ANDREU SEGURA y AMANDO MARTÍN-ZURRO // Próximamente el Consejo de Ministros debe decidir qué ciudad alojará la Agencia Estatal de Salud Pública que (entre paréntesis) ha costado más de 10 años que el parlamento español apruebe. Las candidatas oficiales han sido ocho, aunque, como es preceptivo tener en cuenta el dictamen que emitirá una comisión pertinente, ésta, al parecer, puede proponer una sede distinta si así lo considerara justificadamente.
Escoger la ubicación es un primer paso, aunque, ya que habrá que erigirla, todavía tardaremos en disponer de ella. Eso sin contar con la eventualidad de cambios electorales que pudieran interferir el proceso. Sin embargo, como es obvio, la elección no es intrascendente.
Y aunque la convocatoria ha establecido unos determinados requisitos, entre los que destacan los geográficos –micro (edificio), meso (situación) y macro (geopolítica)– convendría que los componentes de dicha comisión –que, por cierto, no estaría de más saber quiénes son– tuvieran en cuenta otros criterios, particularmente los relativos al ámbito de la salud pública, sin olvidar que tal decisión tiene también carácter político. Una característica necesaria dado que los criterios exclusivamente técnicos no abarcan todas las dimensiones de la cuestión.
Político, no sólo partidista. Porque debería ser coherente con una idea determinada del Estado. Que no tiene por qué ser la que hoy la mayoría de las fuerzas parlamentarias interpretan. Pero también porque más allá de las preferencias ideológicas, los planteamientos estratégicos acostumbran a ser más fructíferos.
Desde un punto de vista más técnico, desarrollar la Agencia en un entorno con sólidas estructuras de salud pública puede facilitar la cooperación de los recursos sanitarios propios de la ciudad y su entorno. Por eso sería bueno conocer cuáles son las contribuciones más específicamente salubristas que cada una de las ciudades implicadas considera que justifican su candidatura. Y también lo sería para que la ciudadanía –y las entidades, corporaciones y organizaciones– tuvieran conocimiento del proceso, lo que facilitaría su implicación personal y colectiva con la promoción y la protección de la salud comunitarias que al final resultará imprescindible. Sin menospreciar la transparencia exigible en una democracia representativa.
Una información que –según parece– debe constar en el dictamen de la comisión evaluadora, aunque sería a posteriori, sin que esté claro el formato con que deba facilitarse. Por eso, si fuera posible, sería mejor conocerla con anterioridad, lo que generaría mayor interés público. Y, dado que las candidatas son ocho no parece demasiado difícil obtenerla. Quizá mediante una encuesta estructurada donde se pidieran datos concretos sobre los dispositivos de salud pública disponibles, su antigüedad y sus productos o resultados.
Una indagación que podría emprender alguna institución o entidad no afectada por sesgos potenciales sobre la preferencia de una u otra candidatura. Alguna entidad independiente, lo suficientemente solvente y competente para hacerlo. Quizás algún medio de comunicación social o incluso alguna asociación profesional o científica.
Y sin ocultar que –por razones obvias– nos gustaría que fuera elegida Barcelona, nos parece que algunas de las cualidades que resumimos a continuación, podrían justificar su elección.
En primer lugar, su larga tradición de salud pública, con unas raíces profundas, desde el «Abajo las Murallas» de Pere Felip Monlau que dio pie al Ensanche de Cerdà, imbuido de criterios higiénicos –por cierto, desarrollado gracias a la decisión del Gobierno español– a la actualización del alcantarillado por parte del arquitecto e ingeniero García Faria, un diseño que justificó mediante un análisis de la mortalidad casa por casa de diez años.
Sin dejar al margen la historia del antiguo Instituto Municipal de Higiene, hoy la internacionalmente reconocida Agencia de Salud Pública de Barcelona, la cual, además de ejercer sus responsabilidades legales en el ámbito de la salud comunitaria lleva a cabo proyectos innovadores de promoción de la salud, como el de SalutalsBarris.
Ni menospreciar tampoco la red de atención primaria y comunitaria AUPA o los servicios de medicina preventiva de los hospitales del Vall d’Hebron, Sant Pau, Mar y Clínic, que también son unidades docentes para la especialidad de medicina preventiva –el primer año de la residencia de la especialidad de estas unidades forma parte del programa oficial de máster en salud pública, impartido ininterrumpidamente desde el curso académico 1988-89 (actualmente UPF y UAB) con el patrocinio de la Agencia de Salud de Barcelona, de la Diputación de Barcelona, del Instituto de Salud Global (IS Global)– así como de la Secretaría de Salud Pública de Catalunya y sus servicios territoriales, que dan apoyo explícito a la candidatura, como también lo ha hecho el Cercle de Salut y el Consorci de salut i social, sin obviar las contribuciones que pueden hacer muchas instituciones cívicas y académicas, como las corporaciones profesionales o sociedades integradas en la Acadèmia de Ciències de la Salut de Catalunya i Balears o en la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, especialmente su cuarta sección (ciencias médicas, sociales y afines).
Lo que es poco discutible es la urgente necesidad de satisfacer la aspiración que hace más de 14años establecía la Ley General de Salud Pública. Independientemente de qué ciudad se elija, nos parece imperativo poder contar con los servicios de una prestigiosa Agencia Estatal de Salud Pública capaz de responder plenamente a las necesidades y retos de este ámbito en una sociedad desarrollada del siglo XXI.
Andreu Segura es es doctor en Medicina y Cirugía, epidemiólogo y especialista en Salud Pública y en Medicina Preventiva.
Amando Martín-Zurro es doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina de Familia y Comunitaria y en Medicina Interna.
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