«2026 será un año de reajuste global. El trumpismo ha inaugurado una nueva era en la instrumentalización de la coerción económica y tecnológica. En el fragor de la resaca arancelaria, del intervencionismo expansionista y la transaccionalidad, asistiremos a una aceleración de la reconfiguración global de las conexiones comerciales, financieras y geopolíticas. 2026 pondrá a prueba la capacidad de adaptación para lidiar con una geopolítica brutal«. Es el resumen que realiza el equipo investigador de CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), que ofrece una mirada prospectiva sobre diez de los temas que definirán la agenda internacional el próximo año.

En ese balance, la organización no habla solo de ganadores y perdedores, sino de muchos otros grupos con más matices: «También están los oportunistas, que instrumentalizan el retorno de agendas y doctrinas imperiales; los pragmáticos desacomplejados, capaces de hallar acomodo o coyunturas para influir en un orden caótico; los resistentes, que impulsan movimientos de protesta o espacios a contracorriente; y los desubicados, faltos de instrumentos o de liderazgo para enfrentar los cambios». A continuación, las diez claves aportadas por CIDOB.

1. Impunidad del intervencionismo

2025 se cierra con un despliegue militar estadounidense en el Caribe sin precedentes. «No es un episodio más de la llamada ‘diplomacia del cañonero’. Trump simboliza la creciente ola de estados que se sitúan al margen de la ley. La ‘Doctrina Donroe’ –término acuñado por The New York Post para referirse a la versión trumpiana de la ‘Doctrina Monroe’– ha sido consagrada en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025″, señala la organización, que indica que dos conflictos pueden agravar en 2026 este vacío de legalidad: un posible ataque estadounidense contra Venezuela y la reanudación de la guerra inconclusa entre Israel e Irán, junto con una renovada ofensiva israelí contra Hezbolá en Líbano. «La impunidad ha convertido el intervencionismo militar en un instrumento más al alcance de gobiernos o actores internacionales dispuestos a hacer uso de una violencia cada vez más desregulada», afirma.

2. La privatización de la paz

Según explica el equipo de CIDOB, 2026 arrancará con el futuro de Ucrania sobre la mesa de negociación. «La paz de Trump se construye a través de los negocios, aplicando una mentalidad comercial que incentive un alto el fuego de réditos inmediatos. En plena crisis del multilateralismo, personajes como Trump, Erdogan, o Xi Jinping, y países como Qatar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos se erigen como nuevos brokers del poder». La diplomacia tradicional –añade– ha sido sustituida por acuerdos entre magnates al servicio de lucros particulares. Pero, ¿quién monetiza la paz?

«Tras el frágil acuerdo firmado en junio entre Ruanda y la RDC en Washington, Estados Unidos obtuvo ‘gran parte de los derechos mineros del Congo’. Desde entonces, empresas del entorno de Donald Trump han firmado contratos en la región: KoBold Metals –compañía financiada por Jeff Bezos y Bill Gates, que se dedica a la recolección de datos y la investigación de minerales críticos a partir de la inteligencia artificial (IA)–; Ballard Partners, consultora vinculada a la familia Trump; o Apple (en enero de 2025 se inició en Bélgica una investigación por posible uso de «minerales de conflicto» en su cadena de suministro)», resume el equipo.

3. Más armas, tropas e IA militar

En 2026, destaca CIDOB, el rearme tecnológico se acelera: el gasto militar en IA podría superar los 30.000 millones de dólares, con Estados Unidos y China a la cabeza, con un presupuesto actual de 2.000 millones de dólares anuales. La robotización y los drones –mercado dominado en un 80% por China– transforman la guerra. Tras el nuevo ultimátum del Pentágono a sus socios europeos para que asuman la mayoría de las capacidades de defensa convencional de la OTAN en 2027, la defensa será clave para la UE en 2026.

4. Una carrera global para diversificar alianzas

La incertidumbre comercial y política es la nueva normalidad. La Organización Mundial del Comercio (OMC) estima que el porcentaje del comercio mundial que respeta sus reglas se ha reducido hasta el 74%. Además, según sus cálculos, en 2026 el comercio mundial solo crecerá un 0,5%, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apuesta por un crecimiento económico global del 3,1%. Según el análisis de CIDOB, en 2025, el sistema ha resistido por la importación masiva de productos en anticipación a los aranceles de Trump; a la contención de los países frente a estas medidas; al aumento de la demanda de productos vinculados a la IA, y al incremento del comercio entre el resto del mundo. Pero este efecto amortiguador está menguando y los aranceles empezarán a afectar a los precios, las inversiones y el consumo, coincidiendo con el primer año de proteccionismo reforzado.

«En 2026, veremos si los nuevos acuerdos comerciales con países y bloques regionales, así como la tregua entre Donald Trump y Xi Jinping en Busan en octubre de 2025, aguantan o se desmoronan con otra ronda de aranceles. Aunque Trump priorizará la estabilidad hasta su viaje a China, previsto en abril, su política comercial está pendiente de la resolución del Tribunal Supremo de EEUU sobre la legalidad de los aranceles recíprocos y su potencial impacto inflacionario en las familias estadounidenses».

5. ¿Freno a la burbuja tecnológica?

El valor de las empresas de tecnología de IA se ha disparado. Solo la capitalización bursátil de las cuatro grandes (Nvidia, Microsoft, Apple y Alphabet/Google) equivale al 50% del PIB de Estados Unidos en 2025. Esto significa que el crecimiento de la economía estadounidense depende de la inversión en infraestructura de IA, y genera inquietud el peso de Silicon Valley. Además, prosigue CIDOB, las empresas tecnológicas invierten entre sí –especialmente en el fabricante de chips Nvidia–, alimentando la idea de burbuja y el llamado «capitalismo con esteroides».

«Es un problema de magnitud ya que, si estas inversiones millonarias se frenan, la economía estadounidense y, en consecuencia, la economía global sufrirán un impacto en su crecimiento. Además, el modelo chino está obteniendo muy buenos resultados con un menor acceso a chips avanzados, optando por escalar y llevar al mercado tecnologías ya existentes».

6. Generación Z, entre las expectativas y la realidad

Un hartazgo generacional sacude medio mundo. En 2025, el malestar de la Generación Z salió a las calles en Nepal, Madagascar, Marruecos, Perú o México y, de forma más incipiente, en Indonesia y Filipinas. El desencadenante ha sido distinto en cada uno de los países, pero todos comparten un profundo malestar y la sensación de vivir bajo un clima de violencia social, medioambiental y humana.

En algunos casos, las protestas han provocado ya cambios políticos. En Nepal, una población joven, frustrada por la precariedad, convirtió la imagen ostentosa de los hijos de las élites políticas nepalíes en las redes, en el elemento movilizador que forzó la dimisión del primer ministro en septiembre. Un Gobierno interino ha prometido elecciones en marzo de 2026. También en Madagascar, uno de los países más pobres del mundo, donde el 50% de la población pertenece a la Generación Z, y 8 de cada 10 jóvenes no pueden vivir dignamente de su trabajo, las protestas llevaron a la caída del Gobierno y a la toma del poder por parte de los militares para los próximos dos años. En 2026 veremos si estos espacios de resistencia o de contestación se trasladan a las urnas: Bangladesh celebrará elecciones en febrero y le seguirán Nepal, Marruecos y Perú.

7. Socioeconomía del miedo

2026 pondrá a prueba la resistencia de unas sociedades ante la incertidumbre y la erosión del bienestar. En la Unión Europea, la cesta de la compra cuesta un 34% más que en 2019, según el Banco Central Europeo (BCE): los europeos destinan, de media, el 20% de su presupuesto a la alimentación. La deuda pública es también cada vez mayor, y afecta a los países más grandes y ricos. Los problemas fiscales en Francia, Reino Unido y Alemania seguirán siendo motivo de preocupación en 2026, especialmente ante la presión por aumentar el gasto en defensa. La crisis de la vivienda en 2025 ha tenido impacto electoral en los Países Bajos, Canadá o Australia, favoreciendo a la extrema derecha, pero también en la victoria de Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York.

En Estados Unidos, la deuda alcanzó los 38 billones de dólares en 2025, registrando el crecimiento más acelerado hasta la fecha fuera del período de la pandemia. «Pero, aunque la economía de EEUU siga creciendo a un ritmo sólido en los próximos dos años, los datos enmascaran una desigualdad y vulnerabilidad considerables: sin inversión en centros de datos e IA, Estados Unidos habría rozado la recesión en 2025«.

La deuda devora los ingresos del Sur Global. Según datos del FMI, en 2025, 47 países habrán destinado más del 50% de sus ingresos presupuestarios a sufragar la deuda, y otros 75 países le habrán dedicado más del 33%. En total, 5.200 millones de ciudadanos del mundo viven en países donde el compromiso de la deuda supera el gasto social.

8. Desorientación estratégica europea

La Unión Europea se enfrenta a un año decisivo que puede suponer tanto la resistencia de su modelo como la constatación de sus límites políticos, en un contexto de desorientación estratégica y atrapada entre fracturas internas y amenazas externas. «Esta debilidad se ve agravada por la crisis de sus motores tradicionales y por el auge de nuevas mayorías políticas alejadas de la integración clásica. Además, por primera vez, una Administración estadounidense declara abiertamente su deseo de desmantelar la Unión: la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump desafía a la UE, fomentando fuerzas desintegradoras y euroescépticas desde dentro».

Según CIDOB, la UE se enfrenta a su propio trilema: cómo impulsar el crecimiento económico, contener los enormes déficits públicos y aumentar la inversión en defensa, sin que la austeridad alimente aún más el apoyo a la extrema derecha. T»anto la presión de EEUU como la resignación europea debilitan la agenda verde y convierten la legislación digital en un nuevo campo de confrontación».

9. Clima: víctima de la geopolítica

Aunque 2025 termina con récords históricos de adopción de energías renovables, el cierre de la COP30 en Belém (Brasil) –sin acuerdos sobre la reducción de los combustibles fósiles y sin el apoyo financiero de los países desarrollados para la transición climática en el Sur Global– evidenció la falta de consenso actual en la gobernanza climática multilateral. En 2026 la agenda climática de la UE pierde fuerza: aunque entra en vigor el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), la ambición de las políticas se reduce y se diluye la responsabilidad del sector privado, mientras la revisión del paquete «Objetivo 55» podría debilitar aún más los compromisos climáticos. Además, la competencia global, especialmente con China, lleva a la UE a priorizar la protección de su industria verde frente a la acción climática.

En enero de 2026, EEUU hará efectiva su segunda salida del Acuerdo de París, a la vez que impulsa una política de expansión petrolera y la reapertura de minas de carbón. Este auge de los combustibles fósiles no se limita a EEUU: Brasil, Guyana y Argentina también liderarán el crecimiento petrolero en 2026, posicionando a América Latina como «la nueva frontera del petróleo». La producción mundial de energía fósil prevista para 2030 superará en más de un 120% el límite necesario para frenar el calentamiento global a 1,5?°C.

10. Autocratización de los Estados Unidos

La consolidación del poder de Donald Trump durante su segundo mandato está acelerando la deriva autoritaria en Estados Unidos, debilitando el estado de derecho mediante la declaración de emergencias nacionales para justificar medidas políticas extremas; el cese de decenas de inspectores generales y fiscales, y la marginación de los directores de agencias independientes. E

n 2026, mientras EEUU celebra su 250º aniversario, las elecciones de medio mandato estarán marcadas por el temor a la interferencia electoral y pondrán a prueba la solidez de la democracia. La falta de control del Congreso sobre la presidencia ha incrementado la presión sobre un poder judicial dividido, en medio de una ola de demandas contra el Gobierno. Por su parte, la Administración Trump ha emprendido un ataque frontal contra los derechos civiles, con miles de deportaciones de ciudadanos estadounidenses y otras personas sin el debido proceso.

Algunas estimaciones apuntan a que el presupuesto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para 2026, se podría triplicar, hasta alcanzar 30.000 millones de dólares, con el apoyo extrapresupuestario garantizado en la ley «Big Beautiful Bill».

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Tamara, la ucraniana que ayuda y da trabajo en su bar a mujeres que huyeron de la guerra

El día en que Tamara Shpatar (65) llegó a Alberic solo tenía una mochila, algo de dinero y un papel con el número de teléfono de la única ucraniana que vivía entonces en este pueblo valenciano que ahora tiene 11.000 habitantes. Aquella mujer la acogió y le dio trabajo como limpiadora. Más de veinticinco años después, es Tamara quien acoge y emplea en su bar de almuerzos a varias mujeres que han huido de la guerra en Ucrania.

Una de ellas es Ruslana. Llegó en 2021, unos meses antes de que estallara, cuando ya se empezaba a hablar de un posible conflicto. Tenía entonces 19 años. Cuando empezó a trabajar en el bar de Tamara solo sabía decir en español: “hola”, “¿cómo estás?”, “¿de qué quieres el bocadillo?” y “¿de bebida?”. Aprendió el idioma trabajando, con libros y con vídeos de YouTube, antes de apuntarse a la escuela de adultos. “Luego conocí a Enrique –su pareja– y aprendí mucho más”, bromea Ruslana. Ahora viven juntos en una casita con un corral que le recuerda a la suya en Ucrania.

Cuando Tamara decidió dejar su país, también lo hizo forzada por las circunstancias: la crisis financiera rusa de 1998, que provocó un efecto dominó en Ucrania. Trabajaba como contable, pero muchas fábricas cerraron y sus hijos comenzaban la universidad. Necesitaba dinero para pagarles los estudios. Vino a España con la idea de ahorrar un par de años y volver, pero le gustó tanto que se quedó.

Desde entonces no le ha faltado el trabajo: ha recogido fresas, naranjas; ha limpiado casas y ha servido en bares. Hasta que un día llegó la oportunidad de alquilar un bar. Desde aquel momento, hace más de una década, regenta el Bar Pastor, uno de los más conocidos de la zona por hacer muy bien lo más importante en un pueblo valenciano: los bocadillos del almuerzo.

Con los años, el bar no solo se ha convertido en su medio de vida, sino también en una especie de primer puerto seguro para quienes han llegado sin saber el idioma y con el miedo aún en el cuerpo. La última en hacerlo todavía no habla español y ayuda a Tamara en la cocina, mientras Ruslana se encarga de servir en las mesas. Otras dos mujeres pasaron por allí antes de encontrar trabajo de lo suyo. Tamara no solo les ha dado empleo: también ha hecho de traductora, las ha acompañado al médico, a las reuniones del colegio, a lo que hiciera falta.

Una de ellas llegó desde Jersón, una de las zonas más castigadas por la guerra. Su casa quedó destrozada tras la voladura de la presa de Nova Kajovka. Tamara compara el desastre con la pantanada de Tous, localidad vecina a Alberic, donde en los años ochenta las lluvias torrenciales rompieron la presa y el agua del pantano anegó por completo decenas de municipios. “Pero esto no fue por la lluvia –dice–, fue por la guerra”. En la comarca valenciana de la Ribera, donde la memoria de aquella tragedia aún sigue viva, la historia de Jersón no parece tan lejana.

Alberic no ha sido ajeno al sufrimiento de Ucrania. Cuando comenzó la invasión en 2022, se tejieron redes de apoyo informales para enviar ayuda y acoger a quienes iban llegando poco a poco, o para facilitarles la búsqueda de un piso de alquiler, que en los últimos años ha duplicado su precio en el pueblo. “No vinieron todos de golpe, y siguen llegando –recuerdan–, pero un año, al empezar el cole, sí que había bastantes niños nuevos”.

A principios de 2025, hay unas 230 personas con nacionalidad ucraniana empadronadas en la localidad. Si se compara con la proporción de gente ucraniana en poblaciones de la zona, el de Alberic es un número muy considerable. Tamara y Ruslana cuentan que casi todos son de su misma región, Bucovina, y que ellas conocen a unas doce o trece familias: “¡Medio pueblo, hay un montón! Y casi nadie quiere volver a Ucrania”. Muchos han abierto negocios –peluquerías, centros de uñas, talleres de coches, bares– y su presencia se ha integrado con naturalidad en el día a día del pueblo.

Fue una mujer de Alberic, dueña de otro bar, quien enseñó a Tamara lo esencial para atraer clientela a la hora del almuerzo, la más importante. Con el tiempo ella lo ha perfeccionado. “Los que vienen todos los días no dicen nada, pero el que viene de fuera me dice: ¡qué bocadillo más bueno!”. Los hace con pan del día de un horno del pueblo, producto de calidad, carne de caballo cortada fina en la carnicería y siempre usa aceite de oliva, “nunca de girasol”, puntualiza.

Tamara no se guarda el secreto. Le gusta enseñar a quienes trabajan en su cocina, igual que una vez lo hicieron con ella. Entre quienes han pasado por allí, también hay una mujer rusa que luego ha abierto su propio establecimiento. Y Tamara lo tiene claro: “Es muy trabajadora y muy buena persona. Da igual si es rusa o ucraniana, hay gente buena y gente mala en todos los sitios. Aunque mi nieta pequeña, que vive en Ucrania, no estaría de acuerdo. Ella sí que dice que los rusos son malos”, bromea.

Como cualquier abuela con smartphone, Tamara atesora cientos de vídeos que le envían de sus nietos. En uno se ve a la pequeña ayudando a su padre a clasificar pequeñas piezas para drones fabricadas con la impresora 3D de su clínica dental. La niña, concentrada, dice que hace las piezas porque no quiere ser rusa. Que va a terminar la guerra y van a vivir tranquilos, que irá al colegio sin miedo de la alarma y que no tendrá que bajar al sótano. “Tiene mucho miedo al sótano”, comenta Tamara.

También tiene nietos que han nacido aquí. Los llevan los sábados a la escuela ucraniana de València para que aprendan a leer y escribir el idioma. A veces les cocina borsch, una sopa de remolacha típica en Ucrania. Solo la prepara para la familia y, de vez en cuando, alguna amiga se lleva un poco, pero no la sirve en el bar. “¿Quién quiere comida ucraniana? Nadie. A mí ya no me gusta”, dice riendo. “No hay comida mala en ningún sitio, pero está la costumbre de comer.”

Cada domingo va con su marido a comer paella a un sitio diferente. A veces, la cocina en casa, pero lo que mejor le sale es el arroz al horno. Con 65 años, le faltan solo unos meses para jubilarse, aunque no tiene ninguna prisa. Disfruta de abrir el bar cada mañana, ver las mesas llenas y el ir y venir de los almuerzos. Ha encontrado en esa rutina, y en preparar los bocadillos favoritos de mucha gente, su forma de ser feliz.

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Se suele hablar mucho de jóvenes cuando se habla de vivienda. Y es, en efecto, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta este sector de la población. Pero también existe un colectivo de edad avanzada, bastante invisibilizado, con serios problemas habitacionales. Según un estudio publicado este martes por Provivienda, el 22,7% de los hogares encabezados por personas mayores de 65 años se encuentra en exclusión residencial, es decir, en una situación en la que no tienen cubiertas sus necesidades básicas de vivienda.

«Envejecer bien no debería ser un privilegio heredado, sino un derecho garantizado. Los datos del informe muestran que la vivienda es un pilar estructural del bienestar: cuando no reúne condiciones adecuadas, se convierte en un factor de exclusión», señala la codirectora general de Provivienda, Gema Gallardo. Según el documento, esta problemática afecta de manera especialmente intensa a quienes viven de alquiler. En este grupo, la exclusión residencial alcanza el 53,5%, y el 44,7% de los hogares no dispone de recursos suficientes tras afrontar el pago de la vivienda, con lo que quedan expuestos a la inestabilidad del mercado. 

Si bien el estudio muestra que la vivienda en propiedad es mayoritaria entre la población mayor –llega al 87,8% de los hogares encabezados por personas de 65 años–, estos hogares también sufren problemas relacionados con la calidad de la vivienda o su entorno. «Si bien supone un factor de protección, la propiedad no garantiza una situación libre de dificultades. El 19,6% de los hogares encabezados por personas mayores que residen en vivienda en propiedad también se encuentra en exclusión residencial, con problemas relacionados con la pobreza energética o los gastos asociados al mantenimiento del hogar«, afirma la responsable de investigación y evaluación de Provivienda, Elena Martínez. 

A ello se suman importantes barreras físicas, que afectan a uno de cada tres hogares donde viven personas mayores. El porcentaje de hogares que declara mala accesibilidad del edificio asciende al 36,3% entre quienes declaran tener una limitación grave, que pueden experimentar dificultades para salir de su edificio de forma autónoma.  

Titulado Una llave para nuestro futuro: vivienda y envejecimiento en comunidad, el informe, que indica que la gran mayoría de las personas mayores envejece en su hogar –el 96,6% vive en su vivienda, frente al 3,4% que reside en centros colectivos–, también advierte sobre el aumento de los hogares unipersonales. El porcentaje de personas mayores de 65 años que viven solas ha pasado del 16,6% en 1991 al 23,4% en 2021, y actualmente el 47,2% de los hogares encabezados por personas de 65 o más años son unipersonales. Esta tendencia incrementa el riesgo de soledad no deseada dado que, según sostiene Martínez, «en el caso de las personas mayores, a diferencia de las jóvenes, la soledad no deseada está fuertemente asociada al modo de convivencia y a la composición de los hogares».  

Impacto en el futuro

El informe señala tendencias que tendrán un impacto directo en el envejecimiento futuro. «Las generaciones más jóvenes acceden cada vez menos a la vivienda en propiedad: la tenencia entre menores de 35 años desciende del 66% al 31,8% entre 2002 y 2022. Al mismo tiempo, el alquiler se encarece y los contratos son cada vez más inestables, lo que incrementa el riesgo de exclusión residencial en la vejez», afirma Martínez.    

El informe concluye que el contexto residencial favorece que las desigualdades aumenten, las brechas entre personas propietarias e inquilinas se amplían y la soledad se intensifica en un contexto de hogares unipersonales y carencia de infraestructuras sociales.

Entre la batería de propuestas que aporta el informe, destaca mejorar las condiciones de habitabilidad y accesibilidad del parque residencial, clave para prevenir situaciones de dependencia o el impulso de los apoyos comunitarios y servicios de proximidad que permitan a las personas mayores permanecer en su hogar y evitar ingresos institucionales no deseados. «Garantizar viviendas accesibles, asequibles y adecuadas, junto con apoyos comunitarios y servicios de proximidad, se presenta como un eje clave para un envejecimiento digno y en comunidad», subraya Gallardo.

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Agobiada por las deudas y su situación de pobreza, Eve, una joven mujer tailandesa de 24 años, se fijó en un anuncio publicado en Facebook para trabajar en Georgia. Nunca había oído hablar de ese país y no tenía mucha idea de la gestación subrogada, que era lo que ofrecía esa oferta: unos 16.400 dólares por ser madre por este procedimiento. El anuncio parecía inocuo, pero aquello se convirtió en una pesadilla, no solo para ella, sino para las docenas de mujeres tailandesas que viajaron 6.400 kilómetros acuciadas por su situación económica.

Son las historias que narra The New York Times en una nueva investigación sobre la industria de los vientres de alquiler, cuya conclusión principal es la misma a la que llegó la investigación realizada por La Marea: no hay altruismo en la gestación subrogada.

La Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, lo resume así: «La práctica de la reproducción subrogada se caracteriza por la explotación de las mujeres y los niños, incluidas las niñas, y la violencia contra ellos. Asimismo, refuerza las normas patriarcales al mercantilizar y cosificar el cuerpo de las mujeres y exponer a las madres sustitutas y los niños a graves violaciones de los derechos humanos».

En su investigación, el diario norteamericano pone el foco en la deshumanización de las mujeres, en la mercantilización de su cuerpo por parte de la industria y de cómo se convierten prácticamente en sus esclavas. Tal es la gravedad, según publica The New York Times, que si alguna mujer ya en Georgia cambiaba de opinión, no podía hacerlo: «Además de pagar su propio viaje de vuelta, tenía que reembolsar a los jefes lo que, según ellos, les había costado«. Un dinero que no tenían y que se sumaban a las deudas que las habían llevado hasta allí.

Georgia ha sido, de hecho, uno de los países destacados de la investigación realizada por La Marea, uno de los grandes beneficiados de la crisis que atraviesa la industria del alquiler de vientres en Ucrania a causa de la guerra. Su principal problema, como se recoge en los reportajes, es la escasez de mujeres georgianas dispuestas a gestar.

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La ultraderecha sigue tomando el poder. El último ejemplo: Chile. Con un 58,61%, el candidato ultra José Antonio Kast ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al 41,39% obtenido por Jeannette Jara, quien ha admitido de inmediato su derrota. «La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo Jose Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile», ha escrito en su perfil de X.

La candidata de izquierda, exministra del Trabajo del gobierno saliente de Gabriel Boric, ganó por la mínima la primera vuelta, con el 26,8% de los votos. Fue un resultado muy ajustado y por debajo de lo que pronosticaban las encuestas. En esa primera ronda, Kast se quedó a una distancia cortísima, con el 23,9% de los apoyos.

Ahora, la suma de todas las derechas ha dado la victoria a Kast, líder del Partido Republicano, y supone la vuelta de la ultraderecha al Palacio de La Moneda tras la dictadura de Pinochet. Era la tercera vez que Kast, de formación abogado, intentaba llegar al poder. La primera vez fue en 2017, en cuyas elecciones no pasó de la primera vuelta. Posteriormente, en 2021, fue superado por el presidente de izquierdas Gabriel Boric.

Kast, que votó a favor de la continuidad de Pinochet en el plebiscito de 1988, ha ganado con promesas como el cierre de las fronteras a la inmigración o la creación de cárceles de máxima seguridad. Desde que Chile recuperó la democracia, en 1990, solamente ha habido un presidente de derechas, Sebastián Piñera, ya fallecido, quien gobernó entre 2010 y 2014 y entre 2018 y 2022. A diferencia de Kast, Piñera votó en contra de la continuidad de Pinochet.

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Eran las 23.57 de la noche. Quedaban apenas 24 horas para no perderlo todo. Y, tras unos días de nervios y angustia a la vez, el marcador de Goteo sobrepasó el objetivo mínimo: 85.188 euros. Una vez más, La Marea acaba de conseguir el apoyo necesario para seguir investigando gracias de nuevo a nuestra comunidad, a los lectores y lectoras que creen en un periodismo honesto, riguroso e independiente.

Con aportaciones en su mayoría pequeñas –y que muestran el esfuerzo que muchas personas realizan–más de 1.800 mecenas han contribuido en una recaudación vital para hacer frente a una demanda por la publicación de una investigación sobre la industria de los vientres de alquiler.

A todos y a todas ellas les damos infinitas gracias. También a todas aquellas personas, entidades, asociaciones, colectivos que han empujado estos días con diferentes acciones para que sigamos a contracorriente. Gracias, de verdad, por el compromiso y el esfuerzo.

¿Y si llegamos al óptimo?

La campaña, no obstante, no termina aquí. Se puede seguir donando para llegar a la cantidad óptima y, de paso, llevarte una suscripción. Por 50 euros, recibirás la revista digital durante un año (4 números + el Magazine de Climática) y tendrás acceso a las actividades para las personas suscriptoras. También puedes regalar la suscripción a quien quieras, ahora que vienen las fiestas.

No ha sido fácil llegar hasta este momento tras meses de agotamiento en los que hemos estado preparando la defensa legal con recursos mínimos, tanto económicos como humanos. Por eso no nos cansaremos de dar las gracias y de repetir, por supuesto, que no nos callarán, que seguiremos haciendo nuestro trabajo.

¡Seguimos!

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Tres iniciativas comunitarias, culturales y educativas buscan financiación urgente para continuar su labor social. Todas ellas están activas en la plataforma Goteo y afrontan las últimas semanas de campaña en un contexto excepcional: la reapertura temporal del sistema antes del lanzamiento de la nueva plataforma a comienzos de 2026. Estas son sus historias y por qué necesitan apoyo ahora.

La fuerza de La Marea: blindar la independencia periodística

Como ya te hemos contado, desde La Marea hemos puesto en marcha una campaña de financiación para proteger nuestra independencia editorial frente a una demanda, la primera recibida por una de nuestras investigaciones en más de trece años de trayectoria. El objetivo mínimo es de 85.100 euros.

Los fondos permitirán mantener investigaciones en curso, ampliar el equipo, seguir investigando sobre gestación subrogada y muchos otros temas… En definitiva, nos permitirán reforzar nuestra comunidad de personas críticas y blindar la independencia del medio.

Objetivo mínimo: 85.100 euros
Obtenido: 82%
Tiempo: Quedan 4 días

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Un aula para pensar, crear y sentir: Educación Creadora

La asociación Freetime impulsa un espacio educativo en Saldaña de Burgos basado en los principios de la educación creadora: una práctica donde niñas y niños se expresan sin juicios, sin evaluación y sin exigencias técnicas.

El proyecto necesita un mínimo de 18.830 euros para acondicionar el aula, adquirir materiales y garantizar personal especializado. Hasta ahora ha recaudado alrededor de 1.600 euros, con menos de un mes para completar la financiación. El objetivo es crear un lugar seguro y respetuoso donde la creatividad infantil sea motor de autoestima, juego y bienestar emocional. La iniciativa defiende un modelo alternativo a las prácticas tradicionales del aula de arte.

Objetivo mínimo: 18.830 euros
Obtenido: 42%
Tiempo: Quedan 13 días

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Paremos la macrocentral de biogás más grande del sur de Europa (La Sentiu)

La Plataforma Pobles Vius busca apoyo para financiar la defensa legal y las acciones comunitarias contra la instalación de una macroplanta de biogás en La Sentiu de Sió (Lleida). El proyecto, que ha generado preocupación entre agricultores, vecinos y colectivos ecologistas, necesita reunir un mínimo de 27.220 euros, de los que ya se han conseguido más de 15.000.

Los fondos permitirán costear recursos administrativos, informes técnicos y la organización comunitaria frente a un proyecto industrial que sectores del territorio consideran de alto impacto ambiental y con carencias en sus planes de gestión.

Objetivo mínimo: 27.220 euros
Obtenido: 96%
Tiempo: Quedan 8 días

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Goteo reabre su plataforma para campañas urgentes

Las tres iniciativas forman parte de la selección de Goteo tras meses de pausa. La plataforma, tras la que se encuentra la Fundación Platoniq, había paralizado temporalmente la web de microfinanciación para dedicarse a la renovación de su diseño.

No obstante, Goteo ha reabierto temporalmente su plataforma para permitir la publicación y apoyo de campañas urgentes. La organización informa de que se podrá colaborar y lanzar proyectos hasta el 29 de diciembre de 2025. Todas las campañas deben finalizar antes de esa fecha, lo que obliga a ajustar la duración de las rondas de financiación. La reapertura es excepcional y responde, según el equipo de Goteo, a la convicción de que ningún proyecto transformador debe quedarse atrás durante el periodo de transición tecnológica. La nueva plataforma verá la luz el 1 de enero de 2026.

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Hoy se cumplen 10 años del Acuerdo de París, el pacto con el que la comunidad internacional se comprometió a reducir la emisión de gases de efecto invernadero a escala global para frenar el cambio climático. Una década después ¿puede decirse que aquel acuerdo, basado en las evidencias y el consenso científico, fue un fracaso? Con los datos en la mano, sí. Cada año que pasa se emite más CO2 a la atmósfera y se superan los registros de temperatura. Cada año es más cálido que el anterior. ¿Quiere decir esto que el objetivo marcado en 2015 era poco realista? O más aún, ¿inútil? Ni mucho menos.

El planeta se comprometió entonces a reducir sus emisiones para mantener el aumento de la temperatura media muy por debajo de los 2 ºC. Llegar a ese límite significaría una catástrofe para la vida en el planeta. Lo ideal, se estableció en aquella cita, sería no superar los 1,5 ºC. Estas temperaturas se refieren a promedios de la temperatura global medidos a lo largo de muchos años. Ese grado y medio de calentamiento ya se alcanzó en 2024 y la tendencia para los próximos años no invita al optimismo. Lo que no significa que todo lo realizado en estos 10 años haya sido en balde o que la humanidad deba resignarse y tirar la toalla.

El límite de 1,5 ºC estaba en consonancia con los datos científicos disponibles en ese momento, sin contar con que los países responsables de la mayor parte de las emisiones iban a desentenderse del problema. Y no sólo eso: sin tener en cuenta que el mayor contaminador del planeta, Estados Unidos, iba a trabajar en sentido contrario, favoreciendo los intereses de la industria fósil, los bancos y los fondos de inversión por encima de la preservación de la vida y de los ecosistemas que la sostienen. La victoria de Donald Trump en 2016 y el auge mundial de la ultraderecha –principal bastión del negacionismo científico en todos los órdenes y singularmente en el climático– han sido decisivos en la parálisis política de la lucha contra el calentamiento global.

En cualquier caso, como dicen los expertos consultados por Climática, la divisoria marcada hace 10 años en aquel grado y medio sigue vigente. «Alcanzar o no los 1,5 °C no importa para la política o la acción», afirma Julia Steinberg, profesora de Economía Ecológica en la Universidad de Lausana y una de las autoras del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Este grupo se encarga de redactar los informes de evaluación que son la base científica de las negociaciones climáticas, con lo que llegamos a otro de los puntos de fricción más polémicos o desalentadores de estos 10 últimos años: ¿sirven para algo las Cumbres del Clima? ¿Sirven para algo las COP?

La ausencia de grandes acuerdos podría inducir a pensar que sí, que las cumbres organizadas por la ONU para frenar el cambio climático no sirven para nada. Pero no es así. «Un mensaje destructivo contra las COP es contraproducente», explica Andreu Escrivà, doctor en Biodiversidad. «Las COP han tenido un papel importante y actualmente representan un nodo de multilateralidad que, en un mundo tan separado, tan reaccionario y tan individualista, es necesario preservar a toda costa», añade.

«Sí, el multilateralismo está en crisis», admite Irene Rubiera, abogada y comunicadora especializada en clima y derechos humanos. «Sí, las cumbres avanzan más despacio de lo que deberían. Y no, no podemos abandonar ese espacio. Es importante recordar esto: la razón de ser de las cumbres nunca fue la buena fe de los gobiernos, sino ser el escenario donde la presión social se vuelve imborrable y políticamente ineludible. Sin las decenas de miles de personas en las calles y la voz de los pueblos indígenas, el proceso multilateral habría sucumbido hace años al bloqueo sistemático de los intereses fósiles».

Puedes leer más sobre el tema en ‘Climática’, el medio especializado en clima y biodiversidad.

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No, no ha terminado. Dos meses después del alto el fuego acordado con Hamás y la liberación de los rehenes israelíes, la realidad diaria de la población palestina en Gaza sigue siendo de muerte, hambre y desplazamiento. A ello se han sumado esta semana las fuertes lluvias, que han inundado las tiendas de campaña y embarrado sus alrededores en los campamentos de la ciudad. La tormenta, denominada Byron, ha causado el fallecimiento de una bebé de ocho meses por hipotermia en la tienda de campaña donde vivía con su familia, en Jan Younis.

“Esos niños están sufriendo mucho no solo por la lluvia, sino también por el frío. En la Franja hay 6°C o 7°C”, afirma desde Unicef Jonathan Crick. La organización ha llevado 250.000 prendas de invierno para niños, zapatos, unas 8.000 tiendas de campaña y 600.000 mantas, pero todo esto “está lejos de ser suficiente” porque hay más de 1,5 millones de personas que necesitan urgentemente ayuda humanitaria.

Además, el portavoz de Unicef dijo también que están “extremadamente preocupados” por la posibilidad de que el agua traiga más enfermedades. “En las últimas cuatro semanas, hemos observado un aumento de diarrea acuosa aguda entre niños menores de cinco años. Y tememos que esto vaya a expandirse. También tememos que puedan aparecer y propagarse otras enfermedades transmitidas por el agua”, añadió.

Continúan los ataques pese al alto el fuego

La destrucción del enclave por parte de Israel ha dejado también sin vehículos de rescate a la población, y los servicios de auxilio apenas disponen de medios. «Es otra capa de miseria«, ha resumido el máximo responsable de la UNRWA, Philippe Lazzarini.

Esta misma semana, el grupo de personalidades internacionales defensores de la paz y de los derechos humanos conocido como los Elders ha condenado los continuos ataques militares de Israel y la obstrucción a la entrada de ayuda en la franja. Según una información recogida por la ONU, más de 350 palestinos, incluidos numerosos niños, han sido asesinados por las fuerzas israelíes en Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre pasado. Además, los 320.000 gazatíes menores de cinco años siguen en riesgo de desnutrición aguda.

“Si el presidente [Donald] Trump y otros líderes permiten que esto continúe sin control, pondrá en peligro las perspectivas de una paz justa y destruirá cualquier esperanza de superar el genocidio y la hambruna en Gaza”, alertaron. Los Elders señalaron que Estados Unidos, y las potencias árabes y europeas con influencia, se enfrentan a una prueba crucial, y subrayaron que cualquier presencia internacional en Gaza debe apoyar la revitalización de las estructuras de gobernanza palestinas que allanen el camino hacia la creación de un Estado, no reemplazarlas. “La propuesta de ‘Junta de Paz’ en su forma actual no presenta una vía creíble ni legítima”, argumentaron.

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La presencia de mujeres en la economía social y solidaria es mayoritaria entre las personas trabajadoras (68%), voluntarias (64%) y las que realizan labores de representación (57%). Además, el 73% de las organizaciones mejoran los permisos establecidos por la ley de conciliación familiar y laboral. Y la brecha salarial con respecto a los hombres es mínima: del 0,79%. Son algunos de los resultados obtenidos en la última Auditoría Social de REAS RdR, la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria. El informe incluye un análisis específico de género y otro del mercado social, y han participado 731 entidades.

Todas ellas, con un número medio de 26 personas trabajadoras y unos ingresos medios de cerca de 1,19 millones de euros, daban empleo en el año 2024 a más de 19.000 personas. En sus 30 años de andadura, desde su constitución en 1995, REAS RdR ha buscado el fortalecimiento del
movimiento de la economía social y solidaria en todo el Estado español, profundizando en su
capacidad como sujeto de transformación social a partir de los valores y prácticas recogidas
en su Carta de Principios.

Y, comenzando por la equidad, según los principales datos recogidos, las organizaciones auditadas cumplen con buena nota. Con respecto a la distribución justa de la riqueza, los datos también son positivos: el 59% dedica el reparto de beneficios a reservas, compensación de pérdidas o inversiones propias. El 19% lo destina a causas sociales y solidarias. Y el 7% a inversiones en entidades financieras de la economía social y solidaria.

Sus principales fuentes de ingresos provienen de la facturación y el 33% de subvenciones. En este capítulo, la forma jurídica con más dependencia de las subvenciones son las asociaciones (51%), mientras que las cooperativas de servicio y de trabajo asociado dependen de ellas un 12,32% y un 26%, respectivamente.

Entre las cuestiones relacionadas con el trabajo digno, el salario medio en estas entidades asciende a 25.795 euros. Por otro lado, un 68% cuenta con un reglamento interno que incluye medidas de mejora de las condiciones laborales establecidas en el convenio de aplicación. En los sectores más representativos de la muestra, la formación ocupa más del 60% de las entidades y en más del 80% la formación se contempla para personas trabajadoras.

Sobre la sostenibilidad ecológica, numerosas entidades afirman que hacen esfuerzos para mejorar sus prácticas de consumo. Un 95% de ellas señalan que tienen en cuenta que sean de proximidad y ecológicos a la hora de adquirir productos. En lo que se refiere a energía renovable, el 54% contrata el servicio eléctrico con una proveedora de energía de fuentes 100% renovables; un 19% lo hace de manera parcial y un 26,5% no contrata con servicio eléctrico renovable.

Sobre la movilidad, el 60% incorpora, ofrece o facilita alguna alternativa o ayuda relacionada con el transporte hacia el centro de trabajo, incluidos el teletrabajo, compartir coche, aparcamiento para bicis, etc. Por otro lado, el 46% facilita un transporte ambientalmente sostenible a las personas que necesitan desplazarse por necesidades de los proyectos de la propia organización.

Los datos también reflejan el alto compromiso con la cooperación. Así, el 95% de las entidades se articulan en intercooperación sectorial. Mayoritariamente comparten conocimiento y proyectos, pero menos de la mitad comparte local o gestión. Solo un 4% de las entidades no cooperan.

Además, un 75% de las entidades prevén acciones para fomentar la diversidad dentro de la organización, cifra que asciende al 81% en el caso de acciones positivas hacia fuera de la organización. “Los datos permiten comprobar la relevancia económica que alcanzan en España las entidades de la economía social y solidaria”, concluye REAS.

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La cifra de personas sin hogar que acudieron a recursos públicos en busca de ayuda ha registrado un incremento nunca antes visto: un aumento del 57%. Son los datos disponibles desde 2022 a 2024 en el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos en el Informe Pobreza Sur 2025: sin hogar e invisibles a la vista de todos. «Es tan solo la punta del iceberg de un problema mucho más grave”, ha afirmado Diego Boza, coordinador general de APDHA, en la presentación del informe.

Boza ha puesto el foco sobre “la invisibilidad que sufre este colectivo en situación de vulnerabilidad” y ha denunciado “no solo la falta de recursos públicos para brindarles una atención digna, sino también las medidas arquitectónicas agresivas, las actuaciones policiales y las sanciones que sufren por parte de las administraciones públicas”.

El informe denuncia que solo tres de los ocho ayuntamientos de las capitales andaluzas –Almería, Huelva y Jaén– han respondido a la solicitud de información elevada por APDHA bajo el amparo de la Ley de Transparencia. «Parece que los ayuntamientos andaluces están más preocupados en ocultarlos de la vista pública, alejándolos de las zonas más turísticas de nuestras ciudades, que por brindarles la atención que merecen”, prosiguió Boza, que insistió en que la entidad ejercerá sus derechos para que los consistorios andaluces cumplan con sus obligaciones legales y faciliten la información.

Según ha expresado también la vicecoordinadora de la entidad y delegada por Sevilla, Macarena Olid, el perfil de las personas sin hogar ha evolucionado significativamente desde antes de la crisis económica de 2007 hasta el momento actual: «Antes de 2007 asociábamos a las personas sin hogar un perfil vinculado a problemas de salud mental, adicciones y situaciones de exclusión social prolongadas en la trayectoria vital de quienes padecían situaciones de sinhogarismo. Pero a partir de 2007, con una crisis económica que dejó sin empleo a miles de personas y provocó miles y miles de desahucios, pudimos observar cómo numerosas personas que antes jamás lo hubieran imaginado acababan viviendo en situación de calle”.

No obstante, la viccoordinadora de la APDHA ha alertado de que “la actual crisis de la vivienda, los recortes y la precarización de la vida» está llevando a la población a una situación aún peor. A las 8.000 personas que en Andalucía oficialmente viven en situación de sinhogarismo –explica Olid–, hay que añadir a otras muchas personas que no acuden a los recursos públicos y que se ven obligadas a vivir en la calle, en asentamientos o en infraviviendas. «A pesar de que la mayoría de personas en esta situación son hombres, las cifras oficiales apuntan a un significativo aumento de mujeres e incluso de familias con hijos e hijas muy pequeños a su cargo”, ha añadido.

Otro colectivo que se ve obligado a vivir en estas condiciones, destaca Olid, es el de “los jóvenes extutelados por la Junta de Andalucía, los cuales, en cuanto cumplen los 18 años, son expulsados de los centros de acogida en que residían sin tener muchas alternativas”. El informe también incide en que, según los datos oficiales, cada vez son más los migrantes en situación administrativa irregular que, sin poder acceder a recursos públicos, acaban sobreviviendo en situación de calle.

Ante este escenario, la vicecoordinadora de APDHA ha reclamado a las administraciones públicas “un compromiso sincero y honesto con las personas sin hogar” y ha denunciado que “de los 174 centros ubicados en Andalucía para atender a este colectivo tan solo 25 son de carácter público, mientras que hasta 129 son privados”, lo que, según Olid, “demuestra el escaso interés institucional por dar respuesta a estas personas”. Olid también ha precisado que “hasta el 57,1% del personal que trabaja en los centros que prestan atención a este colectivo lo hacen de forma voluntaria”.

Por otra parte, sobre los datos recopilados por la APDHA respecto a la situación socioeconómica en Andalucía, Diego Boza ha destacado que “Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma con mayores índices de pobreza, exclusión social y de baja intensidad del empleo en el hogar, tan solo por detrás de Ceuta y Melilla”, aunque, tal y como ha apuntado el propio Boza, “en privación material y social severa, Andalucía se encuentra incluso por detrás de Melilla”.

«Los datos relativos a pobreza y exclusión social, unidos al aumento de la precariedad laboral y de los precios de la vivienda, están colocando a la sociedad andaluza al borde del abismo”, ha concluido también la vicecoordinadora de la entidad andaluza, que ha precisado que “hasta un 46,2% de las familias con hijos menores a su cargo están riesgo de pobreza, como también lo está el 45,8% de quienes viven de alquiler o el 64,8% de las personas en situación de desempleo”.

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La última canción del primer disco de Robe Iniesta (Plasencia, 1962) en solitario era una declaración de intenciones: «Al camino recto, por el más torcido, vengo derecho». Así iniciaba el periodista Dani Domínguez, extremeño como Robe, un artículo en el que resumía bien quién era el cantante y compositor que, en la últimas décadas, llenó la música española de transgresión y alma, de filosofía y acción, con Extremoduro. Robe Iniesta ha muerto con 63 años tras ser diagnosticado de un “tromboembolismo pulmonar” hace un año, cuando suspendió sus últimos conciertos de manera indefinida.

«Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones», escribe en un comunicado Dromedario Records.
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La frase de esa última canción de sus primer disco –nos contaba Dani– es una manera de resumir su trayectoria: «Cuando veía que la crítica y, sobre todo, el público, le asfaltaban el paso, decidía dejar el camino para evitar que en el alquitrán se le quedaran pegadas las pezuñas».

Su particularidad lo llevó, entre sus desvaríos creativos, a un disco (Pedrá, 1992) compuesto por una única canción de casi media hora de duración y otros dos (La ley innata, 2008, y Mayéutica, 2021) que, aunque divididos en diferentes temas, en realidad componen una obra única. «Es increíble que en la gira de Mayéutica lo que más celebrase el público fuera escuchar una única canción de 45 minutos. No hay nadie con una carrera como la suya, con canciones que son auténticos éxitos, y que consiga que su último disco sea el más celebrado», explicaba el periodista cultural Javier M. Alcaraz en el citado artículo, sobre la carrera de Robe Iniesta.

«Pero por encima de todo esto –añade Dromedario Records–, hoy despedimos al maestro de maestros. Y es que, es unánime, todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona».

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