Estados Unidos no ejerce su dominio a través de la innovación, sino por cárteles de chips. Ha abandonado el teatro del libre mercado y gobierna a través de servidores y nubes.

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El Gobierno ha iniciado la desclasificación de documentos relativos al 23 de febrero de 1981. La decisión llega más de cuatro décadas después del intento de golpe de Estado y se produce bajo un marco jurídico que sigue siendo anómalo en términos democráticos: la Ley de Secretos Oficiales vigente es de 1968, aprobada en plena dictadura franquista y apenas modificada tras la Transición. No fija plazos automáticos de desclasificación ni establece un órgano independiente que supervise qué debe abrirse y cuándo.

En la práctica, eso significa que la transparencia no es un derecho estructural garantizado por calendario, sino una decisión política. El Ejecutivo conserva el control sobre el ritmo, el alcance y la arquitectura de la apertura. Los documentos publicados contienen información relevante. Pero aparecen como piezas sueltas. Y en esa fragmentación es donde surgen las zonas de sombra. Las analizamos.

El relato que consolida la versión oficial

Entre los papeles desclasificados, el documento titulado «Sucinto relato de los sucesos sucedidos los días 23 y 24 de Febrero de 1.891 a raíz del asalto al Congreso de los Diputados según fueron conocidos en el Palacio de la Zarzuela» es especialmente relevante.

A diferencia de las conversaciones espontáneas o las notas que recogen rumores, este texto ofrece una narración coherente de las horas clave. Su contenido refuerza el relato institucional: presenta al Rey como ajeno a cualquier trama golpista y garante del orden constitucional.

En el documento se relata cómo el general Armada llama a Zarzuela con intención de trasladarse al Palacio, y la respuesta aparece formulada de manera tajante: un “NO” rotundo que bloquea cualquier aproximación. La negativa es determinante y refuerza la imagen de la Corona desvinculada de la trama.

El texto detalla también cómo el Rey coordina con capitanes generales, organiza el mensaje televisado y encauza la respuesta institucional. Todo encaja en un relato ordenado, y el Rey aparece como garante decisivo de la democracia.

Ahora bien, es fundamental matizar qué tipo de documento es, pues no se trata ni de transcripción literal ni una grabación, sino que es un relato interno, reconstruido a posteriori. Esto no implica que sea falso, pero sí que no estamos ante palabras exactas. Es una narración institucional que, naturalmente, consolida el relato oficial.

Armada, el gobierno de concentración y la conversación con Tejero

Entre los papeles desclasificados figura la conversación telefónica entre Juan García Carrés y Antonio Tejero. Leída sin marco institucional que la contextualice, la conversación muestra tensión, expectativa de apoyos militares y referencias constantes a figuras clave como Milans del Bosch y, sobre todo, el general Alfonso Armada.

En el intercambio aparece mencionada la propuesta de Armada de articular un gobierno de concentración que incluiría incluso a Santiago Carrillo. Esta hipótesis ha sido discutida durante años, pero su aparición en una conversación directa entre implicados en el golpe devuelve al centro la pregunta esencial: ¿qué papel jugaba exactamente Armada y bajo qué legitimidad operaba?

Armada no era un actor marginal, y su proximidad histórica a la Casa Real convierte cualquier iniciativa suya en una cuestión políticamente sensible. Si proponía una salida institucional alternativa, ¿lo hacía por iniciativa propia o convencido de contar con una cobertura superior? El documento no resuelve esa incógnita.

Además, la conversación revela la precariedad del momento. García Carrés intenta utilizar a la esposa de Tejero como canal indirecto de comunicación, pidiéndole que él hable en voz alta para poder retransmitir el mensaje desde el exterior. Es una escena casi improvisada que muestra un golpe dependiente de señales inciertas y expectativas frágiles.

Sin embargo, la publicación no conecta este diálogo con otras comunicaciones paralelas ni con movimientos institucionales en la misma franja horaria. La pieza queda aislada. Y lo aislado no cierra el relato.

Los rumores cualificados sobre reuniones con la Casa Real

Otro documento especialmente delicado es la nota interior del Ministerio del Interior fechada el 5 de febrero de 1982. A diferencia del documento que narra cómo ocurrieron los hechos en la Moncloa (que consolida el relato oficial), esta pieza es la que más claramente ha reactivado interpretaciones críticas sobre el papel de la Corona.

El texto recoge informaciones procedentes de “núcleos cualificados de opinión” en Cantabria y de ambientes castrenses que daban por seguras entrevistas confidenciales del Rey con militares implicados en el 23-F, concretamente con el general Armada y con Milans del Bosch. El documento insiste en que no se trata de rumor “callejero”, sino de círculos restringidos y con presencia militar.

Si bien no prueba implicación alguna de la Corona en la trama golpista, sí demuestra que, en determinados sectores militares y de opinión restringida, se consideraba verosímil que el Rey hubiera mantenido contactos reservados con algunos de los principales implicados. Y esa percepción, en un contexto tan delicado como el posterior al 23-F, no es políticamente irrelevante.

Además, el propio documento añade un elemento significativo: según esas versiones, el objetivo de tales encuentros sería evitar que la Corona saliera lesionada del proceso y que los intentos de señalarla no provinieran de militares de “reconocida vocación monárquica”. Esta frase es particularmente sensible porque introduce la idea de una posible gestión política de daños institucionales.

De nuevo, nada de esto constituye una prueba de implicación directa del Rey en el golpe. Pero sí convierte dicho documento en el texto que más alimenta la hipótesis de que el entorno de la Corona pudo haber estado, como mínimo, en una zona de contacto político con algunos de los protagonistas. De ahí que este documento sea el más delicado de los publicados hasta ahora.

Estados Unidos y la frase diplomática que no es neutra

Entre los documentos desclasificados aparece también una referencia a la posición de Estados Unidos ante la crisis española. La fórmula que circula es conocida: Washington no se “mete en los asuntos internos” de España. En términos diplomáticos, es una expresión estándar. Pero en el contexto de un intento de golpe en un país estratégico del flanco sur europeo, la frase no es inocua.

Lo relevante no es sugerir una implicación directa de Estados Unidos, sino constatar que la dimensión internacional formaba parte del clima político del momento. Los actores implicados eran conscientes de que la reacción exterior importaba. La ausencia de condena inmediata podía interpretarse como margen de maniobra.

El problema, de nuevo, no es el documento en sí, sino su aislamiento. No sabemos qué información manejaban las autoridades españolas sobre la postura estadounidense en tiempo real, ni si hubo comunicaciones diplomáticas adicionales no publicadas. La pieza aparece, pero no se integra en una reconstrucción global del contexto internacional.

Transparencia fragmentaria y reforma pendiente

La cuestión no es alimentar teorías conspirativas ni desmontar sin pruebas el relato institucional, pero mientras España siga operando bajo una Ley de Secretos Oficiales heredada del franquismo, sin plazos automáticos de apertura ni supervisión independiente, la desclasificación seguirá siendo discrecional. La historia se abrirá por decisión política, no por derecho ciudadano.

El 23-F es el episodio fundacional de la democracia española. Si la desclasificación quiere fortalecer la confianza institucional, no basta con liberar documentos. Es necesario reformar el régimen del secreto y asumir que el archivo no es propiedad del poder ejecutivo. Porque abrir papeles es un gesto, que, en el mejor de los casos, obedece a una buena voluntad del Ejecutivo de Sánchez, pero no basta con liberar documentos si se hace de manera que la estructura global del acontecimiento permanezca difusa.

En este sentido, tenía razón Javier Cercas cuando insistía en que la democracia española solo podría madurar del todo cuando el episodio dejara de estar rodeado de zonas opacas. Y esto, por desgracia, todavía no ha sucedido.

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La medida había sido suspendida como parte de una ofensiva generalizada de la derecha política colombiana enquistada en organismos judiciales para desgastar al gobierno progresista hasta el final de su mandato.

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Tras casi cinco décadas de democracia, el sistema político aragonés se seguirá resistiendo a asumir la complejidad de su propia sociedad, comenzando por sus lenguas.

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La sanción de la reforma laboral, si termina de consumarse en el Senado, será un triunfo del Gobierno, pero puede implicar un punto de no retorno donde las victorias políticas se convierten en derrotas sociales.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Democráter, un espacio de análisis político y social que apuesta por una mirada profunda a los distintos temas que preocupan a la ciudadaníia.

Falta aún más de un año para las próximas elecciones generales –siempre y cuando algún giro de los acontecimientos fuerce un cambio en el calendario–, pero la tensión preelectoral está ya en el ambiente, con los comicios autonómicos de Aragón, Castilla y León y Andalucía. En este contexto, el Gobierno de Pedro Sánchez afronta la recta final de la legislatura. Y lo hace en un momento especialmente delicado para el Partido Socialista, cercado por diversos procesos judiciales, supuestas tramas de corrupción y denuncias por acoso sexual dentro de sus filas. El caso Salazar, las conversaciones entre Ábalos y Koldo repartiéndose mujeres o el fallo en las pulseras antimaltrato ponen en riesgo el voto femenino a una formación que se define como “el partido de las mujeres”.

En sus barómetros mensuales, el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) realiza rutinariamente varias preguntas que, estudiadas por sexos, dan pistas sobre por qué el sufragio de las mujeres es “capital” para el Partido Socialista. A continuación analizamos algunos de estos indicadores durante el último año y entrevistamos a Ana Salazar, politóloga y presidenta de la Asociación de Comunicación Política (ACOP), para ahondar en el contexto de estos datos.

Las mujeres, determinantes para el PSOE

Una de las preguntas más destacadas es la intención de voto, es decir, a quién votarían los encuestados en caso de que mañana se celebrasen unas elecciones generales. Los resultados de los últimos doce barómetros revelan que, en todos los casos, las mujeres votarían más al PSOE que los hombres. La diferencia es notable, con una media de cuatro puntos en esta brecha.

Esta tendencia se aprecia claramente en el gráfico anterior, que también revela cómo el estallido del caso Salazar, coincidiendo con el envío a prisión del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, el pasado julio, desplomó la intención de voto al Partido Socialista. “Ahí hay un shock que deja una huella demoscópica que se ve con claridad meridiana”, comenta la politóloga.

Aunque en los siguientes barómetros la preferencia electoral parece recuperarse, la experta añade que la “clavada hacia abajo” de julio pudo ser “la gota que colmó el vaso” después de meses de escándalos. “Obviamente, esto va a afectar en las elecciones. ¿Hasta qué punto? Eso es lo que no sabemos. El desgaste está ahí, y ya se encargará la oposición de volver a sacar esa bandera cuando toque”, apunta.

Daños colaterales

La presidenta de ACOP señala que una de las formas de medir este desgaste no es sólo mediante la intención de voto al propio PSOE sino, precisamente, a otros partidos.

En julio, mientras los socialistas se desplomaron en las encuestas, se produjo un significativo aumento de la intención de voto a Vox y, en menor medida, también al PP, según los datos del instituto que dirige José Félix Tezanos. Si bien Salazar puntualiza que “no podemos decir que haya un trasvase directo de votos”, sí interpreta que tras esos datos “no hay tanto una cuestión ideológica sino un castigo”.

Durante el primer semestre de 2025, la intención de voto de las mujeres al partido de extrema derecha se situaba en torno al 6%. En julio, esta cifra se disparó por encima del 10%, una tendencia que se ha mantenido desde entonces. La intención de voto a los populares, por su parte, creció entre las mujeres más de dos puntos, hasta casi alcanzar al PSOE.

Las polémicas debilitan a Sánchez

Los diversos escándalos del año pasado no sólo han hecho mella en el partido, en abstracto, sino también sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Nos fijamos ahora en otras dos preguntas de las encuestas del CIS cuyos resultados arrojan datos de interés para los socialistas sobre la importancia de atraer y fidelizar el voto femenino.

Por un lado, las mujeres valoran mejor a Sánchez que los hombres. El siguiente gráfico muestra el promedio de las respuestas del último año. En una escala del 1 al 10, siendo 1 “muy mal” y 10 “muy bien”, ellas mencionan menos las peores calificaciones (1, 2, 3 y 4), y mencionan más las mejores notas (5, 6, 7, 8, 9 y 10). No obstante, cabe señalar que el pasado mes de julio, la calificación de 1 —”muy mal”—, se disparó entre las mujeres hasta representar más del 39% de las respuestas.

También son reveladoras las respuestas de las mujeres en cuanto a preferencia de líderes para ocupar la presidencia del Gobierno. El gráfico a continuación muestra que, por lo general, las mujeres mencionan más a Pedro Sánchez que los hombres en este punto del CIS. También cómo, en el crítico julio de 2025, esta preferencia se desplomó más de tres puntos respecto al mes anterior entre las mujeres.

Ana Salazar apunta a que, al comparar variables –intención de voto, liderazgo y valoración–, vemos cómo éstas “se van moviendo de manera sincronizada. Tanto Partido Socialista como su líder, Pedro Sánchez, van alineados. Y eso hace que la intención de voto de la mujer sea importante”, subraya la experta.

Lecciones del 23J

Donde se hizo patente la importancia del voto femenino para el Partido Socialista fue en las últimas elecciones generales de 2023. “El PSOE llegaba al 23J perdiendo, las encuestas daban mayoría absoluta al PP”, recuerda la politóloga. “¿Qué pasó? Que el PSOE hizo una campaña que movilizó a la mujer, y gracias a eso salvaron los muebles”. Los socialistas lograron el 31% del voto femenino, casi ocho puntos más que el PP, y muy por delante de Sumar, según recogió el CIS en su estudio postelectoral.

Con todos estos elementos sobre la mesa, el PSOE se enfrenta ahora a una carrera a contrarreloj para limpiar su imagen y recuperar la confianza de las mujeres. El gran reto es hacerlo mientras sigue convaleciente del daño provocado por los recientes escándalos en materia de feminismo, igualdad de género y defensa de los derechos de las mujeres, pilares que ha abanderado en los últimos años.

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En Palestina, y de forma más acentuada en Gaza, el daño ambiental se ha utilizado como arma de devastación y exclusión, y es una característica de la política colonial sionista. Forma parte de la destrucción premeditada, por parte de Israel, de todo el tejido social y ecológico de Palestina. Es lo que se ha dado en llamar apartheid ecológico. Varios estudios han trabajado este aspecto de la ocupación israelí de Palestina, donde el daño ambiental va mucho más allá de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Es necesario retroceder en el tiempo para comprobar cómo este daño ambiental deliberado se ha estado llevando a cabo durante muchas décadas.

Durante mucho tiempo, Israel se ha referido a la Palestina anterior a 1948 como un desierto estéril en contraste con el supuesto oasis creado tras el establecimiento del Estado israelí. Este oasis tiene también una cierta función en el proyecto israelí de eliminar Palestina. El Fondo Nacional Judío, una organización paraestatal, intentó, mediante la repoblación forestal, borrar los restos físicos de 86 pueblos palestinos destruidos durante la Nakba. La plantación de árboles sirvió para ocultar el desplazamiento colonial masivo, la destrucción del medio ambiente y el expolio. Igualmente, los colonos israelíes han creado un nuevo paisaje para sustituir al autóctono. Es la transformación impuesta del medio ambiente original.

Algunas de estas prácticas fueron utilizadas por el Reino Unido durante su Protectorado sobre Palestina (a partir de 1922). Muy especialmente en la represión de la gran revuelta del movimiento nacionalista palestino (1936-1939). Se generalizó la política de castigos colectivos, se bombardearon aldeas y se derribaron miles de viviendas. Los campesinos perdieron las tierras, se les incendiaron las cosechas, se les incautó el ganado y se arrancaron olivos y cítricos. Se generalizaron las detenciones administrativas sin juicio, las ejecuciones extrajudiciales y las torturas.

La apropiación de recursos palestinos por parte de Israel incluye el agua. En 1948 el Fondo Nacional Judío desecó el lago Hula y sus humedales, para ampliar la tierra agrícola para los colonos judíos recién llegados. Provocó un gran daño ambiental ya que destruyó especies de fauna y flora vitales y degradó seriamente la calidad del agua del lago de Tiberíades. La empresa estatal de agua israelí Mekorot desvió el agua del Jordán para que llegara a los colonos israelíes de la costa y a las ciudades y asentamientos del desierto de Naqab. Hoy, el Jordán es poco más que un riachuelo lleno de tierra y aguas residuales.

Volviendo a un momento más actual, los bombardeos constantes a partir del 7 de octubre de 2023 ya habían destruido, a principios de 2024, gran parte de las tierras agrícolas de Gaza: huertas, invernaderos, olivares y explotaciones agrícolas. En ese momento había ya más de 40 millones de toneladas de escombros y material peligroso. El suelo y el agua subterránea estaban contaminados. También lo estaba el agua del mar con aguas residuales y desechos. Israel había cortado o destruido el suministro eléctrico de las plantas de tratamiento del agua.

Ante la crisis climática

Palestina tendrá que hacer frente a la crisis climática en una situación de fuerte desventaja. Su vulnerabilidad es debida a un siglo de colonialismo, apartheid, expolio y desplazamiento poblacional por parte de Israel. A finales de este siglo, las precipitaciones en Palestina podrían disminuir un 30% respecto al período 1961-1990. El IPCC prevé que las temperaturas aumentarán entre 2,2 y 5,1°C. Se intensificará la desertificación. Unas temporadas más cortas de crecimiento de los cultivos y la precariedad del agua amenazarán la seguridad alimentaria.

Existe una profunda asimetría en la forma en que la crisis climática afectará a Israel y a Palestina. La ocupación de Israel impide que los palestinos accedan a los recursos y puedan desarrollar infraestructuras y estrategias adaptativas. Por el contrario, Israel es uno de los países de la región más preparados para afrontar el cambio climático. Gracias a que se ha apoderado, saqueado y controlado la mayoría de los recursos de Palestina, ha desarrollado tecnología para aliviar algunos de los impactos del cambio climático. Su más cruda manifestación es el acceso al agua.

A diferencia de los países vecinos, no existe escasez de agua entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Sin embargo, la escasez crónica de agua afecta a los palestinos de Cisjordania y Gaza como resultado de la política de ocupación y la infraestructura hídrica del apartheid. Desde que ocupó Cisjordania en 1967, Israel ha monopolizado las fuentes de agua.

El acuerdo de Oslo II de 1995 otorgó a Israel el control sobre el 80% del agua de Cisjordania. Ello incluye el control israelí de las fuentes de agua, cuotas estrictas de suministro para los palestinos, la denegación de la excavación de pozos y la destrucción repetida de la infraestructura hídrica palestina. En Cisjordania, en 2020, sólo el 36% de los palestinos tenía acceso fiable durante todo el año y el 47% recibía agua menos de 10 días al mes. Los 600.000 colonos ilegales de Israel utilizaban seis veces más agua que los 3 millones de palestinos. Los asentamientos ilegales consumen 700 litros per cápita al día, incluyendo piscinas y césped, mientras que algunas comunidades palestinas, desconectadas de la red del agua, sobreviven con tan sólo 26 litros por persona. La OMS establece que el límite inferior necesario es de 100 litros/habitante/día. El consumo medio de agua en Catalunya es de unos 117 litros por habitante y día.

En Gaza, la situación es mucho peor. Incluso antes del 7 de octubre de 2023, sólo el 30% de los hogares tenían acceso diario al agua y entre el 90% y el 95% del agua de Gaza no era potable ni para regar. El agua contaminada causaba más del 26% de las enfermedades registradas y era una de las principales causas de mortalidad infantil (más del 12% de las muertes). Israel no sólo bloquea la entrada suficiente de agua limpia en Gaza, sino que también impide la construcción o reparación de infraestructuras prohibiendo la entrada de los materiales necesarios. En febrero de 2025 Oxfam estimaba que la cantidad de agua disponible en Gaza era de 5,7 litros por persona y día.

Como consecuencia, los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad y calidad del agua tendrán consecuencias mortales, sobre todo en Gaza.

Imagen de Israel como país verde

Este objetivo ya quedó reflejado en los Acuerdos de Abraham firmados en 2020 por Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán y que recoge acuerdos para implementar conjuntamente proyectos medioambientales de energías renovables, agroindustria y agua. En Marruecos, desde entonces, las inversiones y los acuerdos israelíes han aumentado, especialmente en la agroindustria y las renovables.

En 2022, Jordania e Israel firmaron un memorando de entendimiento para un estudio de viabilidad de potabilización de agua. Jordania comprará agua de una estación desalinizadora israelí alimentada por una planta solar en Jordania. La imagen beneficiosa que el proyecto transmite enmascara el saqueo, durante décadas, del agua palestina por parte de Israel. Mekorot, empresa estatal israelí de desalinización, se posiciona como líder mundial del sector. Parte de los beneficios que genera se destinan al apartheid del agua por parte del gobierno israelí.

También en 2022, Jordania, Marruecos, Emiratos, Arabia Saudita, Egipto, Bahréin y Omán firmaron otro memorando de entendimiento con dos empresas energéticas israelíes para implementar proyectos de energía renovable en toda la región: energía solar, eólica y almacenamiento de energía. Todos estos acuerdos refuerzan la imagen de Israel como actor regional clave en energías renovables, al tiempo que le permiten extender su influencia geopolítica en toda la región. El objetivo es integrar a Israel en las altas esferas energéticas y económicas de su entorno árabe desde una posición de superioridad que, a su vez, puede ayudar también a la normalización y blanqueamiento de la imagen de Israel.

Posición de Israel en la región

En Oriente Medio se produce alrededor del 35% del petróleo del mundo. Por otro lado, Israel pretende convertirse en un centro de energía a nivel regional, mediante yacimientos de gas en el mar Mediterráneo. El dominio de Estados Unidos en Oriente Medio se basa en dos pilares: Israel y las monarquías del golfo Pérsico. Israel (en palabras del ex secretario de Estado de Estados Unidos, Alexander Haig, “el mayor portaaviones norteamericano del mundo”) ayuda a controlar los recursos de combustibles fósiles, aporta vigilancia y se integra en la región a través de sectores como el agronegocio, la energía y la desalinización. Estados Unidos y sus aliados se esfuerzan por normalizar la presencia y la función de Israel en la región. Este proceso comenzó con los Acuerdos de Camp David (1978) y ha continuado con el Tratado de Paz entre Jordania e Israel (1994) y los Acuerdos de Abraham y los memorandos mencionados.

Emisiones militares de carbono

Diversos informes han intentado estimar las emisiones militares de carbono asociadas a la ocupación israelí. Nos interesa uno especialmente por dos razones; abarca un periodo muy amplio, desde el establecimiento del estado de Israel (1948) hasta enero de 2025 y calcula la reparación climática que Israel debe al pueblo palestino a causa de esas emisiones. De dichas emisiones no sólo es responsable Israel como país ocupante, sino también aquellos países que han apoyado, en mayor o menor medida, la ocupación.

Para cuantificar el coste monetario de dicha reparación, se utiliza el concepto de Coste Social del Carbono. Este se define como el valor monetario del daño a la sociedad, a largo plazo, causado por una tonelada adicional de emisiones de carbono. Los científicos evalúan el valor del CSC en unos 285 dólares por tonelada adicional de CO2 a partir de modelos con medias globales. El resultado del CSC para Palestina será un límite inferior, ya que estas medias globales pueden ser menores que el daño tan desproporcionado que ha sufrido Palestina.

El informe da como resultado un valor de 148.170 millones de dólares para el Coste Social del Carbono de las reparaciones climáticas militares que Israel y sus aliados deben al pueblo palestino desde 1948 hasta enero de 2025. De esa cantidad, Israel es responsable de 103.000 millones, EE. UU. es responsable de 40.800 millones, y otros aliados de Israel comparten responsabilidad: Alemania 2.700 millones, otros (Francia, Reino Unido e Italia) 1.670 millones.

En esta estimación de las reparaciones no se incluyen el robo de agua, la destrucción de la flora autóctona y de los bancos de semillas.

En resumen, la destrucción sistemática de los ecosistemas y los sistemas que sustentan la vida en Palestina es una política deliberada de Israel para su territorio inhabitable. Es un acto ecocida en paralelo con el genocidio, para suprimir al pueblo palestino, su cultura y su tierra.

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Si comparamos en Idealista la cantidad de pisos de larga duración entre Madrid y Barcelona, la proporción es de diez a uno en favor de Madrid cuando la diferencia de población es de dos a uno.

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La publicación masiva de archivos sin ordenar, duplicados, censurados en unos casos y revelando la identidad de las víctimas en otros es una estrategia documentada por la literatura política. La transparencia es aquí aparente y no funciona para controlar al poder sino para legitimarlo.

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El diputado de Esquerra ha visto un hueco claro por el que postular su liderazgo para la izquierda. Su perfil bajo en lo ideológico y su alta capacidad de comunicación lo sitúan como una oferta seductora para un tipo de público determinado.

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Después de las elecciones de Aragón, donde la extrema derecha ha vuelto a dar un paso adelante y la izquierda un paso atrás, el diputado Gabriel Rufián publicaba un post en la red X que comenzaba afirmando que “quien no vea que hay que hacer algo o no ve bien o ya le va bien que no lo haya”, y concluía con una pregunta retórica: “¿No vale la pena intentar hacer algo diferente para frenarlo?” —una pregunta que, se supone, todo el mundo, al leerla, asentiría rotundamente con la cabeza: “Claro que sí”. Analicemos qué puede pretender Rufián y qué posibilidades de éxito puede llegar a tener.

Gabriel Rufián, el político

Rufián es un político de carrera; su pasado en departamentos de recursos humanos es una anécdota en su historial profesional, aunque, de vez en cuando, le resulte útil para diferenciarse de algunos de sus colegas de hemiciclo que nunca han ejercido otro oficio. Pero, a estas alturas, ya puede decirse que Rufián es un político en todos los sentidos de la palabra.

De hecho, si atendemos a las encuestas del CIS, Rufián es un político excelente. De los mejores oradores del hemiciclo. En los últimos años —ya lejos de aquel joven que aparecía en chándal, con aspecto desaliñado, e intentaba gustar a la izquierda más a la izquierda de su partido—, se ha constituido en una voz del sentido común para la izquierda situada a la izquierda del PSOE, que se siente perdida y, sobre todo, decepcionada. Rufián es, por tanto, un político al alza que no quiere dejar de ser político. Y aquí aparece el primer problema.

Esquerra Republicana de Catalunya

Gabriel Rufián es miembro de ERC, pero como dicen las malas lenguas, “Rufián es más podemita que indepe”. Seguramente esta frase sea falsa e injusta, pero no deja de tener cierto interés, en tanto que sintetiza algo en lo que casi todo el mundo puede estar de acuerdo: por sus discursos y posicionamientos, Rufián pertenece, como Joan Tardà, al sector de izquierdas de su partido. Prefiere a Podemos antes que a Junts, y se le puede oír pronunciar más veces la palabra expropiación que la palabra inversión (en un sentido financiero, se entiende).

La segunda parte de la frase es quizá más difícil de abordar. No se sabe bien hasta qué punto es independentista, ni tampoco si tiene sentido medir el sentimiento independentista en gradientes; lo que queda claro, sin embargo, es que hace tiempo que Rufián no habla de independencia. Habla menos que su propio partido, que ya es decir. Pero este silencio sobre la independencia, perteneciendo al partido político que más años ha defendido ese proyecto, puede despertar suspicacias entre sus colegas. Especialmente entre aquellos que tienen claro que son más indepes que podemitas, y que antes se irían con Junts que con Ione Belarra.

Es posible, por tanto, que Rufián, como el excelente político que es, y viendo que después de tantos años en Madrid su rol dentro del partido —como casi podemita y como no tan indepe— queda desdibujado, busque una alternativa.

Un frente amplio de izquierdas

Aceptemos, para el desarrollo del argumento, que los dos primeros puntos son ciertos. Rufián quiere hacer política, su prestigio aumenta en España y disminuye ligeramente en Cataluña, especialmente entre sus colegas de partido. En defensa de esta tesis, puede argumentarse que Oriol Junqueras ya dijo antes del verano que ERC no se planteaba la propuesta —no propuesta— de Rufián. Y Rufián, como quien oye llover, ha decidido tirar hacia adelante y organizar un primer acto en la capital de España de la mano de Emilio Delgado, de Más Madrid.

Pero la pregunta que se hacen politólogos de todas partes es la siguiente: ¿y cómo pretende hacerlo? ¿Por qué la izquierda a la izquierda del PSOE —Podemos, Sumar, IU, Bildu, BNG, ERC, Más Madrid— tendría incentivos para aceptar esta propuesta —no propuesta— de un frente amplio?

La respuesta, aquí, se complica. Pero siempre es útil, cuando se habla de política representativa, tener este mantra bien grabado: los partidos siempre buscan maximizar votos y minimizar pérdidas. Ahora bien, hay un añadido a esta frase, que diría: “Siempre que no ponga en peligro la estructura orgánica del partido”.

Dicho de otra manera: los partidos son siempre reticentes a diluir sus siglas. Las siglas son lo que permite a los políticos negociar una posición en las listas conjuntas. Cuanta más fuerza tengan las siglas, más candidatos y candidatas podrán entrar, y más posibilidades tendrán de encabezar la lista.

¿Qué interés tendría ERC, un partido consolidado al que lo que realmente le importa son los resultados en Cataluña y no en Madrid, y para quien Rufián no representa un gran activo político, en poner sus siglas en suspenso por un resultado incierto? Ninguno. Ya pueden descartarse. Y, dicho esto, también puede decirse lo mismo de Bildu y del BNG. De hecho, ya lo han dicho. Son dos formaciones que atraviesan un buen momento y cuyo arraigo está en sus respectivos territorios, Galicia y País Vasco. Una propuesta plurinacional sin representantes de esa España “pluri” no tiene recorrido.

¿Qué queda? IU también ha rechazado la propuesta. Años atrás se abrazó a Podemos precisamente porque sabían que no podían confrontarlo y que mantenerse cerca era una manera de garantizar su supervivencia (algo similar, por cierto, puede acabar pasando con ICV y Barcelona en Comú en el futuro). Queda Más Madrid, Sumar y Podemos. Y aquí es donde se juega todo.

Las tres organizaciones penden de un hilo. Estos partidos no tienen una historia tan vasta como otras formaciones a la izquierda del PSOE, como IU o el BNG; pero puede argumentarse que, de las tres, es Podemos quien ha logrado consolidar un pequeño nicho que le garantiza la supervivencia (uno o dos diputados) y, en consecuencia, la no necesidad de sumarse a aventuras épicas encabezadas —recordémoslo— por un independentista catalán.

Sumar, por su parte, no es nada; antes de comenzar la legislatura, era Yolanda Díaz —al alza—, más Íñigo Errejón. Ahora es Yolanda Díaz, pero a la baja. De hecho, su principal activo político en este momento no es ni su líder, sino Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España, un ministerio de nombre largo y competencias cortas, al que Bustinduy está sabiendo sacarle mucho partido.

Queda, por tanto, Sumar y Más Madrid. Estas son las dos formaciones susceptibles de unirse a este frente amplio que Gabriel Rufián propone sin proponer.

No es tan descabellado que lo intenten. Lo harán si las encuestas los dejan sin representación. Y entonces es cuando comenzará de nuevo la política obtusa, la que manda sin hacerse visible, la que se reúne a puerta cerrada y discute cuotas y puestos en las listas. Lo extraño sería que, llegado ese punto, no fuera Rufián quien lo encabezara. Al fin y al cabo, se lo ha ganado. Al menos, eso es lo que dicen las encuestas.

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El acto de Rufián y Delgado tendrá lugar mañana en la sala Galileo Galilei, en Madrid, a las 18.30 horas. A él acudirán representantes de Sumar, Más Madrid y Catalunya en Comú. Izquierda Unida y Podemos han anunciado que no irán.

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El autor examina cómo funciona el hype -entendido como un fenómeno que implica atraer la atención, estimular el deseo y el miedo, que está impulsado por el marketing pero también por la atención mediática- en el ámbito del capital riesgo y el capital privado, y por qué se ha convertido en un instrumento político tan poderoso.

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Las víctimas de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein eran, en su mayoría, chicas de clase obrera para las que la extorsión económica jugaba un papel esencial. Para la élite económica que abusaba de ellas, eran cuerpos intercambiables al alcance por poco dinero: 200 dólares, 45 minutos.

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Cuando Jeff Bezos se hizo con la propiedad de The Washington Post, en 2013, la pregunta era si su objetivo era recuperar la figura del editor tradicional, el que encontraba el equilibrio entre el negocio y el servicio público del periodismo, o, si, por el contrario, lo que pretendía era contar con la credibilidad de un medio para blindar su inmenso poder. La respuesta ha llegado inexorable después del segundo mandato de Donald Trump. El magnate de Amazon, la primera fortuna del mundo, se ha convertido en una amenaza para uno de los grandes símbolos globales del periodismo.

Los despidos masivos y las injerencias editoriales tienen un especial significado en la medida que afectan a un pilar esencial del periodismo frente a los riesgos antidemocráticos crecientes en Estados Unidos y en el mundo occidental. The Washington Post tiene su cabecera asociada a la investigación del caso Watergate, que forzó la salida de Richard Nixon en 1974 de la Casa Blanca. Fue el resultado de la determinación de la editora, Katharine Graham, el director, Ben Bradlee, y el trabajo de los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein. Aquella gesta marca un antes y un después en la historia del periodismo. Como ahora lo hace, en sentido contrario, el despido de 300 de los 800 trabajadores del periódico.

La crisis de The Washington Post tiene, en la última década, tres instantes claves. Los recordamos.

Primer instante: de la crisis del 2008 a Trump en 2016

En 2008 cambió todo. La suma de crisis en torno a los periódicos resultó devastadora. Los editores vieron cómo se hundía el mundo sobre el que habían basado su rentabilidad. Muchos sucumbieron a intereses ajenos a la información, y aquella crisis de credibilidad que venía de lejos se aceleró de forma dramática. The Washington Post fue una de las víctimas más visibles del nuevo escenario al que se enfrentaba la prensa en todo el mundo. Marty Baron, director del periódico entre 2012 y 2021, reconocía en una entrevista en El País, justo después de dejar el cargo, que su diario «no tenía en 2013 un modelo de negocio viable» y por eso la apuesta de Jeff Bezos era vista como una salvación.

«¿Le inquietan los posibles motivos por los que el hombre más rico del mundo podría querer un periódico en la capital del poder político?», le pregunta el periodista. Y Baron responde: «No. Nunca creí que pudiera tener ningún sentido para él creer que podría usar el Post para ejercer poder político. No necesitaba el Post para eso. Lideraba una enorme corporación y podía ejercer el poder político como siempre hacen las corporaciones, con donaciones y cabildeo. Él dijo que no tenía ninguna intención de hacerlo y luego he podido observar, desde el primer día, que no ha dado ninguna prueba de lo contrario. Nos deja funcionar independientemente, no interfiere en nuestro periodismo, no sugiere historias, no suprime historias, no critica historias. ¡Nos deja hacer nuestro trabajo!».

La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016 provocó un estado de shock en el ecosistema mediático de Estados Unidos. La victoria interpeló a los medios de comunicación en dos planos: debían preguntarse, primero, por qué no habían detectado el fenómeno Trump y, después, cómo podían revalorizar su función de frontera cívica en defensa de la democracia. Es muy relevante observar, con la perspectiva del tiempo transcurrido, las reflexiones que siguieron a este terremoto político. The New York Times lideró desde el periodismo la respuesta a Donald Trump. En el intermedio de la ceremonia de los Oscar de 2017, el periódico emitió un anuncio en el que decía: «La verdad es difícil…, difícil de encontrar…, difícil de saber…, y más importante ahora que nunca». The Washington Post también libró el mismo combate. Tras la victoria de Trump, situó debajo de la cabecera la frase: «La democracia muere en la oscuridad».

«En una democracia —defendía Baron en la entrevista—, debemos tener un debate vigoroso y vibrante, pero necesitamos operar desde una serie común de hechos. Y hoy en día ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en lo que pasó ayer. Uno debe preguntarse cómo puede funcionar la democracia en un ambiente así. ¿Cómo funciona la prensa cuando una parte sustancial de la población cree en cosas que son directamente falsas y en teorías conspiratorias disparatadas?». La segunda victoria de Donald Trump ofrecía respuestas muy pesimistas para la sociedad norteamericana y, también, para The Washington Post.

Tras la primera victoria de Trump, una parte significativa de la ciudadanía de Estados Unidos se tomó el apoyo a los medios como una forma de militancia. Ante los ataques de Trump, miles de ciudadanos se implicaron en la sostenibilidad de la prensa libre. En las semanas que siguieron a las elecciones de 2016, revistas (como The New Yorker, The Atlantic y Vanity Fair), periódicos (como The New York Times, The Wall Street Journal, Los Angeles Times y The Washington Post) y organizaciones sin fines de lucro (como NPR y ProPublica) experimentaron grandes aumentos en las tasas de suscripción o donaciones. The Guardian y Mother Jones también se beneficiaron de la reacción de los ciudadanos. Tras la primera victoria de Trump, The Washington Post contrató más periodistas y apostó por historias de investigación y más profundas.

Segundo instante: Trump vuelve a la Casa Blanca

Con la segunda victoria de Trump todo fue muy distinto. La sociedad que había apostado por los demócratas entró en estado de shock. Esta vez todo fue muy distinto. También para The Washington Post.

Ya antes de las elecciones se hizo evidente que, en el fondo, lo que buscaba Bezos era contar con la credibilidad de un gran medio para lograr su verdadero objetivo: figurar, junto a Elon Musk y otros tecnomagnates, en la cima de la simbiosis entre poder económico, tecnológico y político. Y el espíritu independiente de la redacción de The Washington Post dejaba de ser un plus para convertirse en una carga.

Trump ya no era un accidente de la historia. Encarna una nueva era y Jeff Bezos no dudó. Prohibió a ‘su’ periódico posicionarse en favor de la candidata demócrata, Kamala Harris, y el 26 de febrero de 2025 interfirió directamente en la línea editorial en un mensaje publicado en X: «Os escribo para informaros de un cambio que se producirá en nuestras páginas de opinión. Vamos a escribir todos los días en apoyo y defensa de dos pilares: las libertades personales y el libre mercado. Por supuesto, también trataremos otros temas, pero los puntos de vista opuestos a esos pilares serán publicados por otros».

Más de un cuarto de millón de suscriptores –una décima parte de los que conservaba en el 2025– se dieron de baja del diario tras tal decisión de Bezos. El jefe de Opinión de The Washington Post, David Shipley, presentó inmediatamente la dimisión. La democracia, como había rezado su cabecera, se adentra en tiempos de ‘oscuridad’.

Tercer instante: despidos masivos

La crisis abierta por Jeff Bezos en The Washington Post marca el inicio de una nueva etapa. Por eso es importante recordar los consejos de quien fue su director: «Tenemos una misión, y parte de esa misión es hacer que la gente poderosa y las instituciones rindan cuentas. Eso incluye, claro, a aquellos a los que se les confía gobernar el país. Tenemos que ceñirnos a esa misión, independientemente de quién esté en el poder. Por eso tenemos una prensa libre en Estados Unidos. Por eso se redactó la primera enmienda. Se trata de hacer nuestro trabajo. Eso es todo». Sin embargo, para poder seguir haciendo «nuestro trabajo», The Washington Post necesitó ponerse en manos del propietario de Amazon, Jeff Bezos. Y ahora sufre las consecuencias.

Trescientos de los 800 trabajadores de The Washington Post han sido despedidos. Los recortes masivos afectan a todas las secciones, especialmente deportes, la redacción de local y los suplementos de libros. También afecta a los corresponsales internacionales y los enviados especiales al extranjero. Un caso paradigmático es el de la responsable de la oficina del periódico en Ucrania, Siobhán O’Grady, quien recordó en X que «durante casi un siglo, los corresponsales extranjeros del Post han estado en primera línea en guerras, pandemias, crisis económicas, levantamientos civiles y mucho más». Y concluyó «Washington nos necesita. El mundo nos necesita».

Para Martyn Baron, estamos ante uno de los momentos «más oscuros en la historia de una de las organizaciones de noticias más importantes del mundo. Las ambiciones de The Washington Post se verán drásticamente mermadas, su talentoso y valiente personal se verá aún más reducido, y el público se verá privado de la información objetiva y de primera mano en nuestras comunidades y en todo el mundo, que se necesita más que nunca».

Peggy Nooanan, columnista de The Financial Times, escribía el 5 de febrero que lo que ocurre en The Washington Post «es un duro golpe porque se percibe como otro factor desmoralizante en nuestra vida nacional (…) Los despidos no significan una reestructuración de un periódico ni una reorganización de prioridades, sino la ruina de un periódico, uno excelente, una figura de grandeza periodística desde algún momento de la década de 1960 hasta algún momento de la década de 2020″.

El director ejecutivo de The Washington Post, Will Lewis, presentó la dimisión el sábado 7 de febrero. Será reemplazado por el director financiero de la publicación, Jeff D’Onofrio. Todo un signo de los nuevos tiempos.

Conclusión: dos modelos de prensa global y un fracaso

La batalla para regenerar la prensa es global. Por eso son tan importantes, también, los referentes globales. Existían tres grandes modelos. El que representa The New York Times, el de una familia editora (los Sulzberger) que afianza su periódico como diario de una ciudad y, a la vez, del mundo. The New York Times rediseñó íntegramente su edición digital en 2015 y consolidó su condición de periódico de referencia a escala mundial. El diario mantiene un sostenido crecimiento y a finales de 2025 tenía 12,78 millones de suscriptores, de los cuales más de 95% son digitales. Resulta significativo que las suscripciones internacionales crecen más rápidamente que las de Estados Unidos.

El otro gran modelo de prensa global es el británico The Guardian, que está editado por una fundación, una sociedad sin ánimo de lucro. El diario se ha convertido en una organización multiplataforma, que apuesta por el periodismo de datos y la visualización infográfica de la información, los contenidos multimedia y el uso intensivo de las redes sociales. Su espíritu innovador, le ha llevado también a explorar nuevos modelos de financiación, basados siempre en la implicación de los lectores.

El tercer modelo lo encarnaba The Washington Post, que se había convertido en un gran laboratorio al pasar de manos de una familia (los Graham) a las de un magnate de la venta online, (Jeff Bezos). The Washington Post en los primeros años de la ‘era Bezos’, logró mantener el pulso con su gran rival, The New York Times. En el mes de octubre del año 2015, el Post consiguió alcanzar la cifra de 66,9 millones de usuarios únicos en todas las plataformas, superando por primera vez al NYT, que se quedó en 65,8 millones de usuarios, según datos de comScore. Pero al final su talón de Aquiles, estar en manos de un editor sin un compromiso ético con el periodismo, le ha pasado factura.

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La derecha lo explicó con absoluta claridad: votarles en Aragón era impugnar a Pedro Sánchez y a Cataluña. ¿La respuesta? Las derechas aragonesas, con una alta participación, votaron contra el sanchismo con ilusión y catapultaron a Vox.

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1. El gol del honor

“¡Vaya hostia!”. Es lo que le salió del alma herida a Susana Díaz Pacheco aquella aciaga noche de 2017 en que perdió ante Pedro Sánchez las primarias del partido. Lo mismo podría haber dicho anoche la exministra y candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría. Lo mismo, en realidad, podría haber dicho anoche toda la izquierda aragonesa, cuya humillante derrota a manos de las derechas apenas quedó maquillada por esos seis diputados de la Chunta Aragonesista que venían a ser como el gol del honor de las izquierdas al término del que sin duda fue uno de sus peores partidos de la temporada. En casos así en el fútbol, los dueños del equipo suelen echar al entrenador. Con los partidos es más complicado porque el propietario y el entrenador suelen ser la misma persona.

2. Perder ganando, ganar perdiendo

Los datos crudos de las elecciones aragonesas de ayer son estos: el PP suma 26 escaños, aunque pierde dos; el PSOE se queda en los huesos con 18, que son cinco menos que en 2023; Vox engorda hasta lograr 14, el doble que en las anteriores autonómicas; Chunta Aragonesista da también la campanada pasando de tres a seis diputados; Aragón Existe tenía tres y se queda en dos; Izquierda Unida-Sumar conserva el que tenía y Podemos, que ya estaba semidesaparecido, desaparece. La mayoría absoluta son 34 escaños y las derechas suman 40, aunque con sensaciones muy distintas en cada uno de los dos partidos: el PP gana pero pierde y Vox pierde pero gana. Como en Extremadura. 

3. Sudor y tinta

Jorge Azcón no necesitará comprar tinta para recargar la pluma con que firmará su primer decreto como presidente de Aragón: tendrá de sobra con la que le hará sudar Vox. Parafraseando a aquella profesora de danza de la serie Fama, Santiago Abascal ya tiene preparada la frase que le dirá a Alberto Núñez Feijóo la próxima vez que lo vea: “Buscas el poder, pero el poder cuesta; y aquí es donde vas a empezar a pagar… con sudor”. O con tinta. Jorge Azcón en Aragón y María Guardiola en Extremadura adelantaron elecciones siguiendo las órdenes de Génova y el Señor los ha castigado a ambos haciendo mayor su dependencia de la ultraderecha. Sánchez está más débil que ayer, pero ellos también.

4. ¡Muerte al ‘Perro’!

El PP logra su objetivo táctico de debilitar a Pedro Sánchez, pero no su objetivo estratégico de liberarse de Vox. Anoche, los francotiradores de Génova se apresuraron nuevamente a dar por muerto al ‘Perro’, pero el maldito chucho se resiste a morir pese a los dos tiros que ya lleva en la barriga: el tiro extremeño y el tiro aragonés. El tercer disparo será el castellano y el cuarto el andaluz. Demasiado plomo para que el bicho llegue vivo al verano de 2027. Y sin embargo… Sánchez se aparece en las pesadillas de Feijóo como ese personaje de las películas que el espectador da por muerto tras haber recibido varios disparos, pero que en el último momento logra empuñar su arma desde el suelo y descerrajarle a su agresor un tiro certero entre ceja y ceja. En el PP no pueden dejar de preguntarse cuánto plomo hay que meterle al ‘Perro’ para que expire de una maldita vez. 

5. El espectro de Ohio

Como los de Ohio en Estados Unidos, ¿los resultados de Aragón anticipan los de España en las legislativas que el PP querría ver convocadas ya mismo? Todo indica que sí. Difícilmente podrá Sánchez cumplir el calendario prometido de no celebrar elecciones hasta el verano de 2027. Cuando el mes que viene se abran las urnas en Castilla y León y de nuevo las izquierdas muerdan el polvo, ¿acaso los presidentes autonómicos y alcaldes socialistas no redoblarán la presión sobre Ferraz para que haga coincidir las generales con las andaluzas de junio de este año? A la ministra y candidata María Jesús Montero le vendría bien. No querrá ser una Pilar Alegría 2: en unas autonómicas en solitario la participación será baja y la factura de esa abstención la pagarán las izquierdas. 

6. El hombre del tren

Lo bueno de la coincidencia de generales y andaluzas es que haría subir sensiblemente la participación y mejoraría las expectativas del voto progresista. Lo malo, que muy probablemente PP y Vox sí lograrían esta vez la mayoría absoluta del Congreso que acariciaron en 2023. Por eso parece poco probable que Sánchez adelante los comicios: porque ningún gobernante, y mucho menos él, lo hace si cree que va a perderlos. Y porque el presidente sigue confiando en el efecto movilizador de la pinza gobernante PP-Vox en un electorado de izquierdas que a lo largo de este 2026 iría viendo los temibles efectos de la irrupción ultra, ya sea en los programas de gobierno, ya sea en los gobiernos mismos. ¿Le saldrá la jugada, como ya le salió en julio de 2023? Veremos. No es probable. Sánchez se asemeja al fugitivo al que sus enemigos rastrean dentro del tren donde viajan perseguidores y perseguido. Sánchez pasa de vagón en vagón dejando atrás a sus acosadores, pero el número de coches que tiene el tren es limitado: vagón Extremadura, vagón Aragón, vagón Castilla y León, vagón Andalucía. Estación término: España.

7. ¿Quién refuerza a Vox?

Se acusan mutuamente socialistas y populares de reforzar a Vox con sus estrategias de desgaste, al precio que sea, del adversario. No parece que tengan razón ni el uno ni el otro, salvo en el sentido de que la erosión de la institucionalidad y la centralidad que ambos practican al demonizar sistemáticamente al otro favorece el crecimiento de formaciones antisistema como la de Abascal. Lo malo, lo peor del ascenso de Vox es que parece producirse por generación espontánea: sus votos crecen en el electorado como las setas en el bosque cuando caen cuatro gotas. Los ultras crecen en España, en Francia, en Alemania, en Italia, en Hungría, en Holanda, en Dinamarca, en Noruega, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos… Se diría que son imparables. Nadie sabe muy bien qué diablos hacer para frenarlos. ¿Un cordón sanitario? ¿Un pacto de no agresión o incluso de colaboración de PP y PSOE? ¿Génova y Ferraz firmando la paz? Imposible tal entendimiento entre quienes están embelesados contemplando las tempestades provocadas por los vientos que tan irresponsablemente han sembrado durante años. 

8. Ideas y emociones

Es cierto que la Chunta ha salvado el honor de las izquierdas no socialistas, pero los partidos no viven de honor sino de votos. Los partidos han nacido para gobernar, no para ponerse estupendos. Y los votos no dejan de menguar debido a la proverbial división que reina en esa franja ideológica que la demoscopia cifra en torno a un 15% del electorado. Lo paradójico de tal división es que sus causas son más personales que propiamente ideológicas: si milagrosamente mañana desaparecieran de la escena pública Yolanda Díaz, Mónica García, Ione Belarra, Irene Montero o Pablo Iglesias, quizá sería posible armar un Podemos de nuevo unificado, pues en rigor no hay diferencias ideológicas significativas entre Sumar y los morados; no los dividen las ideas, los dividen las emociones: la ira, el resentimiento, la soberbia, el afán de revancha…

9. Dos en uno

El PSOE no tiene, ciertamente, los problemas de la otra izquierda. Aparece como un partido unido, pero su cohesión está en gran medida sustentada en el hecho de estar gobernando. El día que Pedro caiga habrá lío interno, como, por otra parte, siempre lo ha habido cuando el líder ha dejado de ser presidente del Gobierno. Hoy, la contestación interna en el PSOE es casi anecdótica, se diría que orgánicamente inviable. ¿Despertará esa contestación si Feijóo llega a la Moncloa? A principios de los 90 el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra entró en crisis: Felipe se ocupaba del Gobierno y Alfonso del partido, pero aquel tándem se quebró tras una década de Gobierno. Hoy no cabe quiebra alguna porque Pedro Sánchez es a la vez Guerra y González, manda en el partido y manda en el Gobierno. Inimaginable un Pedro enemistándose con Sánchez o un Sánchez rompiendo con Pedro. En Aragón no ha perdido su ministra, ha perdido él. 

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El Partido Comunista de China presentó en octubre de 2025 la propuesta del nuevo Plan Quinquenal que deberá ser aprobado por su Comité Central en marzo de este año. Se trata del decimoquinto plan desde que Mao Zedong inaugurara esta tradición político-organizativa con la puesta en marcha del primer plan quinquenal, implementado entre 1953 y 1957. Pero la China de hoy poco tiene que ver con la de entonces. Ha pasado de ser una economía mayoritariamente rural, con niveles masivos de pobreza, a ocupar una posición central en las cadenas globales de producción, inversión y financiación. Este salto no ha eliminado las contradicciones del modelo, pero sí ha transformado radicalmente su escala y su impacto global.

El XV Plan Quinquenal se inscribe en un momento especialmente delicado. La economía mundial atraviesa una fase de desaceleración, el orden multilateral surgido tras la Segunda Guerra Mundial muestra signos evidentes de agotamiento y la rivalidad entre grandes potencias se ha intensificado. En este escenario, China combina una ambición creciente de liderazgo internacional con una insistencia en la estabilidad interna, el control político y la gestión de riesgos económicos, sociales y demográficos.

El documento refleja esta tensión de fondo. Por un lado, proyecta a China como un actor capaz de ofrecer alternativas al orden dominante, desde el multilateralismo hasta la transición ecológica o la defensa selectiva del derecho internacional. Por otro, reafirma un modelo político fuertemente centralizado, poco permeable al pluralismo y orientado a subordinar derechos y participación a la cohesión y a los objetivos estratégicos del Estado.

El Plan no promete rupturas abruptas, pero sí consolida tendencias. Más allá de su dimensión técnica, funciona como una declaración estratégica del Estado chino, y lo hace fijando una lectura del mundo, del momento histórico y del lugar que China aspira a ocupar en él.

Los seis ejes que siguen son un resumen analítico de hacia dónde mira Pekín, qué riesgos identifica y qué tipo de poder está dispuesto a ejercer en un mundo cada vez más fragmentado.

1) El análisis del mundo y sus retos

El XV Plan Quinquenal parte de una lectura del contexto internacional marcada por la inestabilidad estructural. El documento subraya que las relaciones entre las grandes potencias condicionan decisivamente el orden global y, por extensión, el desarrollo interno de cada país. China se sitúa en una fase en la que conviven oportunidades estratégicas con riesgos crecientes, en un entorno caracterizado por incertidumbres y factores imprevistos.

El documento afirma que “cambios de una magnitud no vista en un siglo se están desplegando a mayor velocidad en todo el mundo”, acompañados de un “profundo desplazamiento en el equilibrio internacional de poder” y de avances acelerados ligados a una nueva revolución tecnológica e industrial. Esta combinación, señala el texto, ha generado condiciones favorables para que China actúe de manera proactiva en la escena internacional y contribuya a configurar un entorno externo más favorable a sus intereses.

Sin embargo, se evita una lectura triunfalista: “El desorden continúa intensificándose, los conflictos geopolíticos estallan con demasiada facilidad y frecuencia, y el unilateralismo y el proteccionismo están en ascenso”. A ello se suma una crisis del orden económico y comercial internacional, una desaceleración del crecimiento global y una rivalidad entre grandes países “más compleja e intensa que nunca”. China asume que el escenario internacional será más hostil y competitivo, y que la confrontación entre potencias se ha convertido en un rasgo estructural del sistema global.

En el plano interno, el texto combina una sólida confianza estratégica con el reconocimiento de sus propios límites reales. La economía china, afirma el texto, cuenta con una base sólida, una alta resiliencia y un gran potencial de crecimiento a largo plazo. Se destacan como fortalezas el mercado interno, el sistema industrial completo y la abundancia de recursos humanos. No obstante, el documento reconoce desequilibrios persistentes. La demanda efectiva es débil, existen cuellos de botella que dificultan la circulación económica y la transición hacia nuevos motores de crecimiento se describe como una tarea “formidable”.

El diagnóstico interno no esquiva cuestiones sensibles. Se admiten retrasos en la modernización agrícola y rural, una presión considerable sobre el empleo y los ingresos personales, y lagunas en las políticas de bienestar. También señala que los cambios demográficos plantean nuevos desafíos para el desarrollo económico y la gobernanza social, y que persisten riesgos latentes en sectores clave. Frente a este panorama, el texto refuerza el papel del liderazgo político y la cohesión interna como condiciones necesarias para gestionar la incertidumbre y “atreverse a navegar vientos fuertes, aguas turbulentas e incluso tormentas peligrosas”.

2) Economía, industria y salto tecnológico

El XV Plan Quinquenal es, ante todo, un plan económico. Se articula a partir de la idea estructural que atraviesa todo el documento y sintetiza la línea ideológica del modelo chino, según la cual “el mercado debe desempeñar el papel decisivo en la asignación de recursos” al mismo tiempo que el Estado refuerza su capacidad de orientación estratégica. Esto es, resumidamente, lo que se entiende por “capitalismo de Estado” y caracteriza el camino del gigante asiático, combinando dinamismo de mercado con regulación estatal activa.

Esta arquitectura se apoya en una apuesta clara por la economía productiva y la modernización industrial. El plan afirma que “un sistema industrial modernizado proporciona las bases materiales y tecnológicas para la modernización china” y plantea desarrollar un sistema industrial con la manufactura avanzada como columna vertebral. Al mismo tiempo, propone actualizar sectores industriales tradicionales reforzando su posición global y asegurando que las cadenas industriales sean “más autosuficientes y resilientes frente a riesgos”, con especial énfasis en sectores industriales clásicos junto a su digitalización y automatización progresiva.

El documento vincula este salto industrial con la estrategia tecnológica nacional al señalar que la modernización económica debe apoyarse en la modernización científica y tecnológica y en “la nueva oleada de revolución tecnológica y transformación industrial”. En este marco fija objetivos concretos como lograr avances decisivos en tecnologías clave en campos como circuitos integrados, equipamiento industrial avanzado, software base, materiales avanzados y biomanufactura, junto a grandes programas nacionales de ciencia y tecnología orientados a necesidades estratégicas.

La lógica que se desprende del documento apunta a mantener su condición de “fábrica del mundo” mientras desplaza progresivamente el núcleo competitivo hacia los ámbitos donde se concentra más margen económico, más capacidad tecnológica y más poder estructural dentro de la economía global. Esta estrategia se combina con el desarrollo acelerado de sectores emergentes y de industrias del futuro como nuevas energías, nuevos materiales, aeroespacial, computación cuántica, biomanufactura, hidrógeno, interfaces cerebro-máquina, inteligencia artificial incorporada y comunicaciones 6G. En este sentido, el plan plantea “reforzar de forma significativa nuestra capacidad en investigación básica e innovación original” para “mantener el ritmo o incluso liderar en muchos más ámbitos”, con el objetivo de sostener el crecimiento elevando productividad, autonomía tecnológica y resiliencia industrial en la competencia tecnológica global.

Además, el plan incorpora la economía verde no solo como agenda ambiental sino como vector de transformación productiva. El documento insiste en avanzar hacia un desarrollo “inteligente, verde e integrado” y vincula la transición energética con la modernización industrial, la seguridad económica y la competitividad tecnológica. En este marco, sectores como nuevas energías, materiales avanzados, electrificación industrial o hidrógeno aparecen no solo como herramientas de descarbonización, sino como pilares de las futuras ventajas industriales, lo que presenta la economía verde menos como límite al crecimiento y más como nueva frontera de acumulación tecnológica, productiva y geopolítica.

3) Soft power

Soft power es el término de las relaciones internacionales acuñado por Joseph Nye en los años noventa que pretende definir el poder en términos de recursos intangibles como la cultura, los valores, o la reputación exterior. Estados Unidos lideró el mundo con la fuerza de sus fusiles y tanques, pero también gracias al poder de la industria de la música, el arte, y el cine de Hollywood.

China prestó poca o ninguna atención al soft power durante las últimas décadas, pero el XV Plan Quinquenal marca un punto de inflexión en este sentido. El documento asume explícitamente que el poder en el siglo XXI no se ejerce solo mediante la capacidad militar o tecnológica, sino también a través de recursos intangibles como la cultura, los valores y la reputación internacional. En este sentido, la propuesta plantea que debe producirse “un aumento sustancial de la cohesión de la nación china y del atractivo de la cultura china, así como un incremento continuado del soft power del país”.

Este giro llega en un contexto internacional significativo. Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha optado por una estrategia que prescinde en gran medida del poder blando y apuesta por la coerción militar y tecnológica. China interpreta este repliegue cultural como una oportunidad para ocupar espacios simbólicos vacantes y reforzar su influencia global desde otros registros menos abiertamente confrontativos.

4) Democracia de base y derechos humanos

El XV Plan Quinquenal dedica un apartado específico a la democracia de base y al avance integral de los derechos humanos. Afirma que debe reforzarse la participación a nivel local, garantizar que la población gestione los asuntos públicos conforme a la ley y mejorar los mecanismos para recoger la opinión pública canalizando la “sabiduría del pueblo”. Esta concepción de la democracia se articula a través de organizaciones sociales reconocidas por el Estado, como los sindicatos, la Liga de la Juventud Comunista o las federaciones de mujeres, llamadas a desempeñar un papel más activo en la representación de intereses y en el desarrollo de políticas sociales.

En el plano internacional, esta retórica se inscribe en un giro más amplio de la política exterior china. En los últimos años, Pekín ha adoptado posiciones que contrastan con las de Estados Unidos en foros multilaterales clave. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, han apoyado resoluciones orientadas a frenar la ofensiva israelí sobre Gaza o ha defendido altos el fuego, frente al bloqueo sistemático ejercido por Washington. Este posicionamiento ha permitido a China presentarse como defensora de ciertos principios vinculados a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, un terreno que históricamente había evitado por considerarlo parte del repertorio normativo occidental.

Este desplazamiento no implica, sin embargo, que China se haya convertido en un referente en la defensa de los derechos humanos. El propio Plan evita cualquier referencia a derechos civiles y políticos entendidos como límites al poder del Estado, y los concibe fundamentalmente en términos de desarrollo material, estabilidad y cohesión social.

Son múltiples los informes de Amnistía Internacional y de otras organizaciones de derechos humanos que han documentado graves vulneraciones en este campo, especialmente en el trato a minorías étnicas y religiosas. En la región de Xinjiang, la población uigur y otras comunidades musulmanas han sido objeto de políticas de detención masiva, vigilancia intensiva, reeducación forzada y restricciones severas a la práctica religiosa y cultural.

El bloque de derechos humanos refleja así una paradoja central del proyecto chino actual. Mientras Pekín gana espacio como actor que interpela el orden internacional desde un lenguaje de derechos y legalidad, su modelo interno sigue marcado por un control político estricto que subordina esos derechos a la estabilidad y a los objetivos estratégicos del Estado.

Lo que sí que parece evidente, es que mientras China da –o quiere dar– pasos hacia una cierta concepción de los derechos humanos (que es un concepto altamente debatible, pero ese es otro debate) y del derecho internacional, Estados Unidos hace justamente lo contrario. Y eso, a ojos de la comunidad internacional, suma puntos en la carrera para convertirse en el nuevo líder del orden mundial.

5) Medioambiente

Gran parte del brutal crecimiento económico de China en las últimas décadas se ha basado en un uso extensivo del carbón, tiñendo las urbes de gris y haciendo del aire un gas irrespirable para sus ciudadanos. El texto lo afirma implícitamente. Sin embargo, ya hace unos años que China comenzó el camino de la transición verde, que ahora se pretende intensificar.

La propuesta del XV Plan Quinquenal afirma que debe mantenerse de forma inquebrantable el principio según el cual “las aguas limpias y las montañas verdes son activos invaluables”, y que este principio debe traducirse en políticas concretas. Bajo los objetivos de alcanzar el pico de emisiones y la neutralidad de carbono, el plan apuesta por reducir emisiones, recortar la contaminación, impulsar un crecimiento verde y reforzar la seguridad ecológica.

El énfasis ambiental cumple una doble función. Internamente, responde a una presión social creciente y a la necesidad de sostener la legitimidad del proyecto político. Externamente, permite a China presentarse como un actor responsable en un contexto de retirada climática de otras potencias.

6) Hong Kong, Macao y la cuestión de Taiwán

El XV Plan Quinquenal dedica un apartado específico a Hong Kong y Macao que combina continuidad institucional y refuerzo del control político. El documento reafirma la política de “un país, dos sistemas”, subrayando que debe aplicarse de manera “resuelta”, garantizando un alto grado de autonomía. Al mismo tiempo, insiste en que ambas regiones deben estar “administradas por patriotas” y gobernadas de forma más eficaz conforme a la ley, una formulación que en la práctica ha reducido de forma sustantiva el margen de pluralismo político, especialmente en Hong Kong.

No es ninguna sorpresa, pero el texto evita cualquier referencia al conflicto político abierto desde 2014, cuando el “movimiento de los paraguas” articuló una protesta masiva contra las limitaciones al sufragio universal. Tras las movilizaciones de 2019, la imposición de la Ley de Seguridad Nacional en 2020 supuso un punto de inflexión, con la criminalización de la disidencia, la reconfiguración del sistema electoral y la neutralización de la oposición organizada. El plan asume este proceso como una normalización necesaria, sin mención al deterioro de derechos civiles ni al impacto sobre el ecosistema político y mediático de la ciudad.

En paralelo, el documento insiste en reforzar el papel internacional de Hong Kong como centro financiero, comercial e innovador, y en diversificar la economía de Macao más allá del turismo y el juego. Ambas regiones son presentadas como nodos estratégicos cuya utilidad global debe ponerse al servicio del desarrollo nacional, incluso a costa de diluir los rasgos institucionales que históricamente las distinguieron.

La sección dedicada a Taiwán eleva el tono estratégico. Taiwán es el epicentro de la lucha por la hegemonía mundial con Estados Unidos, y el redactado no deja ninguna duda al respecto: “Debemos implementar plenamente la política general de nuestro Partido para la nueva era sobre la solución de la cuestión de Taiwán, luchar resueltamente contra las fuerzas separatistas que aspiran a la ‘independencia de Taiwán’, oponernos a la interferencia externa, salvaguardar la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y mantener firmemente la iniciativa y la capacidad de dirección en las relaciones entre ambos lados del Estrecho”.

La isla concentra una parte decisiva de la producción mundial de semiconductores avanzados, componentes esenciales para la industria tecnológica, militar y energética contemporánea. Este hecho convierte a Taiwán en un punto crítico de la rivalidad entre Estados Unidos y China, en un contexto marcado por restricciones tecnológicas, políticas de desacoplamiento y disputas por el control de las cadenas de suministro.

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PAU NOY / CATALUNYA PLURAL // En el año 2000, un presidente del Gobierno español anunció un fabuloso programa de construcción ferroviaria, sellando un compromiso que parecía más un eslogan electoral que una planificación técnica racional: todas las capitales de provincia peninsulares debían quedar conectadas con Madrid mediante la alta velocidad en menos de cuatro horas y media.

Aquella decisión marcó el inicio de una fiebre constructora sin parangón en el continente europeo. Hoy, España ostenta el título de ser el primer país de Europa –y el segundo del mundo, solo por detrás de China– en kilómetros de vías de alta velocidad. Pero bajo el hormigón y el balasto del AVE se esconde una realidad inquietante: un modelo radial que, más que vertebrar el territorio, lo ha succionado hacia el centro. El AVE solo une Madrid con España, pero no vertebra.

La metáfora del imperio: todas las vías llevan a Madrid

El dicho clásico afirmaba que “todos los caminos conducen a Roma”. El Imperio romano entendía las infraestructuras como una herramienta de control político y administrativo; la red servía para transmitir órdenes de la capital a la periferia y para extraer recursos de esta hacia el centro. El modelo ferroviario español del siglo XXI ha replicado, de forma casi mimética, este viejo esquema imperial.

El AVE no se ha diseñado para conectar regiones entre sí, sino para conectarlas todas, de forma exclusiva y excluyente, con la Puerta del Sol. Esta obsesión radial ha ignorado la lógica de los principales flujos económicos: el corredor mediterráneo, el del Ebro y la cornisa cantábrica.

Mientras un empresario de Murcia puede llegar a Madrid en tiempo récord, conectarse con València o Barcelona –con quienes comparte intereses vitales a través del denominado Corredor Mediterráneo– sigue siendo muy poco amable: cuatro horas y media en tren hasta València y tres horas más hasta Barcelona. El resultado no es una España vertebrada, sino una España “radializada”, donde la capital actúa como un gran agujero negro que absorbe talento, inversión y poder político.

Vías sin trenes: el espejismo del asfalto

Con cerca de 4.000 kilómetros de red de alta velocidad, España dispone de una infraestructura formidable, pero dramáticamente vacía. El dato es contundente: somos líderes en kilómetros de vía por habitante, pero estamos a la cola en densidad de circulación. Hemos construido el escenario, pero nos hemos olvidado de contratar a los actores.

Esta falta de trenes no es casualidad, sino el fruto de haber construido sin estudios rigurosos de demanda. Se han priorizado criterios de exhibicionismo político por encima de la eficiencia económica. En muchos tramos, el número de pasajeros diarios es tan bajo que el coste de mantenimiento de la infraestructura se convierte en un lastre insostenible para las arcas públicas. España se ha gastado más de 65.000 millones de euros en una red que, en muchos puntos, es un desierto de acero. La tesis es clara: no nos faltan vías, nos faltan trenes y, sobre todo, nos falta sentido común en la inversión.

El precio del olvido: el colapso del tren cotidiano

Mientras se cortaban cintas inaugurales en estaciones de AVE situadas en medio de la nada o en ciudades de 50.000 habitantes, el ferrocarril de proximidad –el que realmente utiliza el 95% de los usuarios a diario– se iba degradando por inanición inversora. Durante décadas, la inversión en Cercanías y Regionales ha sido la hermana pobre de los presupuestos del Estado. Ahora, con el gobierno de coalición, esta dinámica ha cambiado, pero la política ferroviaria tiene mucha inercia y costará una década revertir la situación de postración del ferrocarril de proximidad.

La crisis crónica del sistema de Cercanías de Catalunya es el ejemplo más flagrante de esta desatención. Averías constantes, catenarias que fallan, falta de personal y una infraestructura mal protegida frente a los embates de la naturaleza han convertido el trayecto diario de cientos de miles de personas en una tómbola de incertidumbres. Pero el mal de las Cercanías no es exclusivo de Catalunya. Aunque en Barcelona la situación es especialmente crítica por el volumen de pasajeros y la falta de ejecución de obras clave como el túnel del Turó de Montcada, un cuarto túnel atravesando Barcelona o la estación de La Sagrera, otras regiones también padecen un servicio de proximidad envejecido y precario.

En Catalunya nos quejamos, con razón, de la situación de los trenes. Han tenido que llegar tres temporales atlánticos consecutivos para que todo salte por los aires. La red catalana está sostenida con alfileres. Pero en términos cuantitativos, el servicio que ofrece Renfe es incomparablemente mejor que el del resto de comunidades autónomas, fuera de Madrid. Aquí cada día salen 1.100 trenes, pero en muchas comunidades autónomas no llegan ni a 100.

Se ha producido una paradoja cruel: podemos ir de Barcelona a Madrid en dos horas y media con una puntualidad británica (hasta ahora), pero no podemos garantizar que un ciudadano de Vilanova i la Geltrú o de Granollers llegue a su trabajo a tiempo. Se ha apostado por el lujo del viajero ocasional de larga distancia en detrimento de la necesidad básica del ciudadano que se desplaza para trabajar o estudiar. ¿Cuántos ciudadanos españoles cogen un AVE al menos una vez al año? ¿El 2%?

Cuando en 2010 se cedieron al AVE dos de las cuatro vías de Cercanías que entran por el sur, muchos pusimos el grito en el cielo porque veíamos la hecatombe que se nos venía encima. Nos dijeron que estábamos en contra del progreso, porque para la dirección política del país el progreso era la alta velocidad, no el tren del 95% de los viajeros. Ahora estamos viendo que eran otros quienes han conseguido frenar el progreso del país.

Una decisión política, no técnica

Hay que preguntarse por qué se ha seguido este camino. La respuesta no está en los manuales de ingeniería, sino en los despachos del centralismo político. El AVE se ha utilizado como una herramienta de cohesión emocional: “llevar el AVE” a una ciudad era el símbolo definitivo de que esa capital no había sido olvidada por Madrid. Pero la realidad es que el AVE, por sí solo, no genera riqueza si no existe un tejido económico que lo aproveche. Al contrario, a menudo actúa como una vía de drenaje: facilita que la gente se vaya a trabajar a la capital en lugar de quedarse en el territorio.

Además, el coste de oportunidad ha sido inmenso. Una parte de los 65.000 millones de euros invertidos en alta velocidad podría haber transformado por completo la movilidad de todo el Estado, haciéndola más sostenible, eficiente y justa. Pero la apuesta fue otra: se optó por una política de grandes obras faraónicas que dejan una bonita fotografía en el periódico, pero que no resuelven los problemas estructurales del transporte y que a menudo generan enormes lastres.

Conclusiones para un nuevo modelo

El modelo del AVE español es el reflejo de un Estado que todavía se mira el ombligo. Una España radial es una España más débil, porque menosprecia la potencia de sus periferias y de sus nexos interconectados. La prioridad de los próximos años no debería ser colocar ni un solo kilómetro más de vía de alta velocidad allí donde no exista una demanda real que lo justifique.

El foco debe desplazarse hacia:

• La inversión masiva en Cercanías y regionales (de hecho, los regionales se han convertido en unas Cercanías de mayor distancia). Garantizar un servicio digno para los tres millones de personas que en España dependen del tren cada día. Ahora, con la creación del abono único de transporte establecido por el Ministerio de Transportes, si existe colaboración de las comunidades autónomas y la inversión necesaria, se ha creado una gran oportunidad para aumentar esta cifra hasta los cinco millones de viajeros diarios en tan solo una década.
• La malla transversal: romper el modelo radial y potenciar los corredores. El Mediterráneo, que ya está en un estado muy avanzado y para el que es necesario asegurar que Renfe disponga de los trenes necesarios para cubrir la enorme demanda —no vaya a ser que tengamos un corredor brillante sin trenes—. El del Ebro, que une Barcelona con Navarra, La Rioja y Euskadi pasando por Aragón, con un enorme potencial de viajeros. Y también el Cantábrico, donde existe una red de trenes de vía estrecha con un gran potencial para el transporte regional, hasta superar los 10 millones de viajeros. Este sería un buen ejemplo para desmitificar la alta velocidad: no hace falta ir a 250 km/h, hace falta una oferta cadenciada y fiable. De hecho, en Portugal no hay alta velocidad y los servicios regionales de tren son mucho más importantes que en nuestro país.
• La eficiencia operativa: poner más trenes sobre las vías ya existentes en lugar de seguir construyendo infraestructuras que quedarán infrautilizadas. En 2022 el gobierno de coalición encargó la fabricación de 500 trenes. No puede ser que los primeros convoyes empiecen a llegar en 2026. España debe lograr plazos mucho más cortos en la entrega de trenes. La industria ferroviaria española es una de las más importantes del mundo. Es necesario un pacto con ella para que los trenes se entreguen en dos años y, para ello, posiblemente haya que garantizarle una compra sostenida de material. Como en España no faltan vías sino trenes, tiene trabajo asegurado hasta 2050, al menos.

Hemos aprendido, a golpe de billete y de retrasos en Cercanías, que tener la red de alta velocidad más extensa de Europa sirve de poco si el sistema de transporte falla en el kilómetro cero de la vida de los ciudadanos. Es hora de dejar de mirar hacia Roma –o hacia Madrid– y empezar a mirar hacia las necesidades reales del territorio.

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El año empezaba con el Gobierno sirio bombardeando los enclaves kurdos de Sheikh Maqsoud y Ashrafiyeh, en el norte de Alepo, la segunda ciudad en importancia tras la capital. Los combates, que habían comenzado el 6 de enero, provocaron el desplazamiento forzado de más de 200.000 personas.

Tras esa primera victoria ante los kurdos, el gobierno ha lanzado una rápida ofensiva al este del Éufrates que está poniendo contra las cuerdas a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) —alianza multiétnica compuesta primordialmente por kurdos, pero también por árabes, asirios, armenios, turcomanos y yazidíes— y poniendo en riesgo a la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), conocida como Rojava, donde viene existiendo desde 2014 una particular estructura de autogobierno y de democracia directa sobre las bases del confederalismo democrático, que además se había convertido en refugio para miles de yazidíes y otras minorías étnicas y religiosas que huían de las masacres perpetradas por el Estado Islámico (ISIS) en Irak y Siria.

El punto de partida de los últimos acontecimientos en el agitado avispero sirio se habría formalizado en París los días 5 y 6 de enero, en una reunión en la que Siria e Israel habrían acordado un mecanismo de comunicación conjunto bajo la supervisión de Estados Unidos, dentro de un plan más extenso de recomposición geoestratégica para la zona.

Esos mismos días habría estado también en París el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, poniendo en evidencia el interés de Turquía en acabar con el experimento en el noreste de Siria, en lo que Ankara considera la «amenaza kurda» de sus fronteras. De hecho, Turquía ya invadió el enclave sirio de Afrin en 2018, y suele lanzar con cierta asiduidad ataques con drones contra territorio de la Administración autónoma.

Y el 9 de enero, mientras todavía se producían combates en Alepo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reunían en Damasco con el presidente de transición de Siria, Ahmed al Sharaa, en un primer viaje oficial de dirigentes de la UE al país desde la caída de Bashar al Assad, y anunciaban un paquete de ayudas de 620 millones de euros para la «recuperación y reconstrucción» durante los años 2026 y 2027. El encuentro suponía otro paso significativo en la normalización del régimen sirio, tras la recepción de Al Sharaa en la Casa Blanca el pasado noviembre.

De comandante de Al Qaeda a presidente reconocido internacionalmente

Ahmed al Sharaa —Abu Mohamed al-Golani es su nombre de guerra—, excomandante de Hayat Tahrir al Sham (HTS), la rama siria de Al Qaeda hasta 2016, era considerado terrorista por el gobierno de EE. UU. hace menos de un año, y contaba con una orden de búsqueda y captura valorada en 10 millones de dólares. Tras la caída de Al Assad, el Gobierno norteamericano se dio prisa en eliminar la amenaza oficialmente, levantar la mayoría de las sanciones económicas en junio y, poco después, eliminar a HTS de su lista de organizaciones terroristas. Al Sharaa había pasado en pocos meses de ser un peligroso terrorista islamista a convertirse, en el particular lenguaje de Trump, en «un joven atractivo, un tipo duro con un pasado turbulento, un luchador (…) que está haciendo un excelente trabajo».

Pronto, la mayoría de gobiernos occidentales seguirían los mismos pasos, levantando sanciones, eliminando a HTS de las listas de terroristas y validando internacionalmente el nuevo régimen sirio. Desde entonces, y pese a que sus actuaciones generan no pocas sombras en cuanto al respeto a las minorías y los derechos humanos —masacres contra la minoría alauita en la costa mediterránea o la drusa en la región de Sueida; todo ello dentro de una política de contribución a la «unidad social de Siria»—, Al Sharaa se desempeña como presidente interino de Siria reconocido internacionalmente.

Con el nuevo equilibrio de poder en Siria y un gobierno prooccidental en Damasco, los intereses estratégicos estadounidenses han cambiado radicalmente y Washington ha comenzado a dar la espalda a sus aliados tradicionales en la zona, sometiendo ahora a los kurdos a una enorme presión política, militar y económica para obligarlos a la integración en el Estado central. Así lo expresaba recientemente Tom Barrack, enviado de Trump a la zona, afirmando que el propósito original de las FDS, a las que Estados Unidos apoyaba hasta ahora como aliado local que luchaba contra el ISIS, había expirado y ya no tenía «interés a largo plazo en retener su presencia en Siria».

Con la ofensiva iniciada hace dos semanas, que solo puede entenderse con el respaldo de Estados Unidos al Gobierno sirio, las fuerzas de la AANES han iniciado una rápida retirada de las zonas que controlaban junto al Éufrates, y especialmente de las ciudades de Raqqa —capital del califato yihadista hasta que fuera liberada en 2014 por las FDS— y Deir ez-Zor.

Según fuentes kurdas, las tribus árabes en el terreno, con las que las FDS habían mantenido buenas relaciones hasta el momento, habrían desertado y se habrían unido al ejército y las milicias islamistas fieles a Al Sharaa. El hecho tendría que ver con la reunión en Turquía, a finales de año, entre una delegación gubernamental y líderes tribales árabes para convencerlos de cooperar frente a sus hasta ahora aliados kurdos.

Tras la caída de las ciudades del Éufrates, el rápido avance del gobierno —que estaría apoyando Turquía con efectivos militares— ha llegado hasta el territorio de Rojava, epicentro del confederalismo democrático kurdo, partiendo la AANES en dos y amenazando la propia existencia de la administración autónoma y su estructura de autogobierno y de democracia directa.

Una experiencia de democracia radical

En medio de las tensiones que asaltan Oriente Medio, en el Kurdistán sirio se ha ido estructurando en estos últimos años una de las experiencias político-sociales más radicales y novedosas de la escena internacional: desde que en 2011, y en el contexto de la Primavera Siria, los kurdos se hicieran con el control de un amplio territorio al noreste del país conocido como Rojava, han ido poniendo en práctica un sistema de organización basado en el confederalismo democrático, síntesis del comunalismo planteado por el pensador y activista ecologista Murray Bookchin, las reflexiones de Immanuel Wallerstein y el oportuno tamiz del fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), Abdullah Öcalan, que habría pasado de un marxismo-leninismo de sus inicios a postulados más cercanos a las propuestas libertarias —no confundir con la perversión del término llevada a cabo por Milei en los últimos tiempos—.

La AANES se basa en un modelo de autoadministración para las diferentes comunidades que la integran a través de una serie de comunas y consejos organizados en diferentes niveles, y en los que el feminismo, el anticapitalismo, la lucha por el medio ambiente y el respeto por el multiculturalismo serían fundamentales.

La base legal de esta nueva forma organizativa es el denominado Contrato Social, que entró en funciones en enero de 2014; un texto constitucional que destaca la diversidad étnica y religiosa como base para la reorganización política y social de los pueblos bajo una forma no estatal, con principios de democracia directa, equilibrio ecológico y respeto al derecho de la mujer. En términos económicos, establece que los edificios, tierras y recursos naturales son públicos y deben ser administrados socialmente, a la vez que se promueve el cooperativismo.

Finalmente, uno de los aspectos más destacados de este proceso social es lo que se ha dado en llamar la «Revolución de las Mujeres», que implica su participación paritaria en todas las comunas y asambleas donde se toman las decisiones, lo que incluye la formación de su propio ejército, las Unidades Femeninas de Protección (YPJ, por sus siglas en kurdo), fundamentales en la lucha contra el Estado Islámico y la defensa de la administración autónoma.

Con Kobane a punto de ser rodeada, la AANES y el Movimiento por la Libertad del Kurdistán han hecho un llamamiento internacional a acudir en su apoyo —kurdos de países fronterizos estarían intentando acudir a la llamada— y apuestan por una resistencia total, recordando la lucha desesperada contra el Estado Islámico en 2014 y 2015, cuando no solo los combatientes de las Unidades de Protección Popular (YPG) y las YPJ fueron quienes derrotaron al ISIS, sino también el amplio apoyo internacional y las decenas de brigadistas llegados de otras partes del mundo. Con ese objetivo, este mismo fin de semana se han sucedido numerosas muestras de apoyo en ciudades latinoamericanas y europeas, entre ellas españolas como Madrid, Barcelona o Zaragoza.

Por su parte, el Gobierno sirio anunció un primer alto el fuego el 20 de enero, con el que daba cuatro días a las fuerzas kurdas para integrarse en el Estado central. También afirmaba haber llegado a un principio de acuerdo de 14 puntos y podría haber liberado presos del Estado Islámico de cárceles como la de Shaddadi, hasta ahora controlada por las FDS. Otras, como la de Hawl, seguirían bajo supervisión estadounidense.

Tras el fin de esa primera tregua de cuatro días, Damasco ha anunciado una nueva prórroga de dos semanas para permitir que los estadounidenses trasladen el resto de prisioneros del Estado Islámico a Irak. Mientras tanto, el Ejército Nacional Sirio y las milicias aliadas continúan enviando refuerzos al frente, solo posponiendo una inevitable ofensiva.

Se avecinan semanas decisivas para la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria y la continuidad de su novedosa experiencia de coexistencia multiétnica y multirreligiosa. Si las FDS ya desempeñaron un papel fundamental en la derrota del Estado Islámico en 2015, ahora se ven obligadas nuevamente a luchar por su supervivencia.

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