• En esos lugares trabajan aproximadamente 30 mil mexicanas y mexicanos, precisó Aaraón Díaz Mendiburo
• Las jornadas en la nación norteamericana se extienden de 12 a 16 horas, alertó Luz María Hermoso Santamaría
• Olivia Doggett mencionó que ese país depende de la fuerza laboral temporal extranjera
• Marcela Juárez Morales dijo que ese abuso también sucede en Sinaloa y Querétaro, por ejemplo

En Canadá hay invernaderos altamente tecnificados y productivos para cultivar frutas, verduras, flores y recientemente cannabis; pero no se sostienen sin la mano de obra de personas provenientes de países en desarrollo, quienes llegan en busca de mejores condiciones económicas.

Aaraón Díaz Mendiburo, investigador del Centro de Investigaciones de América del Norte de la UNAM, explicó lo anterior y añadió que en esa nación existe, a partir de 1966, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), al que se sumó México en 1974 con una participación de 206 personas campesinas; hoy en día son aproximadamente 30 mil: 97 por ciento hombres y tres por ciento mujeres.
Durante el conversatorio “El presente y futuro de la migración y el trabajo en los invernaderos de alta tecnología en México y Canadá”, el doctor en Antropología consideró que aun cuando se ha descrito como un programa ejemplar, tiene algunas contradicciones.

En ese sentido, abundó el académico, las personas migrantes son clasificadas como de bajas habilidades, pero dominan sus labores y realizan actividades especializadas; son estructuralmente indispensables e irremplazables por empleados canadienses, pero lo son por provenir, sobre todo, del sur global; y reciben salarios.Díaz Mendiburo recordó que en marzo de 2020 el entonces primer ministro canadiense, Justin Trodeau, declaró cerrar las fronteras para todos aquellos que no fueran ciudadanos o residentes, a excepción de los estadounidenses. Pero tres días después se anunció la entrada de los trabajadores migrantes reclutados bajo los distintos programas de empleo.

A decir de la profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Marcela Juárez Morales, la explotación en ese tipo de lugares no es exclusiva de Canadá, sucede también en México.
Presentó un modelo que se aplica en Sinaloa, en el cual prevalecen prácticas tradicionales como “acasillamiento” (acción de establecer de forma permanente a un trabajador en una hacienda o granja, dándole vivienda y considerándolo un jornalero permanente); prevalecen preocupaciones empresariales por la tecnificación, pero no por las condiciones laborales.

En el caso de Querétaro impera la rotación de personal, carecen de apoyos de vivienda y de mayor salario, aunque amplíen sus actividades. “Los incentivos a la productividad son sobre el salario mínimo y se cuenta por fruta o cultivo cosechado, en condiciones muy precarias”, sostuvo.

De acuerdo con la profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Chapingo, Luz María Hermoso Santamaría, las jornadas formales en los invernaderos son de ocho horas diarias, pero en realidad se extienden a 12 y hasta 16, manteniendo una “esclavitud moderna”.Manifestó que existen 200 mil granjas para diversos cultivos, y en ellas se desempeña gente del sur global (entre ellos mexicanos) en precarias condiciones, pese a la alta tecnificación que se tiene en esas instalaciones donde usan, por ejemplo, energía eólica y monitores de televisión para controlar la productividad.
“A la fecha, vía el PTAT se contrata a 27 mil 318 personas que siembran, cultivan y cosechan en la agricultura primaria canadiense (apicultura, flores, frutas, hortalizas, procesadoras de alimentos, tabaco y viveros), de los cuales 26 mil 699 son hombres (97 por ciento) y 619 mujeres (2.26 por ciento), con salarios que fluctúan entre 15 y 18 dólares canadienses por hora”, señaló.

En tanto, Olivia Doggett, de la Universidad de Toronto, reconoció que Canadá depende de la fuerza laboral temporal extranjera a la que se somete a una “esclavitud moderna” en los invernaderos, donde laboran personas de 25 a 40 años. “Hay una gran explotación y quieren que trabajen como máquinas”.

DGCS UNAM

Mientras en República Dominicana se celebra el Día de las Madres, el gobierno ejecuta un protocolo migratorio que criminaliza la maternidad negra y haitiana. Mujeres embarazadas son detenidas en hospitales y deportadas, violando derechos humanos fundamentales. El racismo de Estado cobra vidas y normaliza la exclusión. ¿A quién se le reconoce como madre digna de cuidados?

Este domingo se celebra el Día de las Madres en República Dominicana, desde inicios del mes en las instituciones y en la calle se percibe propaganda que invita al consumo para conmemorar lo que a todas luces es un día sagrado para la sociedad dominicana. Editoriales de periódicos desde ya anuncian esta fecha como parte fundamental de nuestra cultura, por ser una de las fiestas más celebradas para rendirle culto a ese símbolo de amor puro y verdadero que es la madre.

El pasado lunes 21 de abril comenzó la aplicación del nuevo protocolo migratorio adoptado por el gobierno dominicano, agentes migratorios irrumpieron en más de 33 centros de salud, incluidas maternidades, jornada que terminó con la deportación de más de 87 madres y mujeres negras de ascendencia haitiana en estado de gestación y en labor de parto, acompañadas de 48 menores de edad en las primeras jornadas. Esto entra en contradicción con el propio Reglamento de Ampliación de la Ley General de Migración que establece en su artículo 134 que “la detención nunca será utilizada en los casos de menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo”.

A un mes de la puesta en marcha de las medidas migratorias más racistas de las últimas décadas como respuesta a la Marcha de Friusa, las consecuencias son fatales, ha habido una reducción de hasta el 40% de las personas negras y de ascendencia haitiana que buscaban atención médica en los hospitales públicos por temor a ser deportadas. Tal es el caso de Lourdia Jean Pierre, una mujer negra haitiana de 32 años, quien murió desangrada en El Seibo, después de haber dado a luz sola en su casa. A Lourdia Jean Pierre la mató el racismo de estado.

Los medios de comunicación pagados por las élites políticas y económicas nacionales han contribuido a alimentar el relato hipócrita de que “las restricciones de salud a las madres negras y de ascendencia haitiana mejoraran las condiciones del sistema público de salud”, por esto están normalizando la violencia y el abuso contra esta población. En las redes sociales constantemente emplean términos como el de “invasión de vientres” y “paridoras” términos que además de arrastrar un fuerte componente de racismo y misoginia, acarrean el lenguaje de animalización para deshumanizar y construir una percepción constante de peligro en mujeres negras trabajadoras que buscan atención médica en un sistema que las relega a la sub-humanidad.

El accionar del gobierno dominicano tiene sus orígenes en el racismo antinegro y antihaitiano que han impuesto históricamente las élites nacionales y que hoy promueven la peligrosa idea de un conflicto binacional inexistente. El discurso ¿acaso no soy una mujer? pronunciado por la activista afroestadounidense Sojourner Truth en 1851 cobra un sentido desbordante en este contexto, ¿acaso no son madres?, ¿acaso no merecen nuestra empatía?, ¿acaso no merecen ser atendidas en condiciones dignas?.

Y es que cuando hablamos de mujeres negras, estamos hablando de mujeres ubicadas en el último eslabón de privilegios, atravesadas no solamente por el género, sino además por la raza, la clase, la geografía, la nacionalidad, etc. Feministas negras y del sur global han analizado la condición específica de las mujeres negras, construidas como sujetos sin agencia, subalternizadas, tan fuertes que pueden soportar cualquier dolor y consideradas histéricas o locas cuando hablan. La representación de la mujer negra en el ámbito político y social suele estar en el ámbito de la negatividad, por lo que resulta conveniente construirlas como amenaza, lo peligroso y el enemigo, para disipar las violencias y deficiencias históricas y estructurales que se configuran en el estado dominicano.

Estas medidas lejos de alumbrar una solución “sigue perpetuando el esquema de corrupción e impunidad e incluso trata de personas, que no busca la regularización sino hacer negocios con las deportaciones” como apuntó Roudy Joseph del Colectivo Haitianos RD a la Deutsche Welle. Políticas de crueldad, cacería y blanqueamiento que ahora ponen en riesgo la vida de más de 30 mil personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana que nunca han podido acceder a documentos por las dificultades sistémicas impuestas.

Está claro que limitar el acceso a la salud estableciendo requisitos discriminatorios viola los derechos universales reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las leyes generales y la propia constitución dominicana, pero cuando se trata de mujeres negras y personas negras debemos preguntarnos, ¿quiénes cuentan como humanas?, ¿quién entra en la categoría sujeto de derecho?. Aunque en las sociedades colonizadas se instauraron estados nacionales, las jerarquías siguen intactas, la etiqueta racial “blanco” o “europeo” se construyó como superior, siempre ligado a la humanidad desde su invención, por lo tanto persona sujeta del Derecho a quienes estuvieran dentro de este grupo. Por el contrario, la etiqueta “negro” o “africano” se construyó como la base de esta jerarquización, y fue concebida como lugar de la no humanidad, lo cual constituye a sus miembros en “cosas” u “objetos del Derecho”, susceptibles de apropiación. 

¿Quiénes cuentan como humanas?, cuando personajes como Faride Raful, actual ministra de Interior y Policía en su momento como senadora del Distrito Nacional se hizo eco de la demanda de los grupos feministas por la inclusión de tres causales de interrupción del aborto en el código penal, como una deuda de la democracia dominicana con “las mujeres” y su “dignidad”. En la acepción de humanidad que Faride, el gobierno y la sociedad predican estas mujeres simplemente no entran. Así como la Iglesia se vio obligada a crear una noción normativa de “humanidad” congruente con sus doctrinas teológicas, que pudiera justificar el exterminio de los pueblos indígenas y afrodescendientes que se llevaba a cabo durante la colonización, el gobierno dominicano busca instalar en el imaginario nacional una idea de la mujer que puede ser vejada, maltratada y torturada al grado de negarles atención médica y montarlas en una camiona en situación de extremada vulnerabilidad por el hecho de haber nacido negras.

El deterioro del sistema hospitalario en República Dominicana no se debe a las mujeres negras haitianas, se debe al bajo presupuesto asignado por el estado y a la privatización del sector salud. República Dominicana es uno de los países que menos invierte en salud en la región latinoamericana. El gasto público en salud de República Dominicana para el 2023 fue de apenas un 2.7% (el segundo más bajo después de Guatemala), según estudios realizados por Wifor Institute y Sanigest International. Según la ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo se debería destinar el 4.5 % del PIB a la Salud, pero en 2024 la inversión no superó el 2%.

Otro mito es la carga que representan para el estado dominicano. Según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017), la población inmigrante haitiana aporta un 7.4% al Producto Interno Bruto (PIB) de la República Dominicana. Este dato subraya que su contribución económica es 16 veces mayor que el gasto público destinado a servicios para esta población. Muchas trabajadoras de ascendencia haitiana, se dedican a los cuidados y al trabajo doméstico en condiciones de esclavitud y sin posibilidad de acceder a la seguridad social. Criminalizar y perseguir a mujeres negras que aportan cada día con su trabajo a nuestra economía es un acto de crueldad, mientras se protege y resguardan privilegios a las élites blancas que mantienen el saqueo, el empobrecimiento y la exclusión de las mayorías. 

“Si las mujeres negras fueran libres, eso significaría que todo el mundo sería libre, ya que nuestra libertad requiere la destrucción de todos los sistemas de opresión”. Manifiesto Río Combahee, 1977.

Esther Girón: Activista afrofeminista y fundadora del colectivo antirracista Aquelarre Bonao.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/828185-las-madres-negras-importan

 En el marco del Día Internacional de los Trabajadores (May Day) este 1° de mayo, miles de personas –incluyendo trabajadores, inmigrantes, estudiantes y familias– salieron a las calles de Los Ángeles. La principal demanda de los manifestantes fue contra el endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, que incluyen la intención de sellar la frontera sur y la expulsión de millones de indocumentados, en lo que el propio Trump denominó «la mayor deportación de la historia de los Estados Unidos». 

En respuesta a estas medidas, febrero marcó el inicio de protestas en diversos estados del país, siendo Los Ángeles, por su numerosa población latina, un foco principal. Del 2 al 4 de febrero se produjeron manifestaciones que derivaron en enfrentamientos con la policía cerca del ayuntamiento; las movilizaciones continuaron hasta el 9 de febrero, día en que los manifestantes volvieron a reunirse frente a la alcaldía. El 17 de febrero, «Unión Barrio» y más de 60 organizaciones ciudadanas protestaron en la Placita Olvera. Las demandas por una reforma migratoria impulsaron una nueva marcha de migrantes y activistas el 9 de marzo. 

Conversé sobre este panorama de protestas con el Dr. Steven Loza, etnomusicólogo de la UCLA y una figura notable por haber sido, durante casi 30 años, el único profesor de origen chicano en el departamento de música de dicha universidad. Además de su labor como investigador en el Centro de Estudios Chicanos y director del Centro de Artes Latinas, actualmente se encuentra en año sabático colaborando con la Universidad Veracruzana en Xalapa  Para el Dr. Steven las protestas de la comunidad Latina en la ciudad de los Ángeles forman parte de una larga lucha por el reconocimiento de los derechos, no solo de los migrantes, sino también de los méxico-americanos. Reconoce que las relaciones entre los migrantes y la llamada comunidad chicana están llenas de matices y por tanto se trata de un fenómeno social complejo. Por ejemplo – me dice – existen el migrante mexicano recién llegado que no habla el idioma y por otro lado el joven méxico-americano que ya no habla español, esas dos figuras podrían ser el blanco y el negro, sin embargo, en medio hay una amplia escala de grises. 

Su propia historia está marcada por el fenómeno migratorio, sus padres fueron hijos de migrantes mexicanos. Desde su trinchera, como músico y profesor, ha dedicado su vida a buscar la justicia social dentro de la UCLA para las comunidades negra y latina.  En su libro más reciente, titulado La última conferencia de un etnomusicólogo. Música y globalismo, filosofía y religión, da cuenta de ello:  “Un acontecimiento social importante que sigue impactándome hasta el día de hoy es la huelga de hambre de 1993 en la UCLA organizada por estudiantes, profesores y miembros de la comunidad chicana, que exigían la creación de un Departamento de Estudios Chicanos. Nueve personas llevaron a cabo la huelga de hambre durante un periodo de dos semanas, arriesgando su salud y sus vidas por una causa que consideraban urgente y necesaria.” 

El Dr. Loza recuerda su papel como representante de los huelguistas en las mesas de diálogo con directivos de la UCLA, un proceso que concluyó con la creación del Departamento de Estudios Chicanos. Desde su perspectiva, la lucha de los méxico-americanos en Los Ángeles está profundamente conectada con la de los migrantes mexicanos por sus derechos. Sostiene, además, que esta no es una lucha reciente; sus inicios se remontan a los disturbios del Zoot Suit en 1943 y al movimiento de trabajadores agrícolas de los años sesenta y setenta encabezados por César Chávez y Dolores Huerta, el cual, provocó un florecimiento cultural chicano en las décadas de los ochenta y noventa.   

Las nuevas políticas migratorias de presidente Donald Trump nos obligan a mirar con ojo crítico el fenómeno migratorio, pues la comunidad de migrantes mexicanos no solo aportan mano de obra barata para la industria, la agricultura o los servicios en Estados Unidos, también han llevado consigo rasgos de su cultura que fusionados con la norteamericana y otras minorías étnicas, han dado origen a una sociedad multicultural. 

Lo que llama la atención de la ola de protestas contra la política migratoria y el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en Los Ángeles, es la cantidad de banderas de México que portan los manifestantes, personas con matracas, sombreros de palma con los colores de la bandera mexicana, vistiendo zarapes y rebozos. Niñas con trajes de danzantes tradicionales, con sartales en los tobillos, tocados de plumas en la cabeza  y huipiles bordados con motivos florales mexicanos danzando en medio de la protesta, sobre la calle Brodway y la rampa al freeway 101 norte; hombres con tlalpilis y pectorales decorados con motivos prehispánicos y copillis de plumas sobre sus cabezas, danzando al ritmo de los huéhuetls sobre la autopista 101, para recordarle al presidente Donald Trump y al mundo que la identidad de los angelinos esta fincada en ambas culturas,  que la primer lengua europea que se habló en este territorio fue el español, y que los latinos habitaron esta ciudad antes que los anglosajones, los méxico-americanos del siglo XXI encuentran en la historia antigua de México su propio origen, el sur oeste americano ha sido renombrado Aztlán, la tierra mítica de los antiguos mexicanos. 

El término «chicano» se refiere originalmente a los mexicanos que ya residían en los territorios anexados por Estados Unidos tras la guerra México-Estadounidense, concluida con el Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848). A pesar de su contribución al desarrollo del país, los chicanos han enfrentado una larga historia de discriminación y una continua lucha por los derechos de las minorías. En Los Ángeles, esta lucha se ha caracterizado por alianzas con otras comunidades, como los nativos americanos y los afrodescendientes. Un ejemplo de esta colaboración son las numerosas manifestaciones contra la Guerra de Vietnam organizadas conjuntamente en los años setenta, y la cercana relación de Coretta Scott King (viuda de Martin Luther King) con César Chávez en la defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas.

En la actualidad el termino chicano se usa para referirse de manera más amplia a personas de origen latino en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio (ciudadanos, residentes legales o indocumentados). La comunidad chicana, con un sólido historial de lucha, se encuentra hoy especialmente unida en la defensa de los derechos de los migrantes, a quienes considera uno de los grupos más vulnerables. 

Martha López López. Miembro del seminario permanente universitario del G20 

1

Sostuvo el lingüista francés Pierre Bourdieu que “quien nomina, domina”. Comencemos por el nombre de América. Estados Unidos, que como bien hace notar Jean Luc Godard no es un nombre, se ha ido apoderando progresivamente del apelativo de América, cuyo titular original, Américo Vespuccio, jamás estuvo en lo que es hoy territorio estadounidense. Vemos que Donald Trump arma una alharaca para cambiar el clásico nombre de Golfo de México por el de Golfo de América. Tras la lingüística viene la rapiña; gran parte del  territorio que actualmente llamamos  Estados Unidos era de México. Testimonio, Tejas, Los Ángeles, California, San Francisco, Nevada, Colorado, Utah, Kansas, Oklahoma, Wyoming, Nuevo México, tantos apelativos castellanos o indígenas enclavados en tierra  que el latrocinio hizo gringa. Tampoco nadie podrá borrar los millares de musicales nombres originarios que destellan en medio de lo que los invasores quisieron llamar Nueva España; Jalisco, Oaxaca, Tulún,  Cuxcatlán, Xochimilco, Chihuahua, Guanajuato, Pénjamo.

2

Con la asimilación entre el nombre de un país y el de un continente viene un intento de apropiación del segundo por el primero. Para  algunos, “América” es “Estados Unidos”; de hecho, éste último ocupa con unas 128 bases militares América Latina y el Caribe, mientras que nuestros países no operan una sola en el Coloso del Norte. Elegir nuestro nombre fue optar entre uno y otro  coloniaje: Hispanoamérica o Iberoamérica nos remitían a la península ibérica; Latinoamérica fue una invención del imperialismo galo  para mentir que el Emperador Maxiliano, en cuanto “latino”, tenía derecho de pillar México. “Nuestra América” fue frase poderosa de José Martí, que implica a la vez separación esclarecedora y entrañable fraternidad.

3

Y ya que hablamos de continentes, recordemos que para el Diccionario de la Lengua Española éstos son “cada una de las grandes extensiones de tierra separadas por los océanos”. Pero en vano buscaremos el océano, la zanja, la discontinuidad natural que separaría el continente que llamamos Europa de aquél que nominamos Asia. La única barrera entre ambos es la grieta del Eurocentrismo, que quiso convertir la península europea en Centro del Mundo.

4

Quien se nombra se crea; todo enemigo buscará rebautizarlo con un mote que lo destruya. Acierto lingüístico de Hugo Chávez Frías fue adoptar para su movimiento el apelativo de “bolivariano”. Durante casi dos siglos toda fuerza política intentó prestigiarse con el nombre del Libertador: casi ninguna resultó creíble. A principios de siglo la sicóloga social Maritza Montero  me dijo que había compilado  centenar y medio de insultos de la oposición contra el chavismo y  un centenar de epítetos de éste contra los opositores. En tan desigual batalla cabe señalar que los opositores además disponían de la casi totalidad de los medios de comunicación, y sin embargo resultaron derrotados. Bastó que Chávez, comentando una raleada manifestación de Peña Esclusa, dijera que se trataba de una oposición “escuálida”, y así se quedó.

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Quien  dude de los engendros  que incuba el poder en sus cloacas semióticas, considere la nueva acepción  de las palabras “libertario” y “anarquista” en boga en el ámbito mediático. Para el Diccionario de la Lengua Española, “Libertarianismo” es sinónimo de “anarquistmo”: “Doctrina que propugna la libertad total del individuo y la desaparición del Estado y de toda forma de poder”. Así definía Carlos Marx la finalidad última del Comunismo: el Reino de la Libertad. ¿A cuenta de qué entonces motejar de “libertario” a todo esbirro  del Fondo Monetario Internacional, a todo polizonte autoritario de la Banca usuraria que a palo y plomo reprime manifestaciones obreras y protestas contra la entrega de sus países al capital transnacional? Algunos hasta se retratan disfrazados de próceres libertadores. Cada criminal puede llamarse como se le antoje; pero vaya usted a saber  por qué, medios progresistas y hasta izquierdistas corean como cotorritas el fraude, embarrando de paso las palabras “libertad” y “anarquía”, las más nobles del léxico político.

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Pasemos al ámbito local. Las potencias atropellan   a otros países con agresiones delincuenciales para presionarlos a renunciar a sus intereses y su soberanía. Es lo que en términos hamponiles el Presidente Barack Obama llamó “sanción”: “torcerle el brazo” a Venezuela para que adoptara un  gobierno grato a Estados Unidos. La mayoría de las legislaciones del mundo definen a este crimen como “extorsión”. Por no citarlas todas, recurramos una vez más al Diccionario de la Lengua Española, para el cual significa “la presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. En términos legales, se considera un delito que consiste en obligar a otro con violencia o intimidación para obtener algo de forma ilícita”.

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Pues bien, en aras del latrocinio lingüístico de los poderosos y de la culpable ingenuidad de sus presas, a este crimen  lo han venido llamando “sanciónes” victimarios y víctimas. Recurramos una vez más a la Academia Española, para la cual dicho concepto “se refiere a la pena o castigo que se establece para quien infringe una ley o norma”. En términos jurídicos, ello quiere decir que sólo es “sanción” la aplicada por una autoridad legítima y competente, en cumplimiento de una norma válida y obligatoria para el sancionado, a fin de castigar una conducta ilegítima de éste. Pero las normas o leyes de una potencia no son aplicables a los restantes países soberanos del mundo, ni están éstos obligados a someterse a ellas, ni a  soportar castigos, atropellos, atentados criminales  o penas por tal motivo.

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En dos palabras, cada vez que llamamos “sanción” a una extorsión criminal, atropello o latrocinio de las grandes potencias, no sólo blanqueamos con legitimidad el delito: también nos autocalificamos de culpables, hacemos el papel de niños malos a quienes papi nos da coscorrones a ver si de una vez por todas nos corregimos.  Nada de eso. Somos blanco de la ilegítima extorsión de varias potencias delincuentes, no estamos obligados a obedecerla, y los actos impuestos en tal condición son nulos de toda nulidad en cuanto forzados bajo violencia ilegal. Mientras sigamos llamándola “sanción” no hacemos más que otorgar validez legal a nuestra condición de víctimas.

Llamemos las cosas por sus nombres.