La política del Ministerio de Igualdad se traduce en imponer su proyecto civilizatorio como moneda de cambio para que las entidades puedan conseguir financiación.
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ANDREU SEGURA y AMANDO MARTÍN-ZURRO // Próximamente el Consejo de Ministros debe decidir qué ciudad alojará la Agencia Estatal de Salud Pública que (entre paréntesis) ha costado más de 10 años que el parlamento español apruebe. Las candidatas oficiales han sido ocho, aunque, como es preceptivo tener en cuenta el dictamen que emitirá una comisión pertinente, ésta, al parecer, puede proponer una sede distinta si así lo considerara justificadamente.
Escoger la ubicación es un primer paso, aunque, ya que habrá que erigirla, todavía tardaremos en disponer de ella. Eso sin contar con la eventualidad de cambios electorales que pudieran interferir el proceso. Sin embargo, como es obvio, la elección no es intrascendente.
Y aunque la convocatoria ha establecido unos determinados requisitos, entre los que destacan los geográficos –micro (edificio), meso (situación) y macro (geopolítica)– convendría que los componentes de dicha comisión –que, por cierto, no estaría de más saber quiénes son– tuvieran en cuenta otros criterios, particularmente los relativos al ámbito de la salud pública, sin olvidar que tal decisión tiene también carácter político. Una característica necesaria dado que los criterios exclusivamente técnicos no abarcan todas las dimensiones de la cuestión.
Político, no sólo partidista. Porque debería ser coherente con una idea determinada del Estado. Que no tiene por qué ser la que hoy la mayoría de las fuerzas parlamentarias interpretan. Pero también porque más allá de las preferencias ideológicas, los planteamientos estratégicos acostumbran a ser más fructíferos.
Desde un punto de vista más técnico, desarrollar la Agencia en un entorno con sólidas estructuras de salud pública puede facilitar la cooperación de los recursos sanitarios propios de la ciudad y su entorno. Por eso sería bueno conocer cuáles son las contribuciones más específicamente salubristas que cada una de las ciudades implicadas considera que justifican su candidatura. Y también lo sería para que la ciudadanía –y las entidades, corporaciones y organizaciones– tuvieran conocimiento del proceso, lo que facilitaría su implicación personal y colectiva con la promoción y la protección de la salud comunitarias que al final resultará imprescindible. Sin menospreciar la transparencia exigible en una democracia representativa.
Una información que –según parece– debe constar en el dictamen de la comisión evaluadora, aunque sería a posteriori, sin que esté claro el formato con que deba facilitarse. Por eso, si fuera posible, sería mejor conocerla con anterioridad, lo que generaría mayor interés público. Y, dado que las candidatas son ocho no parece demasiado difícil obtenerla. Quizá mediante una encuesta estructurada donde se pidieran datos concretos sobre los dispositivos de salud pública disponibles, su antigüedad y sus productos o resultados.
Una indagación que podría emprender alguna institución o entidad no afectada por sesgos potenciales sobre la preferencia de una u otra candidatura. Alguna entidad independiente, lo suficientemente solvente y competente para hacerlo. Quizás algún medio de comunicación social o incluso alguna asociación profesional o científica.
Y sin ocultar que –por razones obvias– nos gustaría que fuera elegida Barcelona, nos parece que algunas de las cualidades que resumimos a continuación, podrían justificar su elección.
En primer lugar, su larga tradición de salud pública, con unas raíces profundas, desde el «Abajo las Murallas» de Pere Felip Monlau que dio pie al Ensanche de Cerdà, imbuido de criterios higiénicos –por cierto, desarrollado gracias a la decisión del Gobierno español– a la actualización del alcantarillado por parte del arquitecto e ingeniero García Faria, un diseño que justificó mediante un análisis de la mortalidad casa por casa de diez años.
Sin dejar al margen la historia del antiguo Instituto Municipal de Higiene, hoy la internacionalmente reconocida Agencia de Salud Pública de Barcelona, la cual, además de ejercer sus responsabilidades legales en el ámbito de la salud comunitaria lleva a cabo proyectos innovadores de promoción de la salud, como el de SalutalsBarris.
Ni menospreciar tampoco la red de atención primaria y comunitaria AUPA o los servicios de medicina preventiva de los hospitales del Vall d’Hebron, Sant Pau, Mar y Clínic, que también son unidades docentes para la especialidad de medicina preventiva –el primer año de la residencia de la especialidad de estas unidades forma parte del programa oficial de máster en salud pública, impartido ininterrumpidamente desde el curso académico 1988-89 (actualmente UPF y UAB) con el patrocinio de la Agencia de Salud de Barcelona, de la Diputación de Barcelona, del Instituto de Salud Global (IS Global)– así como de la Secretaría de Salud Pública de Catalunya y sus servicios territoriales, que dan apoyo explícito a la candidatura, como también lo ha hecho el Cercle de Salut y el Consorci de salut i social, sin obviar las contribuciones que pueden hacer muchas instituciones cívicas y académicas, como las corporaciones profesionales o sociedades integradas en la Acadèmia de Ciències de la Salut de Catalunya i Balears o en la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, especialmente su cuarta sección (ciencias médicas, sociales y afines).
Lo que es poco discutible es la urgente necesidad de satisfacer la aspiración que hace más de 14años establecía la Ley General de Salud Pública. Independientemente de qué ciudad se elija, nos parece imperativo poder contar con los servicios de una prestigiosa Agencia Estatal de Salud Pública capaz de responder plenamente a las necesidades y retos de este ámbito en una sociedad desarrollada del siglo XXI.
Andreu Segura es es doctor en Medicina y Cirugía, epidemiólogo y especialista en Salud Pública y en Medicina Preventiva.
Amando Martín-Zurro es doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina de Familia y Comunitaria y en Medicina Interna.
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Claudia Roca, de ZooXXI.
Los zoos han evolucionado a lo largo de su historia. De ser una forma de propaganda imperialista (que pretendía demostrar haber conquistado tierras lejanas mostrando animales y personas de allí), han pasado a ser centros de entretenimiento, donde pasar una tarde de domingo con las niñas y niños viendo espectáculos con animales.
El siguiente paso que los zoos parecen querer dar es convertirse en centros de educación y conservación de la naturaleza. Tras el rechazo social a la cautividad y al maltrato de los animales, sólo con esos argumentos de educación y conservación justifican su existencia y el mantener animales exóticos encerrados de por vida. ¿Se basa esta retórica en la realidad de los zoológicos actuales o es solo maquillaje?
Efectivamente, los animales no se extinguirán mientras los zoos consigan reproducirlos, pero sufrimos el riesgo de llegar a creer que los hábitats naturales de los animales son jaulas, mientras que esa realidad, vivir en cautividad, está demostrado que enloquece a los animales. Extrayendo datos de las propias páginas web de los zoológicos, vemos que la mayoría de animales que están en programas de cría en cautividad no disponen de un programa de reintroducción efectivo. De hecho, cuando esta reproducción se convierte en un “inconveniente” y no saben qué hacer con el animal, lo matan. Esta práctica se llama “culling” y se encuentra recogida en el manual de buenas prácticas de las asociaciones internacionales de zoos y acuarios EAZA y WAZA de las que el zoo de Barcelona, por ejemplo, forma parte.
¿Tienen los animales problemas de reproducción en la naturaleza y necesitan la ayuda del ser humano para procrear? Por supuesto que no. Analizando los mismos datos de las webs de los zoológicos vemos que la principal causa de la desaparición de los animales en la naturaleza es la desaparición de sus hábitats debido a la presión humana (seguido de otras causas como la introducción de especies exóticas, por ejemplo). ¿Para qué nos sirve entonces esta reproducción y conservación ex situ? Simplemente para garantizar que los zoos siempre tendrán animales que exhibir. Por más que se empeñen en venderlo como una estrategia ecológica sigue siendo una estrategia económica.
Los zoos son otra “especie amenazada”. Necesitan una estrategia de conservación, un cambio de paradigma si no quieren desaparecer.
En Barcelona nació un grupo de activistas que, tras 8 años protestando en las puertas del zoo para exigir su cierre, entendieron que el cierre de los zoológicos es perjudicial para los animales que viven en ellos, pues sólo una gran minoría podrían ser trasladados a santuarios. La mayoría irían a parar a otros zoológicos, y otros con menos suerte a peleterías, cotos de caza o restaurantes de comidas exóticas. Para no trasladar el problema a otra parte pero tampoco quedarse de brazos cruzados, nació la Plataforma ZOOXXI:
ZOOXXI propone un cambio de paradigma, un nuevo modelo de zoo, un zoo que deje de sacar provecho de los animales para convertirse en un centro provechoso para ellos. Un zoo adaptado a la sensibilidad y los conocimientos científicos del siglo XXI. Un zoo con menos animales, que haya enviado a todos los que pueda a santuarios y reservas. Un zoo que haga verdaderos esfuerzos para la conservación in situ protegiendo los hábitats y, con ellos, a los animales, y mostrando esta realidad a través de avanzadas tecnologías inmersivas con las que podremos entender la verdadera existencia de las especies y la biodiversidad. Un zoo dedicado al rescate de todos aquellos animales que, hoy por hoy, no sabemos qué hacer con ellos, vengan de donde vengan (tráfico ilegal, circos, maltrato…).
ZOOXXI ha lanzado una Iniciativa Ciudadana en Barcelona, el mismo recurso democrático con el que se prohibieron las corridas de toros en Cataluña en 2010. A través de la recogida de firmas de personas empadronadas en Barcelona, se abre un proceso en el Ayuntamiento para debatir si aplicar este nuevo modelo de zoo. Si se consiguen las 14.000 firmas que se necesitan, el zoo de Barcelona podría ser el primero de una larga cadena de zoos del siglo XXI. Esta es la primera batalla de una lucha que terminará por transformar todos los zoos del mundo. Una estrategia de conservación como nunca se ha visto.
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Esta entrevista ha sido publicada originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerla en catalán aquí.
Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Barcelona. Ha impartido cursos y conferencias en numerosas ciudades de España, Europa, América y Asia. En 2021 ingresó en la Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi con un discurso sobre «Los valores de la arquitectura catalana». Es autor de 47 libros sobre arquitectura, urbanismo y política. Los últimos, Renombrar la arquitectura y Lawfare urbano. Hizo una incursión en la gestión política durante el primer mandato de Ada Colau (2015 y 2019) como concejal de Vivienda y del distrito de Sant Martí.
¿Qué recuerdo tiene de esos cuatro años de concejal de Vivienda en Barcelona?
Fue un privilegio poder dedicarme a mi ciudad y poder sacar adelante muchas cosas que tanto Barcelona En Común como yo teníamos en mente que debían hacerse en la ciudad. Entré ya con 60 años. Ada Colau me pidió estar en la candidatura porque les faltaba un arquitecto. Estaban el abogado laboralista, la abogada experta en derecho urbanístico, la feminista, el ecologista, el experto en turismo, la experta en participación… Era una idea algo tecnocrática, en el buen sentido. Se consideraba que era necesario tener concejales y concejalas de cada uno de los aspectos para nosotros más importantes. Yo había trabajado en el programa de Urbanismo y Vivienda pero no tenía ninguna ambición de entrar en el Ayuntamiento. Fui el undécimo de la lista.
Y salió.
Salí y ganamos porque fuimos once. Lo asumí y para mí fue un privilegio. Yo he estado toda la vida en la universidad. He hecho alguna obra, pocas, pero me he dedicado más al mundo académico. Para mí era un reto interesantísimo poder tener relación con la realidad, con los barrios, con la gente y poder aplicar las cosas que creía que debían hacerse en la ciudad, en vivienda, en espacio público, en equipamientos. Además de vivienda era concejal de Sant Martí, el distrito donde hay la mayor diversidad, la gente más rica y la más pobre. En la Villa Olímpica y Diagonal Mar hay gente más bien rica y, en cambio, en el Besòs Mar está la más pobre. Es el distrito en el que hay más transformación urbana, más patrimonio industrial, etc. Lo elegí yo, sabiendo que era complicado. Para una persona de izquierdas, para aquel joven antifranquista, poder intervenir en mi ciudad era como si, al final, se hubiera cumplido una ilusión. Ahora bien, era agotador, estando como estábamos en minoría, aunque durante una época gobernamos con el PSC. Como concejal de vivienda incluí también la rehabilitación. Dije que no quería urbanismo. Janet Sanz era la persona ideal para esa área. Yo no quería estar peleándome con los promotores y especuladores. Durante cuatro años no tenía otra cosa en la cabeza. Perdías la salud y si no batallabas por seguir teniendo vida personal y familiar, se te comía. Lo recuerdo como una etapa apasionante. Muchas cosas salieron bien, otras tardaron más, otras no salieron… Dije a Ada Colau que cuatro años sólo porque para mí era irresistible continuar. No soy político por naturaleza, me interesa la política, pero no soy un político profesional. Para mí era muy agotador. Hay gente que se dedica a la política y aguanta y aguanta y, además, va cambiando de cargo, lugar y especialidad. Yo inicié todo lo que creía que debía hacerse, del patrimonio industrial, de vivienda, de espacio público, de mejora de la escuela pública, de cooperativas, etc. y pensé que ya había hecho lo que tenía que hacer. Es un recuerdo estimulante, pero al mismo tiempo, cuando lo pienso, recuerdo el estrés que producía la situación. Éramos once concejales de los comunes y cada mañana, cuando escuchabas la radio y si había habido un incendio, una ocupación, un conflicto, pensaba: «todo esto depende de nosotros». Durante cuatro años. Vas aprendiendo cómo se gestiona la ciudad y eso también es otro privilegio. Normalmente como ciudadano no ves la tramoya, no ves los intereses que presionan a la ciudad, como los especuladores se saltan los permisos, todo lo que hay detrás de la escenografía urbana. Cuando estás dentro ves toda la maquinaria que hace funcionar la ciudad todos los días y que tiene muchas cualidades, con un ayuntamiento como el de Barcelona que, aunque tiene una muy buena tradición y estructura, también está lleno de inercias, lentitud administrativa y conflictos. Ves cómo funciona la Guardia Urbana, cómo funciona el sector inmobiliario, cómo son las asociaciones de vecinos, cómo funciona todo. Es como estar actuando dentro del teatro, del circo o de la plaza de toros.
¿Ha escrito sobre eso?
Sí, hice un libro con Zaida Muxi, mi mujer, que es una feminista famosa que ahora trabaja en México, que se titula Política y Arquitectura. Por un urbanismo de lo común y ecofeminista. Significaba, al volver a la universidad, intentar explicar el aprendizaje de esta experiencia política, incorporarlo al conocimiento de la cultura, la teoría y el mundo académico. Hay excepciones como Oriol Bohigas, que fue un gran arquitecto y político, pero el perfil de ser académico y haber estado en la política se da poco. Generalmente, los académicos se dedican a la investigación y docencia, a su mundo, y los políticos son pragmáticos, van aguantando años y años. Tengo amigos y amigas que son arquitectos y han sido políticos, pero es una situación minoritaria. Mientras estaba de concejal tomaba notas. Dije que todo aquello debía pensarlo, darle vueltas y comunicarlo. Escribí bastante para no olvidar muchas cosas.
De esa época, han quedado las superillas. Primero recibieron mucha oposición pero al final casi todo el mundo está encantado con ellas.
Las superillas fue una de las propuestas por las que apostamos. Además, la primera se hizo en el distrito de Sant Martí, en Poblenou, de acuerdo con Salvador Rueda (ex-director de la Agencia de Ecología Urbana del ayuntamiento). Consideramos que debíamos probarlo rápido, ponerlo en la práctica. Ha tenido un recorrido, porque también es cierto que superilla, hecha con nueve manzanas, según el esquema del Rueda, sólo está la del Poblenou. Después ha evolucionado más a Eix Verd, como es la calle Girona, Consell de Cent, Rocafort. Es una idea que ha ido evolucionando. Poblenou cambió totalmente con la superilla. Entras y oyes los pájaros, los niños jugando, el rumor de una ciudad tranquila. La gente que vive en la superilla está feliz. Pero sí que encontramos una oposición que no esperábamos. Debo reconocer que fuimos ingenuos, pensamos que la gente enseguida diría que era buenísimo. Algunos banqueros, el lobby del automóvil y algunos negocios relacionados con los coches y motos, salieron en tromba haciendo una resistencia durísima. Tanta resistencia fue una sorpresa. También fue una cierta sorpresa que los que vivían en las superillas se organizaron, empezaron a realizar actividades y fanzines para defenderlas. Empezó en Poblenou y después se ha ido extendiendo por la ciudad. En perspectiva, reconozco que quizás no se explicó lo suficiente. Cuando estás en política contar las cosas que se hacen no es fácil. Para empezar, nosotros no teníamos los medios a favor. En el caso de Ada Colau teníamos la mayoría en su contra. La filósofa María Zambrano decía que los políticos no saben explicar lo que hacen. Existe cierta dificultad, además, de explicarlo de manera honesta. Otra cosa es hacer clientelismo y publicidad. No es fácil explicar y convencer a la gente para que participe. Hacerlo perfecto es imposible. Por mucho que avises y lo cuentes, hay mucha gente que no se da por enterada. Ahora, la gente está bastante encantada, pero costó arrancar.
Escribió un libro para denunciar el “lawfare urbano”. ¿No se puede evitar este lawfare?
El último caso ha sido el del Fiscal General del Estado. Es un mecanismo terrible, sin ética, destructor del enemigo político. Históricamente, el lawfare es un concepto estadounidense. Lo empezaron Estados Unidos con el maccarthysmo y la denuncia de los intelectuales y artistas de izquierda. Es un mecanismo de denunciar con malas artes a quien consideras enemigo, acusándole de cosas que no son ciertas. Ada Colau sufrió muchísimos… Como Mònica Oltra en Valencia o Lula en Brasil. En el caso de la Superilla nos atacaban pero no nos pusieron ninguna denuncia. Nos amenazaron con que seguro que conseguirían desmontarla pero no lo consiguieron. En el primer mandato de Colau, cuando estaba yo, tuvimos alguna denuncia de la extrema derecha, pero no salieron adelante. En el segundo mandato, cuando Ada Colau volvió a ser alcaldesa, todos los lobbies de Barcelona –Foment del Treball, hoteleros, AGBAR, el sector inmobiliario–, se fueron reuniendo y decidieron que no podía continuar, que tenían que hundirla. Fueron cuatro años sistemáticos de hacerle la vida imposible. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento iban desbordados. Si estás en desacuerdo con alguna decisión del Ayuntamiento, lo reglamentario es presentar un contencioso administrativo, con criterios urbanísticos o legales, pero eso no sale en la prensa. Vieron que con el lawfare, poniendo una denuncia, salía en la prensa, porque Ada Colau tenía que ir a declarar a los juzgados y los medios lo magnificaban. Todas las denuncias han ido cayendo por su propio peso porque no estaban justificadas. Ninguna de las veinticuatro denuncias tenía base. Pero en los periódicos no salía cuando se decidía que no había base. Los lobbies vieron que tenían un campo que mediáticamente era muy rentable. Aunque no consiguieran lo que pedían, desgastaba la credibilidad de Ada Colau. La pérdida de votos, por parte de la gente que la votaba responde en parte al desgaste que se logró con este lawfare. Era para desautorizarla, deslegitimarla, a través de ese debilitamiento. Es un proceso muy terrible que hunde a políticos y políticas. Se debería acusar de prevaricación a los jueces que cometen el delito de dejar entrar denuncias o pleitos sin base. Hay jueces que, al final, dicen que una denuncia no tiene base, pero el que ha dado rienda suelta a esta denuncia penal también es un juez.
En 2007 se aprobó un Plan para el Derecho a la vivienda en Cataluña que preveía llegar a un 15% de vivienda asequible, pero todavía estamos a un 2%. ¿Qué ha fallado?
Fue una ley que sacó adelante Carme Trilla desde la Secretaría de Vivienda del gobierno del tripartito, que hablaba de solidaridad urbana. Con ese 15% se entiende que no todo debía ser público. Ahora, el 2% es vivienda pública y, a grandes números, habría un 4% porque hay un 2% más de alquiler asequible, de oenegés, de fundaciones, de propietarios sin ánimo de lucro. Habría un 2% público y un 2% asequible. No todos los propietarios son especuladores. Hay propietarios que prefieren cobrar alquileres asequibles y tener a la gente viviendo en sus viviendas, que las cuiden y que estén de alquiler mucho tiempo. Pero sí, claro, al 15% no hemos llegado. Cuando entramos en el Ayuntamiento se recuperaron partes no aplicadas de esta ley. El Ayuntamiento invirtió más, transformamos lo que era el Patronato Municipal de la Vivienda en el IMHAB (Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona), lo doblamos de personal y espacio de trabajo, pero no fue suficiente. Quien debía aplicar este plan innovador era la Generalitat, y desde 2007 ha ido cayendo con los recortes del presidente Mas, con las complicaciones del procés, con un INCASOL inoperativo, en situaciones en las que nunca ha sido prioritaria la vivienda. Esto tiene una explicación histórica: desgraciadamente España tiene una tradición de mala política de vivienda desde siempre, y no desde Franco. Franco hizo vivienda, como decía su ministro Arrese, «para propietarios y no para proletarios, de venta limitada y no de renta limitada». Pero es que cuando en Europa se hacía la política socialdemócrata de vivienda, en el período de entreguerras, es decir, Viena iniciaba su política de vivienda que dura hasta la fecha, además de Fráncfort, Hamburgo, Amsterdam o Londres, aquí, en la dictadura de Primo de Rivera, eran especuladores de medio pelo los que hacían vivienda. Eran las casas baratas, que las llamaban las casas de papel. Las políticas de vivienda han sido siempre insuficientes, sin ningún cuidado y sin homologación alguna en Europa. En políticas de vivienda, España es una anomalía. Tenemos esta tradición de unos gobernantes que no han hecho sólidas políticas de vivienda. Durante el franquismo se realizaron unos seis millones de viviendas con dinero público y todas han pasado al mercado. Y después tenemos un sector inmobiliario, de la construcción y de administradores de fincas, muy especulador, muy poco social, con poca preocupación por el valor social de la vivienda. Aquí radica una de las claves de las políticas de vivienda, que es conseguir sacar vivienda del mercado. Cuanta más vivienda se saca del mercado, como ocurre en Viena o en Vitoria, en el País Vasco, más se puede controlar el precio del alquiler y el precio de la compraventa. La idea de sacar vivienda del mercado nunca la ha tenido nadie en nuestro país, sino que, en todo caso, se ha hecho vivienda para que el sector inmobiliario se enriquezca y pase a haber más propietarios.
¿Ninguno de los gobiernos de España y de Cataluña han hecho políticas que vayan en la buena dirección para avanzar?
No. Ni PP ni PSOE. El PSOE puede haber dicho que haría algo, sin embargo, a la hora de la verdad, quien eliminó la ley de los alquileres estabilizados fue Miguel Boyer, en un gobierno socialista. Y después, cuando el PP hizo el desastre de la nueva Ley del Suelo, de convertir la mayor parte de suelo en urbanizable, el precio del suelo se dobló en vez de bajar. No ha habido, en los gobiernos ni del PP ni del PSOE ni en los gobiernos catalanes, salvo en el tripartito, que tampoco pudo arrancar, una voluntad de una política de vivienda. Las políticas de vivienda no se improvisan, no pueden realizarse en cuatro años, ni en ocho prácticamente, sino que piden voluntad política, inversión y, sobre todo, continuidad. Con el PSOE y Sumar tenemos una Ley por el Derecho a la Vivienda en España de 2023, y se han ido haciendo también correcciones y añadidos. Legalmente no está mal, faltan cuestiones como regular el alquiler de temporada, algo que se acaba de aprobar en Catalunya. Sin embargo, tenemos una base que permite avanzar. En principio debe invertirse más. El PP invertía un 0,06% del PIB en vivienda, cuando en Europa se había llegado a invertir entre el 1% o el 2% en algunos países. El PSOE ha vuelto a recuperar lo invertido en la época anterior del PSOE. Tampoco es mucho. Tienes que tener las leyes y la inversión, y que esto se realice y dure muchos años. De momento, esto nunca ha sucedido ni en España ni en Catalunya. La recientemente nombrada directora de la nueva Entidad Estatal de Vivienda, Casa47, ha dicho que se tardarán cinco años en notar este cambio de política de vivienda.
Algunos indicadores han mejorado en el sector de la vivienda, pero la preocupación ciudadana por esta cuestión ha crecido. El tema de la vivienda es el que más preocupa ahora a la gente.
Obviamente, porque el alquiler ha subido muchísimo, presionado porque existe mucha demanda y una oferta insuficiente, calentada por la falsa expectativa de ganancias con Airbnb y del alquiler de temporada. Esto, claro, tensiona mucho el mercado. El mercado funciona en base a la expectativa no de un alquiler asequible, ni del alquiler según el índice de precios, sino de alquileres de temporada, de hacer coliving, alquilar a expats que puedan pagar mucho, viviendas de lujo. Todo esto inflaciona el precio. El alquiler ha subido, y puede significar el 50% de las rentas, de los recursos de una pareja o familia; y la compraventa también ha subido un buen porcentaje. Son muchos factores que convergen y hacen que el que está de alquiler esté pagando mucho. Quizás muchos quisieran comprar, pero les cuesta hacerlo porque los precios han subido mucho. Hoy ha salido en el periódico que se han comprado más pisos este año, tantos como en la época de la burbuja inmobiliaria, pero el 70-80% pagan al contado. Éstos no son de aquí. La gente de aquí, en su mayoría, paga con hipoteca, no al contado. Son inversores, compañías inversoras o gente de Europa o Norteamérica que compran pisos aquí y tienen mucho dinero. Se hacen viviendas, no es suficiente, hay que hacer muchas más, pero gran parte de las que se hacen no van por la gente de Barcelona, ??su área metropolitana o Catalunya, sino que van para inversores, expats o gente que quiere tener una vivienda para venir en verano. No está cumpliendo su función social, sino que es una inversión. Esto hace que el alquiler suba y que la compraventa suba. Te arriesgues a comprar o estés de alquiler, la mayor parte de la gente está en una situación inquietante porque está pagando mucho por el alquiler, está pagando mucho de hipoteca o está queriendo comprar y ve que no puede. Si el problema de la vivienda no se resuelve, hay cada vez más conciencia y aparece como el mayor problema. Además, tenemos casos como el de la casa Orsola o el caso de las promociones de coliving que incumplen las normas y expulsan a la gente. Es un fenómeno que no sólo vives tú o tus familiares o conocidos, sino que ves todos los días que desahucian a gente. Es un conflicto cada vez más visible.
Hay sondeos de opinión que dicen que el giro hacia la extrema derecha de mucha gente, entre ellos muchos jóvenes, se debe en gran parte al tema de la vivienda. ¿Es el factor principal para que se produzca este giro?
Hay más factores. El problema de la vivienda implica la dificultad de emancipación, de tener una vida más libre, un proyecto de vida. Es cierto que a la gente joven o a ciertas generaciones les condiciona. Se dice que Vox aumenta el número de votantes, que los jóvenes tienden a ser más de derechas, que los hombres jóvenes siguen siendo machistas… Son ciertas tendencias, pero el mundo está muy polarizado. Veamos lo que ha pasado en Chile. Tenían que elegir entre un candidato del Partido Comunista o uno de extrema derecha, pinochetista, de lo más facha. Ha ganado el de la extrema derecha. Hay jóvenes conservadores y jóvenes que siguen a Vox, pero hay muchísimos jóvenes activistas que ocupan espacios en desuso, que están en el Sindicat de Llogateres, que se organizan. Siguen habiendo jóvenes comprometidos. Se dan los dos fenómenos. Es cierto que se polarizan cada vez más en posiciones más extremas, que ante los conflictos, los problemas, los retos, la tendencia es ir hacia la extrema derecha y contra la política, los políticos, y desconfiar de todo y creerse cualquier mentira. Pero también hay una reacción anticapitalista, que considera que este sistema no funciona y que debemos luchar en su contra. Quizás sí que a la hora de votar acaba ganando un poco más los que van hacia la derecha que los activistas y los de izquierdas anticapitalistas, pero los dos polos existen. No puede simplificarse con una única tendencia, sino que es más bien una polarización. Ocurre que no se han inventado nuevos sistemas, porque el comunismo y el socialismo han tenido problemas para ser duraderos. La socialdemocracia, que tiene más de cien años —nuestro PSC es socialdemocracia–, cree en el desarrollo, en un crecimiento que no tiene ningún límite. Y después el fascismo sigue siendo un modelo. Seguimos con modelos anacrónicos. No tenemos modelos sociales, utopías o modelos de vida para nuestro tiempo. Más que nada, el problema de la vivienda es no poder imaginar mundos que no sean la extrema derecha, el fascista, contra los migrantes, etc… o la socialdemocracia, que es Pedro Sánchez o Salvador Illa, que sigue diciendo que hay que ampliar el aeropuerto o hacer grandes inversiones. Hay una falta de modelos que no sean estos que, de alguna forma, están desgastados y que vuelven a reaparecer.
Dice que hay que construir viviendas, aunque hay expertos que aseguran que la solución no es construir más.
Sí, sí, debe construirse más, pero hay que hacerlo todo. Una de las primeras cosas que hicimos fue estudiar cuántos pisos vacíos había en Barcelona. No llegaba ni al 2%. En las zonas tensionadas no existen pisos vacíos que se puedan utilizar. Puede que haya pisos vacíos de uno de esos inversores que los tiene y quiere alquilarlos a un precio muy alto y no los alquila, o que los tiene un mexicano, un danés o un suizo que sólo lo utiliza un mes al año. No pueden considerarse vacíos porque tienen su propietario aunque esté infrautilizado. O sea que hay que hacerlo todo: recuperar pisos vacíos, comprar viviendas, algo que como Ayuntamiento hicimos bastante y ahora se hace mucho menos. Con la ley de tanteo y retracto que extendimos a toda la ciudad, el Ayuntamiento tiene prioridad en cualquier compraventa de suelo calificado de vivienda o de un edificio de viviendas. Debería haber mucha más inversión en los edificios, si son interesantes, por su situación, por su precio, por si hay pisos vacíos y son utilizables. Hay que comprar pisos ya hechos, pero también hay que hacer pisos nuevos. Debe hacerse en los tejidos urbanos en suelo urbanizable y no urbanizar más suelo, no hacerlo en lugares inundables o cargándose bosques. Debe completarse el tejido urbano que existe. En el Área Metropolitana hay mucho suelo todavía. También en Barcelona, ??en el distrito de Sant Martí, por ejemplo, o en la Marina del Prat Vermell. En muchas ciudades catalanas queda todavía suelo, quedan también zonas industriales obsoletas. Se trata de aprovechar ese suelo existente y reforzar la estructura urbana.
¿Qué hay que hacer con los pisos de la Sareb?
La Sareb tiene solares, mucho suelo, y tiene pisos. La Sareb no ha sido bien gestionada y es un fondo infrautilizado. Nosotros fuimos de los primeros que logramos un acuerdo con la Sareb en el mismo 2015. Nos reuníamos con ellos cada dos meses y nos iban cediendo pisos. Pero los pisos que tiene la Sareb, y cada vez supongo que será más así, no son pisos en buen estado, o están ocupados. Tiene un pasivo de pisos, pero difícilmente utilizables de inmediato. A nosotros nos cedía cada dos meses, por ejemplo, 50 pisos, pues un 50% estaban en muy mal estado, estaban destrozados y un 50% estaban ocupados. Con los que estaban ocupados lo que en principio se hacía era regularizar la situación. Lo que tiene la Sareb muchos ni saben muy bien dónde está. Esto quizás ha ido evolucionando, pero en la época cuando yo estaba de concejal de vivienda, era así. Tenían una cartera de miles de pisos y suelo, pero muy caótico y poco utilizable directamente. Cuando Pedro Sánchez dice que conseguirán de inmediato 50.000 pisos de la Sareb e inmediatamente 13.000, por mi experiencia es que estarán en mal estado u ocupados. La Sareb debería intervenirse, poner orden y sacar el máximo partido social de lo que tiene, pero siempre sabiendo que están mal situados, en barrios muy periféricos, en zonas más degradadas. En un sector inmobiliario tensionado, todo lo apetitoso ya está utilizado y de algún modo se le está quitando rentabilidad. Lo que queda son restos que nadie quiere, y eso es lo que tiene la Sareb.
Hablaba del 30% de reserva de viviendas por temas sociales. El alcalde Collboni dice que no ha funcionado.
Era una medida que nosotros sacamos adelante con el apoyo de la reclamación de los movimientos sociales, de la PAH, el Sindicat de Llogateres, el Observatorio DESC, la FAVB y la ABTS (Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible). Barcelona en común compartió esta exigencia del 30%, que se aplica en Nueva York, en París, en Vancouver y en otros muchos lugares, y no lo hubiéramos podido hacer solos. Lo hicimos gracias a esa presión de los movimientos ciudadanos que provocó que los partidos políticos no quisieran quedar mal y se aprobara. Es una medida compleja que tuvo muchos enemigos, pero necesaria. El Ayuntamiento tiene suelo en zonas de transformación, en la Sagrera, en el 22@, en la Marina del Port Vell, pero no las tiene en el Eixample o en Gràcia, en los tejidos históricos. También tiene en Ciutat Vella porque hay mucha transformación. Para tener viviendas asequibles en estas áreas debes encontrar otra medida. En estos distritos no puedes comprar tantas viviendas y el 30% sirve para ello, para poder ir disponiendo de viviendas asequibles, ya sea a partir del tanteo y retracto o con el 30%, en una promoción nueva del Eixample o en una rehabilitación integral. Tal y como está la normativa, siempre debe ser económicamente viable. No se exige que el promotor salga perdiendo. Se negocia, porque el 30% no da un número redondo; se negocia cuántas viviendas pasarán a ser asequibles, si serán de alquiler, si serán de venta, cómo se hará… Se negocia operación por operación. En este momento hay unas 150 viviendas que se han terminado o que están en proceso, que no son muchas, es cierto. Es lo que se ha conseguido después de que primero no se aplicara directamente, porque el PSC retrasó su aplicación, lo que permitió que se pidieran muchas licencias antes de que la norma entrara en vigor. Muchos promotores se lo saltan. En la rehabilitación se lo saltan la mayoría porque no piden permiso para todo el edificio, sino que lo van pidiendo por piezas para que no conste que es una rehabilitación integral. La tendencia del sector inmobiliario es saltárselo. Como no aceptan esta ley, buscan trampas para saltársela.
Apostó fuerte por las cooperativas de vivienda.
Promovimos toda una nueva generación de cooperativas de vivienda que han hecho famosa Barcelona. Hemos creado simpatía en todo el mundo. Incluso en Viena, en los sitios más avanzados, admiran nuestras cooperativas de vivienda, con cesión de uso, buena arquitectura, arquitectos jóvenes, etcétera. El ayuntamiento actual deja que vayan haciendo, pero ya no las promociona.
No ha retirado la norma del 30%.
No ha logrado retirarlo, pero no ponen las multas y no hay sanciones. Toda normativa o reforma avanzada, tipo 30%, tanteo y retracto, que con la rehabilitación no expulses a los vecinos, los apartamentos turísticos ilegales, requiere sanciones, una política de vigilancia, sancionadora, que no es agradable, pero no hay otro remedio. He visto que el ayuntamiento pone ahora multas de 500 euros a los promotores de coliving que no piden permiso. Nosotros poníamos multas de 30.000 y 60.000 euros a los apartamentos turísticos ilegales. Estas normativas que van contra los intereses dominantes, de los lobbies, de los inversores, de los especuladores, requieren una política de inspección y multas, no tanto para ganar dinero sino para parar esa presión.
¿Qué política de vivienda debe realizarse en este momento de emergencia climática?
En las viviendas públicas que hace el IMHAB del Ayuntamiento de Barcelona como en las que hace el IMPSOL, el operador del Área Metropolitana, se tienen en cuenta estas cuestiones de las fachadas, ventilación natural, ahorro energético, materiales sanos, plantas flexibles que se puedan transformar,… Se tiene bastante en cuenta. Quizás no lo suficiente, porque, por ejemplo, debería exigirse más, que no pueden ser todas las fachadas iguales, porque es diferente que una fachada dé al este, al sur, al oeste o al norte. La incidencia del sol es muy distinta. Se podría ser aún más estricto, pero sí existe la intención, la voluntad, y hay proyectos que son muy atractivos y de referencia. Existe el problema de la relación entre la cantidad y la calidad. De vivienda pública de calidad en el Área Metropolitana se hace, pero poquísima, es prácticamente simbólica. Debería multiplicarse por 10, como mínimo. Debería haber mucho más. Hay que hacer vivienda porque hay un crecimiento demográfico de miles y miles de personas que las necesitan, para los jóvenes que quieren emanciparse y para las familias que se dividen. La clave es quien es el operador. El IMHAB ha vuelto a ser muy funcionarial y muy lento. El IMPSOL está más dinámico, aunque construye más en el Llobregat que en el Besòs, pero la vivienda debería ser toda de alquiler y debería ser más en zonas urbanas. Pero el gran problema es INCASOL, el operador de la Generalitat. Illa ha asegurado que hará 50.000 viviendas. Esperemos que pueda. Pero si el operador que tienes es el INCASOL, que ha sido obsoleto, incapaz de hacer viviendas durante muchos años, tienes que transformarlo, cambiarlo. Al final las viviendas no salen como setas. Si tú no transformas el operador que debe realizar las viviendas, no las harás, es imposible.
Cree que mientras estemos en un sistema de mercado capitalista, los lobbies tienen las de ganar.
Es una cuestión política. El capitalismo algún día se acabará. No ha habido ningún sistema político que dure eternamente. Todos han ido desapareciendo. El capitalista tiene mucha capacidad de transformarse. Se ha transformado ahora en esta economía mal llamada colaborativa, con las plataformas, con el mundo digital, Internet, IA, etc. Pero algún día se acabará. Quizás no lo veremos, pero mientras esté el sistema capitalista, los poderosos tienen las de ganar. Tienen el resorte del poder. En el Ayuntamiento lo ves. No éramos los poderosos de la ciudad. Sabíamos quiénes eran los poderosos. Y éstos reclaman su poder, sus prioridades y su capacidad de decisión y actuación. Es un sistema pensado para los poderosos que tienen el capital, los medios de producción, los mejores sistemas informáticos… Son los que dominan. La única solución es encontrar mecanismos para frenarlo, encontrar alternativas, sobrevivir dignamente dentro de este sistema. El problema de la vivienda es inherente al sistema capitalista. Ya lo escribieron Engels y Marx: el primer sistema de dominio y explotación es el trabajo y el segundo, la propiedad del suelo y la vivienda. El sistema capitalista se apropia del suelo, de lo común, e intenta acumular en pocas manos el suelo y la vivienda. Es la lógica de ese sistema. Puedes intentar desde el Estado intervenir o hacer pactos público-privados e intentar llegar a soluciones más o menos de un cierto equilibrio, mejorar las condiciones de vida de la gente, pero siempre estás en un sistema injusto. Es así. Un día se acabará, lógicamente. Pero puede durar todavía.
Le preocupa el tema de los sin techo.
Sí. Si tienes como prioritaria la cuestión de la vivienda, los sin techo viven la peor condición al respecto; sin casa, sin cobijo, sin intimidad, desprotegidos, durmiendo en la calle, vulnerables a todo tipo de agresiones. Ninguna política de vivienda puede olvidarlos.
¿Tiene alguna medida para mejorarlo?
Antes de entrar de concejal, sobre todo a través de Ricard Gomà, conocí a bastantes sin techo; había estado en contacto con Arrels y con la Comunidad de San Egidio, y he visitado sitios de acogida de gente sin techo. En Barcelona son unos 2.000. Te das cuenta de que es gente que ha tenido mala suerte, que ha acumulado problemas familiares, desgracias, enfermedades, adicciones. Es una situación de la condición humana en la que puede caer todo el mundo. Cualquiera puede encontrarse con una serie de desgracias. También intentamos hacer cosas desde Derechos Sociales, pero cuando tienes un problema de la vivienda tan grande que afecta a las clases medias, a los trabajadores, a los migrantes, etc, por mucho que hagas, es difícil dar prioridad al problema de los sin techo. Puedes intervenir, pero es difícil de afrontar y resolver. Si me interesa el problema de la vivienda la situación más precaria es la de la que no la tiene. Soy consciente de que es un tema difícil. Algunos países como Finlandia, Austria o Canadá han podido afrontarlo porque tienen el problema de la vivienda mejor enfocado. Tienen vivienda para gente joven, para mayores, tienen cooperativas para gente con problemas de todo tipo. Y tienen también edificios para gente sin techo. En nuestro caso, que tenemos un problema de la vivienda tan grande de carencia de políticas de vivienda, afrontar esta cuestión sólo se puede hacer con acuerdos con fundaciones, con entidades privadas, e intentar que no aumente, que disminuya, intentar que no se produzcan estas situaciones. Y el siguiente paso son los que viven en asentamientos, que también es muy preocupante, en naves industriales, edificios abandonados, en barracas… Al menos tienen un cobijo muy precario. Se puede mirar que los niños puedan acudir a un colegio, que tengan sanidad,… Estos sí que se realojan más en viviendas sociales. Los APROP (Alojamientos de Proximidad Provisionales) proveen módulos prefabricados para acoger algunos sin techo. En Ciutat Vella hay uno y en Glòries hay otro. Son contenedores marítimos reconvertidos en vivienda. Vuelve a ser el mismo problema de la cantidad. Tienes 2.000 sin techo y puedes encontrar una digna solución para 20, 40 o 100.
Si volviera a tener 60 años y a ser concejal de vivienda en un gobierno progresista, ¿qué haría? ¿Cuáles serían sus prioridades?
Haría cosas parecidas a las que hicimos. Apostar por las cooperativas, por la prefabricación, por hacer vivienda nueva, sostenible y ecológica para afrontar el cambio climático. Intentar resolver el problema de los sintecho y de los que están en los asentamientos. Para ello debes aplicar todas las medidas posibles, de recuperar pisos vacíos, comprar, construir, rehabilitar, acuerdos público-privados,… Estos acuerdos público-privados, que hicimos alguno, son difíciles porque desde el sector público hay cierta desconfianza burocrática hacia lo privado y los privados tienden a ser especuladores. Pocos quieran hacer acuerdos con el Ayuntamiento para promover iniciativas con cierto interés social. En otros países, sobre todo de cultura angloamericana, tienen más desarrollado trabajar juntos público y privado. Aquí, en principio, el mundo público y privado tienen muy pocos contactos. Lo que ves con la experiencia es que falta muchísima más inversión, muchísimos recursos humanos, gente trabajando en ello, mucha continuidad. El Ayuntamiento de Barcelona tiene presupuesto, pero debería invertir mucho más en vivienda. La Generalitat de Catalunya si no transforma el INCASOL e invierte más, no hará nada. Y el gobierno español, que debería ser el que pasara el dinero a las autonomías, no sabemos exactamente qué está haciendo y lo que se sabe que hace es insuficiente. La política que aplicaría sería similar con algunos matices, sabiendo por experiencia que algunas cosas funcionan mejor que otras. Si sigues teniendo unos operadores escuálidos y que van haciendo viviendas a un ritmo que nada tiene que ver con las necesidades de crecimiento, las necesidades de la gente que no tiene recursos, de las familias vulnerables, no resuelves el problema, más bien aumenta.
Volvería a sufrir.
Sí. Pero es imprescindible afrontar el reto. Por ello, debe multiplicarse la inversión, aportar más recursos humanos, no renunciar a ninguno de los instrumentos y medidas (compra de pisos, obra nueva, rehabilitación, industrialización, cooperativas, disciplina de vivienda, regulación de los alquileres, incluidos los de temporada, el 30% de vivienda asequible, la reducción de los apartamentos turísticos, etc.). Y también es necesario insistir mucho más en potenciar operadores y acuerdos público-privados.
La entrada Josep Maria Montaner: “El problema de la vivienda es inherente al sistema capitalista” se publicó primero en lamarea.com.
Pasar por delante de algunos referentes turísticos de Barcelona, como la Casa Batlló, en el Passeig de Gràcia, puede resultar un acto inolvidable. Primero, evidentemente, porque se trata de una de las obras de Gaudí más reconocidas, perteneciente a su etapa naturalista y verdadero ejemplo de su genio como arquitecto de y para la burguesía catalana del momento; y, en segundo lugar, por la gran cantidad de personas que se agolpan en la puerta –futuros visitantes unos, curiosos y fotógrafos más o menos profesionales otros–que dificultan enormemente el paso de los peatones y de las bicicletas que recorren la acera y el correspondiente carril bici. Pero si el simple tránsito por esta parte de la ciudad es complicado para cualquier peatón, todavía lo es mucho más para aquellas personas que tienen algún tipo de diversidad funcional: en estos casos, la tarea pasa de ser inolvidable a ser imposible.
Hace mucho tiempo que las normativas obligan a dejar las fachadas de los edificios como espacios libres y seguros para que las personas ciegas puedan utilizarlas como guía para desplazarse por la ciudad, pero el reciente Código de Accesibilidad –Decret 209/2023, de 28 de novembre– ligado a la Llei 13/2014 d’Accesibilitat aprobada por el Parlament de Catalunya, es aún mucho más claro al respecto. Además de esta obligación lógica y razonada, todas las calles han de disponer de diferentes elementos podotáctiles en el suelo con el objetivo de ofrecer orientación para transitar con seguridad por calles y plazas. No obstante, todos estos elementos son dificultados e impedidos por la Casa Batlló.
En la capital catalana, la Carta de Ciutadania. Carta de derets i deures de Barcelona reconoce, en su capítulo 1, el derecho a encontrar en la ciudad las condiciones de accesibilidad universal para vivir dignamente. Esta cuestión debería reflejarse en el espacio público y es función del Ayuntamiento proteger de manera activa y de oficio este derecho. Así, si este se viera en algún momento afectado, tiene el deber y la obligación de notificar el incumplimiento a las partes afectadas y, si el hecho persistiera, sancionar e intervenir para eliminar cualquier elemento que incumpliese las normativas de accesibilidad vigentes.
El Ayuntamiento de la ciudad, por otro lado, cuenta con un buzón donde realizar denuncias, preguntas o consultas sobre diferentes tipos de situaciones que puedan afectar o interesar a la ciudadanía. Así, es posible requerir información, por ejemplo, sobre el sueldo de los diferentes concejales que conforman el consistorio o, como es el caso, si la Casa Batlló dispone de algún tipo de permiso que le permita ocupar y alterar la circulación de los peatones a su paso por las inmediaciones del inmueble y que contravenga las normativas de accesibilidad que prohíben ocupar los espacios de fachada para proteger los itinerarios de personas ciegas.
La misma Carta de ciutadanía antes citada indica que “todas las personas tienen derecho a relacionarse con la administración municipal de una manera imparcial y objetiva y (…) con transparencia y confianza legítima”, algo que no siempre sucede cuando se plantea una reclamación sobre un hecho como el que nos ocupa, pues el Ayuntamiento parece cerrar sistemáticamente incidencias que no se han resuelto, actuando sin la transparencia necesaria para que los vecinos y vecinas dispongan de la información concreta sobre las actuaciones relacionadas con sus quejas. Estos hechos provocan un gasto innecesario para la administración, ya que los vecinos y vecinas se ven obligados a trasladar la denuncia a la Sindicatura de Greuges de Barcelona, una acción superflua si el Ayuntamiento realmente estableciera una relación de transparencia y confianza con las personas que viven en la ciudad.
Este es el caso de la Casa Batlló y sus reiterados incumplimientos en relación con el derecho a la accesibilidad para personas con diversidad funcional por el espacio público que se encuentra ante sus puertas. Tras plantear, por parte de los autores de este artículo, el caso ante la Sindicatura de Greuges de la ciudad, esta ha constatado que no solo incumple las normas de accesibilidad teniendo conocimiento de ello, sino que, además, la ocupación del espacio público que realiza para su negocio la lleva a cabo sin ningún tipo de permiso municipal. Nos encontramos, por tanto, ante una apropiación indebida del espacio público en beneficio de una actividad privada de carácter turístico, con decenas de millones de euros de beneficios anuales según algunos medios de comunicación, además de ante el incumplimiento del más elemental de los derechos de la ciudadanía: la libre circulación por las calles y plazas de una ciudad y la garantía de la misma para la totalidad de las personas, independientemente de sus características físicas o sociales. El tan manido derecho a la ciudad, incluso desde una perspectiva de derecho positiva, es automática y sistemáticamente vulnerado.
Evidentemente, este no es el único ejemplo representativo de esta casuística, sino que, desgraciadamente, nos encontramos ante un mecanismo más común de lo que podríamos pensar. Con el objeto de poner de manifiesto cómo este proceso de usurpación del espacio público es altamente frecuente en la ciudad de Barcelona, se ha seleccionado un amplio espacio de la misma basado en dos características principales: su proximidad al centro turístico, comercial, simbólico y político de la ciudad y la presencia en sus inmediaciones de una alta concentración de equipamientos turísticos, principalmente hoteles. Entre las muchas localizaciones que cumplían estos dos aspectos se encuentra la Gran Via de les Corts Catalanes, específicamente el tramo entre la Plaza de Tetuán y el Passeig de Gràcia, precisamente cercano a dos de las obras de Gaudí más conocidas: la ya citada Casa Batlló y la Casa Milà o Pedrera.
En esta área existen un total de ocho hoteles: Casa Bonay, GrupHotel Gran Via 678, Gran Hotel Havana, Hotel Palace, Hotel Indigo, Hotel Granvia, Hotel Almanac y Cotton House Hotel, todos calificados entre cuatro y cinco estrellas, excepto el Granvia que solo tiene tres. Cabe recordar que la existencia de esta alta concentración de hoteles en esta parte de la ciudad responde a la deriva turística que tomó Barcelona a partir de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992, algo que ya se estaba gestando anteriormente, durante los años 70, cuando la ciudad buscó modificar su economía urbana, pasando de una centrada en la producción industrial a otra más orientada hacia el sector terciario, con la celebración de ferias y congresos como elemento principal.
La especialización turística de la ciudad es más que evidente cuando se realiza una mirada a la estadística del sector. Mientras que en 1990 Barcelona solo contaba con un total de 118 hoteles, en 2024, tres décadas después, estos habían alcanzado la cifra de 442, un 375% más. Si hablamos de plazas hoteleras, estas han pasado de 18.569 existentes en 1990 a 77.068 disponibles en 2024, un incremento del 415%. Si nos referimos a visitantes, estos pasaron de 1,7 millones en 1990 a 7,9 millones en 2024. Los incrementos llegan al 464%, sin contar pisos turísticos irregulares o excursiones sin pernoctación. Un aumento tan significativo de visitantes altera inevitablemente las condiciones de vida de la ciudad anfitriona.
La falta de gobernanza en el turismo suele estar detrás del inicio de las dinámicas de turistificación, un proceso que podríamos entender como aquel mediante el cual todas las relaciones sociales en un espacio determinado pasan a estar mediadas por el turismo. Entre sus efectos se encuentra lo que David Harvey denominó “acumulación por desposesión”: la apropiación por parte del capital de recursos que antes estaban fuera del mercado. Esta forma de acumulación es evidente, a veces, en el sector turístico: la actividad vive de recursos ajenos, propiedad colectiva de la ciudadanía gestionadas por la administración bajo figuras públicas –playas, naturaleza, cultura, calles, aceras–. Este es el caso de la apropiación realizada por referentes turísticos como la Casa Batlló y por los hoteles de la Gran Via. Durante la investigación para este artículo, al menos cinco hoteles –Havana, Palace, Indigo, Almanac y Cotton House– ocupan irregularmente el espacio público frente a sus accesos siguiendo el camino trazado por la Casa Batlló.
La apropiación se materializa mediante la disposición de grandes maceteros, alfombras estetizantes o por la ocupación de la acera por vehículos de clientes en espera. Esta ocupación decorativa no funcional, destinada a añadir distinción, es una forma de acumulación por desposesión, pues los hoteles se apropian de un recurso común con el fin de ampliar sus beneficios. Y lo llevan a cabo, además, mediante el incumplimiento de normativas de accesibilidad, perjudicando la seguridad de las personas con discapacidad. Resulta evidente que, ante la inacción municipal, responsable de velar por el derecho a la accesibilidad urbana, algunas empresas relacionadas con el turismo más elitista parecen ocupar la ciudad palmo a palmo para beneficio privado.
Este quehacer de parte del sector turístico vendiendo lo que no es suyo no se limita a la apropiación de las aceras, sino que es mucho más extensivo. El caso de las terrazas de bares y restaurantes, sería otro ejemplo palmario que mostraría una de las vertientes más notorias, aunque menos señaladas y comentadas. Su habitual presencia nos ha hecho acomodarnos a la idea de que una ciudad es también un parque de mesas y sillas que ocupan el espacio de nuestra cotidianeidad. Ya ni las vemos. Sin embargo, como actividad social y económica, se encuentra basada en unos recursos, una materialidad, que no es suya, sino que es de todos.
La importancia del sector turístico en Barcelona es innegable: 14% del PIB y 16% del empleo. Cualquier planteamiento de gobernanza urbana debe garantizar su sostenibilidad económica, social y ambiental, evitando que la ocupación de esferas que no le pertenecen o lleguen al extremo de perjudicar la vida cotidiana de sus vecinos y vecinas. Sin embargo, esto no parece estar ocurriendo y, como ejemplo, el trabajo de campo breve realizado en el tramo estudiado de la Gran Via barcelonesa. Tal y como se ha intentado mostrar, los hoteles en él situados actúan como si la calle fuese un recurso propio, pese a ser bien público, y haciéndolo infringen una clara normativa autonómica y municipal que busca la inclusión de todas las personas y su acceso al derecho a la ciudad; un derecho que no debe y puede ser incompatible con actividades económicas.
La apropiación indebida del espacio urbano pone en riesgo un derecho internacional: la accesibilidad. Personas ciegas o con discapacidad deben poder disfrutar la ciudad sin arriesgarse. Sorprende, por tanto, la pasividad del Ayuntamiento ante prácticas visibles especialmente en zonas turistificadas.
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El pasado 12 de octubre, mientras en Madrid se desplegaban desfiles militares y banderas rojigualdas, en Gasteiz se vivía otra escena que, pese a su escala menor, revela la profundidad del problema. La Falange Española —un partido fascista que nunca ha dejado de reivindicar el legado de Franco— celebró un acto “patriótico” en pleno centro de la ciudad. “Euskal presoak, cámara de gas” y “pasamos y volvimos a pasar” fueron algunas de las lindezas que soltaron esa jornada.
Frente a ellos, un grupo de antifascistas decidió concentrarse para mostrar su rechazo a que el fascismo volviera a ocupar el espacio público vasco. La respuesta del Estado fue clara: 19 personas detenidas (uno de ellos menor de edad), imputadas por supuestamente lanzar piedras a la policía, cargas policiales y los falangistas vitoreando a la Ertzaintza.
Según relatan varios medios, la policía vasca cargó contra quienes se manifestaban contra el odio, usando pelotas de goma y empujones, mientras escoltaba y protegía a los militantes de ultraderecha. Según informa el periodista Danilo Albin en Público1, los falangistas aplaudieron y jalearon a los agentes cuando estos detenían a manifestantes, gritando “Ahí está la escoria etarra, grande policía”. El Gobierno vasco, por su parte, ha intentado justificar la actuación de la Ertzaintza apelando al “mantenimiento del orden” y al “derecho de reunión”.
Unos días después, el canal de Telegram de la Liga Antiglobalista Internacional (una internacional de 15 partidos de extrema derecha procedentes de varios países, impulsada por el oligarca ruso Konstantin Maloféyev, cercano al Kremlin) publicó el siguiente mensaje: “El 12 de octubre, nuestros hermanos de La Falange celebraron una reunión en Vitoria con motivo del Día de la Unidad Española. Antifa y los separatistas, que superaban en número a los falangistas hasta diez veces, intentaron interferir en la concentración y atacar a los nacionalistas. A pesar de su superioridad numérica, la izquierda recibió una terrible paliza tanto por parte de La Falange como de la policía”.
Los hechos de Gasteiz nos recuerdan que el antifascismo sigue siendo necesario. Que el fascismo, por muy marginal que parezca, encuentra amparo en las instituciones cuando éstas no se atreven a condenarlo con claridad. Y que, frente al fascismo y su blanqueamiento institucional, la respuesta sigue siendo la misma de siempre: organización, solidaridad y antifascismo.
En el mes de octubre, lejos de bajar los brazos ante el anuncio del alto el fuego en Gaza, el movimiento propalestino salió a la calle como siempre, para asegurarse de que la paz que se logre sea justa y duradera.
En este contexto, las movilizaciones de apoyo a Palestina se encontraron con una respuesta policial contundente, sobre todo en Barcelona. Por ejemplo, el 4 de octubre, diez personas fueron detenidas en las inmediaciones de la Plaça de Catalunya, acusadas de causar destrozos en empresas que colaboran con la ocupación.
Unos días después, el 15 de octubre, en el contexto de la huelga general por Palestina convocada por varios sindicatos, unas 50.000 personas recorrieron la capital catalana. En el transcurso de la protesta, según la versión oficial, se produjo la quema de contenedores, el lanzamiento de objetos hacia una línea policial frente al Consulado de Israel y otros actos de “vandalismo”. Los Mossos d’Esquadra intervinieron utilizando spray de pimienta y cargas con porrazos, lo que derivó en la detención de 15 personas, de las cuales 11 eran menores de edad. Según publica Izquierda Diario, estos fueron detenidos mientras volvían a sus casas, por el hecho de llevar simbología palestina y por presentar síntomas de haber sido rociados con spray. Han denunciado haber recibido tratos vejatorios, insultos, humillaciones racistas y falta de asistencia sanitaria en comisaría, donde no se les permitió ducharse, ni cambiarse la ropa llena de spray.
Según la organización Som Defensores, desde el asalto a la flotilla se han detenido a 34 manifestantes (la mitad menores y la mayoría personas racializadas) y se ha empleado en seis ocasiones gas pimienta para disolver manifestaciones. Al menos en una ocasión, tras usarse en la estació de Sants, entre 30 y 40 personas tuvieron que ser atendidas por equipos médicos.
Lo que medios como Cuatro y Telemadrid vendieron hace unos días como una “batalla campal” entre “desokupadores” y “Bukaneros y ultras de izquierdas que defienden a los okupas” en Puente de Vallekas es, en realidad, el episodio más visible de un hostigamiento sostenido contra un vecino y un gimnasio popular, envuelto en desinformación y con presencia activa de una empresa de desokupación integrada por escuadristas neonazis. El relato dominante —con platós dando altavoz a un supuesto propietario y cámaras buscando imágenes de choque— sirve para criminalizar al barrio y tapar la raíz del problema: la precariedad habitacional y la entrada de matones profesionales con agenda ideológica en los conflictos de vivienda.
El caso arranca con un señor apodado “Daan”, boxeador y empresario que se presentó en televisiones como dueño de una vivienda ubicada en la calle Leonor González. Sin embargo, Irene Zugasti, periodista de Diario Red, ha accedido a la nota simple del Registro y ha comprobado que Romero no figura como propietario; la casa es de unos herederos. En cualquier caso, el habitante, Juan Carlos, una persona que trabaja cuidando a personas mayores, vive allí desde hace casi nueve años con apoyo vecinal —preferían casa habitada y cuidada frente al riesgo de narcopisos—. Romero, por su parte, ya ha sido condenado por coacciones contra él por anteriores episodios de acoso. Pese a ello, siguió apareciendo acompañado de miembros APD Security Iberia, empresa de “desokupación” con historial violento2, intentando echar por las malas a Juan Carlos, mientras ciertas cadenas amplificaban su versión sin contraste.
El 14 de octubre se produjo el salto cualitativo: miembros de APD acudieron armados con palos y atacaron el Club Deportivo La Fábrika, un gimnasio popular con casi quince años de arraigo, muy cercano al domicilio de Juan Carlos. Si hubieran atacado una hora más tarde, se habrían encontrado una clase para niñas y niños de entre 7 y 13 años. La intimidación a este local venía de lejos, pues desde el primer día que acudieron a amenazar a Juan Carlos, el 26 de septiembre, los miembros de APD ya intimidaron a uno de los alumnos que estaba en la puerta esperando a que se abriera para asistir a clase, una escena que fue retorcida en televisión, presentando a los asistentes al gimnasio como agresores.
Los neonazis agredieron a algunas de las personas allí presentes y reventaron la puerta con palos al grito de “rojos maricones”. Así, parte del equipo de gimnasio se vio obligado a defender su local.
“Nuestra rutina se vio truncada abruptamente por una agresión sin precedentes, perpetrada por una empresa de desokupación de estas que han aflorado en torno a un sistema fallido con la vivienda”, explica La Fábrika en un comunicado. “Empresas formadas por asesinos a sueldo, donde muchos de ellos están vinculados al boxeo, Muay Thai, MMA y a la extrema derecha de este país. Nazis declarados, cuya visita a barrios multiculturales y obreros como el nuestro solo consigue alterar nuestra paz diaria, generando disturbios, inseguridad y miedo con su forma de actuar.
[…] El martes 14 de octubre estos escuadristas de desokupación volvieron. […] Varios vecinos y vecinas nos informan que sobre las 17:30 bajaban en dirección al gimnasio armados con palos, piedras y porras extensibles. En el interior del gimnasio nos encontrábamos ejecutando nuestra actividad deportiva normal. […] Un vecino que se encontraba en las puertas del local decide irse, cruzándose con uno de estos elementos, que le agrede y consigue regresar al gimnasio buscando refugio; en este momento comienza la “batalla campal”. Para nosotrxs fue un acto de defensa ante el inminente ataque de unos matones organizados a un gimnasio de barrio, local privado con toda su documentación en regla”3.
La policía, ausente en el inicio según la crónica, llegó más tarde y terminó por derribar el acceso al gimnasio. En total, detuvieron a 17 personas: 10 escuadristas de APD y 7 vecinas de Vallekas, entre las cuales había personas que habían defendido el gimnasio, pero también vecinos que llegaron más tarde y que ni siquiera habían presenciado lo ocurrido. “Como resultado de todo esto, fuimos detenidas dos personas del gimnasio que estábamos dentro en el momento del ataque, y cinco vecinos. Los agresores, aún estando localizados e identificados, no todos fueron detenidos”, detalla el comunicado.
El barrio, sin embargo, ha respondido con la mejor de nuestras armas: la solidaridad. Se ha organizado una presencia permanente junto a Juan Carlos para defender su vivienda y una defensa pública del gimnasio como proyecto comunitario. El pasado 24 de octubre, cientos de personas recorrimos las calles de Vallekas en una manifestación, convocada por PAH Vallekas, por la vivienda digna y contra las mafias de desokupación. Su punto de partida fue La Fábrika y terminó en el estadio del Rayo.
Frente a matones y bulos, organización vecinal, información verificada y antifascismo cotidiano.
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1Tras publicar Albin (periodista de origen uruguayo, afincado en Bilbao, que hace seguimiento a la actividad de la extrema derecha) el artículo en el que explicaba cómo los falangistas jalearon a la policía, el ultraderechista Martín Ynestrillas publicó un vídeo con su rostro, diciendo que es “un uruguayo que no entiende nada de lo que pasa en este país” y llamándole “miserable”, “embustero”, “canalla” e “idiota”.
2Nos remitimos a las detalladas investigaciones que han llevado a cabo Sistema 161 e Irene Zugasti, revelando los vínculos de esta organización con organizaciones de extrema derecha como Bastión Frontal, Yomus, España 2000 o Amanecer Dorado y empresas de seguridad formadas por militares israelíes. Entre los antecedentes de algunos de sus miembros se encuentran amenazas a familias en Tetuán, amenazas fascistas en València e, incluso, disparos en un desalojo en Illescas.
3Animamos a buscar en redes el resto del comunicado, que denuncia el papel cómplice de determinados medios de comunicación en el blanqueo de los discursos de odio y en la tergiversación de la realidad, así como habla de la implantación de La Fábrika en el barrio.
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