El Centro para el Pluralismo Mediático y Libertad de Prensa, perteneciente al Instituto Universitario Europeo con sede en Florencia (Italia), ha otorgado un 53% de riesgo a España en relación con su diversidad de medios en 2025, un punto porcentual más que el año previo. Esta evaluación anual analiza si el ecosistema mediático garantiza el pluralismo democrático y la salud del sistema mediático en su conjunto. Ha sido realizada por seis autores, entre ellos Jaume Suau Martínez, director del grupo de investigación Digilab del Institut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
En este contexto, y empatado con Croacia, España se sitúa en el puesto 19 de 27 de la Unión Europea en diversidad informativa, es decir, el noveno por la cola, peor que la media de la Unión Europea (49%). Solo Alemania y Suiza presentan porcentajes menores, con un 30% y un 26% respectivamente.
“España no presenta un único gran problema, sino un conjunto de vulnerabilidades que se mantienen en el tiempo. En los últimos años se han producido avances regulatorios importantes impulsados por la legislación europea. Sin embargo, la existencia de nuevas normas no garantiza automáticamente una mejora del pluralismo mediático. El informe muestra que el desafío ya no consiste únicamente en aprobar nuevas leyes, sino en asegurar que funcionan de manera efectiva”, explica a La Marea Jaume Suau.
El informe destaca que no se ha llevado a la práctica la plena aplicación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, en particular en lo relativo a las obligaciones de transparencia y las garantías de independencia editorial. Pese a que el Gobierno presentó sus propuestas para crear un registro ampliado de medios de comunicación bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la aprobación parlamentaria del anteproyecto de ley sigue pendiente. Lo anunció en febrero de 2025 en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López.
“La concentración estructural continuó siendo una característica definitoria del sistema mediático español, mientras que las presiones económicas derivadas de la dependencia de las plataformas digitales siguieron afectando al pluralismo mediático”, incide el análisis. La comparativa europea sobre pluralidad del mercado deja a España mejor que la mayoría de Estados miembros, que tienen un ecosistema mediático más concentrado.
Respecto a los grandes grupos tradicionales de comunicación, se menciona que mantienen “posiciones sólidas tanto en los sectores audiovisual como de prensa”, con cuotas de audiencias superiores al 75%, mientras que los medios nativos digitales de menor tamaño continuaron siendo económicamente frágiles y altamente dependientes de la visibilidad mediada por plataformas.
En los indicadores relacionados con la protección de derechos fundamentales, en España mostraron mejoras “limitadas”. Solo Hungría, Malta, Grecia y Bulgaria tienen un riesgo mayor que España al respecto, donde aún no se ha completado plenamente la transposición nacional del marco europeo contra las demandas estratégicas contra la participación pública (anti-SLAPP). Esto deja a periodistas y medios expuestos a riesgos de litigación estratégica, “especialmente en casos relacionados con el periodismo de investigación y el escrutinio de asuntos de interés público”. La Marea, por ejemplo, se enfrenta a una demanda por su investigación sobre la industria de los vientres de alquiler.
Además, la difamación sigue siendo un delito penal con hasta dos años de prisión, así como las injurias a la Corona, a las Cortes Generales, al Gobierno y a los símbolos del Estado, y continuaron las preocupaciones acerca de su posible efecto disuasorio sobre la libertad de expresión. También se menciona la Ley de Secretos Oficiales de la época franquista y el proyecto de Ley de Información Clasificada que busca sustituirlo ha sido criticado por mantener una amplia discrecionalidad del Ejecutivo y un régimen de multas de carácter punitivo. El mantenimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, y su uso para restringir a los periodistas para grabar a las fuerzas de seguridad durante las protestas es otro punto débil para los autores del informe.
Sobre la labor de los profesionales, la falta de independencia de los periodistas y la precariedad laboral están entre las principales preocupaciones de los profesionales del periodismo, tanto asalariados como autónomos. Al mismo tiempo, el acoso online contra periodistas tuvo una mayor visibilidad, especialmente como campañas coordinadas de intimidación a través de plataformas digitales dirigidas contra reporteros y comentaristas involucrados en coberturas políticamente sensibles.
El panorama mediático tiene una mejor nota, riesgo medio bajo, en independencia política. La influencia política a los medios de comunicación “tiende a ejercerse a través de canales indirectos, incluyendo relaciones institucionales, alineamientos editoriales y dependencias financieras, con efectos más pronunciados en los niveles regional y local”, incluye el análisis de España. Destaca el dato que recoge la Asociación de la Prensa de Madrid: el 79% de los periodistas y el 72% de los autónomos han experimentado algún tipo de presión.
Respecto a los medios públicos, hay “preocupaciones sobre la influencia política y la insuficiente aplicación efectiva de las normas de imparcialidad en los medios públicos españoles”. En el caso concreto de RTVE, indica el informe, hay una “débil aplicación de los mecanismos internos de salvaguarda, la ausencia de mandatos estratégicos actualizados y las reiteradas denuncias formuladas por organizaciones profesionales sobre posibles injerencias políticas en las decisiones editoriales”.
En relación con las obligaciones en materia de igualdad de género introducidas por la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres permanecieron formalmente vigentes. Pero su aplicación dentro de las organizaciones mediáticas “continuó siendo desigual, especialmente en lo relativo al acceso a puestos de liderazgo y a la implementación de planes internos de igualdad”.
Recomendaciones al Gobierno español
Los retos para Jaume Suau se resumen en mejorar la transparencia de la propiedad de los medios, reforzar la independencia editorial, proteger mejor a los periodistas, reducir la concentración del mercado y adaptar la regulación al entorno digital. Algunos consejos del informe para mejorar la protección fundamental son despenalizar la difamación, abolir los delitos de «discurso institucional», reforzar la supervisión judicial en la moderación de contenidos y modernizar las leyes de transparencia y acceso a la información.
Para mejorar la pluralidad del mercado, el Gobierno debe acelerar la tramitación y aprobación de la Ley de Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación para cumplir eficazmente con la legislación europea ya en vigor y reforzar la capacidad de supervisión de la CNMC para que pueda proporcionar datos fiables sobre el sector mediático, así como acelerar y finalizar las propuestas legislativas para aumentar la transparencia en el mercado de la publicidad digital.
En relación con la independencia política, se aconseja al Estado reforzar las salvaguardias frente a la influencia política en los medios de comunicación para prevenir los conflictos de interés entre el ejercicio de cargos políticos y la propiedad de medios de comunicación. Otra mejora sería fortalecer la independencia y la gobernanza de los medios públicos, mediante el pleno respeto de los órganos internos de supervisión, como el Consejo de Informativos de RTVE, así como de su función en la gobernanza editorial y en los procesos de nombramiento de cargos relevantes. También garantizar que los nombramientos de la dirección sean más transparentes y que los órganos estatutarios internos y los representantes profesionales sean consultados de conformidad con las normas vigentes.
La revisión del modelo actual de cobertura electoral en los medios públicos, especialmente el sistema de bloques electorales rígidos, para reforzar la autonomía editorial y el pluralismo sería otra mejora para el Centro para el Pluralismo Mediático y Libertad de Prensa.
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