Fotografía: encuentro entre Trump y Milei en febrero de 2025. / The White House
Artículo original publicado en ctxt.es por Juan Torres López
A la hora de analizar lo que está ocurriendo en el mundo no se debería caer en lo que a mí me parece una peligrosa simplificación: considerar que estamos en una simple anomalía producida por la personalidad singular del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Este es, sin duda, lo suficientemente excéntrico, autoritario y disruptivo como para poner en peligro por sí solo el ya frágil entramado de derechos, libertades e instituciones democráticas, no sólo en su país sino en todo el mundo. Su narcisismo enfermizo y el desprecio por las normas están abriendo las puertas a un auténtico vendaval neofascista de consecuencias funestas.
El autoritarismo y la crisis de la democracia se extienden por razones que van mucho más allá de las características personales de Trump
Sin embargo, me temo que el autoritarismo y la crisis de la democracia se extienden por razones que van mucho más allá de las características personales de Trump. Y analizar como algo personal lo que en realidad es estructural puede hacer ingenuamente que el problema se resuelve reemplazando a un líder por otro.
A mi juicio, nada brota si no existen condiciones que le permitan crecer y desarrollarse, sin un medio ambiente favorable, y por eso creo que Trump no es exactamente la causa principal de la crisis democrática de Estados Unidos y del mundo entero. Es, en realidad, el efecto emergente de una serie de grandes fracturas económicas, institucionales, mediáticas, culturales, tecnológicas y geopolíticas que afectan al planeta.
Dicho de otra manera: la aparición de líderes autoritarios y neofascistas como Trump no es la causa de la crisis de la democracia y las libertades; es esa crisis la que da lugar y explica la aparición y la funcionalidad de Trump. Por eso su llegada al poder no puede considerarse como un accidente pasajero, sino como auténtico punto de inflexión en la historia del capitalismo contemporáneo y me atrevería a decir que de la humanidad.
Un sistema incompatible con la democracia y la libertad
Lo que está ocurriendo en Estados Unidos y va a ocurrir también en los demás países avanzados es la consecuencia de una mutación del capitalismo que lo ha hecho cada vez más incompatible con la democracia.
Esa incompatibilidad se produce por tres razones principales.
– La gran desigualdad de nuestro tiempo ha deteriorado las economías y ha obligado a limitar cada día más los derechos y libertades de desposeídos a cuya costa se genera la concentración de la riqueza y el poder que la producen.
– Cuando esa desposesión se hace indisimulable hay que recurrir a la mentira y al falseamiento del debate social para poder justificarla, para hacer creer que es la inmigración, el feminismo o la política democrática lo que amenaza el empleo, los salarios, la provisión de los servicios públicos, la seguridad o la soberanía.
– El nuevo capitalismo tecnológico que se ha hecho dominante necesita plena libertad para utilizar en su favor todos los recursos del Estado.
Estos procesos están produciendo las grandes fracturas económicas, institucionales, mediáticas, culturales, tecnológicas y geopolíticas que están convirtiendo al capitalismo de nuestros días en un sistema incompatible con la democracia, y este es el medio ambiente en el que líderes políticos como Trump, Milei, Le Pen, Orbán… no aparecen como sorpresas o incidencias casuales, sino como las respuestas necesarias para intentar consolidarlo.
El 1 % más rico posee el 31,7 % de la riqueza total de EEUU, mientras que la mitad inferior de la población apenas supera el 2 %
Fracturas económicas y sociales profundas
En las últimas cuatro décadas, la economía estadounidense viene experimentando transformaciones que han erosionado los cimientos sociales que pueden sostener a la democracia, por débil que esta sea:
– Concentración extrema de la riqueza y el poder económico que ha producido una desconexión creciente entre el crecimiento de la economía y el bienestar de la mayoría de la población. Hoy, el 1 % más rico posee el 31,7 % de la riqueza total del país, mientras que la mitad inferior de la población apenas supera el 2 %.
– Profunda desindustrialización debida a la externalización productiva, es decir a la marcha de las grandes empresas al exterior, al amparo de la globalización, para buscar costes más bajos, que ha producido desempleo generalizado en muchas áreas, precarización salarial y estancamiento salarial. Desde 1980 se han perdido más de 7,5 millones de empleos industriales, y en amplias zonas la renta per cápita real es hoy inferior a la de hace tres décadas.
– Desigualdad territorial extrema, con grandes espacios y regiones enteras sumidos en un gran declive económico y social.
– Debilitamiento del poder sindical y del trabajo organizado, que reduce la capacidad de acción colectiva.
Además de desigualdad y deterioro económico, estas dinámicas han generado una inseguridad vital que se ha hecho crónica en amplios sectores sociales que viven con la sensación de pérdida de estatus, de futuro bloqueado y de ruptura del contrato social. Eso ha hecho que la política se haya convertido para ellos en un campo de continua amenaza y la demanda social ha dejado de ser la de redistribución o reforma para buscar, simplemente, la protección que supuestamente proporcionan los líderes autoritarios.
Democracia vaciada
La segunda base en que se ha sustentado el avance del trumpismo es el diseño y funcionamiento degradado de las instituciones políticas estadounidenses.
– El sistema electoral se ha ido distorsionando cada vez más, se han generalizado los casos de manipulación de distritos para favorecer a uno u otro partido o mecanismos encaminados a suprimir el voto de algunos grupos sociales, quebrándose así el principio de igualdad política. En 2016, Donald Trump perdió el voto popular por casi tres millones de votos y aun así ganó la presidencia.
– La financiación privada masiva de la política ha otorgado a grandes fortunas y corporaciones una influencia decisiva sobre el proceso legislativo y el gobierno ha sido materialmente capturado por grupos de presión, especialmente financieros, energéticos, tecnológicos y militares. En las elecciones de 2020 se gastaron más de 14.000 millones de dólares, aportados de forma desproporcionada por un porcentaje ínfimo de grandes donantes.
– Las puertas giratorias que disuelven la frontera entre interés público e interés privado se han hecho una constante.
Los contrapesos institucionales (tribunales, agencias reguladoras y administración profesional) se han ido debilitando o desapareciendo
– Los contrapesos institucionales (tribunales, agencias reguladoras y administración profesional) se han ido debilitando, cuando no desapareciendo, en los últimos años, permitiendo que, aunque los ciudadanos voten, no sean realmente los que decidan cómo se gobierna.
Todo ello ha producido una brecha entre participación formal y poder real que genera frustración, cinismo y deslegitimación del sistema (sólo un 17 % de los estadounidenses confía en el Congreso). Y eso es lo que permite que personajes estrambóticos como Trump aparezcan aquí como ajenos a un sistema que se percibe como corrupto, aunque en la práctica se hayan enriquecido con él, lo utilicen y lo profundicen. El atractivo social de personas como Trump no nace a pesar de esas disfunciones institucionales, sino gracias a ellas.
Degradación mediática del espacio público
El sistema mediático estadounidense (como en la inmensa mayoría de otros países) también ha mutado:
– El periodismo ha pasado de ser un medio de control del poder a una industria de la atención.
– La información ha dejado de ser contextualizada para convertirse en espectáculo permanente.
– En lugar de promover y ayudar a generar un espacio público común y compartido se dedica a crear burbujas ideológicas rentables.
Y todo ello ha sido intensificado por las plataformas digitales y los algoritmos que, buscando aumentar la interacción que los hace más rentables, amplifican el extremismo y la polarización, fragmentan la realidad en relatos incompatibles, y anteponen la emoción sobre el análisis. Numerosos estudios muestran que los contenidos falsos y extremos se difunden más rápido y alcanzan mayor audiencia que la información verificada. Basta recordar la difusión masiva de la narrativa del fraude electoral en 2020, sostenida durante semanas, pese a la inexistencia de pruebas y al rechazo sistemático de los tribunales.
El funcionamiento actual de los medios de comunicación busca y hace que desaparezcan los hechos compartidos que son condición básica para que la democracia no se degrade.
En este entorno, las personas y líderes que encarnan la lógica del sistema son los que, como Trump o Milei, basan su comportamiento en la mentira, el conflicto, el simplismo y la provocación.
Vulnerabilidad cognitiva, generacional y simbólica
El deterioro de la educación y de la cultura cívica que se viene produciendo en las últimas décadas debido a causas diversas agrava todas las dinámicas anteriores.
El retroceso en competencias básicas y pensamiento crítico, la mercantilización de la educación superior, la segregación educativa creciente por renta y territorio, la reducción de la educación cívica y de la comprensión institucional, la politización e incluso la censura expresa de contenidos históricos y científicos han creado una ciudadanía con menos herramientas cognitivas, más vulnerable a la manipulación, a la simplificación del populismo y a la guerra cultural.
Eso ha hecho posible que la política haya dejado de ser un debate transparente sobre intereses y proyectos colectivos para convertirse en una lucha de identidades que enfrenta y paraliza.
Personalidades como la de Trump o Milei ofrecen relatos simples, culpables claros y promesas de restauración simbólica
La consecuencia ha sido también una crisis subjetiva profunda que provoca miedo existencial y al declive nacional, frustración generacional y colapso de expectativas, crisis de estatus y masculinidad en sectores tradicionales; soledad, ansiedad y fatiga cognitiva y ausencia de un proyecto colectivo de futuro en una gran parte de la población.
Personalidades como la de Trump o Milei ofrecen relatos simples, culpables claros y promesas de restauración simbólica. No resuelven los problemas, pero alivian emocionalmente a quienes se sienten perdidos y desplazados.
Un poder real que mueve los hilos
Ninguno de esos procesos podría haberse producido sin el impulso y la financiación del mundo de los negocios, de las grandes corporaciones y el capital financiero. Han logrado que la democracia se vacíe de contenido redistributivo, desplazar el conflicto del eje económico al cultural, generar una constante sensación de amenaza, condicionar así la política exterior y presupuestaria y limitar el espacio de la diplomacia y la deliberación democrática.
Trump no gobierna contra el poder económico. Gobierna para una parte significativa de él. No es casual que grandes fortunas, corporaciones y sectores tecnológicos hayan financiado, tolerado o normalizado su figura.
No es Trump, es el sistema
En definitiva, Donald Trump no puede entenderse como una aparición inesperada ni como un cuerpo extraño al sistema de poder económico, político y mediático que domina Estados Unidos. Al contrario, ese tipo de figura se convierte en el instrumento político que requiere una fase del nuevo capitalismo en la que amplios sectores del poder real –financiero, tecnológico, energético, industrial y mediático– necesitan aplicar políticas profundamente regresivas sin aparecer como sus responsables directos.
Y para que esa estrategia de captura sea factible y tenga éxito social y electoral, resulta clave que sean encarnadas por figuras que se presenten como ajenas al sistema, como outsiders que “dicen lo que otros no se atreven a decir” y que aparentan enfrentarse a las élites, aunque en la práctica gobiernen para una parte significativa de ellas. Trump cumple perfectamente ese papel: su estilo estridente, su retórica antisistema y su provocación constante funcionan como una cortina de humo que oculta la continuidad de fondo de las políticas que se aplican.
Las condiciones que han hecho posible el trumpismo en Estados Unidos se reproducen en buena parte de las otras democracias occidentales y periféricas
Es una lógica que no es nueva ni exclusiva de Estados Unidos. En contextos de creciente desigualdad, debilitamiento democrático y frustración social, el sistema tiende a necesitar líderes que parezcan venir de fuera para poder profundizar transformaciones que, de otro modo, encontrarían mayor resistencia. Por eso, las condiciones que han hecho posible el trumpismo en Estados Unidos se reproducen (y se van a reproducir cada vez en mayor medida si no se pone freno a los procesos que hemos visto), con más o menos variaciones en buena parte de las otras democracias occidentales y periféricas. Allí donde ya han empezado a emerger partidos y figuras similares que combinan discurso antisistema, liderazgo personalista y políticas funcionales a los intereses dominantes.
Ausencia de elementos de freno y corrección
La ausencia de un freno o corrección internos y externos efectivos ha permitido que estas dinámicas se profundicen. El tipo de relación que el resto del mundo mantiene con Estados Unidos también forma parte del problema por el vasallaje imperial.
La dependencia militar y monetaria, la legitimación acrítica de su liderazgo incluso cuando viola normas internacionales y el aceptar que Estados Unidos asuma la función de gran policía global reduce los costes externos de su deriva autoritaria y que las disfunciones que eso provoca internamente se acumulen sin ajuste.
El silencio –o, al menos, la falta de una respuesta suficientemente efectiva– tanto a nivel externo como interno ante la quiebra democrática e institucional que se viene produciendo no es casual. Es el resultado, por un lado, de un auténtico cálculo racional de los actores sociales más poderosos que necesitan y a quienes beneficia la desregulación extrema de los mercados, el dejar de gravar la riqueza, la liquidación de los derechos laborales o que se dé libertad a los monopolios. Y, por otro, de la inoperancia, debilidad y fracaso de las izquierdas de nuestro tiempo.
No es anomalía: hay manual de instrucciones
Trump no es un verso suelto que aparece en la vida política con partitura propia y en contra del ecosistema de poder en el que nace. Viene, por decirlo metafóricamente, con manual de instrucciones y –por muy relevante que sean su personalidad y singularidad– es, en realidad, el ejecutor de un proyecto estructurado. Basta leer el llamado Proyecto 2025 para comprobarlo.
Con ese documento, elaborado por cientos de especialistas y financiado por grandes empresas y bancos, se demuestra que vaciar la democracia desde dentro, convertir el Estado en instrumento de facción y hacer irreversible la concentración de poder no es una tarea improvisada que Trump haya emprendido por su cuenta, sino una estrategia consciente, premeditada y muy bien diseñada. Alrededor del 61 % de las más de 320 medidas propuestas ya se han puesto en marcha o están en proceso de ejecución. Eso significa que, si no estuviese Trump en el poder, otra persona podría ser quien hiciera su mismo trabajo de desmantelamiento de la democracia, liberalización extrema de los mercados y de apoyo y privilegio a los grandes grupos de poder.
Trump concentra la atención porque encarna de forma grotesca y provocadora procesos mucho más profundos que llevan décadas gestándose
Donald Trump no es el origen de la quiebra democrática que vivimos, sino su manifestación más visible y, hasta ahora, más extrema. Su figura concentra la atención porque encarna de forma grotesca y provocadora procesos mucho más profundos que llevan décadas gestándose. Por eso, centrar el debate exclusivamente en él resulta engañoso y puede ser que inútil.
Lo verdaderamente inquietante no es que Trump haya llegado al poder, sino que el entramado económico, institucional, mediático y geopolítico de nuestro tiempo no sólo lo tolere, sino que lo necesite. El llamado Proyecto 2025 demuestra que no estamos ante una deriva improvisada ni ante el capricho de un líder excéntrico, sino ante una estrategia consciente para vaciar la democracia desde dentro y hacer irreversible la concentración de poder.
La pregunta decisiva, por tanto, no es cómo impedir la presencia personal de Trump o de otras figuras similares, sino qué transformaciones profundas son necesarias para desactivar las condiciones que las hacen posibles. Porque mientras esas condiciones permanezcan intactas –desigualdad extrema, democracia formal vaciada, captura del poder económico, degradación del espacio público y silencio cómplice a escala interna e internacional– Trump no será una anomalía histórica. Será un precedente.
Y los precedentes, cuando no se corrigen, se convierten en norma.
CÚCUTA (COLOMBIA) // El ataque militar estadounidense en Venezuela del pasado 3 de enero rompió con todas las reglas del derecho internacional, acabó con las pretensiones de la realpolitik y pisoteó las leyes norteamericanas, afirma Ronal Rodríguez, investigador y portavoz del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Colombia. Asimismo, a la acción contra el presidente Nicolás Maduro «algunos la llaman extracción, otros la llaman secuestro, pero fue una violación al derecho internacional», reafirma Martha Márquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
El tono triunfalista de las declaraciones posteriores del presidente Donald Trump no ocultaron el mantra por el que se rige: América –todo un continente– para los estadounidenses. Vuelve a estar vigente la Doctrina Monroe, proclamada en el año 1823 por el presidente James Monroe, estableciendo que cualquier intervención europea o de una potencia distinta a la estadounidense en América Latina sería vista como una agresión.
El mismo Trump la denomina doctrina Donroe –el concepto que apareció en la portada del tabloide New York Post en enero de 2025– dejando claro en qué consiste la vieja-nueva bandera estadounidense y que no teme el uso del garrote para izarla a su antojo en lo que él mismo denomina «el patio trasero de América».
«El caso de Venezuela le permitía a Trump resolver un asunto reputacional en cuanto a su capacidad real de hacer sus amenazas creíbles», opina desde Caracas Colette Capriles. Según esta politóloga venezolana y profesora en la Universidad Simón Bolívar, la intervención no tiene nada que ver con posturas ideológicas ni apoyos morales o políticos, sino con la voluntad de Trump de «reconstruir el lugar de Estados Unidos en el hemisferio como hegemón».
Una demostración de fuerza que inició a finales de agosto 2025, con el despliegue militar y los ataques a decenas de lanchas en el Caribe –que dejaban a mediados de enero más de un centenar de muertos–, pero también con su apoyo férreo y económico a presidentes de extrema derecha como Javier Milei, en Argentina, o su incondicional respaldo a Nary TitoAsfura en las últimas elecciones de Honduras.
El «laboratorio» venezolano
Para la politóloga venezolana Marisela Bentancourt, su país se convirtió en un «laboratorio» para un replanteamiento de las relaciones internacionales, poniendo en vilo a toda la región. «Los líderes de América Latina están avisados de la voluntad de Estados Unidos de utilizar toda la fuerza de sus capacidades para asegurar que la región gira hacia sus políticas de una manera más contundente», coincide Elizabeth Dickinson, directora para América Latina del centro de pensamiento Crisis Group.
Betancourt se muestra más crítica con la falta de consenso de los países de la región respecto a Venezuela, señalando que «estaba aislada», lo que permitió que se convirtiera «en el chivo expiatorio de un proyecto ultranacionalista de la derecha estadounidense». Lo hizo además sin causar ninguna baja de soldados estadounidenses, lo que engrandeció con vítores la Operación Resolución Absoluta de Trump.
El número de venezolanos muertos sigue sin concretarse, incluso tras la comparecencia del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien el 23 de enero afirmó que el ataque militar con «bombarderos, helicópteros artillados con misiles, con armas químicas», en Caracas y otras tres regiones cercanas, provocó entre 100 y 120 muertes. Estas incluyen a 47 militares de Venezuela y 32 de Cuba.
El silencio permisivo de países y organismos internacionales abre la puerta para los delirios coloniales y expansionistas de la Administración Trump. «Estados Unidos es la gran potencia militar y puede hacer cosas como las que hizo en Venezuela: intervino, extrajo al presidente y mantiene la presión sin necesidad de una ocupación militar, sino a través de la amenaza. Eso implica un gran riesgo para la seguridad de los países de la región», advierte Márquez.
Militares colombianos en el principal paso fronterizo entre Colombia y Venezuela tras el ataque de Estados Unidos en Caracas. M. S.
Muchos de los analistas entrevistados hablan del comportamiento errático de Trump, y la dificultad para la comunidad internacional de hacer frente a sus avatares «casi temperamentales y anímicos». Ronal Rodríguez expresa su preocupación: «El presidente estadounidense no es un demócrata y no tiene comportamientos democráticos». Y señala el riesgo de que las herramientas formales de la democracia se utilicen para perpetuar proyectos autoritarios.
Por esto mismo, los vecinos regionales de Venezuela contienen la respiración. Incluso los más críticos como Colombia, Brasil o México. Cuestionar las políticas de Washington deriva en muchos casos en castigos arancelarios e incluso amenazas –en el caso colombiano– de una posible intervención militar.
Venezuela sin Maduro
Estados Unidos alteró el tablero político interno en Venezuela. Se tambalearon las torres, pero la partida continúa. «Hasta el momento no se ha denotado ninguna fisura importante dentro de los altos jerarcas del chavismo», sino un reacomodamiento de los actores, argumenta Ronal Rodríguez.
Todo apunta, según van saliendo más detalles de los hechos ocurridos antes del 3 de enero, que el chavismo entregó a Estados Unidos a un rey –Maduro– a cambio del liderazgo tutelado de una reina, Delcy Rodríguez. «Se puede inferir que se había pensado con anterioridad, no sé hasta qué punto, el escenario de un gobierno que no fuese el de Maduro, con unas ciertas condiciones y unos ciertos requisitos», argumenta Colette Capriles sobre los diálogos previos al ataque militar entre la inteligencia estadounidense y las figuras políticas cercanas a Maduro.
Así fue como, con el beneplácito de Trump, la poderosa vicepresidenta del chavismo, Delcy Rodríguez, quien durante su trayectoria política ha ocupado todo tipo de cargos en Venezuela, se posicionó como presidenta interina del país. «A Estados Unidos no le interesa romper las instituciones, así estén en manos del chavismo», opina la directora del Cinep. Esta sería la excusa para que se mantengan en sus cargos algunas de las figuras políticas más representativas del chavismo, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello; el hermano de la mandataria interina y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; o el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
El chavismo «ha buscado consolidar una hegemonía cultural en torno al antiimperialismo, pero ahora le hace concesiones a Estados Unidos. Eso genera una tensión muy fuerte entre complacer a Estados Unidos y mantener el discurso histórico antiimperialista», continúa Márquez. «La élite en el poder trata de mantener ese equilibrio, pero la liberalización los desequilibra, y creo que en algún momento ese equilibrio se va a romper», sugiere.
Por su lado, Pablo Andrés Quintero, politólogo y consultor venezolano, opina que no se trata de un Chavismo 3.0, sino de un chavismo más occidentalizado: «Puede ser el inicio de una nueva época para la política oficialista hacia un modelo económico más capitalista, menos ortodoxo, más operativo y, por supuesto, de amplia apertura económica».
Mutación
Pese a que una de las primeras acciones de la presidenta encargada fue la liberación de decenas de presos políticos, «no estamos frente a una transición, sino a una mutación del chavismo como tantas otras que ha tenido tras quiebres dramáticos», define Betancourt.
La profesora Capriles no habla de transición, sino de una apertura democrática que pueda conducir a unas elecciones competitivas y quizás la emergencia de «necesarios» nuevos liderazgos: «Es el momento de observar más a los actores que a las políticas».
Como ella, los analistas consultados se muestran pesimistas en sus diagnósticos. Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos y fundadora del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), es crítica: «Ni en el vocabulario de Trump, ni en el vocabulario de Rodríguez, ni en el del grupo que la acompaña se han mencionado las palabras derechos humanos, democracia o Estado de derecho».
Bolívar considera que es imprescindible que los poderes judiciales y los poderes públicos sean independientes, que exista libertad plena incondicional de todos los grupos políticos y que puedan retornar todas las personas que marcharon al exilio. También cuestiona el papel de la oposición frente a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. En su opinión, ni Trump ni María Corina Machado han manifestado ningún interés en respetarlos. «Hasta el momento, [Machado] no ha tenido ningún pronunciamiento enérgico, por ejemplo, en relación con el tema de las lanchas», remarca.
Una oposición sin voz
En cualquier caso, la oposición venezolana ha quedado fuera de la partida de Trump. Su desdén sobre la posibilidad de que María Corina Machado pudiera gobernar en Venezuela quedó clara cuando, desde el primer momento, afirmó que no tiene las capacidades ni el apoyo necesario para hacerlo.
Las expertas consultadas consideran, en su mayoría, que la oposición está muy debilitada y no tiene el peso ni el músculo necesario para enfrentar una eventual transición que derive en unas nuevas elecciones. «Por ahora, no tiene voz, y eso es una debilidad fundamental del contexto político, porque Venezuela tiene un conflicto político de fondo», sostiene Dickinson, del Crisis Group.
Capriles coincide en que la oposición no existe en términos prácticos: «Ni la que esté afuera, ni la que esté dentro, tiene ahora capacidades organizativas, coincidencias estratégicas, conversaciones internas, tejido de apoyo, nada que conduzca a tener algunas garantías que le permitan cierta gobernabilidad».
«Oil first»
Quizás por este motivo Trump marcó su hoja de ruta en consonancia con los remanentes chavistas en el poder. Apenas 24 horas después de los ataques sobre Caracas, en Washington ya se hablaba de un plan trifásico. «Una primera etapa de estabilización, una segunda etapa de recuperación –a la cual después se añadió un término adicional: reconciliación–, y una tercera etapa que sería la transición», explica Capriles, unos términos que no tienen fecha para su implementación.
Con el petróleo bajo el tutelaje de la Administración Trump, es incierto cómo se van a administrar las regalías petroleras y cómo pueden servir para estabilizar y mejorar la calidad de vida de los venezolanos. El acceso de Estados Unidos a los bienes y recursos naturales de Venezuela, el país con mayores reservas de hidrocarburos a nivel global, era el objetivo pero, según los analistas, muchas empresas petroleras y multinacionales extranjeras todavía desconfían sobre la posibilidad de invertir en el país caribeño, por la misma inestabilidad política y la falta de seguridad.
Cientos de venezolanos cruzan a diario la frontera en Cúcuta (Colombia). Muchos lo hacen por trabajo, para comprar alimentos o acudir a los hospitales venezolanos. M. S.
La mayoría de los venezolanos, dentro y fuera del territorio, tienen un anhelo común: la estabilización de la economía. «Eso puede ofrecer un alivio a las familias venezolanas que ahora no logran ni alcanzar la canasta básica. En el corto plazo es posible que se estabilice un poco la situación económica para la mayoría», apunta la directora del Crisis Group en América Latina. La profesora Capriles también añade que «no se trata solo de un mejoramiento del ingreso de las personas, la gente está esperando un mejoramiento de la calidad de vida y de la calidad de los servicios públicos».
Según la politóloga, si el gobierno interino es capaz de abrir la economía y consolidar la industria petrolera, el chavismo podría volver a generar confianza entre la ciudadanía y ser competitivo en unas futuras elecciones dentro de una sociedad civil fragmentada.
De no estabilizarse la economía, muchos analistas temen una nueva salida masiva de venezolanos, que se sumarían a los casi ocho millones de migrantes en el extranjero.
Contradicciones e incertidumbre en la frontera
Gresmar, de 29 años, llevaba una década sin pisar territorio venezolano. Está a pocos minutos de cruzar el Puente Internacional Atanasio Girardot, o Tienditas, uno de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela. «Como venezolana, siempre voy a querer volver a mi país. Vengo con muchas expectativas de poder ejercer mi carrera [médica cirujana], de poder realizarme como profesional». Han pasado tan solo tres días desde la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro del presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, la madrugada del 3 de enero. «Todo cambio es bueno», dice con temor a posibles represalias, rodeada de sus familiares, que la reciben con abrazos.
La joven tomó la decisión de regresar a su país semanas antes de que el estruendo de los helicópteros y los misiles despertaran a Caracas, convirtiendo la amenaza en un hecho real. Ella, como otra decena de venezolanos entrevistados en la frontera, califican como «necesaria» la operación bélica de Donald Trump. Contradictoriamente, fueron sus mismas políticas de persecución contra la población migrante en Estados Unidos, y la decisión de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 600.000 migrantes venezolanos, los motivos por los cuales ha retornado.
Colombia acoge a más de 2,8 millones de venezolanos. Esos primeros días de enero, las autoridades desplegaron un dispositivo en la frontera compartida –más de 2.200 kilómetros– para hacer frente a una emergencia humanitaria fruto de una eventual salida masiva de población a causa del ataque estadounidense.
Veinte días después, «incertidumbre» es la palabra más repetida tanto en Caracas como en la ciudad colombiana de Cúcuta, el principal paso fronterizo. Aquí, el flujo de venezolanos es el habitual: comerciantes, vendedores y personas que cruzan para acceder a los servicios médicos de los hospitales colombianos. No hubo salida ni entrada masiva. «Se siente una calma tensa», transmiten cuando se les pregunta.
José Germán y Rosaura esperan el transporte que los lleve de vuelta a la ciudad venezolana de Mérida. La madrugada de los ataques, estaban en EE. UU. visitando a su hijo y a sus nietos. En otras circunstancias habrían pasado hasta seis meses jugando con los pequeños, pero esta vez los funcionarios de migración estadounidenses los pasaron «al cuartito» y les dieron un mes de estadía. Regresan con sus maletas: «No me siento capaz de celebrarlo todavía». Son profesores universitarios, ganan apenas dos dólares al mes y sobreviven gracias a las remesas que les envían sus hijos desde el extranjero. Su cotidianidad se resume en tomar café en la esquina y dar clase en la universidad, «por vocación». Lo que pase, dicen, será un proceso lento.
Rosaura y José Germán enseñan sus pasaportes antes de tomar el transporte que los llevará de vuelta a la ciudad venezolana de Mérida. M. S.
Omar espera a que su hermano selle el pasaporte en la oficina de Migración Colombia en la frontera de Cúcuta. Acaba de llegar de EE. UU., no consiguió el asilo y vuelven juntos a Medellín. El joven salió en 2017 de su hogar y nunca más regresó: «Siempre voy a querer volver». Su esperanza es una mejora de la economía que permita retornar a jóvenes como él para reconstruir un país en ruinas. «Quisiera para mi país que todas nuestras riquezas se vean reflejadas en infraestructura, salud, educación. Sobre todo, educación», pide.
Después del shock inicial, «la gran preocupación de la mayoría es cómo van a llegar a fin de mes, qué van a ponerle en la mesa a sus hijos para el desayuno, si es que pueden ponerle algo», cuenta la activista Ligia Bolívar. En esas estaban los venezolanos la noche del 2 de enero, todavía con la resaca de fin de año. Entonces el tiempo se detuvo por un día.
Los hábitos de los mercados financieros mundiales tienen un impacto directo en el coste de la vida y en la crisis climática. Las sociedades y los gobiernos deben recuperar el control para evitar una catástrofe.
Durante más de veinte años, entre 1980 y 2016, Donald Trump construyó, saqueó y luego llevó a la quiebra un imperio de casinos —Trump Entertainment Resorts— a lo largo del emblemático paseo marítimo de Atlantic City. Sus casinos despojaron a los apostadores de sus ganancias ganadas con esfuerzo, arruinaron a los tenedores de bonos y a los inversores del mercado de valores, y terminaron siendo fracasos prolongados y costosos, incluso mientras enriquecían a Trump. «El dinero que saqué de allí fue increíble», declaró al New York Times.
El presidente del casino era conocido por emitir acciones y bonos y pedir prestadas montañas de «bonos basura» para financiar sus casinos de Atlantic City, solo para despojarse de los activos y enriquecerse a sí mismo y a su familia. Las acciones se vendieron a personas crédulas y pronto se desplomaron; luego incumplió el pago de los bonos (promesas de pago); y los casinos quebraron, no una, ni dos, sino cinco veces.
Al igual que Trump, Wall Street ha emitido, desde la gran crisis financiera, cantidades desconocidas de deuda en mercados privados y no regulados. Esto ha llevado a los analistas financieros a advertir sobre los crecientes problemas de deuda en los mercados de capital privado y de crédito privado, y sobre una repetición de la crisis financiera mundial de 2007. Los grandes bancos de Wall Street también están implicados: ya tienen 1,3 billones de dólares en préstamos al sector «bancario en la sombra», no regulado. Al igual que Trump, Wall Street ha utilizado la desregulación financiera para saquear la economía mundial, extraer y explotar la naturaleza, y ha enriquecido enormemente al 1 % más rico.
Del mismo modo, los grandes gigantes del sector tecnológico han creado «vehículos de propósito especial» para ocultar en sus balances 120 000 millones de dólares de préstamos destinados a financiar centros de datos. Tenemos motivos para preocuparnos por los riesgos financieros de la enorme apuesta de Wall Street por la inteligencia artificial. Los multimillonarios tecnológicos están apostando más de un billón de dólares por una tecnología —la inteligencia artificial general (AGI)— que aún no existe, pero que promete, literalmente, «el mundo». Su apuesta cuenta con el respaldo de grandes y pequeños especuladores que han invertido 5 billones de dólares en el éxito de esta apuesta.
El capitalismo siempre ha producido audaces creativos y apostadores, aquellos que soñaron, invirtieron y construyeron los ferrocarriles, las computadoras e Internet. Lo que es diferente hoy en día es que, a diferencia de los ferrocarriles, las computadoras e incluso Internet, la IGA no existe. La burbuja de la IGA puede ser solo un vasto juego de poder tecno-distópico, diseñado para poner a los jefes de Silicon Valley en control político y financiero sobre una vasta y debilitada fuerza laboral global. Se trata de una guerra de clases en su forma más brutal: una guerra de clases que ha sido posible gracias a un sistema financiero global fuera de control.
Al igual que Trump, sus amigos de Wall Street y las grandes tecnológicas están enamorados de la «moneda» criminal que es la criptomoneda. En vísperas de su toma de posesión, el presidente del casino y su esposa lanzaron los memes digitales $TRUMP y $MELANIA, que añadieron millones a su fortuna combinada. A los dos días de asumir el cargo, la presidencia de Estados Unidos ya se había convertido en más lucrativa para Trump que para cualquier otro presidente de la historia del país, según el editor jefe de la revista Forbes. Y al igual que Trump, Wall Street y Estados Unidos se encuentran «una vez más en el centro de una vorágine fiscal y financiera global», como sostiene el distinguido columnista del Financial Times John Plender.
El casino global
Estos son los problemas de lo que yo denomino el casino global, que facilita las apuestas demenciales de los mercados financieros internacionales y el impacto directo de sus actividades en nuestras pensiones, nuestro pan de cada día, la energía y la vivienda, pero también en la biosfera.
Los hábitos de juego de los mercados financieros globales son en gran medida invisibles para los no economistas y el público en general. La visión convencional del público sobre la relación entre la economía y la democracia es una ilusión, al igual que la visión convencional de que el clima era lo mismo que el tiempo atmosférico fue en su día una ilusión muy extendida.
Nosotros, y las economías en las que vivimos, no estamos gobernados por políticos elegidos, dictadores y sus funcionarios públicos. En cambio, las decisiones políticas clave las toman los operadores del sistema financiero global, en gran medida desregulado.
El valor de la economía y de la moneda de una nación está determinado en gran medida por actores invisibles en los mercados financieros. Lo mismo ocurre con los tipos de interés de una nación, que a su vez determinan si los empresarios están dispuestos, o pueden permitirse, invertir en la economía nacional. El valor de nuestras pensiones y los precios de los alimentos, la energía y la vivienda son palancas económicas clave que en gran medida manejan financieros irresponsables y que no rinden cuentas, que operan en los mercados financieros y de materias primas internacionales.
Aunque nuestros políticos electos pueden ser culpables, no podemos culparlos con toda sinceridad del fracaso y la volatilidad económicos. Junto con los tecnócratas de los bancos centrales, las decisiones y actividades de los banqueros globales, los gestores de activos, los propietarios de fondos de cobertura y los profesionales del capital privado —que nunca se presentan a las elecciones— tienen un impacto mucho mayor en nuestras economías, nuestras vidas y nuestros medios de subsistencia, de formas poderosas, aunque invisibles. Y, sin embargo, sus actividades y debates sobre el sistema se minimizan. Nos obsesionamos con las últimas cifras de inflación y desempleo, persuadidos por los economistas de que ambas son en gran medida el resultado de las decisiones tomadas por el Gobierno británico y el Banco de Inglaterra.
A pesar de ello, el público no se deja engañar fácilmente. Aunque desconoce cómo se toman estas decisiones, es muy consciente de que los mercados dictan las políticas económicas y de que los políticos elegidos son relativamente impotentes frente a ellos. Sin embargo, su mejor comprensión del funcionamiento del sistema (para poder cambiarlo) se ve dificultada por una profesión económica que descuida en gran medida la cuestión del dinero y las finanzas, prefiriendo centrarse en lo tangible: las transacciones económicas nacionales y el comercio.
Para la mayoría de los economistas convencionales, el enfoque de la economía es estrecho y terrenal, fijado en lo que se denomina el nivel micro: el individuo, el hogar y la empresa. Los microeconomistas tienden a pasar por alto el impacto del sistema internacional y a centrarse en los acontecimientos de «la economía cotidiana», que es precisamente el título de un libro de la ministra de Hacienda británica, Rachel Reeves. Reeves define «tres partes constitutivas de esta economía política: el trabajo y los salarios, las familias y los hogares, y los lugares locales a los que pertenecen las personas».
El enfoque nacional se basa en los supuestos de la microeconomía convencional. Es decir, que la demanda y la oferta de capital, bienes y servicios dependen de una multitud de tomadores de decisiones racionales que operan dentro de las fronteras de la nación y sus mercados competitivos nacionales. De hecho, la mayoría de esos tomadores de decisiones operan en rincones remotos de El casino global.
Al igual que el público ha aprendido a distinguir entre el tiempo y el clima, entre lo local y lo planetario, es esencial comprender mejor el sistema financiarizado, en gran medida invisible, si se quiere cambiar el sistema. La tarea es urgente. Las instituciones democráticas han sido vaciadas y despojadas de su poder por aquellos que ocupan los puestos más altos del sistema financiero mundial. Bajo el orden mundial actual, estamos gobernados de facto por actores ricos y poderosos de los mercados con sede en Silicon Valley, Wall Street, la Bolsa Mercantil de Chicago y la City de Londres. (A partir de ahora, englobaré a todos estos actores bajo el término «Wall Street»).
El gobierno del dinero organizado se ha vuelto insoportable para la sociedad humana. Los mercados financieros que dictan precios elevados para servicios esenciales para la humanidad, como el agua, la vivienda, la energía, la salud y la educación, han desencadenado fuertes reacciones políticas. La sociedad ha recurrido a hombres fuertes, dictadores y autoritarios para que la «protejan» de los mercados. El razonamiento, como explicó Karl Polanyi en 1944, es sencillo: el gobierno de los mercados (es decir, el capitalismo) no podría existir durante mucho tiempo sin «aniquilar la sustancia humana y natural de la sociedad; habría destruido físicamente al hombre [sic] y transformado su entorno en un desierto».
Inevitablemente, la sociedad tomó medidas para protegerse, continuó. Pero cualquier medida que tomara la sociedad —por ejemplo, la elección de Donald Trump, que prometió protección frente a los mercados chino y mexicano— perjudicaba a esos mercados, desorganizaba la vida industrial y ponía en peligro a la sociedad estadounidense de otras maneras.
Cerrar el casino
El triunfalismo actual de los mercados financieros y las empresas desvinculados y autorregulados es una prueba del control privado del mercado sobre el sistema financiero internacional. Con demasiada frecuencia se pasa por alto la base sistémica del poder corporativo y se centra la atención en las personas que están al frente de las organizaciones o en sus actividades. Sin embargo, debemos centrarnos en el poder global de un sistema financiero internacional gestionado por autoridades privadas, no públicas, y reconocer que no será posible abordar la crisis ecológica hasta que el sistema internacional vuelva a estar gobernado por instituciones democráticas y públicamente responsables.
¿Puede otra lucha de los internacionalistas progresistas derrotar el poder y los nacionalismos fundamentales para el modelo actual de globalización financiarizada y rentismo? ¿O estamos condenados a soportar el inevitable efecto dominó del fracaso económico, el colapso de los sistemas terrestres y otra guerra mundial?
Aunque el sector parece vasto e imparable, eso cambiará en caso de una catástrofe ecológica o financiera importante, o de algún otro acontecimiento transformador. En 2007-2009, la izquierda (en sentido amplio) no estaba preparada para la crisis financiera mundial. No había un «plan B», por lo que The Global Casino se consolidó —y ahora es aún más poderoso—, demasiado grande para quebrar y demasiado grande para ir a la cárcel. La sociedad debe desarrollar, debatir y defender un sistema alternativo, internacionalista y más estable al que recurrir.
Para estabilizar el sistema financiero internacional basado en el mercado es necesario, en primer lugar, volver a comprender bien la naturaleza del dinero y sus posibilidades y limitaciones. Esa comprensión sigue estando fuera del alcance de la mayoría de los economistas convencionales y, por lo tanto, de muchos en el sector financiero. Pero puede revivirse.
En segundo lugar, la intermediación bancaria y financiera debe volver a integrarse en el mundo democrático real de la regulación bancaria, si se quiere movilizar el crédito o la financiación necesarios para la transformación de la economía mundial.
Para hacer frente a la amenaza del colapso climático y la pérdida de biodiversidad es necesario, una vez más, subordinar los mercados de capitales a los intereses de la sociedad y el ecosistema, como Keynes y Roosevelt lograron en parte en los años treinta y cuarenta. Eso exige lo que Greta Thunberg denomina «pensamiento catedralicio». Para el cambio es fundamental la gestión de los flujos de capital transfronterizos, libres y no regulados. Es la movilidad del capital lo que permite a los ricos eludir los impuestos y trasladar sus beneficios a paraísos fiscales. Es la interrupción repentina de los flujos de capital lo que puede destruir una moneda. Y es la falta de regulación de los flujos de capital lo que dificulta tanto que el coste del dinero (el interés) se fije en función de los intereses de la economía nacional.
Para restaurar la autoridad pública democrática sobre la economía, la prioridad de la izquierda debe ser gestionar —no «controlar»— los flujos de capital transfronterizos. Para ello será necesario ir más allá de los fundamentos: la necesidad de comprender la naturaleza del sistema que llamamos dinero. Los componentes importantes de una economía mundial más estable son una arquitectura o un marco internacional para la coordinación y la cooperación internacionales, sobre la gestión de la movilidad del capital mundial, los tipos de cambio, los tipos de interés, los tipos impositivos y la armonización normativa. El respetado funcionario sudamericano José Antonio Ocampo describe el actual acuerdo como «el (no) sistema monetario internacional». Un nuevo sistema comercial más estable puede basarse en el plan de Keynes para una Unión Internacional de Compensación, presentado por primera vez al mundo en abril de 1943, cuando Gran Bretaña propuso reformas monetarias globales. Ese plan sigue siendo relevante y está disponible para su adopción.
El tercer requisito es contar con políticas que generen y apoyen la inversión necesaria para ayudar a la transformación de la economía global, alejándola de su adicción a los combustibles fósiles y creando economías más sostenibles.
Un objetivo clave es reorientar la actividad hacia el impulso interno de la demanda interna, en lugar del externo, es decir, hacia el extranjero. En 1984, Richard Kahn, probablemente el guardián más fiable del legado de Keynes, reiteró la conclusión de este:
Si las naciones pueden aprender a proporcionarse pleno empleo mediante su política interna… no será necesario que existan fuerzas económicas importantes calculadas para enfrentar los intereses de un país con los de sus vecinos.
El mundo aún tiene que aceptar esta sencilla lección que nos enseñó Keynes. La única forma de domar el poder del casino global es que los flujos de capital se contengan dentro de «compartimentos» o estados, y que los estados trabajen de forma cooperativa para gestionar los flujos de capital libre y sus propios compartimentos de capital.
Puede que este pensamiento parezca ilusorio ante los mercados de capitales actualizados, poderosos e irresponsables, incluido el sector bancario en la sombra, o como prefiere llamarlo el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB): el sector de intermediación financiera no bancaria, compuesto principalmente por fondos de pensiones, compañías de seguros y otros intermediarios financieros (OFI). Según informa el FSB, el sector bancario paralelo ha crecido más rápidamente que el sector bancario durante la última década, incluido 2019. Los activos financieros del sector NBFI ascendieron a 200,2 billones de dólares en 2019, lo que representa casi la mitad del sistema financiero mundial de ese año, frente al 42 % en 2008.
Pero, aunque el sector parece enorme e imparable, eso cambiará en caso de una catástrofe ecológica importante o de algún otro acontecimiento transformador. La sociedad debe entonces contar con un sistema alternativo, internacionalista y más estable al que recurrir.
Hoy en día, el vasto sector bancario paralelo opera en lo que equivale a la estratosfera financiera; se dedica a los préstamos con garantía y utiliza acuerdos de recompra (repos) para aumentar (apalancar) la liquidez en los mercados de capitales. Este sector se ha desarrollado debido a una concepción convencional y errónea del dinero como medio de intercambio basado en garantías que facilita el suministro de bienes y servicios. Esa concepción errónea del dinero como una mercancía sujeta a las fuerzas de la oferta y la demanda también explica la explosión de los acuerdos de recompra en el sector bancario paralelo y el auge de las criptomonedas, incluido el bitcoin.
Como ha argumentado Claudio Borio, jefe del Departamento Monetario y Económico del Banco de Pagos Internacionales:
Pocas cuestiones en economía han generado debates tan acalorados como la naturaleza del dinero y su papel en la economía. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo se relaciona con la deuda? ¿Cómo influye en la actividad económica? La literatura económica dominante reciente es una desafortunada excepción. Salvo unos pocos que se han adentrado en estas aguas, la profesión macroeconómica ha permitido que el dinero se hunda. Y con poco o ningún remordimiento.
The Global Casino: How Wall Street Gambles With People and the Planet, de Ann Pettifor, se publicó el 27 de enero por Verso.
Este artículo se publicó originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.
Cuando Jeff Bezos se hizo con la propiedad de The Washington Post, en 2013, la pregunta era si su objetivo era recuperar la figura del editor tradicional, el que encontraba el equilibrio entre el negocio y el servicio público del periodismo, o, si, por el contrario, lo que pretendía era contar con la credibilidad de un medio para blindar su inmenso poder. La respuesta ha llegado inexorable después del segundo mandato de Donald Trump. El magnate de Amazon, la primera fortuna del mundo, se ha convertido en una amenaza para uno de los grandes símbolos globales del periodismo.
Los despidos masivos y las injerencias editoriales tienen un especial significado en la medida que afectan a un pilar esencial del periodismo frente a los riesgos antidemocráticos crecientes en Estados Unidos y en el mundo occidental. The Washington Post tiene su cabecera asociada a la investigación del caso Watergate, que forzó la salida de Richard Nixon en 1974 de la Casa Blanca. Fue el resultado de la determinación de la editora, Katharine Graham, el director, Ben Bradlee, y el trabajo de los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein. Aquella gesta marca un antes y un después en la historia del periodismo. Como ahora lo hace, en sentido contrario, el despido de 300 de los 800 trabajadores del periódico.
La crisis de The Washington Post tiene, en la última década, tres instantes claves. Los recordamos.
Primer instante: de la crisis del 2008 a Trump en 2016
En 2008 cambió todo. La suma de crisis en torno a los periódicos resultó devastadora. Los editores vieron cómo se hundía el mundo sobre el que habían basado su rentabilidad. Muchos sucumbieron a intereses ajenos a la información, y aquella crisis de credibilidad que venía de lejos se aceleró de forma dramática. The Washington Post fue una de las víctimas más visibles del nuevo escenario al que se enfrentaba la prensa en todo el mundo. Marty Baron, director del periódico entre 2012 y 2021, reconocía en una entrevista en El País, justo después de dejar el cargo, que su diario «no tenía en 2013 un modelo de negocio viable» y por eso la apuesta de Jeff Bezos era vista como una salvación.
«¿Le inquietan los posibles motivos por los que el hombre más rico del mundo podría querer un periódico en la capital del poder político?», le pregunta el periodista. Y Baron responde: «No. Nunca creí que pudiera tener ningún sentido para él creer que podría usar el Post para ejercer poder político. No necesitaba el Post para eso. Lideraba una enorme corporación y podía ejercer el poder político como siempre hacen las corporaciones, con donaciones y cabildeo. Él dijo que no tenía ninguna intención de hacerlo y luego he podido observar, desde el primer día, que no ha dado ninguna prueba de lo contrario. Nos deja funcionar independientemente, no interfiere en nuestro periodismo, no sugiere historias, no suprime historias, no critica historias. ¡Nos deja hacer nuestro trabajo!».
La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016 provocó un estado de shock en el ecosistema mediático de Estados Unidos. La victoria interpeló a los medios de comunicación en dos planos: debían preguntarse, primero, por qué no habían detectado el fenómeno Trump y, después, cómo podían revalorizar su función de frontera cívica en defensa de la democracia. Es muy relevante observar, con la perspectiva del tiempo transcurrido, las reflexiones que siguieron a este terremoto político. The New York Times lideró desde el periodismo la respuesta a Donald Trump. En el intermedio de la ceremonia de los Oscar de 2017, el periódico emitió un anuncio en el que decía: «La verdad es difícil…, difícil de encontrar…, difícil de saber…, y más importante ahora que nunca». The Washington Post también libró el mismo combate. Tras la victoria de Trump, situó debajo de la cabecera la frase: «La democracia muere en la oscuridad».
«En una democracia —defendía Baron en la entrevista—, debemos tener un debate vigoroso y vibrante, pero necesitamos operar desde una serie común de hechos. Yhoy en día ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en lo que pasó ayer. Uno debe preguntarse cómo puede funcionar la democracia en un ambiente así. ¿Cómo funciona la prensa cuando una parte sustancial de la población cree en cosas que son directamente falsas y en teorías conspiratorias disparatadas?». La segunda victoria de Donald Trump ofrecía respuestas muy pesimistas para la sociedad norteamericana y, también, para The Washington Post.
Tras la primera victoria de Trump, una parte significativa de la ciudadanía de Estados Unidos se tomó el apoyo a los medios como una forma de militancia. Ante los ataques de Trump, miles de ciudadanos se implicaron en la sostenibilidad de la prensa libre. En las semanas que siguieron a las elecciones de 2016, revistas (como The New Yorker, The Atlantic y Vanity Fair), periódicos (como The New York Times, The Wall Street Journal, Los Angeles Times y The Washington Post) y organizaciones sin fines de lucro (como NPR y ProPublica) experimentaron grandes aumentos en las tasas de suscripción o donaciones. The Guardian y Mother Jones también se beneficiaron de la reacción de los ciudadanos. Tras la primera victoria de Trump, The Washington Post contrató más periodistas y apostó por historias de investigación y más profundas.
Segundo instante: Trump vuelve a la Casa Blanca
Con la segunda victoria de Trump todo fue muy distinto. La sociedad que había apostado por los demócratas entró en estado de shock. Esta vez todo fue muy distinto. También para The Washington Post.
Ya antes de las elecciones se hizo evidente que, en el fondo, lo que buscaba Bezos era contar con la credibilidad de un gran medio para lograr su verdadero objetivo: figurar, junto a Elon Musk y otros tecnomagnates, en la cima de la simbiosis entre poder económico, tecnológico y político. Y el espíritu independiente de la redacción de The Washington Post dejaba de ser un plus para convertirse en una carga.
Trump ya no era un accidente de la historia. Encarna una nueva era y Jeff Bezos no dudó. Prohibió a ‘su’ periódico posicionarse en favor de la candidata demócrata, Kamala Harris, y el 26 de febrero de 2025 interfirió directamente en la línea editorial en un mensaje publicado en X: «Os escribo para informaros de un cambio que se producirá en nuestras páginas de opinión. Vamos a escribir todos los días en apoyo y defensa de dos pilares: las libertades personales y el libre mercado. Por supuesto, también trataremos otros temas, pero los puntos de vista opuestos a esos pilares serán publicados por otros».
Más de un cuarto de millón de suscriptores –una décima parte de los que conservaba en el 2025– se dieron de baja del diario tras tal decisión de Bezos. El jefe de Opinión de The Washington Post, David Shipley, presentó inmediatamente la dimisión. La democracia, como había rezado su cabecera, se adentra en tiempos de ‘oscuridad’.
Tercer instante: despidos masivos
La crisis abierta por Jeff Bezos en The Washington Post marca el inicio de una nueva etapa. Por eso es importante recordar los consejos de quien fue su director: «Tenemos una misión, y parte de esa misión es hacer que la gente poderosa y las instituciones rindan cuentas. Eso incluye, claro, a aquellos a los que se les confía gobernar el país. Tenemos que ceñirnos a esa misión, independientemente de quién esté en el poder. Por eso tenemos una prensa libre en Estados Unidos. Por eso se redactó la primera enmienda. Se trata de hacer nuestro trabajo. Eso es todo». Sin embargo, para poder seguir haciendo «nuestro trabajo», The Washington Post necesitó ponerse en manos del propietario de Amazon, Jeff Bezos. Y ahora sufre las consecuencias.
Trescientos de los 800 trabajadores de The Washington Post han sido despedidos. Los recortes masivos afectan a todas las secciones, especialmente deportes, la redacción de local y los suplementos de libros. También afecta a los corresponsales internacionales y los enviados especiales al extranjero. Un caso paradigmático es el de la responsable de la oficina del periódico en Ucrania, Siobhán O’Grady, quien recordó en X que «durante casi un siglo, los corresponsales extranjeros del Post han estado en primera línea en guerras, pandemias, crisis económicas, levantamientos civiles y mucho más». Y concluyó «Washington nos necesita. El mundo nos necesita».
Para Martyn Baron, estamos ante uno de los momentos «más oscuros en la historia de una de las organizaciones de noticias más importantes del mundo. Las ambiciones de TheWashington Post se verán drásticamente mermadas, su talentoso y valiente personal se verá aún más reducido, y el público se verá privado de la información objetiva y de primera mano en nuestras comunidades y en todo el mundo, que se necesita más que nunca».
Peggy Nooanan, columnista de The Financial Times, escribía el 5 de febrero que lo que ocurre en The Washington Post «es un duro golpe porque se percibe como otro factor desmoralizante en nuestra vida nacional (…) Los despidos no significan una reestructuración de un periódico ni una reorganización de prioridades, sino la ruina de un periódico, uno excelente, una figura de grandeza periodística desde algún momento de la década de 1960 hasta algún momento de la década de 2020″.
El director ejecutivo de The Washington Post, Will Lewis, presentó la dimisión el sábado 7 de febrero. Será reemplazado por el director financiero de la publicación, Jeff D’Onofrio. Todo un signo de los nuevos tiempos.
Conclusión: dos modelos de prensa global y un fracaso
La batalla para regenerar la prensa es global. Por eso son tan importantes, también, los referentes globales. Existían tres grandes modelos. El que representa The New York Times, el de una familia editora (los Sulzberger) que afianza su periódico como diario de una ciudad y, a la vez, del mundo. The New York Times rediseñó íntegramente su edición digital en 2015 y consolidó su condición de periódico de referencia a escala mundial. El diario mantiene un sostenido crecimiento y a finales de 2025 tenía 12,78 millones de suscriptores, de los cuales más de 95% son digitales. Resulta significativo que las suscripciones internacionales crecen más rápidamente que las de Estados Unidos.
El otro gran modelo de prensa global es el británico The Guardian, que está editado por una fundación, una sociedad sin ánimo de lucro. El diario se ha convertido en una organización multiplataforma, que apuesta por el periodismo de datos y la visualización infográfica de la información, los contenidos multimedia y el uso intensivo de las redes sociales. Su espíritu innovador, le ha llevado también a explorar nuevos modelos de financiación, basados siempre en la implicación de los lectores.
El tercer modelo lo encarnaba The Washington Post, que se había convertido en un gran laboratorio al pasar de manos de una familia (los Graham) a las de un magnate de la venta online, (Jeff Bezos). The Washington Post en los primeros años de la ‘era Bezos’, logró mantener el pulso con su gran rival, The New York Times. En el mes de octubre del año 2015, el Post consiguió alcanzar la cifra de 66,9 millones de usuarios únicos en todas las plataformas, superando por primera vez al NYT, que se quedó en 65,8 millones de usuarios, según datos de comScore. Pero al final su talón de Aquiles, estar en manos de un editor sin un compromiso ético con el periodismo, le ha pasado factura.
El Partido Comunista de China presentó en octubre de 2025 la propuesta del nuevo Plan Quinquenal que deberá ser aprobado por su Comité Central en marzo de este año. Se trata del decimoquinto plan desde que Mao Zedong inaugurara esta tradición político-organizativa con la puesta en marcha del primer plan quinquenal, implementado entre 1953 y 1957. Pero la China de hoy poco tiene que ver con la de entonces. Ha pasado de ser una economía mayoritariamente rural, con niveles masivos de pobreza, a ocupar una posición central en las cadenas globales de producción, inversión y financiación. Este salto no ha eliminado las contradicciones del modelo, pero sí ha transformado radicalmente su escala y su impacto global.
El XV Plan Quinquenal se inscribe en un momento especialmente delicado. La economía mundial atraviesa una fase de desaceleración, el orden multilateral surgido tras la Segunda Guerra Mundial muestra signos evidentes de agotamiento y la rivalidad entre grandes potencias se ha intensificado. En este escenario, China combina una ambición creciente de liderazgo internacional con una insistencia en la estabilidad interna, el control político y la gestión de riesgos económicos, sociales y demográficos.
El documento refleja esta tensión de fondo. Por un lado, proyecta a China como un actor capaz de ofrecer alternativas al orden dominante, desde el multilateralismo hasta la transición ecológica o la defensa selectiva del derecho internacional. Por otro, reafirma un modelo político fuertemente centralizado, poco permeable al pluralismo y orientado a subordinar derechos y participación a la cohesión y a los objetivos estratégicos del Estado.
El Plan no promete rupturas abruptas, pero sí consolida tendencias. Más allá de su dimensión técnica, funciona como una declaración estratégica del Estado chino, y lo hace fijando una lectura del mundo, del momento histórico y del lugar que China aspira a ocupar en él.
Los seis ejes que siguen son un resumen analítico de hacia dónde mira Pekín, qué riesgos identifica y qué tipo de poder está dispuesto a ejercer en un mundo cada vez más fragmentado.
1) El análisis del mundo y sus retos
El XV Plan Quinquenal parte de una lectura del contexto internacional marcada por la inestabilidad estructural. El documento subraya que las relaciones entre las grandes potencias condicionan decisivamente el orden global y, por extensión, el desarrollo interno de cada país. China se sitúa en una fase en la que conviven oportunidades estratégicas con riesgos crecientes, en un entorno caracterizado por incertidumbres y factores imprevistos.
El documento afirma que “cambios de una magnitud no vista en un siglo se están desplegando a mayor velocidad en todo el mundo”, acompañados de un “profundo desplazamiento en el equilibrio internacional de poder” y de avances acelerados ligados a una nueva revolución tecnológica e industrial. Esta combinación, señala el texto, ha generado condiciones favorables para que China actúe de manera proactiva en la escena internacional y contribuya a configurar un entorno externo más favorable a sus intereses.
Sin embargo, se evita una lectura triunfalista: “El desorden continúa intensificándose, los conflictos geopolíticos estallan con demasiada facilidad y frecuencia, y el unilateralismo y el proteccionismo están en ascenso”. A ello se suma una crisis del orden económico y comercial internacional, una desaceleración del crecimiento global y una rivalidad entre grandes países “más compleja e intensa que nunca”. China asume que el escenario internacional será más hostil y competitivo, y que la confrontación entre potencias se ha convertido en un rasgo estructural del sistema global.
En el plano interno, el texto combina una sólida confianza estratégica con el reconocimiento de sus propios límites reales. La economía china, afirma el texto, cuenta con una base sólida, una alta resiliencia y un gran potencial de crecimiento a largo plazo. Se destacan como fortalezas el mercado interno, el sistema industrial completo y la abundancia de recursos humanos. No obstante, el documento reconoce desequilibrios persistentes. La demanda efectiva es débil, existen cuellos de botella que dificultan la circulación económica y la transición hacia nuevos motores de crecimiento se describe como una tarea “formidable”.
El diagnóstico interno no esquiva cuestiones sensibles. Se admiten retrasos en la modernización agrícola y rural, una presión considerable sobre el empleo y los ingresos personales, y lagunas en las políticas de bienestar. También señala que los cambios demográficos plantean nuevos desafíos para el desarrollo económico y la gobernanza social, y que persisten riesgos latentes en sectores clave. Frente a este panorama, el texto refuerza el papel del liderazgo político y la cohesión interna como condiciones necesarias para gestionar la incertidumbre y “atreverse a navegar vientos fuertes, aguas turbulentas e incluso tormentas peligrosas”.
2) Economía, industria y salto tecnológico
El XV Plan Quinquenal es, ante todo, un plan económico. Se articula a partir de la idea estructural que atraviesa todo el documento y sintetiza la línea ideológica del modelo chino, según la cual “el mercado debe desempeñar el papel decisivo en la asignación de recursos” al mismo tiempo que el Estado refuerza su capacidad de orientación estratégica. Esto es, resumidamente, lo que se entiende por “capitalismo de Estado” y caracteriza el camino del gigante asiático, combinando dinamismo de mercado con regulación estatal activa.
Esta arquitectura se apoya en una apuesta clara por la economía productiva y la modernización industrial. El plan afirma que “un sistema industrial modernizado proporciona las bases materiales y tecnológicas para la modernización china” y plantea desarrollar un sistema industrial con la manufactura avanzada como columna vertebral. Al mismo tiempo, propone actualizar sectores industriales tradicionales reforzando su posición global y asegurando que las cadenas industriales sean “más autosuficientes y resilientes frente a riesgos”, con especial énfasis en sectores industriales clásicos junto a su digitalización y automatización progresiva.
El documento vincula este salto industrial con la estrategia tecnológica nacional al señalar que la modernización económica debe apoyarse en la modernización científica y tecnológica y en “la nueva oleada de revolución tecnológica y transformación industrial”. En este marco fija objetivos concretos como lograr avances decisivos en tecnologías clave en campos como circuitos integrados, equipamiento industrial avanzado, software base, materiales avanzados y biomanufactura, junto a grandes programas nacionales de ciencia y tecnología orientados a necesidades estratégicas.
La lógica que se desprende del documento apunta a mantener su condición de “fábrica del mundo” mientras desplaza progresivamente el núcleo competitivo hacia los ámbitos donde se concentra más margen económico, más capacidad tecnológica y más poder estructural dentro de la economía global. Esta estrategia se combina con el desarrollo acelerado de sectores emergentes y de industrias del futuro como nuevas energías, nuevos materiales, aeroespacial, computación cuántica, biomanufactura, hidrógeno, interfaces cerebro-máquina, inteligencia artificial incorporada y comunicaciones 6G. En este sentido, el plan plantea “reforzar de forma significativa nuestra capacidad en investigación básica e innovación original” para “mantener el ritmo o incluso liderar en muchos más ámbitos”, con el objetivo de sostener el crecimiento elevando productividad, autonomía tecnológica y resiliencia industrial en la competencia tecnológica global.
Además, el plan incorpora la economía verde no solo como agenda ambiental sino como vector de transformación productiva. El documento insiste en avanzar hacia un desarrollo “inteligente, verde e integrado” y vincula la transición energética con la modernización industrial, la seguridad económica y la competitividad tecnológica. En este marco, sectores como nuevas energías, materiales avanzados, electrificación industrial o hidrógeno aparecen no solo como herramientas de descarbonización, sino como pilares de las futuras ventajas industriales, lo que presenta la economía verde menos como límite al crecimiento y más como nueva frontera de acumulación tecnológica, productiva y geopolítica.
3) Soft power
Soft power es el término de las relaciones internacionales acuñado por Joseph Nye en los años noventa que pretende definir el poder en términos de recursos intangibles como la cultura, los valores, o la reputación exterior. Estados Unidos lideró el mundo con la fuerza de sus fusiles y tanques, pero también gracias al poder de la industria de la música, el arte, y el cine de Hollywood.
China prestó poca o ninguna atención al soft power durante las últimas décadas, pero el XV Plan Quinquenal marca un punto de inflexión en este sentido. El documento asume explícitamente que el poder en el siglo XXI no se ejerce solo mediante la capacidad militar o tecnológica, sino también a través de recursos intangibles como la cultura, los valores y la reputación internacional. En este sentido, la propuesta plantea que debe producirse “un aumento sustancial de la cohesión de la nación china y del atractivo de la cultura china, así como un incremento continuado del soft power del país”.
Este giro llega en un contexto internacional significativo. Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha optado por una estrategia que prescinde en gran medida del poder blando y apuesta por la coerción militar y tecnológica. China interpreta este repliegue cultural como una oportunidad para ocupar espacios simbólicos vacantes y reforzar su influencia global desde otros registros menos abiertamente confrontativos.
4) Democracia de base y derechos humanos
El XV Plan Quinquenal dedica un apartado específico a la democracia de base y al avance integral de los derechos humanos. Afirma que debe reforzarse la participación a nivel local, garantizar que la población gestione los asuntos públicos conforme a la ley y mejorar los mecanismos para recoger la opinión pública canalizando la “sabiduría del pueblo”. Esta concepción de la democracia se articula a través de organizaciones sociales reconocidas por el Estado, como los sindicatos, la Liga de la Juventud Comunista o las federaciones de mujeres, llamadas a desempeñar un papel más activo en la representación de intereses y en el desarrollo de políticas sociales.
En el plano internacional, esta retórica se inscribe en un giro más amplio de la política exterior china. En los últimos años, Pekín ha adoptado posiciones que contrastan con las de Estados Unidos en foros multilaterales clave. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, han apoyado resoluciones orientadas a frenar la ofensiva israelí sobre Gaza o ha defendido altos el fuego, frente al bloqueo sistemático ejercido por Washington. Este posicionamiento ha permitido a China presentarse como defensora de ciertos principios vinculados a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, un terreno que históricamente había evitado por considerarlo parte del repertorio normativo occidental.
Son múltiples los informes de Amnistía Internacional y de otras organizaciones de derechos humanos que han documentado graves vulneraciones en este campo, especialmente en el trato a minorías étnicas y religiosas. En la región de Xinjiang, la población uigur y otras comunidades musulmanas han sido objeto de políticas de detención masiva, vigilancia intensiva, reeducación forzada y restricciones severas a la práctica religiosa y cultural.
El bloque de derechos humanos refleja así una paradoja central del proyecto chino actual. Mientras Pekín gana espacio como actor que interpela el orden internacional desde un lenguaje de derechos y legalidad, su modelo interno sigue marcado por un control político estricto que subordina esos derechos a la estabilidad y a los objetivos estratégicos del Estado.
Lo que sí que parece evidente, es que mientras China da –o quiere dar– pasos hacia una cierta concepción de los derechos humanos (que es un concepto altamente debatible, pero ese es otro debate) y del derecho internacional, Estados Unidos hace justamente lo contrario. Y eso, a ojos de la comunidad internacional, suma puntos en la carrera para convertirse en el nuevo líder del orden mundial.
5) Medioambiente
Gran parte del brutal crecimiento económico de China en las últimas décadas se ha basado en un uso extensivo del carbón, tiñendo las urbes de gris y haciendo del aire un gas irrespirable para sus ciudadanos. El texto lo afirma implícitamente. Sin embargo, ya hace unos años que China comenzó el camino de la transición verde, que ahora se pretende intensificar.
La propuesta del XV Plan Quinquenal afirma que debe mantenerse de forma inquebrantable el principio según el cual “las aguas limpias y las montañas verdes son activos invaluables”, y que este principio debe traducirse en políticas concretas. Bajo los objetivos de alcanzar el pico de emisiones y la neutralidad de carbono, el plan apuesta por reducir emisiones, recortar la contaminación, impulsar un crecimiento verde y reforzar la seguridad ecológica.
El énfasis ambiental cumple una doble función. Internamente, responde a una presión social creciente y a la necesidad de sostener la legitimidad del proyecto político. Externamente, permite a China presentarse como un actor responsable en un contexto de retirada climática de otras potencias.
6) Hong Kong, Macao y la cuestión de Taiwán
El XV Plan Quinquenal dedica un apartado específico a Hong Kong y Macao que combina continuidad institucional y refuerzo del control político. El documento reafirma la política de “un país, dos sistemas”, subrayando que debe aplicarse de manera “resuelta”, garantizando un alto grado de autonomía. Al mismo tiempo, insiste en que ambas regiones deben estar “administradas por patriotas” y gobernadas de forma más eficaz conforme a la ley, una formulación que en la práctica ha reducido de forma sustantiva el margen de pluralismo político, especialmente en Hong Kong.
No es ninguna sorpresa, pero el texto evita cualquier referencia al conflicto político abierto desde 2014, cuando el “movimiento de los paraguas” articuló una protesta masiva contra las limitaciones al sufragio universal. Tras las movilizaciones de 2019, la imposición de la Ley de Seguridad Nacional en 2020 supuso un punto de inflexión, con la criminalización de la disidencia, la reconfiguración del sistema electoral y la neutralización de la oposición organizada. El plan asume este proceso como una normalización necesaria, sin mención al deterioro de derechos civiles ni al impacto sobre el ecosistema político y mediático de la ciudad.
En paralelo, el documento insiste en reforzar el papel internacional de Hong Kong como centro financiero, comercial e innovador, y en diversificar la economía de Macao más allá del turismo y el juego. Ambas regiones son presentadas como nodos estratégicos cuya utilidad global debe ponerse al servicio del desarrollo nacional, incluso a costa de diluir los rasgos institucionales que históricamente las distinguieron.
La sección dedicada a Taiwán eleva el tono estratégico. Taiwán es el epicentro de la lucha por la hegemonía mundial con Estados Unidos, y el redactado no deja ninguna duda al respecto: “Debemos implementar plenamente la política general de nuestro Partido para la nueva era sobre la solución de la cuestión de Taiwán, luchar resueltamente contra las fuerzas separatistas que aspiran a la ‘independencia de Taiwán’, oponernos a la interferencia externa, salvaguardar la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y mantener firmemente la iniciativa y la capacidad de dirección en las relaciones entre ambos lados del Estrecho”.
La isla concentra una parte decisiva de la producción mundial de semiconductores avanzados, componentes esenciales para la industria tecnológica, militar y energética contemporánea. Este hecho convierte a Taiwán en un punto crítico de la rivalidad entre Estados Unidos y China, en un contexto marcado por restricciones tecnológicas, políticas de desacoplamiento y disputas por el control de las cadenas de suministro.
Para corregir un error, lo primero es admitirlo. Reconozcamos que algunos de los pilares de nuestra sociedad están construidos sobre la violencia.
El patriarcado se reconoce cuando vemos la agresividad contra las mujeres y los niños.
El antropocentrismo —decía Marta Tafalla— nos ha llevado a que se pierdan especies a un ritmo insólito.
El ecocidio es una forma de brutalidad contra toda la biosfera, humanos incluidos (especialmente mujeres, niños y personas pobres).
El racismo —disfraz común de la aporofobia— necesita violencia sobre la que articularse.
Los paraísos fiscales, el turismo depredador o los impuestos regresivos (el IVA, por ejemplo) son una forma legal de promover una desigualdad que salpica violencia contra los más pobres, a los que expulsa fuera de los márgenes para luego culparlos por buscarse la vida donde a las élites no les interesa.
Afirmar que la violencia es intrínseca al ser humano es negarse a comprender que detrás de cada misil, de cada bala y de cada puñetazo hay una mano gobernada por una mente humana. La violencia —como la paz— se puede enseñar, se puede aprender y también se puede desaprender.
La paz como camino
El camino de la no violencia (ahimsa) no es el de la resignación ni el de la indiferencia. Implicarse en la paz exige coherencia en los gestos cotidianos: en lo que consumimos, en lo que toleramos y en lo que legitimamos. Nuestro voto democrático y nuestras exigencias políticas influyen e importan, incluso aunque nuestra opción no consiga ni un escaño. Cada día es un reto para educar (y educarnos) en pacifismo, feminismo, ecoanimalismo, etc.
En este sentido, deberíamos rechazar productos o eventos que apoyen actos de violencia. Por ejemplo, productos procedentes de países que ejercen violencia desmedida (Israel, Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudí, Marruecos…), pero también películas, publicidad o videojuegos, contenidos que normalizan la violencia. Por supuesto, la gran mayoría de adolescentes sabe distinguir entre disparar en un videojuego y disparar en la vida real, pero acostumbrarse a hacerlo —de jóvenes— en el mundo virtual, facilita dar el salto a hacerlo en el mundo real.
Lo saben bien los cazadores y los taurinos. Si no enseñas a los niños este tipo de agresividad, será más difícil que de mayores quieran disparar a un ciervo o disfrutar del sufrimiento de un toro sangrando. Una mente educada en la paz jamás disfrutará de la violencia. Lo que deja de parecernos aceptable termina dejando de practicarse.
Tiempos turbios como el petróleo
Corren tiempos extraños en los que un presidente de Estados Unidos insulta, promueve la rebelión, ataca, bombardea, justifica un genocidio, exige un aumento del gasto militar…, y acto seguido pide para sí mismo el Premio Nobel de la Paz. La contradicción ya no escandaliza: se ha normalizado. Resulta igualmente revelador que la ganadora del premio en 2025 —la venezolana María Corina Machado— quisiera compartirlo con Donald Trump por el mérito de haber secuestrado —mediante bombas y crueldad— al presidente de Venezuela. Por muy indigno presidente que fuera Nicolás Maduro, usar la violencia contra él jamás debería ser el argumento para merecer un premio pacifista.
Ante el petróleo robado, han surgido empresas-vampiro como Repsol, que se han arrodillado ante Trump para conseguir un trozo de la sangre venezolana. Repsol se hundiría en ventas y en bolsa, si la España de hoy fuera la misma que la España del «No a la guerra» contra Aznar (2003) o la España del 15-M (2011). ¿Quién quiere repostar en una empresa que roba a un país hermano?
España estalló contra la guerra de Irak en la que nos metió el presidente Aznar. ¿Qué protestas hay en Estados Unidos contra el robo de petróleo a otros países? ¿Qué protestas hay en Israel contra el genocidio de sus vecinos palestinos? Apenas las hay; en parte porque ha existido una educación comprensiva o que justifica cierta violencia.
Sumar gestos para la paz
No hace falta gritar en las calles. Basta con boicotear todo lo que provenga de empresas o países violentos o que se aprovechen de la violencia de otros. Cada gesto —también en redes sociales— suma o resta. No es lo mismo presumir de unos pendientes de oro que posar con una kufiya palestina. Consumir es más poderoso que votar.
La no violencia —especialmente hacia los animales— es un arma muy poderosa que, además, se contagia por vía oral. Hay mil ejemplos, desde Gandhi hasta casos más recientes, que muestran que la resistencia no violenta puede erosionar sistemas aparentemente inamovibles. La fuerza de la no violencia no reside en la pasividad, sino en su capacidad de deslegitimar la violencia sin reproducirla. Palestina ha encontrado más éxito y más apoyo internacional ejerciendo la no violencia que con atentados terroristas. La Flotilla de la Libertad es solo un ejemplo vivo que nace para frenar a una potencia violenta, para desacreditarla y para complicarle la existencia sin derramar nada de sangre.
Un buen punto para comenzar a construir una sociedad pacífica sería acercarnos al veganismo. Si conseguimos una sociedad sensible al sufrimiento de un pez o de una gamba, habremos caminado en paz más de la mitad del camino.
Para corregir un error, lo primero es admitirlo. Reconozcamos que algunos de los pilares de nuestra sociedad están construidos sobre la violencia.
El patriarcado se reconoce cuando vemos la agresividad contra las mujeres y los niños.
El antropocentrismo —decía Marta Tafalla— nos ha llevado a que se pierdan especies a un ritmo insólito.
El ecocidio es una forma de brutalidad contra toda la biosfera, humanos incluidos (especialmente mujeres, niños y personas pobres).
El racismo —disfraz común de la aporofobia— necesita violencia sobre la que articularse.
Los paraísos fiscales, el turismo depredador o los impuestos regresivos (el IVA, por ejemplo) son una forma legal de promover una desigualdad que salpica violencia contra los más pobres, a los que expulsa fuera de los márgenes para luego culparlos por buscarse la vida donde a las élites no les interesa.
Afirmar que la violencia es intrínseca al ser humano es negarse a comprender que detrás de cada misil, de cada bala y de cada puñetazo hay una mano gobernada por una mente humana. La violencia —como la paz— se puede enseñar, se puede aprender y también se puede desaprender.
La paz como camino
El camino de la no violencia (ahimsa) no es el de la resignación ni el de la indiferencia. Implicarse en la paz exige coherencia en los gestos cotidianos: en lo que consumimos, en lo que toleramos y en lo que legitimamos. Nuestro voto democrático y nuestras exigencias políticas influyen e importan, incluso aunque nuestra opción no consiga ni un escaño. Cada día es un reto para educar (y educarnos) en pacifismo, feminismo, ecoanimalismo, etc.
En este sentido, deberíamos rechazar productos o eventos que apoyen actos de violencia. Por ejemplo, productos procedentes de países que ejercen violencia desmedida (Israel, Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudí, Marruecos…), pero también películas, publicidad o videojuegos, contenidos que normalizan la violencia. Por supuesto, la gran mayoría de adolescentes sabe distinguir entre disparar en un videojuego y disparar en la vida real, pero acostumbrarse a hacerlo —de jóvenes— en el mundo virtual, facilita dar el salto a hacerlo en el mundo real.
Lo saben bien los cazadores y los taurinos. Si no enseñas a los niños este tipo de agresividad, será más difícil que de mayores quieran disparar a un ciervo o disfrutar del sufrimiento de un toro sangrando. Una mente educada en la paz jamás disfrutará de la violencia. Lo que deja de parecernos aceptable termina dejando de practicarse.
Tiempos turbios como el petróleo
Corren tiempos extraños en los que un presidente de Estados Unidos insulta, promueve la rebelión, ataca, bombardea, justifica un genocidio, exige un aumento del gasto militar…, y acto seguido pide para sí mismo el Premio Nobel de la Paz. La contradicción ya no escandaliza: se ha normalizado. Resulta igualmente revelador que la ganadora del premio en 2025 —la venezolana María Corina Machado— quisiera compartirlo con Donald Trump por el mérito de haber secuestrado —mediante bombas y crueldad— al presidente de Venezuela. Por muy indigno presidente que fuera Nicolás Maduro, usar la violencia contra él jamás debería ser el argumento para merecer un premio pacifista.
Ante el petróleo robado, han surgido empresas-vampiro como Repsol, que se han arrodillado ante Trump para conseguir un trozo de la sangre venezolana. Repsol se hundiría en ventas y en bolsa, si la España de hoy fuera la misma que la España del «No a la guerra» contra Aznar (2003) o la España del 15-M (2011). ¿Quién quiere repostar en una empresa que roba a un país hermano?
España estalló contra la guerra de Irak en la que nos metió el presidente Aznar. ¿Qué protestas hay en Estados Unidos contra el robo de petróleo a otros países? ¿Qué protestas hay en Israel contra el genocidio de sus vecinos palestinos? Apenas las hay; en parte porque ha existido una educación comprensiva o que justifica cierta violencia.
Sumar gestos para la paz
No hace falta gritar en las calles. Basta con boicotear todo lo que provenga de empresas o países violentos o que se aprovechen de la violencia de otros. Cada gesto —también en redes sociales— suma o resta. No es lo mismo presumir de unos pendientes de oro que posar con una kufiya palestina. Consumir es más poderoso que votar.
La no violencia —especialmente hacia los animales— es un arma muy poderosa que, además, se contagia por vía oral. Hay mil ejemplos, desde Gandhi hasta casos más recientes, que muestran que la resistencia no violenta puede erosionar sistemas aparentemente inamovibles. La fuerza de la no violencia no reside en la pasividad, sino en su capacidad de deslegitimar la violencia sin reproducirla. Palestina ha encontrado más éxito y más apoyo internacional ejerciendo la no violencia que con atentados terroristas. La Flotilla de la Libertad es solo un ejemplo vivo que nace para frenar a una potencia violenta, para desacreditarla y para complicarle la existencia sin derramar nada de sangre.
Un buen punto para comenzar a construir una sociedad pacífica sería acercarnos al veganismo. Si conseguimos una sociedad sensible al sufrimiento de un pez o de una gamba, habremos caminado en paz más de la mitad del camino.
Las ínfulas expansionistas de Donald Trump y su ataque –cuando no chantaje– económico a la Unión Europea han configurado un tablero político internacional nunca visto: Estados Unidos ya no es un socio confiable para el Viejo Continente. Frenar al presidente que ha ejecutado a decenas de personas en operaciones militares y policiales —en alta mar contra supuestos narcotraficantes o en tierra firme contra opositores a sus políticas antiinmigración— es posible. La activación de algunos resortes que la misma UE ha previsto para estas situaciones podría hacer que Trump reexaminara sus ambiciones. Sin embargo, los expertos señalan que falta unión política por parte de los Estados miembros para ello.
Según Mario Rísquez, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), intentar parar los pies a Trump pasa por cuestiones relacionadas con la disuasión. “De esta forma se pueden evitar los impactos que la aplicación de estas políticas tendría sobre la población estadounidense”, explica. Se refiere, por ejemplo, a la idea de aplicar aranceles a productos que se fabriquen en estados republicanos, lo que ejercería presión sobre la Administración Trump, pero también tendría el efecto indeseado de golpear a la ciudadanía.
Este experto apuesta por medidas coyunturales y de fácil reversión y por evitar otras como romper ciertas relaciones con Estados Unidos o no participar en instituciones en las que esté presente, que podrían suponer un peaje a largo plazo. Por otro lado, la diversificación de la economía europea para evitar la gran dependencia de Estados Unidos es una de las recetas estrella a la hora de intentar frenar al gobierno norteamericano. “Esa es la palabra clave, ‘diversificar’, y es algo que ya hacemos mirando cada vez más a China”, enfatiza Rísquez. En este sentido, hace apenas unos días la UE cerró un acuerdo económico histórico con India, presentado como “la madre de todos los acuerdos” por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Hacia la independencia: el camino lo marca Canadá
Natalia Arias Pérez, analista del gabinete económico de Comisiones Obreras (CC. OO.), subraya que la UE tiene la posibilidad de realizar acciones coordinadas. Entre ellas se encuentra una que considera primordial: reducir la dependencia con Estados Unidos y avanzar hacia la autonomía estratégica, sobre todo en materia energética, y hacia una industria de defensa propia.
El camino en esta pretendida diversificación lo ha marcado Canadá, quien se ha abrazado a China a través de un tratado de libre comercio. Así lo ve Yago Álvarez, periodista económico de El Salto, quien considera este movimiento “una perfecta declaración de intenciones”. Según explica, “lo que viene a decir es que prefieren los coches eléctricos chinos a los de Elon Musk”.
Y no solo eso. Álvarez recalca que el presidente canadiense, Mark Carney, dijo en Davos que el orden internacional conocido hasta ahora, en el que todo Occidente agachaba la cabeza ante la gran potencia –“aunque no citó a Estados Unidos”, apuntilla el periodista– ya no funciona. “Dijo que los Estados medianos nos tenemos que organizar para no permitir los imperialismos de las grandes potencias, y ese es el camino que debería seguir la UE”, defiende antes de expresar que “la forma de combatir a Trump es aislarlo comercialmente como socio no confiable”.
Golpear a las grandes tecnológicas con regulación
Para frenar a Trump, en el medio plazo la UE también debería apostar e invertir más en soberanía digital y en inteligencia artificial, valora Arias. “Se podría fomentar el uso de redes sociales propias, y sobre todo endurecer el reglamento de servicios digitales para limitar las actividades de las plataformas tecnológicas de Estados Unidos”, propone. La economista lanza otra idea: suspender en Europa las patentes de las empresas estadounidenses. Básicamente, esto posibilitaría su copia.
Yago Álvarez también incide en ese flanco: “Se les podría meter más caña a las empresas de Silicon Valley y agrandar las multas a Apple, Google o Facebook. Se les ha permitido convertirse en monopolios y ahora dependemos de ellos y de sus infraestructuras, así que ya es hora de regularlas con mano dura”.
Si miramos al corto plazo, ya se ha paralizado en el Parlamento Europeo el tratado comercial firmado el año pasado con Estados Unidos, que para la experta de CC. OO. es un “mal acuerdo”, a expensas de cómo avanza el conflicto. Asimismo, la activación de la cláusula de anticoerción por parte de los Estados miembros es otra de las herramientas que la UE podría utilizar. A pesar de que sus efectos no son inmediatos, sí permite respuestas más fuertes que limitan a las empresas estadounidenses el acceso a los mercados europeos y la contratación con administraciones europeas.
Terminar con la dolarización de la economía
Entre las medidas ya impulsadas y que han cosechado cierto éxito está la venta de bonos de deuda pública estadounidense. Estados Unidos incurre año tras año en déficit, pero tiene una situación privilegiada: el dólar es la moneda de referencia a nivel internacional. A pesar de esos déficits, su deuda se suele financiar a muy bajo interés, también por el papel hegemónico de la Reserva Federal. “Si te deshaces de una deuda porque consideras que incurre en un riesgo de impago o simplemente no la ves atractiva a los tipos de interés que ofrece, aumentará los tipos de interés a los que se financia Estados Unidos”, desarrolla Rísquez.
Arias, por su parte, sostiene que no renovar la deuda pública con Estados Unidos a medida que va venciendo es una de las medidas más fuertes para intentar acabar con la primacía del dólar como referencia internacional y con los “derechos de señoraje”, tal y como los denomina, que genera. “Desdolarizar en la medida de lo posible nuestro comercio con otros países es lo que más poder le puede quitar a Estados Unidos”, remarca la economista de CC. OO.
Álvarez apunta que si los grandes tenedores de bonos del Estado estadounidenses (como son Reino Unido, Japón o China), además de la propia Reserva Federal, empezaran a vender su deuda, la prima de riesgo de Estados Unidos se dispararía y les costaría muchísimo financiarse. “Esto incrementaría los déficits que ya arrastran y restaría valor al dólar”, abunda. De todas formas, no cree que algo así vaya a suceder “porque a nadie le conviene del todo reventar el dólar y que eso afecte también a su propia economía”.
Esto ya es una realidad. Hace apenas unas semanas, el fondo de pensiones danés AkademikerPension anunció que vendería todos los bonos estadounidenses que tiene en cartera, unos 100 millones de dólares. Este proceso se conoce como “Sell America” y podría llegar a dañar gravemente a la primera economía del mundo.
Sin unidad política en la UE
Carme Colomina, experta en relaciones internacionales y Unión Europea del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), afirma que “la UE tiene instrumentos para hacer frente a Estados Unidos, pero falta la unidad política para activarlos”. Desde su punto de vista, el mundo se enfrenta a un Trump pragmático con los fuertes y duro con los débiles. “La UE ha adoptado esa imagen de debilidad en cualquier escenario de negociación, pero seguimos siendo el primer socio comercial de Estados Unidos, a la vez que dependemos de él en gran medida”, completa.
Más allá de herramientas económicas, la investigadora catalana detalla que se podría poner en marcha una mayor presión política. A la paralización del acuerdo comercial y la presión legislativa que se puede aplicar a los mercados digitales a través de regulación, Colomina ve como positivo que se vuelva a hablar de investigaciones como la que ahora señala a Grok, la inteligencia artificial de X, en manos de Musk, por la generación de desnudos sin consentimiento. “Cuando JD Vance dijo en la conferencia de seguridad de Múnich que la UE tenía un problema de democracia no lo decía por la extrema derecha, sino por la regulación de las grandes tecnológicas. Eso les puede hacer mucho daño”, reitera.
Alianzas internas y disonancia con China
La experta en relaciones internacionales pone el foco en las consecuencias políticas que pueden acarrear decisiones de este tipo. “Y aquí vemos que la UE se divide y se rompe internamente”, esgrime. Frente al discurso más duro de los presidentes francés y español, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, respectivamente, se colocan países como Italia y Alemania, que se alían entre ellos e insisten en que debe haber una salida negociada y diplomática al conflicto.
La amenaza de guerra comercial por parte de Trump ha supuesto para China, cuyo primer socio comercial es la UE, la ocasión idónea para ocupar los espacios de los que se retiraba Estados Unidos. “Para hacer frente a los aranceles de Estados Unidos, China intenta ampliar sus mercados de exportación a nivel mundial”, prosigue Colomina. De nuevo surgen las divisiones internas en la UE. Mientras algunos Estados ven con buenos ojos que China tenga más peso, otros recelan de la entrada de capital y productos del gigante asiático.
En el caso de España, poco puede hacer por su cuenta. Pero la economía española está totalmente integrada en la comunitaria, por lo que posee capacidad de presión en tanto miembro de la UE. La experta del CIDOB destaca que esta también es una forma de defensa. “Si Trump pone en el punto de mira a España, como ya ha hecho en ocasiones a cuenta del gasto militar en la OTAN, y amenaza con sanciones, Trump debería saber que no puede castigar a España individualmente al formar parte del mercado único europeo”, concluye la investigadora.
Medidas simbólicas contra las políticas sociales trumpistas
Rísquez, el profesor de la UCM, menciona otras medidas ligadas a lo económico pero que no buscan únicamente un efecto en la política económica de Estados Unidos. En este sentido, se ha planteado el boicot a grandes empresas estadounidenses, como McDonald’s, por la represión del ICE a la población susceptible de ser migrante. Algunas personas han propuesto no participar en el Mundial de Fútbol, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos. “Esto puede construir un discurso social contra la Administración Trump, pero creo que su efecto económico será muy leve”, finaliza este experto.
Con el secuestro de Maduro, la amenaza de nuevos ataques y un bloqueo naval que solo permite salir de Venezuela el crudo controlado por EEUU, la nueva Venezuela se construye con la participación de grandes empresas españolas.
Pocos días después del 3E, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmaba que los líderes internacionales debían tomarse “más en serio” a Donald Trump, no de forma literal —parecía decir entre líneas en su declaración en La Casa Blanca—, pero sí sobre su determinación de conseguir sus objetivos, aunque estos no sean los declarados.
El 19 de enero, el Gobierno de Delcy Rodríguez confirmaba que había recibido de EEUU los primeros dólares —300 millones sobre un total de 500— por la venta de 50 millones de barriles de crudo. Un ingreso considerable que alivia a corto plazo las cuentas de un Estado venezolano arruinado por las sanciones, el embargo y la falta de divisas, pero que ha sido decidido de forma unilateral por el Gobierno de Trump con la ventaja negociadora que le confiere la armada desplegada en el mar Caribe.
Para gestionar los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano, EEUU ha abierto una cuenta en Qatar rodeada de polémica. Para Juan Hernández Zubizarreta, analista del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), se trata de un ejemplo más de la “paralegalidad” en la que está operando el Gobierno de Trump.
Para gestionar los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano, EEUU ha abierto una cuenta en Qatar. En Venezuela, cinco bancos, entre ellos la filial del BBVA, gestionarán la parte que corresponde al país caribeño según criterio de Washington
Esta compleja estructura financiera, explica, persigue neutralizar las demandas de los acreedores internacionales —China sobre todo— que piden la devolución de cerca de 170.000 millones de euros o su equivalente en petróleo. Elizabeth Warren, senadora demócrata por Massachusetts, criticó esta triangulación y sus potenciales peligros: “No existe fundamento legal para que un presidente abra una cuenta en el extranjero bajo su control para vender activos confiscados por el ejército estadounidense. Esa es precisamente una medida que atraería a un político corrupto”.
Los recursos de la venta del petróleo venezolano serán gestionados en Venezuela por cinco de los mayores bancos del país. Entre las entidades seleccionadas para recibir el dinero se encuentra Provincial, la filial venezolana del banco español BBVA. Estos bancos venderán dólares a empresas y particulares para que dispongan de divisas para comprar insumos y materias primas en el extranjero así como para mantener a raya la inflación, introduciendo la moneda estadounidense en el mercado. Como último paso de esta triangulación, el Banco Central de Venezuela recibirá los bolívares derivados de esas ventas. “Con estabilidad, Venezuela es una gran oportunidad”, declaró desde Davos Carlos Torres, presidente de BBVA a Expansión.
Poco parece importar si 500 millones de dólares es una cifra justa por la venta de 50 millones de barriles, a diez dólares la unidad, cuando el barril venezolano cuesta cerca de 60 en los mercados internacionales. Los términos del “acuerdo” están claramente definidos por el Departamento de Energía de EEUU: los beneficios de la venta del petróleo venezolano se repartirá entre ambos países “a discreción del Gobierno estadounidense”.
Un banco español participará en el complejo laberinto financiero diseñado por la Administración Trump para controlar los recursos petroleros del país, pero la multinacional española que más entusiasmo ha mostrado por el nuevo esquema “paralegal” para hacer negocios en Venezuela ha sido Repsol.
Negocios en la “paralegalidad”
En la reunión que mantuvo Trump con las petroleras el pasado 9 de enero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se comprometió a invertir “con fuerza” en el país y triplicar la producción de petróleo en los próximos tres años. El expresidente del PNV agradeció a Trump “abrir la puerta a una Venezuela mejor” y llegó a referirse en su discurso al Golfo de México como “Golfo de América”, la nomenclatura decretada por Trump a las pocas semanas de entrar en el Despacho Oval.
El entusiasmo de Imaz no fue compartido por el resto de empresas presentes en la reunión, especialmente por ExxonMobil, la mayor petrolera de EEUU, para la que no existían suficientes garantías que protejan sus posibles inversiones.
Para despejar estas dudas, el 23 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela dio luz verde en primera lectura y con tramitación acelerada una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en los mejores momentos de Hugo Chávez como presidente. La presidenta encargada destacó la “necesidad imperativa” de que la legislación “se adapte a los nuevos tiempos”, especialmente para que los “capitales fluyan” hacia los recursos petroleros “a través de modelos de negocios exitosos”.
La multinacional española que más entusiasmo ha mostrado por el nuevo esquema “paralegal” para hacer negocios en Venezuela ha sido Repsol, quien se compromete a triplicar su producción de petróleo bajo las nuevas reglas decididas por Trump
La principal apuesta de la reforma, que la oposición de derechas apoya en el fondo aunque no en las formas, es la normalización y extensión del modelo Chevron, que permitió de forma excepcional operar a la petrolera estadounidense en una empresa mixta en la que el Gobierno cuenta con mayoría accionarial, pero es el socio privado quien tiene el control operativo, técnico y financiero.
Según explicó Orlando Camacho, diputado responsable de presentar la reforma, la nueva ley incluye una mayor “flexibilidad en las regalías”, una modificación que daría margen al Gobierno para disminuir las ganancias que se quedan en el país en determinados casos. La reforma aprobada también contempla un “aumento en las garantías jurídicas” para el sector privado con la introducción de la posibilidad, hasta ahora vetada, de que los choques entre empresas y el Estado venezolano se diriman a través de “mecanismos independientes” de resolución de conflictos.
Aunque en 2012 el expresidente Chávez retiró a Venezuela del CIADI —organismo del Banco Mundial para resolver conflictos entre empresas y Estados en beneficio casi siempre de las empresas—, el país todavía se enfrenta a decenas de pleitos con inversores. Las compañías que buscan indemnizaciones por parte del Estado venezolano se han encontrado hasta ahora con todo tipo de obstáculos: de 15 laudos condenatorios solo uno ha sido efectivamente pagado. Según el medio especializado en el sector Petroguía, la aprobación de esta reforma supondrá la reducción de las regalías y la vuelta de Venezuela al CIADI.
Negocios a punta de pistola
Ante la pregunta de si hacer negocios bajo un esquema de extorsión, amenaza y de violencia viola el derecho internacional, Repsol ha preferido no hacer comentarios a este medio. Para Hernández Zubizarreta, especialista en impunidad corporativa, la respuesta es clara: si Repsol y otras empresas españolas participan del nuevo orden impuesto por la fuerza por Trump en Venezuela, se convierten en “cómplices de estos crímenes”.
El marco coercitivo en el que se produce la venta de petróleo venezolano en el nuevo orden en el Caribe quedó nuevamente a la vista después de que el 20 de enero EEUU interceptara el séptimo buque petrolero de Venezuela cerca de las costas de este país. El Comando Sur del Ejército de EEUU afirmó que la detención de este barco “que operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump” demuestra la “determinación” de las fuerzas armadas de EEUU de que “el único petrolero que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal”.
La “paralegalidad” también se define con palabras: el 21 de enero, El País sostenía que el cerco militar de EEUU sobre el país latinoamericano tenía como objetivo evitar el “contrabando de crudo”. En la nueva legalidad inventada por EEUU solo el petróleo controlado por Washington es legal.
Si Repsol y otras empresas españolas participan del nuevo orden impuesto por la fuerza por Trump en Venezuela, se convierten en “cómplices de estos crímenes”, dice Juan Hernández Zubizarreta, de OMAL
La ocupación y el genocidio en Palestina han servido de recordatorio y han sido varios los altos cargos de Naciones Unidas quienes han recordado que las empresas que hacen negocios aprovechándose de violaciones de derechos humanos y vulneraciones de la legalidad internacional se exponen a posibles sanciones e incluso a futuros litigios. El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo inició en septiembre una investigación de las empresas españolas que estaban ofreciendo servicios en los territorios ocupados palestinos. Sin embargo, el Gobierno se ha negado a señalar a las multinacionales españolas que se beneficiarán directamente de una intervención militar en Venezuela que sí ha condenado. Tras la polémicas declaraciones de Imaz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que los “criterios privados” con los que opera Repsol en Venezuela son “absolutamente legítimos”.
¿Repsol conseguirá salirse con la suya?
Los Estados y las instituciones internacionales cuentan con herramientas para juzgar o sancionar a las empresas que se benefician de violaciones de los derechos humanos o de vulneraciones del derecho internacional, señala este investigador.
Aún así, la impunidad de las multinacionales es casi absoluta, contrapone, y en este caso lo será todavía más porque es poco probable que el Gobierno español, la Unión Europea o incluso Venezuela emitan algún tipo de denuncia o demanda: “Repsol puede argumentar que tiene la aceptación del Gobierno de Venezuela”. Pero la falta de reproches no “convalida una participación en negocios fundamentados en crímenes internacionales”, agrega. Aunque por la parte jurídica habría resquicios para juzgar o sancionar a Repsol, los aspectos políticos complican la ecuación, porque “Venezuela parece que acepta el marco de estos negocios, de este control por parte de EEUU” sobre los recursos naturales del país.
En el caso del Estado español, para juzgar a Repsol habría que aprobar antes una ley de responsabilidad extraterritorial de empresas transnacionales por la que decenas de entidades llevan años trabajando. “Si esa ley estuviera aprobada, Repsol tendría que rendir cuenta ante un tribunal español”, dice. Otra opción sería reformar la ley de jurisdicción universal para incorporar el crimen económico internacional y “permitir que se responsabilice a la empresa y a sus directivos por prácticas en crímenes internacionales extraterritoriales”.
Tras la polémica por las palabras del CEO de Repsol, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que los “criterios privados” con los que opera la petrolera en Venezuela son “absolutamente legítimos”
Si el Gobierno español quisiera sancionar la complicidad de Repsol con el plan de Trump tendría herramientas para hacerlo: podría aplicar criterios éticos a la contratación pública, pero también revisar todos los apoyos institucionales desde el punto de vista político, económico, diplomático, de inversión, de seguros, que necesita una empresa como esta, añade el analista de OMAL.
Otras instancias, como el Tribunal Internacional de Protección de Derechos, ahora en discusión en la ONU, permitirían que las multinacionales puedan ser juzgadas si se lucran gracias a violaciones de los derechos humanos y de situaciones que no cumplen con la legalidad internacional. Pero el Tratado Internacional para Control de Empresas Transnacionales está lejos de ser una realidad. Ayudaría mucho que el Estado español y la UE tengan una “actitud favorable” hacia este asunto, precisa, algo que por ahora no ha sucedido.
Y si el Gobierno no ha hecho nada para que este tratado se apruebe, subraya este investigador, es porque considera a estas empresas como “esenciales para el desarrollo de un modelo económico neocolonial” en el que se apoya. El Ejecutivo de Sánchez está más dispuesto a promover “armaduras jurídicas y políticas” que protejan los derechos de las multinacionales, enuncia, que a promover leyes o instituciones que los limiten.
Tampoco ayudan las conexiones que tienen dos de los aliados de investidura del Partido Socialista, PNV y Junts, con muchas de estas grandes empresas, con las que mantienen siempre engrasadas lucrativas puertas giratorias. Para la mayoría de la izquierda parlamentaria, añade este investigador, la idea de la extraterritorialidad —juzgar a las empresas españolas por lo que hace fuera de España— tampoco ha sido un “tema central en sus agendas”.
Sin voluntad política por parte del Gobierno y sin voluntad de confrontación por parte de los aliados del PSOE, Hernández Zubizarreta augura que “los negocios de Repsol en Venezuela seguirán manteniéndose y multiplicando la acumulación de beneficios” gracias al nuevo esquema de negocio a punta de pistola.
Aire y dinero para Repsol
La intervención de Trump y el nuevo esquema forzado de hacer negocios en el país ha llegado en el mejor momento para la empresa española. La prensa económica no ha tardado en señalar a la compañía presidida por Antonio Brufau como una de las más beneficiadas por el ataque de EEUU. El propio Trump sostuvo desde el principio que las empresas que más rápido sacarían rédito de la nueva situación serían las que ya están asentadas en el país, entre ellas Repsol, la italiana Eni o Chevron.
Desde 1993, la multinacional española ha expandido su negocio en Venezuela, especialmente gracias al gas del campo Perla, situado en el Golfo de Venezuela, uno de los mayores yacimientos de gas de América Latina. En 2016, cuando comenzaban los problemas para Caracas, Repsol prestó a Venezuela nada menos que 1.200 millones de euros, un dinero que con el default de 2017 el país no pudo devolver. En 2022, comenzó a pagar la deuda en especie, es decir, con barriles de petróleo para sus refinerías, especialmente pensadas para el tipo de petróleo venezolano.
Con el 15% de las reservas en el país caribeño, el futuro de Repsol —unido ahora al de Donald Trump— se juega en Venezuela
Gracias a la flexibilización de las sanciones contra Venezuela durante el Gobierno de Joe Biden, Repsol pudo vender petróleo a Estados Unidos y gas venezolano a otros países. En esos años, la compañía entró con un 40% en los campos petrolíferos de La Ceiba y Tomoporro en una operación valorada en casi 1.600 millones de euros que permitiría a la española duplicar su producción de crudo. Todos estos planes se frustraron con la llegada de Trump y la retirada de las licencias para operar en Venezuela para varias multinacionales, Repsol entre ellas, en marzo de 2025.
Después del 3 de enero, Repsol se frota las manos con una más que posible restauración de las licencias, algo que ya ha solicitado formalmente. Con el 15% de las reservas en el país caribeño, el futuro de Repsol —unido ahora al de Donald Trump— se juega en Venezuela. El Gobierno español ya le ha dado su bendición.
Este artículo es largo, pero merece la pena leerlo hasta el final.
Naomi Klein (periodista canadiense, 1970-) ha escrito tres libros que han conseguido cambiar la percepción de la sociedad. Sus anteriores libros son “No logo” (1999) y “La doctrina del shock” (2007).
En “Esto lo cambia todo” (2015) se propone hablar de un tema incómodo y que muchos eluden (como corrobora Leonardo DiCaprio en su documental “Before the flood“, verlo entero aquí). Naomi Klein expone los mitos y las realidades del Cambio Climático, sin caer en tópicos ni en la desesperación, ofreciendo datos, caminos y opciones que debemos transitar.
Naomi Klein reconoce que ella misma negó el cambio climático cuando “sabía que estaba pasando”. No lo negaba como Donald Trump diciendo que mientras exista el invierno el cambio climático es mentira. Pero lo ignoraba, como mucha gente, mirando para otro lado sin querer ser consciente de la realidad o confiando en milagros tecnológicos o políticos. “El cambio climático es así: es difícil pensar en él durante mucho tiempo. Practicamos esta forma de amnesia ecológica intermitente por motivos perfectamente racionales. Lo negamos porque tememos que, si dejamos que nos invada la plena y cruda realidad de esta crisis, todo cambiará. Y no andamos desencaminados”: “El cambio climático lo transformará todo en nuestro mundo”. Esto implica “cambiar cómo vivimos y cómo funcionan nuestras economías, e incluso cambiar las historias que contamos para justificar nuestro lugar en la Tierra. La buena noticia es que muchos de esos cambios no tienen nada de catastróficos. Todo lo contrario: buena parte de ellos son simplemente emocionantes”.
Naomi Klein constata que es posible que la lucha contra el cambio climático requiera invertir dinero, pero el dinero se puede conseguir. Como muestra, resalta que las autoridades sacaron “billones de dólares hasta de debajo de las piedras” para salvar la banca y han hecho “pagar a la ciudadanía la factura dejada por los bancos” que ocasionaron la crisis. “El cambio climático, sin embargo, no ha sido nunca tratado como una crisis por nuestros dirigentes”, pero “si un número suficiente de todos nosotros dejamos de mirar para otro lado y decidimos que el cambio climático sea una crisis (…) no hay duda de que lo será y de que la clase política tendrá que responder”, porque “no basta con que lo mitiguemos o nos adaptemos a él. Podemos aprovechar esto para reactivar economías locales, “recuperar nuestras democracias de las garras de la corrosiva influencia de las grandes empresas”, “recobrar la propiedad de servicios esenciales como la electricidad y el agua, reformar nuestro enfermo sistema agrícola y hacer que sea mucho más sano”, respetar los derechos indígenas y las migraciones climáticas, y “poner fin a los hoy grotescos niveles de desigualdad existentes”:
La Doctrina del Shock: Lee un resumen de este libro, también de Naomi Klein.
“La emergencia misma del cambio climático podría constituir la base de un poderoso movimiento de masas”.
Muchas veces se han aprovechado las crisis para imponer medidas que enriquecen a una reducida élite (España es un claro ejemplo): suprimiendo regulaciones, recortando gasto social, forzando privatizaciones, regulando a favor de ciertas empresas, limitando los derechos civiles (la “ley mordaza” en España), regalando dinero a los bancos, etc. El cambio climático es una crisis que podría aprovecharse, una vez más, para beneficiar a los ricos “en vez de para incentivar soluciones motivadoras (…) que mejoren espectacularmente la vida de las personas”: “El cambio climático representa una oportunidad histórica”.
Naomi Klein critica a la ONU porque, a pesar de tener la misión de prevenir que se alcancen en el mundo niveles peligrosos de cambio climático, no solo no ha realizado progresos, sino que ha permitido que se retroceda. Tal vez, lo mejor que ha conseguido es que se hable del cambio climático. Lo peor que puede ocurrir es que se ignoren los problemas: olas de calor brutales, sequías, inundaciones, plagas, huracanes, incendios, aumento del nivel del mar, desplazamiento de millones de personas, contaminación atmosférica, lluvia ácida, enfermedades viajeras, pérdidas de cosechas… problemas que se unen a otros como las pesquerías diezmadas o el aumento mundial de la demanda de carne. Klein afirma que ante un panorama así “cuesta ciertamente imaginar qué quedaría sobre lo que sustentar una sociedad pacífica y ordenada”.
La climatóloga Lonnie G. Thompson dijo: “Casi todos los científicos y científicas del clima estamos ya convencidos de que el calentamiento global representa un peligro inminente para la civilización“. Lo curioso es que “disponemos de las herramientas técnicas para desengancharnos de los combustibles fósiles” y aunque, haya que tomar medidas extraordinarias, el ser humano es capaz de hacerlo. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial se redujo el uso de automóviles por placer en el Reino Unido. También en EE.UU. y Canadá aumentó el uso del transporte público y se cultivaron los llamados “huertos de la victoria”. Y aún hoy sacrificamos nuestro bienestar cuando nos lo piden en nombre de la austeridad y del crecimiento económico (reducción de pensiones, aumento de la edad de jubilación, pérdida de derechos laborales, reducción de las prestaciones públicas… o cosas como salvar las autopistas en España).
“Estamos atascados porque las acciones que nos ofrecerían las mejores posibilidades de eludir la catástrofe –y que beneficiarían a la inmensa mayoría de la población humana– son sumamente amenazadoras para una élite minoritaria que mantiene un particular dominio sobre nuestra economía, nuestro proceso político y la mayoría de nuestros principales medios de comunicación”. Y esto se demuestra en lo que llama los “tres pilares de las políticas de esta nueva era“: “privatización del sector público, desregulación del sector privado y reducción de la presión fiscal a las empresas” (o permitir que defrauden en paraísos fiscales).
Todo esto demuestra que “nuestra economía está en guerra con múltiples formas de vida sobre la Tierra, incluida la humana”, pero “podemos transformar nuestra economía”. Estamos ante una “dura elección: permitir que las alteraciones del clima lo cambien todo en nuestro mundo o modificar la práctica totalidad de nuestra economía”. La autora dice que “el cambio climático es una batalla entre el capitalismo y el planeta (…) y el capitalismo la está ganando”: Más que esperar nuevas tecnologías, “tenemos que pensar de manera distinta” y aplicar las tecnologías que ya tenemos.
Los alces de Canadá están muriendo envenenados por beber agua contaminada por las toxinas de las arenas bituminosas de la industria de las energías sucias (Shell). Este es sólo un ejemplo de los millones que se podrían poner. Si queremos preservar nuestro planeta “tendremos que renunciar a ciertos lujos”. Ello conllevaría la desaparición de industrias enteras. Veremos desastres “hagamos lo que hagamos”. Aún así no es demasiado tarde para evitar lo peor.
Psicología del cambio climático
Diversos estudios sostienen que la ideología o «cosmovisión» personal influye en la opinión sobre el cambio climático más que ninguna otra cosa (más que la edad, la etnia, el nivel educativo o la afiliación a un partido). Así, las personas con cosmovisiones «igualitaristas» (caracterizadas por la inclinación hacia la acción colectiva y la preocupación por la desigualdad y la justicia social) aceptan el consenso científico sobre el cambio climático. Por el contrario, las personas que tienen visiones del mundo «jerárquicas» e «individualistas» (marcadas por su oposición a la ayuda a las minorías y a la pobreza, apoyo fuerte a la empresa privada y convencidos de que todos tenemos más o menos lo que nos merecemos) rechazan ese mismo consenso científico.
Dan Kahan, profesor en Yale, llama «cognición cultural» al proceso por el que, con independencia de nuestras ideologías políticas, aceptamos una información nueva sólo si confirma nuestra visión, pero si supone una amenaza a nuestro sistema de creencias, entonces nuestro cerebro se pone de inmediato a producir “anticuerpos intelectuales destinados a repeler esa invasión”. Es decir, “siempre es más fácil negar la realidad que permitir que se haga añicos nuestra visión del mundo”. Y resulta que “algo tiene la cuestión del cambio climático que hace que ciertas personas se sientan muy amenazadas”.
Ejemplo de esto es que en las regiones más dependientes de la extracción de combustibles fósiles se niega más el cambio climático (independientemente de la ideología política, tanto en EE.UU. como en Canadá). Los mismos científicos sufren este efecto: Mientras el 97% de los científicos opina que una causa importante del cambio climático somos los humanos, ese porcentaje cae al 47% entre los científicos que se dedican a estudiar formaciones naturales para extraer sus recursos. “Todos nos sentimos inclinados a la negación cuando la verdad nos resulta demasiado costosa (emocional, intelectual o económicamente)”.
Upton Sinclair dijo: «¡Qué difícil es conseguir que un hombre comprenda algo cuando su sueldo depende de que no lo comprenda!».
Los negacionistas tienen razón en algo
El negacionismo climático (liderado por el Instituto Hertland, Koch Industries y Exxon-Mobil), sabe que admitir el cambio climático supone aceptar también que hay que planificar nuestras sociedades de otra forma, y eso implica que no podemos dejar las cosas a la libertad del mercado (como propugna el liberalismo). “Muchos negacionistas reconocen con toda franqueza que su desconfianza ante las tesis científicas sobre el tema creció a partir de un temor muy profundo a las catastróficas implicaciones políticas que tendría para ellos el hecho de que el cambio climático fuese real”. El cambio climático no supone el fin del mundo, pero reducir las emisiones como sugiere la ciencia sí sería “el fin de su mundo”. Y para algunos conservadores supone también una amenaza a su absurda creencia de que el hombre está aquí para someter y dominar el planeta (desmentida por el Papa Francisco por ejemplo) o de que que nuestras diferencias con otros animales no son sólo cuestión de grado (desmentido por múltiples evidencias y hasta por Darwin).
Lo curioso es que los negacionistas, como el Instituto Heartland, “están completamente equivocados en lo que respecta a la versión científica de los hechos, pero en lo referente a las consecuencias políticas y económicas de esos resultados científicos (…) no podrían tener los ojos más abiertos”. Casi todos los científicos que presentan sus trabajos en el Instituto Heartland están descaradamente “empapados en dólares del sector de los combustibles fósiles”. Algunos incluso, en vez de negarlo, buscan ventajas al cambio climático como afirmar que vendrán momentos muy duros para países que son amenazas para EE.UU.
Como también dijo Carl Sagan, las compañías de seguros están realmente asustadas con el cambio climático. Tienen hasta equipos de climatólogos para prepararse para los desastres. Sin embargo, no han presionado apenas para que se pongan en práctica políticas climáticas agresivas.
El cambio climático, que debería unirnos a la humanidad, podría también dividirnos más aún. “La razón real por la que no estamos reaccionando a la altura de lo que exige el momento climático actual es que las acciones requeridas para ello ponen directamente en cuestión nuestro paradigma económico dominante (capitalismo desregulado combinado con la austeridad en el sector público)”.
Promover el comercio local debe ser prioritario
En muchos países se están promoviendo acuerdos comerciales que impiden el desarrollo de la industria local. Este libro denuncia que la OMC ha interferido en muchas ocasiones para evitar acciones contra el cambio climático (en Canadá, por ejemplo) para favorecer los intereses del comercio. También se critica que la OMC nunca ha hecho nada para que las compañías de combustibles fósiles reciban menos subvenciones o que paguen algo por “el privilegio de tratar nuestra atmósfera compartida como un vertedero gratuito de sus residuos” (que muera gente parece ser irrelevante).
Klein apunta a unos culpables claros: “Si los países ricos consumiesen menos, todo el mundo estaría más seguro”. Y señala al sector alimentario como uno de los sectores clave, pues representa entre un 19 y un 29% de las emisiones mundiales de GEI (Gases de Efecto Invernadero). No es justo que los países sean sólo responsables de la contaminación que generan dentro de sus propias fronteras y no de la que se produce al fabricar bienes que se fabrican para llevarlos a su territorio. Además, la contaminación de los buques portacontenedores no se atribuyen formalmente a ningún país. “Cuando China se convirtió en la fábrica del mundo también pasó a ser la chimenea del mundo”. No hay control para que las multinacionales no abusen de la mano de obra en los países más pobres, ni los contaminen o exploten sus recursos naturales: “Cuando las fábricas se marcharon hacia China, también se volvieron acusadamente más sucias”. “La explotación de los trabajadores y la del planeta forman, por lo que parece, un pack de oferta: dos por el precio de uno”.
Ilana Solomon, analista para el Sierra Club, decía que tenemos que “reflexionar sobre qué estamos comprando y cómo lo estamos haciendo, y sobre cómo se produce lo que compramos”. Pero Klein sugiere que “el hecho de que el clima de la Tierra cambie hasta extremos caóticos y desastrosos es más fácil de aceptar que la idea de transformar la lógica fundamental del capitalismo, fundado sobre el crecimiento”. Si esperamos que la tecnología lo arregle todo avanzaremos poco y tarde. Lo urgente es “consumir menos, desde ya”, pero para los políticos resulta difícil animar a la población a consumir menos. Aunque hay mucha gente que intenta reducir su consumo, no podemos permitir que todo dependa de un grupo de urbanitas concienciados. Necesitamos que las opciones bajas en carbono sean accesibles para todos, transportes públicos baratos, viviendas asequibles y de elevada eficiencia, fomento de la bicicleta… y todas las clásicas demandas ecologistas que hasta el Papa Francisco ha apoyado tan claramente. Y resulta gratificante que esas políticas, además de reducir los GEI, fomenten el fortalecimiento de las comunidades locales, aire y agua más limpios, reducción de la desigualdad, etc.
Klein también pide una “reordenación” del PIB, para que no sea una medida tan nefasta del desarrollo de un país. También propone: aumentar los “impuestos sobre el lujo” (ya que los ricos consumen y contaminan más), jornadas laborales más cortas, una renta básica (para compensar el hecho de que “el sistema no puede facilitar puestos de trabajo para todos”), “regulación estricta de la actividad empresarial”, “dar marcha atrás en privatizaciones de empresas y servicios fundamentales” y garantizar “que todo el mundo tiene cubiertas sus necesidades básicas: sanidad, educación, alimento y agua limpia”. En definitiva, “las medidas que debemos tomar (…) chocan frontalmente a todos los niveles con la ortodoxia económica”.
Defendiendo lo público se cuida del bien común
Más de 200 regiones en Alemania (como Hamburgo) han decidido devolver al control municipal sus redes de electricidad, gas y calefacción. Resulta interesante constatar que “existe una relación clara y manifiesta entre la propiedad pública y la facilidad de las comunidades locales para abandonar la energía sucia”. Pero además, es que esa energía sucia, que beneficia sólo a empresas privadas, es muy inestable en precio y suministro.
Privar de recursos al sector público (la mal llamada “austeridad”) choca con la realidad del calentamiento climático y la toma de decisiones importantes para todos, especialmente para los más vulnerables. En EE.UU., es común el “racismo medioambiental”, por el que las industrias tóxicas instalan sus fábricas y sus almacenes de residuos contaminantes en zonas donde viven personas de color.
Ya en 1979, el presidente estadounidense Jimmy Carter, instó a los americanos a reducir su consumismo: «Cualquier acto de ahorro de energía es algo más que de sentido común: yo os digo que es un acto de patriotismo». Sin embargo, algunos consideran que ese discurso fue una de las razones por las que Carter perdió las siguientes elecciones ante Reagan. Hoy, posiblemente, “cualquier político que pida al electorado que se sacrifique para resolver una crisis medioambiental se estará embarcando en una misión suicida”. Pero el problema no es económico: “el problema es que nuestra clase política no tiene voluntad alguna de buscar el dinero”.
El cambio necesario
El libro nos cuenta casos como el de una fábrica de recambios para coches de Ontario que, cuando cerró por la crisis, fue reabierta por los empleados para producir equipos de energía solar. A los que dicen que esta conversión es cara hay que decirles que más caro será no hacerla. Además, Klein dice que los bancos que fueron rescatados deberían ser los encargados de financiar ese tipo de cambios, para devolver el favor a la ciudadanía.
Esa transición necesaria será un gran generador de empleo si se hace bien. Se trata de generar empleo sostenible aunque a veces sea necesario nacionalizar servicios básicos. Un sondeo británico reveló que una mayoría apoya la nacionalización de la energía y el ferrocarril. Pone el ejemplo de Alemania, donde la mitad de las instalaciones de energía renovable están en manos de agricultores, organizaciones ciudadanas y unas 900 cooperativas energéticas. También Dinamarca va en esa línea. España también.
La agricultura es un sector esencial, y no sólo por sus altas emisiones contaminantes, sino porque puede contribuir a disminuir la pobreza y ayudar a la autosuficiencia, además de que “los métodos agroecológicos superan en rendimiento al uso de fertilizantes químicos” en entornos desfavorables. Pero el hambre lo provoca la pobreza y no la falta de comida.
También se repasa el desastre del fracking o de las arenas bituminosas, que en Alberta están destrozando grandes extensiones: “La tierra, despellejada viva”, emitiendo además entre 3 y 4 más GEI (especialmente metano y CO2) que el petróleo convencional. Por tanto, concluye que “la necesidad de que recortemos nuestras emisiones radicalmente no es compatible con la continuidad de una de las más lucrativas industrias del mundo” (la de los combustibles fósiles). Aunque el estado de Noruega es propietario de una de las empresas que está desgarrando el área de las arenas bituminosas de Alberta, también hace cosas bien: Estocolmo tiene un 74% de residentes que van a sus trabajos a pie, en bicicleta o en transporte público.
Critica también el fenómeno de las Puertas Giratorias (que no sólo ocurre en España, sino también en EE.UU., Reino Unido…) y el “capitalismo desregulado”. El “libre comercio (…) ha sido exactamente la carrera hacia el abismo que tantos alertaban que seria”. Pero Klein levanta una bandera de optimismo: “El cambio climático confronta lo que el planeta necesita para mantener la estabilidad con lo que nuestro modelo económico necesita para sostenerse a sí mismo”. Miya Yoshitani dijo también: “Estamos todos unidos en esta batalla, que no es una batalla solamente para conseguir una reducción de las partes por millón de CO2 en la atmósfera, sino también por transformar nuestras economías y reconstruir un mundo que queremos hoy”. Pensemos también que “las migraciones humanas están cada vez más vinculadas al clima”.
Klein también critica a la ciudadanía en general cuando dice, por ejemplo, que los manifestantes que salen a las calles para protestar por los fallos del sistema, olvidan el cambio climático, cuando éste “podría representar el verdadero golpe de gracia para esas estructuras que denuncian”. La misma crítica va también para políticos como Alexis Tsipras que, a pesar de ser de izquierdas, no aprovechan el cambio climático para impulsar sus demandas.
Extractivismo: Extraer recursos de la Naturaleza como si fuera infinita
En el siglo XVIII se empezó “a tratar la atmósfera como si fuera un vertedero”, pero no es sólo de la atmósfera de lo que hemos abusado. Klein cuenta el dramático caso de la isla de Nauru donde sus minas de fosfato de calcio han sido explotadas como abono, hasta destrozar la isla y hacerla prácticamente yerma. Luego, se convirtió en paraíso fiscal. “Pocos lugares en la Tierra encarnan más gráficamente que Nauru los resultados suicidas de haber basado nuestras economías en la extracción contaminante”. Por último, Nauru cobra para que Australia lleve allí a sus inmigrantes y sobrevivan en tan mal estado que ha sido denunciado por Amnistía Internacional.
Francis Bacon dio permiso para “acosar a la naturaleza” y James Watt inventó la máquina de vapor que aumentó el poder para hacerlo. Pero ya hoy eso debería estar superado. Los combustibles fósiles destruyen la vida en todas partes. “Cuando se deja en su sitio, el carbón es muy útil, porque mantiene capturado no solo el carbono que las plantas sustrajeron del aire millones de años atrás, sino también toda clase de toxinas adicionales”. Y por eso Klein pide que dejemos de ser “una sociedad de ladrones de tumbas”.
El Club de Roma publicó “Los límites del crecimiento” (1972) y sus advertencias se están cumpliendo casi completamente, pero donde más acertó fue en los límites de los “sumideros”. Es decir, el ser humano no ha encontrado cómo ampliar la capacidad de la Tierra para absorber la contaminación.
Klein critica a algunas organizaciones ecologistas en EEUU que realmente no están interesadas en la conservación de la biodiversidad y cita varios casos, como el de la organización Nature Conservancy que, por ejemplo, extrajo petróleo de una zona que custodiaba para la conservación del pollo de las praderas de Attwater, llevándolo a su extinción en dichos terrenos. También denuncia, como hizo Galeano, que en este «mundo al revés» “el sector de los combustibles fósiles son invitados a las cumbres del clima de la ONU en calidad de «socios» clave”. Es cierto que EE.UU. y casi todos los países han aprobado muchas leyes ambientales, pero la realidad demuestra que no han sido suficientes. Algunas empresas gastan más dinero en promocionar el Día de la Tierra que en reformar sus actividades a fondo. Por otra parte, el comercio internacional de derechos de emisiones ha sido un fracaso estrepitoso y así lo demuestran algunos de los ejemplos que se incluyen en el libro, como una empresa india cuyo 93% de ingresos procedía de la venta de créditos de carbono, empresas que fabrican potentes gases GEI para luego cobrar por reducirlos, campesinos e indígenas que no pueden usar los bosques porque son sumideros de carbono, bosques que permiten que se contamine más en otra parte, técnicas para que las empresas que contaminan ganen más, etc.
Soluciones demasiado simples: La «ignorancia arrogante» (hibris)
Muchos millonarios se han propuesto salvar el planeta, como Jeremy Grantham, Warren Buffett, Michael Boomberg, Bill Gates, Tom Steyer y T. Boone Pickens. Pero todos ellos lo han hecho de forma superficial e interesada, incluso invirtiendo en el sector del petróleo a la vez. Un caso paradigmático es el de Richard Branson, magnate de las aerolíneas Virgin, que anunció que dedicaría sus beneficios a la lucha contra el cambio climático, pero cuyo objetivo parece ser más bien retrasar las medidas regulatorias anti-cambio climático. Su éxito consiste en haber conseguido que vuele más gente que antes, y con la conciencia tranquila pensando que dicha compañía hace algo para mitigar el cambio climático. ¿Será Leonardo DiCaprio otro farsante?
Para Klein, pensar que el capitalismo, y solo el capitalismo, puede salvar al mundo es claramente absurdo, y esos bienintencionados magnates sólo están explotando nuestra infundada creencia de que la tecnología va a salvarnos del gran problema que ella misma ha creado.
La geoingeniería pretende dar soluciones simples para el gran problema del cambio climático, incluyendo ideas tan extrañas o descabelladas como fertilizar los océanos para que asuman más carbono, recubrir desiertos con sábanas blancas, poner espejos en órbita, tapar el sol (GRS/SRM) echando, por ejemplo, gases sulfurosos en la atmósfera (Opción Pinatubo)… Pero es imposible validar esas ideas, ni probarlas, ni implementarlas a la escala necesaria. Además, esas ideas no contribuyen a cambiar la causa raíz, sino que se limitan a tratar un único síntoma, sin tener en cuenta los efectos secundarios: acidificación de océanos, la imprevisible reacción de la biosfera… y hasta cambios climáticos peores que sin GRS, como la alteración de precipitaciones que arriesgarían el alimento de millones de humanos. Por otra parte, esas soluciones harían ganar mucho dinero a algunos de esos ideólogos. Entre los detractores están, por citar algunos, Greenpeace, Sallie Chisholm, Alan Robock, o Vandana Shiva, quien afirma que los métodos agroecológicos permitirían capturar grandes cantidades de carbono, reducirían las emisiones y potenciarían la seguridad alimentaria.
Blockadia: Los pueblos bloqueando grandes compañías fósiles
Las compañías de combustibles fósiles o las empresas mineras se están encontrando cada vez con más oposición a todos sus proyectos (almacenamiento de gas, prospecciones, extracciones, fracking,minas de uranio, de oro, de cobre…). En muchos casos, esta oposición es de pueblos que no se dejan sobornar porque defienden su forma de vida tradicional, que al ser ajena a la extracción no depende de esos sucios negocios.
Esta férrea oposición a las compañías extractivas se ha visto y se está viendo por todo el planeta. El libro repasa algunos casos en Grecia, Rumanía, Canadá, Reino Unido, Rusia (contando el caso de los activistas de Greenpeace detenidos), Australia, China, EE.UU., Francia… aunque uno de sus mayores orígenes fue en Nigeria contra la empresa Shell, en la que se llegaron a ahorcar legalmente a los ecologistas que se opusieron. Aún hoy, en el delta del Níger, se vierte cada año una marea negra como la del Exxon Valdez, envenenando peces, animales terrestres y personas. Ante tanta injusticia, el vandalismo contra los oleoductos no cesa. El pueblo ogoni y el ijaw no dejan de sufrir las consecuencias de un gobierno corrupto y una empresa extranjera, Shell, que se lleva sus recursos naturales porque en los países ricos siguen repostando en sus gasolineras sin enterarse de las consecuencias.
Un caso muy llamativo es el del oleoducto Keystone XL entre Canadá y EE.UU., para dar salida a las altamente contaminantes arenas bituminosas de Alberta. Miles de aves han muerto allí al posarse en las inmensas balsas de desecho tóxico. Tantas aves mueren que se ven obligados a disparar unos cañonazos cada pocos minutos para espantar a las pobres aves migratorias que buscan lo que otrora fue un bosque. Por supuesto, esas balsas no son perfectas y tienen escapes y filtraciones. “Los médicos tienen miedo cuando se trata de diagnosticar afecciones relacionadas con la industria del petróleo y el gas”, declara un médico canadiense de la zona. Esas balsas proceden del inmenso consumo de agua que requiere este tipo de minería (2.3 barriles de agua por cada barril de petróleo, mientras que el crudo convencional requiere hasta 0.3 barriles). El fracking requiere aún más cantidad de agua y una vez utilizada queda tóxica y radiactiva.
La industria extractiva nunca ha sido segura y siempre ha precisado zonas de sacrificio para contaminarlas, cuando no se trata de contaminar la atmósfera. Los que sufren más la contaminación son, no por casualidad, los más pobres. Pero resulta que “ahora todos estamos en la zona de sacrificio” y los riesgos de hoy son “sustancialmente más elevados” que los de antes, debido a que ya sólo quedan los yacimientos más costosos, más profundos y en zonas más valiosas. El desastre de BP en el golfo de México (más de tres meses manando petróleo) o el vertido por la rotura de un oleoducto en Michigan (el mayor vertido en tierra de EE.UU.) son pruebas de ello y de que las industrias fósiles prefieren ganar más dinero a costa de aumentar los riesgos para otros, sostiene Naomi Klein, quien también denuncia la corrupción en EE.UU. a la hora de controlar a este tipo de industrias.
En algunas zonas, las empresas que envenenan consiguen más poder, ya que los únicos empleos son precisamente en la industria que envenena sus tierras (y hasta esos empleos son de mala calidad, aunque estén bien pagados). Pero en otras zonas, donde hay más diversidad empresarial y laboral, hay “personas dispuestas a pelear muy duro por proteger modos de vida que consideran intrínsecamente incompatibles con la extracción tóxica”. Klein dice que “cuando aquello por lo que se lucha es una identidad, una cultura, un lugar querido […] nada pueden ofrecer las empresas como contrapartida”.
Los éxitos son insuficientes, pero muy importantes. Francia, por ejemplo, gracias a las protestas ha aprobado una moratoria nacional contra la fracturación hidráulica o fracking. También hay moratorias en Bulgaria, Países Bajos, Chequia, Sudáfrica y algunos estados de EE.UU. Además, este último país ha descendido su producción eléctrica con carbón por la presión ciudadana, entre otros motivos. Costa Rica ha prohibido la minería a cielo abierto en todo el país. India tiene centrales térmicas a medio construir porque se paralizó su construcción ante las protestas. En China también se han paralizado centrales de carbón por las protestas, pues allí la contaminación es espectacular y supone un experimento de lo que ocurre cuando es el progreso lo que más importa: Pekín alcanza a veces los 671 microgramos de partículas en suspensión (las PM2.5) cuando la OMS fija el límite máximo en 25. Las actividades al aire libre se suspenden si se superan los 450.
Otra batalla con gran éxito es la de la desinversión, apoyada por la organización 350.org, por la que se pretende que todo tipo de organizaciones y fondos de inversión dejen de apoyar a las industrias de los combustibles fósiles. El Banco Mundial ha anunciado que no apoyará más proyectos de prospección o extracción de carbón y hay miles de organizaciones más que ya están retirando su apoyo y su dinero a las industrias sucias.
A veces, cuando una empresa no puede extraer el combustible por un cambio en la legislación, alega cláusulas de protección de los inversores de acuerdos de libre comercio. Pero estas demandas tienen el poder que los gobiernos quieran, pues ninguna empresa puede interferir en la libertad de un pueblo en defender su territorio de la degradación ambiental. El problema no son los acuerdos comerciales sino los gobiernos que no defienden correctamente el bien común. No obstante, Klein afirma que esos acuerdos comerciales tienen hoy mayor debate público que antes, como lo demuestra el caso del TTIP en Europa. Pero hay que estar muy atentos, porque si nos descuidamos, los intereses del capital financiero y de la industria energética estarán por delante del bien común: Un claro ejemplo es España, donde los bancos son empresas privilegiadas y las industrias energéticas dictan las leyes.
Cuando fallan los gobiernos nacionales y los organismos internacionales, muchos ayuntamientos se deciden a actuar en la acción climática. Son las llamadas «comunidades de transición» nacidas en Totnes (Reino Unido), que pretenden actuar en lo local para conseguir un cambio hacia economías de bajo carbono.
¿Derechos para los pueblos indígenas?
En Canadá y en otros muchos países, los indígenas no han cedido nunca sus tierras para su explotación petrolera. Como mucho, han aceptado compartirlas mientras no se socaven sus derechos a vivir, pescar, recolectar… pero no se puede compartir “si una de las partes se dedica a alterar irrevocablemente y a envenenar esa tierra compartida“.
Algunos de los pueblos indígenas amenazados por la sed de petróleo son los haida, los nez percé, los cheyenes, los lummi, los ogoni, los ijaw, los lakota, los tunebos, los chipewyan (ayudados por el rockero Neil Young del acoso de Shell), los tsilhquot’in, los cree del lago Beaver (“las personas más marginadas de mi país”, Canadá, en palabras de Klein)… Muchos pueblos indígenas carecen de recursos para que se respeten sus derechos, aunque los tengan claramente otorgados. En 2007 se firmó la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los únicos países que votaron inicialmente en contra fueron Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Finalmente, aceptaron esa declaración que proclama que los «pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente», así como a la reparación de las tierras confiscadas, ocupadas o dañadas. Que la incidencia de cáncer suba en todas las tribus canadienses afectadas por las arenas bituminosas no parece hacer desistir a la petrolera Shell.
“Mientras los abogados argumentan y debaten en los tribunales sobre las complejidades de la titularidad de la propiedad de la tierra, las sierras mecánicas siguen talando árboles que son cuatro veces más viejos que nuestros países, y los fluidos tóxicos de la fracturación hidráulica continúan filtrándose hacia las aguas subterráneas”.
Las energías renovables son “no extractivas” en dos sentidos: El veneno y el carbono no se extraen del subsuelo y el dinero no se extrae de la comunidad (las petroleras extraen recursos de un sitio y extraen el dinero de otro).
Ecuador (y los cheyenes de norteamérica) ha pedido ser compensado por mantener sus combustibles fósiles en el subsuelo porque «la manera más directa de reducir emisiones de CO2 es dejando los combustibles fósiles en el subsuelo donde ya están» (en palabras de Esperanza Martínez, de Acción Ecológica). Esto es lo que se conoce como «deuda climática» reconocida (al menos indirectamente) en la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático indicando que hay unas «responsabilidades comunes pero diferenciadas» ya que los países que más han contaminado deben ser los primeros en reducir sus emisiones.
Al hablar de «deuda climática» muchos habitantes de los países ricos argumentan que no son responsables de lo que hicieron sus antepasados. Sunita Narain, directora general del Centre for Science and Environment, responde claramente: «Vuestra riqueza actual guarda relación con cómo la sociedad ha explotado la naturaleza» (ya dijo De Jouvenel que nuestra riqueza procede de explotar la Naturaleza). Naomi Klein concluye: “Los países ricos no solo tienen que ayudar al Sur Global a encaminarse por una senda económica de bajas emisiones porque eso sea lo correcto, sino que necesitamos hacerlo así porque de ello depende nuestra supervivencia colectiva”. Y por supuesto, añade que igual que haber sufrido un atraco no da derecho a atracar, tampoco hay fundado derecho a contaminar por parte de los países pobres. Por tanto, es evidente que los ricos deben ayudar a los pobres a conseguir un desarrollo más limpio. Esto traerá mayor bienestar y empleo, lo que evitaría las enormes tasas de inmigración que hay y que, si no lo remediamos, habrá.
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Conclusiones
Naomi Klein asegura que no se tienen en consideración suficientemente los efectos de tanta contaminación sobre la fertilidad y sobre los animales no adultos, incluyendo niños. Por ejemplo, en zonas de fracking aumentan las probabilidades de problemas cardíacos en bebés, abortos involuntarios, altos niveles de PCB… El caso de Mossville es tristemente famoso por el “racismo medioambiental”: La población pobre debe soportar altos niveles de contaminación de las industrias petroquímicas con frecuentes vertidos y explosiones. En Mossville son frecuentes las enfermedades respiratorias, el cáncer, defectos de nacimiento y las histerectomías en mujeres.
El informe de BP antes del desastre del golfo de México es de risa: por ejemplo, suponía que los moluscos sobrevivirían a un desastre huyendo o que supondría poco estrés para los mamíferos. El desastre demostró que nada puede restituir lo perdido: millones de larvas y los bebés de delfín murieron… La acidificación de los océanos hace que las larvas de ostras no puedan formar sus caparazones y mueran, y herbicidas como la atrazina afecta directamente a la esterilidad en anfibios, junto con defectos congénitos y abortos espontáneos en humanos, sin contar la amenaza sobre las abejas.
Pero sabemos hacer las cosas mejor. Ecuador, por ejemplo, en su constitución de 2008 reconoció a la naturaleza o Pachamama el derecho a que se respeten su existencia y sus ciclos vitales (art. 71). En las luchas contra el extractivismo hay un arma secreta: la unión heterogénea hace una gran fuerza: indígenas y no indígenas, jóvenes y mayores… todos unidos en una causa común.
Los cambios que hacen falta son importantes, pero tenemos experiencia. Los cambios sociales de los siglos XIX y XX, por ejemplo, supusieron un cambio profundo en la cultura dominante (cambios en los derechos civiles, de las mujeres, de los homosexuales, de grupos étnicos como el caso del apartheid de Sudáfrica o el racismo en EE.UU., pero también la instauración de la Seguridad Social o el seguro de desempleo). La abolición de la esclavitud obligó a ciertas élites a renunciar a prácticas que les resultaban muy lucrativas (tanto como la extracción de combustibles fósiles hoy en día). Pensemos por ejemplo, que en el siglo XVIII los negocios más lucrativos del imperio británico se basaban en la esclavitud (plantaciones de azúcar del Caribe, compra/venta de esclavos…) y en EE.UU. “la esclavitud fue el eje sobre el que giró la revolución mercantil”.
Naomi Klein es consciente de que hay que cambiar la cosmovisión global, lo que nos decimos del mundo y de nosotros. Y eso no es fácil, pero es posible y para ello propone no aspirar simplemente a cambiar leyes, sino a modificar pautas de pensamiento. Por ejemplo, dice que pedir un impuesto sobre el carbono puede ser menos útil que reivindicar una renta mínima garantizada, porque ésto segundo abre el debate sobre los valores y “sobre lo que nos debemos unos a otros sobre la base de nuestra condición humana”. Y sentencia que “tendremos que comenzar a creer de nuevo que los seres humanos no somos irremediablemente egoístas y codiciosos (que es la imagen de nosotros mismos que se nos ha vendido)“.
Muchas veces se plantea si frenar a las compañías de combustibles fósiles tiene influencia en el PIB, pero lo importante es pensar si el crecimiento económico tiene alguna importancia cuando el planeta esté convulsionado. Son las compañías las que tienen que demostrar que sus acciones y sus técnicas son seguras. Y nosotros debemos exigirlo, porque “nadie va a venir a salvarnos de esta crisis” y “la ideología del libre mercado ha quedado desacreditada tras décadas de desigualdad y corrupción crecientes”.
Mientras cerrábamos el número 110 de la revista de La Marea, la policía migratoria de Donald Trump tiroteó al enfermero Alex Pretti en Minneapolis. Unos días antes, el ICE había matado ya a Renée Good. Las acciones del presidente de EE. UU. y la inacción de la comunidad internacional están dejando sin palabras a una sociedad que, paradójicamente, mira cada vez más a los líderes ultras. Lo hemos visto en Chile recientemente o, más cerca aún, en Portugal. En España, Ayuso se mueve con soltura y las encuestas pronostican también una amplia subida de Vox. Lo peor es que no es nuevo –ya buscamos en estas mismas páginas hace diez años antídotos de izquierdas–. Y lo aún peor es que va a más.
Ahí tenemos siempre al Carnaval de Cádiz cantando las mejores crónicas: «Mamá, perdóname, pero yo de mayor quiero ser un fascista». En el dossier de nuestra última revista (con portada de Candela Sierra, premio Nacional de Cómic 2025) tratamos de dar respuesta a todas estas cuestiones, qué lleva a la clase obrera a votar políticas en contra de sus propios intereses. ¿Por qué hay cada vez más obreros de derechas o, como dice el pasodoble de Los hijos de Cádiz, más fascistas modernos? Por un lado, en un reportaje firmado por Guillermo Martínez, contamos con los testimonios de trabajadores y trabajadoras forjados en la izquierda que han terminado virando su voto en los últimos tiempos hacia opciones como Vox. Y, por otro, con entrevistas y análisis de especialistas (Pablo Batalla, Patricia Simón, Sebastiaan Faber, Olivia Carballar, Jorge Dioni López, Barbara Celis, Antonio Avendaño…) que interpretan las causas más profundas del contexto global en el que estamos inmersos. La conciencia de clase ya no es un factor clave en la elección del voto, avisan. Y ridiculizarlos tampoco es la solución.
Y además…
En este número también nos hemos desplazado a la frontera entre Venezuela y Colombia para tomar el pulso a la doctrina Donroe, ese nuevo viejo orden impuesto desde la Casa Blanca y que sitúa a América Latina, con ánimos redoblados, como su «patio trasero».
Entrevistamos a Hernán Zin, cineasta y reportero con 20 años de experiencia en conflictos armados. Su última película, nominada al Goya, es el documental Todos somos Gaza. Es la segunda parte de Nacido en Gaza (2014) y en ella sigue los pasos, en mitad del genocidio, de tres de los niños (ya adultos) que aparecían en la primera entrega.
Fieles a nuestra agenda, seguimos cerca del Sáhara Occidental. En esta ocasión nos acercamos a una paradójica realidad: alejados de su mar y de uno de los bancos de pesca más importantes del mundo, el pueblo saharaui cría pescado fresco en una piscifactoría situada en mitad del desierto, cerca de los campamentos de personas refugiadas de Tinduf (Argelia).
Sin perder de vista la actualidad, tras el trágico accidente de Adamuz y el de Rodalies en Barcelona, ponemos el foco en el impacto que tiene el cambio climático sobre las infraestructuras dedicadas a la movilidad.
Por su parte, nuestro compañero Eduardo Robaina, coordinador de Climática, nos explica qué es y cómo nos afecta la calima, el polvo en suspensión procedente del desierto. En torno a este fenómeno meteorológico ha publicado un foto-libro con imágenes espectaculares.
Y Bob Pop nos presenta a Víctor, alguien verdaderamente fascinante: recoge ropa de la basura y la reutiliza, con un ojo excelente para combinar prendas y un discurso político muy potente contra la moda del usar y tirar.
Que no falte la cultura
Como siempre, llevamos temas muy interesantes en nuestra sección cultural, El Periscopio, que en esta ocasión cuenta con una preciosa portada diseñada por Sara Betula (sí, ahora que abundan las ilustraciones instantáneas generadas por IA, nosotras seguimos apostando, más que nunca, por las manos humanas).
Entrevistamos a la canadiense Sophie Deraspe, directora de Hasta la montaña, un bucólico alegato contra las prisas y las pantallitas que nos amargan la existencia. Analizamos el papel subalterno de las mujeres en las películas de romanos. Y publicamos fragmentos del diario personal de la artista Marta Cárdenas.
Como veis, la revista de enero-marzo viene cargada de temas actuales, profundos y sugestivos.
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El año empezaba con el Gobierno sirio bombardeando los enclaves kurdos de Sheikh Maqsoud y Ashrafiyeh, en el norte de Alepo, la segunda ciudad en importancia tras la capital. Los combates, que habían comenzado el 6 de enero, provocaron el desplazamiento forzado de más de 200.000 personas.
Tras esa primera victoria ante los kurdos, el gobierno ha lanzado una rápida ofensiva al este del Éufrates que está poniendo contra las cuerdas a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) —alianza multiétnica compuesta primordialmente por kurdos, pero también por árabes, asirios, armenios, turcomanos y yazidíes— y poniendo en riesgo a la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), conocida como Rojava, donde viene existiendo desde 2014 una particular estructura de autogobierno y de democracia directa sobre las bases del confederalismo democrático, que además se había convertido en refugio para miles de yazidíes y otras minorías étnicas y religiosas que huían de las masacres perpetradas por el Estado Islámico (ISIS) en Irak y Siria.
El punto de partida de los últimos acontecimientos en el agitado avispero sirio se habría formalizado en París los días 5 y 6 de enero, en una reunión en la que Siria e Israel habrían acordado un mecanismo de comunicación conjunto bajo la supervisión de Estados Unidos, dentro de un plan más extenso de recomposición geoestratégica para la zona.
Esos mismos días habría estado también en París el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, poniendo en evidencia el interés de Turquía en acabar con el experimento en el noreste de Siria, en lo que Ankara considera la «amenaza kurda» de sus fronteras. De hecho, Turquía ya invadió el enclave sirio de Afrin en 2018, y suele lanzar con cierta asiduidad ataques con drones contra territorio de la Administración autónoma.
Y el 9 de enero, mientras todavía se producían combates en Alepo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reunían en Damasco con el presidente de transición de Siria, Ahmed al Sharaa, en un primer viaje oficial de dirigentes de la UE al país desde la caída de Bashar al Assad, y anunciaban un paquete de ayudas de 620 millones de euros para la «recuperación y reconstrucción» durante los años 2026 y 2027. El encuentro suponía otro paso significativo en la normalización del régimen sirio, tras la recepción de Al Sharaa en la Casa Blanca el pasado noviembre.
De comandante de Al Qaeda a presidente reconocido internacionalmente
Ahmed al Sharaa —Abu Mohamed al-Golani es su nombre de guerra—, excomandante de Hayat Tahrir al Sham (HTS), la rama siria de Al Qaeda hasta 2016, era considerado terrorista por el gobierno de EE. UU. hace menos de un año, y contaba con una orden de búsqueda y captura valorada en 10 millones de dólares. Tras la caída de Al Assad, el Gobierno norteamericano se dio prisa en eliminar la amenaza oficialmente, levantar la mayoría de las sanciones económicas en junio y, poco después, eliminar a HTS de su lista de organizaciones terroristas. Al Sharaa había pasado en pocos meses de ser un peligroso terrorista islamista a convertirse, en el particular lenguaje de Trump, en «un joven atractivo, un tipo duro con un pasado turbulento, un luchador (…) que está haciendo un excelente trabajo».
Pronto, la mayoría de gobiernos occidentales seguirían los mismos pasos, levantando sanciones, eliminando a HTS de las listas de terroristas y validando internacionalmente el nuevo régimen sirio. Desde entonces, y pese a que sus actuaciones generan no pocas sombras en cuanto al respeto a las minorías y los derechos humanos —masacres contra la minoría alauita en la costa mediterránea o la drusa en la región de Sueida; todo ello dentro de una política de contribución a la «unidad social de Siria»—, Al Sharaa se desempeña como presidente interino de Siria reconocido internacionalmente.
Con el nuevo equilibrio de poder en Siria y un gobierno prooccidental en Damasco, los intereses estratégicos estadounidenses han cambiado radicalmente y Washington ha comenzado a dar la espalda a sus aliados tradicionales en la zona, sometiendo ahora a los kurdos a una enorme presión política, militar y económica para obligarlos a la integración en el Estado central. Así lo expresaba recientemente Tom Barrack, enviado de Trump a la zona, afirmando que el propósito original de las FDS, a las que Estados Unidos apoyaba hasta ahora como aliado local que luchaba contra el ISIS, había expirado y ya no tenía «interés a largo plazo en retener su presencia en Siria».
Con la ofensiva iniciada hace dos semanas, que solo puede entenderse con el respaldo de Estados Unidos al Gobierno sirio, las fuerzas de la AANES han iniciado una rápida retirada de las zonas que controlaban junto al Éufrates, y especialmente de las ciudades de Raqqa —capital del califato yihadista hasta que fuera liberada en 2014 por las FDS— y Deir ez-Zor.
Según fuentes kurdas, las tribus árabes en el terreno, con las que las FDS habían mantenido buenas relaciones hasta el momento, habrían desertado y se habrían unido al ejército y las milicias islamistas fieles a Al Sharaa. El hecho tendría que ver con la reunión en Turquía, a finales de año, entre una delegación gubernamental y líderes tribales árabes para convencerlos de cooperar frente a sus hasta ahora aliados kurdos.
Tras la caída de las ciudades del Éufrates, el rápido avance del gobierno —que estaría apoyando Turquía con efectivos militares— ha llegado hasta el territorio de Rojava, epicentro del confederalismo democrático kurdo, partiendo la AANES en dos y amenazando la propia existencia de la administración autónoma y su estructura de autogobierno y de democracia directa.
Una experiencia de democracia radical
En medio de las tensiones que asaltan Oriente Medio, en el Kurdistán sirio se ha ido estructurando en estos últimos años una de las experiencias político-sociales más radicales y novedosas de la escena internacional: desde que en 2011, y en el contexto de la Primavera Siria, los kurdos se hicieran con el control de un amplio territorio al noreste del país conocido como Rojava, han ido poniendo en práctica un sistema de organización basado en el confederalismo democrático, síntesis del comunalismo planteado por el pensador y activista ecologista Murray Bookchin, las reflexiones de Immanuel Wallerstein y el oportuno tamiz del fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), Abdullah Öcalan, que habría pasado de un marxismo-leninismo de sus inicios a postulados más cercanos a las propuestas libertarias —no confundir con la perversión del término llevada a cabo por Milei en los últimos tiempos—.
La AANES se basa en un modelo de autoadministración para las diferentes comunidades que la integran a través de una serie de comunas y consejos organizados en diferentes niveles, y en los que el feminismo, el anticapitalismo, la lucha por el medio ambiente y el respeto por el multiculturalismo serían fundamentales.
La base legal de esta nueva forma organizativa es el denominado Contrato Social, que entró en funciones en enero de 2014; un texto constitucional que destaca la diversidad étnica y religiosa como base para la reorganización política y social de los pueblos bajo una forma no estatal, con principios de democracia directa, equilibrio ecológico y respeto al derecho de la mujer. En términos económicos, establece que los edificios, tierras y recursos naturales son públicos y deben ser administrados socialmente, a la vez que se promueve el cooperativismo.
Finalmente, uno de los aspectos más destacados de este proceso social es lo que se ha dado en llamar la «Revolución de las Mujeres», que implica su participación paritaria en todas las comunas y asambleas donde se toman las decisiones, lo que incluye la formación de su propio ejército, las Unidades Femeninas de Protección (YPJ, por sus siglas en kurdo), fundamentales en la lucha contra el Estado Islámico y la defensa de la administración autónoma.
Con Kobane a punto de ser rodeada, la AANES y el Movimiento por la Libertad del Kurdistán han hecho un llamamiento internacional a acudir en su apoyo —kurdos de países fronterizos estarían intentando acudir a la llamada— y apuestan por una resistencia total, recordando la lucha desesperada contra el Estado Islámico en 2014 y 2015, cuando no solo los combatientes de las Unidades de Protección Popular (YPG) y las YPJ fueron quienes derrotaron al ISIS, sino también el amplio apoyo internacional y las decenas de brigadistas llegados de otras partes del mundo. Con ese objetivo, este mismo fin de semana se han sucedido numerosas muestras de apoyo en ciudades latinoamericanas y europeas, entre ellas españolas como Madrid, Barcelona o Zaragoza.
Por su parte, el Gobierno sirio anunció un primer alto el fuego el 20 de enero, con el que daba cuatro días a las fuerzas kurdas para integrarse en el Estado central. También afirmaba haber llegado a un principio de acuerdo de 14 puntos y podría haber liberado presos del Estado Islámico de cárceles como la de Shaddadi, hasta ahora controlada por las FDS. Otras, como la de Hawl, seguirían bajo supervisión estadounidense.
Tras el fin de esa primera tregua de cuatro días, Damasco ha anunciado una nueva prórroga de dos semanas para permitir que los estadounidenses trasladen el resto de prisioneros del Estado Islámico a Irak. Mientras tanto, el Ejército Nacional Sirio y las milicias aliadas continúan enviando refuerzos al frente, solo posponiendo una inevitable ofensiva.
Se avecinan semanas decisivas para la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria y la continuidad de su novedosa experiencia de coexistencia multiétnica y multirreligiosa. Si las FDS ya desempeñaron un papel fundamental en la derrota del Estado Islámico en 2015, ahora se ven obligadas nuevamente a luchar por su supervivencia.
La ciudad de Mineápolis vuelve a ser el epicentro de la indignación nacional. Bajo un frío intenso, cientos de residentes se congregaban en el lugar donde el enfermero Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, fue abatido por agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La indignación aumenta al igual que las protestan por lo que consideran una toma de la ciudad demócrata por parte del Gobierno federal.
La muerte de Pretti, ocurrida este sábado poco después de las nueve de la mañana, se produce tan solo 17 días después que Renée Nicole Good, quien también tenía 37 años y falleciera en circunstancias similares a manos de agentes federales el pasado 7 de enero. Pretti, empleado del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU., no era un desconocido para el activismo local: había participado activamente en las protestas por el asesinato de Good y en las protestas por el asesinato de George Floyd antes de convertirse en la nueva víctima de un operativo de ICE.
El asesinato de Pretti trascendía las fronteras de Minnesota para convertirse en un clamor de indignación nacional. Este sábado, diversas estrellas de Hollywood aprovecharon su paso por la alfombra roja del Festival de Cine de Sundancepara denunciar el asesinato del enfermero estadounidense, elevando la presión mediática sobre el Gobierno de Estados Unidos.
Las imágenes de este nuevo asesinado del ICE circula por redes sociales, especialmente podemos ver análisis detallados en YouTube permitiendo así mostrar distintas perspectivas del incidente, al igual que sucedió con Renée Nicole Good, para así contradecir la narrativa del Gobierno.
La versión oficial: Las autoridades federales sostienen que Pretti obstaculizaba la operación, portaba una pistola y tenía la intención de «provocar una masacre», cuando las imágenes muestras que solo llevaba su móvil para grabar lo sucedido.
La evidencia ciudadana: Vídeos grabados por testigos oculares y analizados por distintos medios como muestran una secuencia distinta. En las imágenes se observa a Pretti auxiliando a una persona que había sido empujada por los agentes, sin que en ningún momento se aprecie que estuviera armado o representando una amenaza letal.
Análisis de la secuencia: Al igual que en el caso de Renée Good, el análisis detallado de los vídeos de testigos se ha convertido en el documento crucial para desmentir las acusaciones de «defensa propia» esgrimidas por el ICE.
Desde este observatorio, recordamos que el registro visual de los testigos oculares y de la ciudadanía activa es un derecho fundamental que permite la rendición de cuentas. La muerte de Pretti, un profesional de la salud dedicado a salvar vidas, subraya la urgencia de una investigación independiente, tal como ha vuelto a exigir el alcalde Jacob Frey ante la creciente presión en el Congreso.
El regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marcó el comienzo de una nueva era. Nuestro “mundo de ayer”, por decirlo con Stefan Zweig, ha terminado. Kaputt. Conviene darse cuenta lo antes posible. Hemos entrado en una nueva fase histórica, cuyas características son, naturalmente, aún inciertas. Intentaré esbozar sus contornos a partir de diez tesis.
1. El neoimperialismo sustituye al orden liberal global
El orden liberal global creado al final de la Segunda Guerra Mundial –frágil, perfectible, a menudo no respetado– es sustituido por una lógica imperial regida por una mezcla de ley de la selva –el más fuerte se impone– y reparto de zonas de influencia –se ha definido la nueva doctrina trumpista como “geopolítica hemisférica”– y un enfoque transaccional. Ucrania, Venezuela, Taiwán y Gaza lo demuestran. Probablemente sean solo el comienzo. El enfoque diplomático y el multilateralismo son cosa del pasado: a los organismos supranacionales como las Naciones Unidas ya no se les reconoce ninguna autoridad, ni siquiera formal. Ha llegado “la hora de los depredadores”, por citar a Giuliano da Empoli.
Make Colonialism Great Again es un eslogan que circula en los círculos MAGA
Si queremos hacer un paralelismo histórico, la nueva era se asemeja a la época del imperialismo de finales del siglo XIX: no por casualidad, Make Colonialism Great Again es un eslogan que circula en los círculos MAGA. En el caso de los Estados Unidos, sin embargo, se trataría de un hiperimperialismo, es decir, un nuevo tipo caracterizado por una hegemonía militarizada, coercitiva y tecnológicamente impuesta sobre el Sur Global debido a la fase de declive que atraviesa el Norte Global. Por lo tanto, no se trataría de un retorno a la época imperialista clásica ni al anterior orden westfaliano, sino más bien de la instauración de un sistema internacional “neomonárquico” estructurado por un pequeño grupo de élites hiperprivilegiadas que buscan legitimarse apelando a su excepcionalidad con el objetivo de crear nuevas jerarquías materiales y de estatus.
2. El neoliberalismo ha allanado el camino al nuevo autoritarismo
Los cimientos de la nueva era se están construyendo sobre las ruinas del neoliberalismo1. Hemos llegado a este punto tras tres décadas de hegemonía neoliberal que, a fuerza de golpes de piqueta y motosierra, ha derribado los muros de carga del edificio que con tanto esfuerzo se construyó después de 1945. En primer lugar, las políticas neoliberales –privatizaciones, precariedad laboral, reducción del gasto social, etc.– han debilitado el modelo de Estado del bienestar, aumentando las desigualdades y rompiendo la cohesión social. Todo ello, en segundo lugar, se ha visto reforzado por el hecho de que, como ideología, por muy “invisible” que sea, el neoliberalismo ha inculcado una serie de valores, como el individualismo exacerbado y la competitividad extrema hasta el punto de sellar una alianza con los sectores etnonacionalistas e identitarios de la derecha2. En tercer lugar, el concepto mismo de democracia ha sido vaciado de su componente social: la democracia formal –el respeto de (algunas) normas y procedimientos– ha sustituido a la democracia sustantiva, cuyo objetivo es la igualdad.
El poder efectivo se ha desplazado hacia las élites económicas, con la consiguiente configuración de un sistema posdemocrático
En cuarto lugar, en un contexto marcado por la globalización neoliberal, el poder efectivo se ha desplazado hacia las élites económicas, con la consiguiente configuración de un sistema posdemocrático, en el que los cuerpos intermedios –partidos, sindicatos, asociaciones de la sociedad civil– se han ido desmoronando poco a poco, la participación se ha evaporado y la personalización de la política, facilitada también por la transformación de los medios de comunicación, ha favorecido la aparición de fenómenos “populistas”3. Por último, las políticas neocons posteriores al 11-S de 2001 –guerra contra el terrorismo, invasiones de Afganistán, Irak, Libia– han erosionado el orden internacional, fracasando estrepitosamente en su intento de exportar la democracia liberal.
Como alertó Mark Lilla desde una perspectiva puramente estadounidense, al modelo rooseveltiano le sucedió a finales de los años setenta el modelo reaganiano que, aunque entró en declive con la Gran Recesión de 2008, hasta hace poco aún no había encontrado un sustituto4. En retrospectiva, el obamismo fue el último intento de mantener en pie un paradigma en declive, renovando solo su fachada, pero sin cambiar su esencia.
3. Los tecnoligarcas se apoderan del Estado
En la era del neoliberalismo triunfante, la connivencia entre el poder político y el poder económico ha sido evidente. Ha habido resistencias, más o menos fuertes según los países. Se ha mantenido (no siempre, todo sea dicho) una apariencia de respeto por las reglas del juego: las influencias de las élites económicas eran visibles, pero se intentaba (al menos un poco) disimularlas. En la nueva era, en cambio, lo que se quiere hacer, se hace y se dice, sin ocultarlo. Esto se aplica tanto a la geopolítica como a las relaciones con los poderes económicos.
La palabra “democracia” no aparece en los discursos de Trump, y no es ni de lejos uno de sus objetivos
Por un lado, Trump bombardea Caracas y arresta a Maduro para controlar directamente los pozos petrolíferos venezolanos: la palabra “democracia” no aparece en sus discursos y no es ni de lejos uno de sus objetivos, aunque fuese solo de fachada. Por otro lado, los robber barons del tercer milenio han establecido explícitamente una alianza estratégica con los nuevos líderes autoritarios: los tecnoligarcas de Silicon Valley no solo quieren llenarse los bolsillos de dinero, sino que, en primer lugar, defienden abiertamente proyectos autoritarios y antidemocráticos –nuevas monarquías absolutas eficientistas gobernadas por reyes-CEO, siguiendo el modelo de Qatar o Singapur, según las teorías de uno de sus principales intelectuales-cortesanos, Curtis Yarvin– y, en segundo lugar, quieren ser “intelectuales legisladores”, como afirma Evgeny Morozov.
Elon Musk y Javier Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de febrero de 2025. / Gage Skidmore
En pocas palabras, con Peter Thiel, Elon Musk, Marc Andreessen y Alex Karp, hemos pasado de la unión entre la política y la economía de tipo neoliberal “clásico” a la voluntad explícita de capturar el Estado mediante la creación de un “complejo tecnológico autoritario” que tiene como objetivo controlar las infraestructuras de gobernanza.
4. Las autocracias electorales sustituyen a las democracias
En la nueva era, la democracia, incluso en su versión formal, se considera un mero adorno. De hecho, se ha reducido a una sombra de lo que fue. Ya en la era del neoliberalismo en declive, es decir, desde 2008 en adelante, el porcentaje de la población mundial que vive en democracia ha disminuido continuamente hasta alcanzar un mísero y preocupante 28 % en 2024. La tendencia es evidente. Desde hace unos veinte años estamos viviendo la primera gran ola de autocratización posterior a la Segunda Guerra Mundial, es decir, cada vez más países se convierten en autocracias electorales. Esto es, mantienen una apariencia de respeto por las reglas democráticas –incluso en la Rusia de Putin se celebran elecciones–, pero la democracia es, en el mejor de los casos, una cáscara vacía. Nos guste o no, la era que se ha iniciado quiere ser la era de las autocracias5.
5. La extrema derecha es el actor principal de la nueva era
Junto con los líderes fuertes –léase autoritarios– que están en el poder en medio mundo –Putin, Xi Jinping, Erdogan, Modi, los petromonarcas del Golfo, etc.–, en Occidente es la extrema derecha la que mejor representa esta nueva era. De hecho, avanza electoralmente en todas partes y ha llegado al poder en varios países: desde Estados Unidos hasta Argentina, desde Israel hasta Italia, desde Hungría hasta El Salvador y Chile. En cuanto tiene la posibilidad, instaura sistemas electorales autocráticos: se erosiona la separación de poderes, se ataca el pluralismo informativo, desaparecen los derechos para amplios sectores de la población. El líder fuerte se presenta como representante del pueblo, desprecia los controles democráticos y pone en marcha un proyecto etnonacionalista reaccionario.
Aunque existen divergencias y peculiaridades nacionales –al fin y al cabo, cada partido es fruto de las culturas políticas de su propio país–, la extrema derecha debe entenderse como una gran familia global. Las referencias ideológicas y las estrategias políticas y comunicativas utilizadas son, de hecho, las mismas. Además, participan en las mismas redes transnacionales formadas por fundaciones, institutos y think tanks que en los últimos años han trabajado incansablemente para elaborar una agenda común, exportable y adaptable a los diferentes contextos: véanse la Heritage Foundation o la red National Conservatism. Además, Trump, Milei, Bukele, Orbán, Netanyahu, Meloni, Abascal, Ventura, Weidel, Le Pen, Farage, Wilders, Bolsonaro, Kast y compañía creen que están librando la misma batalla contra enemigos comunes, es decir, la izquierda, el liberalismo, el globalismo, el wokismo y lo políticamente correcto. Sus coaliciones parecen frágiles porque a menudo están formadas por sectores con intereses diferentes –pensemos en el trumpismo–, pero por el momento la esperanza de que se desmoronen no es más que un deseo inalcanzable.
6. Más que fascismo, se trata de la renovación del pensamiento antiilustrado
A menudo se repite que lo que estamos viviendo es el retorno del fascismo, más o menos bajo otros ropajes. Aunque existen elementos de continuidad entre el fascismo histórico y la extrema derecha del tercer milenio –en algunos países más que en otros–, el concepto de “fascismo eterno” propuesto hace más de treinta años por Umberto Eco nos lleva por mal camino. Como señala Santiago Gerchunoff, el uso compulsivo del término –en sus más diversas variantes: fascismo tardío, fascismo fósil, tecnofascismo, etc.– muestra más bien “el deseo de encontrar una palabra mágica que conjure el peligro de abstracción de nuestro mundo y que, al mismo tiempo, cierre cualquier discusión”6. Nos tranquiliza, por así decirlo, llamar fascistas a las nuevas extremas derecha porque, en cierto sentido, nos da la falsa certeza de saber a qué nos enfrentamos.
Ahora bien, las características de la nueva era no son las mismas que las del período de entreguerras: ha pasado ya un siglo desde los regímenes de Hitler y Mussolini. El mundo ha cambiado profundamente y nuestras sociedades lo han hecho en consecuencia: la política de masas ya no existe, la atomización es el sello distintivo de la nueva era. Por otra parte, ni siquiera en el pasado, en ese “mundo de ayer” muerto y enterrado, todos los autoritarismos eran fascistas. Digámoslo así: se puede ser reaccionario, nacionalista, autoritario y antidemocrático sin ser necesariamente fascista. Pero esto no hace que la situación sea menos grave. Lo que tenemos ante nuestros ojos es una nueva extrema derecha que defiende un autoritarismo posliberal eficientista y antiigualitario. Sus raíces se hunden en el pensamiento antiilustrado y en el reaccionarismo antiliberal de finales del siglo XVIII. En definitiva, se trata de una cultura política –plural, heterogénea– de larga trayectoria que se ha nutrido de diversas fuentes.
7. El extremismo es el nuevo mainstream
En las últimas décadas, las ideas extremistas se han normalizado. La ventana de Overton se ha desplazado radicalmente hacia la extrema derecha: ideas que se consideraban inaceptables se han convertido en sentido común y, como último paso, se incluyen en el ordenamiento jurídico. En Rusia y Hungría, la homosexualidad se compara legalmente con la pedofilia. En Estados Unidos, declararse antifascista implica ser considerado miembro de un grupo terrorista. Ya casi no escandaliza que importantes influencers MAGA afirmen en público que las mujeres no deberían tener derecho de voto, que el presidente argentino Javier Milei considere la justicia social un cáncer que hay que erradicar o que miembros del Gobierno israelí definan a los palestinos como “animales” y reivindiquen un genocidio en mundovisión. Las fantasías conspirativas se afirman a diestro y siniestro, empezando por la del Gran Reemplazo, según la cual las élites globalistas están llevando a cabo un plan para sustituir a la población europea por inmigrantes musulmanes. El presidente de la primera potencia mundial puede repetir que quiere anexionarse otros territorios, incluso de países aliados, como Groenlandia o Canadá, obviando el derecho internacional. Los referentes intelectuales de la nueva extrema derecha, como Curtis Yarvin, encuentran adeptos al afirmar que las democracias deberían ser sustituidas por nuevas monarquías absolutas y que los pobres deberían ser encerrados en una habitación y conectados día y noche a la realidad virtual.
La nueva era no es solo la época de la posverdad, la desinformación y los bulos, sino también aquella en la que el extremismo se ha convertido en mainstream. Además de las consecuencias de la hegemonía neoliberal, no se puede entender este cambio sin tener en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, que han permitido la viralización de ideas y narrativas extremistas y, por lo tanto, la normalización de la extrema derecha y el autoritarismo. No por casualidad, las dos últimas palabras del año del Oxford Dictionary fueron, en 2024, brain rot, es decir, “podredumbre cerebral” o “cerebro podrido”, en relación con el deterioro mental debido al consumo excesivo de contenidos online de baja calidad, y, en 2025, rage bait, es decir, “cebo de ira”, en referencia a los contenidos online creados para causar indignación y generar reacciones emocionales fuertes, aprovechando la polarización y el funcionamiento de los algoritmos de las plataformas sociales.
Trump en el Despacho Oval frente a Starmer, Meloni, Von Der Leyen, Merz, Macron, Stubb, Zelenski y Rutte en agosto de 2025. / TWH / Daniel Torok
8. Los partidos y las instituciones democráticas viven una parálisis incapacitante
A pesar de algunas victorias electorales y algunas decisiones acertadas, la mayoría de los partidos e instituciones democráticas no se han dado cuenta de que todo ha cambiado. Razonan con los viejos paradigmas y proponen recetas de antaño que, además de ser poco realistas en estos años veinte del siglo XXI, ya no tienen ningún atractivo, ni siquiera entre quienes las defienden.
El establishment liberal ha visto cómo se le desmoronaba el terreno bajo sus pies, pero en lugar de dar un salto –o, al menos, intentarlo, como ha instado en repetidas ocasiones Mario Draghi, uno de los pocos exponentes lúcidos de las viejas élites–, intenta aferrarse al último trozo de roca, lo que, en el mejor de los casos, solo conseguirá prolongar su agonía. El ejemplo más claro es la respuesta de la Comisión Europea a las amenazas de Trump, con Ursula Von der Leyen arrodillándose en un campo de golf escocés ante los dictados del nuevo autoproclamado emperador de Mar-a-Lago, y Kaja Kallas fingiendo que nada ha cambiado en las relaciones entre Bruselas y Washington.
En el peor de los casos, mostrando una increíble miopía, el establishment liberal intenta copiar a la extrema derecha con el objetivo de evitar ser canibalizado y superar lo que cree que es un huracán pasajero, lo que acaba por allanar el camino al autoritarismo posliberal. Así, vemos a una derecha democrática en claro declive y en profunda crisis de identidad –desde Merz hasta Macron, desde Tusk hasta Von der Leyen– e incluso a una parte de la izquierda socialdemócrata que ha perdido completamente el rumbo –desde Starmer hasta Frederiksen– aprobando políticas conservadoras y reaccionarias en materia de inmigración, defensa, seguridad, derechos o medio ambiente. A pesar de sus errores e incapacidades, son muy pocos –Lula, Sánchez, Sheinbaum, Petro, Mamdami– los que parecen entender el quid de la cuestión: nada volverá a ser como antes.
9. La religión vuelve a ser un arma política
La nueva era se caracteriza por la renovada centralidad del uso político de la religión en todas las latitudes. Si bien el tema no es nuevo en el mundo musulmán o hindú, sin duda lo es en Occidente, donde, tras décadas de secularización, habíamos dado por amortizada la religión. Aunque aumenta el número de ateos y agnósticos, los nuevos líderes autoritarios utilizan la religión más que nunca, amparándose en la supuesta protección de Dios, como nuevos monarcas absolutos por la gracia divina.
Funeral de Charlie Kirk el 21 de septiembre de 2025 en Arizona. / TWH / Daniel Torok
Encontramos sus variantes más dispares tanto en el mundo católico como en el protestante, evangélico y ortodoxo, pero también en el judaísmo, el hinduismo o el islamismo: la bendición de la invasión de Ucrania por parte del patriarca Kirill; las referencias al Antiguo Testamento de Netanyahu para justificar el genocidio de Gaza o la ocupación de Cisjordania; el uso que Modi hace del hinduismo; Trump, que se considera salvado por Dios por haber escapado al intento de asesinato de Boulder; Milei citando compulsivamente la Torá; Bolsonaro bautizándose en el río Jordán; la defensa de la identidad cristiana de Hungría e Italia por parte de Orbán y Meloni; las referencias a la Reconquista de Abascal y Ventura… Pero, sin salir de Estados Unidos, basta pensar en el funeral del supremacista blanco Charlie Kirk, en los tatuajes del secretario de Guerra, Pete Hegseth –la inscripción “Deus Vult” y la cruz de Jerusalén, símbolo del supremacismo blanco y referencia a las cruzadas medievales– o en las elucubraciones pseudoteológicas de Peter Thiel sobre el apocalipsis y el Anticristo. Un nuevo tipo de nacionalismo cristiano, que va de la mano del sionismo judío, está cada vez más presente con pensadores como Yoram Hazony o Rod Dreher y cada vez más activo también en las bases de la extrema derecha. Es una religión declinada de forma agresiva, excluyente e identitaria.
10. La respuesta al ‘¿Qué hacer?’ solo puede ser colectiva
La respuesta a la vieja pregunta leninista no caerá del cielo, ni será formulada por ningún intelectual. Solo podrá surgir de la sociedad, es decir, solo podrá ser colectiva. Me temo que llevará tiempo –seguramente años, probablemente una generación–, porque lo que hay que reconstruir, desde el punto de vista material y de valores, aumenta cada día que pasa. Ilusionarse con que una derrota de la extrema derecha en una elección concreta signifique un punto de inflexión es solo una mera ilusión. Mientras tanto, al menos se puede evitar caer en el abismo.
Los partidos democráticos deberían evitar ceder a los cantos de sirena de la extrema derecha y defender las instituciones y los derechos conquistados. Las instituciones europeas deberían oponerse con fuerza al neoimperialismo autoritario estadounidense, evitando la no solución del apaciguamiento –un suicidio lento– y saliendo del letargo de la “vasallización feliz”: ahora mismo, hay que desengancharse de lo que se ha convertido en el lazo atlántico, construir una verdadera autonomía estratégica –que no puede ser solo militar y, mucho menos, sobre bases nacionales– y defender lo que queda del multilateralismo abriéndose a los actores democráticos del Sur Global. Como mínimo, se debería intentar gobernar la economía –redistribuyendo la riqueza y reduciendo las desigualdades– y situar en el centro de la acción política la cuestión medioambiental –que ahora ha pasado a un tercer plano– y la tecnológica con todo lo que ello conlleva –el fin de la dependencia de las Big Tech estadounidenses, cuyos proyectos autoritarios deben combatirse sin vacilaciones, y la reducción de la brecha con China7–.
Sin embargo, es necesario replantearse completamente los paradigmas existentes: los antiguos ya no funcionan en esta nueva era. Por lo tanto, hay que empezar desde cero: reconstruir la sociedad –ahora licuada, atomizada–, crear un sentido de comunidad –que no sea el identitario y etnonacionalista de la extrema derecha–, volver a librar la batalla de las ideas –la extrema derecha lo lleva haciendo desde hace años y ahora está cosechando los frutos–, tejer alianzas y redes transnacionales –porque la solución no puede ser solo local–. Todos debemos sentirnos involucrados.
Volviendo a las tres categorías de Hirschman, la “salida” no es una opción porque significaría dejar el campo libre para la imposición definitiva del nuevo orden autoritario, y la “lealtad” tiene poco sentido porque el establishment actual no tiene ideas o sufre una parálisis incapacitante. La única posibilidad es la “voz”, es decir la participación y la protesta8. Este debe ser el punto de partida.
1 Wendy Brown, En las ruinas del neoliberalismo: El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente, Traficantes de sueños, 2021.
2 Véanse George Monbiot y Peter Hutchison, La doctrina invisible. La historia secreta del neoliberalismo (y cómo ha acabado controlando tu vida), Capitán Swing, 2025 y Quinn Slobodian, Hayek’s Bastards: The Neoliberal Roots of the Populist Right, Allen Lane, 2025.
3 Colin Crouch, Posdemocracia, Taurus, 2004.
4 Mark Lilla, El regreso liberal: Más allá de la política de la identidad, Debate, 2021.
5 Steven Forti, Democracias en extinción. El espectro de las autocracias electorales, Akal, 2024.
6 Santiago Gerchunoff, Un detalle siniestro en el uso de la palabra fascismo. Para qué no sirve la historia, Anagrama, 2025, pp. 80-81.
7 Véase Emanuele Felice, Manifesto per un’altra economia e un’altra politica, Feltrinelli, 2025.
8 Albert O. Hirschman, Salida, voz y lealtad. Respuestas al deterioro de empresas, organizaciones y estados, FCE, 1977.
“Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump, está mostrando un patrón reconocible de prácticas autoritarias y de erosión de los derechos humanos”. Con esta frase inicia la organización Amnistía Internacional su informe Suena la alarma: aumento de las prácticas autoritarias y erosión de Derechos Humanos en Estados Unidos, publicado con motivo del primer aniversario del segundo mandato de Trump.
Este documento hace un repaso por las doce alarmas que alertan de las prácticas de Trump, entre las que destacan los ataques a los medios de comunicación y a la libertad de expresión, las amenazas a las universidades y docentes, las coacciones al sistema judicial y al Estado de derecho, la normalización de la militarización y del control a través de la inteligencia artificial, así como el señalamiento de comunidades específicas, el aumento de políticas que marginan a grupos vulnerables y las deportaciones masivas.
“Los esfuerzos de la administración Trump por intimidar, silenciar y castigar a manifestantes y críticos, restringir a la prensa y reconfigurar el acceso a la información, y erosionar sistemáticamente el Estado de derecho están creando una emergencia de derechos humanos”, insisten. Desde Amnistía advierten que han visto “a dónde conduce este camino cuando se castiga la disidencia” pero también subrayan que “la deriva no es inevitable”.
Por eso, el informe incluye recomendaciones que animan a la sociedad civil a movilizarse para “salvaguardar el espacio cívico, restablecer las garantías del Estado de derecho y evitar la normalización de la represión”.
Sin voces críticas
Los medios de comunicación están en el punto de mira. A menudo son atacados verbalmente en las ruedas de prensa de Donald Trump, quien incluso les amenaza con retirarles acreditaciones -y de ese modo el acceso a información- y financiación. Esta última configura la supervisión periodística del gobierno permitiéndole «controlar el mensaje y desalentar la cobertura crítica”, escribe Amnistía Internacional.
Otro ejemplo de condicionar las voces críticas es el de Mario Guevara, periodista con 20 años de trayectoria en Estados Unidos, detenido por el ICE el pasado junio mientras transmitía en directo las protestas del No Kings Day contra las redadas de inmigración en el estado de Georgia. Guevara contaba con un permiso de trabajo y una “suspensión administrativa” de órdenes de deportación. Sin embargo, las autoridades migratorias reabrieron su caso tras arrestarle por cargos de tres delitos menores: reunión ilegal, obstrucción y ubicarse como peatón en la calzada. Según informó The Guardian, se trata de uno de los periodos de encarcelamiento más prolongados de un periodista detenido por su labor profesional en la historia de Estados Unidos. Y es tan solo uno de los casos que muestra el viraje de la administración pública hacia prácticas más autoritarias.
Aunque el foco de Trump no está solo puesto en los medios de comunicación sino en cualquier voz crítica. A través del programa “Catch and Revoke” (“Capturar y revocar”) -que combinaba el monitoreo de redes sociales, el seguimiento del estatus migratorio y evaluaciones automatizadas de amenazas para revocar visas de manera masiva-, la administración Trump detuvo y trató de deportar a estudiantes que expresaron opiniones y participaron en protestas, en particular, con los derechos del pueblo palestino.
Un ejemplo es el de la activista palestina Leqaa Kordia, detenida por primera vez en marzo de 2024 en una manifestación de solidaridad con Gaza en la Universidad de Columbia. Los cargos en su contra fueron desestimados, pero en marzo de 2025 la volvieron a arrestar cuando se presentó a una cita de control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
«El presidente Trump ataca a quienes imparten la docencia y la forma en la que lo hacen. Ataca a la libertad de expresión, la autonomía institucional y la gobernanza compartida, y esto amenaza con socavar la solidez de la educación superior estadounidense que hasta ahora presumía de independencia frente a la interferencia política», denunciaba Lynn Pasquerella, presidenta de la Asociación Estadounidense de Colegios y Universidades, en RTVE.
El sistema judicial maniatado
Abogados particulares, bufetes y asociaciones de abogados fueron amenazados con investigaciones y sanciones por llevar a cabo su trabajo. También algunos fiscales han sido despedidos, como Michael Ben’Ary. Con más de 20 años de experiencia, fue relevado de su puesto mientras estaba trabajando en un caso de terrorismo que el propio Trump había mencionado en su discurso al Congreso. ¿El motivo alegado? Se difundió que había trabajado con Lisa Monaco, una figura clave en la administración de Joe Biden, y que supuestamente había sido parte de una «resistencia interna» contra Trump.
Los ataques verbales del presidente Trump contra jueces también han sido habituales. Incluso el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, reprendió públicamente a Trump después de que este solicitara el juicio político contra el juez Boasberg -quien supervisa un litigio contra Trump que impugna la implementación de la Ley de Enemigos Extranjeros-.
Como informó Reuters, el presidente Trump atacó al menos a 470 personas, instituciones y grupos mediante despidos, suspensiones, investigaciones y la revocación de autorizaciones de seguridad. También los amenazó con investigaciones o sanciones, incluida la congelación de fondos federales.
Expulsiones masivas y asedio a las personas migrantes
La aceleración de las detenciones masivas y las deportaciones aterroriza a las comunidades y crea una narrativa deshumanizante. “Paraliza la vida cotidiana: las familias evitan la escuela, la atención médica y los servicios básicos por miedo”, explican en el informe. “Desde el primer día, la administración Trump impulsó una agenda anti-migrante y anti-refugiados, implementando órdenes ejecutivas racistas y xenófobas que deshumanizaban y criminalizaban a los migrantes y a las personas que buscaban seguridad”.
El sistema de detención masiva de inmigrantes se expandió, manteniendo a miles de personas en instalaciones superpobladas. Se construyeron nuevos centros de detención financiados por el Estado, como “Alligator Alcatraz” y Krome, en Florida. En ambos centros se ha denunciado trato cruel, inhumano y degradante.
La expulsión masiva de migrantes y solicitantes de asilo venezolanos mediante la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros el 15 de marzo de 2025 -se había utilizado por última vez para detener a más de 120.000 estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial- es una de las violaciones de los derechos humanos señaladas por Amnistía Internacional. Para Trump es tan solo la respuesta a una «invasión» que motivó el uso extraordinario de una ley de tiempos de guerra.
Un ejemplo del uso de esta ley es el caso del venezolano Andry Hernández Romero, quien fue deportado acusado de ser miembro de la banda criminal Tren de Aragua. Después de esto, fue detenido durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador. Su deportación fue una más de las 200 hechas a sus compatriotas sin antecedentes penales.
El uso de los recursos militares para las protestas bajo el pretexto de combatir la delincuencia urbana se ha hecho “con el fin de apoyar una aplicación agresiva y a menudo ilegal de la ley migratoria”, denuncia el informe. El patrón de despliegues puso sobre la mesa la relación entre delincuencia y raza. Seis de las nueve ciudades donde el presidente Trump amenazó o desplegó a la Guardia Nacional tenían un alcalde negro y una gran población negra y latina.
Pero el control no llega solo por la fuerza sino que el monitoreo de las redes sociales es otra de sus herramientas. La IA Babel X, proporcionada por Babel Street, y el sistema operativo Immigration OS de Palantir, permiten la vigilancia masiva de las redes sociales de millones de personas bajo la potencial amenaza del «terrorismo».
«Estamos presenciando una escalada alarmante de la represión patrocinada por el Estado y el abandono del estado de derecho y las normas de derechos humanos en todo el mundo», dice Erika Guevara-Rosas, directora sénior de Investigación, Políticas, Incidencia y Campañas, en el informe. Aunque el gobierno de Estados Unidos se había posicionado durante mucho tiempo – al menos en teoría- como un defensor mundial de los derechos humanos, la administración Trump ha hecho que Estados Unidos dé marcha atrás retirándose de acuerdos y organismos globales cruciales en materia de derechos humanos.
Esta semana hemos asistido en Davos al discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, considerado histórico por mucha prensa generalista, por ser certero en el análisis y un cierre del “viejo orden mundial basado en normas”. Un calificativo, el de histórico, algo exagerado pues Carney no propone cambios de fondo, aunque sí de alianzas.
Un discurso tan sincero como hipócrita
Honesto con la actualidad internacional, Carney ha sido también muy hipócrita. No ha reconocido que, lo que llama “viejo orden”, no es que ahora sea injusto, sino que las injusticias inherentes a él, ahora dañan a Canadá. De ahí su reclamo de un mundo basado en valores y normas, sin hegemonías.
Estas llamadas al respeto del Derecho internacional significan dos cosas. Por una parte, que sigue gozando de un apoyo mayoritario en el imaginario, pues marca las líneas rojas que aseguran la coexistencia pacífica. Esas reglas, inspiradas en la Carta de la ONU, no han cambiado en 80 años. Ni en la Guerra Fría; ni en la posterior hegemonía de EE. UU., finalizada en 2003 con la ilícita invasión de Iraq; ni en este periodo de reconfiguración de los equilibrios, con dos superpotencias, China y EE. UU., y un reguero de potencias medias, como Rusia, la UE, Brasil, India o Sudáfrica.
En segundo lugar, que el nuevo orden mundial, el que fija el reparto de poder, se decidirá sobre las reglas clásicas del Derecho internacional. Los “órdenes mundiales” cambian porque son fruto de su momento histórico. Y ese cambio puede venir desde el derecho o contra él.
Carney afirmaba que ahora “el orden basado en normas se está desvaneciendo, que los fuertes pueden hacer lo que pueden y los débiles deben sufrir lo que deben». Evidentemente, los débiles ya conocían esta realidad y no es nueva. El líder canadiense no ha reconocido la participación de su país en las injusticias, pero sí reconoce que “prosperó” bajo el mismo orden.
Canadá ha participado, con EE. UU., en el genocidio en Gaza, colaborando con Israel; y en las guerras ilegales (por distintas razones) en Kosovo, Afganistán, Siria o Libia. Canadá, este mismo mes, no ha condenado la agresión a Venezuela. Carney reclama en su discurso el mantenimiento de los principios jurídicos que ordenan el Derecho internacional, a saber, “prohibición de uso de la fuerza, integridad territorial, soberanía, independencia, derechos humanos y cooperación”. Pero es incapaz de denunciar y reaccionar cuando todos ellos son violados.
Cualquier estudio objetivo de los conflictos internacionales en los últimos 30 años situará a la OTAN en el centro de la belicosidad mundial. Esa otra evidencia de la que en Occidente no queremos hablar. Carney, cuando habla de crear un “nuevo orden”, no se atreve a proponer el desmantelamiento de la OTAN. Al contrario, se reafirma en su adhesión a la misma. Cuando Europa y Canadá entiendan que la OTAN no necesariamente les ha protegido nunca, es posible que sí se inicie un cambio de era basado en las mismas normas de Derecho internacional que ya tenemos, pero más justo y equilibrado. Eso sí sería histórico.
La propuesta de Canadá: más Derecho internacional
El “nuevo orden” que propone Carney es un mayor respeto al mismo sistema jurídico. Insiste, varias veces en su discurso, en apoyar un modelo basado en los principios y procedimientos que ya existen. No enmienda el Derecho internacional, sino que lo abraza. Una forma suave de reconocer que, hasta ahora, no lo hacían del todo. Una gran noticia.
Canadá se suma a lo que ya hacía el Sur Global, con Brasil, Sudáfrica, México, Colombia y, en menor medida, India, a la cabeza. Con más fuerza aún, los Estados pequeños y empobrecidos, los que necesitan el Derecho internacional para existir.
Este EE. UU. de Trump ha reculado cada vez que el propio Canadá, México, Brasil o China han respondido a las amenazas en su contra, y su valentía les honra, con represalias, previstas en las normas internacionales. Trump solo sale victorioso de los encontronazos con la UE y el Reino Unido porque practican la técnica, estúpida ante un matón, de la distensión. Y Carney, sin duda un firme defensor de las represalias pacíficas, ha comprobado que funcionan.
El primer ministro canadiense acusa a las “potencias” de desmontar el viejo orden mundial. Lo dice en genérico, pero sabe que esa estrategia es la estadounidense, no la del resto. Ni tan siquiera la de Rusia, potencia media también, que no puede liderar ningún cambio de calado. China no está jugando a eso y Carney lo sabe (y por eso pacta con ella). China defiende un orden basado en reglas comunes y previsibles, porque su forma de ampliar su influencia no es agresiva.
¿Qué propone entonces Canadá? Propone, en lo jurídico, más cooperación, más diplomacia, más tratados internacionales, mejores organizaciones internacionales y más multilateralismo. Propone “inversiones colectivas”, “normas compartidas”, “diferentes coaliciones para diferentes cuestiones basadas en valores e intereses comunes” y “crear instituciones y acuerdos que funcionen tal y como se describe”. Es decir, construir más normas de Derecho internacional, partiendo de las existentes, que sean más efectivas, menos injustas.
En definitiva, Carney no viene a proponer un cambio jurídico internacional. Su discurso suena nuevo porque es un líder occidental. Es nuestro eurocentrismo el que nos ha impedido ver lo que ocurría. Canadá y la UE están sorprendidas ante la arrogancia y la violencia de EE. UU. El resto del mundo, no.
Carney no se atreve a romper del todo con EE. UU., pero sí hace una cosa crucial: anuncia públicamente el fin de la hegemonía estadounidense, también en el bloque occidental. Le niega el bilateralismo que Trump anhela, y exhorta al resto a seguir esa vía.
Plantea un multilateralismo económica y militarmente neoliberal, favorable a las grandes empresas. En lo geopolítico, una suerte de “no alineamiento” frente a las potencias, siguiendo las propuestas del candidato de izquierda a la presidencia francesa, Jean Luc Melenchon. Tal vez las llamadas del Sur Global sobre un futuro con normas y valores respetados lleguen tanto a los liberales canadienses y los “rojos” europeos. Sería un inicio.
Por Gabriel Zucman. Publicado originalmente enctxt.
No se trata de minimizar los aspectos ideológicos o geopolíticos de la intervención estadounidense: reafirmar la doctrina Monroe, establecer esferas de influencia imperial.
Pero el motivo esencial de este golpe de fuerza es el petróleo: su acaparamiento y la extracción de las reservas de oro negro más importantes del mundo, explotadas durante mucho tiempo con una rentabilidad sin precedentes por las multinacionales estadounidenses y sus accionistas.
Maduro era un dictador brutal y corrupto, pero Trump se lleva muy bien con muchos dictadores brutales y corruptos, lo que no le genera ninguna hostilidad.
El objetivo principal de la expedición trumpista es otro: retomar la explotación del maná petrolero venezolano en beneficio de las grandes fortunas estadounidenses, explotación que alcanzó su primer apogeo en la década de 1950, durante la “edad de oro” mitificada por el movimiento MAGA.
Si queremos comprender la ambición de la Casa Blanca, debemos volver a esta historia poco conocida: la de un extractivismo internacional llevado al extremo, del que Trump busca escribir hoy un nuevo capítulo que, si lo consigue, podría resultar aún más extremo.
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La producción petrolera venezolana comienza en la década de 1910 con un vicio fundacional: el petróleo se entrega, por así decirlo, a las grandes empresas extranjeras.
El dictador Juan Vicente Gómez dio concesiones extraordinariamente generosas a las multinacionales estadounidenses y británicas, que rápidamente desarrollaron la producción.
En 1929, Caracas representaba más del 10 % de la producción mundial de oro negro y era el primer exportador mundial.
En 1957, el equivalente al 12 % del producto interior neto venezolano iba a parar a los accionistas estadounidenses
Inicialmente, británicos y estadounidenses se repartían el pastel. Al término de la Segunda Guerra Mundial, estos últimos acabaron llevándose todo el botín. Venezuela se convirtió en el principal receptor de inversiones internacionales estadounidenses y en su principal fuente de beneficios extranjeros.
En 1957, en el apogeo de este extractivismo transfronterizo, los beneficios registrados por las grandes empresas estadounidenses en Venezuela eran del mismo orden de magnitud que el conjunto de los beneficios obtenidos por todas las multinacionales estadounidenses –de todos los sectores– en todos los demás países de América Latina y todos los países de Europa continental juntos.
El equivalente al 12 % del producto interior neto venezolano –es decir, el valor de todos los bienes y servicios producidos cada año en el país– iba a parar a los accionistas estadounidenses. Es decir, aproximadamente lo mismo que recibía la clase popular de Venezuela, el 50 % más pobre del país.
Lectura: este gráfico muestra la evolución de la relación entre los beneficios netos antes de impuestos obtenidos por las filiales de las multinacionales estadounidenses en Venezuela y el producto interior neto de Venezuela. Fuente: cálculos del autor a partir de las encuestas plurianuales de la Oficina de Análisis Económico sobre las actividades de las multinacionales estadounidenses; véase Wright y Zucman (2018) para una presentación de estos datos.
El PIB de Venezuela aumentaba, pero en beneficio de las grandes fortunas estadounidenses que cobraban los dividendos y de los empleados estadounidenses bien remunerados.
A principios de la década de 1960, Venezuela albergaba la mayor comunidad de expatriados estadounidenses. Estos vivían en enclaves reservados para ellos, dotados de hospitales flamantes y lujosos campos de béisbol.
Es la “edad de oro” a la que el poder trumpista desea volver. Un reparto de los ingresos petroleros que difícilmente podría ser más injusto y desigual.
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También es un modelo de desarrollo profundamente inestable, que solo puede provocar reacciones violentas.
¿Cómo aceptar que los ingresos que perciben los accionistas extranjeros sean del mismo orden de magnitud que los que percibe la mitad de la población local?
Hasta la década de 1950, siguiendo los pasos de Gómez, los diferentes regímenes que se sucedieron en el poder en Caracas prefirieron mimar al capital internacional, manteniendo una fiscalidad ligera, plegándose a los deseos de las grandes empresas y, a menudo, enriqueciéndose en el proceso.
A partir de la década de 1960, al igual que en el resto de América Latina, los sucesivos gobiernos intentaron negociar condiciones financieras más equilibradas.
Venezuela se puso al frente de este movimiento. El político venezolano Juan Pablo Pérez Alfonzo fue el impulsor de la creación de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) en 1960. El país tomó las riendas del movimiento para instaurar un “nuevo orden económico internacional” y exigir una revisión de las reglas del comercio mundial.
Este proceso culminó en 1976 con la nacionalización de los activos de ExxonMobil, Shell y Chevron en Venezuela.
Donald Trump tenía entonces 30 años. Hoy en día no deja de denunciar este “robo”. Y no oculta su principal objetivo: volver a las condiciones leoninas del periodo 1920-1960.
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Si lo consigue, se puede prever una duplicación o incluso una triplicación de los beneficios de la industria petrolera estadounidense, uno de los mayores financiadores de Trump y del Partido Republicano.
Las reservas de oro negro de Venezuela son, en efecto, considerables, las más importantes del mundo. Y están prácticamente sin explotar, ya que la producción se ha desplomado debido a la mala gestión del régimen chavista y al endurecimiento de las sanciones estadounidenses en 2017.
Los intereses financieros son tanto más importantes cuanto que los precios del petróleo son más elevados que en los años cincuenta. Si Trump lograra restablecer las condiciones financieras que prevalecían a mediados del siglo XX, las ganancias obtenidas por las grandes empresas estadounidenses y sus propietarios se verían incrementadas en la misma medida.
Cuando Trump dice que quiere “gobernar” Venezuela, ese es su proyecto.
Para dar una idea de la magnitud, los beneficios de Aramco, el principal productor de petróleo de Arabia Saudí, país que alberga las segundas mayores reservas de oro negro, han ascendido en los últimos años a entre 100.000 y 150.000 millones de dólares al año.
Entre 100.000 y 150.000 millones de dólares al año: esa es la suma que está en juego hoy en día tras el secuestro de Maduro.
La indignación continúa en las calles de Mineápolis tras el fallecimiento de Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, abatida por los disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El incidente tuvo lugar en una zona de alta actividad comercial inmigrante, a menos de dos kilómetros del sitio donde George Floyd falleció en 2020.
Numerosos medios de comunicación han analizado los vídeos ciudadanos y las grabaciones de seguridad para entender los hechos. Estos vídeos nos muestran distintas perspectivas, ofreciendo imágenes precisas frente a la versión de «defensa propia» esgrimida por el gobierno federal. Las manifestaciones de indignación no han cesado desde entonces.
Mientras la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, y el presidente Donald Trump han calificado el acto como «defensa propia» frente a una amenaza de «terrorismo doméstico», las autoridades locales mantienen una postura crítica. El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, ha solicitado formalmente el cese de operaciones de ICE en la ciudad y ha respaldado las peticiones en el Congreso para una investigación independiente.
La organización ciudadana Unicorn Riot (@UR_Ninja) —nacida tras las protestas por el asesinato de George Floyd—, nos muestran como la documentación vecinal es fundamental para la fiscalización de las agencias de seguridad. Unicorn Riot continúa publicando hilos de vídeo en su cuenta de X (@UR_Ninja) y de Instagram.
Este caso se suma a una lista creciente de muertes vinculadas a operativos del ICE, lo que ha llevado a organizaciones de derechos humanos a exigir una revisión de los protocolos de intervención en zonas urbanas. La muerte de Good es vista por los manifestantes no como un hecho aislado, sino como parte de una política de «tolerancia cero» que prioriza la fuerza sobre la desescalada.
11 de enero de 2026 se documentó el arresto de un manifestante de edad avanzada tras ser atacado con bolas de pimienta por agentes federales. El vehículo del manifestante fue confiscado y remolcado en un operativo captado por testigos.
El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, tras revisar la evidencia disponible, ha solicitado formalmente el cese de operaciones de ICE en la ciudad y apoya una investigación independiente en el Congreso.
Donald Trump cree que el único límite a su poder es su propia «moralidad». Así lo ha expresado en una entrevista con el New York Times. El Senado de Estados Unidos no opina lo mismo y votó a favor de limitar la posibilidad de que pueda realizar otro ataque como el de Venezuela, el pasado sábado, sin contar con el visto bueno del Congreso. Incluso cinco senadores republicanos se desmarcaron de las filas del trumpismo y votaron a favor de esta decisión. El presidente estadounidense los llamó «estúpidos» y exigió que nunca más ocuparan un cargo público.
La maniobra del Senado evidencia hasta qué punto el golpe en Venezuela ha conmocionado las bases de la política estadounidense y mundial. Tanto Washington como los gobiernos europeos y latinoamericanos están en guardia, debatiendo, analizando cuáles pueden ser los próximos movimientos de Trump y cómo hacerles frente. Se plantean dos estrategias: la confrontación (aún puramente verbal, con Pedro Sánchez y Emmanuel Macron a la cabeza: ambos han rechazado explícitamente el «vasallaje» a Estados Unidos) y la colaboración. Esta última opción parece haber sido la elegida por Delcy Rodríguez. «Hay mucho maniqueísmo cuando se habla de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. No son algo extraordinario ni irregular las relaciones económicas y comerciales entre Estados Unidos y Venezuela», afirmó la presidenta venezolana. Estas «relaciones económicas», en la actualidad, están marcadas por la orden de Trump de apoderarse del petróleo venezolano, venderlo y quedarse con las ganancias; los ingresos que puedan ir eventualmente a Venezuela, además, deberán gastarlos en productos estadounidenses.
En esta situación, Caracas ordenó ayer la excarcelación de un centenar de presos como gesto de buena voluntad. Entre los liberados hay cinco personas de nacionalidad española: los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno, el valenciano Ernesto Gorbe y la venezolana con doble nacionalidad Rocío San Miguel. El presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, agradeció el papel mediador del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, del presidente de Brasil, Lula da Silva, y de Catar en la liberación de los primeros presos.
La semana que viene, Trump tiene previsto reunirse con María Corina Machado, líder de la oposición al chavismo que fue desautorizada por el propio presidente norteamericano tras dar el golpe en Venezuela. «No tiene el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto necesario», dijo de ella. A pesar del desaire, la opositora se ha mostrado exultante por viajar a la Casa Blanca para, según dijo literalmente, compartir con Trump su premio Nobel de la Paz. Quiere compartirlo con el hombre que, por interés económico, ha optado por la continuidad del chavismo.
A este descabellado clima de las relaciones internacionales hay que sumar la reacción del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que se mostró a favor de una mayor presencia estadounidense en Groenlandia. A favor… aunque la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, haya afirmado que si Estados Unidos ataca Groenlandia eso significará el fin de la OTAN.
Ante esta reacción, no sólo de Dinamarca sino de la mayoría de los líderes europeos, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se burló de la «loca sobreactuación» proveniente del Viejo Continente. En una entrevista con la cadena afín Fox News, Vance intentó endosarle a Europa una narrativa dudosa (y llena de apelaciones celestiales) sobre la conveniencia de que Groenlandia pase a manos norteamericanas: «Si, Dios no lo quiera, los rusos o los chinos… No digo que vayan a hacerlo, pero si alguien, Dios no lo quiera, lanzara un misil contra nuestro continente, Groenlandia es una parte fundamental en la defensa antimisiles».
Vance, además, se mostró muy condescendiente con sus «aliados» europeos. «Siempre argumentan sobre el pasado. Dirán, bueno, luchamos juntos en la Segunda Guerra Mundial o luchamos juntos en la guerra contra el terrorismo. Y estamos agradecidos por ello. Nos encanta tener estos aliados. Pero que hayas hecho algo inteligente hace 25 años no significa que no puedas hacer algo estúpido ahora», dijo Vance, siguiendo al pie de la letra el libro de estilo del trumpismo: si no aprueban nuestras ideas, son estúpidos.
La próxima semana intentarán coaccionar en persona a los líderes de Dinamarca y Groenlandia: el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirá con ellos para explicarles, por enésima vez, la importancia estratégica de la isla ártica para Estados Unidos.
