La Llotja de Mar, símbolo del comercio marítimo barcelonés desde el siglo XIV, albergó durante dos días una conversación sobre los flujos invisibles que mueven el mundo contemporáneo: datos, algoritmos, plataformas, derechos. El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales –organizado en el marco de la Mobile World Capital Barcelona y financiado con fondos europeos de NextGenerationEU– acogió mesas redondas, charlas magistrales y sesiones de participación ciudadana sobre un mismo eje temático abordado desde ángulos muy distintos: el impacto de la inteligencia artificial y las plataformas digitales sobre los derechos fundamentales, la democracia y el trabajo.

Y, sin embargo, uno de los mensajes más repetidos a lo largo de las dos jornadas fue precisamente ese: que el debate llega tarde. Que mientras académicos, juristas y representantes sindicales discuten marcos regulatorios y garantías democráticas, las tecnologías que pretenden regular llevan años operando a escala masiva, moldeando conductas, eliminando empleos y concentrando un poder sin precedentes en manos de unas pocas corporaciones privadas. El congreso no podía resolver esa contradicción, pero al menos la nombraba sin eufemismos.

Buena parte de los asistentes que debatían sobre el empoderamiento de los trabajadores y la necesidad de escuchar voces colectivas lo hacían ataviados con traje. Una contradicción menor, quizás, pero elocuente: la urgencia por democratizar el debate digital convive, todavía, con los códigos y los circuitos de siempre.

El vehículo sin carriles

Geertrui Mieke De Ketelaere, ingeniera e investigadora de inteligencia artificial desde los años noventa y autora de The Chatbot Trap, fue una de las voces más contundentes de la primera jornada. Lleva décadas estudiando cómo las sociedades adoptan tecnología y ha aprendido a reconocer ciertos patrones que se van repitiendo, pero el que ve ahora con el desarrollo de la llamada “Inteligencia Artificial” le inquieta: “Cuando hay un accidente de coche, los daños están a la vista, pero con la IA los daños se esconden”. Su diagnóstico fue claro: el modelo habitual –primero optimizar, luego pensar en el impacto– se está repitiendo con la inteligencia artificial, pero a una velocidad y con una opacidad sin precedentes. “Tenemos que apresurarnos en ponerle carriles al vehículo”, resumió. El coche ya está en marcha, pero la carretera todavía no existe.

De Ketelaere fue más allá de la necesidad de regulación para hablar de algo más estructural, lo que ella llamó “la economía del apego”, es decir, la forma en la que las grandes plataformas explotan mecanismos dopamínicos para generar dependencia emocional, presentándola como mejora de las relaciones sociales cuando los efectos reales apuntan en dirección contraria. La adicción como business model.

Este tipo de análisis, que hace apenas una década habría sonado alarmista en un foro institucional, fue recibido en la Llotja de Mar sin apenas cuestionamiento. Algo ha cambiado en el consenso experto. La pregunta es más qué herramientas disponemos para actuar.

«Estamos entrenando a la máquina para que nos sustituya»

Si la sesión sobre sostenibilidad digital habló del problema en términos sistémicos, la mesa dedicada al impacto de las tecnologías emergentes en el trabajo sirvió para bajarlo a ras de suelo. María Luz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, arrancó desmontando una coartada habitual: “No estamos hablando del futuro del trabajo. Estamos hablando del presente”. Puso el ejemplo de los centros de atención telefónica, donde la voz de los trabajadores se graba sistemáticamente para entrenar a los bots que acabarán sustituyéndoles. “Estamos trabajando para que nos acaben desalojando”, resumió. Y aquí paz y después gloria.

Rodríguez reclamó que el debate sobre la propiedad de los datos laborales se sitúe en el centro de la agenda política y sindical. Los datos que generan los trabajadores en su actividad cotidiana tienen un valor económico enorme. Ese valor se captura, se monetiza y raramente revierte sobre quien lo produce. “No podremos transformar la sociedad sin la voz de las personas implicadas”, insistió. La transformación digital, advertía, requiere un diseño plural que vaya más allá de la perspectiva empresarial.

La mesa completó ese diagnóstico con otras voces. José Varela, responsable de IA y digitalización de UGT Confederal, distinguió entre empleo y empleabilidad: perder un trabajo es un drama individual, pero cuando una tecnología elimina categorías enteras de ocupación, lo que se destruye es la posibilidad misma de encontrar empleo en ese sector. “Eso está ocurriendo”, advirtió. Eva Rimbau-Gilabert, profesora de la UOC, añadió que el control tecnológico excesivo sobre los trabajadores siempre genera desafección y rompe el contrato psicológico. “La IA se está usando para sustituir, cuando debería ser utilizada para complementar”, concluyó. Las empresas, dijo, se están buscando un problema a medio plazo.

Democracia, juventud y el espejo iberoamericano

La primera jornada cerró con una mesa que amplió el foco geográfico y generacional. Alexandre Pupo, secretario general del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, aportó un dato que debería figurar en cualquier informe sobre el estado de las democracias: si en 2010 una mayoría de jóvenes iberoamericanos declaraba apoyar la democracia, en 2020 ese apoyo había caído al 45%. En el mismo período, las tasas de trastorno emocional y depresión se duplicaron.

Ciertamente, correlación no implica necesariamente causalidad. Pero en este caso, y a falta de que baje un estadista y lo certifique, todo apunta a que ambos conceptos se dan de la mano.

Pupo rechazó la narrativa de los que los jóvenes de hoy son “nativos digitales”, identificándola como una trampa conceptual. “Nos toca vivir en esta realidad, pero no nacemos preparados para ella”, dijo. Y apuntó a un dato que da que pensar. “En 2010 ocurre algo…Facebook crea el botón de me gusta”. Correlación no implica causalidad. Pero haríamos bien en recordar estos datos y atar algunos cabos.

Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM, señaló la asimetría regulatoria que subyace a todos estos debates: se regula con más intensidad a los usuarios que a los dueños de las plataformas. En América Latina, ese desequilibrio tiene consecuencias políticas directas que los marcos europeos tienden a subestimar. La cuestión de fondo es quién tiene el poder de definir qué se ve, qué se amplifica y qué se silencia en el espacio público.

Lo que queda pendiente

El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales no pretendía resolver los problemas que ponía sobre la mesa, y no los resolvió. Pero consiguió algo más difícil en el clima actual: reunir en un mismo espacio a personas que habitualmente hablan en registros y foros distintos –el académico, el sindical, el jurídico, el activista, el institucional– y forzarlas a escucharse. En un momento en que la velocidad del cambio tecnológico tiende a dejar obsoletos los marcos de análisis antes de que sean adoptados, esa lentitud deliberativa tiene un valor que no debe subestimarse.

Lo que el congreso dejó en evidencia es que el tiempo del diagnóstico se agota. Durante años, investigadores y activistas han documentado los riesgos de la concentración tecnológica, la explotación de datos, la manipulación algorítmica y la destrucción de empleo. Esa documentación existe. Los marcos regulatorios europeos –el AI Act, el Digital Services Act– existen también, aunque sean insuficientes. Lo que falta es, de algún modo, lo de siempre: voluntad política para actuar a la altura de un problema que ya nos está superando, y hacerlo en clave democrática en contra los intereses del poder tecnofeudal creciente.

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Poca gente se para a pensar quién está detrás de la traducción del libro que está leyendo. Mucha menos llega a pensar cuánto cobrará esa profesional, que seguramente no se pueda dedicar a la traducción como única forma de ganarse la vida. Y por si fuera poco, un nuevo golpe amenaza a este sector, en el que parece que lo único estable es la precariedad: la incursión de la inteligencia artificial generativa (IAG) en las editoriales podría desplazar (aún más) a los traductores, pauperizar (aún más) su labor y convertirles en meros correctores de un producto fabricado a través de una máquina.

Para evitarlo, el pasado 21 de abril hicieron pública una iniciativa: un sello que certifique que la traducción que el lector disfruta está realizada por un ser humano. Su materialización pasa por el buen hacer y la confianza en las compañías editoriales, cuya postura, por el momento, se puede resumir en un concepto muy en boga: la libertad (empresarial) primero.

Amaya García, presidenta de ACE Traductores, la principal asociación de traductores editoriales de España, que aglutina a unos 700 profesionales, asegura que la situación se ha agravado en las últimas dos décadas. «Las tarifas de los traductores llevan muchísimo tiempo sin subir. Que seamos la mayoría autónomos complica mucho nuestro poder de negociación», comenta. Ahora, el posible uso de la IAG por parte de editoriales para sustituir la labor de los traductores empeora una realidad que critican desde su nacimiento. «La IA se aprovecha de las obras que ya hemos publicado, de las de todo el mundo, explotándolas como otro tipo de piratería y saqueo, para elaborar sus traducciones», afirma.

Las tarifas que manejan dependen de los idiomas que traduzcan. Una «buena tarifa» con la que García trabaja es 0,055 euros por palabra, «y aún así es insuficiente para poder vivir de esto», apostilla. Tendría que traducir 22.200 palabras para llegar a los 1.221 euros mensuales de salario mínimo bruto reconocido en 14 pagas. Según la presidenta de ACE Traductores, una novela de unas 200 páginas puede abarcar dos o tres meses de trabajo. De todas formas, hay encargos que hasta desecha. «Pagan tan poco que tengo que recortar en calidad, pero luego lo firmo yo, ¿y cómo sabe el lector que esa traducción que no es tan buena no obedece a mi capacidad de trabajo sino a mis condiciones laborales? Para eso prefiero decir que no», denuncia.

Ana Alcaina, traductora editorial y profesora en la Facultad de Traducción de la Universitat Autònoma de Barcelona, admite que vive cierta incertidumbre por ver hasta qué punto, según sus propios términos, se le cae el libro de las manos a un lector cuando lea la traducción realizada por una IA. Y añade: «Construir juegos de palabras, expresar las emociones que esconden los personajes, producir la voz del autor y elegir entre adjetivos es un trabajo más minucioso de lo que puede hacer una máquina». Esta docente universitaria esgrime que la IAG «regurgita» un texto, que además es una versión de otros muchos.

Virginia Maza, afincada en Zaragoza y traductora con más de 20 años de experiencia, ayuda a perfilar el panorama: «La IA no es neutral, tiene ideología y unos fines económicos que sirven a la lógica capitalista». Ella es un caso inusual dentro de su profesión ya que se dedica a la traducción en exclusividad. Remarca que las negociaciones de tarifas son duras: «Yo llevo ya bastante tiempo, pero a las compañeras nuevas siempre les aconsejo que se asocien, que vayan a lo colectivo».

Ninguna editorial ha confesado en España que utiliza la IAG para traducir los libros extranjeros que comercializa. Sin embargo, en el sector se barrunta que la idea no es ajena a las empresas. Ya ha ocurrido con el sello Harlequin, del grupo HarperCollins, en Francia. «Quieren que los traductores acabemos puliendo los textos generados con IA por mucho menos dinero», señala García, presidenta de ACE Traductores, antes de advertir que esa forma de trabajar incluso lleva más tiempo que la traducción original en sí.

ACE Traductores no quiere quedarse viéndolas venir. Saben bien que las editoriales se valen de subterfugios para no indicar que una obra no ha sido traducida por un humano, y si lo indican, lo hacen de tal forma que el lector medio no se percata de ello. «La única salida que nos queda es proclamarlo nosotros a través de un sello de certificación» orientado al público lector, subraya García.

Las editoriales son clave para que este sello se normalice y se extienda lo más posible. «Contamos con su buena fe», remarca la presidenta de ACE Traductores, quien apunta que los lectores también tienen derecho a esa transparencia. Si alguno no le da tanta importancia a la traducción realizada por un humano, se podría quejar de que le cobraran lo mismo por el libro traducido con IAG.

La Asociación de Editores de Madrid no ha atendido a La Marea, pero su vicepresidente, Paulo Cosín, ha dejado una declaración: «La IA supone en algunos casos una amenaza y en otros una oportunidad, y los diferentes protagonistas de la cadena de valor tendremos que analizar el uso correcto y las limitaciones, tanto desde el punto de vista legal como ético». Sus homólogos catalanes han defendido que «todo es muy embrionario», en relación con la traducción realizada mediante IAG, aunque sí es una herramienta que abordan en sus órganos de debate y formación.

Por su parte, desde la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) han indicado que no intervienen en la operativa de las compañías, «que evidentemente tienen plena libertad para fijar sus criterios de actuación en todo el proceso de elaboración de un libro». Asimismo, han asegurado desconocer si hay editoriales que se valen de la IA para sus traducciones. «Por lo que a nosotros respecta y como no puede ser de otra manera, cada una decide libremente sobre el uso de cualesquiera herramientas digitales», han añadido.

De la misma forma, la FGEE ha reconocido que el entrenamiento de la IAG debería contar con la autorización de los creadores de las obras que la hayan alimentado. Nada de esto es suficiente para la traductora Virginia Maza, quien cree que la clave es la transparencia y que la IA es «una gran herramienta terrible que amenaza la vida». Dejar la cultura en sus manos, asegura, «no es peligroso únicamente para la cultura, sino también para la lengua, nuestro idioma y el pensamiento humano».

Este reportaje se ha publicado originalmente en El Periscopio, el suplemento cultural de La Marea. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente.

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En marzo de 2026, Anthropic –la empresa que fabrica el modelo de inteligencia artificial Claude– publicó un informe sobre el impacto de la IA en el mercado laboral. Sus autores, Maxim Massenkoff y Peter McCrory, introducen un nuevo indicador para medir el riesgo de desplazamiento laboral por IA al que llaman observed exposure, una métrica que cruza la capacidad teórica de los modelos de lenguaje con su uso real y automatizado en entornos profesionales.

Los números son reveladores en su frialdad, aunque a estas alturas ya no sorprenderán demasiado: los programadores informáticos encabezan la lista de ocupaciones más expuestas, con un 74,5% de cobertura automatizable. Les siguen los representantes de atención al cliente (70,1%), los técnicos de entrada de datos (67,1%), los especialistas en registros médicos (66,7%) y los analistas de mercado (64,8%). La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos proyecta, además, que las ocupaciones con mayor exposición observada crecerán menos de aquí a 2034: por cada 10 puntos porcentuales de incremento en la cobertura IA, la proyección de crecimiento del empleo cae 0,6 puntos. Es una pendiente modesta en los decimales, pero inequívoca en la dirección.

El informe también detecta algo que todavía no aparece en las estadísticas de desempleo pero que lo precede: la contratación de jóvenes entre 22 y 25 años en los sectores más expuestos ha caído un 14% en el período post-ChatGPT. Los trabajadores de mayor edad permanecen en sus puestos; los jóvenes, sencillamente, ya no entran. La máquina no expulsa todavía de forma masiva; por ahora, cierra el acceso a quienes aún no han llegado.

Conviene señalar, antes de seguir, algo que ningún modelo econométrico puede capturar: el informe lo publica la misma empresa que construye la herramienta que desplaza los empleos. El capital tecnológico se ha arrogado también la función de diagnóstico, y eso delimita de antemano qué puede ser visto, pensado y, sobre todo, propuesto como solución. El informe mide la exposición al riesgo, pero la pregunta que no formula –a quién va a parar la productividad ganada– la responden los mercados cada trimestre con resultados récord.

La promesa incumplida de la abundancia

En 1930, en plena resaca del crack de Wall Street, John Maynard Keynes publicó un ensayo llamado Economic Possibilities for our Grandchildren en el que imaginó que hacia el año 2030 el progreso tecnológico habría resuelto el problema económico de la humanidad. Su predicción era que por aquel entonces (dentro de cuatro años), la humanidad disfrutaría de una jornada laboral de 15horas semanales, y el resto del tiempo podría ser dedicado al ocio, a la cultura, a lo que a cada cual le diera la gana. Keynes no era un revolucionario ni un utopista de izquierdas; era el economista más influyente de su siglo, y su argumento era puramente aritmético. Si la productividad crece lo suficiente, llega un momento en que las máquinas hacen el trabajo y los seres humanos pueden hacer otra cosa.

Paul Lafargue había llegado a una conclusión similar cincuenta años antes, en El derecho a la pereza (1880), aunque con una carga política que Keynes no compartía: si las máquinas producen más, los seres humanos deberían trabajar menos, y el hecho de que eso no ocurra dice algo sobre quién controla las máquinas, no sobre las máquinas en sí.

Marx lo había formulado en términos más radicales todavía, en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, al describir el trabajo como la forma fundamental de alienación del ser humano bajo el capitalismo. En ese texto, el trabajo se convierte en algo externo al trabajador, en una actividad que no le pertenece y que le arrebata la energía vital para convertirla en mercancía. La tecnología, en este esquema, debería representar la posibilidad histórica de revertir esa alienación: si las máquinas hacen el trabajo, los seres humanos podrían recuperar el tiempo para desarrollarse como tales.

Tres pensadores, tres tradiciones intelectuales distintas, la misma conclusión de fondo…pero lo que estamos viviendo en este momento es exactamente lo contrario de lo que los tres anticiparon. El aumento de productividad que trae la IA no está reduciendo la jornada laboral, ni garantizando una renta de subsistencia a quienes quedan desplazados, ni, por supuesto, financiando sistemas públicos más robustos. Está concentrando el excedente en manos de un número cada vez más reducido de propietarios de infraestructura digital, mientras los trabajadores desplazados navegan solos un mercado que ya no los necesita con la misma urgencia de antes.

La cuestión de fondo, sin embargo, no es que la IA destruya empleos netos, sino que los beneficios extraordinarios separan cada vez a aquellos que necesitan “matarse” a trabajar (a veces se trata de un matarse literal) ante una minoría ultrarrica con un poder económico superior al PIB de varios Estados del mundo.

De alguna manera la ola neoliberal que comenzó en las postrimerías de la primera mitad del siglo XX, ha encontrado en la IA su argumento más poderoso: la inevitabilidad. Si los mercados son eficientes y la tecnología es neutral, cualquier perturbación laboral es simplemente el precio del progreso, y quien no se adapte habrá elegido, en el fondo, su propio destino.

Lo que sería posible si hubiera voluntad política

No existe ninguna razón técnica por la que el aumento de productividad derivado de la IA no pueda distribuirse. Las propuestas son muchas. La renta básica universal, por ejemplo, ofrece un mecanismo: si las máquinas generan riqueza, que esa riqueza financie la vida de quienes las máquinas han desplazado. Una demanda que, lejos de ser una excentricidad de la izquierda, tiene defensores en tradiciones políticas muy diversas, precisamente porque la lógica que la sustenta es difícil de rebatir sin apelar directamente a los intereses de quienes acumulan.

Porque lo que sigue ocurriendo –y lo que el debate técnico sobre la IA sistemáticamente oscurece con sus métricas de cobertura y sus proyecciones de crecimiento sectorial– es que el aumento de la productividad no está sirviendo para liberarnos del trabajo, sino para concentrar la riqueza de muchos en manos de muy pocos. Keynes lo habría reconocido con perplejidad. Lafargue, con rabia. Y Marx, con la amarga satisfacción de quien ya lo habría anticipado.

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Este reportaje se publicó originalmente en La Marea 111. Puedes conseguir la revista y suscribirte en nuestro kiosco.

La mañana del 28 de febrero, decenas de niñas y docentes ingresaron a la escuela primaria Shajareh Tayyebeh de Minab, una ciudad de más de 70.000 habitantes en el sur de Irán. Era sábado, el primer día de la semana laboral en ese país. También el primer día de la operación «Furia Épica», como denominó el Pentágono a la ofensiva que lanzó contra Irán junto a Israel (Tel Aviv, por su parte, la llamó «Rugido del León»).

Alrededor de las 10.30 hora local, un misil Tomahawk impactó en la escuela, perforando el techo y colapsando la estructura. Análisis forenses de imágenes satelitales revelaron que, poco después, otro misil impactó en el patio, seguido por un tercero que completó el ataque. Según las autoridades iraníes, al menos 168 personas, en su mayoría niñas de entre siete y 12 años, fallecieron en el ataque. No se trató de un fallo técnico.

Los misiles Tomahawk no son cualquier misil. Pueden cubrir más de 2.000 kilómetros de forma autónoma, a velocidades cercanas a los 880 km/h, e impactar en su objetivo con un margen de error de pocos metros.

La escuela estaba ubicada en un edificio que hace una década fue separado de una base de las fuerzas navales del Cuerpo de Guardianes mediante un muro. Dicha base también fue golpeada en los ataques del 28 de febrero. Por ello, es probable que EE. UU. identificara esa base como objetivo militar pero que los mapas utilizados para esa identificación no estuvieran actualizados. Pero ¿quién es responsable de ese error en una guerra en la que se combate esencialmente con inteligencia artificial?

La cadena de muerte

En términos militares, con kill chain (literalmente, ‘cadena de muerte’) nos referimos a la secuencia de acciones que ocurre entre la identificación de un objetivo, la decisión de atacar y el despliegue del ataque. Durante casi un siglo, los ejércitos han intentado comprimir la kill chain todo lo posible, algo que permitiría atacar al enemigo de forma más rápida y eficaz.

Este deseo se convirtió en necesidad por primera vez durante la Guerra del Golfo del año 1991, cuando los iraquíes emplearon lanzadores móviles de misiles capaces de desplazarse varios kilómetros antes de que los estadounidenses pudieran coordinar una respuesta. Las viejas técnicas analógicas, en las que los analistas tenían que revisar manualmente mapas, grabaciones y otros datos, no servían. Se necesitaban máquinas capaces de volar tan bajo como para esquivar los radares, identificar un objetivo y eliminarlo en minutos. En pocas palabras, drones armados: vehículos capaces de volar (y atacar) sin tripulación a bordo.

El primer ejemplo llegó en 2001, cuando el capitán de la Fuerza Aérea de EE. UU. Scott Swanson y el sargento mayor Jeff A. Gunny Guay intentaron matar, sin éxito, al mulá Omar, líder de los talibanes y aliado de Osama Bin Laden, mientras controlaban un dron armado Predator desde Langley (Virginia), a miles de kilómetros de distancia. A pesar de que la misión no obtuvo los resultados esperados, los drones Predator y el más pesado Reaper en poco tiempo se convirtieron en instrumentos claves de las misiones militares tanto de EE. UU. como de Israel. Su uso se amplió enormemente durante la presidencia de Barack Obama, llegando incluso a ser considerados por algunos más «humanos» que otro tipo de ataques.

«La pregunta es si los drones nos tentarán a hacer cosas incorrectas. Pero no parece que sea así, porque tenemos casos en los que los drones se usaron de manera justa, y parece que, en realidad, mejoran nuestra capacidad de actuar con justicia», dijo en 2012 a The Guardian Bradley Strawser, filósofo y por entonces profesor en la Universidad Naval de Monterrey. «Literalmente cada acción que realizan queda registrada. Ante una decisión difícil, los operadores pueden incluso tomarse su tiempo y llamar a otras personas a la sala. Hay más margen para los controles y la supervisión», argumentó.

Pero con el aumento de los datos, poco a poco los controles y supervisión se volvieron cada vez más complejos. «En un futuro no muy lejano, vamos a encontrarnos nadando en sensores y ahogándonos en datos», aventuró en 2010 un alto cargo de inteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense. Y eso fue lo que pasó. La difusión de redes sociales, drones y tecnologías de vigilancia masiva aumentaron enormemente la disponibilidad de datos en manos de los ejércitos para identificar y rastrear objetivos. Eso llevó a un cuello de botella. ¿Quién podía analizar tanta información? La inteligencia artificial trajo la respuesta.

Guerra sin piloto

«El objetivo de los sistemas de IA es liberar al ser humano del procesamiento cognitivo; hacer las cosas más rápidas y eficientes», comenta a La Marea Elke Schwarz, profesora de Teoría Política en la Universidad Queen Mary de Londres y autora del libro Death Machines: The Ethics of Violent Technologies (2018). Schwarz lleva años estudiando las consecuencias reales y potenciales del empeño humano por automatizar al máximo la práctica de matarse unos a otros.

Su investigación comenzó a principios de la década de 2010, años antes de la invasión rusa de Ucrania, una guerra que se ha convertido en un campo de experimentación para el uso de algoritmos e inteligencia artificial en batalla. «Muchas empresas emergentes llevaron sus nuevas tecnologías al conflicto», señala Schwarz.

Muy pronto, la asimetría del conflicto en Ucrania trajo el uso masivo de drones teledirigidos. A diferencia de los complejos y costosos sistemas Predator, estos eran instrumentos baratos que, con una inversión de apenas 500 dólares y comandados de forma remota, eran capaces de destruir tanques. No obstante, se revelaron vulnerables ante la guerra electrónica, es decir, ataques que interrumpen la comunicación entre el dron y su piloto. Esto propició que se impulsara el desarrollo de aeronaves con capacidades autónomas de vuelo y ataque.

Los drones autónomos están dotados de software capaz de transportar explosivos a lo largo de cientos de kilómetros y localizar objetivos. Otro tipo de drones, de cuatro hélices, se dotaron de inteligencia artificial para atacar a soldados rusos sin intervención humana cuando las comunicaciones fallaran. El siguiente paso fueron los enjambres de drones, capaces de perpetrar ataques masivos sin necesidad de contar con decenas de operadores.

Entre las innovaciones desplegadas en Ucrania, destaca el envío, en febrero de 2026, de dos robots humanoides Phantom MK-1 para cumplir funciones descritas oficialmente como «de apoyo» y no de combate. Según la startup californiana Foundation que los ha creado, este modelo sería el primer autómata diseñado específicamente para zonas de conflicto armado. «Lo que estamos viendo ahora es el primer intento torpe de cómo los robots van a librar nuestras guerras», declaró a la revista Time Mike LeBlanc, cofundador de la empresa y veterano de los Marines con experiencia en Irak y Afganistán. «Pero, en realidad, solo están esperando a que empiece el espectáculo», añadió.

Al margen del posible desarrollo de estos robots, en la actualidad las decisiones bélicas ya pasan por las principales empresas de inteligencia artificial, las mismas que diseñan los chatbots (asistentes conversacionales de IA) que cada día usan millones de personas para corregir correos electrónicos.

Decisiones de algoritmos

El libro The Making of the Atomic Bomb, de Richard Rhodes, publicado en 1986 y ganador del premio Pulitzer, se ha convertido en una de las lecturas más populares en las oficinas de Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude. Como escribía Charlie Warzel en 2023 en el medio The Atlantic, la obra se ha convertido en una suerte de texto fundacional para cierto tipo de investigadores en IA: los que creen que sus creaciones podrían tener el poder de matarnos a todos.

En febrero de este año, el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth exigió a Anthropic acceso sin restricciones a sus sistemas de inteligencia artificial para cualquier uso militar. La respuesta del consejero delegado, Dario Amodei, fue una negativa pública: «En conciencia, no podemos aceptar su petición». Hegseth contestó designando a Anthropic como «riesgo para la cadena de suministro», una calificación reservada habitualmente a empresas vinculadas con gobiernos adversarios, como la china Huawei o la rusa Kaspersky.

En respuesta, Anthropic demandó al Gobierno, que por su cuenta comenzó el proceso de reemplazar Claude con los modelos de empresas que supuestamente aceptaron sus condiciones, como ChatGPT, de OpenAI, y Gemini, de Google. Hasta ese momento, la colaboración entre esta empresa –fundada por exmiembros de OpenAI– y el Departamento de Defensa había sido estrecha.

El Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) habría utilizado una versión clasificada de Claude para asistir en evaluaciones de inteligencia, identificación de objetivos y simulación de escenarios de combate durante operaciones militares en Irán. Según reveló The Wall Street Journal, Claude también habría sido empleado en la operación militar estadounidense que condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de este año.

Además, Anthropic ya se había asociado con Palantir Technologies, el gigante de análisis de datos cofundado por Peter Thiel y uno de los principales contratistas tecnológicos del Pentágono. En particular, Claude sería clave para el funcionamiento del sistema Maven Smart, diseñado por Palantir y supuestamente utilizado por el Ejército de EE. UU. en su guerra en Irán. Maven es capaz de procesar volúmenes enormes de datos clasificados procedentes de satélites, vigilancia y otras fuentes de inteligencia, y generar a partir de ellos información operativa. Según Hegseth, durante las primeras 24 horas de su ofensiva, EE. UU. atacó más de mil objetivos.

«Sugieren miles de objetivos y luego tienes un equipo reducido de personas para comprobarlos o validarlos, pero tienen que hacerlo a toda velocidad», subraya Schwarz a La Marea. «Ocurre tan rápido que tenemos que preguntarnos si puede haber una supervisión significativa o si el humano simplemente va diciendo “sí, no, sí, no”, absorbido por la lógica funcional del sistema de IA, por la lógica de la máquina».

Según una investigación publicada en el año 2024 por la revista israelí-palestina +972 Magazine, Israel empleó el sistema Lavender en Gaza para analizar datos de vigilancia masiva de casi la totalidad de los 2,3 millones de habitantes de la Franja. El sistema asigna a cada individuo una puntuación del 1 al 100 según su probabilidad de ser miliciano. La investigación indica que la supervisión humana se reducía con frecuencia a una validación pro forma de aproximadamente 20 segundos por objetivo, tratando en la práctica la sugerencia de la máquina como una decisión firme.

Al comprobarse que Lavender supuestamente alcanzaba un 90% de precisión en la identificación de afiliaciones con Hamás, el Ejército autorizó su uso generalizado. A partir de ese momento, según las fuentes de +972 Magazine, si Lavender determinaba que un individuo era miliciano, los operadores debían tratar esa decisión como una orden, sin necesidad de verificar de forma independiente el razonamiento algorítmico ni examinar los datos en los que se basaba.

«Para hacer posible la violencia de masas es necesario deshumanizar al enemigo», concluye Schwarz. Y para eso, la inteligencia artificial ofrece grandes oportunidades. «Cuanto mayor es la distancia entre la aplicación de la fuerza y sus efectos, mayor es también la distancia emocional y moral que se genera».

A diferencia de los sistemas de armas convencionales, fabricados por empresas como Lockheed Martin y sujetos a marcos regulatorios, el uso militar de la inteligencia artificial carece de regulación.

Frenar la máquina

En uno de los muchos cafés de moda que hay en Brooklyn, frente a un capuccino, Peter Asaro admite que negociar un tratado para regular las armas con altos niveles de automatización es una tarea titánica en el laberíntico sistema de la ONU. Este filósofo de la ciencia, la tecnología y los medios digitales, ya atendió a La Marea en octubre de 2023 en la sede de Naciones Unidas.

Hoy, Asaro, vicepresidente del Comité Internacional para el Control de Armas Robóticas (ICRAC) y portavoz de la campaña Stop Killer Robots, se muestra esperanzado con el estado actual del borrador para negociar un marco legal común en las Naciones Unidas que permita ejercer control sobre las armas con altos niveles de automatización.

Tras varios intentos fallidos de prohibir por completo el uso de armas autónomas, el estado actual de las negociaciones se centra en regular su empleo y definir en qué contextos son aceptables. Es el caso, por ejemplo, de los sistemas de defensa antimisiles, que deben operar con inmediatez para neutralizar amenazas masivas. El debate de fondo radica en hasta qué punto es imprescindible mantener a un humano en el proceso y qué nivel de intervención se considera «significativo». Por ello, las discusiones se centran en la definición de un «control humano apropiado al contexto».

«La idea es que “apropiado” no sea un término vacío», matiza Asaro. «Exige algún tipo de valoración humana contextual que confirme que el sistema opera en un entorno conocido y que es capaz de hacerlo correctamente».

Estos esfuerzos regulatorios chocan con la oposición de potencias muy activas en el desarrollo armamentístico, convencidas de que la IA les otorgará una ventaja táctica decisiva. Países como Estados Unidos, Rusia, China, Israel, Corea del Sur y Turquía prefieren sustituir un tratado vinculante por meras «directrices» o «mejores prácticas».

Se espera que en noviembre de 2026 las Naciones Unidas voten el inicio oficial de las negociaciones. De ser así, el tratado formal podría ver la luz en 2027, seguido de un arduo proceso de ratificación global que seguramente intentarán torpedear los países detractores. Sin embargo, Asaro recuerda que no es una situación inédita y que la historia demuestra que el progreso es posible frente a la resistencia de las grandes potencias.

En el caso de las armas nucleares, un tratado de prohibición ha logrado establecer normas claras. Aunque las potencias nucleares no lo firmaron, el respaldo de la mayor parte del mundo consolidó una norma internacional que declara estas armas «inmorales e ilegales». Del mismo modo, aunque Siria nunca firmó el tratado sobre armas químicas, la comunidad internacional la hizo responsable de su uso. «Esperamos lograr algo similar. Como mínimo que podamos restringir el uso de estos sistemas y alejar la IA de las aplicaciones bélicas más peligrosas que podamos imaginar», concluye Asaro.

Así, al menos, la responsabilidad de las muertes de civiles podrá seguir siendo identificable y no quedar sepultada tras algoritmos indescifrables.

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Los centros de datos son el último señuelo del capitalismo. Con ellos se vende una idea de crecimiento económico y modernidad que está muy lejos de ser real. La economista argentina Cecilia Rikap los ha estudiado a fondo y tienen un papel principal en su Teoría de la dependencia digital, un ensayo editado por Caja Negra en el que hace un paralelismo entre la vieja teoría de la dependencia imperialista y el fenómeno de subordinación global que hoy ejercen las grandes tecnológicas, con Google, Amazon y Microsoft a la cabeza. Este fenómeno va más allá del yugo que impone la metrópoli sobre la colonia, yugo que perdura incluso después de la independencia. También trasciende las metáforas que dibujan a los jerarcas de Silicon Valley como nuevos señores feudales. Se trata, en suma, de un nuevo orden mundial impuesto por unas empresas que han institucionalizado el robo como su principal actividad: no sólo roban el agua para enfriar sus gigantescos centros de datos, también roban el conocimiento producido por el resto del planeta. Y nadie, por el momento, puede escapar de sus tentáculos. Aunque hay mucha gente, en muchos sitios, pensando cómo hacerlo. Una de esas personas es Cecilia Rikap.

Doctora en Economía y jefa de investigación del Instituto de Innovación y Propósito Público del University College de Londres, Rikap pasó por Madrid para presentar su libro y sus ideas. La acompañaron Aurora Gómez, del colectivo Tu Nube Seca Mi Río, y Manuel G. Pascual, periodista de El País que sigue la actualidad de las grandes empresas tecnológicas. Desde el principio de su intervención quedó clara una idea: eso que, resumiendo mucho, entendemos por «nube» no sólo no fomenta el desarrollo, sino que lo frena.

El presidente argentino, Javier Milei, se ha destacado por colaborar resueltamente en la difusión de esta quimera. «Dice que las tecnologías digitales van a generar un crecimiento inédito y descomunal, una suerte de revolución industrial en Argentina. Y que eso ocurrirá, por un lado, porque tenemos un montón de pibes programando, lo que habla de nuestra capacidad para ser una potencia en inteligencia artificial. Y por otra parte, porque en la Patagonia tenemos clima frío y energía barata, es decir, un ámbito propicio para la instalación de centros de datos», explica Rikap. Lo cierto es que estas tecnologías no producen un crecimiento exponencial de la economía, pero aunque así fuera (que no lo es), ese crecimiento no alcanzaría a todas las capas de la sociedad, sólo a unos pocos individuos de las clases más altas. En palabras de Rikap: «Aunque la torta crezca, no hay torta para todos». No la hay, especialmente en un mundo «tan desigual y tan polarizado» como el actual. «¿Qué importa que la torta crezca si, en última instancia, eso no se concreta en mejores condiciones de vida para las mayorías? Y esto no se refiere sólo a la desigualdad de ingresos, sino también al avance de la crisis ecológica y a su impacto sobre unas mayorías que viven en condiciones cada vez más precarias».

Este dilema ecológico-social también ha estado presente en la sociedad española desde hace mucho tiempo. Con resignación, a menudo se daba por perdido un río, una montaña, un bosque si finalmente esa fábrica, esa mina o ese cementerio nuclear iban a dejar dinero en el pueblo. En el caso de los centros de datos ya está claro que no será así. «Todos los que defienden la instalación de centros de datos pensando que van a generar crecimiento económico y empleo están equivocados. Los centros de datos no generan empleo salvo en el periodo de su construcción», detalla Rikap. Una vez construidos, esa mano de obra se desvanece. «Según la propia Microsoft, cuando el centro de datos está funcionando sólo necesita unas 50 personas por edificio. Y la cifra de Amazon es aún más baja». Tampoco creará un tejido comercial a su alrededor (restaurantes, supermercados, farmacias), ya que los centros de datos están situados en lugares aislados y funcionan con un nivel de secretismo comparable «al de las bases militares de Estados Unidos en el extranjero». Y los desarrolladores de esas tecnologías tampoco están allí, sino repartidos por el mundo, «son una minoría de personas con doctorados y especializados en matemática, estadística, ciencias de la computación…». Lo de la creación de empleo, en resumen, es una engañifa.

La necesaria complicidad local

A este respecto, Aurora Gómez recordó una escena particularmente comprometida que protagonizaron durante una rueda de prensa David Blázquez (responsable de Relaciones Institucionales de Amazon Web Services para España y Portugal) y Jorge Azcón, presidente de Aragón. «La cifra de empleos que ofrecen es una ensalada de números», señala Gómez con ironía. «Ni siquiera Blázquez entiende lo que está diciendo». Los gestos de Azcón, al fondo, muestran una evidente incomodidad ante las preguntas de los periodistas.

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Una escena como esa es un ejemplo visual perfecto del «papel cómplice de los Estados y los gobiernos regionales» en la dependencia digital, según Aurora Gómez. Como explica Cecilia Rikap, actualizando la corriente de pensamiento anticolonial nacida en la década de 1960, «el subdesarrollo no se explica solamente por la opresión del norte, sino también por dinámicas locales». Los gobiernos regalan una parte de su soberanía a estas empresas. Antes lo hacían a la oligarquía del campo; ahora, a los oligarcas tecnológicos. «Incluso dentro de los gobiernos progresistas aparecen estas complicidades, más o menos directas, con los ecosistemas predatorios de las gigantes tecnológicas de Estados Unidos y China», añade.

Lleva ocurriendo varias décadas. Por poner dos pequeños ejemplos, la Junta de Andalucía y la de Castilla-La Mancha decidieron abandonar sus sistemas operativos basados en software libre (Guadalinex y Molinux, respectivamente) para pasar por la caja de Microsoft. Esto ha pasado absolutamente en todos los apartados de la gestión pública y a todos los niveles, desde la ofimática a las políticas de Defensa, desde el ámbito local al europeo. Cuando esta dinámica se mantiene en el tiempo, ya es muy difícil de revertir, y eso sin entrar en los problemas que entraña permitir que una gran tecnológica acceda a los datos del Estado. El diagnóstico es bastante simple: «Cuanto más te metes en la nube, más probabilidades hay de que te hackeen». O de que estas empresas (o directamente el Gobierno de Estados Unidos) se queden con tus datos.

El ejemplo paradigmático sería el de Palantir, empresa que oferta diferentes programas de espionaje que han sido usados en el genocidio de Gaza y en las redadas del ICE. Su objetivo ahora es desembarcar a lo grande en la Unión Europea, infiltrando su software en hospitales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los Estados y todo tipo de servicios públicos. En pocas palabras, sus programas funcionan como una herramienta de análisis de datos que puede conectar diferentes fuentes de información, crear patrones y fijar objetivos. A partir de ahí, apropiarse de los datos privados de los ciudadanos y alimentar con ellos sistemas de vigilancia masiva es coser y cantar. «Obviamente, a los gobiernos les preocupa este nivel de dependencia, pero al mismo tiempo les viene bien tener acceso a estas tecnologías para el control de las poblaciones inmigrantes o para participar en guerras», explica Rikap.

Este es el lado más siniestro y tecnofascista de la dependencia digital, pero hay otro más cotidiano: el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial con información robada. Y otro que se inserta en la simple lógica capitalista: el conocimiento absorbido por las big techs por su propia preeminencia en el mercado. Este conocimiento sería el equivalente a la plata de América a la hora de forjar su imperio. Para explicar su modus operandi, Rikap recurre al ejemplo de las grandes farmacéuticas: «Muy poca gente sabe que la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca es en realidad de la Universidad de Oxford. AstraZeneca es la empresa que después se apropió de ese conocimiento, hizo los ensayos clínicos y se la quedó en exclusividad, en parte por las presiones de la Fundación de Bill y Melinda Gates. Y la comercializó de forma privada, aunque los científicos que la descubrieron querían que ese conocimiento estuviera disponible para cualquier laboratorio con posibilidad de desarrollar la vacuna. Algo que, obviamente, en medio de una pandemia, seguramente hubiera sido lo más lógico». Rikap llama a esto «dinámica de monopolización intelectual». Y en el sector tecnológico está a la orden del día.

«Las pequeñas startups están produciendo nuevo conocimiento, pero no tienen la vocación de convertirse el día de mañana en una empresa como Microsoft, Amazon o Google. Aspiran, en el mejor de los casos, a vender su conocimiento a estas tres big techs», explica la economista. Este «extractivismo del conocimiento» se sostiene en los centros de datos, «porque sin centros de datos, no hay lugar donde almacenar ese conocimiento o donde procesar los algoritmos». Y al final, «este proceso de monopolización intelectual», que nació originalmente en universidades, en pequeñas startups o en organismos públicos de investigación, «se traduce en una capacidad de control de grandes porciones del capitalismo global».

Esto ha producido una especie de privatización del mundo que, en cualquier caso, no es nueva. «Esta coalición de gobierno entre las gigantes tecnológicas y Estados Unidos viene ocurriendo desde hace décadas –advierte Rikap–, lo que ocurre es que ahora es más evidente porque la extrema derecha ya no está en los márgenes sino en el centro. Y estas empresas existen porque Estados Unidos las ha favorecido con un arsenal de leyes que van desde el recrudecimiento de los derechos de propiedad intelectual hasta el desmantelamiento de parte de la legislación antimonopolio y el consentimiento de la evasión impositiva a gran escala». Teniendo esto en cuenta, «el tipo de tecnología que hoy tenemos es una respuesta a las necesidades del capital concentrado, a las necesidades de unos gobiernos que se imponen sobre el resto del mundo». Y no se refiere sólo al estadounidense; también incluye al chino.

Revertir esta situación puede parecer imposible por ese fenómeno que Rikap llama «totalitarismo epistémico». Pero hay soluciones. Unas más simples y otras más sofisticadas. Por empezar por la más simple: Rikap propone recuperar todo ese conocimiento robado por medio de los impuestos. Pero también, y esto es más complicado, que la ciudadanía sea consciente de que otras formas de organización son posibles: «La historia de la humanidad demuestra que siempre hemos estado imaginando y creando».

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Los proyectos de edificación de centros de datos para dar respuesta a las empresas tecnológicas ante la creciente demanda de inteligencia artificial (IA) se caracterizan por la opacidad que los rodea. Es lo que sucede actualmente en Fuenlabrada, justo en la parcela en la que hace unos años se erigía la fábrica de Coca-Cola, epicentro de la lucha laboral que consiguió doblegar a la empresa ante el cierre de la factoría y un espacio codiciado por su abastecimiento de agua. 

Por eso esta finca de 195.000 metros cuadrados es tan golosa. Aunque nadie sabe exactamente cómo la planta tecnológica golpeará al mayor recurso natural que existe, cambios de uso del suelo mediante, varias organizaciones sociales y políticas alertan de las consecuencias de un proyecto que desde el Consistorio fuenlabreño venden como “el mayor campus de centros de datos de Madrid”.

Aurora Gómez Delgado es una de las integrantes de Tu nube seca mi río, un colectivo de resistencia ciudadana contra los centros de datos. Ella conoce la dificultad para seguir la pista de estos enclaves que últimamente brotan como esporas en diversas ciudades de toda España. En este caso, según cuenta, llegaron al proyecto de Fuenlabrada por un soplo de una persona afincada en Georgia (Estados Unidos). “Los centros de datos a hiperescala como este están conectados a zonas rurales y de la periferia porque necesitan mucha agua para funcionar y refrigerar sus sistemas de procesamiento”, dice la activista.

De esta forma, las compañías se decantan por lugares conectados con fuertes fuentes de agua y energía, como son los enclaves utilizados en el sector de la cerámica o, en este caso, de la producción de bebidas gaseosas. “Los inversores también buscan que no haya resistencia local, que, en realidad, no existía hace unos años. Pero sí existía la lucha obrera en Coca-Cola, y las resistencias se unen unas con otras”, comenta Delgado.

Hay dos tipos de centros de datos. Por un lado, los propios de los grandes tótems tecnológicos como Amazon, Google y Microsoft. Por otro, aquellos de empresas llamadas de colocación, que se los alquilan a los gigantes digitales. Gómez explica que en Fuenlabrada se erigirá uno de este segundo tipo. “Estamos viendo una subida increíble de esta burbuja especulativa, con muchos fondos de inversión pujando en ella”, comenta. Si todo continúa según lo previsto, esta localidad al suroeste de la capital tendrá un centro de datos propiedad de Thor Equities, dueño del terreno desde 2022.

El agua, siempre la mayor incógnita

La gran pregunta que rodea este proyecto industrial es cuánta agua consumirá. “Tanto investigadoras como periodistas y activistas nos hemos encontrado con que la falta de información es atroz. La opacidad siempre acompaña a los centros de datos”, afirma con contundencia la propia Gómez. 

Los únicos datos oficiales accesibles para la ciudadanía fueron expuestos en las redes sociales del Ayuntamiento de Fuenlabrada el pasado 17 de marzo. En un post, el consistorio gobernado con mayoría absoluta por el socialista Javier Ayala expuso que la empresa británica Apto invertiría 2.000 millones de euros para construir en la ciudad “un gran campus de centros de datos, el mayor de la región cloud de Madrid”, que seguramente después será utilizado por las grandes compañías de Silicon Valley.

El terreno que ocupará alcanza los 195.000 metros cuadrados, que albergarán cinco centros de procesamiento de datos, “alcanzando una capacidad total prevista de hasta 240 megavatios”, añadieron. El permiso de obra ya está aprobado y su construcción comienza “de inmediato”, siempre según la publicación del ayuntamiento fuenlabreño, desde donde aseguraron que se prevé la creación de unos 2.500 empleos.

Sin embargo, el Consistorio no ha contestado a ninguna de las preguntas planteadas por La Marea al cierre de la edición de este artículo sobre cómo han calculado esos dos millares y medio de puestos de trabajo, cuál será el uso del agua por parte del centro de datos y si el Ayuntamiento realizará algún tipo de control al respecto. Tampoco han explicado por qué Fuenlabrada necesita un centro de datos.

Cambios en el uso del suelo

Eva Fuentes Rincón, responsable del área de Ecologismo y Medio Ambiente de Podemos Fuenlabrada, sin representación en el Ayuntamiento, señala: «Hemos pasado de la sorpresa a la preocupación”. Esta vecina de la localidad se pregunta qué necesidades de la población cubrirá la factoría. “No podemos dejar que estos centros de datos se construyan sin una regulación concreta ni que su construcción infle una burbuja especulativa, como ha sucedido con los macroproyectos de energías renovables”, opina.

Desde su partido político, aseguran que ya están analizando si el proyecto cumple con la legislación vigente en todos sus aspectos, pues hay viviendas situadas a apenas 200 metros del enclave que se podrían ver afectadas por el mismo. En este sentido, Fuentes advierte de que tras la marcha de Coca-Cola de Fuenlabrada y después de que vendieran el terreno al fondo de inversión Stoneweg en 2020, la finca ha experimentado diversos cambios en la denominación del uso del suelo. “Desde entonces, habrá triplicado su valor. Ahora mismo el suelo tiene una categoría superior para centros de datos”, explica.

Un acuífero, oro para los centros de datos

La integrante de Podemos enfatiza que en el subsuelo de la finca elegida hay un acuífero, explotado en su momento por Coca-Cola. Lo corrobora Mercedes Pérez Merino, antigua delegada sindical por CC. OO. de la compañía Casbega, franquiciada por Coca-Cola en Fuenlabrada. “Una de las cosas que les movieron a traer la factoría es que había pozos y acuíferos, y muy buenos”, reitera.

Esta administrativa ya jubilada recuerda cómo fueron los propios trabajadores del municipio quienes, al ver cómo la empresa explotaba el agua, reclamaron que repercutiera de alguna forma en la sociedad. “Instalaron una depuradora para que los ayuntamientos de la zona pudieran hacer uso de esa agua para riego y limpieza”, rememora Pérez, quien entró a formar parte de Coca-Cola en la planta de Fuenlabrada en 1983.

La factoría llegó a ser una de las más productivas para la firma transnacional. Sin embargo, decidieron cerrarla. Una lucha ardua de la plantilla y las mujeres de los trabajadores, conocidas como Las Espartanas, consiguieron doblegar a la empresa. El apoyo mutuo fraguó una victoria que se tradujo en un sueldo hasta la jubilación para todos los trabajadores despedidos de unos 2.500 euros al mes, según cifra Pérez.

“Siempre pensé que tras la venta de la factoría había algo que se nos escapaba. Ahora lo entiendo. Esto del centro de datos lo tenían pensado desde mucho antes”, añade la antigua trabajadora de Coca-Cola. Desde su experiencia, considera que la sociedad debería reflexionar sobre los tiempos con los que trabajan las transnacionales, inasumibles para las personas normales, comenta. “Hay que prepararse, porque no dan puntada sin hilo y son insaciables”, concluye.

Una Administración a favor de las empresas

Siempre se puede hacer algo. Para intentar combatir la proliferación de estos centros que tan duramente golpean a su entorno, Gómez subraya que algo que podrían hacer las Administraciones es no favorecer su presencia en el territorio. “Todos los centros disfrutan de legislación especial que hace que la burocracia sea menor y todo vaya más rápido, por lo que a la gente local no le va a dar tiempo a enterarse de lo que pasa”, critica.

La activista añade que esta industria tan pujante goza también de grandes subvenciones públicas a nivel regional, así como de la exención del pago de impuestos como el de bienes inmuebles o el de actividades económicas. “Al menos en España todavía es necesaria una valoración ambiental para dar el visto bueno, porque en otros países se ha retrocedido en eso”, apuntilla.

Desde Tu nube seca mi río concluyen que la aparición de un centro de datos como el proyectado en Fuenlabrada no aporta ningún beneficio para la sociedad. “A mí solo me cabe pensar que de repente los políticos regionales o son muy tontos o hay intereses espurios”, asevera la misma Gómez. 

Según sostiene, tendremos que esperar todavía algunos años para ver si se producen puertas giratorias en este sector. No sería extraño. La antigua vicealcaldesa de Madrid y militante del extinto Ciudadanos, Begoña Villacís, es la directora ejecutiva de Spain DC, la patronal española de centros de datos. No es la única. El nombre de Marcos de Quinto ya marcó la lucha aguerrida de los trabajadores de Coca-Cola y sus mujeres, Las Espartanas, pues él fue vicepresidente a nivel mundial de la compañía entre 2015 y 2017. El antiguo diputado en el Congreso de los Diputados también por Ciudadanos actualmente trabaja para empresas ligadas a la IA, tal y como explica Gómez.

Casos de éxito: proliferan las resistencias

La lucha social, como en tantos otros frentes, comienza a dar sus frutos. Gómez asegura que el año pasado la mitad de los proyectos de construcción de centros de datos se consiguieron ralentizar en Estados Unidos gracias a la presión ciudadana. En otros tantos países se están aprobando moratorias para su edificación, y en Europa hay organizaciones que la reclaman a nivel global. “Es una industria que recién está despegando. Allá donde vamos, nosotras encontramos un grupo que quiere levantarse como resistencia a los centros de datos. Todo el territorio español está plagado de estas resistencias”, concede la activista.

De todas formas, el combate contra los centros de datos empieza desde casa. En un momento en que la IA inunda cualquier dispositivo, la concienciación ciudadana para evitar su uso innecesario se torna crucial. “Una sola búsqueda en un buscador que utiliza la IA implica toda una cadena de suministros que conllevan sufrimiento en otras partes del globo, ya sea por las tierras raras de Ucrania y Groenlandia, el litio en Chile o el coltán en el Congo”, ejemplifica Gómez. Es ella quien concluye: “Los consumos tecnológicos son algo privilegiado que recae en gente menos privilegiada. Hay alternativa al tecnocapitalismo. Hasta la fecha hemos podido sobrevivir sin IA, pero no podemos sobrevivir tres días sin agua”.

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«Pederastas: el problema estructural que no queremos abordar». Nunca nos había costado tanto escoger un titular de portada. Decidimos dedicar un especial a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes como un ejercicio de autocrítica y responsabilidad. Tras una comida en la que estuvimos hablando de Epstein, nos dimos cuenta de que no teníamos problema en definirlo a él y a sus cómplices como pederastas. Tampoco para aplicar ese término a los miembros de la Iglesia católica que han cometido agresiones sexuales. Las noticias sobre estos casos despiertan indignación y repulsa. Pero ¿cuál es la respuesta ante la violencia sexual intrafamiliar, la que supone un 80% del total? Las víctimas y especialistas que participan en el dossier de nuestro última revista lo tienen claro: silencio.

Una de cada cinco personas sufre violencia sexual antes de cumplir los 18 años, pero muy raramente lo contará y, menos aún, llegará a denunciarlo. Las agresiones que cometen nuestros padres, abuelos, tíos, padrastros, primos, vecinos o cuñados suelen ser secretos familiares que quedan impunes. Para minimizar su impacto, debemos reconocer cómo se manifiesta a través de señales más o menos evidentes. Para ello, hemos recopilado una serie de consejos de expertos para elaborar una guía con algunos indicadores, de tipo físico o conductual, que pueden ayudarnos a detectar posibles casos de violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. Puedes descargarla aquí en castellano, catalán, euskera y gallego.

Quizá mientras lees estas líneas, estés pensando en alguien próximo que ha sufrido este tipo de violencia. Tal vez te haya sucedido a ti, la probabilidad es alta. Repetimos: afecta al 20% de las personas menores de edad. En La Marea no vamos a dejar de recordarlo porque los medios de comunicación debemos ser un servicio público.

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Además, fieles a nuestra inclinación por el reporterismo, visitamos Siria y Cuba. Al primer destino acudimos de la mano de Núria Vilà Coma, quien visita una escuela a las afueras de Damasco para ver cómo se han reanudado las clases después de la guerra civil y de la caída del gobierno de Bashar al Asad.

A la isla caribeña nos acercan Patricia Simón y el fotoperiodista Alex Zapico. Cuba vive momentos de tensión por el estrangulamiento energético al que está sometida por parte de Estados Unidos, que además amenaza con una invasión. Los cortes de electricidad son continuos y el éxodo de personas jóvenes es imparable.

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En El Periscopio, nuestro suplemento cultural, abordamos el uso de la inteligencia artificial para realizar traducciones literarias, cuya popularización está poniendo en peligro a un sector ya muy precarizado que propone alternativas. También viajamos a Avilés, donde tendrá lugar una Bienal de Arte dedicada al cambio climático. Y hablamos con la escritora Laura Ortiz Gómez, autora de una novela atípica y deslumbrante sobre la lucha de clases: Indócil. El broche de oro para el suplemento es un relato de la escritora Elvira Navarro.

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