LA HABANA // “El humo afecta, mancha bastante. Si no tienes más de una hornilla, demoras el doble en realizar todas las labores”. Así describe Raúl González* su rutina para cocinar con carbón. “A la hora de apagar, no se le echa agua; el agua le quita su capacidad de combustión y después es muy difícil de encender”. Entonces la llama simplemente se deja morir, o se le echa tierra, explica. El proceso completo le toma entre 40 minutos y tres horas.
Raúl es estudiante de la Universidad de La Habana, y ahora está de vuelta en su provincia, Pinar del Río, desde que, a principios de febrero, la educación superior pasó a la “modalidad semipresencial”. Esta fue una de las primeras medidas anunciadas por el Gobierno cubano tras la orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenaza con aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba.
“Semipresencial” significa que estudiantes como Raúl deberán utilizar una plataforma online para acceder a materiales docentes y continuar el curso escolar. Sin embargo, las pocas horas diarias de electricidad también limitan esta alternativa –los mismos apagones que han dejado casi inutilizados sus equipos electrodomésticos y lo obligan a cocinar con carbón desde hace más de dos años–.
Mientras, en La Habana, la reducción drástica del transporte resulta uno de los efectos más evidentes de la carencia de combustible. Desde principios de mes se suspendió la venta de gasolina en pesos cubanos; sólo se oferta en dólares, hasta 20 litros por cliente, y mediante un sistema digital que traslada a la virtualidad las filas en las gasolineras. Taxis colectivos que cubren rutas fijas han comenzado a cobrar el doble de los precios habituales.
“A ver cómo nos vamos a mover a partir de ahora”, comentaba días atrás Javier Reyes, un mototaxista de la aplicación La Nave. La vez anterior que consiguió gasolina en el mercado informal estaba a 900 pesos cubanos, pero ya el precio andaba sobre los 2.500 pesos por litro (unos cinco dólares). Meses atrás, el litro costaba 400 pesos. “Ya no compro más”, afirma Javier. Como medida individual de contingencia, empezaría a hacer los mandados de su casa en bicicleta.
Glenda Estévez*, madre de una niña de seis años, también dejó su carro parqueado y va a todas partes pedaleando. Sus jornadas de trabajo en una empresa mixta se han reducido a un día por semana, todavía sin afectaciones al salario. Previendo un eventual aumento de la escasez, ha ido creando su propia reserva de comida.
La hija de Glenda sigue asistiendo diariamente a la escuela, aunque a veces ha recibido “clases” de niñas de cuarto, quinto o sexto grado que pertenecen al círculo de interés pedagógico. “Ayer había sólo tres profesoras para toda la escuela. Las otras no pudieron llegar”, cuenta. “[Los maestros] son los que más están soportando esta desgracia”.
Yonny Osmel Pérez, socio de la mipyme Vera & Jhon SRL, de Baracoa, Guantánamo, inició las gestiones de importación (sólo autorizada para autoconsumo), pero el proceso parece ser “demorado y burocrático”.
“No hay experiencia ni conocimiento [en esta área], lo que puede generar desde estafas hasta incendios. Luego, se debe evaluar el alcance de las acciones del Gobierno de Estados Unidos contra nosotros los privados”, señala.
Las afectaciones a su negocio, que incluye una cafetería-restaurante, un taller de impresión y una tienda mixta, comenzaron antes del bloqueo petrolero a la isla. Por ejemplo, durante el año pasado los apagones de hasta 20 horas seguidas le impidieron elaborar alimentos y enfriar las bebidas.
Han utilizado carbón, estaciones portátiles de carga y generadores eléctricos a base de gasolina. Por último, decidieron invertir en la instalación de paneles solares. Sin embargo, el empeño o la resiliencia no superan ciertos límites que impone la realidad.
“Casi estamos parados, en cero. Hace más de un mes que no hemos podido ir a La Habana a buscar mercancías por la falta de combustible. Trasladar un contenedor con pollo desde el puerto de Mariel hasta Baracoa (más de mil kilómetros) antes me costaba entre 500.000 y 750.000 pesos. Ahora estamos ofreciendo entre 2,5 y tres millones de pesos, y [aun así] no aparece el combustible”. Y si al principio de la cadena logística aumenta el costo, al final lo paga la gente. Productos como el pollo, el aceite y la leche en polvo ya aparecen más caros.
Este dilema adquiere proporciones nacionales porque Cuba importa el 80% de los alimentos que necesita. Tras décadas de sanciones estadounidenses y políticas económicas fallidas, la agricultura aporta una fracción del consumo, y la industria se encuentra obsoleta o paralizada. Se importa hasta el azúcar, en un país de tradición cañera; y la sal, a pesar de tener más de cinco mil kilómetros de costa.
A su vez, se dificulta transportar viandas y vegetales frescos del campo a las ciudades. El vendedor de un puesto de hortalizas en el municipio Playa, oeste de La Habana, afirma que su proveedor está intentando adquirir el petróleo para traer el próximo envío. “Hace falta que lo encuentre porque, si no, vamos a tener que dedicarnos a otra cosa… a vender plantas ornamentales”, augura.
Por otro lado, la canasta básica que entrega el Estado se ha encogido radicalmente en los últimos años. En la capital, la ración correspondiente a febrero comprende una libra de azúcar y 10 onzas de chícharos por consumidor, y un kilogramo de leche en polvo para niños de hasta dos años.
Todavía algunos municipios aguardan recibir las tres libras de arroz y 1,5 libras de azúcar pendientes del mes de enero. Para abril, se espera que los subsidios cubran a los grupos más vulnerables y no a los productos, sin mayores detalles respecto a qué criterio se utilizará para designar qué personas y mercancías.
Desde la entrada del hospital Comandante Manuel Fajardo se nota la reestructuración de los servicios de salud. Donde solía haber un gentío, apenas transitan o esperan algunas personas. “No se están dando turnos”, rezonga tras la ventanilla una señora delgada. “Para ninguna consulta”, aclara a alguien más que se acerca a preguntar.
Cómo está siendo la atención sanitaria
Según la información oficial, se mantiene la atención sanitaria básica, con prioridad para las urgencias médicas, la salud materno-infantil y el programa de cáncer. Incluso si la reconfiguración alcanza a amortiguar el problema del combustible, no cambia un estado de cosas plenamente asentado.
Hace poco Carmen Alfonso, ahogada por el asma, fue a su policlínico local, en el municipio Marianao, buscando mejorarse con un aerosol. “¿Trajo la boquilla?”, le preguntaron. Como no la tenía, regresó sin alivio alguno.
La escena le recordó a otra similar, hace tres o cuatro meses. Su hermana, paciente de cáncer, necesitaba una prueba cardiovascular y, cuando ya les tocaba, la técnica les preguntó si habían llevado los electrodos.
“El individualismo impera –reconoce Glenda Estévez*, resignada– . Toca tener tu propia luz, tu propia agua, tu propia escuela, tu propio combustible. Eres tu propio país. Y no puedes ocuparte del otro, porque a duras penas estás sobreviviendo tú”. Ahora la hermana de Carmen necesita una tomografía, pero les dijeron que el somatón está roto.
Entretanto, aflora una retórica encendida que recuerda a los años sesenta. “Estamos en guerra, somos una plaza sitiada”, remataba el conductor de un programa de televisión que se presenta como “contrapropaganda comunista”.
Aunque se pospuso la Feria del Libro, se mantiene el Festival de la Salsa, en marzo. Si bien las calles lucen vacías, dentro de las Casas de la Música la vida sigue.
Raúl González*, el estudiante de la Universidad de La Habana, relata que, con el paso de los días, en Pinar del Río han ido cerrando centros de trabajo estatales y desaparecen productos de los mercados privados, sobre todo el aceite.
Él y sus abuelos se sostienen con el dinero que envían sus padres de fuera. En el futuro, reunirse con su mamá, en Uruguay, o con su papá, en México, lo ubica en la senda migratoria de otros tantos jóvenes cubanos. “Cuando me gradúe será. Mientras, no”.
*Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las personas entrevistadas.
El autoconsumo de electricidad consiste en generar electricidad para utilizarla en el mismo sitio donde se genera y por el mismo usuario. Muchos negocios y particulares están ya usando paneles solares fotovoltaicos. En todos los países ya es rentable. Si tienes espacio y un puñado de euros, no te lo pienses más.
Un reciente informe del Observatorio de la Sostenibilidad propone para España un millón de tejados solares en 2025, que producirían 15.400 GWh para abastecer una población de 7,5 millones de personas (un sexto de la población española). Así, se generarían 15.532 empleos, se evitarían 4,2 millones de toneladas de CO2 y las inversiones se recuperarían en solo 5,7 años.
Otro estudio de la Fundación Renovables resalta que cuatro de cada diez municipios de más de 10.000 habitantes ofrecen descuentos del IBI por autoconsumir energía. Además esa fundación ayuda a todos con el papeleo.
Los paneles solares son un electrodoméstico que ahorra electricidad en vez de consumirla y que en vez de estar dentro de casa está fuera. La electricidad se consume en el momento en el que los paneles la generan. Si se necesita más electricidad, se usará la de la red, como de costumbre. Si se produce más de la que se emplea, la electricidad sobrante se vierte a la red —no se pierde— y te genera un ahorro en tu factura eléctrica. Cualquier empresa instaladora podrá explicarte los detalles de la legislación, pero independientemente de las leyes, es algo tan barato que compensa, especialmente a pequeña escala (instalaciones de menos de 10kw).
En este artículo pretendemos hacer balance de las ventajas del autoconsumo frente a las energías sucias. Junto con los dos estudios anteriores, esperamos que este artículo aúne la fuerza necesaria para que más de uno se anime a instalar sus propios paneles fotovoltaicos (aunque sea solo uno).
Seis graves inconvenientes de la electricidad procedente de energías sucias
Contaminación y afecciones a la salud: Se emiten gases perjudiciales (CO2 y otros tóxicos), que provocan problemas sanitarios y cambio climático, con todas sus serias consecuencias. Hay que sumar la contaminación de transportar y extraer esos combustibles, sus vertidos, desastres de la minería, etc. La contaminación de la industria nuclear es aún peor, por ser residuos tóxicos de altísima duración.
Pérdida de valiosos recursos no renovables: Quemar petróleo nos hace perder esa materia prima para otros usos.
Dependencia energética del país: Importar energías sucias hace que el país dependa del exterior, lo cual es malo para la balanza de pagos.
Dependencia de los ciudadanos: Gracias a la energía fotovoltaica los ciudadanos no tienen que depender al 100% de empresas productoras de electricidad. Eso no significa desconectarse de la red eléctrica (lo cual sería más caro y contaminante por las baterías). El autoconsumo de electricidad es como plantar tus propios tomates en tu ventana, lo cual no te impide comprarlos en la frutería de tu barrio (mejor que en el supermercado).
Pérdidas en el transporte: El sistema de producción centralizada tiene mayor pérdida de energía en las líneas de transporte de electricidad, lo cual requiere grandes inversiones.
Quita espacio a la naturaleza y reduce la biodiversidad: No solo se ocupa el espacio donde se instalan las centrales y donde se almacenan sus residuos (cenizas, basura nuclear…), sino también toda la extensión que requieren las líneas eléctricas. A eso hay que sumar la gran cantidad de aves que mueren electrocutadas. Algunos parques eólicos también requieren ocupar mucho terreno y también provocan daños a las aves.
Ahorra dinero con poca inversión. El coste depende de factores como la potencia a instalar, pero la rentabilidad es estupenda tanto para empresas como para particulares. Podemos resumir diciendo que invertir en energía fotovoltaica es más rentable que cualquier plan de pensiones. La amortización está asegurada, pero calcular el plazo es complejo (como lo es calcular en cuántos años se amortiza un vehículo comparado con el transporte público), pues depende de la potencia, del lugar de la instalación, de si te lo instalas tú mismo, de nuestros hábitos de consumo, de la evolución de los precios de la electricidad, del tipo de paneles, de las subvenciones que se reciban, etc.
La instalación es simple. No se requieren obras y se instala en pocas horas. La empresa instaladora se encargará del papeleo técnico.
La electricidad que sobre se vierte a la red y te genera dinero. En España y en muchos países las compañías eléctricas están obligadas a descontar dinero en la factura eléctrica por esa electricidad vertida. Esto hace que la rentabilidad sea mayor. Nuestro país dependerá un poco menos del exterior y estaremos avanzando hacia la sostenibilidad.
Para potenciar el autoconsumo, en todo el mundo hay muchos países que han regulado el “balance neto” o sistemas similares.
El autoconsumo es clave para poner fin a la crisis energética. Por supuesto que las energías renovables no son la solución a todos los problemas ambientales, pero si conseguimos sociedades sostenibles será gracias a dos aspectos esenciales: reducir el consumo de energía y hacer la transición hacia energías solo renovables.
El autoconsumo reduce muchos gastos de nuestra sociedad: Se reduce la necesidad de nuevas centrales y nuevas líneas. Al reducir la contaminación, se ahorran también muchos gastos sanitarios.
El autoconsumo es una actitud de exigencia de libertad y sostenibilidad. Es un gesto de economía, pero también de rebeldía ante quienes se lucran con la contaminación.
Facilitar el autoconsumo de electricidad es gratis para el Estado, porque lo pagan aquellas personas y empresas que lo deseen. Solo pierden unas pocas empresas energéticas que se lucran contaminando el planeta.
El futuro de la producción energética es descentralizado: pequeños generadores distribuidos son mejores que grandes centrales eléctricas. De la misma forma, el futuro de la producción de alimentos es también descentralizado: pequeños huertos urbanos (en tu balcón, por ejemplo) son mejores que grandes campos de agricultura intensiva, pero ese es otro tema.
Con el secuestro de Maduro, la amenaza de nuevos ataques y un bloqueo naval que solo permite salir de Venezuela el crudo controlado por EEUU, la nueva Venezuela se construye con la participación de grandes empresas españolas.
Pocos días después del 3E, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmaba que los líderes internacionales debían tomarse “más en serio” a Donald Trump, no de forma literal —parecía decir entre líneas en su declaración en La Casa Blanca—, pero sí sobre su determinación de conseguir sus objetivos, aunque estos no sean los declarados.
El 19 de enero, el Gobierno de Delcy Rodríguez confirmaba que había recibido de EEUU los primeros dólares —300 millones sobre un total de 500— por la venta de 50 millones de barriles de crudo. Un ingreso considerable que alivia a corto plazo las cuentas de un Estado venezolano arruinado por las sanciones, el embargo y la falta de divisas, pero que ha sido decidido de forma unilateral por el Gobierno de Trump con la ventaja negociadora que le confiere la armada desplegada en el mar Caribe.
Para gestionar los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano, EEUU ha abierto una cuenta en Qatar rodeada de polémica. Para Juan Hernández Zubizarreta, analista del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), se trata de un ejemplo más de la “paralegalidad” en la que está operando el Gobierno de Trump.
Para gestionar los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano, EEUU ha abierto una cuenta en Qatar. En Venezuela, cinco bancos, entre ellos la filial del BBVA, gestionarán la parte que corresponde al país caribeño según criterio de Washington
Esta compleja estructura financiera, explica, persigue neutralizar las demandas de los acreedores internacionales —China sobre todo— que piden la devolución de cerca de 170.000 millones de euros o su equivalente en petróleo. Elizabeth Warren, senadora demócrata por Massachusetts, criticó esta triangulación y sus potenciales peligros: “No existe fundamento legal para que un presidente abra una cuenta en el extranjero bajo su control para vender activos confiscados por el ejército estadounidense. Esa es precisamente una medida que atraería a un político corrupto”.
Los recursos de la venta del petróleo venezolano serán gestionados en Venezuela por cinco de los mayores bancos del país. Entre las entidades seleccionadas para recibir el dinero se encuentra Provincial, la filial venezolana del banco español BBVA. Estos bancos venderán dólares a empresas y particulares para que dispongan de divisas para comprar insumos y materias primas en el extranjero así como para mantener a raya la inflación, introduciendo la moneda estadounidense en el mercado. Como último paso de esta triangulación, el Banco Central de Venezuela recibirá los bolívares derivados de esas ventas. “Con estabilidad, Venezuela es una gran oportunidad”, declaró desde Davos Carlos Torres, presidente de BBVA a Expansión.
Poco parece importar si 500 millones de dólares es una cifra justa por la venta de 50 millones de barriles, a diez dólares la unidad, cuando el barril venezolano cuesta cerca de 60 en los mercados internacionales. Los términos del “acuerdo” están claramente definidos por el Departamento de Energía de EEUU: los beneficios de la venta del petróleo venezolano se repartirá entre ambos países “a discreción del Gobierno estadounidense”.
Un banco español participará en el complejo laberinto financiero diseñado por la Administración Trump para controlar los recursos petroleros del país, pero la multinacional española que más entusiasmo ha mostrado por el nuevo esquema “paralegal” para hacer negocios en Venezuela ha sido Repsol.
Negocios en la “paralegalidad”
En la reunión que mantuvo Trump con las petroleras el pasado 9 de enero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se comprometió a invertir “con fuerza” en el país y triplicar la producción de petróleo en los próximos tres años. El expresidente del PNV agradeció a Trump “abrir la puerta a una Venezuela mejor” y llegó a referirse en su discurso al Golfo de México como “Golfo de América”, la nomenclatura decretada por Trump a las pocas semanas de entrar en el Despacho Oval.
El entusiasmo de Imaz no fue compartido por el resto de empresas presentes en la reunión, especialmente por ExxonMobil, la mayor petrolera de EEUU, para la que no existían suficientes garantías que protejan sus posibles inversiones.
Para despejar estas dudas, el 23 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela dio luz verde en primera lectura y con tramitación acelerada una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en los mejores momentos de Hugo Chávez como presidente. La presidenta encargada destacó la “necesidad imperativa” de que la legislación “se adapte a los nuevos tiempos”, especialmente para que los “capitales fluyan” hacia los recursos petroleros “a través de modelos de negocios exitosos”.
La multinacional española que más entusiasmo ha mostrado por el nuevo esquema “paralegal” para hacer negocios en Venezuela ha sido Repsol, quien se compromete a triplicar su producción de petróleo bajo las nuevas reglas decididas por Trump
La principal apuesta de la reforma, que la oposición de derechas apoya en el fondo aunque no en las formas, es la normalización y extensión del modelo Chevron, que permitió de forma excepcional operar a la petrolera estadounidense en una empresa mixta en la que el Gobierno cuenta con mayoría accionarial, pero es el socio privado quien tiene el control operativo, técnico y financiero.
Según explicó Orlando Camacho, diputado responsable de presentar la reforma, la nueva ley incluye una mayor “flexibilidad en las regalías”, una modificación que daría margen al Gobierno para disminuir las ganancias que se quedan en el país en determinados casos. La reforma aprobada también contempla un “aumento en las garantías jurídicas” para el sector privado con la introducción de la posibilidad, hasta ahora vetada, de que los choques entre empresas y el Estado venezolano se diriman a través de “mecanismos independientes” de resolución de conflictos.
Aunque en 2012 el expresidente Chávez retiró a Venezuela del CIADI —organismo del Banco Mundial para resolver conflictos entre empresas y Estados en beneficio casi siempre de las empresas—, el país todavía se enfrenta a decenas de pleitos con inversores. Las compañías que buscan indemnizaciones por parte del Estado venezolano se han encontrado hasta ahora con todo tipo de obstáculos: de 15 laudos condenatorios solo uno ha sido efectivamente pagado. Según el medio especializado en el sector Petroguía, la aprobación de esta reforma supondrá la reducción de las regalías y la vuelta de Venezuela al CIADI.
Negocios a punta de pistola
Ante la pregunta de si hacer negocios bajo un esquema de extorsión, amenaza y de violencia viola el derecho internacional, Repsol ha preferido no hacer comentarios a este medio. Para Hernández Zubizarreta, especialista en impunidad corporativa, la respuesta es clara: si Repsol y otras empresas españolas participan del nuevo orden impuesto por la fuerza por Trump en Venezuela, se convierten en “cómplices de estos crímenes”.
El marco coercitivo en el que se produce la venta de petróleo venezolano en el nuevo orden en el Caribe quedó nuevamente a la vista después de que el 20 de enero EEUU interceptara el séptimo buque petrolero de Venezuela cerca de las costas de este país. El Comando Sur del Ejército de EEUU afirmó que la detención de este barco “que operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump” demuestra la “determinación” de las fuerzas armadas de EEUU de que “el único petrolero que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal”.
La “paralegalidad” también se define con palabras: el 21 de enero, El País sostenía que el cerco militar de EEUU sobre el país latinoamericano tenía como objetivo evitar el “contrabando de crudo”. En la nueva legalidad inventada por EEUU solo el petróleo controlado por Washington es legal.
Si Repsol y otras empresas españolas participan del nuevo orden impuesto por la fuerza por Trump en Venezuela, se convierten en “cómplices de estos crímenes”, dice Juan Hernández Zubizarreta, de OMAL
La ocupación y el genocidio en Palestina han servido de recordatorio y han sido varios los altos cargos de Naciones Unidas quienes han recordado que las empresas que hacen negocios aprovechándose de violaciones de derechos humanos y vulneraciones de la legalidad internacional se exponen a posibles sanciones e incluso a futuros litigios. El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo inició en septiembre una investigación de las empresas españolas que estaban ofreciendo servicios en los territorios ocupados palestinos. Sin embargo, el Gobierno se ha negado a señalar a las multinacionales españolas que se beneficiarán directamente de una intervención militar en Venezuela que sí ha condenado. Tras la polémicas declaraciones de Imaz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que los “criterios privados” con los que opera Repsol en Venezuela son “absolutamente legítimos”.
¿Repsol conseguirá salirse con la suya?
Los Estados y las instituciones internacionales cuentan con herramientas para juzgar o sancionar a las empresas que se benefician de violaciones de los derechos humanos o de vulneraciones del derecho internacional, señala este investigador.
Aún así, la impunidad de las multinacionales es casi absoluta, contrapone, y en este caso lo será todavía más porque es poco probable que el Gobierno español, la Unión Europea o incluso Venezuela emitan algún tipo de denuncia o demanda: “Repsol puede argumentar que tiene la aceptación del Gobierno de Venezuela”. Pero la falta de reproches no “convalida una participación en negocios fundamentados en crímenes internacionales”, agrega. Aunque por la parte jurídica habría resquicios para juzgar o sancionar a Repsol, los aspectos políticos complican la ecuación, porque “Venezuela parece que acepta el marco de estos negocios, de este control por parte de EEUU” sobre los recursos naturales del país.
En el caso del Estado español, para juzgar a Repsol habría que aprobar antes una ley de responsabilidad extraterritorial de empresas transnacionales por la que decenas de entidades llevan años trabajando. “Si esa ley estuviera aprobada, Repsol tendría que rendir cuenta ante un tribunal español”, dice. Otra opción sería reformar la ley de jurisdicción universal para incorporar el crimen económico internacional y “permitir que se responsabilice a la empresa y a sus directivos por prácticas en crímenes internacionales extraterritoriales”.
Tras la polémica por las palabras del CEO de Repsol, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que los “criterios privados” con los que opera la petrolera en Venezuela son “absolutamente legítimos”
Si el Gobierno español quisiera sancionar la complicidad de Repsol con el plan de Trump tendría herramientas para hacerlo: podría aplicar criterios éticos a la contratación pública, pero también revisar todos los apoyos institucionales desde el punto de vista político, económico, diplomático, de inversión, de seguros, que necesita una empresa como esta, añade el analista de OMAL.
Otras instancias, como el Tribunal Internacional de Protección de Derechos, ahora en discusión en la ONU, permitirían que las multinacionales puedan ser juzgadas si se lucran gracias a violaciones de los derechos humanos y de situaciones que no cumplen con la legalidad internacional. Pero el Tratado Internacional para Control de Empresas Transnacionales está lejos de ser una realidad. Ayudaría mucho que el Estado español y la UE tengan una “actitud favorable” hacia este asunto, precisa, algo que por ahora no ha sucedido.
Y si el Gobierno no ha hecho nada para que este tratado se apruebe, subraya este investigador, es porque considera a estas empresas como “esenciales para el desarrollo de un modelo económico neocolonial” en el que se apoya. El Ejecutivo de Sánchez está más dispuesto a promover “armaduras jurídicas y políticas” que protejan los derechos de las multinacionales, enuncia, que a promover leyes o instituciones que los limiten.
Tampoco ayudan las conexiones que tienen dos de los aliados de investidura del Partido Socialista, PNV y Junts, con muchas de estas grandes empresas, con las que mantienen siempre engrasadas lucrativas puertas giratorias. Para la mayoría de la izquierda parlamentaria, añade este investigador, la idea de la extraterritorialidad —juzgar a las empresas españolas por lo que hace fuera de España— tampoco ha sido un “tema central en sus agendas”.
Sin voluntad política por parte del Gobierno y sin voluntad de confrontación por parte de los aliados del PSOE, Hernández Zubizarreta augura que “los negocios de Repsol en Venezuela seguirán manteniéndose y multiplicando la acumulación de beneficios” gracias al nuevo esquema de negocio a punta de pistola.
Aire y dinero para Repsol
La intervención de Trump y el nuevo esquema forzado de hacer negocios en el país ha llegado en el mejor momento para la empresa española. La prensa económica no ha tardado en señalar a la compañía presidida por Antonio Brufau como una de las más beneficiadas por el ataque de EEUU. El propio Trump sostuvo desde el principio que las empresas que más rápido sacarían rédito de la nueva situación serían las que ya están asentadas en el país, entre ellas Repsol, la italiana Eni o Chevron.
Desde 1993, la multinacional española ha expandido su negocio en Venezuela, especialmente gracias al gas del campo Perla, situado en el Golfo de Venezuela, uno de los mayores yacimientos de gas de América Latina. En 2016, cuando comenzaban los problemas para Caracas, Repsol prestó a Venezuela nada menos que 1.200 millones de euros, un dinero que con el default de 2017 el país no pudo devolver. En 2022, comenzó a pagar la deuda en especie, es decir, con barriles de petróleo para sus refinerías, especialmente pensadas para el tipo de petróleo venezolano.
Con el 15% de las reservas en el país caribeño, el futuro de Repsol —unido ahora al de Donald Trump— se juega en Venezuela
Gracias a la flexibilización de las sanciones contra Venezuela durante el Gobierno de Joe Biden, Repsol pudo vender petróleo a Estados Unidos y gas venezolano a otros países. En esos años, la compañía entró con un 40% en los campos petrolíferos de La Ceiba y Tomoporro en una operación valorada en casi 1.600 millones de euros que permitiría a la española duplicar su producción de crudo. Todos estos planes se frustraron con la llegada de Trump y la retirada de las licencias para operar en Venezuela para varias multinacionales, Repsol entre ellas, en marzo de 2025.
Después del 3 de enero, Repsol se frota las manos con una más que posible restauración de las licencias, algo que ya ha solicitado formalmente. Con el 15% de las reservas en el país caribeño, el futuro de Repsol —unido ahora al de Donald Trump— se juega en Venezuela. El Gobierno español ya le ha dado su bendición.
Para algunos la difícil situación global en la que nos encontramos sólo es la oportunidad perfecta para beneficiarse. Élites extractivas que gestionan el mundo a su antojo, irresponsables del daño que producen. No me refiero a la coyuntura económica, ni al futuro laboral que nos proponen de contratos precarios por horas (fíjense en Alemania, motor en paupérrimos contratos basura). Me refiero a la élite parecida al triunvirato romano basado en el poder político, energético y bancario; dejando un poco de lado a los otros poderes históricos el militar y el religioso. Ya el pobre militar ahonda en la crisis con unos recortes de un 25% en los 4 últimos años, los soldados juegan felizmente a una guerra virtual en simuladores, con el consecuente ahorro económico y energético que no hacer prácticas reales supone.
Estos señores elitistas avanzan por un camino desorientado para nosotros, estratégicamente delineado para ellos. No hay solo que mirar las últimas concesiones absurdas del ministro de industria, Sr. Soria, al gigante energético REPSOL. En menos de un año de mandato hizo del problema con Argentina por el expolio de sus recursos un enfrentamiento diplomático casi a vida y muerte, vistiendo a toda España de la camiseta de REPSOL. Las cosas no son así. La expulsión de la multinacional REPSOL YPF de Argentina no es el problema nacional. Yo no me pongo esa camiseta con una empresa que gestiona y da dividendos a directivos de distintos países y continentes. Seamos razonables ¿Usted se imagina que algún iluminado político español hubiese vendido los derechos del jamón ibérico? Entiendo que a falta de recursos energéticos propios, el jamón podría ser, de hecho lo es, un producto codiciado por otros países. Por muchos contratos que hayan firmado ese jamón es de aquí, tanto como los recursos argentinos son de allí.
Otra extraña concesión es el tema de las prospecciones aprobadas en nuestra costa española (Canarias y Málaga). Empeñados de que hay gas, puede que haya gas, seguro a pequeña escala. Más seguro es que hay sol, aire y mar. Lo digo por las energías limpiasaparentemente olvidadas en los presupuestos. Si hay gas, se encuentra a más de 1000 metros de profundidad. Recuerdo el desastre que supuso el fallo de unas válvulas en el accidente de la petrolera BP en el golfo de México en abril del 2010 por estar a estas profundidades: Millones de litros de crudo vertidos al mar en un desastre ecológico con precedentes. Cosas que pasaron, pasan y pasarán si no ponemos remedio. Todo les da igual: que el pueblo se oponga, o que los ecologistas se tiren de los pelos. Hasta el propio alcalde de Mijas hizo unas declaraciones desesperadas rechazando los pozos en la costa por sus graves consecuencias. Y eso que este alcalde es del mismo partido que el gobierno que aprueba las prospecciones.
Es absurdo que el ministro canario se la juegue de esta manera, a no ser que se fije en el camino seguido de muchos ex políticos, como el ex presidente Felipe González consejero de de Gas Natural, o el ex presidente José Mª Aznar de Endesa. O lo poco que tardó, 3 meses, la ex ministra Salgado en llegar a Endesa. Y es público que el ministro de medio ambiente, el Sr. Arias Cañete, tiene acciones en petroleras, además de muchos otros contratos de los que hoy no voy a hablar. Es, en resumen, muy llamativa la conexión político-energética, y me da qué pensar sobre el trato de favor del ministro Soria a susodicha compañía petrolera.
Estas élites extractivas no sólo detraen rentas de la población por impuestos, sin crear riquezas, para el beneficio propio. También favorecen el negocio de algunas empresas, en este caso las energéticas, para que una vez acabado tu mandato en la política les contraten como asesores con sueldos escandalosos. Encuentro absurdas e infundadas las excusas de que atraerían más turismo a la zona… no existen “Viajes turísticos a las plantas de extracción de gas”. Esta claro que estas decisiones no benefician ni al pueblo ni al planeta: Los beneficios son para unos pocos, los riesgos y los daños para muchos, como ya vimos en el desastre de BP en el golfo de México. Hay soluciones para la crisis energética, como presenta Greenpeace en su informe “Energía 3.0” (además de otras soluciones aportadas por BlogSOStenible)La batalla energética está servida, y las prospecciones en nuestro litoral no son la solución, y tendrán un grave impacto en un ecosistema ya deteriorado.
El 3 de enero de 2026 nos despertamos con el bombardeo estadounidense sobre Caracas y el sibsiguiente secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores. Se trata de la detención más cara de la historia, para la cual se movilizaron 150 cazas, otros tanto helicópteros y 200 soldados de los Delta Force. Entre 80 y 100 venezolanos y cubanos fueron asesinados y la hasta entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez ha asumido el mando del país.
Pese a que la operación viola el Derecho Internacional de forma flagrante, Trump insiste en que está por encima de estas normas y que su único límite es su «moralidad» (de la cual sabemos que anda muy justito). Esto y el hecho de que no haya ocultado que detrás de esta operación está su voluntad de apoderarse del petróleo venezolano constatan que nos encontramos ante la «ley del más fuerte».
«Vivimos en un mundo gobernado por la fuerza, por el poder», afirmó Stephen Miller en la CNN el 5 de enero de 2026, mientras exponía su programa fascista y justificaba la toma de Groenlandia por la fuerza. «Estas son las leyes de hierro que rigen el mundo desde el principio de los tiempos».
En la madrugada del 3 de enero, la Administración Trump llevó a cabo una incursión televisada en Venezuela, bombardeando al menos siete objetivos en Caracas y secuestrando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Esta operación culminaba una campaña de presión de un año de duración, durante la cual la administración calificó a los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos como «narcoterroristas», intentó aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, bombardeó supuestos «barcos de drogas», confiscó petroleros y desplegó la Marina estadounidense para bloquear Venezuela.
El régimen de Trump acusó inicialmente a Maduro de dirigir el llamado «Cártel de los Soles», una invención tan ficticia como la designación de una supuesta organización denominada «Antifa» —es decir, la totalidad del movimiento antifascista— como organización terrorista. Aunque dos días después revisaron esta acusación para articular un caso legal algo menos endeble, este proceder es característico de su método: comenzar con una narrativa falsa y buscar después los medios para imponerla a la realidad.
Uno de los principales objetivos de Donald Trump era difundir una fotografía de Nicolás Maduro encadenado, evocando las imágenes que las agencias federales han publicado de personas secuestradas por el ICE. En lugar de ofrecer mejoras reales en las condiciones de vida de la población, Trump ofrece a sus seguidores la satisfacción vicaria de identificarse con carceleros y torturadores. Su objetivo es deshumanizar a sus adversarios y desensibilizar al conjunto de la sociedad ante la violencia que será necesaria para sostener su dominio y el propio capitalismo en una era de beneficios decrecientes.
Los grandes medios de comunicación corporativos están desempeñando su papel habitual de oposición leal: cuestionan la legalidad de la operación mientras demonizan a Maduro y ensalzan a su rival derechista, María Corina Machado. Para quienes aspiran a oponerse al imperialismo —anarquistas y otros movimientos— resulta imprescindible situar el ataque contra Venezuela en un contexto más amplio, reflexionar sobre qué forma podría adoptar una oposición eficaz e identificar cómo responder.
El manual
El Gobierno de Estados Unidos tiene una larga trayectoria de intervenciones imperialistas en América Latina, que abarca más de un siglo de operaciones contra Cuba, el sangriento golpe militar en Chile en 1973 o la invasión de Panamá ordenada por George Bush padre en 1989. El ataque contra Venezuela se inscribe en la continuidad de iniciativas más recientes: desde las invasiones de Afganistán e Irak bajo George W. Bush en 2002 y 2003, hasta el desmantelamiento, por parte de Joe Biden, del llamado «orden internacional basado en normas» para permitir que Benjamin Netanyahu lleve a cabo un genocidio en Palestina a partir de 2023.
Al mismo tiempo, el programa de la administración Trump supone una ruptura con las formas anteriores. Al apostar por la extracción de recursos mediante la fuerza bruta, sin siquiera la pretensión de una agenda ideológica alternativa, Trump se alinea con Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu en la inauguración de una era de rapiña abierta y desacomplejada.
Aunque los subordinados de Trump han invocado las elecciones amañadas celebradas en Venezuela en 2024 para justificar el ataque, no existe ninguna intención real de promover elecciones libres ni «democracia» en el país. Algunas fuentes sostienen que la oposición liderada por María Corina Machado cuenta con el apoyo de cerca del 80 % de la población venezolana, pero Trump afirma que no dispone del respaldo suficiente para gobernar; presumiblemente, se refiere a la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas. Trump preferiría tratar con un régimen autocrático que le fuera directamente leal. Al fin y al cabo, tampoco desea rendir cuentas ante las urnas, ni en Venezuela ni en Estados Unidos.
Trump está recurriendo a la guerra para esquivar una crisis interna. Aunque él mismo y un sector del Partido Republicano llevan tiempo impulsando un cambio de régimen y un refuerzo de la presencia naval en el Caribe, este golpe se ha diseñado para copar la atención mediática y desviar el foco del deterioro de las encuestas y de una serie de reveses judiciales relacionados con sus intentos de desplegar la Guardia Nacional. Paralelamente, las pruebas de su implicación en la red de abusos sexuales y violaciones vinculada a Jeffrey Epstein están empezando a resquebrajar su base de apoyo.
A medida que los autócratas ven amenazado su control del poder, se vuelven más peligrosos e imprevisibles. Las maniobras de Netanyahu para mantenerse a flote frente a sus escándalos de corrupción —incluida su disposición a sacrificar rehenes para prolongar el genocidio— son ilustrativas. Cuando la crisis se cierne sobre ellos, estos gobernantes generan nuevas crisis para distraer a la población. Toda oposición eficaz debe esforzarse por mantener la atención sobre aquello que Trump intenta ocultar. Eso es, precisamente, lo que más teme.
Entendido como una operación mediática, el ataque contra Venezuela es un ataque contra todas nosotras: un intento de intimidar a cualquiera que pudiera resistirse al régimen de Trump, de hacernos aceptar que la violencia estatal seguirá intensificándose hagamos lo que hagamos, de convencernos de que no somos protagonistas de nuestro propio tiempo.
Como ya señalamos en 2025, Trump ha copiado buena parte de su estrategia de líderes autoritarios como Vladimir Putin. Cuando Putin fue nombrado primer ministro en agosto de 1999, sus índices de aprobación eran incluso más bajos que los de Trump hoy. Resolvió ese problema mediante la segunda guerra de Chechenia, que disparó su popularidad. Desde entonces, cada vez que su apoyo se ha desplomado, ha recurrido al mismo patrón: Georgia en 2008, Crimea y el Donbás en 2014, Ucrania en 2022, consolidando progresivamente el control de la sociedad rusa hasta poder enviar a cientos de miles de personas al matadero de la guerra.
Putin ha utilizado la guerra en Ucrania como instrumento de control interno, y en Rusia este control va mucho más allá de la represión de protestas. A medida que empeoran las condiciones económicas, necesita proyectar fuerza y brutalidad constantes, al tiempo que gestiona una población cada vez más inquieta y desesperada. Reclutar a jóvenes de familias empobrecidas del interior para enviarlos al frente sirve para mantenerlos ocupados; si decenas de miles no regresan, tanto mejor: no engrosarán las cifras del desempleo ni protagonizarán protestas. El servicio militar obligatorio también ha empujado al exilio a miles de personas que podrían haber encabezado una revuelta. Es una estrategia que veremos reproducirse en otros lugares a medida que se profundice la crisis global del capitalismo.
La diferencia fundamental es que, aunque Estados Unidos es mucho más poderoso que Rusia, el control de Trump sobre el poder es mucho más frágil que el de Putin. Además, tras las desastrosas ocupaciones de Afganistán e Irak, el electorado estadounidense es hoy mucho menos tolerante con operaciones que pongan en riesgo la vida de soldados estadounidenses.
Trump no es un estratega disciplinado ni coherente. Recurre sistemáticamente a la amenaza y la intimidación, explotando la cobardía y la debilidad de sus interlocutores. Confía en que esa intimidación baste para someter a los gobiernos latinoamericanos sin necesidad de nuevas intervenciones militares. Si fracasa, probablemente recurrirá a tecnología militar, mercenarios privados y otros mecanismos para ejercer la fuerza sin desplegar tropas en el terreno. Pero la guerra, una vez iniciada, impone su propia lógica. Si la administración Trump persiste en este camino, las fuerzas estadounidenses podrían verse arrastradas a un conflicto abierto.
Tras el ataque a Venezuela, Trump y su entorno han amenazado con actuar de forma similar contra México, Cuba, Colombia, Dinamarca y otros países. Sin duda lo harán si creen actuar desde una posición de fuerza; pero incluso si las cosas se tuercen, Trump puede intentar utilizar estas maniobras como cortina de humo para ocultar su debilidad.
El regreso del saqueo
El capitalismo nació al calor del saqueo colonial y, a medida que los márgenes de beneficio se reducen en la economía mundial, los gobiernos están retomando esa vieja estrategia de acumulación.
Esto explica tanto la apropiación territorial de Putin en Ucrania como el intento de Netanyahu de utilizar el genocidio como herramienta de gentrificación, o la última aventura de Trump en Venezuela.
En un documento titulado Estrategia de Seguridad Nacional, publicado en noviembre de 2025, la administración Trump asumió explícitamente un «Corolario Trump» de la Doctrina Monroe, cuyo objetivo es «restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental» para «negar a competidores extrahemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio».
Trump ha bautizado esta estrategia como «Doctrina Donroe», proclamando que «el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado». Se trata, sin duda, del petróleo —Venezuela alberga alrededor del 17 % de las reservas mundiales—, pero también de una pugna geopolítica con China, principal inversor e importador del petróleo venezolano, que adquiere cerca del 80 % de sus exportaciones y ha concedido más de 60.000 millones de dólares en préstamos desde 2007. Esta orientación es anterior a Trump: la revitalización de la Doctrina Monroe, enfocada a competir con China y Rusia en el Sur Global, ya era un eje central de la Comisión 2024 sobre Estrategia de Seguridad Nacional creada bajo la administración Biden. Dicha comisión reclamaba explícitamente disputar a China y Rusia la influencia en América Latina en materia de explotación de recursos naturales y capacidades de proyección de poder. Trump representa el giro autoritario; la lógica económica y geopolítica ya estaba ahí.
En otras palabras, la brutalidad de Trump ofrece a la clase dominante una respuesta a un problema estructural del capitalismo contemporáneo: la evaporación de oportunidades rentables.
El plan de entregar la extracción de recursos venezolanos a empresas petroleras estadounidenses forma parte de una nueva fase de saqueo colonial, caracterizada por la apropiación directa de activos ajenos. Hay que entenderlo en el contexto del estancamiento económico y la financiarización. Históricamente, recuerda a periodos de «caos sistémico», cuando la caída de los beneficios empujó al capital hacia la especulación financiera y el sistema mundial solo logró recomponerse mediante una violencia masiva. El ejemplo más cercano es el periodo 1914-1945, que incluyó las dos guerras mundiales.
No se trata solo del petróleo, sino de reforzar las condiciones que permiten la especulación capitalista en general, y de anticipar una violencia de mayor escala. Estamos entrando en una fase de relaciones basadas en la fuerza desnuda, no en el «imperio de la ley» ni en la diplomacia. Este ataque, como la propia presidencia de Trump, es un síntoma, no la causa.
A diferencia del imperialismo populista del pasado, que redistribuía parte del botín para sostener el consenso interno, el ataque de Trump está diseñado para beneficiar a un grupo cada vez más reducido de capitalistas. La clase media y la clase trabajadora blanca han dejado de ser «socios menores» del proyecto colonial y tienen cada vez menos razones para identificarse con él.
La cuestión del liderazgo
En un primer momento, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez adoptó un tono desafiante, pero pronto dio un giro hacia una retórica más conciliadora. Esto ha alimentado especulaciones sobre una posible disposición a cooperar con el régimen de Trump, o incluso sobre negociaciones ya en marcha.
Existen múltiples escenarios posibles y resulta difícil discernir cuál es el real. Tal vez Estados Unidos haya colocado a Rodríguez ante una situación extrema que esté afrontando con valentía; tal vez existan acuerdos secretos; tal vez ocurra algo distinto. En cualquier caso, la vulnerabilidad del chavismo ante el secuestro de su líder —y la posibilidad de que sectores del gobierno venezolano se conviertan en cómplices del plan de Trump para apropiarse de los recursos del país— pone de manifiesto que toda jerarquía constituye un punto débil para los procesos de liberación.
La historia reciente ofrece ejemplos claros: antiguos gobiernos revolucionarios, como el de Daniel Ortega en Nicaragua, acabaron integrándose forzosamente en el neoliberalismo y aplicando políticas de austeridad y control estatal. Ante estas derrotas, algunas corrientes concluyen que la única soberanía posible pasa por alinearse con Estados fuertes y armados nuclearmente, lo que sustenta el llamado «campismo».
Sin embargo, Rusia y China operan bajo la misma lógica autoritaria y capitalista que Estados Unidos, y quienes las apoyen no tendrán mayor capacidad de influir en sus decisiones. El resultado es la defensa impotente de autócratas genocidas. La alternativa real no es elegir un bando estatal, sino construir una resistencia internacional desde abajo, capaz de trascender fronteras.
Para que esa alternativa sea viable, la población estadounidense deberá desarrollar la capacidad de impedir que su propio gobierno bombardee y saquee otros países.
Qué esperar, cómo prepararse
El ataque contra Venezuela marca una escalada en una guerra indirecta con China. Reconducir la base industrial —incluida la industria tecnológica— hacia la industria bélica es una forma de afrontar el estancamiento económico, pero solo será viable si la administración Trump logra reavivar el «espíritu nacional» y el patriotismo. En este sentido, puede sostenerse que la prisa por asegurar la financiación y expandir la inteligencia artificial busca, en última instancia, moldear una población más dócil, crédula y fácil de controlar.
A corto plazo, cabe esperar que la administración Trump intente de nuevo recurrir a la Ley de Enemigos Extranjeros contra la población venezolana y otros colectivos. El intento anterior de Trump y Miller fue rechazado por los tribunales porque, en aquel momento, Estados Unidos no se encontraba formalmente en guerra. Ahora que han fabricado una guerra, la utilizarán para declarar nuevas emergencias y justificar una escalada represiva. También es previsible un aumento de la violencia racista contra personas latinoamericanas y chinas, así como represalias contra la política exterior estadounidense por parte de actores no estatales o intermediarios, que la administración Trump tratará de instrumentalizar para reforzar su agenda.
Las elecciones de mitad de mandato están previstas para noviembre de 2026. Trump y el Partido Republicano no parten como favoritos, pero el expresidente ha cruzado tantas líneas rojas que no puede permitirse ninguna amenaza a su poder. Ya sea mediante interferencias electorales, fraude o —más probablemente— la creación de crisis que legitimen un estado de excepción, todo apunta a que estas elecciones serán las menos «democráticas» de los últimos tiempos. Confiar únicamente en las urnas no bastará para salir de esta situación.
A medida que Trump se vea acorralado por crisis, escándalos y obstáculos crecientes, su comportamiento será cada vez más violento, errático y peligroso. Esto es una señal de debilidad, pero se trata de una debilidad respaldada por toda la potencia del aparato militar estadounidense. Debemos anticipar enfrentamientos militares de mayor envergadura antes de octubre de este mismo año, incluidos nuevos despliegues de la Guardia Nacional y, quizá, incluso la imposición de la ley marcial.
Las guerras impopulares y carentes de un mandato claro, especialmente aquellas que implican bajas estadounidenses u otros sacrificios internos, pueden precipitar la caída de un régimen. Nuestra tarea consiste en convertir esta guerra —junto con los demás errores de Trump y los conflictos que se avecinan— en una carga insoportable para toda la clase dominante. Hará falta una fuerza popular enorme para desalojar a Trump del poder, por lo que debemos impulsar propuestas igual de ambiciosas y no limitarnos a reclamar un regreso a un statu quo centrista que ya es profundamente impopular. Las personas revolucionarias deben prepararse para superar las maniobras centristas destinadas a estabilizar el Estado sin transformarlo. Aunque ahora pueda parecer difícil de imaginar, los levantamientos y las revoluciones se desarrollan con rapidez: a lo largo de 2024, las revoluciones protagonizadas por la llamada «Generación Z» derribaron regímenes en distintas partes del mundo.
En todo Estados Unidos se han repetido consignas como «No más sangre por petróleo». Sin embargo, Trump ha llegado a la conclusión de que su base social desea ambas cosas: petróleo y sangre. Los movimientos contra la guerra tienden a adoptar un enfoque conservador, centrado en presionar a las instituciones estatales; pero, como ya hicieron administraciones anteriores, el régimen de Trump ha dejado claro que no se siente condicionado por la oposición. En lugar de limitarse a protestas simbólicas y a la formulación de demandas, es necesario construir movimientos horizontales capaces de responder a las necesidades reales mediante la acción directa. Estos movimientos deben centrarse en las condiciones compartidas por la gente común, desde Caracas hasta Minneapolis: pobreza, austeridad, expolio de recursos básicos, control ejercido por mercenarios violentos y gobiernos de magnates que no rinden cuentas. En este sentido, la resistencia contra la Oficina de Inmigración y Aduanas en distintos puntos de Estados Unidos constituye un paso prometedor.
Si, como sugiere Stephen Miller, los gobiernos no representan ni los deseos ni la voluntad de quienes gobiernan; si —como ya debería resultar evidente— no actúan en defensa de nuestros intereses, sino únicamente para acaparar la mayor cantidad de riqueza posible, entonces nadie está moralmente obligado a obedecerlos. La única cuestión es cómo acumular la fuerza colectiva suficiente —el poder popular, el poder horizontal— para derrotarlos.
Apéndice: lecturas adicionales
Como punto de partida, se recomienda consultar «Denunciamos la ofensiva imperialista contra Venezuela», una declaración internacional de organizaciones anarquistas latinoamericanas publicada en diciembre de 2025.
Para profundizar en la situación venezolana, las personas lectoras hispanohablantes pueden acudir al archivo de la ya desaparecida publicación anarquista venezolana El Libertario. Allí se encuentran, entre otros materiales, una evaluación crítica de las organizaciones sociales bolivarianas de 2006 y una recopilación de textos sobre el papel de la industria petrolera en la represión de los movimientos populares de base y su integración en la economía global. Por ejemplo:
«Venezuela forma parte de un proceso de construcción de nuevas formas de gobernanza en la región, que han desmovilizado a los movimientos sociales surgidos en respuesta a las políticas de ajuste estructural de la década de 1990, relegitimando tanto al Estado como a la democracia representativa para cumplir con las cuotas de exportación de recursos naturales hacia los principales mercados mundiales» — Ley Habilitante: dictadura para el capital energético, en El Libertario, nº 62, marzo-abril de 2011.
Desde esta perspectiva, el ataque de Trump contra Venezuela puede entenderse como una continuación contemporánea de ese mismo «proceso de construcción de nuevas formas de gobernanza en la región».
Por Quim Nogueras, autor del libro,
que puede descargarse gratuitamente AQUÍ.
Muchos de nuestros errores vienen de que no somos coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos, y cómo actuamos.
Es bien sabido que los seres humanos acostumbramos a cometer errores. Lo hacemos tan a menudo y de tan diversas maneras, que alguien que viniera de fuera podría pensar que incluso nos gusta. Pero no es así. No nos gusta nada equivocarnos, nos avergüenza, nos hiere el orgullo más que cualquier otra cosa, y por eso, antes que reconocer un error haremos lo que sea. Esto nos conduce, la mayoría de las veces, a cometer una equivocación aún mayor, en lo que se convierte en el principio de una larga sucesión de despropósitos, que puede llegar a ser de magnitud planetaria.
Cuando pensamos en la situación que vivimos hoy, no pensamos en errores, sino en la mala fe de los más poderosos. Y es cierto. Buena parte de lo que ocurre es, en mi opinión, fruto de decisiones intencionadas, de actos de egoísmo consciente, perpetrados por individuos que, con la única intención de enriquecerse, han arrojado a la miseria a millones de personas. Resulta cada vez más evidente que este abuso, lejos de detenerse, empeora día tras día, y nuestras instituciones de gobierno, en lugar de protegernos, se convierten herramientas de dominio al servicio de sus autores, los dueños del dinero.
Movimientos como Democracia Real Ya, el 15M, o los llamados Indignados, son la expresión visible de una conciencia social que se está generalizando, que responsabiliza a las grandes fortunas y los grandes partidos políticos de la crisis económica actual y que, en consecuencia, tiene la convicción de que si lográramos un sistema realmente justo y democrático, podríamos volver a vivir como cinco años atrás.
Algunas voces consideran, sin embargo, que si realmente queremos salir de esta crisis, aparte de acabar con ladrones y corruptos, tendremos que mirar más allá o, mejor dicho, tendremos mirarnos a nosotros mismos, y analizar seriamente de qué manera nuestra sociedad ha llegado a ser lo que es. Quizás entonces seremos conscientes de qué errores hemos cometido, y cuáles no nos podemos permitir repetir.
Para entender de qué se alimenta lo que llamamos el estado del bienestar, no debemos mirar la economía, sino la Tierra, lo que sacamos de ella y la huella que dejamos después. La riqueza de la que hemos llegado a disfrutar no es más que la traducción de un hecho físico crucial: en 100 años hemos multiplicado el ritmo de explotación de los recursos naturales hasta un nivel sin precedentes. Nuestros bisabuelos vivieron el nacimiento de la revolución industrial. Una nueva era en la que, gracias a la utilización masiva de los combustibles fósiles, el mundo ha sufrido una transformación total: ha cambiado nuestra manera de trabajar, de movernos, de organizar nuestras ciudades, ha transformado nuestra manera de producir alimentos, ha permitido multiplicar la población mundial y, particularmente en occidente, ha llevado a aumentar los niveles de consumo de forma completamente desmedida.
Científicos de todo el mundo advirtieron hace años que, por cuestiones geológicas, este crecimiento llegaría a un límite, que la producción de petróleo alcanzaría un máximo a partir del cual comenzaría a declinar inexorablemente, un proceso que también seguirían el carbón, el gas natural, el uranio, así como la mayoría de las materias primas que ahora consideramos esenciales.
Advirtieron también de los efectos climatológicos que tendrían las emisiones de CO2 provenientes de la quema de los combustibles fósiles, y que ello conllevaría serias consecuencias sobre nuestra calidad de vida. Nos explicaron, además, que debido a la inercia que presenta este fenómeno, corregirlo nos llevaría décadas, y que en caso de mantenerse demasiado tiempo, corríamos el peligro de que se acelerara y se acabara desbocando.
El agotamiento de recursos y el cambio climático fueron predichos hace décadas, y son problemas tratados por nuestras instituciones de gobierno desde hace años, aunque siempre lo han hecho de puertas adentro, y sin demostrar ninguna intención real de hacerle frente. Esto ha contribuido a que la mayoría de la población continúe desconociendo la gravedad de la situación, o bien tenga la creencia de que se trata de cuestiones que nos afectarán más a largo plazo.
No hace falta ir demasiado lejos para darnos cuenta de que esto no es así, que aquel futuro que preveían los científicos ya está aquí: la producción de carburantes y de metales como el cobre no puede seguir el ritmo del crecimiento y sus precios suben hasta máximos históricos, estrangulando una economía que ya pende de un hilo; por el otro lado hace sólo unos meses sufríamos cuatro olas de calor consecutivas, el mismo verano que el casquete polar marcaba mínimos desde que se dispone de datos, poco antes de contemplar por televisión la visita de un huracán a la capital de occidente.
Nos encontramos pues en un punto clave en la historia, un momento decisivo en el que confluyen graves problemas económicos, ecológicos, políticos, climáticos… y donde nos vienen a la cabeza preguntas muy importantes, como por ejemplo:
¿Qué puedo hacer yo para prepararme para el futuro? ¿y qué puedo hacer por mis hijos?
¿Cómo podemos evitar que cada vez más gente pase hambre?
¿Hay alguien que ya se haya organizado y esté trabajando para asegurar un futuro digno?
¿Cómo puedo aportar mi granito de arena?
Con la intención de encontrar una primera orientación hacia sus respuestas, y aprovechando las facilidades que ofrece la red, he entrevistado a diferentes personas de España, expertas en sus respectivos ámbitos. Comenzaremos conversando con Carles Riba, quien nos hablará de la crisis energética y de las soluciones que la ciencia nos puede ofrecer; a continuación Fernando Valladares nos aclarará algunos puntos importantes sobre el cambio climático; preguntaremos a Arcadi Oliveres acerca de los efectos de la escasez de recursos sobre la economía y sobre el estado del bienestar; seguidamente Marta Rivera nos explicará qué riesgos planean sobre la disponibilidad de alimentos, y como resolverlos; Carles Feixa nos ofrecerá su punto de vista sobre el papel de la juventud de cara al futuro, y en último término conoceremos dos de las principales iniciativas colectivas que han surgido en nuestro país para dar respuesta a la crisis energética y ambiental, de la mano de Enric Duran (Cooperativa Integral Catalana) y Juan del Río (Red de Pueblos en Transición).
Por Gabriel Zucman. Publicado originalmente enctxt.
No se trata de minimizar los aspectos ideológicos o geopolíticos de la intervención estadounidense: reafirmar la doctrina Monroe, establecer esferas de influencia imperial.
Pero el motivo esencial de este golpe de fuerza es el petróleo: su acaparamiento y la extracción de las reservas de oro negro más importantes del mundo, explotadas durante mucho tiempo con una rentabilidad sin precedentes por las multinacionales estadounidenses y sus accionistas.
Maduro era un dictador brutal y corrupto, pero Trump se lleva muy bien con muchos dictadores brutales y corruptos, lo que no le genera ninguna hostilidad.
El objetivo principal de la expedición trumpista es otro: retomar la explotación del maná petrolero venezolano en beneficio de las grandes fortunas estadounidenses, explotación que alcanzó su primer apogeo en la década de 1950, durante la “edad de oro” mitificada por el movimiento MAGA.
Si queremos comprender la ambición de la Casa Blanca, debemos volver a esta historia poco conocida: la de un extractivismo internacional llevado al extremo, del que Trump busca escribir hoy un nuevo capítulo que, si lo consigue, podría resultar aún más extremo.
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La producción petrolera venezolana comienza en la década de 1910 con un vicio fundacional: el petróleo se entrega, por así decirlo, a las grandes empresas extranjeras.
El dictador Juan Vicente Gómez dio concesiones extraordinariamente generosas a las multinacionales estadounidenses y británicas, que rápidamente desarrollaron la producción.
En 1929, Caracas representaba más del 10 % de la producción mundial de oro negro y era el primer exportador mundial.
En 1957, el equivalente al 12 % del producto interior neto venezolano iba a parar a los accionistas estadounidenses
Inicialmente, británicos y estadounidenses se repartían el pastel. Al término de la Segunda Guerra Mundial, estos últimos acabaron llevándose todo el botín. Venezuela se convirtió en el principal receptor de inversiones internacionales estadounidenses y en su principal fuente de beneficios extranjeros.
En 1957, en el apogeo de este extractivismo transfronterizo, los beneficios registrados por las grandes empresas estadounidenses en Venezuela eran del mismo orden de magnitud que el conjunto de los beneficios obtenidos por todas las multinacionales estadounidenses –de todos los sectores– en todos los demás países de América Latina y todos los países de Europa continental juntos.
El equivalente al 12 % del producto interior neto venezolano –es decir, el valor de todos los bienes y servicios producidos cada año en el país– iba a parar a los accionistas estadounidenses. Es decir, aproximadamente lo mismo que recibía la clase popular de Venezuela, el 50 % más pobre del país.
Lectura: este gráfico muestra la evolución de la relación entre los beneficios netos antes de impuestos obtenidos por las filiales de las multinacionales estadounidenses en Venezuela y el producto interior neto de Venezuela. Fuente: cálculos del autor a partir de las encuestas plurianuales de la Oficina de Análisis Económico sobre las actividades de las multinacionales estadounidenses; véase Wright y Zucman (2018) para una presentación de estos datos.
El PIB de Venezuela aumentaba, pero en beneficio de las grandes fortunas estadounidenses que cobraban los dividendos y de los empleados estadounidenses bien remunerados.
A principios de la década de 1960, Venezuela albergaba la mayor comunidad de expatriados estadounidenses. Estos vivían en enclaves reservados para ellos, dotados de hospitales flamantes y lujosos campos de béisbol.
Es la “edad de oro” a la que el poder trumpista desea volver. Un reparto de los ingresos petroleros que difícilmente podría ser más injusto y desigual.
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También es un modelo de desarrollo profundamente inestable, que solo puede provocar reacciones violentas.
¿Cómo aceptar que los ingresos que perciben los accionistas extranjeros sean del mismo orden de magnitud que los que percibe la mitad de la población local?
Hasta la década de 1950, siguiendo los pasos de Gómez, los diferentes regímenes que se sucedieron en el poder en Caracas prefirieron mimar al capital internacional, manteniendo una fiscalidad ligera, plegándose a los deseos de las grandes empresas y, a menudo, enriqueciéndose en el proceso.
A partir de la década de 1960, al igual que en el resto de América Latina, los sucesivos gobiernos intentaron negociar condiciones financieras más equilibradas.
Venezuela se puso al frente de este movimiento. El político venezolano Juan Pablo Pérez Alfonzo fue el impulsor de la creación de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) en 1960. El país tomó las riendas del movimiento para instaurar un “nuevo orden económico internacional” y exigir una revisión de las reglas del comercio mundial.
Este proceso culminó en 1976 con la nacionalización de los activos de ExxonMobil, Shell y Chevron en Venezuela.
Donald Trump tenía entonces 30 años. Hoy en día no deja de denunciar este “robo”. Y no oculta su principal objetivo: volver a las condiciones leoninas del periodo 1920-1960.
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Si lo consigue, se puede prever una duplicación o incluso una triplicación de los beneficios de la industria petrolera estadounidense, uno de los mayores financiadores de Trump y del Partido Republicano.
Las reservas de oro negro de Venezuela son, en efecto, considerables, las más importantes del mundo. Y están prácticamente sin explotar, ya que la producción se ha desplomado debido a la mala gestión del régimen chavista y al endurecimiento de las sanciones estadounidenses en 2017.
Los intereses financieros son tanto más importantes cuanto que los precios del petróleo son más elevados que en los años cincuenta. Si Trump lograra restablecer las condiciones financieras que prevalecían a mediados del siglo XX, las ganancias obtenidas por las grandes empresas estadounidenses y sus propietarios se verían incrementadas en la misma medida.
Cuando Trump dice que quiere “gobernar” Venezuela, ese es su proyecto.
Para dar una idea de la magnitud, los beneficios de Aramco, el principal productor de petróleo de Arabia Saudí, país que alberga las segundas mayores reservas de oro negro, han ascendido en los últimos años a entre 100.000 y 150.000 millones de dólares al año.
Entre 100.000 y 150.000 millones de dólares al año: esa es la suma que está en juego hoy en día tras el secuestro de Maduro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado el golpe de Estado en Venezuela: «Vamos a dirigir el país hasta que haya una transición adecuada», ha dicho desde su residencia de Mar-a-Lago (Florida). Durante las preguntas de la prensa, remarcó que iban a «dirigir el país bien, con juicio» y que «dirigir Venezuela llevará un tiempo».
Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han sido muy claros en sus exposiciones. Por un lado, el presidente ha anunciado que “el petróleo va a fluir como debería. Lo vamos a gestionar bien”. Por otro, han advertido que Cuba y Colombia tienen razones para estar preocupadas.
Poco antes de su comparecencia, había difundido una imagen de Nicolás Maduro, esposado y con los ojos y los oídos tapados, a bordo del buque militar Iwo Jima rumbo a Nueva York, donde será juzgado por cuatro delitos, entre ellos, por presunto “narcoterrorismo”.
El secuestro de Maduro y su mujer, Cilia Flores, se produjo esta madrugada en el marco de una agresión militar aérea que Trump ha calificado repetidamente como “espectacular”.
A las 20h, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez ha denunciado el «secuestro ilegal» de Maduro y ha pedido su liberación inmediata. «Lo que hoy hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquiera», añadió en su comparecencia, durante también llamó a la calma.
Las declaraciones de Rodríguez chocan con las de Trump, quien había asegurado dos horas antes que Rubio había hablado con la vicepresidenta venezolana, y que esta se había mostrado “sorprendemente colaboradora”. Por el contrario, ha descartado que María Corina Machado, líder de la oposición, pueda liderar Venezuela porque “no tiene ni el respeto ni el apoyo dentro del país”.
Ataques previos
Estados Unidos lanzó un ataque contra Venezuela con el objetivo de derrocar a Nicolás Maduro en la madrugada del sábado. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció a través de su red social que lo habían «capturado y sacado del país». La agresión contra el país sudamericano, al margen del derecho internacional, incluyó bombardeos en las ciudades de Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira.
Este «ataque a gran escala», como lo ha definido Trump, se venía gestando desde hace meses; durante ese tiempo se produjeron diversas ofensivas estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe que, según informaba Washington, pertenecían a narcotraficantes. Este punto jamás ha sido debidamente verificado. Más de 100 personas han sido asesinadas en esos ataques. Trump ha acusado a Maduro, igualmente sin pruebas, de ser el líder del Cártel de los Soles, una banda a la que EE.UU. ha clasificado como organización terrorista internacional.
La cuestionable veracidad de estas acusaciones contrasta con el hecho incontrovertible de que Venezuela posee la mayor reserva mundial de petróleo y que desde Washington consideran de gran importancia geoestratégica controlar esos yacimientos.
Donald Trump, flanqueado por sus hombres de confianza en la operación contra el gobierno de Maduro. RTVE
La reacción de España
El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha reaccionado al ataque estadounidense con un comunicado en el que hace «un llamamiento a la desescalada y a la moderación, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas».
Además, el Gobierno español recuerda que «no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela». También remarca que España «ha acogido, y seguirá haciéndolo, a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos y que está dispuesta a ayudar en la búsqueda de una solución democrática, negociada y pacífica para el país».
El evento tuvo lugar el sábado, 17 de Noviembre 2012, en el barco StartFish II en “Puerto Marina”, Benalmádena, Málaga. Pincha para ver más fotos (facebook)
La empresa Repsol quiere extraer gas del Mediterráneo español, a sólo 3 millas de las costas de Málaga. Sólo las operaciones para buscar hidrocarburos generan daños a la pesca, contaminación, y por extensión daños al turismo. Greenpeace organizó unas charlas para debatir las prospecciones de hidrocarburos en el mar de Alborán (17-11-2012).
¿Qué peligra en el Mar de Alborán?
Noelia Villalba en su conferencia (17-11-2012). Pincha para ver algunos vídeos (facebook).
Noelia Villalba, bióloga marina, explicó que el mar de Alborán es una zona pequeña pero con mucha biodiversidad y condiciones similares al océano, por lo que es muy estudiada por muchos científicos, por su alto valor ecológico. Entre la gran biodiversidad que hay justo en la zona de las prospecciones petrolíferas están: rorcual común (segunda ballena más grande del mundo), delfín común (especie de interés especial), una especie de lapa en peligro de extinción, delfín mular (vulnerable), marsopa (supuestamente extinguida en el mediterráneo pero avistada en la zona recientemente, frente a Torrequebrada), tortuga boba (amenazada de extinción)… además de especies de interés pesquero (sardinas, boquerones, caballas…) y ecológico (plancton, posidonia…). En particular, el delfín común es una especie sobre la que no hay estudios suficientes, pero se sabe que esta zona del mar de Alborán cuenta con el mejor grupo estable del Mediterráneo (200 ó 300 individuos).
La exploración de hidrocarburos se hace disparando aire comprimido (con airguns), que generan un ruido enorme (270 dB, entre 50 y 100 Hz., cuando por encima de 22 Hz. ya se considera ruido en el mar). Esta contaminación acústica es nefasta para los cetáceos y para los peces, a los que les rompe la vejiga natatoria, los ojos… provocándoles la muerte. En cetáceos se han comprobado daños físicos y cambios de comportamiento, pues ellos usan ultrasonidos. En Abril murieron miles de delfines en Perú tras una exploración petrolífera en la costa. También se sabe que este ruido produce un estrés en los cetáceos que les hace bajar sus defensas, aumentar la mortalidad, y disminuir la natalidad.
Durante las prospecciones la pesca se reduce un 50% y, por eso, la empresa Repsol ha pagado a las cofradías de pescadores durante los días de las prospecciones para que NO salieran a faenar, alegando que es por motivos de seguridad de las embarcaciones.
A esta pérdida de biodiversidad se une la contaminación química que suponen los lodos de perforación que inevitablemente se vierten al mar durante la perforación del fondo marino, además de los riesgos de dañar gravemente dos de los sectores económicos más fuertes de la Costa del Sol: el turismo, y la pesca. Aunque, curiosamente la pesca está más amenazada aún por los propios pescadores, ya que la pesca de arrastre está poniendo en peligro su propia actividad pesquera, y ellos lo saben, porque saben que cada vez pescan menos peces, y más pequeños.
Ya se expuso en otra entrada de BlogSOStenible que las industrias energéticas principales son poderosas élites, pero en este tema están chocando también con fuertes intereses económicos (sector turístico y de restauración), científicos del Instituto oceanográfico (con sede en Fuengirola y claramente posicionado en contra de estas operaciones con serios artículos científicos que ignora el gobierno de España), y también chochan con poderes políticos, pues los alcaldes de Mijas y Fuengirola (ambos del Partido Popular) están también posicionados contra Repsol, y contra los jefes de su propio partido en el gobierno central.
Repsol ya ha provocado demasiados vertidos en las plataformas que hay frente a Tarragona, pagando multas ridículas, y provocando daños considerables (además de otros vertidos en diversos países). ¿Queremos correr todos riesgos graves para beneficiar los intereses particulares de una empresa?
El mundo tecnológico es extraño para los humanos. Estamos medio drogados. Y eso no es lo peor. Lo más grave es que no lo sabemos; o no lo queremos reconocer; síntoma clásico de toda adicción.
En paralelo, crece el consumo de medicamentos que nos adormecen, al igual que nuestra obsesión colectiva por creer que son necesarias o imprescindibles las tonterías más delirantes, desde las toallitas húmedas al agua plastificada. Vivimos en una sociedad enganchada, sumisa a los picos de dopamina. Aunque esto tiene una explicación científica basada en la evolución, hay un lado triste y autodestructivo; deshumanizador y depravado.
¿A qué estamos enganchados? Al menos, a todo esto…
Esclavos de la comodidad. Esto es dañino cuando se busca a toda costa y sin evaluar costos ni riesgos para nosotros ni para terceros.
Ante esto, buscar incomodidades voluntarias es una alternativa estoica antisistema que mejora nuestra vida.
Evitar envases de usar y tirar, incluso de vidrio, no es tan fácil como debiera, aunque tampoco es imposible.
Dependemos del petróleo. Pocas dependencias son tan graves como la petroadicción. Gran parte de nuestras sociedades se mueven con combustibles fósiles, desde este blog que estás leyendo, hasta la comida que llega a tu boca. Sin petróleo, sufriríamos apagones, tanto eléctricos como médicos, psicológicos, de suministros y hasta de paz.
Caminar e ir en bici son bombas silenciosas que despiertan a la humanidad.
Nos ciega la moda barata. Queremos vestir arreglados para que no nos miren mal; o para sentirnos superiores, si bien los mayores ladrones y asesinos siempre se presentan con corbata y relojes caros. Tampoco parece importar que la moda sea causa directa de enormes problemas ecoanimalistas.
Vestir ropa visiblemente usada, no solo introduce menos tóxicos en nuestro cuerpo, sino que golpea en el estómago de la segunda industria más contaminante del planeta, solo por detrás del sector energético.
Adoramos la carne, los lácteos, los huevos y la comida ultraprocesada. Nos da igual lo que diga la ciencia, incluso aunque nuestra salud se resienta. El consumo de alimentos de origen animal y ultracondimentados es tan sabroso y barato (subvencionado en muchos casos), que nos engancha en cada mordisco. Los dirigentes venden nuestra salud a macrocorporacionesultraazucaradas.
Solo un demente o alguien sin alternativas querría trabajar de matarife. En este oficio, la crueldad diaria insensibiliza al ser humano hasta niveles inhumanos. A partir de ahí, todos los negocios que se basan en ello —igual que la caza o la pesca— tienen podridos los cimientos.
Huimos lejos para mirar fuera cuando no queremos ver dentro. ¿Quién nos ha vendido que si no viajas en vacaciones eres un ser inferior? Los sabios saben que se aprende más sin salir de casa (Capítulo 47 del Tao Te Ching).
Viajar despacio y por tierra (sin volar) no es sinónimo de viajar cerca, ni de aprender poco. Tener el valor de mirar hacia dentro es más barato, más productivo y más valiente que subir al Himalaya, pero la foto tendrá menos likes.
Buscamos el ruido. Fabricamos máquinas que producen ruido y rellenamos con música cuando hay demasiado silencio. Nuestra sociedad se comporta como si el silencio fuera un terrorífico enemigo.
Anhelamos la riqueza. Queremos dinero para que nos admiren. Los ricos no son superiores; solo los tratamos como si lo fueran, sin importar si el origen de su riqueza es ético o no; o incluso cuando, directamente, se sabe que procede de corrupción propia o de sus antepasados.
Muchas personas se consideran clase media porque observan que hay otros más ricos y otros más pobres. La medida de Peter Singer para ver si somos ricos tal vez te sorprenda y te haga reaccionar ante este mundo asombrosamente injusto.
Nos atamos a las telecomunicaciones, a internet, a la tecnología, a la IA, a las series en streaming. La cosa va más allá del síndrome FOMO (Fear of Missing Out; miedo a perderse algo), caracterizado por ansiedad o preocupación constante por no estar al tanto de eventos y personajes; a veces tan alejados que ni conocemos en persona. Estar constantemente en conversación con unos y otros no solo es estresante, sino que nos quita tiempo para cosas importantes: leer, estudiar, pensar, descansar, pasear…
Algunas apps, como WhatsApp, tienen serios inconvenientes si se usan mal. Por eso, cada vez más personas se pasan a Telegram que, además de tener menos usuarios (eso quita ruido), no traspasa tus datos a cualquiera de las redes de Meta.
Corremos sin motivo, siervos de la inmediatez y la novedad. Lo que queremos, lo queremos rápido. Si viajamos, ansiamos llegar pronto; para así, irnos rápido a otro lugar. Ver la película es más rápido que leer el libro. Lo nuevo, rápido pasa a ser viejo.
¿Y si cada día nos proponemos hacer algo más despacio, con más calma, con más pasión?
Por supuesto, no hemos pretendido ser exhaustivos en esta lista, sino invitar a una reflexión siempre agradecida y agradable. Cambiar no es fácil, pero tampoco imposible ni difícil, si lo deseamos.
Como sociedad, es bueno saber que hay estudios que reflejan que no hace falta mucha población concienciada para provocar un cambio sustancial. Entre un 10 y un 20 % de personas activas son suficientes para arrastrar a más individuos, colectivos y también a los líderes, que tendrían que tomar medidas. Hay muchos ejemplos: el voto femenino se consiguió cuando ni siquiera muchas mujeres lo deseaban.
La sociedad actual nos ha envenenado. Ya no somos consumidores. Somos nosotros los consumidos, drogadictos del sistema; adictos al placer inmediato y a la comodidad de un sistema de vida insostenible, cuya factura pagará quién sabe quién.
Asumamos nuestras dependencias. Reconozcamos que tenemos un problema grave. Ese es el primer paso para desintoxicarnos antes de morir por sobredosis.