• Un centenar de organizaciones ecologistas y sociales de toda la Península Ibérica se concentran frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) bajo el lema “¿Alargar las nucleares? No, gracias”.
• Exigen el cumplimiento estricto del cierre de Almaraz I en noviembre de 2027 y el fin definitivo de esta energía en España para 2035. 

El Movimiento Ibérico Antinuclear, del que forma parte Ecologistas en Acción junto a decenas de organizaciones ecologistas y sociales, ha celebrado una acción reivindicativa en Madrid para exigir el fin de la energía nuclear. Tras una marcha que ha comenzado en la Plaza de Juan Zorrilla, más de medio millar de personas se han concentrado a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Reto Demográfico (MITECO) para exigir la jubilación definitiva de las centrales nucleares y el cumplimiento del calendario de cierre pactado.

El acto ha contado con una destacada representación de personas llegadas de múltiples territorios de la Península Ibérica, visibilizando el rechazo social desde Extremadura, Euskal Herria, Aragón, Catalunya, País Valencià, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. Frente al MITECO se ha desarrollado una jornada que ha alternado la reivindicación política con la expresión cultural. Mediante diversas intervenciones y acciones simbólicas, entre las que ha destacado la recreación de una gran tarta de celebración de la jubilación nuclear, las organizaciones han señalado de forma lúdica pero contundente que el tiempo de esta energía ha caducado y que es imperativo cumplir con lo pactado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

La protesta ha estado amenizada por el ritmo de la batucada EcoloBloco y una flashmob con música antinuclear. Asimismo, se han intercalado los discursos y manifiestos de activistas de Extremadura, Catalunya y Trillo con las actuaciones musicales de Gente del Pueblo y Grandilocuentes Monocotiledóneas.

Las organizaciones convocantes recuerdan que la nuclear es una energía cara, insegura e innecesaria: encarece el precio de la luz, entorpece una gestión eficiente de la red eléctrica basada en renovables y pone en riesgo inversiones necesarias. Denuncian, además, que alargar su vida útil forzando al sistema a incluirla –lo que supondría una estafa millonaria financiada indirectamente por la ciudadanía– solo busca proteger los beneficios de Iberdrola, Endesa y Naturgy.

El Movimiento Ibérico Antinuclear ha reafirmado que continuará movilizándose en todos los territorios para evitar cualquier intento de prolongar el funcionamiento de unas centrales envejecidas, subrayando la acción de hoy como un reflejo del clamor social que exige, de una vez por todas, la jubilación nuclear.

Declaraciones de algunas organizaciones participantes:

Cristina Rois (portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear): “El mensaje enviado hoy al gobierno y al MITECO es claro y rotundo: el calendario de cierre es innegociable. El gobierno no tiene que esperar al informe del CSN, aunque sea favorable tiene la potestad para negar ya la solicitud de prórroga de Almaraz.  No queremos subvencionar la energía nuclear bajándole los impuestos ni que se nos fuerce a depender de una energía sucia e insegura. Cumplir el fin definitivo de la energía nuclear para 2035 es una cuestión de salud pública, seguridad y soberanía energética”.

Paca Blanco (activista antinuclear y portavoz de Colectivos en Lucha de Extremadura: “Exigimos el cumplimiento estricto del cierre de Almaraz I porque no podemos seguir hipotecando el futuro de territorios como Extremadura ni acumulando unos residuos radiactivos cuya factura y gestión acabaremos pagando de nuestro bolsillo durante generaciones. Alargar las nucleares es una irresponsabilidad”.

Carolina Pérez (portavoz de las luchas antinucleares de Ascó y Vandellós): “La prórroga de las nucleares es totalmente incompatible con una transición energética justa y un modelo basado al 100 % en renovables eficientes. Mantener activas estas centrales obsoletas frena la inversión limpia y solo sirve para blindar los beneficios caídos del cielo del oligopolio eléctrico”.

Manuel Raya (presidente de Hornasol, Hornachuelos, Córdoba): “El cementerio nuclear del Cabril de ser cerrado ya y, por supuesto, no ampliarlo nunca más: ni para residuos de baja, media y por supuesto nunca de alta actividad y larga vida pues está hipotecando a la generaciones futuras. Nunca ha sido el lugar idóneo: aguas subterráneas, zona sísmica, pegado a la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena y con filtraciones e infiltraciones de agua, según actas de inspección del Consejo de Seguridad Nuclear. Vierte la instalación del Cabril a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir regando miles de hectáreas de naranjos, olivar y cereales de la vega de Córdoba y Sevilla e incinera residuos que acaban en las comarcas de Guadiato, Pedroches, Sierra Norte y Azuaga”.

Javier Andaluz (responsable de Clima y Energía en Ecologistas en Acción): “El motivo real de las pretensiones de las grandes eléctricas nucleares es proteger sus beneficios a costa del bolsillo de la ciudadanía. Su negocio nos ha costado históricamente miles de millones de euros. Lejos de asumir su responsabilidad en la gestión de los residuos nucleares, pretenden que de nuevo lo paguemos todo. La continuidad del parque nuclear agrava aún más esa deuda con el erario público. Ha llegado el momento de decir basta a su negocio radiactivo”.

Francisco del Pozo (portavoz de Greenpeace): “Las centrales nucleares son actores involuntarios en el actual clima bélico, su mera existencia agravan los riesgos inherentes. Por ejemplo, Rusia, por primera vez en la historia, ha atacado y ocupado plantas nucleares como Chernóbil y Zaporilla utilizandolas como arma de guerra. En un mundo en conflicto como el que estamos viviendo también en Irán, las tensiones geopolíticas se suman a los fenómenos climáticos extremos hacen prever un aumento de los riesgos nucleares”.

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• Ecologistas en Acción de Navarra denuncia los datos confusos aportados por Enhol y Statkraft en la repotenciación del Parque Eólico de Montes de Cierzo, en los términos municipales de Tudela y Cintruénigo. La entidad ecologista advierte que la información aportada por las empresas es un intento de lavado verde de su actividad.
• En conjunto el parque eólico de Montes de Cierzo va a pasar de 60,47 MW de potencia instalada del parque antiguo, con 85 aerogeneradores, y un área de barrido de las aspas de 153.812 metros cuadrados en total; a 95,4 MW de potencia instalada con la nueva repotenciación, con 14 aerogeneradores, y un área de barrido de las aspas de 295.582 metros cuadrados.
• Ecologistas en Acción de Navarra desmiente los datos aportados por las empresas, y calcula que el impacto visual, paisajístico y para la fauna del nuevo parque es un 92% mayor que el antiguo, y no como dicen las empresas un 84% menor.

Previo al inicio de las obras de repotenciación estas empresas hicieron públicas unas informaciones en prensa confusas. Básicamente las empresas decían que con la repotenciación se reducía un 75 el impacto visual y paisajístico en una primera fase. Y que ese impacto incluso se iba a reducir todavía más al concluir las dos fases del proyecto llegando hasta un 84%. Además, se decía que este proyecto “consolida a Navarra como referente en la transición energética participativa”, al abrir parte de la financiación a pequeños inversores. Y que estas “estructuras de financiación innovadoras hacen que las comunidades se sientan partícipes del desarrollo energético y económico de la región”, confundiendo el interés de unos pocos con el interés general.

Ecologistas en Acción de Navarra desmiente la información de que el nuevo parque reducirá el impacto “visual” con datos. En su última nota de prensa las empresas hablan que en la Primera Fase se va a pasar de 44 a 10 aerogeneradores y en una Segunda Fase de 41 a 4, y aseguran que finalizada la repotenciación el impacto “visual” se reducirá un 84%, obviando que los nuevos aerogeneradores son mucho mayores que los antiguos. El dato aportado por las empresas es en relación al número de aerogeneradores, pero no en cuanto a la altura, las dimensiones y al área de barrido de las aspas. El área de barrido es la superficie que ocupan las aspas de los aerogeneradores en su movimiento de rotación. Para Ecologistas en Acción de Navarra, además del número, lo importante es la altura de la torre hasta el buje que sujeta las aspas y el diámetro de las aspas de los nuevos aerogeneradores, y la mayor área de barrido de las aspas. Al calcular el área de barrido del nuevo parque eólico (Área=πxr2) comprobamos que es 1,92 veces superior al parque antiguo.

Mayor impacto visual y paisajístico

Datos del parque antiguo

• Parque eólico “Montes de Cierzo I” (29,67MW) y parque eólico “Montes de Cierzo II” (30,8 MW).
• Utilizando 85 aerogeneradores de 0,7 MW de potencia unitaria cada uno. El diámetro de las aspas de cada aerogenerador es de 48 metros y la altura de la torre hasta el hasta el buje que sujeta las aspas es de 45 metros. Área de barrido de cada aerogenerador: 1.808,64 metros cuadrados.
• Área de barrido de los 85 aerogeneradores: 153.812 metros cuadrados.

Datos del parque nuevo

• Parque Eólico “Repotenciación Montes de Cierzo” (32 MW), Parque Eólico “Repotenciación Montes de Cierzo I” (31,4 MW) y Parque Eólico “Repotenciación Montes de Cierzo II (32 MW).
• Utilizando 14 aerogeneradores con diferentes potencias unitarias (6,8 MW, 6,4 MW ó 4,2 MW), pero con las mismas dimensiones. El diámetro de las aspas de cada aerogenerador es de 164 metros y la altura de la torre hasta el hasta el buje que sujeta las aspas es de 125 metros. Área de barrido de cuadrados cada aerogenerador: 21.113,36 metros. La altura total que alcanzan estos aerogeneradores es de 207 metros (125 metros del buje + 82 metros de pala), lo que nos da una idea más precisa de su gran tamaño.
• Área de barrido de los 14 aerogeneradores: 295.582 metros cuadrados.
• De 153.812 metros cuadrados pasamos a 295.582 metros cuadrados de área de barrido.

Por tanto, si el área de barrido es 1,92 veces mayor y la altura de los bujes es también mayor, el impacto visual, paisajístico y para la fauna del nuevo parque es un 92% mayor que el antiguo, y no como dicen las empresas un 84% menor.

Ecologistas en Acción de Navarra rebate con datos la información hecha pública por Enhol y Statkraft, y pregunta públicamente cómo algo mayor va a tener un menor impacto paisajístico que algo más pequeño. La información confusa, rebatida con datos por nuestra entidad, hace perder credibilidad a estas empresas.

Mayor impacto a la fauna

Según datos solicitados por Ecologistas en Acción de Navarra a Gobierno de Navarra, desde 2001 hasta 2023 han muerto seccionados por las aspas del antiguo parque eólico de Montes de Cierzo 808 vertebrados alados, entre aves y murciélagos. Cabe destacar la pérdida de 11 milanos reales, 10 cernícalos primilla y 1 ganga ibérica, ejemplares de especies en peligro de extinción. Además, han muerto también un importante número de buitres leonados (223), de milanos negros (111) y de águilas reales (6), entre ejemplares de otras especies todas ellas catalogadas y protegidas. Estos son los datos oficiales de lo que se ha podido encontrar en los seguimientos de mortalidad, aunque muchos de los animales no se encuentran porque son depredados, sobre todo los de pequeños tamaño, o quedan ocultos entre la vegetación. Además, no se muestrea la totalidad de los aerogeneradores, solo una muestra estadística, y se estima que los números reales de mortalidad podrían multiplicar por tres estos datos. Así que si el área de barrido del nuevo parque eólico es 1,92 veces mayor que el anterior auguramos que sus afecciones a la fauna salvaje serán más elevadas.

Desde Ecologistas en Acción volvemos a demandar un modelo energético que realmente beneficie a todos y proteja el paisaje y la biodiversidad, frente a macroproyectos que realmente lo único que buscan es el interés particular.

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La organización presenta el informe ‘Hablemos de cerámica’ junto a una serie de entrevistas grabadas en Castellón con testimonios de personas afectadas y movilizadas por el impacto de la industria cerámica.

Ecologistas en Acción publica el informe Hablemos de cerámica, un nuevo trabajo centrado en los impactos sociales, ambientales y climáticos de la industria cerámica, especialmente relevantes en territorios como Castellón, donde este sector tiene una fuerte implantación.

El informe analiza las consecuencias de un modelo industrial intensivo en consumo energético y materiales, que produce continuamente sin basarse en la demanda y que utiliza principalmente el gas, un combustible fósil, como fuente energética. Esto produce importantes emisiones contaminantes, tanto de gases de efecto invernadero que contribuyen a agravar el cambio climático como partículas PM10, PM2,5 y otros compuestos dañinos que afectan a la salud de las personas que viven en la zona. Además se producen impactos en el territorio por la extracción de materiales y el uso de agua, especialmente crítico en zonas mediterráneas como Castellón.

Frente a ello, Ecologistas en Acción plantea la necesidad urgente de avanzar hacia una transformación profunda del sector que garantice tanto la reducción del impacto ecológico como los derechos de las personas trabajadoras y de las comunidades afectadas. La organización sostiene que es necesaria la descarbonización, pero que un cambio tecnológico no es suficiente: debe replantearse cuánta cerámica y para qué usos es necesaria para contribuir a una vida digna para todas las personas.

Junto al informe, la organización ha lanzado una serie de vídeos grabados en distintos puntos de Castellón, en los que participan personas afectadas y colectivos movilizados frente a la contaminación y las consecuencias sociales derivadas del actual modelo cerámico. Los testimonios de GECEN, Plataforma No a la Contaminació y CGT recogen experiencias vecinales, preocupaciones por la calidad del aire, la salud, el empleo y el futuro del territorio, así como propuestas para una transformación industrial que ponga la vida en el centro.

Ecologistas en Acción defiende que la descarbonización de la industria no puede hacerse a costa de los territorios ni de las personas trabajadoras. Por ello, reclaman una política industrial orientada a una transformación industrial justa, democrática y planificada, que reduzca el consumo de energía y materiales, garantice empleos dignos y priorice la salud colectiva.

Más información y materiales en la web de la campaña: industrialajusta.org

Hablemos de cerámica

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• La organización ecologista envía sus preguntas a la Junta de Accionistas de la multinacional de este 5 de mayo cuestionando la coherencia del informe de sostenibilidad de la empresa.
• Ecologistas en Acción denuncia que ArcelorMittal, la empresa siderúrgica con la fábrica más contaminante de España, sigue sin tomar las medidas necesarias para una transición justa.

ArcelorMittal es la mayor empresa fabricante de acero en Europa, y cuenta con 11 plantas en España. Es la 4º empresa más contaminante del Estado y propietaria de la fábrica española con mayores emisiones, situada en Avilés, Asturias. Este 5 de mayo la empresa celebra su Junta General de Accionistas, y Ecologistas en Acción ha remitido una batería de preguntas para que ArcelorMittal dé explicaciones públicas ante sus accionistas sobre lo que considera “graves incoherencias entre el discurso de sostenibilidad y la realidad de su modelo industrial”.

Ecologistas en Acción ha analizado el recién publicado informe de sostenibilidad 2025 de la compañía y denuncia que sus planteamientos son insuficientes para afrontar la crisis climática y ecológica. Aunque ArcelorMittal destaca reducciones de emisiones en los últimos años y mantiene su objetivo de neutralidad climática en 2050, lleva años postergando medidas de descarbonización para las que ha obtenido millones de euros de dinero público (el gobierno español aprobó una ayuda de 450 mill en 2023) y beneficiándose del mercado de emisiones con la entrega de permisos gratuitos, siempre superiores a las emisiones reales, y ayudas por emisiones indirectas. Ante el avance y los cambios del mercado de emisiones, Ecologistas en Acción denuncia que la empresa está presionando para ralentizar mecanismos que pueden apoyar la descarbonización como el ETS con la excusa de la competitividad, mientras sigue incrementando unos beneficios que en 2025 se duplicaron respecto al año anterior.

Además, cuestiona que los compromisos de la empresa sean realistas y vayan acorde a las medidas tomadas. El informe condiciona buena parte de las inversiones en descarbonización a factores como el precio de la energía o el marco regulatorio. Para Ecologistas en Acción, este enfoque evidencia una falta de compromiso real, y señalan que  “la emergencia climática exige reducciones drásticas en esta década, no promesas a largo plazo condicionadas a la rentabilidad”. Por ello, demandan saber cuáles son los planes y plazos de la empresa para el cierre de los hornos altos, que la empresa quiere postergar, y cuáles son los planes para las baterías de coque. Así mismo, también requieren información sobre cuándo se prevé la puesta en marcha del horno eléctrico de Xixón y si se va a construir el horno eléctrico de Avilés, que ya ha pasado las evaluaciones ambientales pertinentes, y el DRI de Xixón, que sigue en modo de espera desde 2021.

La organización ecologista también critica que el informe minimiza los impactos reales sobre la salud y el medio ambiente en los territorios donde opera la empresa. Recuerdan que en varias zonas industriales, como el caso de Xixón y Avilés, persisten problemas de contaminación atmosférica que afectan a la salud de la población local, y que no se están tomando medidas suficientes para la detoxificación de la producción. Mientras tanto, el informe de sostenibilidad hace énfasis en el papel del acero en la transición energética, vinculándolo a sectores como las energías renovables, la construcción sostenible o la movilidad eléctrica, lo que Ecologistas en Acción considera una acción de greenwashing al intentar vender productos “verdes” sin cambiar el modelo de producción.

La pérdida de empleos es otra de las preocupaciones de la organización, que sostiene que la transformación del sector no puede pasar por la deslocalización y que debe impulsarse una transición justa que tenga en cuenta a las y los trabajadores. El actual plan de traslado de servicios de ArcelorMittal a la India afectará a al menos 50 puestos de trabajo en Asturies, un plan que puede llegar a afectar a 400-500 empleos, y fuentes sindicales denuncian falta de concreción y una alta afectación al empleo en la zona que no tiene justificación operativa o económica, más allá del ahorro de la empresa al deslocalizar estos puestos a una zona con peores condiciones salariales y laborales.

Ecologistas en Acción advierte de que seguirá vigilando la actuación de la compañía y reclama que tanto las instituciones públicas como los inversores exijan compromisos climáticos y sociales. Exige transparencia a la empresa sobre su estrategia climática, sus inversiones reales en descarbonización y sus impactos territoriales, así como un compromiso real con una transición justa que acabe con las emisiones y la contaminación y garantice el empleo digno.

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Agricultores y vecinos de la pedanía de Usanos y Ecologistas en Acción han expresado su preocupación por la construcción de los proyectos fotovoltaicos Oliva en terrenos de muy alta biodiversidad que están cerca de nidos de águila imperial.

Las cinco plantas fotovoltaicas, con una extensión total de 235 hectáreas, se están construyendo en Usanos, dentro del término municipal de Guadalajara, en terrenos con nidos de águila imperial a una distancia de entre uno y dos kilómetros. Se trata de una especie en peligro de extinción en Castilla-La Mancha. También están próximos nidos de águila real, especie catalogada como vulnerable.

Los estudios científicos recomiendan dejar una distancia de seguridad de al menos tres kilómetros con los nidos. Además en la zona hay aves esteparias protegidas como la avutarda, el sisón, la ganga ortega, cernícalos y los aguiluchos cenizo y pálido. Estudios del CSIC confirman que en Usanos existe un grupo reproductor de avutardas y que la calidad del hábitat es elevada, constituyendo un lugar de dispersión, migración y reproducción de la especie en la zona centro.

Los proyectos se aprobaron por el Ministerio de Transición Ecológica, a pesar de que la Junta de Castilla-La Mancha subrayaba en sus informes la elevada sensibilidad ecológica de la zona, y de que la propia Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara ha llegado a proponer la zona como ZEPA para su integración en la red Natura 2000.

Asimismo cabe recordar que, tanto en Usanos como en municipios colindantes, se han desestimado proyectos similares, que distan apenas un kilómetro, por razones medioambientales, por lo que cabe preguntarse por qué el Ministerio ha dado el visto bueno a los proyectos Oliva, cuyo promotor es Solaria.

Estos colectivos advierten que la aprobación de este proyecto podría obedecer a una falta de coherencia en los criterios de evaluación ambiental, y que se podrían haber vulnerado los principios de prevención y precaución que establece la normativa medioambiental. Asimismo, se ha producido una fragmentación artificial del proyecto al dividirlo en cinco plantas para facilitar su aprobación, de manera que el Ministerio no ha tenido en cuenta el impacto acumulativo y sinérgico.

Solicitan a las administraciones competentes la revisión exhaustiva del expediente, transparencia en los criterios aplicados y, en su caso, la adopción de medidas cautelares que garanticen la protección efectiva del entorno natural y el cumplimiento estricto del principio de legalidad. Demandan la actuación inmediata, con todas las medidas a su alcance, de la Junta de Castilla-La Mancha y de la Fiscalía de Medio Ambiente para paralizar las obras, a la vista del evidente daño medioambiental que se está produciendo.

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• La I Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles se salda con una segunda convocatoria, la introducción de un comité científico y pasos cautos adelante.
• Alianza por el Clima y Gas No Es Solución, redes de las que forma parte Ecologistas en Acción, han participado en la conferencia, tanto en los espacios formales de decisión como en la alternativa Cumbre de los Pueblos, donde la sociedad civil internacional se ha volcado a favor de un tratado vinculante sobre combustibles fósiles en un despliegue de coordinación narrativa.

Durante seis días, la ciudad caribeña de Santa Marta ha sido el epicentro de la política climática global. La I Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, coorganizada por Colombia y los Países Bajos, ha reunido a más de 50 países, 2.800 personas y centenares de organizaciones de la sociedad civil para abordar lo que durante décadas las negociaciones climáticas internacionales no han sido capaces de hacer: cómo planificar, financiar y ejecutar la salida ordenada del petróleo, el gas y el carbón. La conferencia ha concluido hoy con su segmento de Alto Nivel ministerial.

Irene Vélez, Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia de Colombia, señalaba en las primeras horas de la conferencia el momento histórico que supone este encuentro de Santa Marta y Alianza por el Clima subrayaba, ante estas declaraciones, que la importancia de este espacio “dependerá de lo fructífero del camino y  de si es capaz de consolidarse un instrumento multilateral vinculante capaz de poner fin a los fósiles”. Gas No Es Solución reacciona con cauto optimismo, enfatizando que “aunque es un paso, es necesario avanzar más rápido en compromisos que consigan dejar atrás los fósiles y desmantelen las dinámicas de extractivismo hacia el Sur Global”.

Los resultados de la Conferencia

Ambas redes consideran que es necesario continuar los diálogos avanzados en Santa Marta, por ello acogen con satisfacción el anuncio de una segunda conferencia en Tuvalu el próximo año.  Una buena noticia, dicen, teniendo en cuenta los intentos de algunos países europeos para reducir el debate a una mera recogida de impresiones y de traslado dentro del marco de UNFCCC, con las limitaciones que ello conlleva.  Entre el Sur Global han sido muchos los países que han señalado la necesidad de un tratado vinculante como forma de avanzar en un camino paralelo pero complementario que sea capaz de nutrir las negociaciones oficiales y poner fin a los fósiles de una forma rápida, justa y equitativa sin pasar por el veto de los países petroleros.

La conferencia cerró con un mandato político claro pero insuficiente. Los avances se cristalizan en tres elementos concretos:

1. La creación de un panel científico para orientar la transición liderado por el conocido investigador Johan Rockström.
2. El reconocimiento en el plenario final de la necesidad de un nuevo instrumento internacional (uno que llene el vacío de gobernanza que el Acuerdo de París no puede cubrir por sí solo). Sin embargo, esto no se ha cristalizado en un instrumento concreto, ni en un cronograma para su adopción, sino en una nueva conferencia, que será alojada por los gobiernos de Irlanda y Tuvalu. En el plenario de alto nivel, varios gobiernos reclamaron obligaciones vinculantes sobre la producción de fósiles, mecanismos reales de financiación para la transición y el fin de las reglas de arbitraje que permiten a las empresas fósiles demandar a los Estados que actúan por el clima.
3. Un informe final exhaustivo elaborado por los gobiernos coanfitriones, en el que se recopilan las aportaciones de miles de contribuciones escritas, docenas de diálogos virtuales y numerosas consultas sectoriales presenciales.

El papel del Estado español

El gobierno de España y representantes parlamentarios acudieron a Santa Marta, siendo de los pocos gobiernos que han optado por el más alto nivel de representación, al estar presente la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien intervino en el plenario como facilitadora del bloque dedicado a soberanía y seguridad energética.

La ministra Aagesen subrayó la importancia de actuar de forma colectiva porque “eso nos hace más fuertes: reduce los costes, reduce los riesgos, y se ha destacado algo fundamental, cómo trabajar en la financiación”. Una intervención que terminaba afirmando que el proceso “es inspirador, no es solo aire fresco, es un futuro prometedor de trabajar por el fin de los combustibles fósiles de forma conjunta, (…) podéis contar con España, podeis con el máximo esfuerzo para conseguirlo unidos y con compromiso”.

Javier Andaluz, coordinador de Alianza por el Clima y responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, declara: “La convulsión geopolítica actual no solo nos demuestra el impacto de una economía fósil, sino la importancia de la solidaridad y de la creación de un bloque de países diversos capaces de defender el futuro frente a las guerras injustas y la continua degradación de la vida. Esta conferencia puede ser el primer paso para ello, pero necesitamos un compromiso político real y valiente que esperamos siga forjándose en Tuvalu”. Añade que “nos traemos varios deberes a España, reforzar nuestros compromisos no solo con la UNFCCC sino también en otras alianzas para poner fin a los subsidios fósiles (COFFIS), la reforma de la arquitectura financiera internacional y las medidas domésticas necesarias para acelerar esta transformación global”.

El papel  de la sociedad civil

Alianza por el Clima y Gas No Es Solución han participado activamente en la Cumbre de los Pueblos, junto a una coalición global de organizaciones de comunidades de primera línea, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y trabajadores. La Cumbre de los Pueblos aprobó una declaración que enmarca la crisis climática como consecuencia directa del capitalismo, el colonialismo y el militarismo, y exige que los países del Norte Global asuman su deuda ecológica con el Sur. En las calles de Santa Marta, cientos de personas, entre ellas comunidades afrodescendientes e indígenas de la Sierra Nevada, protagonizaron una marcha que recorrió la ciudad hasta la Plaza de Bolívar bajo el lema “Futuro libre de combustibles fósiles”.

Para Gas No es Solución esta demostración de fuerza de la sociedad civil es una señal clara de que Santa Marta marca el inicio de un proceso, no su culminación: “El mundo ya sabe que la salida de los combustibles fósiles no es opcional. Santa Marta lo ha dejado claro: hay una mayoría global que quiere avanzar, que tiene urgencia y que no puede seguir esperando a que los países productores den su visto bueno. Lo que se negocia ahora es cómo se hace justa, cómo se garantiza que el coste no lo paguen quienes menos responsabilidad tienen, y cómo se avanza rápido frente a bloqueadores y negacionismo. La próxima parada es Tuvalu, y llegamos con más fuerza y con más claridad sobre lo que necesitamos: un tratado vinculante, financiación real y compromisos que no se evaporen en el camino”, concluye Marina Gros Breto, portavoz de Gas No Es Solución y de Ecologistas en Acción.

Declaraciones

Ester Galende (Campaña del Tratado de Combustibles Fósiles): “En medio de un escenario geopolítico convulso, lo que ha ido tomando forma en Santa Marta es un proceso que finalmente equipara la diplomacia con la magnitud de la crisis climática. El acuerdo para continuar bajo el liderazgo del Pacífico, con Tuvalu e Irlanda como co-anfitriones de la segunda conferencia, manda un mensaje claro al mundo: la transición más allá de los combustibles fósiles es inevitable. El reto ahora es garantizar que este impulso se traduce en un mecanismo vinculante para eliminar de manera gradual y equitativa la extracción de petróleo, gas y carbón y así contribuir al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. España debe ser un actor clave en este proceso y desempeñar un rol de liderazgo en la construcción de un mundo libre de combustibles fósiles, más justo y en paz”.

Philippine Ménager (ECODES): “Santa Marta marca un cambio de fase: más de 50 gobiernos sitúan la salida de los combustibles fósiles al centro de la agenda global. El reto ahora es doble: convertir este impulso en políticas justas y sostener el impulso hasta la COP 31”.

Irene Rubiera (Ecologistas en Acción): “Tras la histórica opinión consultiva emitida este verano por la Corte Internacional de Justicia, la única opción coherente con el derecho climático internacional, los compromisos adquiridos en el marco UNFCCC y el sentido común es adoptar un instrumento vinculante que mantenga los fósiles en el subsuelo”.

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L’organització denúncia que l’avantprojecte és injust, fragmentat i mal justificat, i que trasllada a Moixent uns costos territorials i socials que haurien d’assumir els beneficiaris del transvasament, els regants del Vinalopó.

Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentat nou al·legacions, a més d’una consideració prèvia, contra l’Avantprojecte i l’Estudi d’Impacte Ambiental de la central fotovoltaica prevista per a l’estació de bombament de Moixent, vinculada al transvasament Xúquer-Vinalopó.

El fonament principal de les al·legacions apel·la en que no es pot presentar com a transició energètica modèlica una infraestructura destinada a abaratir el cost del transvasament a costa d’ocupar hectàrees de sòl agrari productiu.

En eixe sentit, l’avantprojecte vulnera el principi de justícia ambiental i el criteri de «qui contamina paga», perquè els impactes recauen sobre un territori que no ha generat el problema que es pretén corregir.

Per altra banda, l’organització critica que les plantes fotovoltaiques de Panser, Llanera i Moixent s’estiguen tramitant per separat quan formen part d’un únic sistema funcional lligat al transvasament. Aquest fraccionament impedeix valorar correctament els efectes acumulatius sobre el sòl, la biodiversitat, el paisatge i els espais protegits. Per això, reclama una avaluació ambiental conjunta de tot el sistema.

Un altre punt crític és que el s’ha triat un model d’autoconsum sense abocament a la xarxa que impedeix aprofitar l’energia excedentària. Alhora, es considera que l’estudi d’alternatives és insuficient perquè no analitza de manera rigorosa opcions com l’ús de bateries, la venda d’excedents o l’ús d’electricitat de xarxa en hores vall. A més, tampoc no es planteja seriosament l’anomenada alternativa zero, és a dir, la no execució del projecte o la continuïtat amb solucions menys impactants.

L’organització també qüestiona la viabilitat econòmica de la instal·lació. L’avantprojecte no incorpora un estudi complet de rendibilitat ni una anàlisi cost-benefici solvent. Així mateix, la documentació reconeix que el cost de l’energia aprofitada seria superior al preu de mercat de referència, de manera que el projecte només aparenta ser viable si depèn de fortes subvencions públiques.

Un altres dels aspectes de major controvèrsia és l’elecció de l’emplaçament. Ecologistes en Acció sosté que la selecció de l’alternativa M2A no està prou motivada, que l’estudi d’ubicació és arbitrari i que que no s’ha tingut en compte el rebuig social i institucional expressat a Moixent.

Des del punt de vista territorial i ambiental, l’avantprojecte presenta una greu afecció, amb sòls amb pendents superiors al 25 %, terrenys d’interès per a la recàrrega d’aqüífers, zones agrícoles amb elevada capacitat de fixació de CO₂ i àrees amb alt risc d’erosió. També resulta especialment greu l’impacte paisatgístic sobre el Paisatge de Rellevància Regional 29, Vinyes de les Alcusses i els Alforins, així com la insuficient valoració de l’afecció sobre la Canyada Reial del riu Canyoles.

Per tot això, Ecologistes en Acció del País Valencià reclama que les autoritats competents no aproven el avantprojecte sotmès a informació pública, i reivindica que la descarbonització no pot servir d’excusa per imposar noves agressions sobre el territori ni per consolidar un model hídric i energètic injust, com el present.

Alegaciones anteproyecto y estudio de impacto ambiental central fotovoltaica

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La organización ratifica que solo apoyará los proyectos que garanticen la soberanía energética ciudadana y la protección del suelo agrario, exigiendo una moratoria inmediata para las plantas industriales.

La Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León ha fijado su postura oficial ante el aluvión de proyectos fotovoltaicos que recorre el territorio. Tras una votación en su comité federal, la organización ha sido clara: es necesaria una moratoria inmediata para la instalación de nuevas plantas industriales de renovables, exceptuando únicamente aquellas que fomenten la soberanía energética ciudadana, como el autoconsumo, las comunidades energéticas y las instalaciones sobre cubierta.

Un cambio de modelo: del extractivismo a la democratización

La organización defiende que la transición energética no debe ser una moneda de cambio que hipoteque el suelo agrario y el paisaje de Castilla y León para beneficiar a grandes empresas.

“Nuestra prioridad absoluta es que el foco se traslade a las instalaciones en tejados de polígonos, grandes aparcamientos y edificios públicos. No podemos seguir ocupando tierras de cultivo cuando tenemos miles de hectáreas de cubiertas infrautilizadas”, señalan desde la Federación.

Datos que avalan la saturación del territorio

La petición de moratoria no es arbitraria, sino que responde a la saturación energética que reflejan los datos consolidados de 2024:

• Exceso de objetivos: Castilla y León ya tiene un 92,8% de energía renovable en su mix, superando con seis años de antelación el objetivo del Gobierno de España para 2030 (81%).
• Superávit de exportación: La producción conjunta de eólica y fotovoltaica alcanzó los 15.952 GWh, lo que supone cubrir el 121,1% de toda la demanda eléctrica regional.
• Red saturada: Mientras se proyectan nuevas macroplantas, hay 15.000 millones de euros en proyectos industriales bloqueados en la región porque la red eléctrica está saturada enviando energía hacia Madrid y otros grandes centros de consumo.

Justicia territorial y protección del suelo

Desde Ecologistas en Acción denuncian que la explosión fotovoltaica actual (especialmente en el eje Palencia-Zamora-León) busca aprovechar los nudos de red de las antiguas térmicas para evacuar energía fuera de la comunidad, sin dejar beneficios locales y bloqueando el desarrollo de la agroecología o el turismo sostenible.

Con esta postura, la organización busca:

• Protección de suelos de alto valor: Evitar la ocupación de tierras agrícolas por paneles a gran escala.
• Reducción del consumo: Priorizar la eficiencia para evitar que el crecimiento renovable alimente un consumo ilimitado.
• Seguridad jurídica: Garantizar el desmantelamiento y restauración de los terrenos cuando las instalaciones actuales cumplan su vida útil.

La Federación concluye que “el modelo de exportación masiva sin contraprestaciones está agotado”. Por ello, instan a las administraciones a detener la autorización de grandes parques y centrar todos los esfuerzos técnicos y económicos en el autoconsumo y las instalaciones de proximidad, las únicas que garantizan un beneficio real para las personas de Castilla y León.

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Las dos coaliciones, de las que forma parte Ecologistas en Acción, llevarán a la cumbre colombiana sus propuestas para un abandono rápido, justo y vinculante de los combustibles fósiles, con especial atención al gas fósil y a la justicia climática global.

Alianza por el Clima y la red Gas No Es Solución estarán presentes en Santa Marta (Colombia) durante la celebración de la I Conferencia Internacional sobre la Transición Fuera de los Combustibles Fósiles, que tendrá lugar entre el 24 y el 29 de abril de 2026. Ambas organizaciones acudirán con un documento conjunto de propuestas y participarán activamente tanto en la Cumbre de los Pueblos para un Futuro Libre de Combustibles Fósiles.

La Conferencia de Santa Marta, impulsada por el Gobierno de Colombia y presidida conjuntamente con Países Bajos, tiene como objetivo construir impulso político y apoyo para crear e implementar vías concretas hacia la eliminación progresiva de los combustibles fósiles a escala global. Sus debates se articulan en torno a tres pilares temáticos: la superación de la dependencia económica de los fósiles, la transformación de la oferta y la demanda energética, y el avance en la cooperación internacional y el multilateralismo. Entre sus resultados esperados figuran la constitución formal de una Coalición de los Dispuestos, la creación de una Secretaría Técnica permanente y el establecimiento de un Comité Científico Asesor.

Para la Alianza por el Clima, este encuentro representa una oportunidad histórica que no admite declaraciones voluntarias: “Es el momento de compromisos vinculantes, hojas de ruta reales y un nuevo marco internacional que ataque el problema en su raíz. En Santa Marta, el mundo decide si la salida de los combustibles fósiles será ordenada y justa, o caótica y desigual”, afirma Javier Andaluz, coordinador de la alianza.

Alianza por el Cima y Gas No Es Solución  llevan a Santa Marta un conjunto articulado de demandas que se estructuran en torno a tres ejes. En primer lugar, ambas organizaciones exigen la reducción de la dependencia económica de los combustibles fósiles mediante planes nacionales de transición justa, la eliminación progresiva de los subsidios públicos al sector fósil y la supresión de mecanismos arbitrales como el ISDS, que frenan las políticas climáticas de los gobiernos. En este sentido, señalan que los subsidios fósiles no solo dañan el clima, sino que financian a quienes bloquean la acción climática y sostienen regímenes autocráticos.

En segundo lugar, reclaman la transformación de la oferta y la demanda a través de hojas de ruta nacionales vinculantes, con calendarios concretos de cierre por sectores y combustibles. Gas No Es Solución propone que la Unión Europea y el Estado español abandonen el gas fósil como tarde en 2035, con hitos intermedios que incluyen el fin de su uso para producir electricidad y en hogares y edificios antes de 2030, y para procesos industriales antes de 2035. Ambas redes consideran que las opiniones de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de 2025 son ya referencia obligatoria: proteger el clima es una obligación de derechos humanos.

En tercer lugar, abogan por el fortalecimiento de la cooperación internacional a través de un Tratado sobre Combustibles Fósiles que coordine la eliminación progresiva de su producción. Este instrumento, considerado la pieza que falta en la arquitectura climática global, debería ir acompañado de un mecanismo de resolución de deuda para los países del Sur Global y de una reforma profunda de la arquitectura financiera internacional. El cronograma propuesto es ambicioso: reconocimiento en Santa Marta 2026, mandato negociador en 2027 y Tratado en vigor en 2028.

“La transformación ecosocial,” subraya Marina Gros Breto, portavoz de Gas no es Solución, “debe ser feminista, interseccional y no colonial, con participación real de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Es moralmente inaceptable la financiación climática vía préstamos que incrementa la deuda del Sur Global. El principio de quien contamina paga debe convertirse en norma financiera mundial.”

Una semana de movilización

Además de su participación en los espacios formales de la conferencia, las dos redes se sumarán a la semana de actividades distribuidas a nivel global prevista entre el 18 y el 24 de abril, y a la jornada de acciones globales coordinadas del 26 de abril. El 27 de abril participarán en la movilización presencial en Santa Marta.

Transición Fuera de los Combustibles Fósicles

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