Una multitudinaria marcha antirracista ha recorrido la ciudad de Brasilia para exigir buen vivir, justicia climática y afrofuturos
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La política del Ministerio de Igualdad se traduce en imponer su proyecto civilizatorio como moneda de cambio para que las entidades puedan conseguir financiación.
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La fotoperiodista Lee Miller, en la película en la que le da vida Kate Winslet, escucha en boca de un joven la misma pregunta a la que podremos enfrentarnos en unas décadas: «¿Cómo no os disteis cuenta de que [los nazis] estaban llegando?». La reportera, que cubrió la II Guerra Mundial tras ser una de las fotógrafas de moda más reputadas, responde lo que sentimos muchas de las personas que llevamos años investigando y advirtiendo sobre el auge de la ultraderecha: «Durante un tiempo, fue muy lento. Y, de repente, ya estaban aquí». Dejemos de hablar de auge de la ultraderecha porque la ultraderecha ya domina nuestra era: siembra el terror y la zozobra en todo el mundo desde la Casa Blanca, ocupa uno de cada cuatro escaños en el Parlamento Europeo, cogobierna comunidades autónomas y poblaciones españolas, y recibirá uno de cada cinco votos en las próximas elecciones generales, según la última encuesta del CIS.
En el libro Miedo. Viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio (Debate, 2022) analicé las causas de este giro histórico y cómo los poderes políticos, económicos y mediáticos habían azuzado los miedos –a los «otros», a la pobreza, a la soledad y a la muerte– allanando el camino a los nacionalpopulistas xenófobos y a los antidemócratas. Pero el ascenso ha sido tan meteórico que mientras investigábamos la trayectoria de sus líderes, sus vías de financiación, su estrategia de cooperación internacional, mientras nos debatíamos entre destinar nuestro tiempo a desmentir sus bulos o a contrarrestar sus discursos de odio, dejamos de lado lo más obvio y, también, lo más aterrador: que acaparan tanto poder porque buena parte de la población se lo ha dado a través de las urnas. Y que, por tanto, en todos los ámbitos de la vida convivimos con personas cuyas ideas políticas no solo no son respetables, sino que son criminales: amenazan los derechos y la vida misma de quienes consideran inferiores y enemigos: las personas racializadas, migrantes, feministas, del colectivo LGBTIQ+, y todas aquellas que defendemos activamente la democracia, la igualdad, la libertad y los derechos humanos. Personas con las que nos relacionamos a diario: nuestra tendera del comercio de proximidad del barrio, nuestro médico de la sanidad pública, la profesora de nuestras hijas en la escuela pública, nuestro monitor del gimnasio, el policía que nos tomará declaración tras una agresión machista, la jueza que la tendrá que juzgar, el periodista que la contará en una tertulia, nuestro primo, nuestra hermana, nuestro padre, nuestra madre.
Las izquierdas europeas y estadounidenses solo hablaron de crecimiento de la ultraderecha cuando nos incluyó a las personas blancas entre sus enemigos. Desde los años 80 hasta hoy, las políticas de los partidos de derechas y los socialdemócratas han desarrollado políticas muy parecidas contra las personas migrantes, a las que se interpretaban como una amenaza en todos los sentidos: para el mercado de trabajo, para la seguridad así como para la convivencia. Por ello, el corpus legislativo migratorio tiene un enfoque militarista y defensivo contra unas personas que ejercen su derecho a la movilidad para buscar oportunidades y seguridad. Es decir, sus políticas migratorias siempre han sido de extrema derecha porque consideraban las vidas de las personas migrantes de menor valor. Por eso, nadie ha sido juzgado ni condenado por las políticas que han provocado la muerte de, al menos, 30.000 personas en el Mediterráneo. Por eso, esa misma política mortífera es la que se permite seguir practicando hoy el Gobierno español, uno de los pocos progresistas que quedan en el mundo.
El discurso hegemónico contra las personas migrantes, mientras su explotación hacía posible el cacareado crecimiento económico europeo y estadounidense, ha sido el caballo de Troya que ha alumbrado esta era de la crueldad. Por eso, las personas migrantes no tienen que preguntarse hoy cómo van a relacionarse con toda esa gente que las desprecia cuando se dejan su sueldo haciendo la compra en sus comercios, cuando cuidan de sus padres y madres ancianos, cuando van a la consulta del ambulatorio público –que también pagan con sus impuestos–, o cuando dejan a sus niños y niñas en la puerta del colegio. Como no se lo preguntarán quienes dejaron de ir a las celebraciones familiares o laborales para no seguir escuchando comentarios homófobos y sexistas que atentaban contra su propia existencia. Todas estas personas siempre tuvieron que protegerse del fascismo porque ya estaba ahí. Mientras, el resto, la mayoría de las personas blancas cisheterosexuales, no lo querían ver porque sus vidas cotizaban al alza en ese ecosistema fascista.
Pero ya no hay lugar al engaño. El espejo estadounidense nos está mostrando cómo incluso la burguesía blanca demócrata está en peligro: activistas, feministas, intelectuales, periodistas, académicas, juristas, científicos y científicas no se libran de la diana cuando se interponen en el camino de los paramilitares de la ICE, cuando publican información crítica con Trump, cuando defienden que se aplique la legalidad internacional contra los responsables del genocidio de Gaza o cuando denuncian el impacto de las políticas de la Casa Blanca en la crisis climática.
Hoy, a la vez que la mayor parte de nuestras sociedades se ven perjudicadas por las políticas de la ultraderecha, estamos cada vez más cerca de que también la mayoría social defienda sus postulados. Es una guerra global contra la humanidad misma, espoleada por el autoodio que ha insuflado décadas de un estilo de vida neoliberal basado en el individualismo y el egoísmo. No es solo que cada vez más obreros autóctonos odien a los obreros extranjeros, sino que odian con más ahínco aún a los sindicatos que defienden sus derechos, a las políticas que suben sus salarios y a los periodistas que defienden el beneficio común de la redistribución de la riqueza. Cada vez más mujeres no solo odian a las feministas, sino que votan a políticas que niegan nuestra discriminación y la violencia de género. Y cada vez más personas pasan sus días macerando y envenenándose con nuevos odios difundidos por canales de televisión, de YouTube, de Telegram, de WhatsApp. Gente que se despierta deseando la muerte al presidente Pedro Sánchez por las nuevas balizas de la DGT, a las feministas por denunciar los abusos sexuales cometidos presuntamente por Julio Iglesias, a los ecologistas por acabar con la vida rural, a los antirracistas por llenar el país de ladrones y violadores, a los catalanes por querer acabar con España… Hombres y mujeres con apariencia normal, que no están en el Parlamento ni en los platós, sino en tu trabajo, en la puerta del colegio de tus hijos e hijas, incluso en la casa de tu padre y de tu madre.
Gente que, incluso, dice que te quiere. Y que, probablemente, lo haga. Pero que odia lo que eres, lo que piensas y que adora a quienes quieren tomar el poder para censurarte, perseguirte, encarcelarte, castigarte, violarte, matarte. Dicen que te quieren. Y probablemente lo hagan. Pero representas a sus enemigos. No lo eres. Nunca les privarías de derechos ni libertades. Tú nunca permitirías que les hicieran daño. Pero ellos sí están haciendo todo lo posible –de pensamiento, palabra, obra y omisión– para que otros lo hagan.
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Radio Almaina - Entrevista Fátima Abu Jarad Soto – Racismo y Sionismo Granada CF
LUCHA LIBRE es el programa de ASSI en Radio Topo – 101.8fm Zaragoza De parte de Eduardo Romero desde Cambalache-Oviedo: http://descargas.localcambalache.org/EnMarAbierto.pdf Con nuestro apoyo a las/os compañeros de DerechosCiviles15mZaragoza: http://derechosciviles15mzgz.net/wp-content/uploads/2016/05/Racismo-y-represi%C3%B3n-de-la-ciudad-al-mundo..pdf Y a quienes luchan en Barcelona: http://podcast.radiobronka.info/cinco-barbaros-en-la-cabeza-125-troleo-mossil/ Y de nuestra parte: https://unenormecampo.files.wordpress.com/2016/05/la-verdad-es-concreta-assi2016.pdf
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Trump no es el primer presidente en ordenar deportaciones, pero ha entendido que pueden utilizarse como ‘show’ para disciplinar. Frente a esto, el show de Bud Bunny nos da esperanza, está hecho para quienes hemos crecido en Latinoamérica. Pero, tras esa emoción, vuelve el vacío.
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Naomi Klein (periodista canadiense, 1970-) ha escrito tres libros que han conseguido cambiar la percepción de la sociedad. Sus anteriores libros son “No logo” (1999) y “La doctrina del shock” (2007).
En “Esto lo cambia todo” (2015) se propone hablar de un tema incómodo y que muchos eluden (como corrobora Leonardo DiCaprio en su documental “Before the flood“, verlo entero aquí). Naomi Klein expone los mitos y las realidades del Cambio Climático, sin caer en tópicos ni en la desesperación, ofreciendo datos, caminos y opciones que debemos transitar.
Naomi Klein reconoce que ella misma negó el cambio climático cuando “sabía que estaba pasando”. No lo negaba como Donald Trump diciendo que mientras exista el invierno el cambio climático es mentira. Pero lo ignoraba, como mucha gente, mirando para otro lado sin querer ser consciente de la realidad o confiando en milagros tecnológicos o políticos. “El cambio climático es así: es difícil pensar en él durante mucho tiempo. Practicamos esta forma de amnesia ecológica intermitente por motivos perfectamente racionales. Lo negamos porque tememos que, si dejamos que nos invada la plena y cruda realidad de esta crisis, todo cambiará. Y no andamos desencaminados”: “El cambio climático lo transformará todo en nuestro mundo”. Esto implica “cambiar cómo vivimos y cómo funcionan nuestras economías, e incluso cambiar las historias que contamos para justificar nuestro lugar en la Tierra. La buena noticia es que muchos de esos cambios no tienen nada de catastróficos. Todo lo contrario: buena parte de ellos son simplemente emocionantes”.
Naomi Klein constata que es posible que la lucha contra el cambio climático requiera invertir dinero, pero el dinero se puede conseguir. Como muestra, resalta que las autoridades sacaron “billones de dólares hasta de debajo de las piedras” para salvar la banca y han hecho “pagar a la ciudadanía la factura dejada por los bancos” que ocasionaron la crisis. “El cambio climático, sin embargo, no ha sido nunca tratado como una crisis por nuestros dirigentes”, pero “si un número suficiente de todos nosotros dejamos de mirar para otro lado y decidimos que el cambio climático sea una crisis (…) no hay duda de que lo será y de que la clase política tendrá que responder”, porque “no basta con que lo mitiguemos o nos adaptemos a él. Podemos aprovechar esto para reactivar economías locales, “recuperar nuestras democracias de las garras de la corrosiva influencia de las grandes empresas”, “recobrar la propiedad de servicios esenciales como la electricidad y el agua, reformar nuestro enfermo sistema agrícola y hacer que sea mucho más sano”, respetar los derechos indígenas y las migraciones climáticas, y “poner fin a los hoy grotescos niveles de desigualdad existentes”:
“La emergencia misma del cambio climático podría constituir la base de un poderoso movimiento de masas”.
Muchas veces se han aprovechado las crisis para imponer medidas que enriquecen a una reducida élite (España es un claro ejemplo): suprimiendo regulaciones, recortando gasto social, forzando privatizaciones, regulando a favor de ciertas empresas, limitando los derechos civiles (la “ley mordaza” en España), regalando dinero a los bancos, etc. El cambio climático es una crisis que podría aprovecharse, una vez más, para beneficiar a los ricos “en vez de para incentivar soluciones motivadoras (…) que mejoren espectacularmente la vida de las personas”: “El cambio climático representa una oportunidad histórica”.
Naomi Klein critica a la ONU porque, a pesar de tener la misión de prevenir que se alcancen en el mundo niveles peligrosos de cambio climático, no solo no ha realizado progresos, sino que ha permitido que se retroceda. Tal vez, lo mejor que ha conseguido es que se hable del cambio climático. Lo peor que puede ocurrir es que se ignoren los problemas: olas de calor brutales, sequías, inundaciones, plagas, huracanes, incendios, aumento del nivel del mar, desplazamiento de millones de personas, contaminación atmosférica, lluvia ácida, enfermedades viajeras, pérdidas de cosechas… problemas que se unen a otros como las pesquerías diezmadas o el aumento mundial de la demanda de carne. Klein afirma que ante un panorama así “cuesta ciertamente imaginar qué quedaría sobre lo que sustentar una sociedad pacífica y ordenada”.
La climatóloga Lonnie G. Thompson dijo: “Casi todos los científicos y científicas del clima estamos ya convencidos de que el calentamiento global representa un peligro inminente para la civilización“. Lo curioso es que “disponemos de las herramientas técnicas para desengancharnos de los combustibles fósiles” y aunque, haya que tomar medidas extraordinarias, el ser humano es capaz de hacerlo. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial se redujo el uso de automóviles por placer en el Reino Unido. También en EE.UU. y Canadá aumentó el uso del transporte público y se cultivaron los llamados “huertos de la victoria”. Y aún hoy sacrificamos nuestro bienestar cuando nos lo piden en nombre de la austeridad y del crecimiento económico (reducción de pensiones, aumento de la edad de jubilación, pérdida de derechos laborales, reducción de las prestaciones públicas… o cosas como salvar las autopistas en España).
“Estamos atascados porque las acciones que nos ofrecerían las mejores posibilidades de eludir la catástrofe –y que beneficiarían a la inmensa mayoría de la población humana– son sumamente amenazadoras para una élite minoritaria que mantiene un particular dominio sobre nuestra economía, nuestro proceso político y la mayoría de nuestros principales medios de comunicación”. Y esto se demuestra en lo que llama los “tres pilares de las políticas de esta nueva era“: “privatización del sector público, desregulación del sector privado y reducción de la presión fiscal a las empresas” (o permitir que defrauden en paraísos fiscales).
Todo esto demuestra que “nuestra economía está en guerra con múltiples formas de vida sobre la Tierra, incluida la humana”, pero “podemos transformar nuestra economía”. Estamos ante una “dura elección: permitir que las alteraciones del clima lo cambien todo en nuestro mundo o modificar la práctica totalidad de nuestra economía”. La autora dice que “el cambio climático es una batalla entre el capitalismo y el planeta (…) y el capitalismo la está ganando”: Más que esperar nuevas tecnologías, “tenemos que pensar de manera distinta” y aplicar las tecnologías que ya tenemos.
Los alces de Canadá están muriendo envenenados por beber agua contaminada por las toxinas de las arenas bituminosas de la industria de las energías sucias (Shell). Este es sólo un ejemplo de los millones que se podrían poner. Si queremos preservar nuestro planeta “tendremos que renunciar a ciertos lujos”. Ello conllevaría la desaparición de industrias enteras. Veremos desastres “hagamos lo que hagamos”. Aún así no es demasiado tarde para evitar lo peor.
Diversos estudios sostienen que la ideología o «cosmovisión» personal influye en la opinión sobre el cambio climático más que ninguna otra cosa (más que la edad, la etnia, el nivel educativo o la afiliación a un partido). Así, las personas con cosmovisiones «igualitaristas» (caracterizadas por la inclinación hacia la acción colectiva y la preocupación por la desigualdad y la justicia social) aceptan el consenso científico sobre el cambio climático. Por el contrario, las personas que tienen visiones del mundo «jerárquicas» e «individualistas» (marcadas por su oposición a la ayuda a las minorías y a la pobreza, apoyo fuerte a la empresa privada y convencidos de que todos tenemos más o menos lo que nos merecemos) rechazan ese mismo consenso científico.
Dan Kahan, profesor en Yale, llama «cognición cultural» al proceso por el que, con independencia de nuestras ideologías políticas, aceptamos una información nueva sólo si confirma nuestra visión, pero si supone una amenaza a nuestro sistema de creencias, entonces nuestro cerebro se pone de inmediato a producir “anticuerpos intelectuales destinados a repeler esa invasión”. Es decir, “siempre es más fácil negar la realidad que permitir que se haga añicos nuestra visión del mundo”. Y resulta que “algo tiene la cuestión del cambio climático que hace que ciertas personas se sientan muy amenazadas”.
Ejemplo de esto es que en las regiones más dependientes de la extracción de combustibles fósiles se niega más el cambio climático (independientemente de la ideología política, tanto en EE.UU. como en Canadá). Los mismos científicos sufren este efecto: Mientras el 97% de los científicos opina que una causa importante del cambio climático somos los humanos, ese porcentaje cae al 47% entre los científicos que se dedican a estudiar formaciones naturales para extraer sus recursos. “Todos nos sentimos inclinados a la negación cuando la verdad nos resulta demasiado costosa (emocional, intelectual o económicamente)”.
Upton Sinclair dijo: «¡Qué difícil es conseguir que un hombre comprenda algo cuando su sueldo depende de que no lo comprenda!».
El negacionismo climático (liderado por el Instituto Hertland, Koch Industries y Exxon-Mobil), sabe que admitir el cambio climático supone aceptar también que hay que planificar nuestras sociedades de otra forma, y eso implica que no podemos dejar las cosas a la libertad del mercado (como propugna el liberalismo). “Muchos negacionistas reconocen con toda franqueza que su desconfianza ante las tesis científicas sobre el tema creció a partir de un temor muy profundo a las catastróficas implicaciones políticas que tendría para ellos el hecho de que el cambio climático fuese real”. El cambio climático no supone el fin del mundo, pero reducir las emisiones como sugiere la ciencia sí sería “el fin de su mundo”. Y para algunos conservadores supone también una amenaza a su absurda creencia de que el hombre está aquí para someter y dominar el planeta (desmentida por el Papa Francisco por ejemplo) o de que que nuestras diferencias con otros animales no son sólo cuestión de grado (desmentido por múltiples evidencias y hasta por Darwin).
Lo curioso es que los negacionistas, como el Instituto Heartland, “están completamente equivocados en lo que respecta a la versión científica de los hechos, pero en lo referente a las consecuencias políticas y económicas de esos resultados científicos (…) no podrían tener los ojos más abiertos”. Casi todos los científicos que presentan sus trabajos en el Instituto Heartland están descaradamente “empapados en dólares del sector de los combustibles fósiles”. Algunos incluso, en vez de negarlo, buscan ventajas al cambio climático como afirmar que vendrán momentos muy duros para países que son amenazas para EE.UU.
Como también dijo Carl Sagan, las compañías de seguros están realmente asustadas con el cambio climático. Tienen hasta equipos de climatólogos para prepararse para los desastres. Sin embargo, no han presionado apenas para que se pongan en práctica políticas climáticas agresivas.
El cambio climático, que debería unirnos a la humanidad, podría también dividirnos más aún. “La razón real por la que no estamos reaccionando a la altura de lo que exige el momento climático actual es que las acciones requeridas para ello ponen directamente en cuestión nuestro paradigma económico dominante (capitalismo desregulado combinado con la austeridad en el sector público)”.
En muchos países se están promoviendo acuerdos comerciales que impiden el desarrollo de la industria local. Este libro denuncia que la OMC ha interferido en muchas ocasiones para evitar acciones contra el cambio climático (en Canadá, por ejemplo) para favorecer los intereses del comercio. También se critica que la OMC nunca ha hecho nada para que las compañías de combustibles fósiles reciban menos subvenciones o que paguen algo por “el privilegio de tratar nuestra atmósfera compartida como un vertedero gratuito de sus residuos” (que muera gente parece ser irrelevante).
Klein apunta a unos culpables claros: “Si los países ricos consumiesen menos, todo el mundo estaría más seguro”. Y señala al sector alimentario como uno de los sectores clave, pues representa entre un 19 y un 29% de las emisiones mundiales de GEI (Gases de Efecto Invernadero). No es justo que los países sean sólo responsables de la contaminación que generan dentro de sus propias fronteras y no de la que se produce al fabricar bienes que se fabrican para llevarlos a su territorio. Además, la contaminación de los buques portacontenedores no se atribuyen formalmente a ningún país. “Cuando China se convirtió en la fábrica del mundo también pasó a ser la chimenea del mundo”. No hay control para que las multinacionales no abusen de la mano de obra en los países más pobres, ni los contaminen o exploten sus recursos naturales: “Cuando las fábricas se marcharon hacia China, también se volvieron acusadamente más sucias”. “La explotación de los trabajadores y la del planeta forman, por lo que parece, un pack de oferta: dos por el precio de uno”.
Ilana Solomon, analista para el Sierra Club, decía que tenemos que “reflexionar sobre qué estamos comprando y cómo lo estamos haciendo, y sobre cómo se produce lo que compramos”. Pero Klein sugiere que “el hecho de que el clima de la Tierra cambie hasta extremos caóticos y desastrosos es más fácil de aceptar que la idea de transformar la lógica fundamental del capitalismo, fundado sobre el crecimiento”. Si esperamos que la tecnología lo arregle todo avanzaremos poco y tarde. Lo urgente es “consumir menos, desde ya”, pero para los políticos resulta difícil animar a la población a consumir menos. Aunque hay mucha gente que intenta reducir su consumo, no podemos permitir que todo dependa de un grupo de urbanitas concienciados. Necesitamos que las opciones bajas en carbono sean accesibles para todos, transportes públicos baratos, viviendas asequibles y de elevada eficiencia, fomento de la bicicleta… y todas las clásicas demandas ecologistas que hasta el Papa Francisco ha apoyado tan claramente. Y resulta gratificante que esas políticas, además de reducir los GEI, fomenten el fortalecimiento de las comunidades locales, aire y agua más limpios, reducción de la desigualdad, etc.
Klein también pide una “reordenación” del PIB, para que no sea una medida tan nefasta del desarrollo de un país. También propone: aumentar los “impuestos sobre el lujo” (ya que los ricos consumen y contaminan más), jornadas laborales más cortas, una renta básica (para compensar el hecho de que “el sistema no puede facilitar puestos de trabajo para todos”), “regulación estricta de la actividad empresarial”, “dar marcha atrás en privatizaciones de empresas y servicios fundamentales” y garantizar “que todo el mundo tiene cubiertas sus necesidades básicas: sanidad, educación, alimento y agua limpia”. En definitiva, “las medidas que debemos tomar (…) chocan frontalmente a todos los niveles con la ortodoxia económica”.
Más de 200 regiones en Alemania (como Hamburgo) han decidido devolver al control municipal sus redes de electricidad, gas y calefacción. Resulta interesante constatar que “existe una relación clara y manifiesta entre la propiedad pública y la facilidad de las comunidades locales para abandonar la energía sucia”. Pero además, es que esa energía sucia, que beneficia sólo a empresas privadas, es muy inestable en precio y suministro.
Privar de recursos al sector público (la mal llamada “austeridad”) choca con la realidad del calentamiento climático y la toma de decisiones importantes para todos, especialmente para los más vulnerables. En EE.UU., es común el “racismo medioambiental”, por el que las industrias tóxicas instalan sus fábricas y sus almacenes de residuos contaminantes en zonas donde viven personas de color.
Klein, se hace eco del dramático caso de España y su ataque a las energías renovables, y propone soluciones interesantes a nivel mundial para acabar con la excusa de que no hay dinero: la tasa Tobin, el cierre de los paraísos fiscales, poner impuesto a los milmillonarios (del 1% como propuso la ONU), recortes en presupuestos militares, impuestos sobre el CO2 y acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles y nucleares.
Ya en 1979, el presidente estadounidense Jimmy Carter, instó a los americanos a reducir su consumismo: «Cualquier acto de ahorro de energía es algo más que de sentido común: yo os digo que es un acto de patriotismo». Sin embargo, algunos consideran que ese discurso fue una de las razones por las que Carter perdió las siguientes elecciones ante Reagan. Hoy, posiblemente, “cualquier político que pida al electorado que se sacrifique para resolver una crisis medioambiental se estará embarcando en una misión suicida”. Pero el problema no es económico: “el problema es que nuestra clase política no tiene voluntad alguna de buscar el dinero”.
El libro nos cuenta casos como el de una fábrica de recambios para coches de Ontario que, cuando cerró por la crisis, fue reabierta por los empleados para producir equipos de energía solar. A los que dicen que esta conversión es cara hay que decirles que más caro será no hacerla. Además, Klein dice que los bancos que fueron rescatados deberían ser los encargados de financiar ese tipo de cambios, para devolver el favor a la ciudadanía.
Esa transición necesaria será un gran generador de empleo si se hace bien. Se trata de generar empleo sostenible aunque a veces sea necesario nacionalizar servicios básicos. Un sondeo británico reveló que una mayoría apoya la nacionalización de la energía y el ferrocarril. Pone el ejemplo de Alemania, donde la mitad de las instalaciones de energía renovable están en manos de agricultores, organizaciones ciudadanas y unas 900 cooperativas energéticas. También Dinamarca va en esa línea. España también.
La agricultura es un sector esencial, y no sólo por sus altas emisiones contaminantes, sino porque puede contribuir a disminuir la pobreza y ayudar a la autosuficiencia, además de que “los métodos agroecológicos superan en rendimiento al uso de fertilizantes químicos” en entornos desfavorables. Pero el hambre lo provoca la pobreza y no la falta de comida.
También se repasa el desastre del fracking o de las arenas bituminosas, que en Alberta están destrozando grandes extensiones: “La tierra, despellejada viva”, emitiendo además entre 3 y 4 más GEI (especialmente metano y CO2) que el petróleo convencional. Por tanto, concluye que “la necesidad de que recortemos nuestras emisiones radicalmente no es compatible con la continuidad de una de las más lucrativas industrias del mundo” (la de los combustibles fósiles). Aunque el estado de Noruega es propietario de una de las empresas que está desgarrando el área de las arenas bituminosas de Alberta, también hace cosas bien: Estocolmo tiene un 74% de residentes que van a sus trabajos a pie, en bicicleta o en transporte público.
Critica también el fenómeno de las Puertas Giratorias (que no sólo ocurre en España, sino también en EE.UU., Reino Unido…) y el “capitalismo desregulado”. El “libre comercio (…) ha sido exactamente la carrera hacia el abismo que tantos alertaban que seria”. Pero Klein levanta una bandera de optimismo: “El cambio climático confronta lo que el planeta necesita para mantener la estabilidad con lo que nuestro modelo económico necesita para sostenerse a sí mismo”. Miya Yoshitani dijo también: “Estamos todos unidos en esta batalla, que no es una batalla solamente para conseguir una reducción de las partes por millón de CO2 en la atmósfera, sino también por transformar nuestras economías y reconstruir un mundo que queremos hoy”. Pensemos también que “las migraciones humanas están cada vez más vinculadas al clima”.
Klein también critica a la ciudadanía en general cuando dice, por ejemplo, que los manifestantes que salen a las calles para protestar por los fallos del sistema, olvidan el cambio climático, cuando éste “podría representar el verdadero golpe de gracia para esas estructuras que denuncian”. La misma crítica va también para políticos como Alexis Tsipras que, a pesar de ser de izquierdas, no aprovechan el cambio climático para impulsar sus demandas.
En el siglo XVIII se empezó “a tratar la atmósfera como si fuera un vertedero”, pero no es sólo de la atmósfera de lo que hemos abusado. Klein cuenta el dramático caso de la isla de Nauru donde sus minas de fosfato de calcio han sido explotadas como abono, hasta destrozar la isla y hacerla prácticamente yerma. Luego, se convirtió en paraíso fiscal. “Pocos lugares en la Tierra encarnan más gráficamente que Nauru los resultados suicidas de haber basado nuestras economías en la extracción contaminante”. Por último, Nauru cobra para que Australia lleve allí a sus inmigrantes y sobrevivan en tan mal estado que ha sido denunciado por Amnistía Internacional.
Francis Bacon dio permiso para “acosar a la naturaleza” y James Watt inventó la máquina de vapor que aumentó el poder para hacerlo. Pero ya hoy eso debería estar superado. Los combustibles fósiles destruyen la vida en todas partes. “Cuando se deja en su sitio, el carbón es muy útil, porque mantiene capturado no solo el carbono que las plantas sustrajeron del aire millones de años atrás, sino también toda clase de toxinas adicionales”. Y por eso Klein pide que dejemos de ser “una sociedad de ladrones de tumbas”.
El Club de Roma publicó “Los límites del crecimiento” (1972) y sus advertencias se están cumpliendo casi completamente, pero donde más acertó fue en los límites de los “sumideros”. Es decir, el ser humano no ha encontrado cómo ampliar la capacidad de la Tierra para absorber la contaminación.
Klein critica a algunas organizaciones ecologistas en EEUU que realmente no están interesadas en la conservación de la biodiversidad y cita varios casos, como el de la organización Nature Conservancy que, por ejemplo, extrajo petróleo de una zona que custodiaba para la conservación del pollo de las praderas de Attwater, llevándolo a su extinción en dichos terrenos. También denuncia, como hizo Galeano, que en este «mundo al revés» “el sector de los combustibles fósiles son invitados a las cumbres del clima de la ONU en calidad de «socios» clave”. Es cierto que EE.UU. y casi todos los países han aprobado muchas leyes ambientales, pero la realidad demuestra que no han sido suficientes. Algunas empresas gastan más dinero en promocionar el Día de la Tierra que en reformar sus actividades a fondo. Por otra parte, el comercio internacional de derechos de emisiones ha sido un fracaso estrepitoso y así lo demuestran algunos de los ejemplos que se incluyen en el libro, como una empresa india cuyo 93% de ingresos procedía de la venta de créditos de carbono, empresas que fabrican potentes gases GEI para luego cobrar por reducirlos, campesinos e indígenas que no pueden usar los bosques porque son sumideros de carbono, bosques que permiten que se contamine más en otra parte, técnicas para que las empresas que contaminan ganen más, etc.
Muchos millonarios se han propuesto salvar el planeta, como Jeremy Grantham, Warren Buffett, Michael Boomberg, Bill Gates, Tom Steyer y T. Boone Pickens. Pero todos ellos lo han hecho de forma superficial e interesada, incluso invirtiendo en el sector del petróleo a la vez. Un caso paradigmático es el de Richard Branson, magnate de las aerolíneas Virgin, que anunció que dedicaría sus beneficios a la lucha contra el cambio climático, pero cuyo objetivo parece ser más bien retrasar las medidas regulatorias anti-cambio climático. Su éxito consiste en haber conseguido que vuele más gente que antes, y con la conciencia tranquila pensando que dicha compañía hace algo para mitigar el cambio climático. ¿Será Leonardo DiCaprio otro farsante?
Para Klein, pensar que el capitalismo, y solo el capitalismo, puede salvar al mundo es claramente absurdo, y esos bienintencionados magnates sólo están explotando nuestra infundada creencia de que la tecnología va a salvarnos del gran problema que ella misma ha creado.
La geoingeniería pretende dar soluciones simples para el gran problema del cambio climático, incluyendo ideas tan extrañas o descabelladas como fertilizar los océanos para que asuman más carbono, recubrir desiertos con sábanas blancas, poner espejos en órbita, tapar el sol (GRS/SRM) echando, por ejemplo, gases sulfurosos en la atmósfera (Opción Pinatubo)… Pero es imposible validar esas ideas, ni probarlas, ni implementarlas a la escala necesaria. Además, esas ideas no contribuyen a cambiar la causa raíz, sino que se limitan a tratar un único síntoma, sin tener en cuenta los efectos secundarios: acidificación de océanos, la imprevisible reacción de la biosfera… y hasta cambios climáticos peores que sin GRS, como la alteración de precipitaciones que arriesgarían el alimento de millones de humanos. Por otra parte, esas soluciones harían ganar mucho dinero a algunos de esos ideólogos. Entre los detractores están, por citar algunos, Greenpeace, Sallie Chisholm, Alan Robock, o Vandana Shiva, quien afirma que los métodos agroecológicos permitirían capturar grandes cantidades de carbono, reducirían las emisiones y potenciarían la seguridad alimentaria.
Las compañías de combustibles fósiles o las empresas mineras se están encontrando cada vez con más oposición a todos sus proyectos (almacenamiento de gas, prospecciones, extracciones, fracking, minas de uranio, de oro, de cobre…). En muchos casos, esta oposición es de pueblos que no se dejan sobornar porque defienden su forma de vida tradicional, que al ser ajena a la extracción no depende de esos sucios negocios.
Esta férrea oposición a las compañías extractivas se ha visto y se está viendo por todo el planeta. El libro repasa algunos casos en Grecia, Rumanía, Canadá, Reino Unido, Rusia (contando el caso de los activistas de Greenpeace detenidos), Australia, China, EE.UU., Francia… aunque uno de sus mayores orígenes fue en Nigeria contra la empresa Shell, en la que se llegaron a ahorcar legalmente a los ecologistas que se opusieron. Aún hoy, en el delta del Níger, se vierte cada año una marea negra como la del Exxon Valdez, envenenando peces, animales terrestres y personas. Ante tanta injusticia, el vandalismo contra los oleoductos no cesa. El pueblo ogoni y el ijaw no dejan de sufrir las consecuencias de un gobierno corrupto y una empresa extranjera, Shell, que se lleva sus recursos naturales porque en los países ricos siguen repostando en sus gasolineras sin enterarse de las consecuencias.
Un caso muy llamativo es el del oleoducto Keystone XL entre Canadá y EE.UU., para dar salida a las altamente contaminantes arenas bituminosas de Alberta. Miles de aves han muerto allí al posarse en las inmensas balsas de desecho tóxico. Tantas aves mueren que se ven obligados a disparar unos cañonazos cada pocos minutos para espantar a las pobres aves migratorias que buscan lo que otrora fue un bosque. Por supuesto, esas balsas no son perfectas y tienen escapes y filtraciones. “Los médicos tienen miedo cuando se trata de diagnosticar afecciones relacionadas con la industria del petróleo y el gas”, declara un médico canadiense de la zona. Esas balsas proceden del inmenso consumo de agua que requiere este tipo de minería (2.3 barriles de agua por cada barril de petróleo, mientras que el crudo convencional requiere hasta 0.3 barriles). El fracking requiere aún más cantidad de agua y una vez utilizada queda tóxica y radiactiva.
La industria extractiva nunca ha sido segura y siempre ha precisado zonas de sacrificio para contaminarlas, cuando no se trata de contaminar la atmósfera. Los que sufren más la contaminación son, no por casualidad, los más pobres. Pero resulta que “ahora todos estamos en la zona de sacrificio” y los riesgos de hoy son “sustancialmente más elevados” que los de antes, debido a que ya sólo quedan los yacimientos más costosos, más profundos y en zonas más valiosas. El desastre de BP en el golfo de México (más de tres meses manando petróleo) o el vertido por la rotura de un oleoducto en Michigan (el mayor vertido en tierra de EE.UU.) son pruebas de ello y de que las industrias fósiles prefieren ganar más dinero a costa de aumentar los riesgos para otros, sostiene Naomi Klein, quien también denuncia la corrupción en EE.UU. a la hora de controlar a este tipo de industrias.
En algunas zonas, las empresas que envenenan consiguen más poder, ya que los únicos empleos son precisamente en la industria que envenena sus tierras (y hasta esos empleos son de mala calidad, aunque estén bien pagados). Pero en otras zonas, donde hay más diversidad empresarial y laboral, hay “personas dispuestas a pelear muy duro por proteger modos de vida que consideran intrínsecamente incompatibles con la extracción tóxica”. Klein dice que “cuando aquello por lo que se lucha es una identidad, una cultura, un lugar querido […] nada pueden ofrecer las empresas como contrapartida”.
Los éxitos son insuficientes, pero muy importantes. Francia, por ejemplo, gracias a las protestas ha aprobado una moratoria nacional contra la fracturación hidráulica o fracking. También hay moratorias en Bulgaria, Países Bajos, Chequia, Sudáfrica y algunos estados de EE.UU. Además, este último país ha descendido su producción eléctrica con carbón por la presión ciudadana, entre otros motivos. Costa Rica ha prohibido la minería a cielo abierto en todo el país. India tiene centrales térmicas a medio construir porque se paralizó su construcción ante las protestas. En China también se han paralizado centrales de carbón por las protestas, pues allí la contaminación es espectacular y supone un experimento de lo que ocurre cuando es el progreso lo que más importa: Pekín alcanza a veces los 671 microgramos de partículas en suspensión (las PM2.5) cuando la OMS fija el límite máximo en 25. Las actividades al aire libre se suspenden si se superan los 450.
Otra batalla con gran éxito es la de la desinversión, apoyada por la organización 350.org, por la que se pretende que todo tipo de organizaciones y fondos de inversión dejen de apoyar a las industrias de los combustibles fósiles. El Banco Mundial ha anunciado que no apoyará más proyectos de prospección o extracción de carbón y hay miles de organizaciones más que ya están retirando su apoyo y su dinero a las industrias sucias.
A veces, cuando una empresa no puede extraer el combustible por un cambio en la legislación, alega cláusulas de protección de los inversores de acuerdos de libre comercio. Pero estas demandas tienen el poder que los gobiernos quieran, pues ninguna empresa puede interferir en la libertad de un pueblo en defender su territorio de la degradación ambiental. El problema no son los acuerdos comerciales sino los gobiernos que no defienden correctamente el bien común. No obstante, Klein afirma que esos acuerdos comerciales tienen hoy mayor debate público que antes, como lo demuestra el caso del TTIP en Europa. Pero hay que estar muy atentos, porque si nos descuidamos, los intereses del capital financiero y de la industria energética estarán por delante del bien común: Un claro ejemplo es España, donde los bancos son empresas privilegiadas y las industrias energéticas dictan las leyes.
Cuando fallan los gobiernos nacionales y los organismos internacionales, muchos ayuntamientos se deciden a actuar en la acción climática. Son las llamadas «comunidades de transición» nacidas en Totnes (Reino Unido), que pretenden actuar en lo local para conseguir un cambio hacia economías de bajo carbono.
En Canadá y en otros muchos países, los indígenas no han cedido nunca sus tierras para su explotación petrolera. Como mucho, han aceptado compartirlas mientras no se socaven sus derechos a vivir, pescar, recolectar… pero no se puede compartir “si una de las partes se dedica a alterar irrevocablemente y a envenenar esa tierra compartida“.
Algunos de los pueblos indígenas amenazados por la sed de petróleo son los haida, los nez percé, los cheyenes, los lummi, los ogoni, los ijaw, los lakota, los tunebos, los chipewyan (ayudados por el rockero Neil Young del acoso de Shell), los tsilhquot’in, los cree del lago Beaver (“las personas más marginadas de mi país”, Canadá, en palabras de Klein)… Muchos pueblos indígenas carecen de recursos para que se respeten sus derechos, aunque los tengan claramente otorgados. En 2007 se firmó la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los únicos países que votaron inicialmente en contra fueron Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Finalmente, aceptaron esa declaración que proclama que los «pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente», así como a la reparación de las tierras confiscadas, ocupadas o dañadas. Que la incidencia de cáncer suba en todas las tribus canadienses afectadas por las arenas bituminosas no parece hacer desistir a la petrolera Shell.
“Mientras los abogados argumentan y debaten en los tribunales sobre las complejidades de la titularidad de la propiedad de la tierra, las sierras mecánicas siguen talando árboles que son cuatro veces más viejos que nuestros países, y los fluidos tóxicos de la fracturación hidráulica continúan filtrándose hacia las aguas subterráneas”.
Las energías renovables son “no extractivas” en dos sentidos: El veneno y el carbono no se extraen del subsuelo y el dinero no se extrae de la comunidad (las petroleras extraen recursos de un sitio y extraen el dinero de otro).
Ecuador (y los cheyenes de norteamérica) ha pedido ser compensado por mantener sus combustibles fósiles en el subsuelo porque «la manera más directa de reducir emisiones de CO2 es dejando los combustibles fósiles en el subsuelo donde ya están» (en palabras de Esperanza Martínez, de Acción Ecológica). Esto es lo que se conoce como «deuda climática» reconocida (al menos indirectamente) en la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático indicando que hay unas «responsabilidades comunes pero diferenciadas» ya que los países que más han contaminado deben ser los primeros en reducir sus emisiones.
Al hablar de «deuda climática» muchos habitantes de los países ricos argumentan que no son responsables de lo que hicieron sus antepasados. Sunita Narain, directora general del Centre for Science and Environment, responde claramente: «Vuestra riqueza actual guarda relación con cómo la sociedad ha explotado la naturaleza» (ya dijo De Jouvenel que nuestra riqueza procede de explotar la Naturaleza). Naomi Klein concluye: “Los países ricos no solo tienen que ayudar al Sur Global a encaminarse por una senda económica de bajas emisiones porque eso sea lo correcto, sino que necesitamos hacerlo así porque de ello depende nuestra supervivencia colectiva”. Y por supuesto, añade que igual que haber sufrido un atraco no da derecho a atracar, tampoco hay fundado derecho a contaminar por parte de los países pobres. Por tanto, es evidente que los ricos deben ayudar a los pobres a conseguir un desarrollo más limpio. Esto traerá mayor bienestar y empleo, lo que evitaría las enormes tasas de inmigración que hay y que, si no lo remediamos, habrá.
Naomi Klein asegura que no se tienen en consideración suficientemente los efectos de tanta contaminación sobre la fertilidad y sobre los animales no adultos, incluyendo niños. Por ejemplo, en zonas de fracking aumentan las probabilidades de problemas cardíacos en bebés, abortos involuntarios, altos niveles de PCB… El caso de Mossville es tristemente famoso por el “racismo medioambiental”: La población pobre debe soportar altos niveles de contaminación de las industrias petroquímicas con frecuentes vertidos y explosiones. En Mossville son frecuentes las enfermedades respiratorias, el cáncer, defectos de nacimiento y las histerectomías en mujeres.
El informe de BP antes del desastre del golfo de México es de risa: por ejemplo, suponía que los moluscos sobrevivirían a un desastre huyendo o que supondría poco estrés para los mamíferos. El desastre demostró que nada puede restituir lo perdido: millones de larvas y los bebés de delfín murieron… La acidificación de los océanos hace que las larvas de ostras no puedan formar sus caparazones y mueran, y herbicidas como la atrazina afecta directamente a la esterilidad en anfibios, junto con defectos congénitos y abortos espontáneos en humanos, sin contar la amenaza sobre las abejas.
Pero sabemos hacer las cosas mejor. Ecuador, por ejemplo, en su constitución de 2008 reconoció a la naturaleza o Pachamama el derecho a que se respeten su existencia y sus ciclos vitales (art. 71). En las luchas contra el extractivismo hay un arma secreta: la unión heterogénea hace una gran fuerza: indígenas y no indígenas, jóvenes y mayores… todos unidos en una causa común.
Los cambios que hacen falta son importantes, pero tenemos experiencia. Los cambios sociales de los siglos XIX y XX, por ejemplo, supusieron un cambio profundo en la cultura dominante (cambios en los derechos civiles, de las mujeres, de los homosexuales, de grupos étnicos como el caso del apartheid de Sudáfrica o el racismo en EE.UU., pero también la instauración de la Seguridad Social o el seguro de desempleo). La abolición de la esclavitud obligó a ciertas élites a renunciar a prácticas que les resultaban muy lucrativas (tanto como la extracción de combustibles fósiles hoy en día). Pensemos por ejemplo, que en el siglo XVIII los negocios más lucrativos del imperio británico se basaban en la esclavitud (plantaciones de azúcar del Caribe, compra/venta de esclavos…) y en EE.UU. “la esclavitud fue el eje sobre el que giró la revolución mercantil”.
Naomi Klein es consciente de que hay que cambiar la cosmovisión global, lo que nos decimos del mundo y de nosotros. Y eso no es fácil, pero es posible y para ello propone no aspirar simplemente a cambiar leyes, sino a modificar pautas de pensamiento. Por ejemplo, dice que pedir un impuesto sobre el carbono puede ser menos útil que reivindicar una renta mínima garantizada, porque ésto segundo abre el debate sobre los valores y “sobre lo que nos debemos unos a otros sobre la base de nuestra condición humana”. Y sentencia que “tendremos que comenzar a creer de nuevo que los seres humanos no somos irremediablemente egoístas y codiciosos (que es la imagen de nosotros mismos que se nos ha vendido)“.
Muchas veces se plantea si frenar a las compañías de combustibles fósiles tiene influencia en el PIB, pero lo importante es pensar si el crecimiento económico tiene alguna importancia cuando el planeta esté convulsionado. Son las compañías las que tienen que demostrar que sus acciones y sus técnicas son seguras. Y nosotros debemos exigirlo, porque “nadie va a venir a salvarnos de esta crisis” y “la ideología del libre mercado ha quedado desacreditada tras décadas de desigualdad y corrupción crecientes”.
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El miércoles 17 de diciembre, los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el desalojo del antiguo institut B9 de Badalona (Barcelona), un edificio abandonado que se había convertido en la alternativa habitacional de decenas de personas migrantes y empobrecidas ante la pasividad prolongada de las administraciones.
El operativo comenzó a las 8 de la mañana, con el habitual y amplio cordón policial1. El desalojo fue impulsado por el Ayuntamiento de Badalona, en manos del xenófobo Xavier García Albiol2, amparado en una resolución judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona, fechada el pasado 12 de diciembre, que autorizaba al consistorio a recuperar la propiedad.
La jueza había dado luz verde al desalojo masivo, pero igualmente ordenó al Ayuntamiento a prestar atención social a los migrantes. Pese a ello, Albiol se negó en todo momento a ofrecer una alternativa habitacional. El alcalde del PP, conocido por su posiciones de ultraderecha hacia las personas migrantes (a las que en esta ocasión tildó de “salvajes”), ordenó igualmente el desahucio. “El ayuntamiento de Badalona no va a invertir ni un solo euro en darles vivienda a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos”, declaró ante los medios de comunicación.
Por ello, durante la mañana solo se presentaron dos personas trabajadoras de los servicios sociales para atender a las 400. Hicieron mucho más por ayudar a las decenas de familias afectadas un centenar de activistas que se concentraron en la puerta que cualquier institución.
El desalojo, además, condujo a la identificación de más de 180 personas y a la detención y derivación de 18 de ellas al CIE de la Zona Franca de Barcelona, para su futura expulsión del país. Dos días después, quedaron en libertad.
El desalojo de cientos de personas sin alternativa habitacional ha sido el más grande de la historia de Catalunya y ha sido fuertemente criticado por organizaciones como Badalona Acull, la Plataforma del Barrio de Sant Roc, Regularización Ya y el Sindicato de Vivienda de Badalona. De las 400 personas vivían en el inmueble del antiguo instituto B9, 200 de ellas ya habían abandonado el bloque ante las amenazas abiertas del alcalde semanas antes, las otras 200, sin alternativa a donde ir a vivir, fueron desalojadas en pleno temporal de lluvia, viento y frío. Decenas de ellas pernoctaron los siguientes días bajo un puente de la C-31 en Badalona, mientras, con ayuda de vecinas, organizaciones sociales y sindicatos de vivienda trataban de encontrar soluciones.
Además, el desalojo ha venido acompañado de un discurso claramente criminalizador de la pobreza y de la población migrante. Da igual si en un edificio aparece una moto robada o si algunas personas no tienen papeles: la retórica es siempre la misma. Se construye un relato que vincula pobreza, migración y criminalidad para legitimar el desplazamiento. Un relato que no solo explica lo que ocurre, sino que lo produce: prepara el terreno para que ciertas vidas sean expulsables, para que su presencia en la ciudad sea siempre provisional, siempre cuestionada.
“Cuando Albiol habla en la radio y TV de ‘esta gente’ y los trata de delincuentes, está cometiendo un delito de odio”, ha señalado el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH), de la Universidad de Barcelona (UB) a través de un comunicado publicado es sus redes sociales. “Se trata de un ejemplo claro de racismo institucional, crueldad extrema y menosprecio público”.
Por su parte, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado recordando que “desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos”, que pueden “constituir un trato cruel, inhumano o degradante estrictamente prohibido por el derecho internacional”. Y afea que se haya producido “acompañado de un discurso estigmatizador por parte de las autoridades que describen a todos los que vivían en el bloque B9 como una fuente de inseguridad de la zona y los tildan de delincuentes o personas violentas sin aportar pruebas… esa retórica es inaceptable, discriminatoria y profundamente perjudicial” y que “las autoridades deben esforzarse por combatir la discriminación y no alimentarla”.
“¿Qué tipo de persona puede dejar sin un techo, en pleno invierno, a más de 400 personas? Albiol, el actual alcalde de Badalona, nos ha mostrado esta semana que entre sus delirios racistas es capaz de deshumanizar a una parte de la clase trabajadora para justificar su agenda política. Ahora bien, cabe destacar que lejos de ser un fenómeno aislado, no deja de ser la punta de lanza de un movimiento mucho más generalizado, que de hecho encarna el signo de los tiempos: la reacción”, reflexiona Gisela Bermúdez en El Salto.
“El desahucio del B9 no solo forma parte de los desvaríos autoritarios de Albiol, sino también de una política de la pobreza por la vía punitiva. Una agenda que actúa como si tapando las grietas de un sistema cada vez más inhumano con pintura fresca, estas dejaran de existir. Un programa político que piensa que, al imponerles el cielo como techo a centenares de personas estas desaparecerán, como si de un truco de magia se tratase.
[…] Situamos el desahucio más grande de Catalunya en el contexto político más convulso que se ha visto en décadas. Genocidios, guerras y catástrofes se desarrollan bajo el telón de fondo de una crisis generalizada que lleva en si el agravamiento del problema de la vivienda. La tendencia al alza de los fenómenos de la infravivienda y el sinhogarismo aparecen hoy como la punta del iceberg de la crisis de la vivienda, focalizados en un segmento poblacional muy concreto.
Pues solo hace falta ver las imágenes del desahucio del antiguo instituto para darse cuenta de quiénes fueron los protagonistas de la bochornosa jornada: trabajadores migrantes que malviven errando de nave industrial en nave industrial, vendiendo chatarra, sometidos a salarios de miseria, irregularidad legal y violencia policial sistemática. Albiol, bajo la pudiente retórica a la que nos tiene acostumbrados balbuceó que «lo que tiene que hacer Sánchez es acogerlos él y darles vivienda». Unas palabras que duele oírlas entre aquellos que ya sabemos que el PSOE lleva años abrazando las políticas higienistas de la reacción. Ya sea en forma de laboratorios de criminalización y persecución bajo la marca del “Pla Endreça” en Barcelona o abriendo cárceles de migrantes en Mauritania, en el caso del Gobierno del Estado español.
En el acceso a la vivienda se concentran muchas de las contradicciones, pero la experiencia del B9 nos permite extraer una lección. Mientras que, en Badalona, según el INE, hay más de 7.000 pisos vacíos, hoy 400 personas que antes tenían techo están durmiendo al raso. Esta disonancia inhumana, que haya gente sin casa y casas sin gente, es consecuencia directa de las lógicas del capitalismo. Las viviendas, igual que el resto de las mercancías, no se producen y se distribuyen según su capacidad de satisfacer necesidades humanas, sino por su capacidad de generar beneficios económicos para unos pocos. En pocas palabras: el beneficio de un rentista vale más que condenar a una persona a condiciones infrahumanas de hambre y frío; y el sistema, a golpe de porra, pone todos los medios a la disposición para que no cese la barbarie”.
“Lo ocurrido en Badalona parece romper incluso con las expectativas más pesimistas. Aunque el incremento del odio es evidente, una no puede evitar preguntarse: ¿cómo hemos llegado a este nivel de criminalización de la pobreza y del activismo solidario, de racismo institucionalizado y de violencia abierta?”, se pregunta la activista de la PAH Barcelona Julieta Lechini Vittorino. “La extrema vulnerabilidad de las personas que vivían en la IB9 unió a activistas por el derecho a la vivienda, por los derechos humanos y por los derechos de la población migrante, dejándonos con una pregunta común: ¿cómo se ha vuelto posible esto y cómo podemos frenarlo?
Hace apenas unas semanas, con compañeras de la PAH, reapareció el recuerdo de la revista Pronto, que hace años que regalaba pegatinas de “Stop desahucios”. Un activista con más trayectoria que yo me compartía esa memoria con cierta nostalgia, acordándose de un tiempo en el que defender que la gente se quedara en su casa era algo ampliamente compartido, casi obvio, como el derecho que es.
Está claro que muchas cosas han cambiado desde entonces. Los desahucios por hipoteca son minoría y es hoy una población cada vez más vulnerable la que llega a las asamblea. Si extrapolamos aún un poco más, el contexto del auge de la extrema derecha ha traído consigo figuras autoritarias, desde Argentina hasta Rusia, que han normalizado discursos de odio que hoy impregnan tanto el espacio digital como la vida cotidiana. En este panorama, vemos crecer la individualización de nuestras comunidades y una necesidad exacerbada de construir al otro como amenaza, como enemigo. Un “ellos contra nosotros” que se apoya en identidades nacionales, raciales o culturales para reafirmar un “nosotros” cada vez más estrecho y excluyente.
Pero en este caldo de cultivo de odio, miedo e inseguridad, ¿qué papel juegan los desahucios? ¿Cómo se convierten en infraestructura —porque mueven personas, recursos, materiales y espacios— de control antimigratorio gestionada desde los gobiernos locales? Esta es una pregunta que llevo más de un año y medio haciéndome, como activista y como investigadora migrante, al encontrarme diariamente con la naturalización del desahucio del migrante. Una pregunta que en los últimos días parece haberse materializado en hitos de crueldad y frialdad institucional difíciles de ignorar: dejar a más de 400 personas en una situación de altísima vulnerabilidad en la calle, en pleno invierno, desplazándolas no una sino varias veces, con un mensaje claro y contundente: en esta ciudad no te queremos.
Dos geógrafos urbanos, Baker y Van Baar, ayudan a entender este momento. Ambos coinciden en que el desahucio funciona como una práctica de frontera dentro de la ciudad. No se trata solo de perder una casa, sino de vivir bajo la amenaza constante de perderla. Van Baar llama a esto “evictabilidad”, estableciendo un paralelismo clave entre el espectáculo de la frontera y el espectáculo del desahucio. Así como la frontera produce la ilegalidad migrante como algo naturalizado, el desahucio produce una condición permanente de vulnerabilidad, en la que ciertas personas saben que pueden ser expulsadas en cualquier momento. No es solo el acto del desalojo lo que importa, sino la amenaza constante, la normalización de que hay cuerpos siempre desplazables.
Desde la investigación urbana crítica se viene advirtiendo desde hace tiempo: el desahucio no es solo una consecuencia de la financiarización de la vivienda, sino una práctica de frontera. Como explica Baker, los desahucios no son rupturas excepcionales del orden urbano, sino actos infraestructurales de gobierno que producen lo que denomina una “disposición hacia el desplazamiento”. No se trata únicamente de expulsar cuerpos de un espacio concreto, sino de disciplinarlos, de enseñarles que su permanencia en la ciudad es siempre condicional.
En este sentido, la frontera no está solo en los aeropuertos o en las pateras del Mediterráneo. Invade el ámbito más íntimo: el hogar. Entra a través de la policía, de los juzgados, de las deudas, del mercado del alquiler y de perfiles racializados que determinan quién puede acceder a una vivienda y quién queda sistemáticamente fuera. El proceso del desahucio implica un trabajo constante sobre los cuerpos: funcionarios, agentes judiciales y fuerzas de seguridad actúan para justificar y producir esa disposición al desplazamiento, gestionando los movimientos de quienes son considerados prescindibles en el espacio urbano.
[…] De este modo, el desplazamiento vuelve a cumplir una función conocida: asegurar simbólicamente la identidad del español blanco —aunque también precarizado— que consume estas noticias. El desahucio no solo expulsa, también ordena. Ordena quién pertenece, quién sobra y quién puede ser sacrificado para sostener un imaginario de seguridad y normalidad. Y en ese orden, la vivienda se consolida como una de las infraestructuras más eficaces de la frontera contemporánea”.
Tres días después del desalojo, la Creu Roja y Cáritas anunció que acogería a 15 de las personas más vulnerables que fueron desalojadas en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat. Una decisión claramente insuficiente a la vista de la magnitud del problema, pero que al menos puede dar una solución temporal a un puñado de personas.
Sin embargo, 200 personas, supuestamente vecinos de Badalona, se concentraron en la puerta del centro religioso. Con cánticos racistas y xenófobos, incluso amenazas de muerte, querían impedir la entrada de las personas desalojadas. Las expresiones abiertamente criminalizadoras contra las personas migrantes se asemejaban a las contenidas en los discursos de Albiol y buscaban una confrontación directa.
Xavier García Albiol se presentó en la concentración, supuestamente para apaciguar los ánimos. Después de haber negado durante todo el fin de semana la asistencia a los inmigrantes pidió a los vecinos que permitieran el alojamiento al menos durante aquella noche y se comprometió a abordar el asunto al día siguiente y pedir que no alojaran a los inmigrantes y fueran trasladados a otra parte. Como reveló Jesús Rodríguez en La Directa, «durante la reunión se comprobó la sintonía y la confianza entre Xavier Garcia Albiol y algunos de los concentrados, hasta el punto de recomendar discreción a las personas exaltadas que instigaban a asaltar el albergue y quemarlo. “Os hago una recomendación, especialmente a los más jóvenes. No digáis según qué cosas porque aquí se está grabando absolutamente todo”, dirigiéndose a un grupo que iba con la cara tapada con pasamontañas, para después ejemplificarlo: “Imagínate que esta noche pasa algo. El que ha dicho ‘hay que quemarlo’ se la carga”. En algunos momentos, los gritos no permitían oírle, y le exigían que dejara de hablar y pasara a la acción. Fue entonces cuando consiguió la ovación más grande de la noche: “Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo o, si no, haced lo que consideréis”«.
Dado lo caldeados que estaban los ánimos, la parroquia anuló la acogida. Por ello, las personas desamparadas tuvieron que acudir a otros espacios solidarios. Un grupo reducido pudo dormir en el local de la CUP y el Casal Antoni Sala i Pont y otras ocuparon un albergue municipal que estaba clausurado, pero todavía hay decenas de personas pernoctando bajo el puente de la C-31, usando tiendas y sacos de dormir que les han donado distintas activistas.
A pesar de los esfuerzos de colectivos sociales que intentan paliar con autoorganización inestabilidad de las personas que se han quedado en la calle, Badalona Acull y el resto de colectivos aseguran que la crisis continúa, que sus recursos solidarios son limitados y reclaman a las instituciones implicarse con soluciones a medio y largo plazo.
Este mensaje fue replicado el lunes 22 de diciembre, cuando unas 500 personas se concentraron frente al espacio recuperado Can Bofí Vell y recorrieron las calles de Badalona en una manifestación antirracista, al grito de “nadie es ilegal” y “Albiol fascista” y bajo el lema “Contra els atacs racistes, unitat de classe”.
Mientras tanto, otros 300 vecinos de la ciudad, se concentraron a unos metros de distancia, soltando proclamas xenófobas y contra Pedro Sánchez, apoyando a su alcalde mientras ondeaban banderas españolas.
Las últimas elecciones en Catalunya, así como las encuestas más recientes, revelan que la ultraderecha se encuentra doblemente representada en las instituciones catalanas.
Vox y PP obtienen sus mejores resultados en los municipios del Área Metropolitana de Barcelona y Tarragona, en barrios habitados por trabajadores de lengua castellana de la segunda o tercera generación procedentes de la inmigración del sur de España del franquismo. Por el contrario, Aliança Catalana, dirigida por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, mayoritariamente obtiene sus apoyos en poblaciones de la Catalunya interior, en localidades de Girona y Lleida donde la extinta Convergència de Jordi Pujol obtenía grandes mayorías y que fueron feudos del carlismo en el siglo XIX. Actualmente cuentan con dos diputats, pero un sondeo electoral de septiembre les otorga una previsión de ocupar 19 escaños.
“Ciertamente, el ascenso de las extremas derechas en Occidente es un fenómeno global con muy diversas concreciones y particularidades nacionales. La singularidad del caso catalán radica en la consolidación de dos formaciones que comparten un discurso antiinmigración, islamófobo y sionista, pero que militan en ultranacionalismos antagónicos. Además, representan una base identitaria, territorial y social muy distinta que puede resumirse esquemáticamente en las antinomias: lengua castellana/catalana, clase trabajadora/clase media, Catalunya metropolitana/interior”, explica Antonio Santamaría (periodista y ensayista sobre el nacionalismo catalán) en Zona de Estrategia.
“Desde el punto de vista ideológico, Vox no ha roto amarras con el nacionalcatolicismo franquista cuyos símbolos y memoria reivindica. Por el contrario, los referentes históricos de Aliança Catalana son fascistas catalanes de los años 30 del siglo pasado como Daniel Cardona de Nosaltres Sols o los hermanos Badia de Estat Català. Respecto al factor generacional, Vox y AC obtienen elevados apoyos electorales entre la juventud; aunque, en el caso de AC sus perfiles son algo más transversales.
El proceso independentista actuó como un acumulador de fuerzas, un desencadenante, para ambas formaciones, aunque en sentido contrario. Vox creció en los años de ascenso del procés que activó los registros del ultranacionalismo español en defensa de la unidad de la patria amenazada por los separatistas catalanes. Aliança Catalana sin embargo es un producto del declive del procés, de la frustración provocada en amplios sectores del movimiento independentista por las falsas promesas, la desunión de los partidos independentistas y la falta de perspectivas para avanzar hacia la secesión. Aquí radica la explicación del fenómeno de la existencia de dos ofertas políticas de extrema derecha en Catalunya.
El ultranacionalismo y la xenofobia son dos de los principales ejes ideológicos de las extremas derechas occidentales. Los trabajadores inmigrantes, especialmente los musulmanes, son percibidos como una amenaza para la identidad nacional/cultural y una competencia en el acceso a los servicios públicos y prestaciones sociales. Vox y AC coinciden, tanto en el discurso racista como en sus propuestas legislativas punitivas contra la inmigración, pero discrepan radicalmente en la cuestión de la identidad nacional”.
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1Para profundizar en los hechos, en lo que expresaban las desalojadas y sus interacciones con la policía y políticos, recomendamos las crónicas realizadas por Jesús Rodríguez en La Directa.
2En las pasadas municipales, Albiol obtuvo una aplastante mayoría absoluta. Presidente del PP catalán en los años del procés, ejerció de alcalde entre 2011 y 2015 con una campaña populista, antinmigración y antiocupación bajo el lema “limpiar Badalona”. Es significativo que, a diferencia de otros municipios del Área Metropolitana de Barcelona, aquí Vox no obtuvo representación. Al igual que Isabel Díaz Ayuso en Madrid, García Albiol ha asumido con éxito gran parte del discurso de la extrema derecha en materia de inmigración y seguridad ciudadana.
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• En esos lugares trabajan aproximadamente 30 mil mexicanas y mexicanos, precisó Aaraón Díaz Mendiburo
• Las jornadas en la nación norteamericana se extienden de 12 a 16 horas, alertó Luz María Hermoso Santamaría
• Olivia Doggett mencionó que ese país depende de la fuerza laboral temporal extranjera
• Marcela Juárez Morales dijo que ese abuso también sucede en Sinaloa y Querétaro, por ejemplo
En Canadá hay invernaderos altamente tecnificados y productivos para cultivar frutas, verduras, flores y recientemente cannabis; pero no se sostienen sin la mano de obra de personas provenientes de países en desarrollo, quienes llegan en busca de mejores condiciones económicas.
Aaraón Díaz Mendiburo, investigador del Centro de Investigaciones de América del Norte de la UNAM, explicó lo anterior y añadió que en esa nación existe, a partir de 1966, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), al que se sumó México en 1974 con una participación de 206 personas campesinas; hoy en día son aproximadamente 30 mil: 97 por ciento hombres y tres por ciento mujeres.
Durante el conversatorio “El presente y futuro de la migración y el trabajo en los invernaderos de alta tecnología en México y Canadá”, el doctor en Antropología consideró que aun cuando se ha descrito como un programa ejemplar, tiene algunas contradicciones.
En ese sentido, abundó el académico, las personas migrantes son clasificadas como de bajas habilidades, pero dominan sus labores y realizan actividades especializadas; son estructuralmente indispensables e irremplazables por empleados canadienses, pero lo son por provenir, sobre todo, del sur global; y reciben salarios.Díaz Mendiburo recordó que en marzo de 2020 el entonces primer ministro canadiense, Justin Trodeau, declaró cerrar las fronteras para todos aquellos que no fueran ciudadanos o residentes, a excepción de los estadounidenses. Pero tres días después se anunció la entrada de los trabajadores migrantes reclutados bajo los distintos programas de empleo.
A decir de la profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Marcela Juárez Morales, la explotación en ese tipo de lugares no es exclusiva de Canadá, sucede también en México.
Presentó un modelo que se aplica en Sinaloa, en el cual prevalecen prácticas tradicionales como “acasillamiento” (acción de establecer de forma permanente a un trabajador en una hacienda o granja, dándole vivienda y considerándolo un jornalero permanente); prevalecen preocupaciones empresariales por la tecnificación, pero no por las condiciones laborales.
En el caso de Querétaro impera la rotación de personal, carecen de apoyos de vivienda y de mayor salario, aunque amplíen sus actividades. “Los incentivos a la productividad son sobre el salario mínimo y se cuenta por fruta o cultivo cosechado, en condiciones muy precarias”, sostuvo.
De acuerdo con la profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Chapingo, Luz María Hermoso Santamaría, las jornadas formales en los invernaderos son de ocho horas diarias, pero en realidad se extienden a 12 y hasta 16, manteniendo una “esclavitud moderna”.Manifestó que existen 200 mil granjas para diversos cultivos, y en ellas se desempeña gente del sur global (entre ellos mexicanos) en precarias condiciones, pese a la alta tecnificación que se tiene en esas instalaciones donde usan, por ejemplo, energía eólica y monitores de televisión para controlar la productividad.
“A la fecha, vía el PTAT se contrata a 27 mil 318 personas que siembran, cultivan y cosechan en la agricultura primaria canadiense (apicultura, flores, frutas, hortalizas, procesadoras de alimentos, tabaco y viveros), de los cuales 26 mil 699 son hombres (97 por ciento) y 619 mujeres (2.26 por ciento), con salarios que fluctúan entre 15 y 18 dólares canadienses por hora”, señaló.
En tanto, Olivia Doggett, de la Universidad de Toronto, reconoció que Canadá depende de la fuerza laboral temporal extranjera a la que se somete a una “esclavitud moderna” en los invernaderos, donde laboran personas de 25 a 40 años. “Hay una gran explotación y quieren que trabajen como máquinas”.
Mientras en República Dominicana se celebra el Día de las Madres, el gobierno ejecuta un protocolo migratorio que criminaliza la maternidad negra y haitiana. Mujeres embarazadas son detenidas en hospitales y deportadas, violando derechos humanos fundamentales. El racismo de Estado cobra vidas y normaliza la exclusión. ¿A quién se le reconoce como madre digna de cuidados?
Este domingo se celebra el Día de las Madres en República Dominicana, desde inicios del mes en las instituciones y en la calle se percibe propaganda que invita al consumo para conmemorar lo que a todas luces es un día sagrado para la sociedad dominicana. Editoriales de periódicos desde ya anuncian esta fecha como parte fundamental de nuestra cultura, por ser una de las fiestas más celebradas para rendirle culto a ese símbolo de amor puro y verdadero que es la madre.
El pasado lunes 21 de abril comenzó la aplicación del nuevo protocolo migratorio adoptado por el gobierno dominicano, agentes migratorios irrumpieron en más de 33 centros de salud, incluidas maternidades, jornada que terminó con la deportación de más de 87 madres y mujeres negras de ascendencia haitiana en estado de gestación y en labor de parto, acompañadas de 48 menores de edad en las primeras jornadas. Esto entra en contradicción con el propio Reglamento de Ampliación de la Ley General de Migración que establece en su artículo 134 que “la detención nunca será utilizada en los casos de menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo”.
A un mes de la puesta en marcha de las medidas migratorias más racistas de las últimas décadas como respuesta a la Marcha de Friusa, las consecuencias son fatales, ha habido una reducción de hasta el 40% de las personas negras y de ascendencia haitiana que buscaban atención médica en los hospitales públicos por temor a ser deportadas. Tal es el caso de Lourdia Jean Pierre, una mujer negra haitiana de 32 años, quien murió desangrada en El Seibo, después de haber dado a luz sola en su casa. A Lourdia Jean Pierre la mató el racismo de estado.
Los medios de comunicación pagados por las élites políticas y económicas nacionales han contribuido a alimentar el relato hipócrita de que “las restricciones de salud a las madres negras y de ascendencia haitiana mejoraran las condiciones del sistema público de salud”, por esto están normalizando la violencia y el abuso contra esta población. En las redes sociales constantemente emplean términos como el de “invasión de vientres” y “paridoras” términos que además de arrastrar un fuerte componente de racismo y misoginia, acarrean el lenguaje de animalización para deshumanizar y construir una percepción constante de peligro en mujeres negras trabajadoras que buscan atención médica en un sistema que las relega a la sub-humanidad.
El accionar del gobierno dominicano tiene sus orígenes en el racismo antinegro y antihaitiano que han impuesto históricamente las élites nacionales y que hoy promueven la peligrosa idea de un conflicto binacional inexistente. El discurso ¿acaso no soy una mujer? pronunciado por la activista afroestadounidense Sojourner Truth en 1851 cobra un sentido desbordante en este contexto, ¿acaso no son madres?, ¿acaso no merecen nuestra empatía?, ¿acaso no merecen ser atendidas en condiciones dignas?.
Y es que cuando hablamos de mujeres negras, estamos hablando de mujeres ubicadas en el último eslabón de privilegios, atravesadas no solamente por el género, sino además por la raza, la clase, la geografía, la nacionalidad, etc. Feministas negras y del sur global han analizado la condición específica de las mujeres negras, construidas como sujetos sin agencia, subalternizadas, tan fuertes que pueden soportar cualquier dolor y consideradas histéricas o locas cuando hablan. La representación de la mujer negra en el ámbito político y social suele estar en el ámbito de la negatividad, por lo que resulta conveniente construirlas como amenaza, lo peligroso y el enemigo, para disipar las violencias y deficiencias históricas y estructurales que se configuran en el estado dominicano.
Estas medidas lejos de alumbrar una solución “sigue perpetuando el esquema de corrupción e impunidad e incluso trata de personas, que no busca la regularización sino hacer negocios con las deportaciones” como apuntó Roudy Joseph del Colectivo Haitianos RD a la Deutsche Welle. Políticas de crueldad, cacería y blanqueamiento que ahora ponen en riesgo la vida de más de 30 mil personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana que nunca han podido acceder a documentos por las dificultades sistémicas impuestas.
Está claro que limitar el acceso a la salud estableciendo requisitos discriminatorios viola los derechos universales reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las leyes generales y la propia constitución dominicana, pero cuando se trata de mujeres negras y personas negras debemos preguntarnos, ¿quiénes cuentan como humanas?, ¿quién entra en la categoría sujeto de derecho?. Aunque en las sociedades colonizadas se instauraron estados nacionales, las jerarquías siguen intactas, la etiqueta racial “blanco” o “europeo” se construyó como superior, siempre ligado a la humanidad desde su invención, por lo tanto persona sujeta del Derecho a quienes estuvieran dentro de este grupo. Por el contrario, la etiqueta “negro” o “africano” se construyó como la base de esta jerarquización, y fue concebida como lugar de la no humanidad, lo cual constituye a sus miembros en “cosas” u “objetos del Derecho”, susceptibles de apropiación.
¿Quiénes cuentan como humanas?, cuando personajes como Faride Raful, actual ministra de Interior y Policía en su momento como senadora del Distrito Nacional se hizo eco de la demanda de los grupos feministas por la inclusión de tres causales de interrupción del aborto en el código penal, como una deuda de la democracia dominicana con “las mujeres” y su “dignidad”. En la acepción de humanidad que Faride, el gobierno y la sociedad predican estas mujeres simplemente no entran. Así como la Iglesia se vio obligada a crear una noción normativa de “humanidad” congruente con sus doctrinas teológicas, que pudiera justificar el exterminio de los pueblos indígenas y afrodescendientes que se llevaba a cabo durante la colonización, el gobierno dominicano busca instalar en el imaginario nacional una idea de la mujer que puede ser vejada, maltratada y torturada al grado de negarles atención médica y montarlas en una camiona en situación de extremada vulnerabilidad por el hecho de haber nacido negras.
El deterioro del sistema hospitalario en República Dominicana no se debe a las mujeres negras haitianas, se debe al bajo presupuesto asignado por el estado y a la privatización del sector salud. República Dominicana es uno de los países que menos invierte en salud en la región latinoamericana. El gasto público en salud de República Dominicana para el 2023 fue de apenas un 2.7% (el segundo más bajo después de Guatemala), según estudios realizados por Wifor Institute y Sanigest International. Según la ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo se debería destinar el 4.5 % del PIB a la Salud, pero en 2024 la inversión no superó el 2%.
Otro mito es la carga que representan para el estado dominicano. Según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017), la población inmigrante haitiana aporta un 7.4% al Producto Interno Bruto (PIB) de la República Dominicana. Este dato subraya que su contribución económica es 16 veces mayor que el gasto público destinado a servicios para esta población. Muchas trabajadoras de ascendencia haitiana, se dedican a los cuidados y al trabajo doméstico en condiciones de esclavitud y sin posibilidad de acceder a la seguridad social. Criminalizar y perseguir a mujeres negras que aportan cada día con su trabajo a nuestra economía es un acto de crueldad, mientras se protege y resguardan privilegios a las élites blancas que mantienen el saqueo, el empobrecimiento y la exclusión de las mayorías.
“Si las mujeres negras fueran libres, eso significaría que todo el mundo sería libre, ya que nuestra libertad requiere la destrucción de todos los sistemas de opresión”. Manifiesto Río Combahee, 1977.
Esther Girón: Activista afrofeminista y fundadora del colectivo antirracista Aquelarre Bonao.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/828185-las-madres-negras-importan
