• Ecologistas en Acción de Ciudad Real celebramos el cierre del almacén y planta de tratamiento de mercurio por el riesgo de contaminación que suponía la gestión de estas instalaciones por MAYASA.
• El tratamiento del mercurio en la planta de las Cuevas habría supuesto, según nuestros cálculos, un incremento de la contaminación por mercurio en el ambiente de la comarca equivalente al de una gran cementera, debido a la dispersión de mercurio gaseoso desde la chimenea de la planta.

En los últimos años, Ecologistas en Acción ha realizado un seguimiento de la gestión del mercurio, solicitando información a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) y presentando alegaciones en los procesos de participación pública, culminando con una reunión celebrada con los máximos responsables político y técnico de MAYASA, el pasado 1 de julio, un año después de haber sido solicitada y retrasada varias veces. En este tiempo se han pedido explicaciones y documentación sobre los cambios en la gestión del mercurio de los últimos años, cuyas conclusiones resumimos a continuación poniendo el énfasis en las prácticas inadecuadas que hemos detectado y las incógnitas que aún tenemos, que suponen un riesgo para la salud pública y medioambiental.

Fruto del Convenio de Minamata, la producción, venta y uso de mercurio fue cesando desde 2001; con el proyecto Life Mersade en Almadén se construyó un almacén y se patentó un método de tratamiento y una planta para este proceso previo al depósito definitivo, con el que se pretendía tratar 300 toneladas de mercurio metálico al año. Pero, en febrero de 2019, en las primeras pruebas a escala industrial se produjo un incidente, cuyas características no se han hecho públicas. Este hecho fue denunciado por Ecologistas y desmentido por la empresa de la SEPI pero, finalmente dio al traste con estos proyectos.

El día siguiente al incidente, ocurrido el 18-2-2019, fue enviado a la Consejería de Medio Ambiente el Plan de Vigilancia y Prevención Ambiental de la planta, según consta en la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de 2019, en la que se amplió el plazo de almacenamiento a la fecha límite para almacenar mercurio que era el 31-12-2022 y se describieron los depósitos de almacenamiento, ¡cosa que no se había hecho todavía!, pese a que la AAI de la planta databa de 2015 y el inicio de actividad fue en 2018.

Tras la inspección a la planta en marzo de 2019 se abrieron varios expedientes sancionadores por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible a MAYASA, unos de los cuales inexplicablemente no concluyó hasta la Resolución de 4-2-2025, por “medidas de control de los riesgos inherentes a accidentes graves en que intervengan sustancias peligrosas” y, posiblemente exista otra sanción de industria por las deficiencias en las instalaciones. Ninguna de estas dos últimas sanciones aparecen en el Boletín Oficial de CLM. Otros expedientes sancionadores por parte de Medio Natural fueron anulados pero se mantuvieron “medidas complementarias” que tampoco se nos han concretado. También existe una demanda de MAYASA a los contratistas de la planta, que no consiguieron ponerla en marcha, pendiente de sentencia.

El traslado de mercurio se realizó entre julio de 2022 y julio de 2023, por lo que fue necesario otra ampliación del plazo de almacenamiento, precisando incluso un decreto de la Unión Europea y presupuestar 1,5 millones de euros para ello; sin embargo, el transporte se hizo en secreto sin que se haya hecho pública ninguna orden de evacuación o clausura ni ningún estudio técnico de la situación previa de la planta.

Según la Documentación de Identificación de Residuos (DI) que consta en el Expediente de la JCCM, se efectuaron 18 traslados de mercurio almacenado a un gestor autorizado en Zaragoza de 378.674 kg que presumiblemente se transportaron al destino final en Suiza. Ni la JCCM ni MAYASA ofrecen ninguna prueba de esto, al salir de la Comunidad Autónoma se desentienden de su gestión. Se nos informa de que el destino del mercurio es un depósito de BATREC, filial de VEOLIA, en una mina de Sal en Suiza, sin ninguna documentación de nada de lo solicitado, salvo lo ya expuesto en la web sobre contratos de MAYASA.

Los cambios en la gestión del mercurio se han realizado sin un plan previo y, además, las resoluciones administrativas y decretos de la JCCM relacionados se han realizado posteriormente a una reunión y solicitud de información que tuvimos con la Dirección General de Calidad Ambiental y Economía Circular JCCM en noviembre de 2024. Por ejemplo, el plan de cierre es de marzo de 2024, pero el traslado del mercurio ocurrió entre 2022 y 2023, y la aprobación del plan por la JCCM se realizó en 2025. La resolución del Expediente sancionador a MAYASA data de 2025 cuando los hechos ocurrieron en 2019. Estas incongruencias no muestran sino un descontrol en el proceso administrativo y la mano libre que posee MAYASA para actuar.

El peso del mercurio a la salida de la planta de las Cuevas fue estimado al alza con una diferencia unos 18.000 kg superior, unos 1.000 kg de más en cada traslado. Aunque no exista legalmente la obligación de medir con exactitud el mercurio en el centro de origen del residuo, esto supone un riesgo de pérdida o descontrol en el camino o en la planta receptora. Igualmente hemos constatado discrepancias en las fechas y orden de numeración de las declaraciones de impacto que aún quedan sin explicación, demostrando la falta de rigor en el control del mercurio que es la sustancia química más peligrosa después de las radiactivas. De la trazabilidad de todo el proceso se nos remite a solicitarla al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pero no se nos proporciona ninguna prueba del etiquetaje e identificación de los bidones con mercurio.

El coste del tratamiento y traslado del mercurio de Almadén ha sido de 1,5 millones de € (a 4 €/kg de mercurio) la mitad del presupuesto de la planta de tratamiento (3 millones €). Ahora queda por ver qué cantidad se recuperará en el litigio existente con la empresa adjudicataria del montaje de la planta, pero creemos que lo correcto es emplearlo en programas de descontaminación. Apoyamos este tipo de inversiones siempre que sirvan a su verdadera finalidad y no se desarrollen con falta de rigor.

En definitiva, nos alegramos de que el mercurio almacenado ya no esté en Almadén y esperamos que la nueva etapa de MAYASA se enfoque en el estudio de las repercusiones en la salud de la población, ampliando los planes de descontaminación en curso y difundiendo la información disponible como los mapas de contaminación de la comarca.

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El proyecto, que se ubica en contacto directo con espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 y a menos de 10 km del Parque Nacional de Cabañeros, produciría importantes impactos sobre los ecosistemas mediterráneos y especies de aves más amenazadas, las cuales además, supondrían un alto riesgo por colisión en perjuicio de la seguridad aeronáutica. En el pliego de alegaciones la organización solicita la Declaración de Impacto Ambiental negativa para el proyecto.

Ecologistas en Acción de Ciudad Real y Toledo han presentando en el día de hoy alegaciones al proyecto de construcción de un aeródromo de lujo con la finalidad de trasladar cazadores de alto nivel adquisitivo hasta la finca Dehesa de El Molinillo, ubicada en el término municipal de Retuerta de Bullaque (Ciudad Real). En el pliego de alegaciones la organización solicita la Declaración de Impacto Ambiental negativa para el proyecto.

El estudio de impacto ambiental (EsIA en adelante) carece de la información mínima requerida en el procedimiento de evaluación ambiental para determinar adecuadamente y con fundamento los impactos ambientales que la ejecución del proyecto supondría para un elevado número de valores ambientales (flora, fauna, hábitats de interés comunitario, la Red Natura 2000 o el propio Parque Nacional de Cabañeros, entre otros) y, en consecuencia, tampoco establece con idoneidad suficiente las deseables medidas preventivas, correctoras y compensatorias.

Uno de los aspectos más preocupantes resulta de la afección a la Red Natura 2000. Aunque la pista de aterrizaje se ubica fuera de ella (pero de forma inmediatamente colindante) las trayectorias de vuelo de aterrizaje y despegue de las aeronaves (jets privados de lujo) sobrevuelan en amplios recorridos zonas estrictamente protegidas según lo estipulado en el Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA “Montes de Toledo” que, por la gravedad de las afecciones ambientales que producirían, determina la incompatibilidad de este tipo de usos privados relacionados con la aeronavegación con la designación del espacio natural protegido. A lo que habría que añadir los daños directos a la vegetación, el dominio público hidráulico y a diferentes hábitats de interés comunitario en unas 112 hectáreas, derivados del movimiento de tierras, de la tala de árboles centenarios de la dehesa y la implantación de los diferentes elementos de origen antrópico asociados a este tipo de infraestructuras.

Además, el aeródromo se ubica en la proximidad (menos de 10 kilómetros) del límite nordeste del Parque Nacional de Cabañeros, circunstancia que perturbaría gravemente (por emisiones de ruido, afección a la fauna ornítica, etc.) las condiciones de naturalidad y la posibilidad de conservación de los valores ambientales que se pretenden conservar en tan singular espacio natural. Todo ello sin pasar por alto la confluencia en el espacio de la presencia del Embalse de la Torre de Abrahám, pues, tanto el parque nacional como el embalse acogen grandes cantidades de aves de todo tipo y en todas las épocas del año (rapaces, acuáticas, zancudas como las grullas, etc.) que, por sus características y comportamientos, supondrían un inasumible riesgo de colisión con las aeronaves en menoscabo de la seguridad de la navegación aérea.

Por otra parte, el aeródromo afecta por solapamiento áreas críticas y zonas sensibles declaradas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la conservación de especies de aves amenazadas, algunas de ellas declaradas bien “en peligro de extinción” como el buitre negro, el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, el águila perdicera o el sisón, o bien con otros grados de amenaza como el milano real, el águila real, o diferentes especies de aves esteparias o de hábitos nocturnos. En el entorno inmediato al aeródromo, a distancias inferiores a los 5 kilómetros, se establecen territorios de reproducción, invernada, paso migratorio o concentración postnupcial de todas estas especies.

Ecologistas en Acción también se muestra muy crítica con el cambio de modelo de explotación cinegética, turística y patrimonial asociado al proyecto. El aeródromo justifica su uso basándose en una estrategia de desarrollo de actividades cinegéticas de carácter exclusivo, dirigidas a usuarios de alto poder adquisitivo, que pretende un cambio en el modelo del negocio turístico – cinegético de la finca, al tiempo que no tiene en consideración las consecuencias que este nuevo modelo de explotación puede generar sobre los recursos naturales del territorio. De llevarse a fin se propone una utilización continuada de los recursos cinegéticos a lo largo de amplios periodos del año, circunstancia que plantea importantes dudas sobre la sostenibilidad ecológica de dicho modelo, pues la oferta continuada de actividades cinegéticas exige la existencia de densidades excepcionalmente elevadas de especies cinegéticas, la aplicación de medidas intensivas de manejo cinegético (vallados, alimentación suplementaria, etc.) y el incremento de repoblaciones o aportes artificiales de fauna.

De hecho, este modelo pondría en serio compromiso el modelo ya en funcionamiento de turismo sostenible promovido en el entorno y área de influencia del Parque Nacional a través de la firma y adhesión de Cabañeros a la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS), instrumento que promueve un modelo de desarrollo basado en la conservación del patrimonio natural y cultural, la sostenibilidad y la minimización de impactos ambientales. El proyecto sometido a evaluación introduce una infraestructura que favorece un modelo de utilización intensiva del territorio incompatible con los principios inspiradores de la Carta Europea de Turismo Sostenible, especialmente en lo relativo a la conservación de la tranquilidad ambiental, la calidad paisajística y la protección de los recursos naturales.

Otro de los aspectos más preocupantes del proyecto es la ausencia de una evaluación rigurosa y específica del riesgo de colisión entre aeronaves y aves (bird strike), cuestión que afecta simultáneamente a la conservación de la fauna y a la seguridad de las operaciones aéreas, por cuanto la presencia de avifauna de gran porte es constante en el entorno. A pesar de tratarse de una de las variables ambientales más relevantes para este tipo de infraestructuras, el EsIA no dedica un apartado específico al análisis detallado de este riesgo, limitándose a referencias puntuales y valoraciones genéricas que carecen del nivel de profundidad exigible. No olvidemos que este factor de riesgo, a todas luces inasumible en este entorno natural, ya supuso en los años 80 del siglo pasado una inmensa movilización ciudadana en contra y a la postre, la desestimación del entorno de Cabañeros para el establecimiento en su raña de un polígono de tiro de aviones de combate. Hecho que, finalmente, desembocó en la declaración del espacio natural de Cabañeros como Parque Natural y, por último, como Parque Nacional.

Ecologistas en Acción ha solicitado una ampliación del plazo de sometimiento del proyecto a información pública al haberse detectado en el tablón de anuncios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fallos en la disposición (imposibilidad de acceso a través de un enlace no operativo) de la documentación relativa al proyecto (EsIA) y sometida a información pública.

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