“La libertad de prensa es sólo un permiso de la prensa y el Estado nunca permitirá, ni podrá permitirme voluntariamente, que la reduzca a la nada mediante la prensa” – Max Stirner
Cuando anunciamos el mes pasado que este proyecto se despedía, explicamos que cada vez nos lee menos gente. Las razones son variadas (por ejemplo, que nuestros contextos vitales han cambiado y nuestra conexión con un público más joven se ha visto menguado, o que cada vez hay menos manifestaciones multitudinarias y que los movimientos sociales tienen menos tirón que antes), pero parte de ello se debe a que la forma de acceder a noticias ha cambiado drásticamente en los últimos años.
Con esto no queremos decir que el formato papel haya quedado obsoleto; de hecho, nos parece que cuenta con una serie de ventajas frente a otros medios (cuando se imprime en papel, la información no es tan efímera como en redes, llega a quienes no tienen acceso a internet, garantiza el anonimato, etc), pero el esfuerzo que hay que desempeñar para llegar a un público amplio es mucho mayor que subiendo un artículo a una web. Por eso, nos quitamos el sombrero ante los periódicos, revistas y boletines que siguen dando el callo y publicando en un formato físico. Como ejemplos se nos vienen las publicaciones CNT(periódico del sindicato homónimo), La Granada (órgano de expresión de CNT-AIT Granada), Ekintza Zuzena, El Topo, Redes Libertarias, BICEL (boletín de la FAL), El Salto(revista trimestral en papel de este medio), Píkara (revista anual en papel de este medio), Motín, Parrhesia, (Ex)Presión, Esporas (revista libertaria de crítica de libros), Revolución, Los Animales siguen Dentro, etc, pero seguro que hay muchos más.
Pese a que este periódico llega a su fin, existen muchos otros medios alternativos en los que seguir informándose, muchos de los cuales han nutrido de contenido a este medio. En agradecimiento por su labor, hemos reservado este espacio para mencionar algunos de ellos, a modo de homenaje.
Portales web
Es un hecho que, en los tiempos que corren, la principal fuente de información –y de desinformación– la encontramos en internet. Si bien se trata de un medio en el que no existe neutralidad, en el que quienes concentran dinero y poder consiguen imponer sus relatos dominantes y sus bulos, es igualmente cierto que se trata de una herramienta muy potente para llegar a compañeras de todo el mundo y hacer llamamientos a la solidaridad, si sabes dónde buscar.
En muchas ocasiones hemos llenado las páginas del Todo por Hacer con noticias de las que teníamos conocimiento de primera mano, porque habíamos participado en alguna lucha o algún proyecto. Pero, gracias a las conocidas como páginas de contrainformación, también hemos conseguido enterarnos de algunos conflictos que han ocurrido en otras partes del mundo y replicarlos en nuestro medio. Además, estas webs cuentan con la ventaja de que pueden informar sobre sucesos en tiempo real y que las noticias que difunden no quede obsoleta (cosa que en nuestro periódico nos ha pasado en varias ocasiones).
Todas ellas realizan aportaciones valiosas y recomendamos su lectura periódica.
Podcasts y radios libres
Las radios libres (emisoras de comunicación e información que le han robado al Estado y a los poderes económicos el monopolio que ejercen sobre las ondas, dando voz a colectivos que no la tenían) han sido una forma de comunicación muy potente para los movimientos sociales desde que empezaron a surgir a principios de los 70. Sin embargo, en el mundo digital en el que vivimos, al igual que sucede con el papel, la cantidad de gente que las escucha en el dial de la FM está decreciendo. Pero, a su vez, quienes militan en estas radios han sabido reinventarse, colgando sus programas en internet, en formato podcast e incluso han podido aumentar su audiencia, ya que son accesibles para personas a miles de kilómetros de distancia.
Por su parte, los podcasts llevan algo más de una década en auge, si bien estos también son presas de un mundo en el que la imagen lo es todo y muchos se han visto forzados a adaptar, subiendo sus programas en formato vídeo. Por alguna razón, no basta con escuchar a dos personas charlando y también hay que verles.
Al igual que ocurre con los medios de comunicación convencionales, también predominan en este mundo los podcasters que socializan a sus oyentes en valores de derechas. No es casualidad que entre los programas más escuchados del mundo se encuentren el de Jordi Wild o el de Joe Rogan.
Pero, por suerte, existe un amplio catálogo de proyectos radiofónicos alternativos que nos dan alas y rompen con esa hegemonía. Para empezar, en la web radioslibres.info puedes encontrar un listado de cadenas libres (como Radio Almaina en Granada; Radio Topo y Radio La Granja en Zaragoza; Radio QK en Oviedo; Radio Argayo en Cantabria; Irola Irratia, Zintizik Irratia y Arraio Irratia en Euskal Herria; Ràdio Malva en València; Contrabanda FM, Ràdio Bronka y Ràdio RSK en Catalunya; Ruido Feminista en todo el Estado; y Radio Vallekas1 y Ágora Sol Radio en Madrid).
Entre los programas que se emiten en estas radios y que están disponibles en plataformas de podcasts, queremos destacar algunos que abordan la actualidad política como De Raíz, Barrio Canino, La Contratertulia, Espacio Común 15M, El Acratador, Onda Negra, La Misa del Asno, El Salto Radio, Crónicas de Libertonia, Abajo el Trabajo, Postapocalipsis Nau, etc.; otros que profundizan en temas tan variados como la ciencia, la historia y movimientos revolucionarios, como lo hace La Linterna de Diógenes; podcasts feministas como Sangre Fucsia, La Tertulia de las Comadres o El Gesto Más Radical; y programas de actualidad antiespecista y liberación animal como Lluvia con Truenos. Además, todas las radios libres cuentan con infinidad de programas de música, novedades editoriales y secciones culturales muy completas.
Vídeos, shorts y otros formatos visuales
Por último, los youtubers/instagramers/tiktokers son la forma de comunicación por excelencia entre la gente joven y, por desgracia, en la batalla por la difusión de contenido están ganando por goleada la derecha, el individualismo, el egoísmo y la ostentación del dinero. Esto se debe, en parte, a que se trata de un medio que, a diferencia de lo que ocurre con la prensa escrita, los dominios libres de internet o las radios libres, su control se encuentra por completo en manos ajenas. No en vano, Meta (Facebook, Youtube e Instagram), Twitter y TikTok son propiedad de milmillonarios cercanos a Trump y fueron fundamentales a la hora de que ganara las elecciones.
Como ejemplo de la importancia que tiene controlar estas plataformas, hace unos meses, Benjamin Netanyahu organizó un encuentro con influencers en el que explicó que su enemigo es el “reich woke” y que en esta guerra “las redes sociales son el arma más poderosa. Y el número uno es TikTok. Otra muy importante es X y tenemos que hablar con Elon; no es un enemigo, que es un amigo”. De hecho, en octubre de 2025 el Estado de Israel invirtió seis millones de dólares en una empresa estadounidense para que los algoritmos privilegien narrativas favorables a sus intereses y en vetar contenido propalestino. Esto es devastador para las generaciones más jóvenes que han aprendido a consumir contenido por estos medios y se están empezando a politizar, interiorizando valores de derechas, coloniales, machistas y racistas.
Pero más allá de quién domina los algoritmos e impone su visión política, el formato youtuber en sí mismo, incluso cuando se hace con la mejor de las intenciones, puede fomentar el individualismo, ya que suele ser una persona la que siempre pone la cara; y aunque pueda haber todo un equipo detrás preparando el guion de un vídeo o las preguntas para una entrevista, o trabajando la parte técnica como la cámara o el sonido, o encargándose de la difusión, muchos espectadores no lo saben y sólo se fijan y conocen el trabajo de una única persona. En otras palabras, se invisibiliza el trabajo colectivo.
Pese a que se trata de un mundo predominantemente chungo, dentro del mismo existen proyectos muy loables, que realizan vídeos en los que difunden ideas libertarias o comunitarias y hacen análisis muy buenos, como es el caso de Spanish Revolution, Cuellilargo, PutoMikel, El Salto, Colectivo Burbuja e incluso el cómico Facu Díaz con su programa de Twitch. Por desgracia, no son demasiados los proyectos cercanos que podemos citar y pensamos que va siendo hora de que una nueva generación de compañeras empiece a hacer curro político en este medio.
Como podéis ver, existe una gran variedad de proyectos horizontales que se dedican a informar acerca de lo que hacen movimientos sociales y políticos por todo el mundo, con la intención de difundir ideas emancipadoras que nos conduzcan a un mundo mejor. Su trabajo es fundamental y no debe decaer. Desde aquí, os mandamos nuestro más sincero agradecimiento.
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1Ésta es más una radio comunitaria que una libre, pero igualmente recomendable.
A partir del 28 de diciembre de 2025, una nueva ola de protestas estalló en todo Irán, provocada por las dificultades económicas y que se intensificó hasta pedir el derrocamiento del Gobierno. Se trata, como mínimo, del quinto movimiento de este tipo en una década, que se suma a las anteriores oleadas de disturbios laborales y resistencia feminista. Sin embargo, dentro de este levantamiento, los movimientos de base se enfrentan a monárquicos reaccionarios, en su mayoría radicados fuera de Irán, que buscan el apoyo de Estados Unidos e Israel para hacerse con el poder.
Todo ello en medio de una situación geopolítica tumultuosa. El Gobierno israelí ha intensificado los bombardeos sobre Gaza y el Líbano y la apropiación de tierras en Gaza, el Líbano y Siria; se está preparando para construir un asentamiento que dividirá Cisjordania en dos, con el fin de imposibilitar la creación de un Estado palestino. Estados Unidos acaba de secuestrar al presidente de Venezuela y a su esposa para apoderarse del petróleo venezolano, lo que demuestra su determinación de llegar a cualquier extremo para dominar a los pueblos tanto dentro como fuera de sus fronteras.
En el otoño de 2025, los manifestantes de Nepal y otros lugares demostraron que todavía es posible que los movimientos sociales derroquen gobiernos. Una revolución exitosa en Irán podría desencadenar una ola de cambios en todo el mundo. Pero si esa revolución fuera secuestrada por fuerzas reaccionarias, podría retrasar los movimientos de liberación otra generación o más.
Hay mucho en juego. Le debemos a los movimientos populares de Irán informarnos sobre ellos y apoyarles, tanto porque se enfrentan a una situación desesperada como para asegurarnos de que no llegue al poder un régimen títere al servicio de Israel y Estados Unidos.
A continuación, presentamos tres perspectivas sobre el levantamiento de la última semana y media, extraídas del medio de comunicación Crimethinc.
Informe sobre la actual ola de protestas en Irán
Este texto ha sido aportado por unx anarquista residente en Irán que está documentando e informando activamente sobre la situación actual. Debido a graves motivos de seguridad, prefiere permanecer en el anonimato.
Durante casi una década, la sociedad iraní ha sido testigo repetidamente de oleadas de protestas callejeras dirigidas contra el sistema político gobernante, la República Islámica. Si bien estas protestas han surgido como consecuencia de diferentes desencadenantes inmediatos, todas ellas tienen su origen en profundas crisis estructurales sin resolver —económicas, políticas y sociales— que siguen configurando la vida cotidiana en Irán.
A lo largo de estos años, la principal respuesta del Estado a la disidencia pública ha sido la represión sistemática. Los movimientos de protesta se han enfrentado sistemáticamente a la fuerza letal, detenciones masivas, encarcelamientos e intimidación generalizada. Lejos de resolver los problemas subyacentes, este enfoque ha contribuido a la acumulación de la ira pública y a un creciente sentimiento de injusticia en toda la sociedad.
Las protestas más recientes se desencadenaron inicialmente por el dramático colapso de la moneda nacional iraní y el grave deterioro de las condiciones de vida. La rápida devaluación del rial, combinada con la inflación galopante y la pobreza generalizada, ha empujado a amplios sectores de la población al límite de la supervivencia económica. Estas condiciones han llevado a muchos a concluir que la crisis no es temporal ni reformable, sino estructural e inseparable del sistema de poder existente.
A diferencia de episodios anteriores, las protestas actuales reflejan un nivel más amplio de conciencia colectiva. Las manifestaciones ya no se limitan a ciudades o grupos sociales específicos, sino que se han extendido simultáneamente por múltiples regiones, involucrando a diversos segmentos de la sociedad. Las reivindicaciones económicas se han transformado rápidamente en demandas explícitamente políticas, con manifestantes que piden abiertamente el fin del régimen autoritario y el desmantelamiento de la República Islámica.
Al mismo tiempo, parte de la oposición —sobre todo los grupos monárquicos— está intentando sacar partido del movimiento de protesta. A través de los medios de comunicación satélites y las plataformas sociales, estos actores tratan de presentarse como alternativas políticas viables, recurriendo a narrativas nostálgicas de la era prerrevolucionaria e intentando redirigir la ira popular hacia sus propios proyectos de poder.
Mientras tanto, la represión estatal se ha intensificado significativamente. Los informes indican que más de diez manifestantes han sido asesinados y cientos detenidos en los últimos días, aunque es probable que las cifras reales sean más elevadas. Las fuerzas de seguridad han ampliado el uso de la violencia, la vigilancia y las detenciones arbitrarias, lo que ha ejercido una enorme presión sobre los manifestantes y la población en general.
En general, la situación actual en Irán representa mucho más que un estallido espontáneo de descontento. Es señal de una profunda crisis de legitimidad, del colapso de la confianza pública en las instituciones gubernamentales y de una fase crítica en la confrontación entre la sociedad y el orden dominante. La trayectoria de este momento dependerá del equilibrio entre la resistencia social, la represión estatal y la capacidad de la población para organizarse de forma independiente, al margen tanto del poder estatal como de las fuerzas de oposición de la élite.
Protestas en Irán en pleno asedio de enemigos internos y externos: informe sobre el reciente levantamiento popular
El siguiente análisis es una contribución de Roja, un colectivo feminista independiente y de izquierdas con sede en París. Roja nació tras el feminicidio de Jina (Mahsa) Amini, coincidiendo con el inicio del levantamiento «Jin, Jiyan, Azadi» en septiembre de 2022. El colectivo está compuesto por activistas políticos de diversas nacionalidades y geografías políticas dentro de Irán, incluyendo kurdos, hazara, persas y otros. Las actividades de Roja no solo están relacionadas con los movimientos sociales en Irán y Oriente Medio, sino también con las luchas locales en París, en sintonía con las luchas internacionalistas, incluyendo el apoyo a Palestina. El nombre «Roja» se inspira en la resonancia de varias palabras en diferentes idiomas: en español, roja es el «rojo»; en kurdo, roj significa «luz» y «día»; en mazandarani, roja significa «estrella de la mañana» o «Venus», considerada el cuerpo celeste más brillante de la noche.
I. El quinto levantamiento desde 2017
Desde el 28 de diciembre de 2025, Irán ha vuelto a arder en la fiebre de las protestas generalizadas. Los cánticos de «Muerte al dictador» y «Muerte a Jamenei» han resonado en las calles de al menos 222 localidades de 78 ciudades en 26 provincias. Las protestas no solo son contra la pobreza, el alza de los precios, la inflación y el despojo, sino contra todo un sistema político podrido hasta la médula. La vida se ha vuelto insostenible para la mayoría, especialmente para la clase trabajadora, las mujeres, las personas lgbttqi+ y las minorías étnicas no persas. Esto se debe no solo a la caída libre de la moneda iraní tras la guerra de los doce días, sino también al colapso de los servicios sociales básicos, incluidos los repetidos cortes de electricidad; a la agudización de la crisis medioambiental (contaminación atmosférica, sequía, deforestación y mala gestión de los recursos hídricos); y a las ejecuciones masivas (al menos 2063 personas en 2025), todo lo cual se ha combinado para empeorar las condiciones de vida.
La crisis de reproducción social es el punto central de las protestas actuales, y su horizonte último es la reivindicación de la vida.
Este levantamiento es la quinta ola de una cadena de protestas que comenzó en diciembre de 2017 con el levantamiento conocido como la «Revuelta del Pan». Continuó con el sangriento levantamiento de noviembre de 2019, una explosión de ira pública contra la subida del precio del combustible y la injusticia. La revuelta de 2021 se conoció como el «levantamiento de los sedientos», iniciado y liderado por las minorías étnicas árabes. Esta ola alcanzó su punto álgido con el levantamiento «Mujer, Vida, Libertad» en 2022, que puso de relieve las luchas por la liberación de las mujeres y las luchas anticoloniales de naciones oprimidas como los kurdos y los baluchis, abriendo nuevos horizontes. El levantamiento actual vuelve a centrarse en la crisis de la reproducción social, esta vez en un terreno más radical y posbélico. Las protestas, que comienzan con reivindicaciones relacionadas con los medios de vida, pero con una rapidez sorprendente, se dirigen contra las estructuras de poder y la oligarquía gobernante corrupta.
II. Un levantamiento asediado por amenazas externas e internas
Las protestas que se están produciendo en Irán se ven asediadas por todas partes por amenazas tanto externas como internas. Solo un día antes del ataque imperialista de Estados Unidos contra Venezuela, Donald Trump, enarbolando el lenguaje del «apoyo a los manifestantes», lanzó una advertencia: si el Gobierno iraní «mata a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, los Estados Unidos de América acudirán en su rescate. Estamos preparados y listos para actuar». Este es el guion más antiguo del imperialismo, que utiliza la retórica de «salvar vidas» para legitimar la guerra, ya sea en Irak o en Libia. Estados Unidos sigue hoy ese guion: solo en 2025, lanzó ataques militares directos contra siete países.
El genocida Gobierno israelí, que anteriormente había lanzado su asalto de doce días contra Irán bajo el slogan «Mujer, vida, libertad», ahora escribe en persa en las redes sociales: «Estamos con vosotros, manifestantes». Los monárquicos, como brazo local del sionismo, que asumieron la mancha y la vergüenza de apoyar a Israel durante la Guerra de los Doce Días, ahora intentan presentarse ante sus amos occidentales como la única alternativa. Lo han hecho mediante una representación selectiva y la manipulación de la realidad, lanzando una campaña online para apropiarse de las protestas, fabricar, distorsionar y alterar el sonido de las consignas callejeras a favor del monarquismo. Esto revela su engaño, sus ambiciones monopólicas, su poder mediático y, lo que es más importante, su debilidad dentro del país, ya que carecen de poder material en Irán. Con el eslogan «Make Iran Great Again» (Hagamos grande de nuevo a Irán), este grupo acogió con satisfacción la operación imperialista de Trump en Venezuela y ahora espera el secuestro de los líderes de la República Islámica por parte de sicarios estadounidenses e israelíes.
Y, por supuesto, están los campistas pseudoprogresistas —los autodenominados «antiimperialistas»— que maquillan la dictadura de la República Islámica proyectando una máscara antiimperialista sobre su fachada. Ponen en duda la legitimidad de las protestas actuales repitiendo la trillada acusación de que «un levantamiento en estas condiciones no es más que jugar en el campo del imperialismo», porque solo pueden leer a Irán a través del lente del conflicto geopolítico, como si toda revuelta fuera simplemente un proyecto estadounidense-israelí disfrazado. Al hacerlo, niegan la subjetividad política del pueblo iraní y otorgan a la República Islámica inmunidad discursiva y política mientras masacra y reprime a su propia población.
«Enojados con el imperialismo» pero «temerosos de la revolución» —por recordar la formulación fundacional de Amir Parviz Puyan—, su postura es una forma de antirreacción reaccionaria. Incluso se nos dice que no escribamos sobre las recientes protestas, asesinatos y represión en Irán en ningún idioma que no sea el persa en los foros internacionales, para no dar a los imperialistas un «pretexto», como si, más allá del persa, no hubiera personas en la región o en el mundo capaces de compartir destinos, experiencias, conexión y solidaridad en la lucha. Para los campistas, no hay otro sujeto que los gobiernos occidentales, ni otra realidad social que la geopolítica.
En oposición a estos enemigos, insistimos en la legitimidad de estas protestas, en la intersección de las opresiones y en el destino compartido de las luchas. La corriente monárquica reaccionaria se está expandiendo dentro de la oposición de extrema derecha iraní, y la amenaza imperialista contra el pueblo de Irán, incluido el peligro de una intervención extranjera, es real. Pero también lo es la furia del pueblo, forjada a lo largo de cuatro décadas de brutal represión, explotación y «colonialismo interno» del Estado contra las comunidades no persas.
No tenemos más remedio que afrontar estas contradicciones tal y como son. Lo que vemos hoy es una fuerza insurgente brotando de las profundidades del infierno social de Irán: personas que arriesgan sus vidas para sobrevivir, enfrentándose de lleno a la maquinaria de la represión.
No tenemos derecho a utilizar el pretexto de una amenaza externa para negar la violencia infligida a millones de personas en Irán, ni para negar el derecho a sublevarse contra ella.
Quienes salen a las calles están cansados de análisis abstractos, simplistas y condescendientes. Luchan desde dentro de las contradicciones: viven bajo sanciones y, al mismo tiempo, sufren el saqueo de una oligarquía nacional. Temen la guerra y temen la dictadura interna. Pero no se paralizan por el miedo. Insisten en ser sujetos activos de su propio destino y, al menos desde diciembre de 2017, su horizonte ya no es la reforma, sino la caída de la República Islámica.
III. La propagación de la revuelta
Las protestas se desencadenaron por la caída libre del rial, que estalló primero entre los comerciantes de la capital, especialmente en los mercados de teléfonos móviles y ordenadores, pero rápidamente se convirtieron en un levantamiento amplio y heterogéneo que atrajo a trabajadores asalariados, vendedores ambulantes, porteadores y trabajadores del sector servicios de toda la economía comerciante de Teherán. La revuelta pasó rápidamente de las calles de Teherán a las universidades y a otras ciudades, sobre todo a las más pequeñas, que se han convertido en el epicentro de esta ola de protestas.
Desde el primer momento, las consignas se dirigieron contra la República Islámica en su conjunto. Hoy en día, la revuelta está siendo impulsada sobre todo por los pobres y los desposeídos: jóvenes, desempleados, las poblaciones excedentarias, trabajadores precarios y los estudiantes.
Algunos han desestimado las protestas porque comenzaron en el Bazar (la economía comercial de Teherán), que a menudo se percibe como aliado del régimen y un símbolo del capitalismo comercial. Han tildado las protestas de «pequeñoburguesas» o «vinculadas al régimen». Este reflejo recuerda las primeras reacciones al movimiento de los chalecos amarillos de Francia en 2018: debido a que la revuelta surgió fuera de la clase trabajadora «tradicional» y de las redes de izquierda reconocidas, y debido a que llevaba consignas contradictorias, muchos se apresuraron a declararla condenada a ser reaccionaria.
Pero dónde comienza un levantamiento no determina hacia dónde se dirige. Su punto de partida no predetermina su trayectoria. Las actuales protestas en Irán podrían haber sido reavivadas por cualquier chispa, no solo por el Bazar. También en este caso, lo que comenzó en el Bazar se extendió rápidamente a los barrios pobres de las ciudades de todo el país.
IV. La geografía de la revuelta
Si el corazón palpitante de «Jin, Jiyan, Azadi» en 2022 latía en las regiones marginadas —Kurdistán y Baluchistán—, hoy en día las ciudades más pequeñas del oeste y el suroeste se han convertido en los núcleos centrales de las revueltas: Hamedan, Lorestán, Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, Kermanshah e Ilam. Las minorías lor, bakhtiari y lak de estas regiones están siendo doblemente aplastadas por las crisis superpuestas de la República Islámica: la presión de las sanciones y la sombra de la guerra, la represión y la explotación étnicas, y la destrucción ecológica que amenaza sus vidas, especialmente en Zagros. Se trata de la misma región en la que Mojahid Korkor (un manifestante Lor durante el levantamiento de Jina/Mahsa Amini) fue ejecutado por la República Islámica un día antes del ataque de Israel, y en la que Kian Pirfalak, un niño de nueve años, fue asesinado por balas reales disparadas por las fuerzas de seguridad durante el levantamiento de 2022.
Sin embargo, a diferencia del levantamiento de Jina, que desde el principio se expandió conscientemente a lo largo de líneas divisorias de género/sexualidad y etnia, el antagonismo de clase ha sido más explícito en las recientes protestas y, hasta ahora, su propagación ha seguido una lógica más basada en las masas.
Entre el 28 de diciembre y el 4 de enero de 2025, al menos 17 personas fueron asesinadas por las fuerzas represivas de la República Islámica con munición real y balas de goma, la mayoría de ellas lor (en sentido amplio, especialmente en Lorestán y Chaharmahal y Bakhtiari) y kurdas (especialmente en Ilam y Kermanshah). Cientos de personas han sido detenidas (al menos 580, entre ellas un mínimo de 70 menores) y decenas han resultado heridas. A medida que avanzan las protestas, la violencia policial se intensifica: en el séptimo día en Ilam, las fuerzas de seguridad irrumpieron en el hospital Imam-Khomeini para detener a los heridos; en Birjand, atacaron una residencia de estudiantes femenina. El número de muertos sigue aumentando a medida que se intensifica el levantamiento, y las cifras reales son sin duda superiores a las anunciadas.
La distribución de esta violencia es desigual, por supuesto: la represión es más dura en las ciudades más pequeñas, especialmente en las comunidades marginadas y minoritarias que han sido empujadas a la periferia. Las sangrientas matanzas de Malekshahi en Ilam y Jafarabad en Kermanshah son testimonio de esta disparidad estructural en la opresión y la represión.
En el cuarto día de protestas, el Gobierno, en coordinación con todas las instituciones, anunció cierres generalizados en 23 provincias con el pretexto del «frío» o la «escasez de energía». En realidad, se trataba de un intento de romper los circuitos a través de los cuales se propaga la revuelta: el Bazar, la universidad, la calle. Paralelamente, las universidades pasaron cada vez más a impartir las clases en línea para cortar los vínculos horizontales entre los espacios de resistencia.
V. El impacto de la Guerra de los Doce Días
Tras la Guerra de los Doce Días, el poder gobernante de Irán, en un intento por compensar el colapso de su autoridad, ha recurrido de forma más abierta a la violencia. Los ataques de Israel contra instalaciones militares y civiles iraníes han militarizado y securitizado aún más el espacio político y social, especialmente a través de la campaña racista de deportación masiva de inmigrantes afganos. Y mientras el Estado habla sin descanso en nombre de la «seguridad nacional», se ha convertido en sí mismo en un productor central de inseguridad: una inseguridad de vida intensificada a través de un aumento sin precedentes de las ejecuciones, el maltrato sistémico de los presos y una inseguridad económica intensificada a través de la brutal reducción de los medios de vida de la población.
La Guerra de los Doce Días, seguida de la intensificación de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea y la activación del mecanismo de restablecimiento de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aumentó la presión sobre los ingresos petroleros, la banca y el sector financiero, ahogando la entrada de divisas y agravando la crisis presupuestaria.
Desde el 24 de junio de 2025, cuando terminó la guerra, hasta la noche en que estallaron las primeras protestas en el Bazar de Teherán el 18 de diciembre, el rial perdió alrededor del 40 % de su valor. No se trató de una fluctuación «natural» del mercado. Fue el resultado combinado de la escalada de sanciones y el esfuerzo deliberado de la República Islámica por trasladar los efectos de la crisis de arriba hacia abajo mediante la devaluación controlada de la moneda nacional.
Las sanciones deben condenarse incondicionalmente. Sin embargo, en el Irán actual, también funcionan como un instrumento interno de poder de clase. Las divisas extranjeras se concentran cada vez más en manos de una oligarquía militar y de seguridad que se beneficia de la evasión de sanciones y del opaco comercio petrolero. Los ingresos por exportaciones están efectivamente secuestrados y solo se liberan en la economía formal en momentos seleccionados y a tipos manipulados. Incluso cuando aumentan las ventas de petróleo, los ingresos circulan dentro de instituciones cuasi estatales y un «Estado paralelo» (sobre todo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica), en lugar de entrar en la vida cotidiana de la población.
Para cubrir el déficit producido por la caída de los ingresos y el bloqueo de los rendimientos, el Estado recurre a la eliminación de subsidios y a la austeridad. En este marco, la repentina caída del rial se convierte en una herramienta fiscal: obliga a la moneda «secuestrada» a volver a circular en los términos del Estado y amplía rápidamente los recursos en riales del Gobierno, ya que el propio Estado es uno de los mayores poseedores de dólares. El resultado es una extracción directa de los ingresos de las clases bajas y medias, y la transferencia de los beneficios de la elusión de las sanciones y la renta monetaria a una minoría reducida, profundizando la división de clases, la inestabilidad de los medios de vida y la ira social. En otras palabras, los costes de las sanciones los pagan directamente las clases bajas y la clase media, cada vez más reducida.
Así, el colapso de la moneda nacional debe entenderse como un saqueo organizado por el Estado en una economía devastada por la guerra y estrangulada por las sanciones: una manipulación deliberada del tipo de cambio en favor de las redes de intermediación vinculadas a la oligarquía gobernante, al servicio de un Estado que ha convertido la liberalización neoliberal de los precios en una doctrina sagrada.
Los campistas de pseudoizquierda reducen la crisis a las sanciones estadounidenses y la hegemonía del dólar, borrando el papel de la clase dominante de la República Islámica como agente activo del despojo y la acumulación financiarizada. Los campistas de derecha, generalmente alineados con el imperialismo occidental, culpan únicamente a la República Islámica y consideran irrelevantes las sanciones. Estas posiciones se espejan entre sí, y cada bando tiene claros intereses en adoptarlas. En contra de ambos, insistimos en reconocer el entrelazamiento del saqueo y la explotación global y local. Sí, las sanciones devastan la vida de las personas —a través de la escasez de medicamentos, la falta de piezas industriales, el desempleo y la erosión psicológica—, pero la carga se socializa sobre el pueblo, no sobre la oligarquía militar-securitaria que amasa una enorme riqueza controlando los circuitos informales de la moneda y el petróleo.
VI. Las contradicciones
En las calles se escuchan consignas contradictorias, desde llamamientos a derrocar la República Islámica hasta nostálgicos llamamientos a la monarquía. Al mismo tiempo, los estudiantes corean consignas dirigidas tanto contra el despotismo de la República Islámica como contra la autocracia monárquica. Las consignas a favor del Sha y de Pahlavi reflejan contradicciones reales sobre el terreno, pero también se amplifican y se fabrican a través de las distorsiones de los medios de comunicación derechistas, incluida la vergonzosa sustitución de la voz de los manifestantes por consignas monárquicas. El principal responsable de la manipulación mediática es Iran International, que se ha convertido en un megáfono de la propaganda sionista y monárquica. Según se informa, su presupuesto anual ronda los 250 millones de dólares, financiados por personas e instituciones vinculadas a los gobiernos de Arabia Saudí e Israel.
Durante la última década, la geografía de Irán se ha convertido en un campo de tensión entre dos horizontes sociopolíticos, mediados por dos modelos diferentes de organización contra la República Islámica. Por un lado, se encuentra la organización social concreta e integrada a lo largo de las líneas divisorias de clase, género/sexualidad y etnia, que se manifiesta de forma más vívida en las redes interconectadas forjadas durante el levantamiento de Jina en 2022, que se extienden desde la prisión de Evin hasta la diáspora y producen una unidad sin precedentes entre diversas fuerzas, desde las mujeres hasta las minorías étnicas kurdas y baluchis, que se oponen a la dictadura al tiempo que plantean horizontes feministas y anticolonialistas. Por otro lado, se encuentra una movilización populista presentada como una «revolución nacional», cuyo objetivo es producir una masa homogénea de individuos atomizados a través de las cadenas de televisión satelital. Respaldado por Israel y Arabia Saudí, este proyecto busca reunir un cuerpo cuya «cabeza» —el hijo del derrocado Sha— pueda ser posteriormente insertada desde fuera, con una intervención respaldada por potencias extranjeras, e implantada en él. Durante la última década, los monárquicos, armados con un enorme poder mediático, han empujado a la opinión pública hacia un nacionalismo extremo y racista, profundizando las divisiones étnicas y fragmentando la imaginación política de los pueblos de Irán.
El crecimiento de esta corriente en los últimos años no es un signo del «atraso» político del pueblo, sino el resultado de la falta de una amplia organización de izquierda y de poder mediático para producir un discurso alternativo contrahegemónico, una ausencia y debilidad producidas en parte por la represión y la asfixia, que abrieron espacio para este populismo reaccionario. En ausencia de una narrativa poderosa por parte de las fuerzas de izquierda, democráticas y no nacionalistas, incluso consignas e ideales universales como la libertad, la justicia y los derechos de las mujeres pueden ser fácilmente apropiados por los monárquicos y vendidos al pueblo bajo una apariencia progresista que esconde un núcleo autoritario. En algunos casos, esto se presenta incluso con un vocabulario socialista: es precisamente aquí donde la extrema derecha también devora el terreno de la economía política.
Al mismo tiempo, a medida que se intensifica el antagonismo con la República Islámica, también se han intensificado las tensiones entre estos dos horizontes y modelos; hoy en día, esta división se puede ver en la distribución geográfica de las consignas de protesta. Dado que el proyecto del «regreso de Pahlavi» representa un horizonte patriarcal basado en el etnonacionalismo persa y una orientación profundamente derechista, en los lugares donde ha surgido la organización popular de trabajadores y feministas —en las universidades y en las regiones kurda, árabe, baluchi, turcomana, árabe y turca— los eslóganes a favor de la monarquía están en gran medida ausentes y a menudo provocan reacciones negativas. Esta situación contradictoria ha dado lugar a diversas formas de malentendidos sobre el reciente levantamiento.
VII. El horizonte
Irán se encuentra en un momento histórico decisivo. La República Islámica se encuentra en una de sus posiciones más débiles de la historia: a nivel internacional, tras el 7 de octubre de 2023 y el debilitamiento del llamado «Eje de la Resistencia», y a nivel interno, tras años de repetidas insurgencias y levantamientos. El futuro de esta nueva ola sigue siendo incierto, pero la magnitud de la crisis y la profundidad del descontento popular garantizan que en cualquier momento pueda estallar otra oleada de protestas. Aunque se reprima el levantamiento actual, volverá a producirse. En esta coyuntura, cualquier intervención militar o imperial sólo puede debilitar la lucha desde abajo y reforzar la mano de la República Islámica para llevar a cabo la represión.
Durante la última década, la sociedad iraní ha estado reinventando la acción política colectiva desde abajo. Desde Baluchistán y Kurdistán en el levantamiento de Jina hasta ciudades más pequeñas en Lorestán e Isfahán en la actual ola de protestas, la agencia política —sin ninguna representación oficial desde arriba— se ha trasladado a las calles, a los comités de huelga y a las redes locales e informales. A pesar de la brutal represión, estas capacidades y conexiones siguen vivas dentro de la sociedad; su habilidad para volver y cristalizarse en poder político persiste. Pero la acumulación de ira no es lo único que determinará su continuidad y dirección. La posibilidad de construir un horizonte político independiente y una alternativa real también resultará decisiva.
Este horizonte se enfrenta a dos amenazas paralelas. Por un lado, puede ser apropiado o marginado por fuerzas de derecha con sede fuera del país, fuerzas que instrumentalizan el sufrimiento de la población para justificar sanciones, guerras o intervenciones militares. Por otro lado, algunos segmentos de la clase dominante —ya sean facciones militares y de seguridad o corrientes reformistas— están trabajando entre bastidores para promocionarse ante Occidente como una opción «más racional», «más barata» y «más confiable»: una alternativa interna desde dentro de la República Islámica, no para romper con el orden de dominación existente, sino para reconfigurarlo bajo una cara diferente. (Donald Trump pretende hacer algo similar en Venezuela, doblando a elementos del gobierno gobernante a su voluntad en lugar de provocar un cambio de gobierno). Se trata de un frío cálculo de gestión de crisis: contener la ira social, recalibrar las tensiones con las potencias mundiales y reproducir un orden en el que se niega a los pueblos la autodeterminación.
Frente a estas dos corrientes, el resurgimiento de una política internacionalista de liberación es más necesario que nunca. No se trata de una «tercera vía» abstracta, sino del compromiso de situar las luchas populares en el centro del análisis y la acción: la organización desde abajo en lugar de los guiones escritos desde arriba por líderes autoproclamados, en lugar de falsas oposiciones fabricadas desde fuera. Hoy en día, el internacionalismo significa mantener unidos el derecho de los pueblos a la autodeterminación y la obligación de luchar contra todas las formas de dominación, tanto internas como externas. Un verdadero bloque internacionalista debe construirse a partir de la experiencia vivida, las solidaridades concretas y las facultades independientes.
Esto requiere la participación activa de las fuerzas de izquierda, feministas, anticolonialistas, ecologistas y democráticas en la construcción de una organización amplia y clasista dentro de la ola de protestas, tanto para recuperar la vida como para abrir horizontes alternativos de reproducción social. Al mismo tiempo, esta organización debe situarse en continuidad con el horizonte liberador de luchas anteriores, y específicamente con el movimiento «Jin, Jiyan, Azadi», cuya energía aún tiene el potencial de desbaratar, de un solo golpe, los discursos de la República Islámica, los monárquicos, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y aquellos antiguos reformistas que ahora sueñan con una transición controlada y la reintegración en los ciclos de acumulación estadounidense-israelíes en la región.
Este es también un momento decisivo para la diáspora iraní: puede ayudar a redefinir una política de liberación o puede reproducir la agotada dicotomía entre «despotismo interno» e «intervención extranjera» y, con ello, prolongar el callejón sin salida político. En este contexto, es necesario que las fuerzas de la diáspora den pasos hacia la formación de un verdadero bloque político internacionalista, que marque líneas claras contra el despotismo interno y la dominación imperialista. Esta postura vincula la oposición a la intervención imperialista con una ruptura explícita con la República Islámica, rechazando cualquier justificación de la represión en nombre de la lucha contra un enemigo externo.
La mirada desde Siria
Este es un extracto de una declaración de internacionalistas anarquistas en el territorio en el norte de Siria.
Irán es un actor importante en la geopolítica de Oriente Medio. Su influencia también tuvo un fuerte impacto en Siria durante la era de Assad. Las rutas de contrabando y otras rutas de transporte pasaban por Siria, abasteciendo a Hezbolá. Tras la caída del régimen de Assad, Irán fue expulsado de Siria y, en general, ha perdido su antiguo poder en la región. Los daños sufridos durante los ataques israelíes en junio de 2025 se convirtieron en otro factor que afectó a la situación de la República Islámica.
Las protestas han estallado regularmente en Irán. Las protestas de 2022 bajo el lema «Mujer, vida, libertad» son famosas en todo el mundo. Al igual que entonces, las protestas se extendieron por todo el país. El descontento de la población se extendió debido a factores económicos —la inflación, el aumento de los precios y la pobreza—, pero finalmente llegó a pedir el derrocamiento del régimen. Los manifestantes se enfrentan a la policía en las calles y algunos han resultado muertos y heridos.
Durante la escalada entre Israel e Irán en 2025, un detalle interesante a destacar fueron las declaraciones de Netanyahu y Trump sobre la desestabilización intencionada de Irán con el objetivo del cambio de régimen. Se trata de un enfoque bastante habitual de Estados Unidos hacia los gobiernos «inconvenientes» en las regiones de su interés: allanar el camino para políticos más colaboradores, como intentaron hacer en Afganistán. Durante la última escalada de la guerra entre Israel e Irán, corrieron rumores de que ya existía una figura gobernante «democrática» provisional, respaldada y preparada por Estados Unidos. Aunque esta información no se ha confirmado, podemos imaginar que podría ser cierta, teniendo en cuenta los métodos de Estados Unidos en otros casos (por ejemplo, el reciente secuestro del presidente venezolano). En este contexto, queda claro el significado de la intención declarada de Trump de acudir en ayuda de los manifestantes iraníes si Irán «mata cruelmente a los manifestantes pacíficos, como suele hacer».
El Kurdistán iraní, Rojhilat, es una de las regiones rebeldes de Irán. Sus intentos de declarar la autonomía no han tenido éxito durante décadas, pero la lucha guerrillera en el territorio de Irán continúa. El PJAK (Partido de la Vida Libre del Kurdistán) ha apoyado a los manifestantes y ha condenado de nuevo al régimen actual.
El movimiento de liberación kurdo lucha por la libertad no solo en Siria o Turquía. Las noticias de Rojhilat ocupan los titulares con menos frecuencia, pero la situación en Irán es especialmente difícil para la lucha de liberación. Las fuerzas del PJAK incluyen un ala armada femenina, lo que es especialmente importante en el contexto de una dictadura que ejerce una «policía de la moral» sobre la población y, como es habitual, perjudica a los grupos más vulnerables, incluidas las mujeres.
La inestabilidad en Teherán podría ser beneficiosa para la región kurda y debilitar las alianzas imperialistas del eje Rusia-Irán-China. Sin embargo, un gobierno títere instalado por Estados Unidos, Israel o cualquier otro país no resolverá la cuestión kurda en Irán. Además, abordar la cuestión kurda en un marco imperialista neoliberal no puede proporcionar una solución verdadera para un Oriente Medio multiétnico y multirreligioso. El confederalismo democrático, que ya está siendo aplicado en el noreste de Siria por el Partido de la Unión Democrática (Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD) y defendido por el PJAK en Rojhilat, ofrece una opción mucho más prometedora para lograr la paz.
En mayo de 2019 hacíamos un optimista resumen sobre el clima feminista del momento en un artículo titulado «¿Feminismo para qué? Feminismo para todo» que hablaba de la miríada de fortalezas revitalizadas en la última década: la ecofeminista, la antirracista, la sindicalista, etc. Lo escribimos en un momento en el que el feminismo se encontraba en la cresta de la ola: había encadenado dos años consecutivos de huelgas generales en el 8M y había logrado confrontar, de forma masiva, el machismo institucional, la cultura de la violación y la normalización de la violencia sexual. Es cierto que quedaba mucho por conquistar – por ejemplo, se hablaba de desterrar el feminismo blanco y por difundir un feminismo antirracista, decolonial y de clase, o acabar con la transfobia, entre otros debates –, pero parecía que avanzábamos, a paso firme, hacia delante.
El clima es distinto ahora. La organización feminista se siente débil, diluida y desmotivada. Mientras otras apuntan al disenso interno como origen de la falta de fuerza, nosotras queremos rescatar aquel artículo en el que también apuntábamos como verdadera némesis del movimiento a la misoginia de los aliados de PP y Vox y a la manosfera.
Es triste cerrar esta última edición de este periódico con un llamamiento a la alerta en vez de una celebración del camino recorrido, pero la ola reaccionaria es fuerte y su campaña de los últimos seis años ha estado llena de argucias y señuelos.
La némesis es una idea: la familia, entendida como el conjunto de personas adultas y menores dirigidas y poseídas por un arquetipo de hombre. Este concepto del “orden natural” es el que subyace a los movimientos reaccionarios que pelean por la prohibición del aborto, la eliminación del matrimonio entre personas del mismo sexo, y la erradicación de la disidencia sexual o de género o, incluso, de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Una batalla contra la soledad masculina a través de la dominación del resto de cuerpos.
Pero esta idea no es bonita de vender y necesita de marketing. En octubre de 2015, l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius publicó un interesante informe titulado «De España al mundo: la proyección global de la ultraderecha española contra los derechos sexuales y reproductivos. Los casos de Argentina, Guatemala, El Salvador, Chile y Kenia» que analiza cómo ha sido sostenida la estrategia ultraconservadora a través de instituciones, la financiación privada y una renovada técnica comunicativa. La conclusión del informe es que el nuevo mensaje conservador no proviene de un movimiento reaccionario, puntual y contestatario frente al feminismo institucional, sino de redes de poder antiguas, consolidadas y enraizadas en la élite internacional.
En la misma línea, la autora Nuria Alabao, en una entrevista para Píkara1, sitúa la génesis de este pulso cultural a finales de los años 60: «Después de estas revueltas del 68, con el surgimiento de las luchas feministas y de las disidencias sexuales, emergen diversos actores conservadores, no solo partidos, también iglesias y movimientos sociales, que van a construir una gramática política reaccionaria para oponérseles. Las guerras de género tienen su origen en esa reacción organizada frente a las conquistas de nuevos sujetos que cuestionaban el orden sexual y familiar y la moral tradicional y que transformaron la sociedad, quiero creer que para siempre».
Ejemplos cotidianos de esta técnica comunicativa renovada los encontramos en las redes, la televisión, las ponencias supuestamente profesionales o los falsos debates del feminismo.
La sororidad con las embajadoras de Instagram
El 2 de octubre de 2022 la millonaria Tamara Falcó se sienta en un escenario. Luce coleta tensa y camisa nacarada. Clean Look. Es ponente en el Congreso Mundial de Familias que se celebra en México. Tamara se lamenta ante cientos de personas, se le quiebra la voz hablando de la infidelidad de su prometido, de sus dudas frente al compromiso, del bienestar de unos hijos de aún no han nacido. Para curarse ha asistido a una misa de sanación y ya no siente enfado sino compasión. Se redime. Se santifica.
Pero centrémonos en el atrezzo. ¿Quién ha pagado el escenario? Las sillas las ha mandado poner Brian Brown, presidente de la Organización Internacional para la Familia, que junto a Sharon Slater, presidenta de la Family Watch International, representan el brazo ejecutor de las campañas coordinadas globalmente contra los derechos reproductivos. En España se articulan, entre otros, a través del Foro de la Familia, Hazte Oír y CitizenGo y con ellas se puede trazar el pentagrama que une la Rusia de Putin y su perpetuo hostigamiento de la comunidad LGTBIQ+, el trumpismo estadounidense, el evangelismo latinoamericano y el ultracatolicismo español.
Nueve meses después, Tamara se casará con el tipo aquél, cumpliendo así con el manifiesto del Foro de la Familia y consolidando “la unión entre un hombre y una mujer; unidad jurídica, social y económica”. El debate está servido. Arden las redes. Pero Falcó saldrá indemne porque es una mujer sufridora y criticar a la mujer que sufre, en ese momento, muestra falta de solidaridad para el feminismo liberal.
También es “poco sororo” criticar a María Pombo, con más de 3 millones de seguidores en Instagram y otro tanto de ingresos anuales. Cuando en febrero de 2024 fue acusada de clasismo, la influencerrespondió que ella era “feminista”, escudándose en la palabra como Perseo detrás del espejo y apelando a una sororidad que da carta blanca al ejercicio de otras violencias.
Y así van desfilando las novísimas embajadoras del antiguo pensamiento: desde RoRo (que da de comer en la boca a su novio Pablo lo que a él se le antoje) y a los nazis de la DANA, hasta la falangista y estilosa Isabel Medina Peralta, o la ya olvidada Melisa Rodríguez.
El deber de sororidad se consolida en la opinión pública como mandato del feminismo hegemónico en irónica defensa de las mujeres que portan ahora la voz del nacional catolicismo español en formato neoliberal.
Esta indulgencia permea en las capas más cotidianas de nuestras vidas. Son cientos las mujeres que, agobiadas por la falta de corresponsabilidad con sus maridos y el techo de cristal profesional, enarbolan el lenguaje y la simbología del feminismo (pero obvian los discursos de clase o antirracistas) para dar continuidad al modelo de trabajo esclavo, malpagando a sus limpiadoras o cuidadoras. Una violencia que se canjea por otra.
El altavoz de un ruido ensordecedor
En este último lustro también han sido muchas las que han sacado el lápiz para definir los contornos de la “mujer”. El incomprensible debate en torno a la cuestión de la transexualidad o la definición biologicista de la mujer sólo han servido para pisotear la dignidad de unas mujeres ya de por sí vulnerabilizadas. La estrategia de la derecha también ha estado ahí, encontrando alianzas en los sectores TERF de la izquierda.
El ejemplo más emblemático ocurrió el 24 de marzo de 2021, cuando Hazte Oír sufragó la ponencia de Lidia Falcó (Partido Feminista), histórica activista antifranquista, y Alicia Rubio (Vox) para empujar su campaña contra la Ley Trans, organizada por CitizenGo. Otra vez la tríada, disfrazada de debate plural y moderno, se pone la careta de algún tipo de feminismo para cumplir con los hitos de su agenda.
El sujeto del feminismo
Las injusticias no vienen solas y el debate sobre el sujeto del feminismo ha lastrado la última etapa del movimiento feminista abriendo vórtices involutivos de todo tipo: desde la desatención a la verdad científica (y sus importantes limitaciones), hasta el de la lucha contra la estigmatización de la salud mental, pasando por la recanonización estética de los cuerpos tanto por dentro (fiscalizando niveles hormonales) como por fuera (con el resurgir de las viejas manifestaciones estéticas de la feminidad).
En febrero de 2023 se celebraba el Encuentro Internacional Feminista del ya difunto Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Una de las mesas fue la de «Masculinidades» y no fueron pocas las compañeras que la criticaron (antes de escuchar su contenido), manifestando su frustración por la presencia de este contenido “para hombres”.
Parece, sin embargo, que lo que en aquel encuentro apuntaban la profesora estadounidense Raewyn Connell y el sociólogo argentino Lucho Fabbri era necesario para continuar con la trasformación social: el sujeto del feminismo es la humanidad.
Parte del feminismo considera que esto es imposible, porque la humanidad incluye a los cientos de miles jóvenes varones cis-hetero de entre 18 y 24 años que votaron al partido de Alvise en los pasados comicios europeos. Y otra parte también lo considera problemático porque ha interiorizado el discurso de la extrema derecha respecto de los extranjeros como potenciales agresores sexuales2.
En definitiva, la campaña de la derecha ha construido para nosotras dos enemigos-señuelo: las personas trans y los jóvenes varones, especialmente extranjeros. Pero, pese a estos años de ceguera, parece que en los últimos meses la cuestión se está reorientando. Iniciativas como Broders.es3, promovida por la divulgadora Pamela Palenciano, buscan romper los imperativos heteropatriarcales que pesan sobre los hombres al tiempo que se ofrece un espacio seguro en el que desarrollarse sin aislamiento.
Un ejército de técnicos y expertos
Las estrategias ultraderechistas siempre han estado presentes en los sectores profesionales, pero cada vez disimulan menos. El 23 de octubre de 2025 el Colegio de la Abogacía madrileña celebraba su primer Congreso de Derecho de Familia, patrocinado por editoriales y empresas inmobiliarias. Por él desfilaron magistrades del Supremo, Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para hablar de cosas del gremio.
La magistrada del TEDH, María Elosegui Itxaso, refiriéndose a los casos de abuso sexual de menores dijo lo siguiente: “Pienso que estas materias no deben de politizarse, sino enfocarse con profesionalidad tanto por parte de los jueces, como de la fiscalía y administraciones públicas. (…) Es frecuente que las madres aleguen que los padres han abusado de los menores, cuando en muchísimos casos se comprueba que no es así. Este nuevo concepto emergente que se ha creado en ámbitos de Naciones Unidas, de “madres protectoras”, no ayuda nada.(…) Las madres deben cumplir con la legislación y transgredirla no conduce a buen fin”.
Elosegui ignoró así el informe de Save The Children de 2021 que revelaba que “entre un 10 y un 20 % de la población en España ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia”, o el que un grupo de antropólogas publicó en 2022, titulado “Violencia institucional contra las madres y la infancia. Aplicación del falso síndrome de alienación parental en España”, en el que analizaba aquellos casos en que las mujeres que habían buscado amparo judicial habían terminado penalizadas de alguna manera por el protocolo institucional.
Consciente o inconsciente, Elosegui y otros participan de una ofensiva intelectual contra el cambio y el desarrollo de mecanismos para la defensa de los derechos de las mujeres y la infancia, poniendo el broche final a esta ofensiva de los amantes de un pasado de subyugación de la mujer.
3Se trata de un espacio pensado para chicos y hombres jóvenes donde hablar, compartir dudas, crear comunidad y pedir apoyo en diversos temas, como la sexualidad, las relaciones, la estética, etc.
El miércoles 17 de diciembre, los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el desalojo del antiguo institut B9 de Badalona (Barcelona), un edificio abandonado que se había convertido en la alternativa habitacional de decenas de personas migrantes y empobrecidas ante la pasividad prolongada de las administraciones.
El operativo comenzó a las 8 de la mañana, con el habitual y amplio cordón policial1. El desalojo fue impulsado por el Ayuntamiento de Badalona, en manos del xenófobo Xavier García Albiol2, amparado en una resolución judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona, fechada el pasado 12 de diciembre, que autorizaba al consistorio a recuperar la propiedad.
La jueza había dado luz verde al desalojo masivo, pero igualmente ordenó al Ayuntamiento a prestar atención social a los migrantes. Pese a ello, Albiol se negó en todo momento a ofrecer una alternativa habitacional. El alcalde del PP, conocido por su posiciones de ultraderecha hacia las personas migrantes (a las que en esta ocasión tildó de “salvajes”), ordenó igualmente el desahucio. “El ayuntamiento de Badalona no va a invertir ni un solo euro en darles vivienda a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos”, declaró ante los medios de comunicación.
Por ello, durante la mañana solo se presentaron dos personas trabajadoras de los servicios sociales para atender a las 400. Hicieron mucho más por ayudar a las decenas de familias afectadas un centenar de activistas que se concentraron en la puerta que cualquier institución.
El desalojo, además, condujo a la identificación de más de 180 personas y a la detención y derivación de 18 de ellas al CIE de la Zona Franca de Barcelona, para su futura expulsión del país. Dos días después, quedaron en libertad.
Discursos de odio sin tapujos
El desalojo de cientos de personas sin alternativa habitacional ha sido el más grande de la historia de Catalunya y ha sido fuertemente criticado por organizaciones como Badalona Acull, la Plataforma del Barrio de Sant Roc, Regularización Ya y el Sindicato de Vivienda de Badalona. De las 400 personas vivían en el inmueble del antiguo instituto B9, 200 de ellas ya habían abandonado el bloque ante las amenazas abiertas del alcalde semanas antes, las otras 200, sin alternativa a donde ir a vivir, fueron desalojadas en pleno temporal de lluvia, viento y frío. Decenas de ellas pernoctaron los siguientes días bajo un puente de la C-31 en Badalona, mientras, con ayuda de vecinas, organizaciones sociales y sindicatos de vivienda trataban de encontrar soluciones.
Además, el desalojo ha venido acompañado de un discurso claramente criminalizador de la pobreza y de la población migrante. Da igual si en un edificio aparece una moto robada o si algunas personas no tienen papeles: la retórica es siempre la misma. Se construye un relato que vincula pobreza, migración y criminalidad para legitimar el desplazamiento. Un relato que no solo explica lo que ocurre, sino que lo produce: prepara el terreno para que ciertas vidas sean expulsables, para que su presencia en la ciudad sea siempre provisional, siempre cuestionada.
“Cuando Albiol habla en la radio y TV de ‘esta gente’ y los trata de delincuentes, está cometiendo un delito de odio”, ha señalado el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH), de la Universidad de Barcelona (UB) a través de un comunicado publicado es sus redes sociales. “Se trata de un ejemplo claro de racismo institucional, crueldad extrema y menosprecio público”.
Por su parte, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado recordando que “desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos”, que pueden “constituir un trato cruel, inhumano o degradante estrictamente prohibido por el derecho internacional”. Y afea que se haya producido “acompañado de un discurso estigmatizador por parte de las autoridades que describen a todos los que vivían en el bloque B9 como una fuente de inseguridad de la zona y los tildan de delincuentes o personas violentas sin aportar pruebas… esa retórica es inaceptable, discriminatoria y profundamente perjudicial” y que “las autoridades deben esforzarse por combatir la discriminación y no alimentarla”.
Entre chatarra y golpes de porra
“¿Qué tipo de persona puede dejar sin un techo, en pleno invierno, a más de 400 personas? Albiol, el actual alcalde de Badalona, nos ha mostrado esta semana que entre sus delirios racistas es capaz de deshumanizar a una parte de la clase trabajadora para justificar su agenda política. Ahora bien, cabe destacar que lejos de ser un fenómeno aislado, no deja de ser la punta de lanza de un movimiento mucho más generalizado, que de hecho encarna el signo de los tiempos: la reacción”, reflexiona Gisela Bermúdez en El Salto.
“El desahucio del B9 no solo forma parte de los desvaríos autoritarios de Albiol, sino también de una política de la pobreza por la vía punitiva. Una agenda que actúa como si tapando las grietas de un sistema cada vez más inhumano con pintura fresca, estas dejaran de existir. Un programa político que piensa que, al imponerles el cielo como techo a centenares de personas estas desaparecerán, como si de un truco de magia se tratase.
[…] Situamos el desahucio más grande de Catalunya en el contexto político más convulso que se ha visto en décadas. Genocidios, guerras y catástrofes se desarrollan bajo el telón de fondo de una crisis generalizada que lleva en si el agravamiento del problema de la vivienda. La tendencia al alza de los fenómenos de la infravivienda y el sinhogarismo aparecen hoy como la punta del iceberg de la crisis de la vivienda, focalizados en un segmento poblacional muy concreto.
Pues solo hace falta ver las imágenes del desahucio del antiguo instituto para darse cuenta de quiénes fueron los protagonistas de la bochornosa jornada: trabajadores migrantes que malviven errando de nave industrial en nave industrial, vendiendo chatarra, sometidos a salarios de miseria, irregularidad legal y violencia policial sistemática. Albiol, bajo la pudiente retórica a la que nos tiene acostumbrados balbuceó que «lo que tiene que hacer Sánchez es acogerlos él y darles vivienda». Unas palabras que duele oírlas entre aquellos que ya sabemos que el PSOE lleva años abrazando las políticas higienistas de la reacción. Ya sea en forma de laboratorios de criminalización y persecución bajo la marca del “Pla Endreça” en Barcelona o abriendo cárceles de migrantes en Mauritania, en el caso del Gobierno del Estado español.
En el acceso a la vivienda se concentran muchas de las contradicciones, pero la experiencia del B9 nos permite extraer una lección. Mientras que, en Badalona, según el INE, hay más de 7.000 pisos vacíos, hoy 400 personas que antes tenían techo están durmiendo al raso. Esta disonancia inhumana, que haya gente sin casa y casas sin gente, es consecuencia directa de las lógicas del capitalismo. Las viviendas, igual que el resto de las mercancías, no se producen y se distribuyen según su capacidad de satisfacer necesidades humanas, sino por su capacidad de generar beneficios económicos para unos pocos. En pocas palabras: el beneficio de un rentista vale más que condenar a una persona a condiciones infrahumanas de hambre y frío; y el sistema, a golpe de porra, pone todos los medios a la disposición para que no cese la barbarie”.
El desahucio como infraestructura antiinmigratoria
“Lo ocurrido en Badalona parece romper incluso con las expectativas más pesimistas. Aunque el incremento del odio es evidente, una no puede evitar preguntarse: ¿cómo hemos llegado a este nivel de criminalización de la pobreza y del activismo solidario, de racismo institucionalizado y de violencia abierta?”, se pregunta la activista de la PAH Barcelona Julieta Lechini Vittorino. “La extrema vulnerabilidad de las personas que vivían en la IB9 unió a activistas por el derecho a la vivienda, por los derechos humanos y por los derechos de la población migrante, dejándonos con una pregunta común: ¿cómo se ha vuelto posible esto y cómo podemos frenarlo?
Hace apenas unas semanas, con compañeras de la PAH, reapareció el recuerdo de la revista Pronto, que hace años que regalaba pegatinas de “Stop desahucios”. Un activista con más trayectoria que yo me compartía esa memoria con cierta nostalgia, acordándose de un tiempo en el que defender que la gente se quedara en su casa era algo ampliamente compartido, casi obvio, como el derecho que es.
Está claro que muchas cosas han cambiado desde entonces. Los desahucios por hipoteca son minoría y es hoy una población cada vez más vulnerable la que llega a las asamblea. Si extrapolamos aún un poco más, el contexto del auge de la extrema derecha ha traído consigo figuras autoritarias, desde Argentina hasta Rusia, que han normalizado discursos de odio que hoy impregnan tanto el espacio digital como la vida cotidiana. En este panorama, vemos crecer la individualización de nuestras comunidades y una necesidad exacerbada de construir al otro como amenaza, como enemigo. Un “ellos contra nosotros” que se apoya en identidades nacionales, raciales o culturales para reafirmar un “nosotros” cada vez más estrecho y excluyente.
Pero en este caldo de cultivo de odio, miedo e inseguridad, ¿qué papel juegan los desahucios? ¿Cómo se convierten en infraestructura —porque mueven personas, recursos, materiales y espacios— de control antimigratorio gestionada desde los gobiernos locales? Esta es una pregunta que llevo más de un año y medio haciéndome, como activista y como investigadora migrante, al encontrarme diariamente con la naturalización del desahucio del migrante. Una pregunta que en los últimos días parece haberse materializado en hitos de crueldad y frialdad institucional difíciles de ignorar: dejar a más de 400 personas en una situación de altísima vulnerabilidad en la calle, en pleno invierno, desplazándolas no una sino varias veces, con un mensaje claro y contundente: en esta ciudad no te queremos.
Dos geógrafos urbanos, Baker y Van Baar, ayudan a entender este momento. Ambos coinciden en que el desahucio funciona como una práctica de frontera dentro de la ciudad. No se trata solo de perder una casa, sino de vivir bajo la amenaza constante de perderla. Van Baar llama a esto “evictabilidad”, estableciendo un paralelismo clave entre el espectáculo de la frontera y el espectáculo del desahucio. Así como la frontera produce la ilegalidad migrante como algo naturalizado, el desahucio produce una condición permanente de vulnerabilidad, en la que ciertas personas saben que pueden ser expulsadas en cualquier momento. No es solo el acto del desalojo lo que importa, sino la amenaza constante, la normalización de que hay cuerpos siempre desplazables.
Desde la investigación urbana crítica se viene advirtiendo desde hace tiempo: el desahucio no es solo una consecuencia de la financiarización de la vivienda, sino una práctica de frontera. Como explica Baker, los desahucios no son rupturas excepcionales del orden urbano, sino actos infraestructurales de gobierno que producen lo que denomina una “disposición hacia el desplazamiento”. No se trata únicamente de expulsar cuerpos de un espacio concreto, sino de disciplinarlos, de enseñarles que su permanencia en la ciudad es siempre condicional.
En este sentido, la frontera no está solo en los aeropuertos o en las pateras del Mediterráneo. Invade el ámbito más íntimo: el hogar. Entra a través de la policía, de los juzgados, de las deudas, del mercado del alquiler y de perfiles racializados que determinan quién puede acceder a una vivienda y quién queda sistemáticamente fuera. El proceso del desahucio implica un trabajo constante sobre los cuerpos: funcionarios, agentes judiciales y fuerzas de seguridad actúan para justificar y producir esa disposición al desplazamiento, gestionando los movimientos de quienes son considerados prescindibles en el espacio urbano.
[…] De este modo, el desplazamiento vuelve a cumplir una función conocida: asegurar simbólicamente la identidad del español blanco —aunque también precarizado— que consume estas noticias. El desahucio no solo expulsa, también ordena. Ordena quién pertenece, quién sobra y quién puede ser sacrificado para sostener un imaginario de seguridad y normalidad. Y en ese orden, la vivienda se consolida como una de las infraestructuras más eficaces de la frontera contemporánea”.
Concentraciones racistas y respuesta solidaria
Tres días después del desalojo, la Creu Roja y Cáritas anunció que acogería a 15 de las personas más vulnerables que fueron desalojadas en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat. Una decisión claramente insuficiente a la vista de la magnitud del problema, pero que al menos puede dar una solución temporal a un puñado de personas.
Sin embargo, 200 personas, supuestamente vecinos de Badalona, se concentraron en la puerta del centro religioso. Con cánticos racistas y xenófobos, incluso amenazas de muerte, querían impedir la entrada de las personas desalojadas. Las expresiones abiertamente criminalizadoras contra las personas migrantes se asemejaban a las contenidas en los discursos de Albiol y buscaban una confrontación directa.
Xavier García Albiol se presentó en la concentración, supuestamente para apaciguar los ánimos. Después de haber negado durante todo el fin de semana la asistencia a los inmigrantes pidió a los vecinos que permitieran el alojamiento al menos durante aquella noche y se comprometió a abordar el asunto al día siguiente y pedir que no alojaran a los inmigrantes y fueran trasladados a otra parte. Como reveló Jesús Rodríguez en La Directa, «durante la reunión se comprobó la sintonía y la confianza entre Xavier Garcia Albiol y algunos de los concentrados, hasta el punto de recomendar discreción a las personas exaltadas que instigaban a asaltar el albergue y quemarlo. “Os hago una recomendación, especialmente a los más jóvenes. No digáis según qué cosas porque aquí se está grabando absolutamente todo”, dirigiéndose a un grupo que iba con la cara tapada con pasamontañas, para después ejemplificarlo: “Imagínate que esta noche pasa algo. El que ha dicho ‘hay que quemarlo’ se la carga”. En algunos momentos, los gritos no permitían oírle, y le exigían que dejara de hablar y pasara a la acción. Fue entonces cuando consiguió la ovación más grande de la noche: “Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo o, si no, haced lo que consideréis”«.
Dado lo caldeados que estaban los ánimos, la parroquia anuló la acogida. Por ello, las personas desamparadas tuvieron que acudir a otros espacios solidarios. Un grupo reducido pudo dormir en el local de la CUP y el Casal Antoni Sala i Pont y otras ocuparon un albergue municipal que estaba clausurado, pero todavía hay decenas de personas pernoctando bajo el puente de la C-31, usando tiendas y sacos de dormir que les han donado distintas activistas.
A pesar de los esfuerzos de colectivos sociales que intentan paliar con autoorganización inestabilidad de las personas que se han quedado en la calle, Badalona Acull y el resto de colectivos aseguran que la crisis continúa, que sus recursos solidarios son limitados y reclaman a las instituciones implicarse con soluciones a medio y largo plazo.
Este mensaje fue replicado el lunes 22 de diciembre, cuando unas 500 personas se concentraron frente al espacio recuperado Can Bofí Vell y recorrieron las calles de Badalona en una manifestación antirracista, al grito de “nadie es ilegal” y “Albiol fascista” y bajo el lema “Contra els atacs racistes, unitat de classe”.
Mientras tanto, otros 300 vecinos de la ciudad, se concentraron a unos metros de distancia, soltando proclamas xenófobas y contra Pedro Sánchez, apoyando a su alcalde mientras ondeaban banderas españolas.
Vox y PP obtienen sus mejores resultados en los municipios del Área Metropolitana de Barcelona y Tarragona, en barrios habitados por trabajadores de lengua castellana de la segunda o tercera generación procedentes de la inmigración del sur de España del franquismo. Por el contrario, Aliança Catalana, dirigida por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, mayoritariamente obtiene sus apoyos en poblaciones de la Catalunya interior, en localidades de Girona y Lleida donde la extinta Convergència de Jordi Pujol obtenía grandes mayorías y que fueron feudos del carlismo en el siglo XIX. Actualmente cuentan con dos diputats, pero un sondeo electoral de septiembre les otorga una previsión de ocupar 19 escaños.
“Ciertamente, el ascenso de las extremas derechas en Occidente es un fenómeno global con muy diversas concreciones y particularidades nacionales. La singularidad del caso catalán radica en la consolidación de dos formaciones que comparten un discurso antiinmigración, islamófobo y sionista, pero que militan en ultranacionalismos antagónicos. Además, representan una base identitaria, territorial y social muy distinta que puede resumirse esquemáticamente en las antinomias: lengua castellana/catalana, clase trabajadora/clase media, Catalunya metropolitana/interior”, explica Antonio Santamaría (periodista y ensayista sobre el nacionalismo catalán) en Zona de Estrategia.
“Desde el punto de vista ideológico, Vox no ha roto amarras con el nacionalcatolicismo franquista cuyos símbolos y memoria reivindica. Por el contrario, los referentes históricos de Aliança Catalana son fascistas catalanes de los años 30 del siglo pasado como Daniel Cardona de Nosaltres Sols o los hermanos Badia de Estat Català. Respecto al factor generacional, Vox y AC obtienen elevados apoyos electorales entre la juventud; aunque, en el caso de AC sus perfiles son algo más transversales.
El proceso independentista actuó como un acumulador de fuerzas, un desencadenante, para ambas formaciones, aunque en sentido contrario. Vox creció en los años de ascenso del procés que activó los registros del ultranacionalismo español en defensa de la unidad de la patria amenazada por los separatistas catalanes. Aliança Catalana sin embargo es un producto del declive del procés, de la frustración provocada en amplios sectores del movimiento independentista por las falsas promesas, la desunión de los partidos independentistas y la falta de perspectivas para avanzar hacia la secesión. Aquí radica la explicación del fenómeno de la existencia de dos ofertas políticas de extrema derecha en Catalunya.
El ultranacionalismo y la xenofobia son dos de los principales ejes ideológicos de las extremas derechas occidentales. Los trabajadores inmigrantes, especialmente los musulmanes, son percibidos como una amenaza para la identidad nacional/cultural y una competencia en el acceso a los servicios públicos y prestaciones sociales. Vox y AC coinciden, tanto en el discurso racista como en sus propuestas legislativas punitivas contra la inmigración, pero discrepan radicalmente en la cuestión de la identidad nacional”.
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1Para profundizar en los hechos, en lo que expresaban las desalojadas y sus interacciones con la policía y políticos, recomendamos las crónicas realizadas por Jesús Rodríguez en La Directa.
2En las pasadas municipales, Albiol obtuvo una aplastante mayoría absoluta. Presidente del PP catalán en los años del procés, ejerció de alcalde entre 2011 y 2015 con una campaña populista, antinmigración y antiocupación bajo el lema “limpiar Badalona”. Es significativo que, a diferencia de otros municipios del Área Metropolitana de Barcelona, aquí Vox no obtuvo representación. Al igual que Isabel Díaz Ayuso en Madrid, García Albiol ha asumido con éxito gran parte del discurso de la extrema derecha en materia de inmigración y seguridad ciudadana.
Recientemente, anunciamos nuestra decisión de poner fin a este proyecto y cerrar el Todo por Hacer. Una de las tareas a la que dedicaremos los próximos meses será a recopilar todos los números que hemos publicado y enviarlos a archivos históricos de movimientos sociales y/o anarquistas. Por eso, el artículo que sigue a continuación, escrito por Agustín Carreras Zalamaen, archivero (jubilado) de la Administración General del Estado, que hemos extraído de la web de Redes Libertarias, nos ha parecido sumamente interesante y oportuno en este momento.
La Iglesia Católica, cuyo reino no es de este mundo, se ha empeñado, in illo tempore, en cuidar muy bien los documentos que supuestamente acreditan el título de propiedad de sus bienes terrenales. Los campesinos de la Edad Media, o de la Época Moderna y Contemporánea, tanto da, pretendían demostrar que tales propiedades de uso común (esto es, los llamados bienes de propios) eran desde siempre de la comunidad. Nada o muy poco podían hacer, pues, ante los tribunales quien tenía las escrituras podía demostrar la propiedad de tierras, bosques, ríos, casas o cualquier otro tipo de pertenencias. Es más, en ocasiones esos documentos eran más falsos que el alma de Judas Iscariote. El documento podía estar escrito en papel, por poner un ejemplo, cuando, en realidad al ser el original custodiado en el archivo de un dominio monástico, debería estar escrito en pergamino, que era el soporte del momento; los términos jurídicos no se correspondían con el período de elaboración del texto; o el lenguaje adoptado no era el propio del tiempo histórico en el que supuestamente fue redactado.
Hoy en día, la Iglesia sigue beneficiándose de las propiedades terrenales a través de las llamadas inmatriculaciones, que no son otra cosa que las inscripciones en el Registro de la Propiedad de aquellos bienes de los que no existe constancia de quién es el auténtico propietario. De ahí que la Mezquita de Córdoba pasase a posesión de la mundana Iglesia por tan solo 30 €. Cada tiempo tiene para los poderosos sus artimañas, triquiñuelas y martingalas.
A título de anécdota, puedo comentar que un investigador amigo mío me refirió que en una ocasión se dirigió al archivo diocesano de una ciudad castellana. Él pretendía hacer un trabajo sobre el papel en la República y en la Guerra Civil de los sindicatos católicos, cuyo origen se remonta a finales del siglo XIX, con la creación de organizaciones como los Círculos Católicos en España en 1879 (por ejemplo, en Valladolid, estos Círculos estuvieron en plena actividad hasta fechas muy recientes), movimiento éste que se consolidó tras la encíclica Rerum Novarum del papa León XIII en 1891. El archivero diocesano le preguntó abiertamente «si el trabajo era a favor o en contra», porque de ser en contra, no le dejaría hacer uso de la documentación. Estos mal llamados sindicatos católicos, surgidos como respuesta burguesa al sindicalismo de clase, se encuentran custodiados en los archivos de los obispados que, aunque subvencionados por el Estado, no son de fácil acceso público, como así debería de ser.
En otro orden de cosas, y durante muchos años, he de añadir que, como empleado público, he trabajado con mucha satisfacción en diferentes archivos estatales. Tengo la suerte de considerarme una persona especialmente afortunada con su profesión. Estoy seguro de que son muchos los compañeros que sienten lo mismo.
Para el Ministerio de Defensa son de vital importancia las hojas de servicios de los oficiales de los tres ejércitos. Existen hojas de servicio del siglo XVIII en el Archivo General de Simancas. Tanta importancia se da a dichos documentos que por un convenio entre el Ministerio de Cultura y el de Defensa éstos se describieron y digitalizaron. La casta militar se afana en conocer los orígenes remotos de los suyos. Lo que yo percibí es que, por ejemplo, la documentación incautada a la frugal II República por los fascistas que se alzaron contra ella, en la llamada Cruzada de Liberación Nacional, no siempre ha tenido el debido interés. Aun así, han sido muchos los trabajos que tienen su origen en los centros documentales militares, haciendo uso, paradójicamente en muchos casos, como fuente principal, de las propias fuentes de la Dictadura. Así, podemos destacar los estudios sobre campos de concentración, de la represión durante y después de la Guerra Civil, de las Brigadas Internacionales, de la sanidad militar, de la propaganda de guerra, de las milicias falangistas y/o del Requeté carlista, milicias de los sindicatos de clase (véase, por ejemplo, las brigadas mixtas), etcétera. Mucha confianza mostró nuestro singular sistema democrático (el llamado Régimen del 78) en dejar que la documentación roja estuviese en manos de quienes, en algunos casos, se vanagloriaban de haber sido arte y parte de la derrota republicana.
Los archivos históricos y administrativos del Ministerio de Cultura, como en infinidad de organismos de la Administración General del Estado, están dirigidos por esas buenas familias de toda la vida que no acaban de extinguirse nunca, aunque algunos de sus miembros fueran del PCE, o incluso por ello, durante la llamada Transición Democrática (o periodo lampedusiano por excelencia en la historia patria, en el «que todo cambió para seguir igual»). Enlazando con ello, hago mío la historieta de Forges en el que uno de sus marianillos exhibe en una pancarta con aquello de «Franquismo, dimisión». Eso, por un lado, por otro están todos aquellos que, aun siendo una minoría, quisieron ser profesores universitarios y no les quedó otra que ser archiveros. Pobrecitos míos, que vida tan terrible.
No deja de ser llamativo que los socialistas, cuando por turno les toca el poder, no renueven a nadie de los puestos políticos del sistema archivístico de la Administración General del Estado: subdirectores generales, coordinadores, etc., se mantienen en sus cargos sin ningún problema. En otro orden de cosas, a los puestos de directores de los centros documentales se accede por el sistema de libre designación, es decir, por afinidad.
Si algo he sacado en claro en mis últimos años de servicio en la corte madrileña (paraíso fiscal por excelencia y capital del centralismo españolista) ha sido que ciertos archivos ministeriales están en manos de franquistas del PP o de Vox (tanto da), con una apatía total (en el mejor de los casos) por la llamada Ley de Memoria Histórica o la ulterior Ley de Memoria Democrática (cuando no claramente opuestos a las mismas). Los archivos penitenciarios o policiales de la monarquía alfonsina, de la dictadura primorriverista (tan importante para el movimiento libertario, pues éste fue objeto de numerosas persecuciones), de la II Dictadura y de la nueva restauración monárquica de Juan Carlos I, deben estar al servicio del ciudadano. De lo contrario, ¿de qué tipo de democracia estaríamos hablando? La pregunta no deja de ser retórica, pues conocemos, demasiado bien, el tipo de democracia con la que contamos.
La interpretación torticera y restringida de las leyes, por muy ambiguas que estas sean (y en eso los del PSOE son maestros de llevar a cabo auténticos galimatías), la burocratización absurda e inaceptable, los tiempos escandalosos (hasta varios años) en la entrega de los documentos solicitados, en ocasiones, de carácter personal o familiar, debe llegar a su fin. La protección de los victimarios (torturadores o represores) no puede ser la excusa de la ralentización administrativa. Es simplemente vergonzoso. No se puede privar a los historiadores del uso de la documentación aplicando barreras y cortapisas de todo tipo, pues con ello, y con criterios claramente políticos, se los priva, a ellos y a todos, de la transparencia y de la verdad de la que tanto se vanaglorian.
A todos nos consta que un importante volumen de documentación ha sido destruido, bien porque su contenido no interesaba que saliera a la luz pública, o que no se le dio la debida importancia en su momento. Como es notorio, aquellos que han ostentado el poder han sido siempre muy celosos en hacer desaparecer documentación que los involucraba en el terrorismo de estado o en las componendas económicas, impidiéndose así la elaboración de futuros estudios históricos.
En este mismo sentido, recientemente el profesor Gutmaro Gómez Bravo,1 denunciaba que no había podido acceder al expediente de su abuelo, que se encuentra en el Archivo General del Ministerio del Interior, pues la demora para atender su solicitud ha sido de muchos años. En su caso dicho expediente daba un giro radical al primer borrador del texto que pretendía publicar.
En modo alguno, debemos permitir que nos escriban nuestra propia Historia
Durante mucho tiempo he sido empleado público y sé, como todos, que el Estado responde a criterios políticos. No, no es un ente imparcial, apolítico. De entrada, mientras que muchos creíamos que estábamos prestando un servicio a la ciudadanía, otros decían estar trabajando para los propios dirigentes. Las leyes de aplicación para los archivos no son anodinas. Y no solo me refiero a las estatales, sino también a las autonómicas, provinciales o municipales. Inconscientemente, o no, se tiende a dar una mayor importancia a una legislación que a otra, o a una parte de esta que a todo el conjunto.
Los sindicatos llamados del régimen, conscientes de ello, tienen sus propios centros y fundaciones. Así, existe la Fundación Largo Caballero de la UGT, o la Fundación 1º De Mayo de CC. OO. Esto no quita para que este último sindicato haya depositado en archivos públicos, tanto estatales como autonómicos su documentación (este sería el caso de CC. OO. en Castilla y León). Por cierto, me pregunto dónde se encontrarán los fondos de la CSUT, SU, USO, STE, AMPE y otros.
En general, a la hora de realizar un trabajo, sea del periodo histórico que sea, el historiador social recurre de modo prioritario a las fuentes escritas. Vaya por delante que no pensamos, como lo hacían los historiadores positivistas, que todo está en el documento. Nada más lejos. Los documentos han sido previamente seleccionados por el organismo (sea el estado o un sindicato). El propio historiador también los elige, pues, a veces, algunos no le convienen para mantener sus tesis. Ahora bien, aunque no se puede hacer historia sin documentos escritos, ni que decir tiene que, también, son muy importantes los testimonios orales, que deben custodiarse en soportes ad hoc que permitan su conservación y consulta, la prensa, la literatura, el cine, o cualquier otra evidencia que ayude en la construcción del relato histórico. En modo alguno, debemos permitir que nos escriban nuestra propia Historia.
Siempre se ha dicho que allí donde se juntaban dos anarquistas, surgía un periódico. También nacían numerosas bibliotecas y los archivos de la organización donde se custodiaban los documentos de los comités de empresa, de las federaciones por rama u oficio, las Actas de los Congresos, etc.
En cuanto a la CGT, el archivo surgirá a la par que nace el propio sindicato en 1984. CGT sale a la luz como organización diferenciada de la CNT. Su archivo contiene fondos que abarcan desde la Guerra Civil hasta nuestros días. Los fondos más antiguos proceden de las donaciones de viejos militantes de CNT, o de sus familiares, que vivieron la Guerra Civil y la Postguerra. El archivo, a través de la Fundación Salvador Seguí, que surgió en los años 80, tiene una organización de índole topográfica, lo cual, francamente, es muy pobre. Los continuos cambios y vaivenes de sede han afectado también, como no podía ser de otra manera, al incipiente archivo de la Confederación. En algún caso, la documentación se halla en lugares ajenos al propio sindicato, o empaquetada para cuando llegue el momento, confiemos en que más pronto que tarde, de su apertura. Así, en Barcelona, ésta se encuentra en Can Batlló por un acuerdo para un periodo amplio de tiempo, pero sin que se pueda considerar como un lugar definitivo de depósito del material compilado a lo largo de años. Por ello, los fondos están repartidos, en la actualidad, entre Madrid y Barcelona desde que Valencia cedió los suyos a esta última. Aparte de la documentación, en una biblioteca y hemeroteca propia de la CGT se deberían conservar los carteles, revistas (Libre Pensamiento y Redes Libertarias) y el periódico Rojo y Negro y otras publicaciones.
Es cierto que algunas referencias a las centrales sindicales se pueden localizar en los archivos públicos (y en las bibliotecas o en las hemerotecas), pero, como es natural, el grueso documental se halla en los propios archivos de los sindicatos. No es de recibo dejar solo en manos de las fuentes orales, o de los testigos, la vida del movimiento sindical, pues todos vemos los acontecimientos de un modo subjetivo y, además, no somos eternos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esto mismo ocurre en el ámbito familiar donde llegar a acuerdos sobre un antepasado común es una tarea casi titánica. Sin duda, estas fuentes son complementarias, pero bastante etéreas. Ante todo, debe quedar muy claro que las fuentes escritas son las más importantes en la elaboración de los trabajos de carácter histórico, aunque, como ya hemos dicho, por supuesto, no las únicas.
En nuestra vida cotidiana nos han resultado de gran ayuda la existencia de medios y aplicaciones informáticas. Esto tiene sus riesgos, pues éstas cambian a un ritmo de vértigo. Ni que decir tiene que son más que oportunos la creación de expedientes electrónicos, la transferencia continua de nuestros fondos a las nuevas aplicaciones, el uso de medios de almacenamiento adecuados, la autentificación documental a través de los metadatos, etc. De este modo, se facilitarían muchísimo los trabajos de investigación.
Finalmente, debemos indicar que el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales ha sido creado por el Real Decreto 880/2021 (publicado en el BOE de 12/10/2021). Este archivo tiene como fin recuperar, organizar, difundir y facilitar el acceso a la documentación relacionada con los movimientos sociales en España, desde el siglo XIX hasta nuestros días. El archivo pretende conservar y difundir el patrimonio documental y bibliográfico de diversos movimientos sociales, incluyendo el movimiento obrero, organizaciones feministas, grupos ecologistas, entre otros. Sin duda, un proyecto muy ambicioso infradotado en todos los aspectos (personal, depósito, medios, etc.) Con estos viejos odres, no se puede obtener un gran vino. Aun así, se abre una posibilidad para estudiar en el caso de la documentación de las organizaciones del movimiento libertario que no han sido investigadas.
Gómez Bravo, Gutmaro. Los descendientes. Un siglo de historia y memoria familiar. Editorial Crítica. Barcelona, 2025 ︎
Hoy, la vida en Gaza es una cuestión de fe. La inseguridad acerca de la propia supervivencia o de la de los seres queridos es el pan de cada día. Literalmente, hay más incertidumbre que alimento.
En una guerra no solo se sufren los bombardeos con pérdidas humanas y materiales. Se padecen los desplazamientos forzados, las hambrunas y, en Gaza también, la escasez de agua y el bloqueo de la ayuda internacional por la acción de Israel.
Psicológicamente, en esta ofensiva contra la población palestina hay un fuerte componente de deshumanización, algo tan sencillo como no atribuir la categoría de persona a un ser humano. Son procesos característicos en el estudio de los genocidios a lo largo del tiempo y en la práctica de tortura.
Más vulnerables a los enfermedades mentales
Como consecuencia, ser superviviente conlleva una ruptura en ciertos valores morales. Por ejemplo, ante la creencia en la humanidad o ante el hecho de que todas las vidas tienen un mismo valor. La salud mental y el bienestar están conectados con la percepción de justicia social y de derechos humanos. Además, a todo esto se añade que antes del 7 de octubre de 2023, Gaza ya acusaba un contexto de años de inestabilidad sociopolítica, de ciclos de violencia, de privaciones económicas y de dificultades en el acceso a recursos, como los sanitarios. Estos factores han debilitado la salud mental de la población gazatí durante décadas y los palestinos han llegado exhaustos psicológicamente a su asedio actual.
Se ha demostrado que la exposición a conflictos armados tiene un importante impacto en la salud mental de la población civil. En concreto, desde 1948 el impacto del trauma intergeneracional en los palestinos ha aumentado su vulnerabilidad para el desarrollo de dolencias psíquicas.
En 2024, y a consecuencia del actual genocidio, se encontró ansiedad severa (65 %), depresión (72.7%) y probable trastorno de estrés postraumático (72.3 %) en la población palestina evaluada.
Un estudio reciente muestra que la probabilidad de padecer estrés en Gaza es doce veces superior a la probabilidad que se presentaba en 2020 y la prevalencia de angustia psicológica es tres veces mayor, aumentando del 19,5 % en 2020 al 67,2 % en 2025.
¿En qué apoyarse cuando todo se derrumba?
Sumud es un término árabe que alude a la capacidad psicológica de resistencia a la ocupación, definida como el corazón resiliente para muchos palestinos. El apoyo en la comunidad es esencial cuando todo falla, con una relevancia mayor cuando las vivencias son compartidas y unos necesitan de otros para sobrevivir. Recientemente se ha visto que en la población joven palestina el apoyo social es un elemento de protección que mitiga los síntomas del trastorno de estrés postraumático (reviviscencias, evitación, cognición y emoción negativas e hiperactivación).
Igualmente, las prácticas religiosas y espirituales, el apoyo entre iguales y la solidaridad comunitaria potencian el bienestar en los climas de adversidad, como en las guerras o en las crisis humanitarias.
De la misma forma que existe una transmisión generacional del trauma, existe una transmisión generacional de la resiliencia. En Palestina, la intencionalidad de mantener la cultura y la identidad dibujan tanto procesos como resultados resilientes y de crecimiento postraumático.
Manifestaciones que mejoraron la salud
En Gaza, algunas acciones políticas de resistencia como las movilizaciones por la “Gran Marcha del retorno” de 2018 tuvieron efectos positivos en la salud mental de los gazatíes. Fueron manifestaciones pacíficas convocadas a través de redes sociales, donde participaron jóvenes y familias en un ambiente lúdico y festivo. Las protestas incluían cánticos, actuaciones de clowns y acróbatas e incluso celebraciones de bodas, y se concentraban entre la Franja de Gaza e Israel.
Inicialmente, se reportaron mejoras en la salud mental de los participantes, en el sentido de un aumento de la esperanza y una capacidad de participación en movilizaciones sin precedentes. Se observaron mejoras en los estados de ánimo y en las respuestas al trauma, ya que el factor político es un elemento resiliente y protege frente a la violencia política.
Sin embargo, en marzo de 2019, los manifestantes y sus familiares sufrieron violencia en respuesta a su involucración en la marcha y se alcanzaron las tasas más altas de palestinos heridos desde las hostilidades de 2014.
En definitiva, trauma y resiliencia son conceptos que definen desde hace décadas la identidad palestina en Gaza, y cada vez con mayor frecuencia, la definen también en Cisjordania.
Hoy en día, resulta complicado abordar el estado de salud mental de una comunidad como la gazatí. Día a día la asfixia psicológica y de necesidades básicas y sociales es mayor. Por eso, estamos lejos de predecir el impacto psicosocial y clínico que acusará a largo plazo la población de Gaza.
El pasado 3 de julio de 2025, el Gobierno laborista británico, con el apoyo de liberales y conservadores, aprobó una ley por la cual declaró a Palestine Action una organización terrorista con 385 votos a favor y tan solo 26 en contra.
Palestine Action, fundado en 2020, es un colectivo que llevaba cinco años organizando protestas pacíficas de diversa índole, como sentadas y bloqueos delante de las oficinas de Elbit Systems (empresa armamentísica israelí)1, pintadas en las sedes de las manufactureras de armas UAV Tactical Systems (franco-israelí) y Leonardo (italiana), la vandalización de un retrato de Arthur Balfour en Trinity College y el robo de dos bustos de Chaim Weizmann de la Universidad de Manchester. Su acción más grande, que es la que le ha granjeado el calificativo de «terrorista», fue la invasión de la base militar aérea RAF Brize Norton y el sabotaje a dos aviones Airbus Voyager con pintura y palos, el pasado mes de junio.
Desde la ilegalización del colectivo, más de 2.500 personas han sido detenidas en distintas manifestaciones por portar pancartas con la leyenda «Apoyo a Acción Palestina». El día más destacado fue el 6 de septiembre, cuando 890 personas (de un total de 1.400 manifestantes) fueron detenidas en una concentración en el centro de Londres (857 de ellas acusadas de enaltecimiento del terrorismo por portar pancartas de apoyo a la organización y 33 por delitos contra el orden público), lo cual supone el mayor caso de detenciones masivas en la historia del Reino Unido. La concentración fue convocada por la organización Defend Our Juries, bajo el lema “Me opongo al genocidio. Apoyo a Acción Palestina”.
Las detenidas lo fueron con base en la sección 12 de la Ley de Terrorismo inglesa, y afrontan posibles procesos con condenas que llegarían hasta los catorce años de prisión. Esta brutal respuesta afecta a las protestas contra el genocidio en Palestina pero también al propio derecho a la protesta. No solo por los registros, propuestas de sanción, multas, detenciones e incluso encarcelamiento, sino por el llamado “efecto paralizante” (chilling efect) y la represalias que pueden acarrear también en empresas y centros de trabajo la participación en manifestaciones de cualquier tipo.
Huelga de hambre por la libertad
Actualmente, hay 33 presas encarcelados en Gran Bretaña por supuestas acciones en solidaridad con Palestina relacionadas con este colectivo. Muchas de ellas pertenecen a los 24 de Filton [Filton 24], detenidas por una acción contra un centro de investigación de Elbit Systems en agosto y a los Brize Norton 5 (quienes realizaron la acción de pintar dos aviones en la base aérea mencionada previamente)2.
Filton 24
Se encuentran en prisión preventiva, sin juicio, sin fianza y algunos pueden esperar hasta dos años para ser juzgadas. Además, denuncian que han sido objeto de un trato degradante y arbitrario, que incluye la retención de su correo, libros y propiedades, órdenes de no asociación, exclusión de programas de empleo y educación, un régimen arbitrario de aislamiento y la retirada de sus keffiyehs.
En el momento en el que escribimos estas líneas, 8 de las 33 presas se encuentran en huelga de hambre, la mayoría desde el 2 de noviembre. Sus demandas pasan por el fin de toda censura, la libertad inmediata bajo fianza, el derecho a un juicio justo sin interferencias extranjeras y políticas, la desclasificación de Palestine Action como organización terrorista y el cierre de Elbit Systems.
Las huelguistas comenzaron la acción el mismo día en que el gobierno británico emitió la Declaración Balfour en 1917, allanando el camino para el establecimiento de un Estado colonialista y sionista. Comenzaron Amu Gib y Qesser Zuhrah, Heba Muraisi se unió un día después y les siguieron Jon Cink, T Hoxha y Kamran Ahmed. Eel último en unirse a la huelga de hambre es Muhammad Umer Khalid, hace pocos días. Lewie Chiaramello también se unió el 23 de noviembre, realizando una huelga de hambre parcial, cada tercer día, ya que es diabético. Se trata de la mayor huelga de hambre coordinada en las Islas Británicas desde las huelgas de hambre de 1981 de los presos políticos irlandeses lideradas por Bobby Sands durante el conflicto, y que provocaron la muerte de 10 jóvenes3.
Solidaridad internacional
En solidaridad, presos de todo el mundo se han unido a los huelguistas de hambre durante periodos más cortos. Dimitris Chatzivasileiadis se unió desde Grecia, Massimo Passamani y Luca Dolce desde Italia4 y Jakhi McCray en Estados Unidos. Los presos Casey Goonan y Malik Muhammad, en Estados Unidos, también se unieron a una huelga de hambre, aparte, en solidaridad con Teuta Hoxha y los 24 de Filton, cuyo juicio comenzó en noviembre y durará 8 semanas.
Mientras tanto, Israel ha encarcelado a casi 9.100 palestinos como presos políticos, muchos de los cuales también se encuentran en huelga de hambre. Siguen saliendo a la luz detalles sobre los abusos que sufren, incluidos abusos sexuales, psicológicos y físicos, así como inanición forzada. Muchos cadáveres son devueltos a Gaza con signos de tortura, mutilación y ejecución.
Las consecuencias de la huelga
El cuerpo tiene un límite en lo que puede aguantar. A medida que el hambre se instala, comienzan a agotar sus reservas, primero la grasa, luego los músculos y, finalmente, los órganos vitales comienzan a fallar. Tres de los ocho huelguistas de hambre, Qesser, Teuta y Kamran, ya han sido hospitalizados debido al deterioro de su salud. Amu Gib ha perdido 10 kg. Más de cien profesionales médicos han firmado una declaración en la que exigen que se tomen medidas para evitar que las y los huelguistas sufran más daños. Pasado un mes, existe una grave preocupación de que los huelguistas sufran daños irreversibles.
Hace unos días, el médico de urgencias y profesor del University College de Londres, Dr. James Smith, afirmó que el estado de los detenidos se ha deteriorado drásticamente y declaró a periodistas que “los huelguistas de hambre se están muriendo”. Smith dijo que los relatos desde el interior del sistema penitenciario apuntan a “un seguimiento y tratamiento deficientes. […] En mi opinión, como médico del NHS, la complejidad de las necesidades de atención de los huelguistas de hambre ahora debe gestionarse con la participación regular de especialistas, o incluso con un seguimiento continuo en el hospital”, dijo.
Por otro lado, más de 200 miembros de la Asociación Médica Británica expresaron su preocupación unos días antes y 900 profesionales de la salud han escrito al viceprimer ministro y secretario de Justicia, David Lammy, al secretario de Salud, Wes Streeting, a altos funcionarios del NHS y a las autoridades penitenciarias exigiendo medidas urgentes.
Shahmina Alam, hermana de Kamran Ahmed (28 años), declaró que “Ahmed está cursando el día 39 de su huelga de hambre. Ha tenido dos internaciones desde que inició su huelga de hambre, y fue dado de alta apenas la semana pasada. Si bien lograron estabilizar sus cetonas, los niveles de estas han vuelto a subir considerablemente. Pero lo más preocupante es que su corazón se está debilitando y su pulso se está desacelerando, además de que, en este momento, Ahmed está perdiendo medio kilo por día”.
Pese a todo esto, hasta ahora el Gobierno británico y los medios de comunicación (salvo honrosas excepciones) han ignorado por completo las huelgas de hambre, evitando que se introduzca en la agenda pública. El objetivo de las activistas ahora es romper ese muro de silencio, algo que han intentado por ejemplo bandas como Kneecap, The Pogues y otros 200 artistas irlandeses y británicos, que han publicado una carta al Gobierno solicitando que se acceda a las demandas de las huelguistas.
Como siempre, la solidaridad internacional, la denuncia y la organización de la clase trabajadora siguen siendo la única garantía de que estos casos no queden en la impunidad ni en el olvido.
Este artículo ha sido escrito partiendo de piezas extraídas deBriega, Democracy Now, Naiz, Todo por Hacer, Prisoners for Palestine, Resumen Latinoamericano, Spanish Utopia, Izquierda Diario, Insurgente, Filton Actionists y TeleSur.
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1 Elbit Systems suministra al Ejército israelí el 85 % de su equipamiento terrestre y el 85 % de sus drones. Activistas propalestinas denuncian que sus drones se han utilizado en Gaza para reproducir sonidos de niños llorando y gritando, con el fin de atraer a la gente y luego dispararles.
2 Desde Brize Norton parten regularmente aviones con destino a la base aérea de Akrotiri, en Chipre, desde donde se dirigen las operaciones británicas en Oriente Medio, incluidos vuelos de espionaje sobre Gaza.
3Bobby Sands murió el 5 de mayo 1981, después de 66 días en huelga de hambre. El informe original establecía que la causa de la muerte había sido «inanición auto impuesta«, aunque fue enmendado posteriormente tras las protestas de los familiares, estableciéndose simplemente como «inanición«. Sands fue miembro del Parlamento de Westminster durante veinticinco días, aunque nunca ocupó su escaño ni juró su cargo. Entre sus escritos, encontramos una de sus frases más célebres y que ha sido difundida en infinidad de murales por las calles de Belfast oeste principalmente: «Nuestra venganza será la sonrisa de nuestros hijos«. Se estima que más de 100.000 personas asistieron al funeral de Sands, el mayor funeral republicano desde el del alcalde de Cork del Sinn Féin, Terence MacSwiney, que murió en la cárcel de Brixton el 25 de octubre de 1920 después de otra huelga de hambre de 74 días. Después de Sands, otros nueve presos republicanos murieron en la huelga de hambre –Francis Hughes, Raymond McCreesh, Patsy O’Hara, Joe McDonnell, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McElwee y Michael Devine–. La huelga finalizó el 3 de octubre de 1981.
4 Desde Italia, el anarquista Luca Dolce hizo una declaración que rompe con la línea dominante de que las huelgas de hambre son simplemente protestas sobre las condiciones de los presos: “La lucha contra la prisión y el sistema militar tecnoindustrial es esencial para una lucha de mayor alcance, de resistencia revolucionaria e internacionalista… Estoy a su lado con serenidad y resolución”. Dolce también saluda al prisionero palestino Anan Yaeesh en la prisión de Melfi, en el sur de Italia, otro objetivo de las tácticas de aislamiento y traslado destinadas a borrar a los presos políticos. Según Dolce, no está claro si Yaeesh continúa en huelga.
Hace un poco más de un año, el 18 de noviembre de 2024, la policía antiterrorista griega detuvo al anarquista Nikos Romanós. Según informaba Indymedia Atenas, la detención estaba relacionada con la investigación policial que se desató tras la muerte del anarquista Kyriakos Ximitiris, ocurrida por una explosión en un apartamento del barrio Ampelokipoi, en Atenas, el pasado 31 de octubre, hecho que también dejó herida de gravedad a su compañera Manianna M. Estos hechos ocurrieron en vísperas del aniversario de la Revuelta Griega, los disturbios griegos que estallaron en 2008 contra la violencia policial, la crisis económica y sus nefastas consecuencias sobre la clase trabajadora.
Diciembre de 2008: el asesinato de Alexis
La Revuelta Griega comenzó el 6 de diciembre de 2008, después de que Alexis Grigoropulos, joven anarquista de 15 años, fue asesinado por un policía en el combativo barrio ateniense de Exarchia. Este suceso fue el detonante de manifestaciones que expresaron rabia, dolor y odio a la policía, las cuales desembocaron en un movimiento de autoorganización en el que las huelgas generales, la ocupación de edificios públicos y los enfrentamientos con la policía tuvieron un gran protagonismo, pero que fueron acompañados de otras acciones como la creación de espacios de apoyo mutuo (como ejemplo se encuentra la gestión de popular de hospitales). Fue la movilización popular más potente de Europa en esa década, con el espacio anarquista y antiautoritario en su núcleo.
Nikos, amigo y compañero de la misma edad de Alexis, fue testigo presencial del asesinato de éste. Así lo relataba en una entrevista incluida en el libro publicado por la Editorial Klinamen ¡Maderos, cerdos, asesinos! Crónica del diciembre griego:
“Alexandros estaba frente a mí y yo estaba detrás, a su derecha. Cuando los policías se pararon en Zoodochou Pigis y Tzavella tenían ya las manos, la izquierda o la derecha, no recuerdo, en sus pistolas, que estaban en la funda que cuelga del cinturón. Alguien detrás de mí lanzó una botella de plástico que, naturalmente, no les llegó a alcanzar. Me olvidé decirte que cuando vi a la poli empezaron a gritarnos a mí y a Alexandros, diciendo “me cago en la virgen, ven aquí y te enseñaré quien es más duro” y cosas así. Los chicos de detrás de nosotros les gritaban a los maderos “fuera” o “iros a tomar por el culo”…
Cuando lanzaron la botella de plástico, los policías, los dos si no me equivoco, sacaron las pistolas, apuntaron al frente, es decir, hacia donde estábamos Alexandros, yo y el otro, y se escucharon tres disparos. Se me había olvidado deciros que estoy seguro de que uno de los dos policías sujetaba el arma con las dos manos. Entonces vi –y estoy completamente seguro– que los policías no estaban disparando ni al aire ni al suelo. ¡Apuntaban hacia donde estábamos y dispararon!
Alexandros cayó, si no me equivoco, tras el primer o segundo disparo; seguro que antes del tercero… Después, no sé lo que pasó. La gente gritaba y alguien le levantó la camiseta a Alexandros. Pude ver que tenía un agujero en medio del pecho, un poco hacia el corazón, y que había sangre en la herida…
Los policías que dispararon, cuando vieron a Alexandros caer, salieron corriendo. No sé hacia qué dirección… Entonces llegó la ambulancia y subió a Alexandros, muerto. Lo digo porque no tenía pulso y le salía sangre de la boca.”
«Alexandros Grigoropoulos, siempre presente»
La versión policial sostenía que los agentes habían sufrido una emboscada y que habían disparado al aire como advertencia. Incluso llegaron a difundir por televisión un vídeo del asesinato completamente manipulado, añadiendo el sonido de cristales rotos y disturbios antes de los disparos (como si eso justificara matar a tiros a un adolescente). Pero, finalmente, quedó claro que había sido una acción a sangre fría e incluso el Gobierno se vio obligado a dar la espalda a los policías y suspenderlos. Finalmente, Epaminondas Korkoneas, el autor del disparo, fue condenado en 2009 a cadena perpetua por homicidio intencionado al desoír las órdenes de replegarse y por disparar conscientemente en dos ocasiones contra el joven con la intención de matarle.
Durante el juicio, Nikos Romanós se desmoronó, empezó a llorar desconsoladamente al ver al asesino de su amigo Alexis y fue incapaz de prestar declaración testifical. Fue citado para declarar en otra fecha posterior, pero desobedeció al tribunal y no compareció. En ese momento, desapareció por completo de la vida pública.
2013:Primera detención de Nikos Romanós
Cuatro años después, en febrero de 2013, Nikos Romanós fue detenido junto a otros tres compañeros (Dimitris Politis, Andreas-Dimitris Burtzukos y Giannis Mijailidis) tras intentar atracar las oficinas del Banco Agrícola y la Oficina de Correos en la ciudad de Velvendós, en la provincia de Kozani, acción que se enmarca dentro de este período en el que una parte del movimiento antiautoritario griego decide enfrentarse al Estado mediante ataques contra partidos políticos, policía, bancos, etc. Tenía 21 años.
En esta época, una débil coalición gobernaba el país, manteniendo las medidas de austeridad exigidas por los acreedores de Grecia para evitar la suspensión de pagos de la deuda. El gobierno parecía estar viviendo un colapso a cámara lenta, luchando por mantener una exigua mayoría parlamentaria. Parte de la población depositó sus esperanzas en elegir el gobierno de izquierdas de Syriza (el cual, tras organizar un referéndum en el que las griegas abrumadoramente respaldaron su programa de no pagar la deuda de la Troika, traicionó a sus votantes y lo hizo, hundiendo más aún el país), mientras que los anarquistas se enfrentaban a la represión estatal y a la lucha contra el fascismo en las calles. Como explicaba Nikos en una carta desde prisión:
“Para mí, los atracos a bancos constituyen una siempre válida opción de los revolucionarios, además una opción que “abre” muchas posibilidades. En primer lugar te libera de los tentáculos del trabajo asalariado y de los convenios que este supone. De esta manera se libera el tiempo de tu cotidianidad, ofreciéndote la opción de que te entregues a tus pasiones. Allí donde termina la destrucción de la alegría comienza la alegría de la destrucción. Al mismo tiempo los atracos a bancos son también un medio necesario para financiar las multiformes infraestructuras de la lucha anarquista y eso con el dinero expropiado del enemigo. Hablamos sobre el apoyo a los proyectos anarquistas, a los compañeros prisioneros y a las infraestructuras guerrilleras. Al mismo tiempo constituyen una oposición directa contra el moral social del trabajo asalariado y contra los papeles sociales que reproducen el mundo capitalista.
Por supuesto, ninguna praxis por sí misma tiene carácter revolucionaria. Es el sujeto quien mediante su discurso, sus motivaciones y sus intenciones le da sentido a la praxis y luego la dirige contra los objetivos que él mismo determina. En mi caso, el rechazo al trabajo es una parte de esta opción específica. Por otra parte se trata de ayudar económicamente a la acción directa anarquista y atacar el Estado y el capitalismo tras la guerrilla urbana anarquista”.
La imagen de la detención de Nikos, con la cara ensangrentada y mirada desafiante, dio la vuelta al mundo porque evidenció lo que durante años se llevaba denunciando, que los malos tratos y torturas son parte habitual del trabajo de la policía griega.
Por este intento de atraco, unido a un delito de posesión y colocación de artefactos explosivos en 2012 en la casa del ex Ministro de Defensa Nacional, Giannos Papantoniou, Nikos fue condenado a un total 18 años de cárcel.
2014: Huelga de hambre
El 10 de noviembre de 2014, Nikos Romanós inició una huelga de hambre reivindicando su derecho a obtener permisos de salida para asistir a clases a una universidad, huelga que desde el principio fue acompañada desde el exterior de prisión por el movimiento libertario y que pronto traspasó los círculos más militantes para ser apoyada por personas y asociaciones ajenas al entorno antiautoritario. Desde el principio, se combinaron las acciones de difusión de la situación de Nikos mediante manifestaciones (más de diez mil personas en Atenas y decenas de convocatorias en otras ciudades), ocupación de ayuntamientos, universidades, locales de sindicatos, emisoras de televisión y de radio… unido a ataques y sabotajes contra bancos, policía y partidos políticos por todo el territorio griego.
A principios de ese año había escrito sobre la idea de la campaña “polimórfica”. Instaba al movimiento anarquista a superar sus divisiones alcanzando un nivel mínimo de acuerdo entre sus diversas corrientes. A medida que su huelga de hambre alcanzaba un punto crítico, las calles de Grecia volvieron a cobrar vida durante algunas semanas, con manifestaciones, ocupaciones y acciones de sabotaje que se intensificaban.
Una semana antes del aniversario del 6 de diciembre, un grupo de mil motocicletas recorrió Atenas para unirse a otras dos mil personas reunidas bajo la ventana del hospital donde se encontraba Romanos. Más tarde, esa misma noche, se produjeron ataques contra cajeros automáticos y comisarías de policía, así como enfrentamientos con las fuerzas antidisturbios en Atenas, Tesalónica y Volos, entre otras ciudades. Las ocupaciones de ayuntamientos y campus universitarios se extendieron y, en la primera semana de diciembre, alcanzaron varias ciudades.
El 2 de diciembre las manifestaciones se intensificaron de nuevo, con hasta 15.000 personas marchando en Atenas, una de las movilizaciones encabezadas por anarquistas más grandes de las últimas décadas. Como comentó entonces Barbarian Review: “Se decía que la crisis había terminado, y ahora ha vuelto con toda su fuerza. No pasaba gran cosa y, de repente, las calles estaban en llamas. Fuimos testigos del poder de lo imprevisible: en un mes la normalidad se puso patas arriba. ¡Qué rápido cambian las cosas en el mundo actual!”.
El aniversario del 6 de diciembre de 2014 volvió a sacar a 15.000 personas a las calles de Atenas. Tras la manifestación tradicional, la mayoría se dirigió a Exarcheia, con la policía antidisturbios y sus cañones de agua pisándoles los talones. Los enfrentamientos se sucedieron mientras la gente luchaba por Romanos en las calles en llamas y llenas de barricadas, así como desde los tejados alrededor de la plaza de Exarcheia. Al final de la jornada, 296 personas fueron retenidas y 43 detenidas. También se registraron marchas y enfrentamientos en Tesalónica, Agrinio, Volos, Patras, Heraclión, Ioánina y Mitilene. Al evaluar los daños en Atenas, el teniente de alcalde Apostalopoulos recordó los acontecimientos de 2008.
Manifestantes por Nikos Romanós defendiendo la entrada de un centro social
Dado que la solicitud de permiso educativo de Romanos seguía siendo denegada, el movimiento de solidaridad continuó. Se ocuparon ayuntamientos en Ioánina, Kavala y Chania, así como edificios universitarios en Rodas y Atenas. Los ataques nocturnos aumentaron en número e intensidad, con acciones contra la prefectura de Macedonia Oriental y Tracia y una comisaría en el norte de Atenas. Una de las últimas acciones de la campaña fue la colocación de una bomba frente a un banco, que fue detonada por la policía en una explosión controlada el 10 de diciembre.
Tras el rechazo de un nuevo recurso, Romanos intensificó su acción iniciando una huelga de sed, y el gobierno cedió rápidamente. Esta unión de acciones legales e ilegales, junto a la fuerza y determinación mostrada por Nikos, hizo que un Gobierno griego temeroso por la falta de control en el país y vigilado constantemente por la Troika, diera su brazo a torcer aprobando una ley que prevé que las personas presas que hayan aprobado la tercera parte de las asignaturas en la universidad en que hayan ingresado estudiando cursos a distancia, tendrán derecho a obtener permisos penitenciarios para asistir a la universidad portando una pulsera electrónica.
Nikos Romanós saludando desde el hospital penitenciario durante la huelga de hambre
Así, tras 31 días de huelga de hambre y uno de huelga de sed, Nikos abandonó la huelga de hambre, publicando las siguientes reflexiones:
“Lo único que es cierto es que esta victoria ha sido el resultado de la presión política ejercida por nosotros, por eso el mundo de la lucha y la anarquía combativa son, sin duda, ética, política y prácticamente, los grandes vencedores. Esta lucha evolucionaria polimorfa, y nosotros, como presos políticos, estamos saliendo más fuertes de esta batalla”.
La huelga de hambre de Romanos fue una victoria poco frecuente en un periodo sombrío. Apenas unas semanas antes, la crisis seguía latente pero la resistencia se había debilitado. De esperar a que algo ocurriera, la gente pasó a salir a la calle y hacer que ocurriera. El ambiente empezó a oler a diciembre y los reflejos de la revuelta volvieron a activarse.
2019:Nikos queda en libertad
El tribunal que sentenció originalmente a Romanós no había admitido ninguna circunstancia atenuante, incluido su buen comportamiento mientras estaba en prisión, pero esta decisión fue revocada por el Tribunal Supremo, que sí lo tuvo en cuenta y reconsideró el caso, reduciendo su sentencia en cuatro años, a 14 años en prisión.
Esto posibilitó la liberación temprana de Nikos en el año 2019 (con 26 años de edad), dado que sus seis años de prisión computaron por el «doble» debido a los días de trabajo realizados mientras estuvo encarcelado, durante el cual también terminó la escuela secundaria y se presentó a los exámenes de ingreso a la universidad, obteniendo un lugar en la Escuela TEI de Atenas en Gestión y Economía. Pese a ello, se siguió manteniendo desafiante, declarando en una entrevista a principios de ese año lo siguiente:
“Nuestro objetivo debe ser agudizar la lucha subversiva en todas las formas en que se pueda tomar, transformarla en un peligro real para cada gobernante. Parte de este proceso es reconstruir nuestra memoria histórica, por lo que puede servir de compás para las estrategias de lucha que empleamos. Deberíamos comenzar a hablar nuevamente sobre la organización de diferentes formas de violencia revolucionaria, las prácticas de ilegalismo revolucionario y la necesidad de difundirlas en el movimiento para superar la «política» (en el sentido sucio y civil de la palabra) que han infectado nuestros círculos … Quienquiera que arme su conciencia para derrocar el ciclo brutal de la opresión y la explotación será definitivamente el objetivo de un tratamiento vengativo y autoritario por parte del régimen. Esto no significa que renunciaremos a nuestra lucha, en la sala de audiencias o en otro lugar”.
“El lunes 18 de noviembre fue el día en que el tiempo volvió a detenerse para mí. Funcionarios antiterroristas encapuchados, esposas, celdas de detención, cámaras de televisión, informativos, guiones periodísticos, teorías policiales. Detrás de este patrón familiar y de la tormenta comunicativa de la culpa, hay otra realidad.
Son las heridas que resurgen y se multiplican, destrozando familias, destruyendo relaciones humanas, aniquilando sueños, esperanzas, planes de una vida condenada una vez más a la muerte del tiempo congelado.
Porque el lenguaje de la verdad no se puede ocultar, yo reitero, niego la acusación en su totalidad. Una acusación infundada, sin base, exagerada y sin fundamento que surge de forma abusiva, creando más preguntas de las que realmente responde. Siguiendo la lógica política establecida de la ley antiterrorista, que crea una categoría de acusados que existe fuera del sistema legal, ya que todo el mundo es culpable hasta que se demuestre su inocencia. El lenguaje hablado por el sistema ya ha emitido su veredicto. Me convertí en un trofeo errante para todo tipo de explotación. Un objeto expuesto en las vitrinas de los museos de la mentira y el olvido. Con la etiqueta de «terrorista» colgada en el anexo «culpable de todos los tiempos», para la observación de visitantes por lo general ingenuos, pero sobre todo asustados y amantes de la paz.
Para quienes apuestan con vidas humanas en los dados de un vulgar y desvergonzado juego político, para quienes creen que el poder que ostentan les da la capacidad de aplastar almas por sus propias razones, voy a reiterar lo obvio.
Desde la ensangrentada calle peatonal de Messolonghi, las oficinas de interrogatorios, los grises pasillos de las prisiones, los bancos de los tribunales, la muerte lenta del confinamiento. De las decisiones que tomé con toda mi alma, decisiones grabadas en sangre real, a un gran coste y con rodillas inquebrantables, yo no cedo ni un ápice.
Es parte de la historia de una generación de personas que se rebelaron y sobre cuyas espaldas, gran parte del sistema político lavó sus pecados colgándolo a secar en las líneas del canibalismo represivo y mediático.
Pero ahora no estoy en la cárcel porque tomé decisiones conscientes que conllevaban los correspondientes riesgos. Al contrario, mi vida se vende como un producto político, en el estante del supermercado de la comunicación, con el precio de la bolsa a mi cargo, a la espera de que los posibles votantes compren parte por parte hasta la siguiente ocasión.
Es verdaderamente triste para mí (y no sólo para mí) que se me pida que demuestre que no soy un elefante, al pender sobre mi cabeza una sentencia inminente que me condenará a vivir de nuevo, por tiempo indefinido, como un preso.
He vivido la mitad de mi vida adulta en prisión. No aceptaré pasivamente que esta estadística tan injusta, consistente en mucho dolor e innumerables soledades, me cubra de cemento y barrotes.
No aceptaré medidas extremas como la prisión preventiva sin dar una batalla legal y política para recuperar mi vida.
En esta apresurada y necesaria declaración inicial, quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a quienes estuvieron a mi lado con amor desinteresado. Comienza ahora la lucha por mi reivindicación y mi liberación definitiva de esta injusta acusación”.
2025: Prórroga de la prisión preventiva
Recientemente, en el mes de noviembre de 2025, un tribunal griego prorrogó la prisión preventiva de Nikos, por petición del Fiscal, por un periodo de seis meses más. Y ello pese a que Nikos, que ahora tiene 33 años, declaró que no conocía al resto de investigados. La noticia fue seguida de disturbios y enfrentamientos con la policía – que hizo uso de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras – frente a los Juzgados de Evelpidon.
La defensa de Romanós, el abogado Nikolas Aletras, explicó en una rueda de prensa que “los análisis del laboratorio, las muestras de ADN, las escuchas telefónicas, las imágenes de vídeo y toda la investigación han revelado que Romanós no tiene ninguna relación con el caso”. Y el grupo de apoyo a Nikos, conocido como el Comité de Solidaridad, expresó que “la solicitud del fiscal encaja con la doctrina penal del partido Nueva Democracia y el doble rasero del sistema de Justicia. La decisión judicial ha sido política y nuestra respuesta también lo será. Debemos expandir el movimiento de solidaridad y resistir a esta campaña de represión. Ni un paso atrás”.
Incluso la izquierda más institucional ha visibilizado su indignación con el caso. En el 17º aniversario del asesinato de Alexis, la Nueva Izquierda griega emitió el siguiente comunicado:
“Diecisiete años después del asesinato de Alexandros Grigoropoulos a manos de un agente de policía, la sociedad griega no olvida el crimen, ni al niño que cayó muerto en Exarchia, ni la arbitrariedad que armó la mano del asesino Korkoneas, ni la oleada de indignación que inundó las calles de todo el país.
El 6 de diciembre sigue siendo una herida profundamente grabada, un recordatorio vivo de que la democracia no es un hecho garantizado cuando la violencia estatal se reproduce en todo tipo de formas.
La prisión preventiva de Nikos Romanos forma también parte de este oscuro contexto. La violencia del Estado continúa reproduciéndose a través de mecanismos que tratan a determinadas personas como “sospechosos habituales”, con independencia de la existencia de pruebas suficientes.
Diciembre de 2008 marcó a toda una generación. Alexandros se convirtió en un símbolo. El estado presente y el futuro vital de su amigo, Nikos Romanos, es la verdadera cuestión”.
Los acontecimientos de 2008 y 2014 mostraron al movimiento anarquista griego en su fortaleza, al tomar la iniciativa en respuesta a la represión estatal. La detención de Romanós, basada en meras sospechas y prejuicios, demuestra que el gobierno griego actual sigue profundamente preocupado por la capacidad de iniciativa del movimiento anarquista.
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Este artículo ha sido escrito a partir de otros de Indymedia Athens, Protothema, Freedom News, Todo por Hacer, Crimethinc, The Press Project, Klinamen, La Directa, El Salto, Portal Oaca, AraInfo, Anarquía, Noticias Anarquistas, Informativo Anarquista y Federación Anarquista
Punk hardcore melódico vegano. 5 discos (publicados 2019-2023). Madrid
“En cada gesto que desafía a lo establecido, en cada rincón donde florece el apoyo mutuo. Todo un mundo de resistencias entrelazadas levantado con el esfuerzo de compañeras”
Llevamos tiempo dándole vueltas a la idea de publicar un artículo acerca de la importancia de la música para acercar a la chavalada a los movimientos sociales en general y al anarquismo en particular. Muchas personas de nuestra generación no se habrían aproximado a nuestras ideas si no fuera por la existencia de grupos, tanto comerciales como DIY, con letras reivindicativas. Escuchar canciones con referencias a luchas populares nos llevó a acudir a conciertos en okupas, lo cual conduce a asistir a charlas y talleres en esos centros sociales, a alquilar libros en bibliotecas populares o comprar fanzines en distris. Toda esta cultura popular horizontal y alternativa a las lógicas del mercado sirve como puerta de entrada para empezar a militar en asambleas de barrio o estudiantiles, sindicatos, grupos de apoyo mutuo, etc.
La decisión de cerrar nuestro periódico el mes que viene nos ha impedido materializar este artículo que teníamos en mente, pero queríamos aprovechar este espacio para rescatar esta idea y homenajear a algunas de las bandas que nos han acompañado a lo largo de los últimos quince años, transmitiendo mensajes antiautoritarios con sus canciones, amenizando numerosas veladas e, incluso, organizando conciertos para financiar esta publicación. Nos referimos a grupos como Accidente, Troika, Heksa, Duelo, Rude Pride, Venganza, Lökhul (o Los Culo), Kronstadt, Folie à Trois, Ugly Bastards, Furio, Mortal Wombat, Nueva Generación, No Beach, Obediencia, Redneck Surfers, Por la Sombra, Cucarachas Enojadas, A las Bravas, Enolagay, Exceso, Colectivo Pinelli, Escuela de Rock, Majaicans, Ponyboy Onemantrio, Fraga, Krust-y el Payaso, Konflictiva, Cizalla, Vida, Skainhead, Reflector, Necesidad de Luchar, Morralla Libertaria, MC Ben, Eu Libre, Tremenda Jauría y un muy largo etcétera. No nos da tiempo a reseñarlos a todos así que, a modo de ejemplo, nos vamos a detener en la banda Acuerdo, por ser representativa del espíritu que queremos reivindicar.
Desde su irrupción en la escena punk en el año 2019, Acuerdo ha demostrado que la urgencia del mensaje puede combinarse con sensibilidad sonora y coherencia ideológica. A lo largo de sus cinco maquetas, este trío madrileño ha ido puliendo un estilo que bebe del hardcore melódico clásico —ritmos intensos, guitarras firmes, energía cruda— pero sin renunciar a melodías claras, coralidad y sensibilidad emotiva.
En sus letras, breves y directas, nos hablan de luchas, de la libertad y de compromisos éticos, con un especial énfasis en la liberación animal. Por ejemplo, su quinta maqueta se centra exclusivamente en el conflicto contra el laboratorio de experimentación animal Vivotecnia. Sus canciones no se limitan a describir injusticias: buscan movilizar —ofrecen rabia, reflexión y un horizonte de esperanza y de cambio colectivo—.
En definitiva, tanto Acuerdo, como el resto de bandas que hemos mencionado, son un ejemplo de que géneros como el hardcore melódico, el punk, el hip-hop, la cumbia, el country, el surf, etc. pueden ser una herramienta de combate y de conciencia, sin renunciar a melodías, honestidad y corazón. Para quien busca intensidad, coherencia y compromiso en cada acorde y en cada verso, Acuerdo merece sin duda la escucha atenta.
“Seguramente ni tú ni yo cambiemos el mundo, mas toma nota: una causa no se vuelve injusta por la derrota. ¿Eres de los que se rebota porque nota que la tierra prometida huele a pota? La gente encima vota, confían en quien luego les azota y les deja la cara rota. Infinitas veces la misma piedra. Mi comprensión se agota” – Folie à Trois
El 29 de abril de este año, el Ayuntamiento de Atlanta (Georgia, EEUU) inauguró el Atlanta Public Safety Training Center, conocido por sus detractoras como Cop City (Ciudad de Polis), un enorme complejo policial valorado en más de 90 millones de dólares (financiado por el gobierno municipal, la Fundación de la Policía de Atlanta y varias empresas privadas), que cuenta con, entre otras instalaciones, una galería de tiro y un pueblo simulado para entrenar misiones cuasi-militares.
Su apertura, lograda tras cuatro de años de movilizaciones, boicots, sabotajes y duros enfrentamientos con activistas, a simple vista simboliza el fracaso de Stop Cop City, un movimiento que, en palabras de las compañeras de Crimethinc, llevó a cabo “la lucha social más importante de la era Biden”1. Sin embargo, pese a que el fin del movimiento era impedir la creación de Cop City, el movimiento ha sido parcialmente exitoso a la hora de generar dudas y debate social acerca de la creciente militarización de los cuerpos policiales en el país. Es decir, tras cuatro años de lucha, Stop Cop City ha logrado instalar la duda de que la respuesta a todos los problemas sea la represión y acudir a la policía.
El inicio del conflicto
Todo comenzo en abril de 2021, cuando la entonces alcaldesa Keisha Lance Bottoms anunció la construcción del Atlanta Public Safety Training Center, apenas unos meses después de que estallaran, por todo el país, enormes protestas, tanto violentas como pacíficas, convocadas por los movimientos Black Lives Matter y Defund the Police como respuesta al asesinato de George Floyd a manos del agente Derek Chauvin en Minneapolis. 20 millones de personas participaron en las movilizaciones. Durante esa época, las manifestantes quemaron una comisaría en Atlanta y, de forma simultánea, la ciudad sufrió un episodio de violencia institucional similar al de Floyd, cuando un grupo de agentes mató a tiros a Rayshard Brooks.
Por eso, la noticia de que se iban a invertir elevados fondos públicos para financiar un centro diseñado para entrenar a la policía en tácticas de combate urbano (lo cual contribuirá a una mayor militarización de la policía, incrementando la violencia institucional en situaciones cotidianas) generó una enorme indignación en los movimientos antirracistas, antirrepresivos y antiautoritarios que, precisamente, reivindicaban la abolición de la institución o, al menos, una reducción de sus intervenciones y una disminución de su financiación.
La sensación de agravio fue a más cuando se conoció que Cop City se construiría en el corazón del bosque llamado Weelaunee Forest, lo cual tendría (y ha tenido) un importante impacto ambiental (dado que era uno de los pocos pulmones verdes de la ciudad, lo cual ha exacerbado problemas ambientales como la contaminación del aire) y porque ha privado de espacios verdes a los barrios de población negra colindantes (los cuales cuentan con una cantidad de parques y bosques muy inferior a la que tienen los barrios blancos de la ciudad).
Stop Cop City, un movimiento antirrepresivo y ecologista
El movimiento Stop Cop City nació al poco de anunciarse el proyecto. Si bien han participado en el mismo socialistas, comunistas, ecologistas, etc., sus principales organizadoras fueron anarquistas y la forma de organizarse siempre ha sido horizontal y asamblearia.
Las primeras acciones consistieron en realizar sabotajes con cócteles molotov contra las empresas constructoras (Reeves&Young y Long Engineering), aunque tras unas semanas se decidió cambiar de estrategia, dada la falta de apoyo popular a la causa; el número de personas que conformaban el movimiento no era suficiente para resistir a las embestidas de la policía. A partir de enero de 2022 las activistas ocuparon el Weelaunee Forest, construyendo campamentos, casas en árboles y barricadas para bloquear la entrada de maquinaria. Enseguida, la popularidad de su lucha fue en aumento y medios como The New Yorker comenzaron a cubrir las acampadas con una curiosidad casi antropológica.
El modus operandi de Stop Cop City consistía en buscar por el bosque a operarios talando árboles, acercarse a ellos, brazos en alto y obligarles a parar. Por lo general, esta estrategia era suficiente para conseguirlo. A veces tiraban petardos en dirección a los currelas para llamar su atención.
Un día, en junio de 2022, los operarios acudieron acompañados de policías2, que encañonaron a las compañeras y las obligaron a retirarse. Esa misma noche, la maquinaria utilizada para la tala apareció quemada. El sabotaje, unido a una campaña de llamadas masivas a las constructoras, consiguió que no se emprendieran obras durante más de cinco meses.
Durante el verano de 2022 cientos de personas cortaron las vallas que impedían el acceso a parque del bosque y acamparon en él. Y durante unos días celebraron un festival musical de “Paz, Amor y Anarquía”.
Durante todos los meses de verano y otoño, organizaciones de derechas y empresarios de la ciudad empezaron a tachar a las activistas de eco-terroristas y a difundir bulos contra el movimiento (como que habían disparado a un obrero), allanando el terreno para una escalada represiva. Y ésta llegó en diciembre de 2022, cuando la Oficina de Investigaciones de Georgia, la policía municipal, la policía condal, la unidad anti-bombas y el Departamento Federal de Seguridad Nacional, acompañados de drones y helicópteros, rodearon el bosque e invadieron el campamento. Algunas activistas resistieron y tiraron piedras a los agentes, aunque la mayoría lo abandonaron, ya que al no haber operarios ese día entendieron que estratégicamente no podían hacer nada para paralizar las obras. Los distintos cuerpos policiales reventaron decenas de tiendas de campaña, pasaron un bulldozer por encima de la cafetería y la enfermería que habían levantado con palés, cortaron hamacas y muebles con sierras mecánicas, cerraron todos los accesos al bosque, dispararon gases lacrimógenos y pelotas de goma y soltaron a perros para perseguir a activistas. Seis de ellas fueron detenidas ese día, una siendo acusada de cometer actos de terrorismo doméstico.
Al día siguiente, las subcontratas entraron en el bosque – por primera vez en más de medio año – y con la maquinaria de obra empezaron a talar árboles a un ritmo frenético, matando a varios animales en el proceso. Únicamente detuvieron su orgía de destrucción cuando algunas periodistas consiguieron acercarse a ellos y empezaron a documentar lo que hacían.
Al día siguiente, la policía obligó a estas empresas a parar su actividad, dado lo caótica y desenfrenada que estaba siendo su actividad. Sin embargo, el empresario a cargo de las obras, Ryan Millsap, recurrió la decisión y un juez estimó su solicitud, alegando que “el bosque ha sido más dañado por las personas que acampaban en él que por lo que se está haciendo ahora” y le concedió permiso para seguir talando. Por ello, las obras se retomaron a principios de 2023. En respuesta, el movimiento Stop Cop City organizó vigilias frente al bosque todas las mañanas y algunas activistas volvieron a encaramarse a árboles.
El asesinato de Tortuguita
En enero de 2023 el conflicto había acaparado tanta atención mediática que importantes figuras de la extrema derecha, como la congresista Marjorie Taylor Greene y el entonces expresidente Donald Trump, quienes calificaron el bosque como “una zona autónoma del movimiento Antifa” que debía ser destruido. Tanto estos políticos como militantes fascistas comenzaron a presionar al gobernador Brian Kemp para que pusiera un fin a la resistencia. Por eso, el 18 de enero de 2023, Kemp envió a la policía estatal para atacar a las personas que se encontraban subidas a árboles.
En torno a las 9:04 de la mañana unos 30 disparos resonaron por el bosque. A las horas, trascendió que el anarquista venozolane Manuel Paez Terán, conocide por sus amigas como Tortuguita, había sido asesinade por la policía. Además, otras cinco personas que fueron detenidas por encaramarse a árboles fueron detenidas y acusadas de terrorismo.
Las autoridades, que ese día no portaban cámaras corporales, alegaron que Tortuguita disparó primero contra ellos. Sin embargo, una autopsia independiente reveló que fue alcanzado por 14 disparos mientras estaba sentade con las manos levantadas.
En los días siguientes se organizaron varias concentraciones en Atlanta, donde alrededor de 300 personas, vestidas de negro, lloraron por la muerte de Tortuguita y corearon “Cop City nunca se construirá” y “maderos, cerdos, asesinos”. Algunas quemaron un coche patrulla. Otras rompieron algunas ventanas de algunos bancos. 18 personas detenidas ese día fueron acusadas de formar parte del grupo que llevó a cabo esas acciones, por lo que bajo la Ley Terrorismo Doméstico de Georgia, que persigue los ataques contra “infraestructuras críticas”, se les acusa de un delito de terrorismo.
Las protestas tras la muerte de Tortuguita y balance de Stop Cop City
La muerte de Tortuguita marcó un antes y un después en el movimiento. Resulta imposible, dado nuestro limitado espacio, hacer un recorrido por todas las fases de lucha y las distintas tácticas que coexistieron: desde sabotajes y manifestaciones (que, además, pusieron en relación el papel del gobierno de EEUU en la aniquilación de Gaza y empezaron a movilizarse de forma conjunta contra la policía y por Palestina) hasta la recogida de 116.000 firmas para exigir que se celebrara un referéndum sobre la construcción del centro policial. Para leer sobre ello en profundidad, os recomendamos una lectura de todos los artículos sobre Cop City disponibles (algunos en castellano) en la web de Crimethinc3que, además, incluyen análisis interesantes acerca de la importancia de la autoorganización negra en este movimiento para hacer frente al supremacismo blanco.
La conclusión que podemos leer en estas piezas es que el movimiento para detener Cop City fue ejemplar en varios aspectos. En primer lugar, porque arrancó con la premisa de que la victoria era algo factible, por lo que no se limitaron a realizar protestas simbólicas (como hacemos muchas veces) e intentaron luchar, de verdad, para lograr su propósito. Por ello, el movimiento se marcó objetivos concretos y experimentó con una variedad de estrategias para alcanzarlos4.
En segundo lugar, las participantes no suavizaron su discurso, ni sus tácticas, por un deseo de atraer a un amplio espectro de personas. Se propusieron crear un movimiento que fuera tanto popular como combativo, en el que la acción directa y el objetivo de abolir la policía eran sus elementos fundamentales. Se aseguraron de articular sus intenciones de forma clara y accesible, dándolas a conocer de manera amplia, con el objetivo de acoger a tantas personas como fuera posible en un movimiento destinado a generar un cambio profundo. “Si todos los movimientos comenzaran desde estos puntos de partida, es probable que muchos de ellos tendrían éxito”, concluyen las compañeras.
El movimiento fue exitoso a la hora de visibilizar que esto se trata de una lucha de clases, en la que hay una obscena desigualdad económica que solo se mantiene gracias al orden impuesto por la policía. Por ello, no sorprende que las autoridades emplearan todos los recursos a su disposición para imponer Cop City en Atlanta, derramando libremente sangre y violando sus propias leyes en el proceso.
A la vista de esto, no podemos juzgar el éxito del movimiento basándonos en si logró su propósito expreso o no, sino valorando el legado que deja tras de sí, cómo influirá las próximas luchas (en cuanto a la solidaridad desplegada y a la variedad de estrategias empleadas) y si ha contribuido a cuestionar la legitimidad de policía en la región.
En la era de Biden, esto bastó para superar la resistencia al proyecto, porque una gran parte de la población se mantuvo al margen del movimiento, conservando la fe en la democracia y el Estado de derecho. Sin embargo, al entrar en la segunda era de Trump, que ya se caracteriza por el abandono de todo compromiso y la erosión de la legitimidad que las instituciones del Estado aún pudieran poseer, nadie podrá mantenerse al margen de las luchas sociales durante mucho tiempo.
Represión y acusaciones
El movimiento Stop Cop City ha llegado a su fin, dada la construcción del centro, pero sus participantes siguen activas, esta vez centradas en la labor antirrepresiva, con manifestaciones en apoyo a las procesadas y recolectando fondos para cubrir gastos judiciales5.
Como hemos explicado, el Estado implementó importantes medidas represivas, incluyendo acusaciones de terrorismo doméstico y blanqueo de capitales contra activistas y organizadoras (como, por ejemplo, tres miembros del Atlanta Solidarity Fund, una organización que proporciona apoyo legal a manifestantes, que están acusadas de blanqueo de capitales por reembolsar gastos menores relacionados con las protestas).
En 2023, al menos 61 personas fueron acusadas de “conspiración” bajo las leyes RICO (una legislación diseñada para combatir organizaciones criminales, como la Cosa Nostra), un delito que puede conllevar penas de hasta 20 años de prisión. El perfil de las acusadas es muy variado y oscila de personas acusadas de lanzar cócteles molotov, a otras a las que se les imputa llevar comida a las activistas acampadas en el bosque o repartir panfletos. Sin embargo, en septiembre de 2025, un juez de Georgia archivó el delito de conspiración, manteniendo el resto de acusaciones, incluyendo las de terrorismo. El archivo fue recurrido por la Fiscalía, por lo que, a día de hoy, desconocemos si irán a juicio por supuestamente conformar una organización criminal.
“Stop Cop City everywhere”
Por último, una investigación llevada a cabo por el movimiento antirrepresivo ha desvelado la construcción de centros policiales de tipo militar en numerosas ciudades de otros estados, como San Pablo (California), Plainfield e Indianápolis (Indiana), Hutchinson (Kansas), Owensboro (Kentucky), Niágara (Nueva York), Las Vegas (Nevada), etc6. Y el legado de Stop Cop City se ha hecho notar en algunos de estos municipios, como por ejemplo en Lacey (Washington), donde un grupo de activistas boicoteó hace algo más de un año el anuncio de un centro de entrenamiento policial con cánticos como “LPD [Departamento de Policía de Lacey], KKK, IDF: sois todos iguales”, “sin justicia no habrá paz” y “no a la policía racista”.
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1Podéis leer los artículos de análisis (muy extensos e interesantes), publicados en inglés y castellano por Crimethinc en www.es.crimethinc.com/tags/cop-city
2En Estados Unidos las empresas pueden contratar a policías fuera de servicio como vigilantes de seguridad privada.
3En esta web se puede encontrar, además, varias líneas temporales que incluyen todas las acciones que se llevaron a cabo en el contexto de este movimiento: manifestaciones, destrucción de cajeros, pintadas, escraches a jefes de policía y políticos, etc.
4Por ejemplo, desde la web www.stopcopcity.net animan a mandar e-mails y DMs a los promotores de la obra, poniendo a disposición del público las cuentas de sus redes sociales.
Los pasados 26 y 27 de noviembre las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid fuimos nuevamente a la huelga contra la asfixia económica a la que nos está sometiendo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En el horizonte amenaza, además, la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC), un proyecto legislativo que busca abrir aún más el espacio universitario al expolio de los recursos públicos.
La situación en las universidades madrileñas
La situación de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid viene de lejos. Se tomen los datos que se tomen, la financiación nunca ha recuperado los niveles previos a los recortes implementados por las medidas de austeridad posteriores a 2008. En aquel momento, las universidades públicas madrileñas vivían una situación de equilibrio presupuestario y la financiación pública por estudiante era equivalente en Madrid y en el sistema nacional en su conjunto. Quince años después, hay un desfase del 22,5% en la región. La Comunidad de Madrid es la única región española que invierte menos ahora por estudiante de grado y de máster. Siendo una de las regiones más ricas, es también, junto con Cataluña, la que menos invierte por estudiante.
La financiación pública de las universidades madrileñas se situó el año pasado en un 0,37% en relación al PIB autonómico. Este índice parece aumentar ligeramente en 2025 (0,38% según estimaciones conservadoras sobre el crecimiento del PIB y la inflación), aunque en relación al presupuesto total, el universitario desciende una vez más: del 4,06% al 4,04%. Este dato es importante porque al consejero de Educación, Emilio Viciana Duro, le gusta decir que el porcentaje con respecto al PIB ni representa las necesidades reales de las universidade,s ni mide adecuadamente el esfuerzo presupuestario que realiza la Comunidad de Madrid. La realidad es que dicho esfuerzo ha pasado de estar 25 puntos porcentuales por encima de la media nacional en 1998, cuando las competencias estaban en manos del Ministerio de Educación, a situarse un 23% por debajo en 2023.
El gobierno de la Comunidad de Madrid atribuye los problemas económicos de sus universidades al aumento del gasto. Pero, una vez más, los datos desmienten sus afirmaciones. Mientras el total de los gastos a nivel estatal ha aumentado un 20%, en Madrid dicho incremento ha sido una quinta parte menor (16%). El problema es que mientras en el primer caso los ingresos han aumentado un 20%, el sistema universitario madrileño apenas ha visto incrementados sus ingresos en un 10%. Poniendo estas cifras nuevamente en relación al PIB autonómico, la caída de los ingresos de las universidades madrileñas es palmaria: del 0,90% de 2008 se ha pasado al 0,68% en 2023 (un retroceso del 25% en términos reales).
Si acudimos a los euros contantes y sonantes, hay que indicar que, en verano de 2024, los rectorados de las seis universidades públicas solicitaron un incremento de 200 millones en el presupuesto para poder funcionar con una mínima normalidad.1 El gobierno de Ayuso respondió con un pequeño incremento de 47,26 millones respecto de lo que había anunciado en primera instancia. Este año se anuncia otra pequeña subida de 75,3 millones. En total, poco más de la mitad de lo que las universidades solicitaban simplemente para poder abrir.
Esto ha hecho que aquellas universidades con un mayor déficit de financiación se encuentren en graves problemas. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tuvo un agujero de 33 millones de euros en 2023. Un año después, este déficit aumentó hasta los 45 millones. Es la universidad que menos dinero recibe de las administraciones autonómicas por estudiante (4.291 euros anuales). Este déficit estructural de financiación ha tenido que ser cubierto con los remanentes de diez años de ahorro. Pero la tesorería se agota rápidamente con esta deriva. Este pasado verano, el rector afirmaba que les quedaba entre un año y un año y medio de solvencia.
La situación en la UCM
El agujero en la Universidad Complutense (UCM) en los últimos dos años ha sido de 142,3 millones de euros (64,5 millones en 2023 y 77,8 millones de euros en 2024). El problema no es puntual y se va a ir agravando. Si se compara la cuantía de la transferencia de este año con la que tenía lugar en 2008, y se corrige la inflación, se aprecia un recorte del 18%. El gobierno de Ayuso puede seguir diciendo que está aumentando la financiación porque en 2024 asignó un 7,8% más (373,8 millones) de lo que transfería en 2008 (349,8 millones). Pero lo cierto es que la inflación ha aumentado un 31,3% en ese mismo período. No hace falta ser economista para deducir lo que ha ocurrido en estos 16 años. Y eso en un contexto en que la región ha vivido un crecimiento acumulado del 28,8% del PIB, una vez ajustada la inflación. No hay manera de justificar esta asfixia por la situación económica.
Por eso se ha visto obligada a pedir un préstamo a la misma institución que la ahoga económicamente. Un crédito de 34,46 millones de euros que tiene que devolver en los próximos cinco años. Pero no solamente tendrá que devolver ese dinero. Además tendrá que pagar 4,4 millones de euros en conceptos de intereses (2,8%). En una situación de insolvencia provocada por la propia Comunidad de Madrid, ésta pasa a convertirse en acreedora y asume la deuda de la universidad que ella misma ha generado a cambio de un nada módico precio (el Euribor se encuentra en estas fechas alrededor del 2%).
A cambio de ese dinero, la UCM tiene que implementar un Plan Económico-Financiero de ajuste de gasto de alrededor de 33 millones de euros en los próximos 3 años. Por las informaciones de que disponemos hasta ahora el núcleo duro de esos recortes se va a concentrar en la plantilla: 16 millones en el personal docente e investigador (PDI) y 11 millones en el personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS). Lo que es seguro es que se mantendrá durante tres años la retención del 35% del presupuesto a departamentos y facultades que se anunció en diciembre del año pasado en previsión de la situación de insolvencia a la cual la conducía la Comunidad de Madrid. Ahora ha anunciado que dicha medida se mantendrá los próximos tres años. Esta retención presupuestaria ya supuso que se dejaran de financiar los grupos de investigación, que algunas bibliotecas tuvieran que anunciar que no se adquirirían novedades o que se cancelaran becas de excelencia para estudios de máster.
Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC)
A nadie puede sorprender el desprecio de un gobierno del PP por los servicios públicos. Aun así, la situación resulta chocante incluso para los estamentos universitarios más conservadores. Los decanos y decanas de todas facultades de la Complutense se han concentrado en la Puerta del Sol para protestar por la falta de financiación. Con la boca pequeña, y un exasperante síndrome de Estocolmo en ocasiones cínico, los rectorados llevan un año y medio denunciando la insostenibilidad de la educación superior universitaria con estas cifras. ¿A qué responde entonces este ataque que parece llevar el recorte al punto del desmantelamiento?
Prácticamente al mismo tiempo que conocíamos el crítico escenario económico que afrontaban nuestras universidades, caía en nuestras manos un borrador incompleto del anteproyecto de ley que preparaba el gobierno de Ayuso. Un proyecto estructural que busca aprovechar los huecos habilitados por la legislación estatal para convertir la educación superior madrileña en un mercado del que se puedan obtener pingües beneficios. Llevan años intentándolo, no solo con la educación, también con la sanidad, y piensan que la crisis económica que han generado en la universidad les da la oportunidad perfecta tanto en la imposición de recortes como en la negociación legislativa.
Este es un ataque desde varios frentes a la autonomía universitaria. Busca poner a las universidades públicas bajo control directo de la Comunidad de Madrid y el tejido empresarial madrileño. La infrafinanciación de las universidades públicas abre espacio a la competencia de las entidades privadas y a la precarización de la fuerza laboral, tanto la propia de las universidades como aquella en formación, a la vez que ofrece trabajo gratuito o infrapagado. Pero la verdadera y preocupante novedad de la ley es el fomento del expolio de los recursos públicos.
El sometimiento de la educación superior, tanto universitaria como no universitaria, al mundo empresarial ya no pasa solamente por su orientación al mercado laboral y las exigencias productivas. Con esta ley es la propia educación superior la que se convierte cada vez más en un mercado en el cual lucrarse. Pero además no se pretende hacer únicamente favoreciendo a las entidades privadas en detrimento de las públicas. Las exigencias de programas conjuntos, uso compartido de equipamientos, trasvase de estudiantes y docentes y demás aspectos propuestos en el anteproyecto dejan a las claras que lo que se busca es permitir el parasitismo de entidades privadas, tanto universitarias como no universitarias, sobre las universidades públicas.
Para ello la Comunidad de Madrid debe reforzar su propio control externo sobre las universidades y el control interno por parte del tejido empresarial a través de los Consejos Sociales. Esta institución idealmente pensada para habilitar la participación de la sociedad en la universidad ha sido utilizada para permitir la entrada del mundo empresarial. El anteproyecto de ley amplía y deforma sus funciones hasta convertirlo casi en un Consejo de Gobierno de facto. Junto con la también exacerbada figura de la intervención, se busca transformar radicalmente el equilibrio de gobierno y el significado mismo del concepto de la autonomía universitaria. Las competencias económicas que se le otorgan le dan un control presupuestario prácticamente total. Las académicas le habilitan para controlar lo que se enseña o se investiga en las universidades. Y por si todo ello fuera poco, se le pretende convertir en un órgano que blinde y promocione los discursos de odio, puenteando los órganos de la propia universidad que regulan los derechos de reunión y libertad de cátedra o expresión. Pero el objetivo es el mismo que muestran el resto de artículos referidos al gobierno y el diseño institucional: debilitar la autonomía universitaria para blindar el control político de la Comunidad de Madrid y bloquear las vías de representación y participación efectiva de las trabajadoras y el estudiantado. Solo así podrá llevarse a cabo la puesta en disposición de los centros privados de enseñanza superior –universitaria o no universitaria (por eso se establece una normativa conjunta)– las infraestructuras (laboratorios, centros deportivos, talleres artísticos y otras instalaciones o herramientas digitales), la investigación y la formación para la investigación (programas de doctorado), los recursos humanos, los servicios, así como el prestigio de las universidades públicas.
El otro instrumento ideado para consumar el expolio es el modelo de financiación propuesto en el anteproyecto. Dividido en tres capítulos (financiación básica, por necesidades específicas y por objetivos), de los cuales solamente el primero estaría relativamente garantizado, esta propuesta, lejos de garantizar la autonomía financiera de las universidades, refuerza su dependencia del proyecto privatizador de la Comunidad de Madrid y mantiene una transferencia ordinaria insuficiente para su normal funcionamiento. Puesto que se pretende detraer de dicha transferencia los ingresos de los precios y tasas públicas, el anteproyecto pone un límite a la financiación autonómica por debajo de las necesidades de financiación básica. Lo mismo ocurre con los gastos de mantenimiento y reposición de activos ya existentes, que no podrán incluirse en el capítulo de necesidades específicas –en abierta contradicción con la legislación estatal–. Este se vería limitado exclusivamente a nuevas inversiones en infraestructuras y equipamientos que tendrán que ser aprobadas por la Comunidad de Madrid. Finalmente, la financiación por objetivos busca establecer unos contratos-programa orientados al cumplimiento de la colaboración con las empresas privadas y a la progresiva privatización de las propias fuentes de financiación de la universidad. Porque esa es la otra gran novedad que quiere implantar la LESUC: la creación de fondos de inversión y otros mecanismos financieros para que las universidades obtengan recursos por su cuenta en el mercado. Si la situación económica de las universidades públicas ya es insostenible hoy, un estudio de los mayores expertos en contabilidad universitaria ha llevado a cabo el ejercicio de aplicar los criterios de financiación del anteproyecto para la liquidación presupuestaria de 2023. El resultado es que las universidades públicas de Madrid perderían en total otros 179 millones de euros. La Complutense sería la más afectada con más de 54 millones menos. Si el mismo criterio se aplicase a nivel nacional, la pérdida sería de casi mil millones de euros.
¿Estamos ante un proyecto de ahorro y austeridad brutal en un momento de relativa bonanza, al menos en términos macroeconómicos y ciertamente para las arcas de la Comunidad de Madrid? Sin descartar que la animadversión por lo público de las élites políticas y económicas madrileñas pudieran conducir a decisiones irracionales como esta, lo cierto es que el motivo es mucho más prosaico. La universidad privada se ha convertido en un nicho de negocio de alta rentabilidad en España. Un estudio de hace seis años cifraba la rentabilidad media del sector en un 9,4%. Y es un mercado en crecimiento. Incluso enormes fondos de inversión se percataron de la situación y adquirieron en aquel momento dos de las más rentables, Alfonso X El Sabio y la Universidad Europea, por más de mil millones y casi ochocientos millones, respectivamente. Recientemente, la primera se ha vendido por el doble de lo que costó. En seis años, el fondo de inversiones CVC ha ganado mil millones de euros. Una rentabilidad del 100% de la inversión. Lo mismo ha sucedido con la Universidad Europea. Aunque las cifras de la venta no han sido publicadas en este caso, su valor de mercado actual se calcula también en alrededor de 2000 millones de euros. El fondo Permira habría casi triplicado su inversión de hace seis años.
Estamos ante un caso de intento de acumulación por desposesión de manual. Pero como siempre que el capital arremete contra nuestros derechos y condiciones de vida, los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas, de la mano del revitalizado movimiento estudiantil, vamos a resistir. Nos jugamos la universidad pública en Madrid. Las movilizaciones de este año que cerramos con la huelga general universitaria son solo el comienzo de la lucha. Vamos a parar la tramitación de la LESUC y vamos a obligar a la Comunidad de Madrid a revertir la situación de infrafinanciación que lleva años provocando. Y ojalá esto sea solo el comienzo también de una lucha por los servicios públicos en general en Madrid. Porque el gobierno de Ayuso representa el trumpismo más peligroso que el capital quiere usar para seguir esquilmando: aquel con poder institucional y de gobierno. Ahora le toca a la universidad, pero lo seguirán intentando con la sanidad y con cualquier otra forma de riqueza colectiva que escape a su depredación. Pero nosotras también nos organizamos. Lo hicimos con las mareas y lo estamos volviendo a hacer.
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1 Según cálculos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA), transmitidos en Consejo de Gobierno por el rector de la Complutense en julio de este año, dicha cifra alcanzaría hoy los 460 millones de euros.
