sancionó el argumento de las ratas nadadoras con toda la dureza de la ironía. No hay cuchillo más afilado que el humor.
Ante ese callejón sin salida, sólo cabía una actitud: el victimismo. Reconocer el propio error también es admitir la derrota y la única posibilidad pasa por culpabilizar al otro, algo que tiene dos objetivos: que no pueda sacar partido de lo que se interpreta como victoria y, sobre todo, justificar cualquier actuación en el futuro. Como nos muestra cada edición de La isla de las tentaciones, el victimismo es la carrera armamentística de las malas personas.
Es importante detenerse en ese momento en el que alguien decide hacer esa búsqueda en Internet, alguien decide incorporarla a la argumentación pública y el presidente opta por defender todo lo anterior. ¿No había nadie más a quién hacer esa pregunta? ¿El gabinete de una presidencia autonómica no tiene acceso directo al conocimiento especializado? Claro, la clave es que no se buscaba una respuesta que se aproximase a la verdad, sino algo contundente que sirviera para mantener la propia posición y, sobre todo, algo comprensible. Realizar esa pregunta a un especialista entrañaba el riesgo de evidenciar las propias carencias. La IA siempre es amable. Nunca te dejaría en evidencia.
El punto de partida del conocimiento es la sensación de ignorancia. ¿Esto es así? No lo sé. Voy a verlo. El Quijote o Segismundo son personajes que salen de un encierro en el que han tenido mucho contacto con los libros y comprueban que la autoridad que hay en ellos no sirve. Hay que experimentar para conocer el mundo. Hay que medir, pesar, tomar notas y contrastar con otra gente que mide, pesa y toma notas. Da igual la posición de cada uno en la jerarquía social porque lo importante es el método. No discuten las personas y no lo hacen sobre lo que creen. Los experimentos se comprueban reproduciéndolos: distintas personas en distintos sitios hacen lo mismo. El saber es colectivo y acumulativo. Por lo tanto, cada vez más complejo.
Al neoliberalismo le molesta todo lo colectivo. La ciencia, también. El economista Friedrich Hayek dividía entre el conocimiento específico que proporciona el mercado a los que participan en él y el saber abstracto de las élites científicas, artísticas o académicas, los nuevos clérigos, que quieren imponer una verdad y un estilo de vida a los demás, algo que está muy cerca de la planificación socialista. Las estructuras de conocimiento experto imponen un monopolio de los hechos y deben adaptarse al modelo del mercado desregulado.
Es lógico que se desmantelen las estructuras académicas y las instituciones internacionales, que un antivacunas sea secretario de Estado de Sanidad o que se cambie el nombre de un accidente geográfico. El conocimiento experto del dermatólogo tiene que convertirse en un producto que se enfrente al saber irreflexivo que ofrece el futbolista porque lo importante es la energía espontánea que crea esa competición. La clave es el formato.
La clave para acabar con lo colectivo es el otro factor. Al ser acumulativo, participar de ese conocimiento experto requiere cada vez más formación hasta un punto en el que resulta incomprensible para los no especializados. Aunque no haya sido una voluntad consciente, son fortalezas. Las herramientas que abren la conversación pública son también las que permiten asaltar esas fortalezas.
La ignorancia tiene menos vergüenza porque nuestro modelo nos invita participar del mercado del conocimiento y tenemos herramientas para conseguir información en poco tiempo. Hay gente, sobre todo varones, que tiene pánico a quedarse fuera de la conversación y es irrelevante que al otro lado haya una historiadora que ha dedicado treinta años a estudiar la legislación romana. El punto de partida de la ignorancia es la sensación de conocimiento. Da igual. Lo importante es ganar la conversación. Nada más.
Hubo un tiempo en que navegar por internet era una forma de perderse. Y perderse era una manera de descubrir. Cada clic podía abrir una ventana inesperada, una conversación improbable o una idea capaz de desordenar nuestras certezas. Hoy, en cambio, parece que internet nos conoce demasiado bien. Tanto, que cada vez nos sorprende menos.
Vivimos rodeados de contenidos. Nunca la humanidad había producido tantas imágenes, tantos vídeos, tantos textos y tantas opiniones. Pero, en medio de esta abundancia, crece una sensación inquietante: todo acaba pareciéndose demasiado. Los mismos formatos, las mismas caras, las mismas frases, los mismos debates reciclados una y otra vez por unos algoritmos que han convertido nuestra atención en la principal mercancía del siglo XXI. Internet, que nació como una promesa de diversidad, experimentación y conocimiento compartido, corre el riesgo de convertirse en un inmenso espejo en el que solo vemos aquello que las plataformas deciden que queremos ver.
Es precisamente esta intuición la que atraviesa la conversación del director de Catalunya Plural, Pere Ortín, con la tecnóloga y periodista cultural venezolana especializada en marketing digital Ariana Basciani. Lejos de cualquier nostalgia tecnológica, Basciani plantea una pregunta mucho más radical: ¿y si el problema no fuera que internet genera demasiado contenido, sino que ha dejado de generar significado? Una crisis que no es solo tecnológica. También es cultural. Política. Democrática.
Porque cuando los algoritmos deciden qué merece nuestra atención, también condicionan qué recordamos, qué olvidamos, qué discutimos e incluso qué imaginamos.
Ariana Basciani es investigadora especializada en cultura digital, inteligencia artificial y sociedad. Su trabajo combina el conocimiento técnico con una mirada profundamente humanista sobre las consecuencias sociales de las tecnologías que habitamos cada día. No habla solo de máquinas. Habla de personas. De poder. De memoria. Y del derecho a seguir pensando en un ecosistema digital que tiende a uniformarlo todo.
La conversación, sin embargo, comienza lejos de los algoritmos.
Comienza en Venezuela, país de origen de la investigadora, que en las últimas semanas ha vuelto a vivir momentos de gran dolor a raíz de los terremotos que han afectado a diversas regiones. Cuando la tierra tiembla, la tecnología deja de ser protagonista. O quizá no del todo. Porque también es en esos momentos cuando internet muestra sus dos caras: la de la solidaridad que conecta a personas separadas por miles de kilómetros y la de la desinformación que circula con la misma velocidad que las emergencias.
Ariana Basciani. | Pol Rius / Catalunya Plural
A partir de ahí, el diálogo se adentra en algunas de las preguntas más incómodas de nuestro tiempo. ¿Hemos dejado de descubrir cosas o simplemente consumimos versiones ligeramente distintas de aquello que los algoritmos ya saben que nos va a gustar? ¿Qué ocurre con la cultura cuando todo tiende a parecerse? ¿La uniformización es solo estética o acaba condicionando también nuestra forma de pensar políticamente? En plena explosión de la inteligencia artificial, ¿qué sigue siendo irreductiblemente humano? Y, sobre todo, ¿es la IA la causa de esta homogeneización o simplemente acelera una dinámica que las grandes plataformas ya habían puesto en marcha mucho antes?
También hay espacio para hablar del poder. Porque detrás de los algoritmos no hay una fuerza abstracta. Hay grandes empresas globales. Inmensos intereses económicos muy reales. Modelos de negocio que compiten por retener cada segundo de nuestra atención. La pregunta, en este sentido, es inevitable: ¿estamos ante una crisis tecnológica o también ante una crisis democrática? En un momento en el que la información circula más rápido que nunca, pero la confianza en los medios convencionales, las instituciones públicas y el debate social parece erosionarse a gritos, recuperar espacios para el pensamiento crítico se convierte casi en un acto de resistencia práctica.
Por eso también preguntamos a Basciani si todavía existe un internet más ético. Un internet donde sea posible leer sin prisas, debatir sin insultos, descubrir sin que un algoritmo nos guíe constantemente por el mismo camino. Y qué papel pueden desempeñar los medios independientes en este escenario.
Quizá el futuro digital no dependa tanto de desarrollar una inteligencia artificial más poderosa como de preservar una inteligencia humana capaz de dudar, imaginar y discrepar. Porque, al fin y al cabo, la gran pregunta que atraviesa toda esta conversación es tan sencilla como inquietante: cuando internet deja de significar algo… ¿qué es lo que todavía puede devolvernos el sentido?
Con una nota de prensa, el Departamento de Estado de Estados Unidos de América (EE. UU.) informaba el 15 de julio de la celebración al día siguiente de una reunión ministerial “para combatir el resurgimiento del terrorismo político”. Dicha reunión, presidida por el secretario de Estado, Marco Rubio, ha convocado a representantes de más de 60 países, con el propósito de “fomentar una acción conjunta más firme” frente a la “amenaza renovada” que supone, a criterio del Gobierno de EE. UU., “el terrorismo político de extrema izquierda”.
Si no fuera porque vivimos en tiempos de la posverdad, en los que cualquier declaración puede disociarse de la realidad o realizarse sin tener correlato en los hechos, sorprendería leer que existe algo así como un “terrorismo político de extrema izquierda” y que, además, constituya una amenaza a las sociedades del mundo libre. A la dificultad de encontrar ejemplos concretos y contemporáneos de dicha amenaza transnacional se une la ambigüedad de un término, extrema izquierda, cuya definición es objeto de debates y no pocas discrepancias.
Aunque la reunión se había planteado como una alianza de gobiernos afines, países gobernados por fuerzas progresistas, como México o España, fueron invitados a participar, en lo que parece más bien un intento de cuadrar las agendas internacionales bajo los parámetros ideológicos de la actual administración estadounidense. Esto no es nuevo y ya lo vimos en la guerra global contra el terrorismo desatada por George W. Bush tras los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, un punto de inflexión en la política global de EE. UU. que desplegó un unilateralismo que hoy se profundiza bajo la segunda presidencia de Donald Trump.
Pero el momento geopolítico es otro y el declive hegemónico de EE. UU. se acelera hoy a pasos agigantados. Tras el distanciamiento entre EE. UU. y sus aliados occidentales por las diferencias sobre la OTAN o la crisis con Groenlandia, ahora EE. UU. impulsa una reunión que quiere convencer a los gobiernos del mundo de que comparten una “amenaza transnacional”, un enemigo común conformado por las fuerzas antifascistas, comunistas y marxistas. Convencer o, viendo el proceder anti diplomático de esta administración, sería más preciso afirmar informar.
Del islamismo radical como enemigo público número en la cruzada de Bush hijo, EE. UU. pasa a crear un nuevo enemigo etéreo donde, como en un cajón desastre, toda disidencia será etiquetada como terrorista. La coincidencia del anuncio de esta reunión con la detención en Ibiza del multimillonario estadounidense pro-palestino, Fergie Chambers, a pedido de EE. UU., acusado de “financiación del terrorismo” por apoyar organizaciones de la resistencia palestina, es un claro mensaje de lo que espera a cualquier ciudadano que confronte a EE. UU. y al sionismo. Un destino que será todavía peor para las personas anónimas y sin recursos que se enfrenten al brutal dominio imperialista que EE. UU. pretende ejercer en todo el mundo, sea directamente o a través de sus aliados.
Marco Rubio, líder ideológico y anticomunista
Además de las declaraciones de Trump tildando de comunista a cualquier posición que sea mínimamente progresista, quien parece llevar la batuta del discurso más político en esta administración no es siquiera el presidente Trump sino el secretario de Estado, Marco Rubio, secundado por el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, que también participó con unas palabras. El discurso de más de media hora de Marco Rubio estuvo enfocado a vincular la violencia política con la izquierda revolucionaria, en un ejercicio de proyección digno de análisis psicológico.
La perorata de Rubio tuvo el tono de un predicador religioso que establece un mundo dual donde las fuerzas del bien y el mal se oponen, como en los mejores tiempos del macartismo. Llegó a decir que el “comunismo es un mundo sin Dios”, “un mundo sin valentía, sin creatividad ni ambición, un mundo sin héroes, sin gloria ni grandes causas por las que luchar; un mundo sin milagros, sin mitos, sin hombres que se eleven por encima de los demás para realizar hazañas increíbles y extraordinarias”. Fidel Castro, cuyo centenario natal se cumple en unas semanas, se ríe desde el más allá. También añadió Rubio que “el comunismo nunca funciona en la práctica”. Olvidó mencionar que EE. UU. ha hecho grandes esfuerzos para evitar que el comunismo pueda funcionar en ningún país del globo.
De hecho, Rubio ha tenido un gran papel en el despliegue de la agenda anticomunista desde las instituciones estadounidenses. Su recorrido político ha dejado una impronta fuertemente ideológica desde sus tiempos de representante local en Miami y su llegada al Senado en 2010, apoyado por el reaccionario Tea Party, representando a la Florida, como explica Hedelberto López Blanch en su libro Rubio. Un mitómano incontrolable. Miembro del poderoso lobby anticastrista que ha condicionado la política exterior estadounidense en administraciones demócratas y republicanas, el senador Rubio fue el impulsor además de varias de las principales leyes de acoso y derribo a la Venezuela bolivariana, como la Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act de 2014, renovada en 2016 y 2023, o la VERDAD Act de 2019. Leyes que han servido para establecer un marco político sobre el que armar la arquitectura legal para la imposición de las más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales que EE. UU. impuso a Venezuela antes del 3 de enero. Como en tiempos de la Guerra Fría y el macartismo, Rubio veía comunismo por encima de la realidad.
Con este acto sobre “la amenaza de la extrema izquierda”, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha dado un paso más en su ofensiva ideológica que le sirve para marcar línea política en una administración que está ejerciendo un interesado “pragmatismo” en su relación con Venezuela. Aunque Rubio es protagonista de dicha estrategia de control sobre el país, su supuesta cordialidad y buen trato actual con las autoridades chavistas contrasta con sus posicionamientos previos y su discurso abiertamente hostil contra la dirigencia cubana. En este sentido, el acto del 16 de julio le sirve para escenificar una línea dura que hace no olvidar que los grupos de poder al mando de la todavía principal potencia mundial no van a conformarse con el control de los recursos, sino que deben derrotar ideológicamente a las alternativas políticas que se les enfrenten.
¿Luchar contra un enemigo que ya no existe?
Conviene destacar que la reunión comenzó con la presentación del subsecretario de Estado, Christopher Landau, haciendo paralelismos entre la situación actual y la realidad política de la década de los 70 del siglo XX. Landau interpeló a los representantes de los países mencionando a grupos políticos de la época como Weather Underground en EE. UU. Baader-Meinhof en Alemania o los latinoamericanos Tupamaros y Montoneros, tratando de convencerlos de que se están viviendo situaciones parecidas.
No es casual que los representantes estadounidenses se retrotraigan a la Guerra Fría pues su mentalidad sigue funcionando en la lógica anticomunista característica de la época. En aquel momento el mundo se dividía en una lucha ideológica entre el bloque socialista y el bloque capitalista. La simple existencia de la Unión Soviética, las luchas por la descolonización de África, el mayo del 68 y el auge de las ideas marxistas dieron lugar a una efervescencia política que se tradujo en una multiplicidad de grupos políticos que querían hacer la revolución en todos los rincones del planeta. Organizaciones a las que EE. UU., y sus aliados occidentales, combatieron a sangre y fuego, aplicando variadas estrategias de contrainsurgencia.
Sin embargo, el mundo actual está muy distante de ese momento de eclosión política de las fuerzas revolucionarias. Hoy quedan pocos Estados formalmente socialistas en el mundo y algunos de ellos, como Cuba, sufren la asfixia de décadas de bloqueo económico y cerco político. Tampoco es casual que Rubio odie al Gobierno revolucionario de Cuba, también por su papel de promoción de esos grupos durante el siglo XX.
Además de realizar un acto contra la resurgencia del terrorismo político de izquierdas frente a una realidad que refuta estas premisas, quizás lo que más asombró de los discursos fue el énfasis puesto en las ideas marxistas como amenaza. Resulta paradójico que en un mundo donde el marxismo es minoritario, donde, a diferencia de otros momentos históricos, declararse marxista no da caché en los cenáculos académicos ni políticos –todo lo contrario–, EE. UU. ponga al marxismo en el punto de mira, vinculándolo, como en tiempos de la Guerra Fría, con el terrorismo y la encarnación del mal.
En todo caso, lo que para Rubio y compañía puede ser un intento de mancillar las ideas del marxismo y el comunismo basado en ellas, para los marxistas debería ser un motivo de orgullo ser conceptualizados como enemigo principal del grupo de psicópatas que está llevando a la humanidad a la barbarie. El fantasma del comunismo sigue vagando por el mundo como alerta para la clase dominante. Y es bueno que así sea.
Mirarse en el espejo del miedo ajeno
Más allá de la paranoia o del anticomunismo genético de Rubio y de la clase dominante mundial, la reunión de este jueves constata que el marxismo es una potente herramienta teórica que amenaza de manera real a los principios ideológicos del capitalismo y a su sentido común, cargado de falacias. Una visión capitalista del mundo que se creía triunfante y hegemónica tras el derrumbe del bloque socialista, en plena enajenación neoliberal. Sin embargo, crisis como la del 2008, el impacto desigual de la pandemia o las crecientes desigualdades que se viven en las sociedades del capitalismo avanzado, incluyendo al propio EE. UU., han llevado a un cuestionamiento de amplios sectores sociales que buscan salidas rupturistas.
Pero no todas estas salidas rupturistas son igualmente contestatarias o superadoras del orden establecido. Mientras las derechas radicales, ultraderechas o neofascistas apuntalan el sistema sosteniendo, cuando no profundizando, al capitalismo responsable de los problemas de la humanidad, las alternativas inspiradas en las ideas del marxismo proponen alternativas de transformación que trastocan el poder existente y plantean la necesidad de avanzar hacia otra concepción de las relaciones sociales no basadas en la explotación entre seres humanos ni entre seres humanos y naturaleza. De ahí su “peligrosidad” para la voracidad de explotación sin límite y privatización absoluta de la vida y de los recursos naturales que defiende la clase dominante.
El principal mensaje del acto que tuvo lugar en Washington para las fuerzas de la izquierda no debería ser solamente asumir que los tiempos por venir van a ser más difíciles para todas las personas que se opongan a los representantes de este capitalismo desaforado y moribundo, que serán tildadas de comunistas, aunque no lo sean, conceptualizadas como enemigas y perseguidas, en distintos niveles, como tales. Lo más importante es ser conscientes de la fuerza que tienen las ideas marxistas para confrontarlo, derrotarlo y construir otro mundo socialista que la humanidad necesita cada día con más urgencia. Puede que ahora la izquierda revolucionaria sea minoritaria, esté dispersa y derrotada en diversos escenarios. Sin embargo, estas experiencias de resistencia y organización, vistas desde el prisma de quienes las adversan, sirven para recordar su importancia y engrandecer su gesta. La partida no se ha acabado. El hijo rojo de la Historia tendrá la última palabra.
Una isla cultural en mitad de la Hoya de Huesca. Eso es lo que ha tratado de construir el actor, director teatral y dramaturgo Alberto Castrillo-Ferrer con el festival de teatro Manhattan Fest en Murillo de Gállego. Una localidad zaragozana de poco más de un centenar de habitantes donde se enraíza su historia familiar, y a donde ha decidido volver tras desarrollar su carrera profesional en diversas ciudades, estudiar en l’École International de Mimodrame Marcel Marceau (París) y en la RESAD de Madrid, y recibir el Premio MAX al Mejor Espectáculo de Teatro Musical, entre otros galardones. “Es mi casa”, dice despacio, con una calma contagiosa. Por eso, es justo ahí donde ha decidido construir también un proyecto de vida que le permita desarrollar su profesión y llevar el teatro a una población a la que, hasta hace seis años, le resultaba algo ajeno.
¿Cómo nace la idea de crear un festival como el Manhattan Fest en 2020, en plena época de pandemia?
La idea es más antigua porque esta es la casa de mi familia, y Murillo de Gállego es el pueblo al que iba de niño, donde después trabajé como guía de montaña antes de irme a estudiar fuera. Es un lugar que para mí… es mi lugar, mi punto de referencia. Después me fui a estudiar a Francia, a Madrid, hice mi vida y me fui dando cuenta de que en las ciudades es muy difícil ensayar. En Francia estuve en residencias de amigos que tenían granjas donde trabajaban y vivían, y esa idea me rondaba siempre la cabeza. Tener un sitio que fuera casa y trabajo, y pensé en unir esta idea a un festival.
También es un pueblo donde ya hay público natural en verano, porque hay turismo de deportes y escalada, además de los propios vecinos del pueblo y comarca. La casualidad quiso que lo hablara con Víctor López Carvajal, antiguo director del Teatro Principal de Zaragoza y entonces productor de mis espectáculos, uno o dos días antes de que nos confinaran. Aun así quisimos continuar e hicimos un primer año con las restricciones propias de pandemia pero que, dentro de esa situación, tuvo muy buena acogida. Recuerdo que yo iba llamando casi casa por casa contándoles cuáles eran sus asientos; también en los grupos de Whatsapp del pueblo. Fue un esfuerzo muy bonito que creo que todo el mundo agradeció. El mundo del teatro para esos momentos tan duros. Luego, lamentablemente, mucha gente se olvida de ti.
¿Y cómo ha evolucionado desde los inicios hasta hoy, seis años después?
En 2021 lo celebramos con mejores condiciones aunque todavía con restricciones; en 2022 ya completamente bien. Y en 2023 recibimos ayudas y fue cuando el festival cogió mucho vuelo, pero también es verdad que cada año había pérdidas que asumía y asumo yo. El año pasado decidimos dejar de lado la música, el cine y otras actividades culturales que incluíamos en la programación, y centrarnos exclusivamente en el teatro porque es lo que dominamos. También porque casi no hay festivales de teatro como lo entendemos, ese que te emociona, que te llega, que tiene otro ritmo… Ese teatro es una especie que, quizá no está en extinción, pero desde luego es una especie a proteger.
¿Qué perfil de público tiene?
El otro día tuvimos un lleno de 100 personas, pero solo un 40% eran del pueblo. Hay un grupo muy fijo de autóctonos que nos apoyan. Pero sobre todo empieza a moverse en la comarca (Huesca, Zaragoza) y luego gente que viene de fuera.
¿Qué cree que busca la gente en este festival?
Depende del público. Tenemos a gente fija del pueblo que siempre vienen como, por ejemplo, una pareja con hijos. Ellos vienen a todo porque lo que buscan es una cultura a la que generalmente no tienen acceso fácil. Por otro lado, los veraneantes que a lo mejor viven en Barcelona, Zaragoza, Huesca… buscan la experiencia. Pues nos vamos a este pueblo, hacemos un rafting por la mañana, nos alojamos en un albergue rural y, por la tarde, acudimos al festival que además está en un anfiteatro al aire libre, con un panorama impresionante, con la torre, con la iglesia al fondo, con las estrellas. Aunque decía Federico Luppi que al cine entras y al teatro vas. El teatro implica una decisión previa: lo miras antes, te informas, lo has reservado o has estudiado un poco de qué va la cosa. Creo que quien asiste es porque ha decidido que lo hará, no solo porque se lo encuentre.
Con la programación, ¿busca descubrir nombres nuevos o traer a grandes artistas reconocidos?
Aspiro a traer obras que puedan despertar emociones, desde la risa, el dolor, el asombro… Eso es el teatro. Quiero que la gente descubra que hay otro tipo de teatro que no es el de los famosos y que no es el de los musicales. En la programación, que preparo con Blanca Carvajal, estamos trayendo a todo tipo de compañías: pequeñas, algunas con gran solera y arraigo, y otras que empiezan a hacer muy poquito, pero que lo suyo es de calidad. Y con algunas hago intercambios de funciones, como con Teatro de Ábrego; ellos hacen su función aquí y yo voy a Ábrego. Estoy defendiendo la pequeña compañía, esas que encima del escenario son príncipes y luego tienen que cargar y descargar su propia furgoneta. También eso es bonito.
El Manhattan Fest celebra este año su séptima edición. ¿Considera que se ha convertido en un festival de referencia o de culto?
Si el año que viene no lo hago, nadie va a venir a preguntarme por él. Bueno, quizá algunos. No sé si puedo decir que el festival está consolidado pero creo que sí está respetado como festival de calidad. Es muy difícil consolidar nada porque vas a concurrencia competitiva todos los años, y que te den subvenciones, a veces, parece que depende de que estén de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, me siento vetado por el Ayuntamiento de Zaragoza; no me dan ayudas ni me programan en la ciudad, y creo que es porque tengo una columna en la SER donde escribo mi opinión. En la cultura dependemos de los políticos de turno… ¿Qué me gustaría que fuera el Manhattan Fest? Mi referente es la Royal Shakespeare Company y su teatro en Stratford-upon-Avon, pero claro, es el pueblecito de Shakespeare, el mejor dramaturgo del mundo. Y está muy apoyado de forma pública y privada.
¿El Manhattan Fest recibe apoyos?
Aún no han resuelto algunas subvenciones y este año todavía no sé si voy a poder cubrir gastos o voy a perder dinero otra vez, como casi todos los años. En las últimas ediciones, hemos recibido ayudas del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza, de la Comarca, de la Fundación Caja Rural… Pero nunca sabes si te lo van a dar o no y así es muy difícil hacer un proyecto a largo plazo. El Ayuntamiento de Murillo de Gállego, por ejemplo, nos ayudaba y ya no. Llegará el día en que me canse de arriesgar y de estar con el corazón en un puño todo el verano. Es una pena que las ayudas no puedan plantearse para sostener proyectos a medio plazo porque se harían cosas mucho mejores.
Comenta que no es un proyecto rentable económicamente hablando. ¿Cuál es entonces su objetivo con el festival?
Yo soy muy ambicioso precisamente porque no es dinero lo que quiero. La gente con ese dinero lo que quiere es gastar el dinero en ser querido, en amistades, en generar momentos felices y de plenitud… Yo intento evitarme ese paso intermedio del dinero y lo que quiero es ser querido, ser reconocido por la profesión, por los amigos, traer a gente que disfrute de esta casa. Tengo una ambición de felicidad. Luego, bajándolo a tierra, el Manhattan Fest me aporta visibilidad, reconocimiento, experiencia, currículum y luego que aprendo mucho de otras compañías. Me ha empujado a crear esta casa de ensayos en la que, probablemente, en agosto ensayemos una obra, o recibamos a otras compañías en invierno. El hacer siempre te devuelve cosas. Hay que apartar un poco la vista de que lo más importante es ganar dinero, porque es falso, de verdad. A veces hay que parar y mirar alrededor. En la pandemia lo vimos; y cuando la gente tiene tiempo de pensar, lo dice, lo nota. Este festival me da eso, ese momento de espiritualidad, de paz e incluso contra estos gigantes económicos. A pequeña escala, claro, como un mini Quijote (risas).
¿Cómo se recibe esto de que venga gente de fuera?
No estamos muy acostumbrados. Pero, a veces, pasa como en Estados Unidos, que los que más protestan no son de allí y sus padres llegaron en los años 80. Aquí pasa también. Y es como ‘oye, perdona, en este pueblo te acogieron y no pasó nada’. De todas formas, es un pueblo que ha tenido siempre una carretera, por lo que siempre ha estado acostumbrado a recibir viajeros, también por el tema del turismo de aventura. En mi caso, yo soy del pueblo desde hace muchas generaciones –he encontrado un documento del año 1.000–. Y en los pueblos, que conozcan a tu familia es importante. Tú pagas lo que han hecho tus antepasados, y yo he notado mucho respeto, por ser parte de una familia muy normal, modesta pero recta. También por traer teatro, que parece que le da una categoría al pueblo y es una actividad cultural bien vista. Otra cosa es que no vengan al teatro (risas) pero yo sé que fuera se presume.
Por cierto, ¿por qué el nombre de ‘Manhattan Fest’?
Quería un festival que no fuera lo que ya hacen otros, y hacen muy bien. No quería una orquesta local y a Leticia Sabater, ni siquiera a famosetes que hacen sus pinitos. Entonces pensé en un nombre que nos llevara a pensar en todo lo contrario a un pueblo, y que pueda ofrecer espectáculos que se puedan ver en cualquier sitio del mundo, en París, en Madrid o en Nueva Orleans. Y me vino a la cabeza Manhattan. Al buscar el nombre, vi que significa isla entre colinas. Y digo pues es lo que tenemos: una isla cultural entre los promontorios de Los Mallos de Riglos.
Hablar de ‘isla cultural’ me lleva a pensar en un espacio aislado y al concepto de La España Vaciada. ¿Puede ser la cultura una herramienta contra la despoblación?
Esa es una pequeña lucha que tengo. Existen unas ayudas que vienen de vertebración del territorio, y las dan para programaciones culturales en invierno pero no permiten que haya venta de entradas. Y no las he pedido porque creo que te impide educar a la gente, y contarles que el teatro es trabajo y cuesta un dinero, como puede costar cualquier otra actividad. Entonces si en invierno organizo algo gratis, ¿luego cómo les voy a decir que el teatro se paga? Además, creo que es una visión paternalista de la gente del rural, como de pobrecitos, con la idea de organizarles algo, lo que sea, y limpiar la conciencia. No, señor; no traigan cualquier cosa, ofrezcan algo bueno, de calidad. A los políticos se les llena la boca con lo de luchar contra la despoblación, pero creo que merece mucha reflexión porque se está pensando desde los despachos. No se dan cuenta de que, muchas veces, se infantiliza o hiperprotege al público rural. Llévales algo bueno, que puedan ver en cualquier gran ciudad, y que paguen como todo el mundo.
Como ayudante de dirección junto a Javier Fesser, han creado el corto‘Más suerte que Zelenski’, donde imaginan un futuro mejor –con una portada de La Marea– que precisamente vuelve un poco a las costumbres típicas de los pueblos, de botijo y vida analógica.
Sí, pensé “hay sacar a La Marea porque es la que va a aguantar en el futuro” (risas). Yo principalmente soy freelance, quiero decir, soy actor, director y, de vez en cuando, hago alguna adaptación, dramaturgia o, en este caso, le eché una mano a Javier (Fesser), que tuvo la generosidad de ponerme de ayudante de dirección. Con el corto, que hicimos por una propuesta de Greenpeace, quisimos darle una vuelta a las distopías. Pensamos: ¿y si tanta distopía pesimista está dando pie a que efectivamente suceda? Por eso, lo llevamos a una idea de un futuro mejor, una utopía bonita. ¿Y cómo? Pues imaginando que la naturaleza se carga a los cuatro hijos de puta que todos tenemos en la cabeza. Ahora, habrá que currárselo por si acaso la naturaleza no nos ayuda (risas) y pensar que, quizá, el mejor futuro es donde volvemos a usar el botijo, dejamos las prisas y paramos de comprar todo desde casa para hablar con la tendera. Ojalá ese futuro llegue a cumplirse.
A mediados de julio, el equipo de seguridad de Hugging Face –el mayor repositorio de modelos de inteligencia artificial de código abierto, algo así como el GitHub del sector– detectó movimiento anómalo en sus servidores. Alguien, o algo, había entrado y sustraído credenciales de acceso con una minuciosidad poco habitual. Tardaron días en entender qué tenían delante. Cuando lo entendieron, lo describieron como distinto de cualquier incidente que hubieran gestionado antes: el ataque lo había ejecutado de principio a fin una inteligencia artificial actuando por su cuenta. No había ningún hacker con capucha tecleando. El 21 de julio, OpenAI levantó la mano. Era suyo.
La compañía explicó que estaba examinando a dos de sus modelos –GPT-5.6 Sol, el más potente de los que tiene en el mercado, y otro sin publicar que describe como todavía más capaz– para medir hasta qué punto son buenos reventando sistemas informáticos ajenos. Los laboratorios hacen esas pruebas dentro de lo que llaman un sandbox: un ordenador amurallado, sin salida a internet, donde se puede dejar que el modelo haga lo peor que sepa hacer sin que las consecuencias lleguen a nadie. Para que el examen tuviera sentido, OpenAI había desactivado además las restricciones internas que en condiciones normales impiden al modelo participar en un ataque informático.
Sin embargo, el muro tenía una grieta y los modelos la encontraron. Una vulnerabilidad que nadie conocía y que fue inmediatamente explotado; cuando alcanzaron la internet abierta fueron por los servidores de Hugging Face. Allí estaban guardadas las soluciones del examen que estaban haciendo.
Sam Altman, CEO de OpenIA, lo llamó un “incidente de seguridad significativo”. La empresa admitió que los modelos habían llegado a extremos considerables para lograr un objetivo de evaluación bastante estrecho y que encontraron la manera de acceder a información confidencial con la que hacer trampas. Clément Delangue, consejero delegado de Hugging Face, escribió en X que la semana anterior ya sospechaban que el ataque procedía de un laboratorio puntero, dada la sofisticación del agente.
Los clips de Bostrom toman vidan
En 2003, Nick Bostrom publicó un libro llamado SuperIntelligence en el que se describían todas las potenciales consecuencias negativas de modelos de inteligencia artificial que se fueran de las manos. Entre ellos, había un experimento mental que va así:
Imagínense una máquina a la que se le encarga una tarea perfectamente inofensiva: fabricar clips. Cuantos más, mejor. Es extraordinariamente buena en su trabajo y no tiene ningún otro objetivo, ni bueno ni malo, porque no le hemos dado ninguno más. Para fabricar más clips necesita más metal, así que se hace con todo el metal disponible. Luego necesita más fábricas, más energía, más capacidad de cómputo. Y en algún momento repara en algo incómodo: si alguien la apaga, deja de fabricar clips. Apagarla es, desde su punto de vista, la catástrofe absoluta. De modo que se defiende. Con recursos y capacidad suficientes, termina convirtiendo el planeta –y a nosotros, que estamos hechos de átomos perfectamente aprovechables– en clips y en fábricas de clips.
No se trata de una IA maligna, simplemente de la aplicación literal de un prompt escrito por un humano corriente. El problema del sistema no está en sus deseos, está en que ejecuta el nuestro sin ninguna de las cien restricciones tácitas que un humano da por supuestas y nunca escribe. El clip, esta vez, tenía forma de puntuación en un test de ciberseguridad.
Una crisis que vende mucho
No es la primera vez que sucede algo, hablando de los LLM (los modelos de lenguaje como ChatGPT) que pone los pelos de punta (supuestamente), a sus propios creadores, y, por ende, a la ciudadanía del mundo entero. Anthropic contó que su modelo más potente hasta la fecha, Claude Mythos Preview, se salió de un entorno aislado durante una prueba de estrés de una versión temprana, consiguió acceso a internet, escribió un correo al investigador que lo supervisaba para informarle de que se había escapado y después borró el rastro de su actividad; la compañía suspendió el lanzamiento público previsto.
En abril, la Reserva Federal y el Tesoro estadounidenses reunieron a consejeros delegados de la banca para advertirles de los riesgos de ciberseguridad asociados a ese mismo modelo. Washington llegó a restringir la exportación de Mythos y de su versión asociada, Fable 5, y después levantó la prohibición. GPT-5.6 Sol pasó por restricciones parecidas y hoy está desplegado a escala mundial.
La pregunta, pues, se formula sola: ¿estamos realmente ante el apocalipsis tecnológico, el momento de “singularidad”, como Altman afirmaba recientemente, o hay algo más detrás de todos —terroríficos— eventos?
Un puñado laboratorios, entre los que hay OpenAI, Anthropic, Google y xAI (la de Musk compiten por el mismo trono, cada uno prueba sus modelos en casa, cada uno decide qué salvaguarda quita y cuándo, y cada uno comunica el resultado cuando ya ha pasado. Cuando consiguen detectar un “error” de las magnitudes explicadas como el reciente caso, el valor de su empresa crece, pues significa que su modelo es más avanzado que los modelos de la competencia. En 2021, el historiador de la tecnología Lee Vinsel le puso nombre al pliegue: «criti-hype», la crítica que se alimenta del bombo publicitario y de paso lo engorda. Advertir de que una máquina es peligrosísima certifica, en el mismo gesto, que es potentísima. Merece la pena tenerlo en cuenta, más todavía si consideramos que hay clientes con muchísimo presupuesto a invertir.
En julio de 2025, el Departamento de Defensa estadounidense firmó contratos a la vez con OpenAI, Anthropic, Google y la xAI de Elon Musk, cada uno con un techo de 200 millones de dólares. Siete meses después, el secretario Pete Hegseth amenazó con rescindir el de Anthropic y designar a la empresa riesgo para la cadena de suministro porque se negaba a levantar sus límites sobre vigilancia interna y armas plenamente autónomas. xAI aceptó las condiciones sin objeciones.
Y los 200 millones de esos contratos son calderilla al lado de lo que se mueve un escalón más abajo. Anduril, que fabrica drones y torres de vigilancia autónoma, tiene con el Ejército estadounidense un contrato marco con un techo de 20.000 millones de dólares. Palantir, que no fabrica nada que vuele ni que dispare sino el software que ordena la montaña de datos sobre la que se toman esas decisiones, tiene otro que llega a los 10.000. Y las dos comparten un nombre, Peter Thiel. Palantir la cofundó en 2003; Anduril nació en 2017 de la mano de tres exempleados de Palantir y del fondo de Thiel, que lideró sus primeras rondas y sigue siendo su principal accionista de referencia.
La inteligencia artificial acabará siendo, o no, una voluntad separada de la nuestra. Eso ya se verá. Lo que no hace falta esperar a ver es que, mientras los discursos del miedo campen a sus anchas, el negocio de la guerra tendrá el camino despejado para expandirse…a costa del erario público.
