La plataforma SAVE! donde participa Ecologistas en Acción Ciudad de Sevilla denuncia que el proyecto urbanístico de Santa Bárbara se basa en un estudio ambiental “mutilado” que oculta su impacto real.

• El promotor ha ignorado la Ley de Aguas que les obliga a realizar un estudio de inundabilidad por la afección al Dominio Público Hidráulico y la exigencia legal del Servicio de Gestión del Medio Natural.
• El inventario no recoge de forma rigurosa, mediante un estudio científico, un año completo de muestreo y se limita exclusivamente a la primavera, invisibilizando el impacto sobre aves amenazadas, mamíferos e invertebrados durante el resto del año, especialmente en la época de lluvias que sirve a la reproducción de muchas especies.
• Advierten que la Autorización Ambiental Unificada (AAU/SE/0616/2022/N) incurre en un vicio de nulidad al saltarse los criterios vinculantes de la Delegación Territorial y la Ley de Aguas.

La plataforma SAVE!, integrada por colectivos ambientales, asociaciones vecinales y entidades estatales de conservación, como Iberozoa, Ecologistas en Acción y Greenpeace, ha denunciado públicamente el “grave fraude científico y legal” sobre el que se asienta el procedimiento de Autorización Ambiental Unificada (AAU/SE/0616/2022/N) para el nuevo desarrollo urbanístico en Sevilla Este que acaba de considerar favorablemente la primera fase de “Santa Bárbara”. Según los portavoces de la Plataforma, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), presentado por el promotor del proyecto de urbanización, ha ignorado de forma deliberada los requerimientos técnicos oficiales, al obviar la presencia de los arroyos que alimentan las lagunas de El Sapo y las inunda anualmente, sirviendo a la reproducción de especies amenazadas y protegidas. Con el respaldo de universidades, publicaciones de sociedades científicas nacionales, como la Asociación Española de Herpetología, y recientes estudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han presentado alegaciones al mismo firmadas por las organizaciones. Critican que el proyecto de urbanización adolece de serias carencias que dificultan su objetivo principal: evaluar el impacto ambiental que la urbanización producirá en las viviendas y las zonas verdes limítrofes.

El Servicio de Gestión del Medio Natural de la Junta de Andalucía impuso de forma clara y explícita al estudio de impacto ambiental la obligación de aportar un nuevo estudio que abarcase un diámetro mínimo de 2 kilómetros —conectando la zona desde Sevilla Este hasta el futuro Anillo Verde y Azul Metropolitano— así como ampliar el alcance temporal del mismo. Asimismo, exigió que un equipo con solvencia científica-técnica analizara detalladamente los objetivos de conservación (fauna y flora amenazada) a lo largo de un ciclo anual completo (12 meses) como mínimo.

Sin embargo, el promotor ha presentado un documento basado únicamente en muestreos realizados durante la primavera, una maniobra que los colectivos califican de “sesgo intolerable” para camuflar el verdadero valor ecológico de los terrenos. Limitando el trabajo de campo a una sola estación de muestreo excluyen del estudio de impacto, por ejemplo, la presencia de Marsilea strigosa, una especie considerada prioritaria de zonas húmedas temporales y que los propios técnicos de medio ambiente registraron el presente año en las lagunas de El Sapo.

Una resolución que desprotege al vecindario y la salud ambiental

La ley es muy clara respecto a la necesidad de presentar un Estudio de Inundabilidad, según recoge un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cuando se edifica sobre cauces fluviales. Al construir sobre zonas inundables y cauces fluviales se impermeabiliza el terreno y se impide al agua laminarse, con el consiguiente riesgo de avenida para las viviendas y calles cercanas. Subir las cotas del terreno no es suficiente frente a las inundaciones que se vienen produciendo los últimos años y que el otoño pasado dejaron imágenes como las que acompañan a esta noticia. EMASESA aún no cuenta con un proyecto que evite las inundaciones recurrentes en los barrios del Distrito este de Sevilla, a pesar de haber construido un gran colector hasta el encauzamiento del arroyo Ranillas.

Según SAVE! los promotores, ignorando deliberadamente la presencia de los arroyos que nutren las lagunas del este de Sevilla, están incumpliendo de forma clara los preceptos legales y el objetivo de evaluación del impacto ambiental del proyecto de urbanización que afecta a la zona de servidumbre, al dominio público hidráulico y a la vegetación del margen del arroyo, que alberga especies de plantas amenazadas y protegidas a nivel andaluz y estatal.

La urbanización contempla dos viarios, el trazado de uno de ellos cercena completamente el parque urbano de Torreblanca y, el otro, planea una rotonda de acceso justo sobre la laguna más rica para la biodiversidad, donde se reproducen anualmente se reproducen anfibios protegidos y crustáceos acuáticos, como el Triops baeticus, una endemismo andaluz y uno de los seres más antiguos del planeta. Según los investigadores, las medidas compensatorias que apunta el proyecto son del todo insuficientes y se limitan a replantar árboles pero de nada servirán si se planifican movimientos de tierras que acabarán con las comunidades presentes en el terreno.

Los resultados de las investigaciones de la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide y otras entidades que contribuyen de forma importante a decisiones de este tipo, apuntan a la falta de evaluación ambiental y a la pérdida de servicios ecosistémicos de los que disfruta la ciudadanía, como la regulación climática o los servicios culturales. Desde SAVE! defienden la importancia de que el Anillo Verde y Azul de Sevilla incluya espacios como las lagunas de El Sapo, humedales que, gracias a su alta productividad, secuestran carbono atmosférico como auténticos bosques urbanos, regulan la temperatura y eliminan el riesgo de inundaciones en las viviendas cercanas, recargando de forma natural el acuífero sobre el que se asientan.

Por otra parte, el estudio de impacto ambiental, al cometer un sesgo estacional, oculta impactos críticos que la legislación europea blinda de forma estricta:

• Aves migratorias: Se invisibiliza el uso de estos llanos periurbanos como zonas de alimentación y refugio invernal para rapaces y aves migratorias que bajan del norte de Europa.
• Mamíferos en peligro: Se ignora por completo dónde hibernan o se aparean las poblaciones de quirópteros (especies estrictamente protegidas) al no haber estudiado su comportamiento en otoño e invierno.
• Efecto barrera: No se evalúa cómo el asfalto fragmenta la conectividad de la fauna con el Anillo Verde Metropolitano durante su época de dispersión tras el verano.

Consecuencias legales: Riesgo de nulidad

Los portavoces de la denuncia recuerdan que la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA) otorga un carácter vinculante a las exigencias de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Siete entidades exigen a la Delegación Territorial que paralice el expediente de forma inmediata, se obligue al promotor a realizar un estudio de inundabilidad, que tenga en cuenta los arroyos y lagunas temporales, y a reiniciar el ciclo de estudios biológicos para garantizar la protección real del patrimonio natural de Sevilla.

“Aprobar una autorización ambiental con un estudio mutilado que ignora los cauces fluviales, las lagunas temporales y tres de las cuatro estaciones del año, vulnera los principios comunitarios de precaución y acción preventiva. Si la administración da el visto bueno a este atropello, recurriremos a los tribunales por un vicio claro de nulidad de pleno derecho”, advierten desde los colectivos firmantes.

La entrada Denunciamos que el proyecto urbanístico de Santa Bárbara se basa en un estudio ambiental “mutilado” que oculta su impacto real aparece primero en Ecologistas en Acción.

El pasado día 28 de julio de 2026, en Puertollano, fallecía Valentina Moreno Calvo, a los 69 años de edad, socia histórica de Ecologistas en Acción-Valle de Alcudia.

Valentina era trabajadora de la salud y de centros de mayores, pero sobre todo era senderista, montañera y ecologista de pro.

Aunque nunca quiso estar en primera fila, trabajó altruistamente y luchó como el que más.

Durante más de 40 años estuvo defendiendo esta tierra, protegiendo su Medio Ambiente, luchando desde el Ecologismo Social, por los Derechos Humanos, contra las guerras, por los Derechos Laborales, por la Salud Pública, por el Patrimonio y Caminos Públicos…

Siempre incansable, participó activamente en “Ecologistas en Acción-Valle de Alcudia” en todas las campañas que se han realizado desde los años 80. Y también en la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP).

Importantísima, también, ha sido su labor en defensa de la histórica Venta de la Inés, y en
apoyo de Felipe Ferreiro Alarcón y su familia.

Ante la magnificiencia de su activa labor durante tantos años, hay que recordar su contribución para la protección del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, la creación del Parque de las Pocitas del Prior, etc., etc., etc.

Siempre estarás en nuestro recuerdo.

D.E.P.

La entrada Adiós a Valentina Moreno Calvo aparece primero en Ecologistas en Acción.

• Ecologistas en Acción de Ciudad Real celebramos el cierre del almacén y planta de tratamiento de mercurio por el riesgo de contaminación que suponía la gestión de estas instalaciones por MAYASA.
• El tratamiento del mercurio en la planta de las Cuevas habría supuesto, según nuestros cálculos, un incremento de la contaminación por mercurio en el ambiente de la comarca equivalente al de una gran cementera, debido a la dispersión de mercurio gaseoso desde la chimenea de la planta.

En los últimos años, Ecologistas en Acción ha realizado un seguimiento de la gestión del mercurio, solicitando información a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) y presentando alegaciones en los procesos de participación pública, culminando con una reunión celebrada con los máximos responsables político y técnico de MAYASA, el pasado 1 de julio, un año después de haber sido solicitada y retrasada varias veces. En este tiempo se han pedido explicaciones y documentación sobre los cambios en la gestión del mercurio de los últimos años, cuyas conclusiones resumimos a continuación poniendo el énfasis en las prácticas inadecuadas que hemos detectado y las incógnitas que aún tenemos, que suponen un riesgo para la salud pública y medioambiental.

Fruto del Convenio de Minamata, la producción, venta y uso de mercurio fue cesando desde 2001; con el proyecto Life Mersade en Almadén se construyó un almacén y se patentó un método de tratamiento y una planta para este proceso previo al depósito definitivo, con el que se pretendía tratar 300 toneladas de mercurio metálico al año. Pero, en febrero de 2019, en las primeras pruebas a escala industrial se produjo un incidente, cuyas características no se han hecho públicas. Este hecho fue denunciado por Ecologistas y desmentido por la empresa de la SEPI pero, finalmente dio al traste con estos proyectos.

El día siguiente al incidente, ocurrido el 18-2-2019, fue enviado a la Consejería de Medio Ambiente el Plan de Vigilancia y Prevención Ambiental de la planta, según consta en la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de 2019, en la que se amplió el plazo de almacenamiento a la fecha límite para almacenar mercurio que era el 31-12-2022 y se describieron los depósitos de almacenamiento, ¡cosa que no se había hecho todavía!, pese a que la AAI de la planta databa de 2015 y el inicio de actividad fue en 2018.

Tras la inspección a la planta en marzo de 2019 se abrieron varios expedientes sancionadores por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible a MAYASA, unos de los cuales inexplicablemente no concluyó hasta la Resolución de 4-2-2025, por “medidas de control de los riesgos inherentes a accidentes graves en que intervengan sustancias peligrosas” y, posiblemente exista otra sanción de industria por las deficiencias en las instalaciones. Ninguna de estas dos últimas sanciones aparecen en el Boletín Oficial de CLM. Otros expedientes sancionadores por parte de Medio Natural fueron anulados pero se mantuvieron “medidas complementarias” que tampoco se nos han concretado. También existe una demanda de MAYASA a los contratistas de la planta, que no consiguieron ponerla en marcha, pendiente de sentencia.

El traslado de mercurio se realizó entre julio de 2022 y julio de 2023, por lo que fue necesario otra ampliación del plazo de almacenamiento, precisando incluso un decreto de la Unión Europea y presupuestar 1,5 millones de euros para ello; sin embargo, el transporte se hizo en secreto sin que se haya hecho pública ninguna orden de evacuación o clausura ni ningún estudio técnico de la situación previa de la planta.

Según la Documentación de Identificación de Residuos (DI) que consta en el Expediente de la JCCM, se efectuaron 18 traslados de mercurio almacenado a un gestor autorizado en Zaragoza de 378.674 kg que presumiblemente se transportaron al destino final en Suiza. Ni la JCCM ni MAYASA ofrecen ninguna prueba de esto, al salir de la Comunidad Autónoma se desentienden de su gestión. Se nos informa de que el destino del mercurio es un depósito de BATREC, filial de VEOLIA, en una mina de Sal en Suiza, sin ninguna documentación de nada de lo solicitado, salvo lo ya expuesto en la web sobre contratos de MAYASA.

Los cambios en la gestión del mercurio se han realizado sin un plan previo y, además, las resoluciones administrativas y decretos de la JCCM relacionados se han realizado posteriormente a una reunión y solicitud de información que tuvimos con la Dirección General de Calidad Ambiental y Economía Circular JCCM en noviembre de 2024. Por ejemplo, el plan de cierre es de marzo de 2024, pero el traslado del mercurio ocurrió entre 2022 y 2023, y la aprobación del plan por la JCCM se realizó en 2025. La resolución del Expediente sancionador a MAYASA data de 2025 cuando los hechos ocurrieron en 2019. Estas incongruencias no muestran sino un descontrol en el proceso administrativo y la mano libre que posee MAYASA para actuar.

El peso del mercurio a la salida de la planta de las Cuevas fue estimado al alza con una diferencia unos 18.000 kg superior, unos 1.000 kg de más en cada traslado. Aunque no exista legalmente la obligación de medir con exactitud el mercurio en el centro de origen del residuo, esto supone un riesgo de pérdida o descontrol en el camino o en la planta receptora. Igualmente hemos constatado discrepancias en las fechas y orden de numeración de las declaraciones de impacto que aún quedan sin explicación, demostrando la falta de rigor en el control del mercurio que es la sustancia química más peligrosa después de las radiactivas. De la trazabilidad de todo el proceso se nos remite a solicitarla al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pero no se nos proporciona ninguna prueba del etiquetaje e identificación de los bidones con mercurio.

El coste del tratamiento y traslado del mercurio de Almadén ha sido de 1,5 millones de € (a 4 €/kg de mercurio) la mitad del presupuesto de la planta de tratamiento (3 millones €). Ahora queda por ver qué cantidad se recuperará en el litigio existente con la empresa adjudicataria del montaje de la planta, pero creemos que lo correcto es emplearlo en programas de descontaminación. Apoyamos este tipo de inversiones siempre que sirvan a su verdadera finalidad y no se desarrollen con falta de rigor.

En definitiva, nos alegramos de que el mercurio almacenado ya no esté en Almadén y esperamos que la nueva etapa de MAYASA se enfoque en el estudio de las repercusiones en la salud de la población, ampliando los planes de descontaminación en curso y difundiendo la información disponible como los mapas de contaminación de la comarca.

La entrada Celebran el cierre del almacén y planta de tratamiento de mercurio de Las Cuevas en Almadén aparece primero en Ecologistas en Acción.

Ecologistes en Acció de València denuncia que la apuesta por el vehículo privado está agravando la contaminación, el ruido, la inseguridad vial y el deterioro de la calidad de vida de la ciudadanía.

València vive un deterioro creciente de su movilidad. Cada día, miles de personas sufren atascos interminables, autobuses atrapados entre coches, contaminación atmosférica y acústica, y un espacio público cada vez más ocupado por el vehículo privado. El resultado es una ciudad menos saludable, menos habitable y más desigual.

Desde Ecologistes en Acció de València denunciamos que esta situación no es fruto de la casualidad, sino de unas decisiones políticas que han vuelto a priorizar el coche frente al transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie. Mientras las grandes ciudades europeas avanzan hacia modelos urbanos con menos tráfico y más calidad de vida, València corre el riesgo de retroceder décadas en materia de movilidad sostenible.

La congestión del tráfico no se resuelve construyendo más carriles ni facilitando la entrada de más automóviles. La experiencia internacional demuestra que aumentar la capacidad viaria genera más tráfico, más emisiones y nuevos atascos. Es un círculo vicioso que solo beneficia a un modelo de movilidad insostenible.

Las consecuencias son evidentes:

• Incremento de la contaminación atmosférica y de las emisiones responsables del cambio climático.
• Más ruido, con graves efectos sobre la salud física y mental de la población.
• Autobuses cada vez más lentos y menos competitivos al quedar atrapados en la congestión del tráfico.
• Mayor ocupación del espacio público por vehículos estacionados y en circulación, reduciendo el espacio destinado a las personas.
• Incremento del riesgo de siniestros viales y pérdida de autonomía para niños, personas mayores y personas con movilidad reducida.

Diversos datos municipales y el debate público han reflejado incrementos significativos de la circulación en varias de las principales vías urbanas durante 2025, coincidiendo con decisiones orientadas a favorecer el tráfico motorizado privado.

Para Ecologistes en Acció, el problema no es que haya demasiadas personas moviéndose, sino que se sigue fomentando el modo de transporte más ineficiente para desplazar personas dentro de una ciudad: el automóvil privado. Un coche transporta, de media, poco más de una persona y ocupa decenas de metros cuadrados cuando circula o permanece aparcado. No existe ninguna ciudad europea capaz de absorber un uso masivo del vehículo privado sin colapsarse.

La solución pasa por hacer exactamente lo contrario de lo que se está haciendo:

• Reforzar de manera urgente la EMT, aumentando frecuencias y velocidad comercial mediante carriles bus realmente protegidos.
• Completar una Zona de Bajas Emisiones ambiciosa que reduzca el tráfico y mejore la calidad del aire.
• Recuperar espacio público para peatones, arbolado y carriles bici seguros.
• Desincentivar el uso cotidiano del automóvil privado mediante políticas de movilidad coherentes.
• Favorecer la intermodalidad con Metrovalencia, Cercanías y la red ciclista metropolitana.

No es aceptable que el transporte público pierda competitividad porque los autobuses permanezcan atrapados en los mismos atascos que pretenden evitar. Las dificultades que denuncian usuarios y trabajadores de la EMT muestran cómo el incremento de la congestión repercute directamente en la calidad del servicio.

La movilidad debe entenderse como un derecho, no como la obligación de utilizar un vehículo privado. Una ciudad diseñada para los coches acaba siendo una ciudad hostil para las personas. En cambio, una ciudad que apuesta por el transporte colectivo, la bicicleta y los desplazamientos a pie es una ciudad más saludable, más silenciosa, más segura y socialmente más justa.

Ecologistes en Acció de València exige al Ayuntamiento un cambio de rumbo inmediato. Continuar alimentando la dependencia del automóvil solo conseguirá más atascos, más contaminación y una peor calidad de vida para toda la ciudadanía.

València no necesita más coches; necesita más espacio para vivir.

La entrada El colapso del tráfico en València evidencia el fracaso de las políticas que vuelven a poner al coche en el centro de la ciudad aparece primero en Ecologistas en Acción.

La organización ecologista denuncia posibles irregularidades en la tramitación urbanística que habrían favorecido al Real Betis Balompié con un grave perjuicio para el patrimonio municipal y abre la vía penal contra los usos terciarios y especulativos en los estadios deportivos.

Operación urbanística del estadio Benito Villamarín

Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla por los posibles indicios de delito detectados durante la tramitación urbanística de la reforma del estadio Benito Villamarín y del edificio comercial previsto junto al recinto deportivo.

La organización considera que las decisiones adoptadas por los órganos responsables de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla podrían haber supuesto un trato de favor al Real Betis Balompié en detrimento del patrimonio público municipal y del interés general.

La denuncia ha sido elaborada tras más de dos años de seguimiento del expediente por parte de Ecologistas en Acción, con el apoyo de distintas entidades vecinales y de personal técnico especializado en urbanismo del entorno del estadio. Durante este tiempo se ha analizado toda la documentación administrativa, desde la presentación del avance del Estudio de Ordenación en febrero de 2024 hasta la concesión de la licencia de obras en marzo de 2026.

Según la organización ecologista, del estudio del expediente se desprenden indicios de que determinadas actuaciones administrativas podrían ser constitutivas de diversos ilícitos penales, entre ellos presuntos delitos de prevaricación y contra el patrimonio público, sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que pudiera realizar la Fiscalía.

Dos bloques principales de irregularidades

La denuncia se fundamenta esencialmente en dos grandes cuestiones.

La primera hace referencia a la utilización de terrenos pertenecientes al patrimonio municipal del suelo para posibilitar una operación privada mediante una permuta cuya legalidad resulta, a juicio de Ecologistas en Acción, altamente cuestionable.

La organización recuerda que parte de los terrenos municipales afectados fueron cedidos en su día exclusivamente para uso deportivo y que el documento de cesión incorpora una cláusula resolutoria por la cual dichos terrenos deberían revertir al Ayuntamiento si dejaran de destinarse a ese uso. Sin embargo, la operación actualmente aprobada permitiría desarrollar sobre ellos usos terciarios y comerciales sin que previamente se haya seguido el procedimiento legal de desafectación ni se haya justificado la desaparición de dicha limitación.

Además, la permuta aprobada contempla que el Ayuntamiento entregue parcelas municipales perfectamente identificadas a cambio de una futura superficie edificable integrada en un edificio comercial que todavía no existe y cuyo diseño definitivo ni siquiera figura completamente definido en el proyecto de licencia. En opinión de Ecologistas en Acción, ello impide conocer con precisión el verdadero valor económico de los bienes que recibiría la ciudad.

El segundo bloque de irregularidades denunciadas se refiere a la valoración económica de la operación

Según la organización, la permuta infravalora de forma muy significativa los terrenos municipales y evita calcular correctamente el incremento de aprovechamiento urbanístico derivado del cambio de uso desde equipamiento deportivo hacia usos terciarios y gran superficie comercial. Ello habría impedido que el Ayuntamiento percibiera el diez por ciento del aprovechamiento urbanístico que corresponde legalmente a la administración en este tipo de actuaciones.

Asimismo, Ecologistas en Acción considera especialmente grave que la valoración de los terrenos municipales se haya realizado utilizando referencias catastrales extraordinariamente desfasadas, basadas en una ponencia de valores del año 2001, en lugar de aplicar criterios ajustados al valor real de mercado exigidos por la legislación vigente sobre suelo.

La organización añade que tampoco se ha tramitado el preceptivo Proyecto de Reparcelación, instrumento imprescindible para determinar la edificabilidad definitiva y el reparto de beneficios y cargas entre las distintas propiedades afectadas, circunstancia que impide conocer el verdadero alcance económico de la operación.

El informe del Secretario General ya advirtió de las dudas jurídicas

La denuncia recuerda igualmente que el propio Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla expresó importantes reparos jurídicos durante la tramitación del Estudio de Ordenación.

Entre otras cuestiones, su informe advertía de las dudas existentes sobre la valoración económica de los terrenos y señalaba expresamente que la legislación prohíbe la enajenación de bienes inmuebles municipales a cambio de la ejecución de obras.

Pese a estas advertencias, Ecologistas en Acción denuncia que la Gerencia de Urbanismo continuó impulsando la operación sin corregir las deficiencias señaladas ni incorporar las garantías jurídicas exigibles para proteger el patrimonio público.

La Fiscalía deberá determinar las posibles responsabilidades

Tras la presentación de numerosas alegaciones, sugerencias y recursos administrativos que fueron rechazados por el Ayuntamiento de Sevilla, Ecologistas en Acción ha decidido acudir a la vía penal para que sea la Fiscalía quien investigue si los hechos pudieran ser constitutivos de distintos delitos, entre ellos presuntos delitos de prevaricación, fraude de ley, administración desleal del patrimonio público, falsedad documental, estafa u otros que pudieran apreciarse durante la investigación.

La organización ecologista subraya que corresponde ahora al Ministerio Fiscal analizar la documentación aportada y determinar si existen responsabilidades penales derivadas de la actuación de quienes participaron en la tramitación del expediente.

Un precedente para frenar la mercantilización de los estadios

Para Ecologistas en Acción, este procedimiento trasciende el caso concreto del estadio Benito Villamarín y constituye un precedente de enorme relevancia sobre el creciente proceso de transformación de grandes equipamientos deportivos en complejos inmobiliarios y comerciales mediante operaciones urbanísticas que pueden comprometer el patrimonio público.

La organización considera que este modelo favorece intereses privados mediante la utilización de suelo público destinado originalmente al interés general y entiende que la actuación de la Comisión Ejecutiva de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, presidida por Juan de la Rosa, refleja una forma de gestionar el urbanismo más orientada a satisfacer determinados intereses económicos que a garantizar la defensa del patrimonio municipal y de los derechos de la ciudadanía.

Por ello, Ecologistas en Acción manifiesta su confianza en que la investigación de la Fiscalía permita esclarecer los hechos, depurar las posibles responsabilidades y reforzar la protección del patrimonio público frente a operaciones urbanísticas que puedan resultar lesivas para el interés general.

La entrada Llevamos a la Fiscalía la operación urbanística del estadio Benito Villamarín por posibles delitos contra el patrimonio público aparece primero en Ecologistas en Acción.

• Ni es autovía, ni se va a circular rápido, ni va a eliminar los atascos a la entrada a Granada.

Ejemplo de Talud con paso inferior existente en la vega en la segunda circunvalación y similar a los que se proyectan en la VAU-5

Se trata de una carretera de dos carriles en cada sentido y la nueva vía tiene parámetros de trazado como carretera C-80 y sección tipo como C- 70. Eso quiere decir que la velocidad de diseño para todas las opciones será de 70 km/h en los tramos de carretera multicarril, pasando a 60 km/h en los tramos de carretera convencional.

Para esa velocidad ya se pueden usar las avenidas Cristóbal Colón de Churriana y San Rafael de Armilla, que no se va a notar la diferencia.

Además, antes de llegar a cruzar el río Monachil en la rotonda llamada Nodo 6, los cuatro carriles se quedan en dos y después se tiene que incorporar a la actual carretera que discurre junto al río Genil, GR-3303, para llegar al Puente de la Inmaculada.
No se dice nada de los atascos que supondrá venir a cierta velocidad (sin tirar cohetes) por doble carril y llegar a un estrechamiento con semáforos al final.

Para mayor disfrute, el daño a los agricultores y demás usuarios de la vega será considerable, ya que apenas habrá pasos subterráneos (por debajo del talud de entre 6 y 12 metros de altura que cruzará toda la vega) para dar servicio a los caminos actuales y los que antes usaban un camino recto, ahora tendrán que dar un buen rodeo, usando las nuevas vía de servicio para seguir el camino de costumbre.

Los agricultores van a ser los más “afortunados” ya que además de sufrir la expropiación se sus terrenos a un precio de unos 8 € el metro cuadrado de regadío, deberán soportar cortes y desvíos en sus acequias tradicionales sin que se pueda asegurar los costes que esto supondrá.

Nodo 6, donde los cuatro carriles se quedan en dos y se unen a la GR-3303

Seguimos manteniendo que esta obra es innecesaria, que si en realidad se quiere una buena conexión entre las dos circunvalaciones de Granada hay alternativas más baratas que los más de 40 millones de euros que se piensan invertir (que todo el mundo sabe que luego serán más) y sin dañar irremisiblemente una vega de extraordinario valor ambiental, agrícola, cultural y paisajístico con la que todo el mundo se llena la boca con la necesidad de su protección pero que sucumbe ante los negocios de los de siempre.

La entrada Denunciamos que la VAU-5 es un fraude a la ciudadanía aparece primero en Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción de Málaga Ciudad y WWF España denuncian las graves consecuencias ambientales que tendrá la actuación aprobada por la Dirección General de la Costa y el Mar en la playa de Poniente de los Baños del Carmen (Málaga), amenazando la población de Patella ferruginea, especie de lapa en peligro crítico de extinción, y su hábitat; así como la destrucción del roquedal de los Baños del Carmen, con un valor ecológico excepcional.

• La Patella ferruginea es una especie endémica del Mediterráneo declarada “en peligro de extinción” debido a la degradación de su hábitat y que cuenta con un Plan de recuperación. Las actuaciones emprendidas implican la translocación de los ejemplares de Patella de la zona, que forman una pequeña población cuyo número de individuos ha aumentado en los últimos años. Para las organizaciones, este traslado tiene riesgos inasumibles por la posible muerte de los individuos en el traslado o en la fase de implantación, así como la pérdida de un hábitat estable para el desarrollo de la especie.
• Las organizaciones denuncian el uso ineficaz de fondos públicos en una playa que ha permanecido estable desde hace casi dos décadas, sin perder superficie de playa.
• Las regeneraciones artificiales de playas, emprendidas por la Dirección General de la Costa y el Mar como una acción de protección de la costa, suponen una inversión anual millonaria que está lejos de resolver los problemas del litoral. Por el contrario, suelen incrementar los impactos sobre los ecosistemas costeros y marinos al no abordar las causas estructurales de la erosión litoral.

Ampliación de la playa de Poniente de los Baños del Carmen (Málaga)

La ampliación de la playa de Poniente en los Baños del Carmen (Málaga) pretende ampliar la playa de 10 a 37 metros mediante el aporte de más de 73.000 metros cúbicos de arena y la construcción de un espigón de 193 metros. La arena necesaria para esta regeneración se extraerá de los arroyos Totalán, Jévar y Jaboneros, según lo publicado en prensa. Una obra, cuyo coste asciende a 6 millones de euros, en una playa estable que no ha perdido superficie de arena en las últimas dos décadas. Además de los impactos en la zona de actuación, las organizaciones denuncian que los áridos empleados para la regeneración procederán de ecosistemas fluviales y que estos también se verán afectados con daños por aumento de la erosión, escorrentías y destrucción de hábitat. Esta destrucción de hábitats en ríos debilita, entre otras cosas, su capacidad de amortiguación de posibles avenidas.

“Este es un ejemplo perfecto de lo que no debería promoverse por parte de las administraciones públicas. No hay una emergencia ni una regresión que corregir, sólo el afán de convertir un espacio natural y singular en un producto más, en línea con el modelo de ciudad asociado al sector urbanístico y la hiperturistificación que está terminando de homogeneizar el litoral malagueño”, declara Cecilia del Castillo Moro. “Una vez ejecutada la obra, la playa artificial necesitará, en el mejor de los casos, ser alimentada con aportaciones de arena cada pocos años, un gasto público indecente y evitable.”

Un roquedal con un valor ecológico excepcional

El roquedal de los Baños del Carmen es el hogar de multitud de especies vinculadas a fondos rocosos y es un ecosistema con una biodiversidad marina mucho mayor que en cualquiera de las playas de la ciudad de Málaga. Allí habita la Patella ferruginea, una lapa en peligro crítico de extinción y endémica del Mediterráneo, junto con otras especies de roca de gran valor ecológico como las gorgonias. Según hemos conocido por la prensa, las actuaciones han comenzado esta semana con el traslado de  los ejemplares de Patella a otro enclave. El traslado, sin embargo, es cuestionable: la mortalidad postraslado es inaceptablemente alta, y la propia Estrategia de Conservación de la especie, publicada por el MITECO, desaconseja esta práctica salvo en casos excepcionales de interés público. Además, la actuación prevista acabará con el propio hábitat de estas especies y las barreras antiturbidez previstas convertirán la zona en un reducto sedimentario, impidiendo la presencia de especies de fondos rocosos, incluida la lapa.

Un proyecto que no responde a ninguna necesidad ecológica ni social

El proyecto en cuestión  no responde a ninguna necesidad ecológica ni social y, por el contrario, podría suponer la desaparición de la población de Patella ferruginea y otras especies de este entorno. Desde las organizaciones ecologistas, exigimos la paralización inmediata del proyecto de los Baños del Carmen, así como de futuras licitaciones en este entorno. Oscar Esparza, portavoz de WWF España, ha declarado: “Necesitamos que se invierta dinero público en la puesta en marcha de proyectos de protección y conservación marina, divulgación y ciencia ciudadana que pongan en valor y protejan la biodiversidad marina de este espacio, todavía poco conocido por buena parte de la ciudadanía.”

Y Esparza concluye: “Asimismo, reclamamos que cualquier regeneración de playas cuente con un estudio de impacto ambiental completo, transparente y público, que evalúe el estado de conservación de las especies afectadas. Mientras tanto, seguiremos denunciando que la regeneración de playas no es más que una forma de tirar el dinero al fondo del mar.”

Las regeneraciones de playa, un mal negocio

Cada año se invierten millones de euros en actuaciones de regeneración de playas sin que exista una justificación adecuada. De acuerdo con una noticia recientemente publicada, en la provincia de Málaga el Gobierno ha invertido más de 2,3 millones de euros en 34 playas, movilizando 272.100 metros cúbicos de arena para adecuar los arenales a su estado óptimo de uso.

Desde el punto de vista científico, la regeneración artificial de playas presenta numerosos problemas. Remover el fondo marino para extraer arena destruye ecosistemas bentónicos, afectando a moluscos, crustáceos, algas y fanerógamas marinas, es decir, todo lo que viva en el fondo. Las partículas en suspensión reducen la penetración de la luz, lo que disminuye la fotosíntesis y la productividad primaria, perjudicando la actividad pesquera. La alteración del flujo natural de sedimentos provoca erosión en playas adyacentes, y el aporte de arena con distinta granulometría afecta a las especies adaptadas al sedimento original. La arena recién vertida, además, es muy inestable: un fuerte oleaje a los pocos días puede llevársela entera, convirtiendo la inversión en un gasto inútil.

Por otro lado, estas intervenciones tienen una vida útil muy corta, de meses a pocos años, y requieren inversiones periódicas y recurrentes. Además, estas actuaciones. lejos de ser soluciones basadas en la naturaleza, ignoran las causas estructurales de los problemas del litoral, como la excesiva urbanización, la construcción de puertos y espigones mal ubicados, los efectos del cambio climático o la retención de sedimentos por los pantanos, que impiden que la arena llegue de forma natural a las playas.

También se ignoran las soluciones realmente efectivas. Como han demostrado experiencias como las de Calafell (Tarragona), Vigo o la playa de La Arena (Bizkaia), la retirada estratégica de infraestructuras y la restauración de sistemas dunares completos permiten recuperar la playa de forma natural, sin necesidad de verter arena externa, y con un coste mucho menor. Estos ejemplos demuestran que el camino no es hormigonar y rellenar, sino adaptar y convivir con la dinámica litoral.

Defendamos la vida de los Baños del Carmen

La entrada Ecologistas en Acción y WWF alertan sobre los impactos de las actuaciones en la playa de Poniente de los Baños del Carmen (Málaga) aparece primero en Ecologistas en Acción.

Informe estatal de calidad del aire 2025: resultados para Sevilla

• El informe sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción concluye que toda la población de Sevilla y su área metropolitana estuvieron expuestos durante 2025 a una contaminación que excede los nuevos límites legales.
• Los peores registros de mala calidad del aire se registraron en las estaciones de Torneo, Ranilla y Santa Clara en la ciudad de Sevilla y el Aljarafe en el área metropolitana.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 780 estaciones oficiales de medición de calidad del aire instaladas en todo el Estado español, entre ellas 11 situadas en la provincia de Sevilla. Entre sus principales conclusiones, destacan:

• El año 2025 fue húmedo y el tercero más cálido en España desde al menos 1961. El extremado calor estival contribuyó al aumento de las concentraciones de ozono, en especial durante las olas de calor de junio-julio y agosto, pero bajaron los episodios de calima.
• Durante 2025, la calidad del aire en Sevilla se mantuvo estable pero no mejoró con relación a las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), pero empeoró respecto al dióxido de nitrógeno (NO2) y sobre todo en relación al ozono.
• El informe toma como referencia los nuevos valores límite de la Directiva 2024/2881, que deberán alcanzarse antes de 2030, de acuerdo a los cuales el aire contaminado afectó en 2025 al 96 % de la población de Sevilla y su área metropolitana, lo que expresa la magnitud del reto a asumir por las administraciones en los próximos tres años para alinearse con la nueva legislación.
• Considerando la normativa actualmente vigente, las estaciones de Torneo, Santa Clara, Ranilla y Bermejales en Sevilla y en Alcalá de Guadaíra superaron los límites de partículas en suspensión PM10 y PM2,5. También las estaciones de Santa Clara y el Aljarafe referido al ozono los registros estuvieron por encima de los obsoletos límites legales actuales.
• Si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos que los límites legales vigentes y nuevos, el aire contaminado afectó a la totalidad de la población.

La contaminación del aire es la primera causa ambiental de muerte. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2023 fallecieron prematuramente hasta 24.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, 4.000 en Andalucía. Según el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGLOBAL) se podría evitar más de 600 muertes en Sevilla por la mala calidad del aire. Los costes sanitarios, laborales y productivos de la contaminación alcanzan 32.000 millones de euros al año, el 2,4 % del PIB español.

Ecologistas en Acción realizó entre 2024 y 2025 campañas de medición de NO2 en los entornos de los centros escolares de Sevilla capital y el área metropolitana concretamente en las del Aljarafe y los Alcores, con el resultado de que la población educativa está expuesta a niveles muy elevados de contaminación, por encima de los nuevos valores límite de la Directiva 2024/2881.

La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es reducir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público eficiente y de fuente renovables. Además de la activación real de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), no se comprende la propuesta de modificación de la normativa, pactada entre PP y Vox, que introduce una nueva regulación sancionadora para la ZBE de la Cartuja y contradice los principios establecidos en el Real Decreto 1052/2022, que fija los requisitos mínimos para garantizar su eficacia.

Ecologistas en Acción también se congratula con el Ayuntamiento de Sevilla por el anuncio sobre la peatonalización de parte de Triana (calles Pureza, Betis, etc.) y del centro histórico, una medida que coincide con lo planteado en el antiguo “Plan Respira” y que responde a varios de los criterios necesarios para la declaración de una Zona de Bajas Emisiones. Esta actuación supone un avance en una de las reivindicaciones que la organización lleva defendiendo desde hace años. Según el alcalde parece decidido a acabar con la fama de que Sevilla sea la única capital andaluza que no restringe el tráfico en su Casco Antiguo.

Informe completo y resumen

La entrada La contaminación del aire empeora en la capital hispalense aparece primero en Ecologistas en Acción.

Ecologistes en Acció de València denuncia que el gobierno municipal desperdicia una oportunidad histórica para avanzar hacia una ciudad más habitable, más justa y preparada para la emergencia climática.

Ecologistes en Acció de València denunciamos públicamente la grave regresión ambiental y urbanística que supone la propuesta presentada por el Ayuntamiento de València para el denominado Paseo García Lorca, proyecto que sustituye lo que debía ser uno de los procesos de transformación ecológica urbana más importantes de las últimas décadas: el verdadero Corredor Verde del sur de la ciudad.

Lo que el actual gobierno municipal ha decidido hacer es simple: convertir una oportunidad histórica para ganar espacio para la vida en una nueva infraestructura al servicio del automóvil privado.

Durante años, colectivos vecinales, organizaciones sociales y entidades ecologistas defendimos una propuesta clara: aprovechar la desaparición de la barrera ferroviaria para construir un gran corredor verde continuo, un espacio libre de tráfico de paso, pensado para conectar barrios, reducir contaminación, crear refugio climático y devolver espacio público a la ciudadanía. Sin embargo, el Ayuntamiento ha optado por hacer exactamente lo contrario.

Mientras Europa avanza hacia ciudades con menos coches, menos asfalto y más naturaleza urbana, València retrocede varias décadas recuperando la vieja receta del urbanismo del siglo XX: más carriles, más tráfico y más dependencia del vehículo privado.

Nos quieren vender como avance ambiental un proyecto que mantiene carriles destinados al coche privado en pleno corazón de un espacio que debería haberse convertido en un gran pulmón verde para la ciudad.

No estamos ante un corredor verde. Estamos ante una avenida con árboles.

El mensaje político es profundamente preocupante: incluso cuando una ciudad tiene la oportunidad de recuperar suelo para las personas, este gobierno sigue considerando que el coche debe seguir ocupando el centro de la planificación urbana. Esta decisión resulta todavía más grave en un contexto de emergencia climática cada vez más evidente.

València sufre olas de calor más intensas, contaminación atmosférica persistente, déficit histórico de zonas verdes en numerosos barrios y una necesidad urgente de adaptar la ciudad a un escenario climático cada vez más hostil. Y aun así, el Ayuntamiento decide dedicar espacio público a seguir facilitando el tráfico privado.

Desde Ecologistes en Acció denunciamos también la absoluta falta de valentía política y la renuncia a construir una ciudad pensada para las próximas generaciones.

La desaparición de las vías ferroviarias ofrecía una ocasión irrepetible para crear un nuevo eje ecológico comparable al antiguo Jardín del Túria. Han decidido desperdiciarla.

• Exigimos al Ayuntamiento:
• La retirada inmediata del actual proyecto.
• La recuperación del diseño original del Corredor Verde sin tráfico de paso.
• Un proceso de participación ciudadana real y vinculante.
• Una planificación urbana coherente con la emergencia climática y no subordinada al automóvil.

No aceptamos que se siga utilizando el discurso de la sostenibilidad para justificar proyectos que perpetúan exactamente el modelo urbano que nos ha llevado a la crisis ecológica actual.

València necesita menos coches y más futuro.

Donde podían plantar un bosque urbano, han decidido construir otra carretera.

La ciudad merece mucho más.

La entrada El Ayuntamiento de València traiciona el proyecto del Corredor Verde y vuelve a entregar la ciudad al coche privado aparece primero en Ecologistas en Acción.

El proyecto, que se ubica en contacto directo con espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 y a menos de 10 km del Parque Nacional de Cabañeros, produciría importantes impactos sobre los ecosistemas mediterráneos y especies de aves más amenazadas, las cuales además, supondrían un alto riesgo por colisión en perjuicio de la seguridad aeronáutica. En el pliego de alegaciones la organización solicita la Declaración de Impacto Ambiental negativa para el proyecto.

Ecologistas en Acción de Ciudad Real y Toledo han presentando en el día de hoy alegaciones al proyecto de construcción de un aeródromo de lujo con la finalidad de trasladar cazadores de alto nivel adquisitivo hasta la finca Dehesa de El Molinillo, ubicada en el término municipal de Retuerta de Bullaque (Ciudad Real). En el pliego de alegaciones la organización solicita la Declaración de Impacto Ambiental negativa para el proyecto.

El estudio de impacto ambiental (EsIA en adelante) carece de la información mínima requerida en el procedimiento de evaluación ambiental para determinar adecuadamente y con fundamento los impactos ambientales que la ejecución del proyecto supondría para un elevado número de valores ambientales (flora, fauna, hábitats de interés comunitario, la Red Natura 2000 o el propio Parque Nacional de Cabañeros, entre otros) y, en consecuencia, tampoco establece con idoneidad suficiente las deseables medidas preventivas, correctoras y compensatorias.

Uno de los aspectos más preocupantes resulta de la afección a la Red Natura 2000. Aunque la pista de aterrizaje se ubica fuera de ella (pero de forma inmediatamente colindante) las trayectorias de vuelo de aterrizaje y despegue de las aeronaves (jets privados de lujo) sobrevuelan en amplios recorridos zonas estrictamente protegidas según lo estipulado en el Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA “Montes de Toledo” que, por la gravedad de las afecciones ambientales que producirían, determina la incompatibilidad de este tipo de usos privados relacionados con la aeronavegación con la designación del espacio natural protegido. A lo que habría que añadir los daños directos a la vegetación, el dominio público hidráulico y a diferentes hábitats de interés comunitario en unas 112 hectáreas, derivados del movimiento de tierras, de la tala de árboles centenarios de la dehesa y la implantación de los diferentes elementos de origen antrópico asociados a este tipo de infraestructuras.

Además, el aeródromo se ubica en la proximidad (menos de 10 kilómetros) del límite nordeste del Parque Nacional de Cabañeros, circunstancia que perturbaría gravemente (por emisiones de ruido, afección a la fauna ornítica, etc.) las condiciones de naturalidad y la posibilidad de conservación de los valores ambientales que se pretenden conservar en tan singular espacio natural. Todo ello sin pasar por alto la confluencia en el espacio de la presencia del Embalse de la Torre de Abrahám, pues, tanto el parque nacional como el embalse acogen grandes cantidades de aves de todo tipo y en todas las épocas del año (rapaces, acuáticas, zancudas como las grullas, etc.) que, por sus características y comportamientos, supondrían un inasumible riesgo de colisión con las aeronaves en menoscabo de la seguridad de la navegación aérea.

Por otra parte, el aeródromo afecta por solapamiento áreas críticas y zonas sensibles declaradas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la conservación de especies de aves amenazadas, algunas de ellas declaradas bien “en peligro de extinción” como el buitre negro, el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, el águila perdicera o el sisón, o bien con otros grados de amenaza como el milano real, el águila real, o diferentes especies de aves esteparias o de hábitos nocturnos. En el entorno inmediato al aeródromo, a distancias inferiores a los 5 kilómetros, se establecen territorios de reproducción, invernada, paso migratorio o concentración postnupcial de todas estas especies.

Ecologistas en Acción también se muestra muy crítica con el cambio de modelo de explotación cinegética, turística y patrimonial asociado al proyecto. El aeródromo justifica su uso basándose en una estrategia de desarrollo de actividades cinegéticas de carácter exclusivo, dirigidas a usuarios de alto poder adquisitivo, que pretende un cambio en el modelo del negocio turístico – cinegético de la finca, al tiempo que no tiene en consideración las consecuencias que este nuevo modelo de explotación puede generar sobre los recursos naturales del territorio. De llevarse a fin se propone una utilización continuada de los recursos cinegéticos a lo largo de amplios periodos del año, circunstancia que plantea importantes dudas sobre la sostenibilidad ecológica de dicho modelo, pues la oferta continuada de actividades cinegéticas exige la existencia de densidades excepcionalmente elevadas de especies cinegéticas, la aplicación de medidas intensivas de manejo cinegético (vallados, alimentación suplementaria, etc.) y el incremento de repoblaciones o aportes artificiales de fauna.

De hecho, este modelo pondría en serio compromiso el modelo ya en funcionamiento de turismo sostenible promovido en el entorno y área de influencia del Parque Nacional a través de la firma y adhesión de Cabañeros a la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS), instrumento que promueve un modelo de desarrollo basado en la conservación del patrimonio natural y cultural, la sostenibilidad y la minimización de impactos ambientales. El proyecto sometido a evaluación introduce una infraestructura que favorece un modelo de utilización intensiva del territorio incompatible con los principios inspiradores de la Carta Europea de Turismo Sostenible, especialmente en lo relativo a la conservación de la tranquilidad ambiental, la calidad paisajística y la protección de los recursos naturales.

Otro de los aspectos más preocupantes del proyecto es la ausencia de una evaluación rigurosa y específica del riesgo de colisión entre aeronaves y aves (bird strike), cuestión que afecta simultáneamente a la conservación de la fauna y a la seguridad de las operaciones aéreas, por cuanto la presencia de avifauna de gran porte es constante en el entorno. A pesar de tratarse de una de las variables ambientales más relevantes para este tipo de infraestructuras, el EsIA no dedica un apartado específico al análisis detallado de este riesgo, limitándose a referencias puntuales y valoraciones genéricas que carecen del nivel de profundidad exigible. No olvidemos que este factor de riesgo, a todas luces inasumible en este entorno natural, ya supuso en los años 80 del siglo pasado una inmensa movilización ciudadana en contra y a la postre, la desestimación del entorno de Cabañeros para el establecimiento en su raña de un polígono de tiro de aviones de combate. Hecho que, finalmente, desembocó en la declaración del espacio natural de Cabañeros como Parque Natural y, por último, como Parque Nacional.

Ecologistas en Acción ha solicitado una ampliación del plazo de sometimiento del proyecto a información pública al haberse detectado en el tablón de anuncios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fallos en la disposición (imposibilidad de acceso a través de un enlace no operativo) de la documentación relativa al proyecto (EsIA) y sometida a información pública.

La entrada Ecologistas en Acción de Ciudad Real y Toledo presentan alegaciones al proyecto de construcción de un aeródromo de lujo con fines cinegéticos en Retuerta de Bullaque aparece primero en Ecologistas en Acción.

• La organización ecologista presenta una demanda en la que incorpora buena parte de las denuncias formuladas por las asociaciones vecinales afectadas. 

Ecologistas en Acción de Sevilla ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Estudio de Ordenación del Estadio Benito Villamarín, aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla el pasado mes de septiembre, al considerar que vulnera la normativa urbanística y favorece intereses privados en detrimento del interés general.

La demanda cuenta con el respaldo de las asociaciones vecinales del entorno del estadio, que desde el inicio de la tramitación han mostrado su oposición a la incorporación de nuevos usos terciarios y de gran superficie comercial en la parcela municipal situada entre el estadio y la calle Doctor Fleming. Estos usos, según denuncian, son independientes de la actividad deportiva y supondrían un importante impacto sobre la calidad de vida del vecindario.

Uno de los principales fundamentos del recurso es que el Estudio de Ordenación se sustenta en la Modificación Puntual número 63 del planeamiento urbanístico, que habilitó la implantación de dichos usos terciarios y comerciales desvinculados del uso deportivo. Esta modificación también ha sido recurrida ante el mismo tribunal, por lo que la organización ecologista considera que el instrumento ahora impugnado carece de una base jurídica consolidada.

Entre los motivos de la demanda figuran, además, diversas deficiencias técnicas y legales que coinciden en gran medida con las alegaciones presentadas por las entidades vecinales durante el procedimiento de información pública. En concreto, se denuncia la insuficiente justificación de la supuesta mejora urbana que pretende el proyecto, la falta de una ordenación detallada adecuada, la ausencia de un cálculo del incremento del aprovechamiento urbanístico derivado del cambio de usos y de la correspondiente cesión del 10 % al Ayuntamiento, así como la insuficiente evaluación de la afección sobre el paisaje urbano.

Ecologistas en Acción considera que el tratamiento otorgado por el Ayuntamiento de Sevilla al Real Betis Balompié SAD constituye una excepcionalidad incompatible con los principios que rigen la ordenación urbanística, al establecer un marco de privilegio para una entidad privada.

En este sentido, la organización recuerda la advertencia realizada por un técnico jurista durante la tramitación del expediente, quien alertó del riesgo de consolidar “un urbanismo a la carta en el que primen los intereses privados sobre el supremo interés público de mejorar la ciudad, sus equipamientos, sus infraestructuras, sus barrios y, sobre todo, la calidad de vida de la ciudadanía”.

Con este recurso judicial, Ecologistas en Acción y el movimiento vecinal defienden la necesidad de que el planeamiento urbanístico responda al interés general, garantice el cumplimiento de la legalidad vigente y preserve un modelo de ciudad equilibrado, transparente y respetuoso con los derechos de las vecinas y vecinos.

La entrada Recurrimos ante el TSJA el Estudio de Ordenación del Estadio Benito Villamarín con el respaldo del movimiento vecinal aparece primero en Ecologistas en Acción.