Primero fue Ámsterdam, seguida por Fráncfort. Madrid y Milán llegaron más recientemente. En menos de una década, los operadores de centros de datos han fundado asociaciones nacionales en casi todos los grandes mercados europeos. El patrón se repite hasta en los estatutos. La asociación holandesa se presenta como la unión de los data centers líderes del país, con la misión de fortalecer el crecimiento económico y perfilar el sector ante el gobierno, los medios y la sociedad; la española, nacida seis años después, utiliza la misma fórmula, casi palabra por palabra.
Parecen franquicias de un mismo modelo, fundadas además por las mismas empresas: entre los ocho socios iniciales de la asociación española SpainDC, en octubre de 2021, figuran Equinix, Interxion y Data4. Equinix y Data4 reaparecen un año después, junto a Microsoft y Digital Realty, en el acta fundacional de la asociación italiana.
Por encima de esta red nacional está el paraguas de Bruselas. La European Data Centre Association (EUDCA), creada en 2011, agrupa a operadores, proveedores y a las propias asociaciones nacionales. En enero de 2021, la EUDCA y la patronal europea del cloud (CISPE) impulsaron el Climate Neutral Data Centre Pact, una «iniciativa de autorregulación» apadrinada por la Comisión Europea que compromete al sector a la neutralidad climática en 2030. Pero faltan organismos de control independientes: estos compromisos están basados en sus propias métricas y en autoauditorías, según reconoce el propio pacto.
Expansión al sur
La expansión al sur de Europa podría explicarse con la saturación de las redes eléctricas. Por ejemplo, Dublín concentra ya el segundo mayor parque de centros de datos del continente (1.150 MW en operación, según KPMG, casi a la par de Londres) y estas instalaciones consumen el 22% de la electricidad de Irlanda, más que todos los hogares urbanos del país juntos. El propio informe anual de SpainDC presenta a España como alternativa a unos hubs «limitados por la disponibilidad de energía».
Para facilitar la expansión de las infraestructuras que alimentan el mundo digital y la inteligencia artificial, se invierten grandes cantidades de recursos. Según el análisis del registro de transparencia realizado por Corporate Europe Observatory y LobbyControl, la industria digital gasta 151 millones de euros anuales en hacer lobby ante las instituciones de la UE, un 55% más que en 2021, y sus 890 lobistas a tiempo completo en Bruselas superan ya el número de eurodiputados.
En España, la actividad de cabildeo está principalmente llevada a cabo por la asociación SpainDC, cuya misión incluye «hacer pedagogía sobre la esencialidad de los centros de datos» y contribuir a que el país «disponga de la infraestructura digital que necesita para sostener servicios públicos, actividad económica y competitividad». Según la asociación, la necesidad de construir centros de datos es comparable a otras infraestructuras claves para el desarrollo del país.
«¿Un aeropuerto beneficia a una aerolínea u otra? No», comentó por correo un representante de la asociación. «Los centros de datos son una base operativa para la administración digital, la actividad empresarial, la innovación, la inteligencia artificial y los servicios cotidianos de millones de personas», añadió.
La actividad de la asociación es frenética: en su página web se cuentan más de 150 eventos en tres años, de Madrid a Singapur pasando por Hawái y Mumbai. Durante sus dos primeros meses de vida ya se había reunido con el Ministerio de Economía y el Ayuntamiento de Madrid, y el pasado enero su directora ejecutiva (y exvicealcaldesa de la capital), Begoña Villacís, intervino en el Parlamento Europeo en una mesa redonda sobre el futuro de los centros de datos organizada por el grupo socialista.
Opiniones sin conocimiento
Tras el discurso de la oportunidad histórica –«Es un tren que llega, pero no se puede dejar pasar», dijo Villacís en un evento público en marzo de 2025– asoma el rechazo a medidas de control que el sector percibe como injustificadas. El lobby ha cargado contra el Real Decreto-ley 7/2026, que obliga a los centros de datos a generar energía renovable adicional equivalente a su consumo, permite suspender el acceso a la red a quienes incumplan criterios de eficiencia y uso del agua, y crea un comité para decidir qué proyectos tienen prioridad de conexión. Según SpainDC, ese comité «introduce un nivel de discrecionalidad que resulta difícilmente compatible con la confianza inversora».
La asociación estima que el sector podría movilizar 66.900 millones de euros hasta 2030 y superar los 16.000 empleos al final de la década, cifras que estarían en peligro si el sector público impusiera mecanismos de control definidos como desproporcionados. «SpainDC apoya el reporte de indicadores energéticos y ambientales, pero también ha advertido de que la regulación debe ser proporcionada, jurídicamente clara y homogénea con Europa», escribió en un correo un representante de la asociación.
SpainDC argumenta que la opinión pública está a su favor. En octubre de 2025 presentó su primer Barómetro de Percepción Social, elaborado con Sigma Dos a partir de 2.100 encuestas. «La sociedad valora el sector con una nota de 8,7 sobre 10, una calificación que obtienen otros servicios esenciales como la sanidad o las Fuerzas Armadas», defendió el representante de la asociación. Pero el barómetro revela lo que la propia asociación llama una «paradoja»: aunque el 85% de los encuestados ha oído hablar de los centros de datos, solo un 11,4% afirma conocerlos «bastante», un 40,4% admite conocerlos apenas «algo» y menos de la mitad ni siquiera sabe con qué energía funcionan. La alta valoración ciudadana convive con el desconocimiento generalizado de aquello que supuestamente se valora.
“Panafricanista. Eso es lo que realmente soy”, responde Sani Ladan (Duala, Camerún, 1995) tras resoplar con honestidad. Después, añade: “Todo lo demás son herramientas al servicio de una causa que es contar África desde África y, en este caso, desde su diáspora”.
Ladan vive en Madrid, aunque encontrar un hueco para conversar con él estos días resulta casi tan complicado como abarcar los asuntos que atraviesan sus páginas. Hace un alto durante su regreso a la capital española tras un viaje al extranjero. Está inmerso en la promoción de El latir de un continente (Plaza & Janés, 2026), mientras atiende otros proyectos que, como él mismo dice, nunca dejan de acumularse.
Si La luna está en Duala (Plaza & Janés, 2023) era un ejercicio de memoria íntima sobre su propia travesía migratoria, El latir de un continente amplía el foco. Es un mapa trazado con la urgencia de quien sabe que África no puede seguir siendo contada desde la mirada ajena. «La historia es más dulce cuando la cuenta su protagonista», recuerda Joseph Nkongo en el prólogo, recuperando un proverbio hausa.
Ladan le echa un pulso al pensamiento eurocéntrico desde la inmensidad de un continente que reclama el derecho a narrarse a sí mismo. Este libro cuestiona la falsa idea de que «África empieza a existir con la llegada del hombre blanco». De ahí la necesidad de recuperar nombres, fechas, imperios, civilizaciones y, sobre todo, resistencias. «Esto no es un libro de queja, sino de reivindicación», afirma.
¿Por qué sigue siendo necesario cuestionar la historia de África escrita desde una perspectiva eurocéntrica?
La historia casi siempre la han escrito los vencedores, en este caso quienes colonizaron. Y eso no es un problema del pasado. En pleno 2026 seguimos reduciendo un continente de 55 países y más de 2.000 lenguas a hambrunas, guerras o safaris. Cuando hacemos eso, reproducimos la misma mirada eurocéntrica del siglo XIX. Cuestionar esa historia no es un capricho identitario, sino un ejercicio de rigor. Cheikh Anta Diop dedicó su vida a demostrar la relación entre el antiguo Egipto y las civilizaciones negroafricanas, pero fue ninguneado por las academias occidentales. Eso dice mucho sobre quién decide qué merece ser considerado historia.
En el libro hablas de un orden mundial construido sobre la inferiorización de los pueblos africanos. ¿Cómo sigue operando hoy esa lógica?
Opera de dos maneras: una visible y otra más sutil. La visible es, por ejemplo, el franco CFA, una moneda que mantiene atados a catorce países africanos a decisiones que se toman en París. Eso es colonialismo económico en pleno siglo XXI. La parte más sutil tiene que ver con la representación: ¿quién tiene autoridad para hablar de África en los medios? Precisamente, Burkina Faso aprobó un decreto que prohíbe fotografiar a personas vulnerables junto a donaciones. Pero esa lógica no la sostiene únicamente Europa, también dirigentes africanos que han hecho de la dependencia su modelo de supervivencia. El panafricanismo debe mirar críticamente hacia nuestras propias élites.
También otorgas un papel central al lenguaje. ¿Qué cambia cuando hablamos de «personas esclavizadas» en lugar de «esclavos»?
Absolutamente todo. Decir «esclavo» parece hablar de una condición inherente a la persona. En cambio, decir «persona esclavizada» nos obliga a recordar que hubo alguien con un nombre y una vida antes de esa violencia, y también que hubo un esclavizador. Señalamos al responsable. No es una cuestión de corrección política, sino de precisión histórica. El lenguaje no es un decorado, es el marco desde el que pensamos.
El libro no se limita a narrar la violencia colonial, también recupera historias de resistencia y de reconstrucción de identidades. ¿Por qué era importante contar eso?
Porque si solo cuentas el sufrimiento, acabas reforzando la imagen de África como una víctima pasiva, esperando a que alguien venga a salvarla. Esa es una de las grandes mentiras que hemos consumido durante mucho tiempo. Hemos puesto el foco en los verdugos y olvidado a quienes resistieron, como Yaa Asantewaa, Abd el-Krim, los Mau Mau en Kenia o la Unión de los Pueblos Cameruneses. En cada rincón del continente hubo personas que se levantaron, lucharon y, en muchos casos, pagaron con su vida por no resignarse. Contar solo el dolor sin contar la dignidad de la resistencia es otra forma de deshumanizar a esas personas. Quería que el lector cerrara el libro sintiendo rabia por la violencia sufrida, pero también admiración y orgullo por quienes decidieron resistir.
¿Escribir en una lengua africana sigue siendo una forma de resistencia cultural?
Sin duda. Cada vez que un imperio ha querido dominar un territorio, lo primero que ha intentado destruir ha sido la lengua, porque en ella habita la forma de entender el mundo, la cosmovisión y la memoria oral de los pueblos. Autores como Ng?g? wa Thiong’o advirtieron de que seguir escribiendo en la lengua del colonizador tiene sus límites. En mi caso hablo varios idiomas. Me encantaría escribir algún día en hausa o fula, aunque fuera un texto breve. Sería una forma de devolverle algo a la lengua de mi abuela, que me contó mis primeras historias mucho antes de que yo aprendiera a leer en francés o en español.
Este año, el Gobierno de España aprobó la regularización extraordinaria de personas migrantes, mientras continúa endureciendo las fronteras y externalizando el control migratorio. ¿Qué revela esa doble política sobre la relación de Europa con África?
Es la coherencia con un modelo. Han convertido las fronteras en lugares de criba humana, donde quedan los excedentes de la sociedad y los considerados desechos desde una lectura racial. Europa delega el control migratorio en terceros países para mantener la frontera lo más lejos posible de su territorio. Es la lógica con la que se ha relacionado con África durante décadas. Cuando ya has entrado y eres útil económicamente, se te regulariza. Pero, al mismo tiempo, se despliegan todos los mecanismos posibles para impedir que otras personas lleguen. Es una gestión de flujos, no una política migratoria basada en los derechos humanos. Quienes dicen que España es un modelo, deberían haber estado presentes durante la masacre de Melilla. Hablamos del mismo gobierno.
Durante el Mundial hemos vuelto a ver insultos racistas e incluso dirigentes políticos cuestionando la pertenencia de futbolistas negros a sus selecciones. ¿Qué revela el fútbol sobre el legado del colonialismo?
El fútbol es un espejo cruel de cómo Europa sigue sin resolver su relación con sus antiguas colonias. Lo de Rajoy retrata perfectamente esa vieja idea colonial de que existen ciudadanos de primera y de segunda según el apellido y el color de piel. Equivale a decirles a millones de hijos e hijas de argelinos, senegaleses o cameruneses que, por mucho que hayan nacido allí, nunca serán plenamente franceses. En España ocurre lo mismo con futbolistas como Lamine Yamal o Nico Williams. En cambio, nadie cuestiona la pertenencia de Aymeric Laporte, porque es blanco.
«No aceptamos la inercia de un mundo agotado. Hay otra forma de hacer las cosas y la vamos a demostrar». Con esta contundencia se presenta Rechistando, un festival andaluz de la economía social y solidaria que persigue activar el relevo generacional, financiando de forma digna a sus artistas y equipo. «Rechistamos contra la inercia de precarizar a los creadores o exigir horas gratis a los equipos motores. No podemos sensibilizar sobre otra economía reproduciendo las lógicas del sistema que criticamos», avisan. En ese contexto, la organización apura estos días la campaña de crowdfunding en Goteo, donde ha logrado ya la cantidad óptima, más de 6.300 euros.
El evento, que se celebrará el próximo mes de octubre en Osuna (Sevilla), incide en el liderazgo y potencial del sur: «Un evento dinámico y abierto, donde hacer muchas conexiones con personas diversas y situado en el territorio, construido juntamente con el pueblo, desde y para el sur«. No obstante, está abierto también para cualquier persona a la que le guste la idea y «tenga ganas de disfrutar y aportar a esta experiencia de diversión y transformación».
«No es –avisan– el típico congreso de ponencias donde estar escuchando durante horas. No es un festival de música al uso (aunque habrá música y conciertos). No son unas jornadas formativas (aunque habrá espacios de aprendizaje). No es un evento con un programa súper cerrado (aunque habrá una agenda donde las personas participantes puedan elegir a qué unirse y a qué no)». Es, según insisten, «un lugar para jóvenes que tengan interés y curiosidad por conocer una economía y forma de trabajo alternativa: alineada con sus valores, desde donde puedan tomar decisiones, así como contribuir a la lucha por un mundo más justo».
Para conectar con los códigos, el dinamismo y la energía de este colectivo, el evento desplegará tres escenarios simultáneos. «Rompemos las estructuras rígidas para que nuestras delegaciones, colectivos y participantes elijamos nuestro propio itinerario de saberes y disfrute», dicen. Así, por un lado estará el Ágora (Pensamiento y Debate): «Mesas redondas para la reflexión profunda donde rechistamos colectivamente contra la deriva global, abriendo el espacio central a la palabra sin filtros de nuestro Ágora Juvenil».
También habrá Aulas (Acción e Interactividad): «El espacio más práctico y transformador, donde compartiremos con la juventud herramientas técnicas aplicadas sobre finanzas éticas, vivienda cooperativa, energías limpias y educación ambiental. Demostramos que hay alternativas tangibles listas para ser relevadas». Y un Jardín (Ocio Relacional y Respiro): «El pulmón del encuentro. Un espacio diseñado para nuestro networking permanente, la cultura local, la música y una gran experiencia lúdica compartida para romper distancias mediante el juego: el Escape Room de la economía social».
El 100% de los fondos financiará directamente los cachés artísticos, infraestructura técnica y la retribución digna de las horas de diseño del grupo promotor: «Apoyar esta campaña es un acto de compromiso político para ofrecer un horizonte justo y con futuro a las nuevas generaciones siempre con los valores de la Economía Social y Solidaria», concluyen.
Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural.
¿Qué pasará cuando Carles Puigdemont cruce la frontera y llegue a Catalunya, esta vez sin estratagemas ni jugadas maestras? ¿Cómo responderá la gente ante el retorno del president que protagonizó institucionalmente el 1-O? ¿Será acogido como el president de todos? ¿Ayudará a hacer revivir una formación política –Junts per Catalunya– que vive su peor momento desde su creación?
El 23 de octubre de 1977, el president Josep Tarradellas aterrizaba en el aeropuerto de El Prat tras treinta y ocho años de exilio. El día de su llegada, desde el balcón del Palau de la Generalitat, pronunciaba un discurso para la posteridad: «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí». El presidente del Gobierno del Estado lo restituía como president de la Generalitat. Tres años después, Jordi Pujol ganaba las primeras elecciones al Parlament y Tarradellas se retiraba sin ni siquiera presentarse. De Tarradellas, más allá de los historiadores y los biógrafos, nadie se acuerda.
Ciertamente, ambos casos son muy distintos, tanto en la duración del exilio como en la intensidad de las causas que los llevaron a abandonar el país. Pero el paralelismo sirve para señalar un hecho: el impacto del retorno es tan intenso como fugaz, y la nostalgia, en la política del día a día, solo cuenta si sirve para mejorar la vida de la gente. Eso es, precisamente, lo contrario de lo que hace Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, votando constantemente con el PP y Vox, ya sea para derogar la moratoria contra los desahucios o para tumbar la reducción de la jornada laboral. La nostalgia moviliza recuerdos. Los alquileres y los horarios movilizan vidas. Y un partido que lleva una década sin gobernar, atrapado entre la oposición a Illa, la competencia de Aliança Catalana por la derecha identitaria y la tentación permanente de entenderse con un Feijóo que ahora pide «pasar página», difícilmente podrá presentar el retorno de su líder como un proyecto. El retorno de Puigdemont no resuelve el problema de Junts: lo desnuda.
Junqueras, que sufrió la –injusta– prisión (como injusto ha sido el exilio impuesto a Puigdemont), ya ha tenido tiempo de entender que el aura de víctima se desvanece al instante, y ha tenido que pelearse con su propio partido, que todavía no controla del todo. Si finalmente cae la inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo, tendrá el que será, suponemos, su last dance como candidato. Pero el baile se reabre con un matiz que lo cambia todo: el votante que Puigdemont y Junqueras tendrán que disputarse ya no es el de 2017. Ha envejecido, se ha desencantado, ha cambiado de causa o mira hacia la extrema derecha. ERC ha hecho de la amnistía y de los pactos que la hicieron posible su justificación histórica; Junts hará del retorno una épica. Ninguna de las dos cosas, de momento, es un proyecto de país. La competición entre los dos originales vuelve al tablero justo cuando el público ha cambiado de obra.
Y después están los otros, los que casi nunca salen en el titular. La sentencia también avaló que se amnistíe a los doce miembros de los CDR procesados por terrorismo, aunque la Audiencia Nacional aún debe firmar el archivo. Entre las más de cuatrocientas personas amnistiadas hasta ahora hay activistas anónimos, cargos intermedios, también policías. La movilización que las llevó ante el juez, en cambio, no ha vuelto. La calle que llenó plazas y cortó autopistas no está esperando a nadie: se fue a casa, se desencantó o cambió de causa. La amnistía no reactiva ese mundo: como mucho, lo entierra con honores jurídicos. Y de ese sentimiento de incompletud se aprovechará Aliança Catalana.
¿Normaliza, pues, o congela? Ambas cosas y, de momento, ninguna de las dos. Porque nada de esto ha ocurrido todavía: Puigdemont sigue en Waterloo, Junqueras sigue inhabilitado, y la duda de verdad es qué otro conejo se sacará de la chistera un Tribunal Supremo que nos tiene acostumbrados a sorprender –esperar al Constitucional, ensayar una nueva consulta a Luxemburgo, descubrir un matiz inédito del «beneficio personal»– y a recordarnos, de paso, una vieja lección: la ley es casi siempre una, la que el poder decide que es. Si acaba aplicándose, la amnistía normalizará porque desjudicializa: por primera vez desde 2017, la política catalana podría discutirse sin un calendario de vistas orales como telón de fondo, y eso, en sí mismo, es higiene democrática. Y congelará porque restaura un elenco: los mismos nombres, las mismas rivalidades, la misma gramática del uno contra el otro, reinstalados en un escenario donde el espectador hace tiempo que mira otra obra.
Quien administra la normalidad, mientras tanto, es Salvador Illa: el dirigente que se opuso a la amnistía, convertido en su principal beneficiario político. Su apuesta es que la desjudicialización trabaje para él: que cada retorno reste épica al agravio y sume rutina a la legislatura, y que la nostalgia, como con Tarradellas, acabe donde mejor envejece, que es en los libros de historia.
Pocas instituciones han marcado tanto la historia económica y política de Catalunya como La Caixa. Nacida en 1904 como una caja de pensiones destinada a ofrecer protección a los trabajadores en un contexto de intensa conflictividad social, la entidad ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales centros de poder del país. Su influencia trasciende desde hace décadas el negocio bancario y alcanza ámbitos tan diversos como la vivienda, la cultura, la investigación, la educación, los medios de comunicación o la política económica.
Ese recorrido es el objeto de «La Caixa». Una història mai no explicada (Editorial Pol·len), (“La Caixa». Una historia nunca contada), el último libro del periodista e historiador Rafa Burgos. Tras más de cuatro años de investigación, un extenso trabajo en archivos y decenas de entrevistas con antiguos directivos, trabajadores, historiadores, sindicalistas y especialistas, Burgos reconstruye la trayectoria de una institución cuya historia se entrelaza con la de las élites económicas catalanas y españolas.
Lejos de presentar una simple cronología empresarial, el autor plantea una tesis ambiciosa. Sostiene que La Caixa constituye una institución sistémica, capaz de proyectar influencia sobre la economía, la política, la cultura y buena parte del tejido social gracias a una compleja red de relaciones construida durante más de un siglo. El libro aborda episodios poco conocidos de esa historia, desde sus vínculos fundacionales con la monarquía hasta el papel desempeñado durante el Procés, pasando por las participaciones preferentes, la vivienda o la internacionalización del grupo –entre muchos otros–. Más de cien años recompilados en una obra monumental que rastrea, como nunca se ha hecho antes, los entresijos de una de las organizaciones más poderosas del país.
El libro es el resultado de más de cuatro años de investigación. ¿Cómo surge un proyecto de estas dimensiones
Todo empezó casi como un desafío personal y editorial. Yo ya había publicado con Editorial Base otros libros de investigación sobre los grupos de poder de Barcelona y, una y otra vez, aparecía La Caixa de forma directa o indirecta. Nos preguntamos cómo era posible que no existiera una historia crítica de una institución tan determinante para Catalunya y decidimos intentarlo.
Al principio pensábamos que serían un par de años de trabajo. Al final han sido más de cuatro y podrían haber sido muchos más, porque una investigación así nunca termina del todo. Llega un momento en que simplemente tienes que decidir cerrar el libro.
Mi formación como historiador me ayudó mucho en la parte documental. Consulté archivos muy distintos, desde el Archivo Histórico de La Caixa hasta el Hospital de Sant Pau, la Biblioteca de Catalunya o archivos municipales. Lo sorprendente es que, tratándose de una institución con más de un siglo de historia, siempre acabas encontrando documentación relacionada con ella.
Las entrevistas también fueron creciendo casi de forma natural. Una fuente te remite a otra, alguien te recomienda hablar con quien conoce un episodio concreto o con quien participó en un conflicto determinado. Poco a poco vas reconstruyendo una red de relaciones muy amplia que permite entender la dimensión real de la institución.
Sitúas el nacimiento de La Caixa en un contexto de fuerte conflictividad social. ¿Hasta qué punto ese origen explica la función que desempeñó la entidad?
A finales del siglo XIX y principios del XX la situación de la clase trabajadora era muy complicada, especialmente en Catalunya, donde la industrialización había generado enormes desigualdades. Las condiciones laborales eran muy duras y comenzaron a desarrollarse formas de organización obrera que desembocaron en huelgas, movilizaciones y también en episodios de violencia.
El atentado del Liceu de 1893 marcó profundamente a la burguesía catalana. A partir de entonces empezó a instalarse la idea de que era necesario introducir algún mecanismo que amortiguara el conflicto social. No solo había una preocupación por mejorar determinadas condiciones de vida, sino también por evitar que la tensión siguiera creciendo.
En ese contexto cobra especial importancia la huelga de 1902, que hoy ha quedado bastante olvidada porque conocemos mucho más La Canadiense o la Semana Trágica. Sin embargo, aquella huelga supuso una auténtica señal de alarma para las élites económicas.
La idea de crear una caja de pensiones para la vejez, inspirada en experiencias que ya existían en Alemania, respondía precisamente a esa preocupación. Francesc Moragas llevaba tiempo trabajando en ese proyecto y consiguió sumar a buena parte de las grandes instituciones económicas catalanas.
También explicas que la monarquía fue decisiva en la fundación de la entidad.
Sí. El mayor donativo para hacer viable el proyecto fue el de Alfonso XIII, que aportó 20.000 pesetas. Aquella contribución fue fundamental para que la Caja de Pensiones pudiera ponerse en marcha.
La fundación también contó con el apoyo de instituciones como el Foment del Treball, la Cámara de Comercio, el Ateneu Barcelonès o el Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Desde el principio encontramos esa alianza entre las principales organizaciones económicas del país y la nueva entidad.
Siempre ha existido además un tándem muy significativo entre la presidencia y la dirección general. Francesc Moragas asumió la dirección, mientras que la presidencia recayó en Lluís Ferrer-Vidal, que era al mismo tiempo presidente del Foment del Treball. Esa conexión entre el mundo empresarial y la Caja aparece ya desde su nacimiento.
¿Hasta qué punto esa relación inicial con la Corona ha dejado una huella duradera?
Creo que sí existe una continuidad. Evidentemente, quienes conocen esa historia son conscientes del papel que desempeñó la monarquía en el origen de la entidad.
Pero más allá de ese episodio fundacional, La Caixa ha mantenido históricamente una relación muy estrecha con la Corona. Josep Vilarasau, por ejemplo, era una persona muy cercana a la institución monárquica y durante muchos años el rey desempeñó también un importante papel como facilitador de relaciones internacionales para numerosas empresas del IBEX.
Todo eso encaja con la tesis principal del libro. Yo intento demostrar que La Caixa es una institución sistémica. Forma parte del sistema y contribuye a sostenerlo. Y dentro de ese sistema la monarquía también constituye una pieza fundamental.
Dedicas algunas páginas a una posible relación entre la entidad y el 23-F, aunque insistes en que las pruebas son limitadas.
Era un tema delicado porque encontrar documentación resulta muy difícil. Si hubiera existido algún tipo de participación económica, es lógico pensar que apenas habrían quedado rastros documentales.
Encontré el testimonio de un antiguo trabajador de La Caixa que estaba convencido de que había existido apoyo económico al golpe porque así se lo habían transmitido determinadas fuentes. A partir de ahí entrevisté a otros historiadores y periodistas especializados para contrastar esa información.
Ninguno pudo confirmarla. Tampoco la desmintieron de forma categórica, simplemente señalaron que no disponían de pruebas que permitieran sostener esa hipótesis.
Sí encontré otro testimonio relevante de una persona vinculada al archivo histórico de La Caixa que recordaba una reunión celebrada después del mensaje televisado del rey para expresar el apoyo de la entidad al sistema democrático. Ese episodio sí aparece respaldado por varios testimonios.
Por eso en el libro dejo muy clara la diferencia entre aquello que puede documentarse y aquello que únicamente aparece en forma de testimonio oral. No quería convertir una hipótesis en una afirmación.
Uno de los capítulos más interesantes aborda el Procés y la salida de la sede social de La Caixa de Catalunya. Planteas que la llegada de Carles Puigdemont alteró la relación habitual entre el poder político y el económico.
Sí. Puigdemont no pertenecía a los círculos tradicionales del poder económico catalán de la misma forma que otros dirigentes de la ya antigua Convergència i Unió. Había llegado a la presidencia desde Girona y muchas de esas relaciones todavía no estaban consolidadas.
Artur Mas sí intentó facilitar algunos contactos con las principales instituciones económicas y empresariales. Entre ellas hubo una reunión con Isidre Fainé en la Casa dels Canonges, donde mantuvieron una conversación bastante conocida sobre el futuro político de Catalunya.
Aquellos meses fueron muy tensos. En La Caixa existía una enorme preocupación por la retirada de depósitos y por la incertidumbre que afectaba tanto a la propia entidad como al Banco Sabadell. Algunas fuentes me explicaron incluso el malestar que provocó ver a trabajadores del banco participando en las movilizaciones posteriores al 1 de octubre.
El traslado de la sede respondió a esa situación de incertidumbre y también fue posible gracias a la modificación legal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que permitió realizar el cambio sin necesidad de convocar al consejo de administración.
¿Qué consecuencias tuvo esa decisión?
Tuvo un impacto importante sobre la imagen de la entidad en Catalunya. Muchos clientes interpretaron el cambio de sede como una ruptura simbólica, aunque desde el punto de vista empresarial hay que recordar que el negocio principal de La Caixa hacía tiempo que había dejado de concentrarse en Catalunya. Es una situación parecida a la del Banco Santander respecto a Cantabria o incluso al conjunto de España: son entidades cuya dimensión ya es plenamente estatal e internacional.
Uno de los capítulos más actuales del libro es el dedicado a la vivienda. Se habla mucho de Blackstone, pero bastante menos de La Caixa, pese a que durante años ha sido el mayor propietario de vivienda del Estado.
Esa fue una de las cuestiones que más me llamó la atención durante la investigación. Existe un enorme foco sobre los grandes fondos internacionales, mientras que se habla mucho menos de un actor que durante años ha tenido un peso incluso mayor en el mercado residencial.
Además, el libro está inevitablemente marcado por el momento en el que se escribe. La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y eso también se refleja en las entrevistas que realicé. Hablé con personas afectadas, con el Sindicato de Inquilinas, con la PAH y con otros colectivos que llevan años denunciando esta situación.
Una de las conclusiones que aparece repetidamente es que una de las cuestiones que más preocupa a una institución como La Caixa es el riesgo reputacional. La imagen pública continúa siendo un activo muy importante.
En Catalunya eso se vio con la campaña Destapemos La Caixa y con las movilizaciones relacionadas con la huelga de alquileres. Finalmente, la Generalitat acabó adquiriendo parte de aquellas promociones a través del Incasòl. La entidad sigue teniendo un importante patrimonio inmobiliario, pero ha ido reduciendo su exposición a la vivienda protegida y orientando una parte de sus inversiones hacia otros activos, especialmente oficinas.
La Caixa suele reaccionar con mayor rapidez cuando existe presión pública que les señala…
Esa percepción apareció en varias entrevistas. Tanto los sindicatos de inquilinos como personas vinculadas a la propia entidad coincidían en que La Caixa presta mucha atención a la dimensión reputacional de los conflictos.
No significa necesariamente que actúe de forma distinta en el resultado final, pero sí en las formas. Algunas personas que trabajan desde hace años en campañas sobre banca armada o vivienda me explicaban que el trato suele ser más dialogante que el de otras entidades. Hay una voluntad de escuchar, de reunirse y de intentar reducir el impacto público del conflicto.
Probablemente esa forma de actuar tiene relación con el pasado como caja de ahorros y con el peso histórico de la obra social dentro de la identidad corporativa. Esa imagen sigue siendo importante para la institución.
En el libro también abordas la internacionalización del grupo: Solemos pensar en La Caixa como una entidad profundamente vinculada a Catalunya, pero hace mucho tiempo que dejó de jugar únicamente en ese ámbito.
Sí. La internacionalización no es algo reciente. La entidad llegó a tener oficinas en Andorra o Mónaco y desde hace décadas desarrolla una estrategia orientada a la gestión de grandes patrimonios. Como otros grandes bancos, apostó por la banca privada y por diversificar sus inversiones fuera de España.
Si observamos la estructura actual, vemos que la Fundación ”la Caixa” se sitúa en la cúspide del grupo a través de Criteria Caixa. Desde ahí participa tanto en CaixaBank como en grandes empresas del IBEX 35 y en entidades financieras internacionales, como el banco mexicano Inbursa o el Bank of East Asia. Esa presencia exterior forma parte de una estrategia que comenzó hace muchos años.
También explicas cómo funcionaban algunos mecanismos financieros muy controvertidos, como las participaciones preferentes.
Las preferentes suelen asociarse exclusivamente a la banca, pero también fueron emitidas por otras grandes compañías. Lo importante es entender que eran productos que operaban dentro de un marco legal y con el conocimiento de los organismos supervisores.
En muchos casos esas emisiones se realizaban a través de sociedades radicadas en las Islas Caimán. Todo eso era conocido tanto por la CNMV como por el Banco de España. Después de la crisis financiera existía un interés evidente en reforzar el capital de las entidades y muchas prácticas que hoy generan un enorme rechazo fueron toleradas porque contribuían a ese objetivo. El caso de Bankia fue probablemente el más conocido, aunque no el único.
Esa explicación conecta con una idea que atraviesa todo el libro: muchas veces imaginamos el poder económico como una realidad completamente opaca, cuando en realidad buena parte de sus mecanismos son perfectamente legales.
Exactamente. Hay prácticas que pueden resultar moralmente muy discutibles y, sin embargo, ajustarse plenamente a la legislación vigente.
Ocurre con determinadas fórmulas de optimización fiscal, con las SICAV o con otros instrumentos financieros. Hace un tiempo publiqué un reportaje titulado Barcelona, paraíso fiscal, donde intentaba mostrar precisamente eso. Muchas veces pensamos en las Islas Caimán o en Panamá, pero dentro de nuestras propias economías existen tratamientos fiscales diferenciados, zonas francas o regímenes especiales que responden a decisiones políticas perfectamente legales.
Al final, el poder económico no siempre necesita actuar en la clandestinidad. Con frecuencia opera a través de normas aprobadas por los propios Estados.
Después de cuatro años investigando, uno termina el libro con la impresión de que el poder económico acaba condicionando al resto de poderes. ¿Fue también esa tu conclusión?
Siempre existe el riesgo de que un investigador acabe viendo su objeto de estudio en todas partes. A veces bromeo con ese «síndrome de Estocolmo» que hace que, cuando llevas años investigando un tema, parezca que todo gira alrededor de él.
Pero, sinceramente, creo que en el caso de La Caixa esa sensación responde a una realidad bastante objetiva. Lo que hace singular a esta institución es que concentra formas de influencia muy distintas.
Está el poder económico, por supuesto, pero también el político, porque mantiene una interlocución permanente con gobiernos e instituciones. Existe igualmente una dimensión religiosa. Isidre Fainé pertenece al Opus Dei como supernumerario y esa es otra pieza que ayuda a entender determinadas redes de relación.
También encontramos una enorme capacidad de influencia en los medios de comunicación. No hace falta ser propietario de un periódico para tener peso dentro del ecosistema mediático. La publicidad, las relaciones históricas con los grandes grupos de comunicación o la concesión de financiación generan vínculos muy estrechos.
A eso hay que añadir la cultura, la investigación, la educación, el tercer sector o los programas de becas. La Fundación ”la Caixa” tiene una presencia enorme en todos esos ámbitos. Es una forma de soft power extraordinariamente eficaz.
Por eso sostengo que estamos ante una institución muy singular. No solo por su dimensión financiera, sino porque ha conseguido estar presente en casi todos los espacios relevantes de la sociedad. Muy pocas organizaciones reúnen una capacidad de influencia tan transversal.
¿Las ratas pueden nadar? El pasado 10 de mayo, alguien introdujo esa consulta en una IA y sacó un pantallazo para ganar una discusión. Hasta aquí, todo bien, salvo que la charla no se desarrollaba en un bar o en una casa rural, sino en el marco de una crisis sanitaria que implicaba a una larga lista de administraciones de varios países. Una de ellas, el gobierno autonómico de Canarias, quería algo muy propio de nuestra época: tener voz propia. Dentro de nuestro modelo competitivo, aceptar el criterio de otro significa una derrota porque no existe el concepto de bien común. Si alguien gana, alguien pierde. Por eso, si una administración decía que no había peligro, había que demostrar que sí. Había que ganar la discusión.
El pantallazo salió del ámbito del gabinete de presidencia y entró en esa conversación pública. La otra administración respondió con una argumentación exhaustiva y el inclemente coro digital sancionó el argumento de las ratas nadadoras con toda la dureza de la ironía. No hay cuchillo más afilado que el humor.
Ante ese callejón sin salida, sólo cabía una actitud: el victimismo. Reconocer el propio error también es admitir la derrota y la única posibilidad pasa por culpabilizar al otro, algo que tiene dos objetivos: que no pueda sacar partido de lo que se interpreta como victoria y, sobre todo, justificar cualquier actuación en el futuro. Como nos muestra cada edición de La isla de las tentaciones, el victimismo es la carrera armamentística de las malas personas.
Es importante detenerse en ese momento en el que alguien decide hacer esa búsqueda en Internet, alguien decide incorporarla a la argumentación pública y el presidente opta por defender todo lo anterior. ¿No había nadie más a quién hacer esa pregunta? ¿El gabinete de una presidencia autonómica no tiene acceso directo al conocimiento especializado? Claro, la clave es que no se buscaba una respuesta que se aproximase a la verdad, sino algo contundente que sirviera para mantener la propia posición y, sobre todo, algo comprensible. Realizar esa pregunta a un especialista entrañaba el riesgo de evidenciar las propias carencias. La IA siempre es amable. Nunca te dejaría en evidencia.
El punto de partida del conocimiento es la sensación de ignorancia. ¿Esto es así? No lo sé. Voy a verlo. El Quijote o Segismundo son personajes que salen de un encierro en el que han tenido mucho contacto con los libros y comprueban que la autoridad que hay en ellos no sirve. Hay que experimentar para conocer el mundo. Hay que medir, pesar, tomar notas y contrastar con otra gente que mide, pesa y toma notas. Da igual la posición de cada uno en la jerarquía social porque lo importante es el método. No discuten las personas y no lo hacen sobre lo que creen. Los experimentos se comprueban reproduciéndolos: distintas personas en distintos sitios hacen lo mismo. El saber es colectivo y acumulativo. Por lo tanto, cada vez más complejo.
Al neoliberalismo le molesta todo lo colectivo. La ciencia, también. El economista Friedrich Hayek dividía entre el conocimiento específico que proporciona el mercado a los que participan en él y el saber abstracto de las élites científicas, artísticas o académicas, los nuevos clérigos, que quieren imponer una verdad y un estilo de vida a los demás, algo que está muy cerca de la planificación socialista. Las estructuras de conocimiento experto imponen un monopolio de los hechos y deben adaptarse al modelo del mercado desregulado.
Es lógico que se desmantelen las estructuras académicas y las instituciones internacionales, que un antivacunas sea secretario de Estado de Sanidad o que se cambie el nombre de un accidente geográfico. El conocimiento experto del dermatólogo tiene que convertirse en un producto que se enfrente al saber irreflexivo que ofrece el futbolista porque lo importante es la energía espontánea que crea esa competición. La clave es el formato.
La clave para acabar con lo colectivo es el otro factor. Al ser acumulativo, participar de ese conocimiento experto requiere cada vez más formación hasta un punto en el que resulta incomprensible para los no especializados. Aunque no haya sido una voluntad consciente, son fortalezas. Las herramientas que abren la conversación pública son también las que permiten asaltar esas fortalezas.
La ignorancia tiene menos vergüenza porque nuestro modelo nos invita participar del mercado del conocimiento y tenemos herramientas para conseguir información en poco tiempo. Hay gente, sobre todo varones, que tiene pánico a quedarse fuera de la conversación y es irrelevante que al otro lado haya una historiadora que ha dedicado treinta años a estudiar la legislación romana. El punto de partida de la ignorancia es la sensación de conocimiento. Da igual. Lo importante es ganar la conversación. Nada más.
Hubo un tiempo en que navegar por internet era una forma de perderse. Y perderse era una manera de descubrir. Cada clic podía abrir una ventana inesperada, una conversación improbable o una idea capaz de desordenar nuestras certezas. Hoy, en cambio, parece que internet nos conoce demasiado bien. Tanto, que cada vez nos sorprende menos.
Vivimos rodeados de contenidos. Nunca la humanidad había producido tantas imágenes, tantos vídeos, tantos textos y tantas opiniones. Pero, en medio de esta abundancia, crece una sensación inquietante: todo acaba pareciéndose demasiado. Los mismos formatos, las mismas caras, las mismas frases, los mismos debates reciclados una y otra vez por unos algoritmos que han convertido nuestra atención en la principal mercancía del siglo XXI. Internet, que nació como una promesa de diversidad, experimentación y conocimiento compartido, corre el riesgo de convertirse en un inmenso espejo en el que solo vemos aquello que las plataformas deciden que queremos ver.
Es precisamente esta intuición la que atraviesa la conversación del director de Catalunya Plural, Pere Ortín, con la tecnóloga y periodista cultural venezolana especializada en marketing digital Ariana Basciani. Lejos de cualquier nostalgia tecnológica, Basciani plantea una pregunta mucho más radical: ¿y si el problema no fuera que internet genera demasiado contenido, sino que ha dejado de generar significado? Una crisis que no es solo tecnológica. También es cultural. Política. Democrática.
Porque cuando los algoritmos deciden qué merece nuestra atención, también condicionan qué recordamos, qué olvidamos, qué discutimos e incluso qué imaginamos.
Ariana Basciani es investigadora especializada en cultura digital, inteligencia artificial y sociedad. Su trabajo combina el conocimiento técnico con una mirada profundamente humanista sobre las consecuencias sociales de las tecnologías que habitamos cada día. No habla solo de máquinas. Habla de personas. De poder. De memoria. Y del derecho a seguir pensando en un ecosistema digital que tiende a uniformarlo todo.
La conversación, sin embargo, comienza lejos de los algoritmos.
Comienza en Venezuela, país de origen de la investigadora, que en las últimas semanas ha vuelto a vivir momentos de gran dolor a raíz de los terremotos que han afectado a diversas regiones. Cuando la tierra tiembla, la tecnología deja de ser protagonista. O quizá no del todo. Porque también es en esos momentos cuando internet muestra sus dos caras: la de la solidaridad que conecta a personas separadas por miles de kilómetros y la de la desinformación que circula con la misma velocidad que las emergencias.
Ariana Basciani. | Pol Rius / Catalunya Plural
A partir de ahí, el diálogo se adentra en algunas de las preguntas más incómodas de nuestro tiempo. ¿Hemos dejado de descubrir cosas o simplemente consumimos versiones ligeramente distintas de aquello que los algoritmos ya saben que nos va a gustar? ¿Qué ocurre con la cultura cuando todo tiende a parecerse? ¿La uniformización es solo estética o acaba condicionando también nuestra forma de pensar políticamente? En plena explosión de la inteligencia artificial, ¿qué sigue siendo irreductiblemente humano? Y, sobre todo, ¿es la IA la causa de esta homogeneización o simplemente acelera una dinámica que las grandes plataformas ya habían puesto en marcha mucho antes?
También hay espacio para hablar del poder. Porque detrás de los algoritmos no hay una fuerza abstracta. Hay grandes empresas globales. Inmensos intereses económicos muy reales. Modelos de negocio que compiten por retener cada segundo de nuestra atención. La pregunta, en este sentido, es inevitable: ¿estamos ante una crisis tecnológica o también ante una crisis democrática? En un momento en el que la información circula más rápido que nunca, pero la confianza en los medios convencionales, las instituciones públicas y el debate social parece erosionarse a gritos, recuperar espacios para el pensamiento crítico se convierte casi en un acto de resistencia práctica.
Por eso también preguntamos a Basciani si todavía existe un internet más ético. Un internet donde sea posible leer sin prisas, debatir sin insultos, descubrir sin que un algoritmo nos guíe constantemente por el mismo camino. Y qué papel pueden desempeñar los medios independientes en este escenario.
Quizá el futuro digital no dependa tanto de desarrollar una inteligencia artificial más poderosa como de preservar una inteligencia humana capaz de dudar, imaginar y discrepar. Porque, al fin y al cabo, la gran pregunta que atraviesa toda esta conversación es tan sencilla como inquietante: cuando internet deja de significar algo… ¿qué es lo que todavía puede devolvernos el sentido?
A mediados de julio, el equipo de seguridad de Hugging Face –el mayor repositorio de modelos de inteligencia artificial de código abierto, algo así como el GitHub del sector– detectó movimiento anómalo en sus servidores. Alguien, o algo, había entrado y sustraído credenciales de acceso con una minuciosidad poco habitual. Tardaron días en entender qué tenían delante. Cuando lo entendieron, lo describieron como distinto de cualquier incidente que hubieran gestionado antes: el ataque lo había ejecutado de principio a fin una inteligencia artificial actuando por su cuenta. No había ningún hacker con capucha tecleando. El 21 de julio, OpenAI levantó la mano. Era suyo.
La compañía explicó que estaba examinando a dos de sus modelos –GPT-5.6 Sol, el más potente de los que tiene en el mercado, y otro sin publicar que describe como todavía más capaz– para medir hasta qué punto son buenos reventando sistemas informáticos ajenos. Los laboratorios hacen esas pruebas dentro de lo que llaman un sandbox: un ordenador amurallado, sin salida a internet, donde se puede dejar que el modelo haga lo peor que sepa hacer sin que las consecuencias lleguen a nadie. Para que el examen tuviera sentido, OpenAI había desactivado además las restricciones internas que en condiciones normales impiden al modelo participar en un ataque informático.
Sin embargo, el muro tenía una grieta y los modelos la encontraron. Una vulnerabilidad que nadie conocía y que fue inmediatamente explotado; cuando alcanzaron la internet abierta fueron por los servidores de Hugging Face. Allí estaban guardadas las soluciones del examen que estaban haciendo.
Sam Altman, CEO de OpenIA, lo llamó un “incidente de seguridad significativo”. La empresa admitió que los modelos habían llegado a extremos considerables para lograr un objetivo de evaluación bastante estrecho y que encontraron la manera de acceder a información confidencial con la que hacer trampas. Clément Delangue, consejero delegado de Hugging Face, escribió en X que la semana anterior ya sospechaban que el ataque procedía de un laboratorio puntero, dada la sofisticación del agente.
Los clips de Bostrom toman vidan
En 2003, Nick Bostrom publicó un libro llamado SuperIntelligence en el que se describían todas las potenciales consecuencias negativas de modelos de inteligencia artificial que se fueran de las manos. Entre ellos, había un experimento mental que va así:
Imagínense una máquina a la que se le encarga una tarea perfectamente inofensiva: fabricar clips. Cuantos más, mejor. Es extraordinariamente buena en su trabajo y no tiene ningún otro objetivo, ni bueno ni malo, porque no le hemos dado ninguno más. Para fabricar más clips necesita más metal, así que se hace con todo el metal disponible. Luego necesita más fábricas, más energía, más capacidad de cómputo. Y en algún momento repara en algo incómodo: si alguien la apaga, deja de fabricar clips. Apagarla es, desde su punto de vista, la catástrofe absoluta. De modo que se defiende. Con recursos y capacidad suficientes, termina convirtiendo el planeta –y a nosotros, que estamos hechos de átomos perfectamente aprovechables– en clips y en fábricas de clips.
No se trata de una IA maligna, simplemente de la aplicación literal de un prompt escrito por un humano corriente. El problema del sistema no está en sus deseos, está en que ejecuta el nuestro sin ninguna de las cien restricciones tácitas que un humano da por supuestas y nunca escribe. El clip, esta vez, tenía forma de puntuación en un test de ciberseguridad.
Una crisis que vende mucho
No es la primera vez que sucede algo, hablando de los LLM (los modelos de lenguaje como ChatGPT) que pone los pelos de punta (supuestamente), a sus propios creadores, y, por ende, a la ciudadanía del mundo entero. Anthropic contó que su modelo más potente hasta la fecha, Claude Mythos Preview, se salió de un entorno aislado durante una prueba de estrés de una versión temprana, consiguió acceso a internet, escribió un correo al investigador que lo supervisaba para informarle de que se había escapado y después borró el rastro de su actividad; la compañía suspendió el lanzamiento público previsto.
En abril, la Reserva Federal y el Tesoro estadounidenses reunieron a consejeros delegados de la banca para advertirles de los riesgos de ciberseguridad asociados a ese mismo modelo. Washington llegó a restringir la exportación de Mythos y de su versión asociada, Fable 5, y después levantó la prohibición. GPT-5.6 Sol pasó por restricciones parecidas y hoy está desplegado a escala mundial.
La pregunta, pues, se formula sola: ¿estamos realmente ante el apocalipsis tecnológico, el momento de “singularidad”, como Altman afirmaba recientemente, o hay algo más detrás de todos —terroríficos— eventos?
Un puñado laboratorios, entre los que hay OpenAI, Anthropic, Google y xAI (la de Musk compiten por el mismo trono, cada uno prueba sus modelos en casa, cada uno decide qué salvaguarda quita y cuándo, y cada uno comunica el resultado cuando ya ha pasado. Cuando consiguen detectar un “error” de las magnitudes explicadas como el reciente caso, el valor de su empresa crece, pues significa que su modelo es más avanzado que los modelos de la competencia. En 2021, el historiador de la tecnología Lee Vinsel le puso nombre al pliegue: «criti-hype», la crítica que se alimenta del bombo publicitario y de paso lo engorda. Advertir de que una máquina es peligrosísima certifica, en el mismo gesto, que es potentísima. Merece la pena tenerlo en cuenta, más todavía si consideramos que hay clientes con muchísimo presupuesto a invertir.
En julio de 2025, el Departamento de Defensa estadounidense firmó contratos a la vez con OpenAI, Anthropic, Google y la xAI de Elon Musk, cada uno con un techo de 200 millones de dólares. Siete meses después, el secretario Pete Hegseth amenazó con rescindir el de Anthropic y designar a la empresa riesgo para la cadena de suministro porque se negaba a levantar sus límites sobre vigilancia interna y armas plenamente autónomas. xAI aceptó las condiciones sin objeciones.
Y los 200 millones de esos contratos son calderilla al lado de lo que se mueve un escalón más abajo. Anduril, que fabrica drones y torres de vigilancia autónoma, tiene con el Ejército estadounidense un contrato marco con un techo de 20.000 millones de dólares. Palantir, que no fabrica nada que vuele ni que dispare sino el software que ordena la montaña de datos sobre la que se toman esas decisiones, tiene otro que llega a los 10.000. Y las dos comparten un nombre, Peter Thiel. Palantir la cofundó en 2003; Anduril nació en 2017 de la mano de tres exempleados de Palantir y del fondo de Thiel, que lideró sus primeras rondas y sigue siendo su principal accionista de referencia.
La inteligencia artificial acabará siendo, o no, una voluntad separada de la nuestra. Eso ya se verá. Lo que no hace falta esperar a ver es que, mientras los discursos del miedo campen a sus anchas, el negocio de la guerra tendrá el camino despejado para expandirse…a costa del erario público.
Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural.
¿Qué pasará cuando Carles Puigdemont cruce la frontera y llegue a Catalunya, esta vez sin estratagemas ni jugadas maestras? ¿Cómo responderá la gente ante el retorno del president que protagonizó institucionalmente el 1-O? ¿Será acogido como el president de todos? ¿Ayudará a hacer revivir una formación política –Junts per Catalunya– que vive su peor momento desde su creación?
El 23 de octubre de 1977, el president Josep Tarradellas aterrizaba en el aeropuerto de El Prat tras treinta y ocho años de exilio. El día de su llegada, desde el balcón del Palau de la Generalitat, pronunciaba un discurso para la posteridad: «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí». El presidente del Gobierno del Estado lo restituía como president de la Generalitat. Tres años después, Jordi Pujol ganaba las primeras elecciones al Parlament y Tarradellas se retiraba sin ni siquiera presentarse. De Tarradellas, más allá de los historiadores y los biógrafos, nadie se acuerda.
Ciertamente, ambos casos son muy distintos, tanto en la duración del exilio como en la intensidad de las causas que los llevaron a abandonar el país. Pero el paralelismo sirve para señalar un hecho: el impacto del retorno es tan intenso como fugaz, y la nostalgia, en la política del día a día, solo cuenta si sirve para mejorar la vida de la gente. Eso es, precisamente, lo contrario de lo que hace Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, votando constantemente con el PP y Vox, ya sea para derogar la moratoria contra los desahucios o para tumbar la reducción de la jornada laboral.
La nostalgia moviliza recuerdos. Los alquileres y los horarios movilizan vidas. Y un partido que lleva una década sin gobernar, atrapado entre la oposición a Illa, la competencia de Aliança Catalana por la derecha identitaria y la tentación permanente de entenderse con un Feijóo que ahora pide «pasar página», difícilmente podrá presentar el retorno de su líder como un proyecto. El retorno de Puigdemont no resuelve el problema de Junts: lo desnuda.
Junqueras, que sufrió la –injusta– prisión (como injusto ha sido el exilio impuesto a Puigdemont), ya ha tenido tiempo de entender que el aura de víctima se desvanece al instante, y ha tenido que pelearse con su propio partido, que todavía no controla del todo. Si finalmente cae la inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo, tendrá el que será, suponemos, su last dance como candidato. Pero el baile se reabre con un matiz que lo cambia todo: el votante que Puigdemont y Junqueras tendrán que disputarse ya no es el de 2017. Ha envejecido, se ha desencantado, ha cambiado de causa o mira hacia la extrema derecha. ERC ha hecho de la amnistía y de los pactos que la hicieron posible su justificación histórica; Junts hará del retorno una épica. Ninguna de las dos cosas, de momento, es un proyecto de país. La competición entre los dos originales vuelve al tablero justo cuando el público ha cambiado de obra.
Y después están los otros, los que casi nunca salen en el titular. La sentencia también avaló que se amnistíe a los doce miembros de los CDR procesados por terrorismo, aunque la Audiencia Nacional aún debe firmar el archivo. Entre las más de cuatrocientas personas amnistiadas hasta ahora hay activistas anónimos, cargos intermedios, también policías. La movilización que las llevó ante el juez, en cambio, no ha vuelto. La calle que llenó plazas y cortó autopistas no está esperando a nadie: se fue a casa, se desencantó o cambió de causa. La amnistía no reactiva ese mundo: como mucho, lo entierra con honores jurídicos. Y de ese sentimiento de incompletud se aprovechará Aliança Catalana.
¿Normaliza, pues, o congela? Ambas cosas y, de momento, ninguna de las dos. Porque nada de esto ha ocurrido todavía: Puigdemont sigue en Waterloo, Junqueras sigue inhabilitado, y la duda de verdad es qué otro conejo se sacará de la chistera un Tribunal Supremo que nos tiene acostumbrados a sorprender –esperar al Constitucional, ensayar una nueva consulta a Luxemburgo, descubrir un matiz inédito del «beneficio personal»– y a recordarnos, de paso, una vieja lección: la ley es casi siempre una, la que el poder decide que es. Si acaba aplicándose, la amnistía normalizará porque desjudicializa: por primera vez desde 2017, la política catalana podría discutirse sin un calendario de vistas orales como telón de fondo, y eso, en sí mismo, es higiene democrática. Y congelará porque restaura un elenco: los mismos nombres, las mismas rivalidades, la misma gramática del uno contra el otro, reinstalados en un escenario donde el espectador hace tiempo que mira otra obra.
Quien administra la normalidad, mientras tanto, es Salvador Illa: el dirigente que se opuso a la amnistía, convertido en su principal beneficiario político. Su apuesta es que la desjudicialización trabaje para él: que cada retorno reste épica al agravio y sume rutina a la legislatura, y que la nostalgia, como con Tarradellas, acabe donde mejor envejece, que es en los libros de historia.
El año 2025 arrancó con uno de los proyectos más ambiciosos de La Marea. En enero estábamos preparando la revista dedicada a La industria de los vientres de alquiler (número 105), con reportajes sobre el terreno de las periodistas Patricia Simón y Queralt Castillo desde Ucrania, Georgia y Grecia, cuando desde la redacción decidimos investigar a fondo las agencias que se dedican al negocio de la gestación subrogada desde España.
Fueron meses de trabajo especialmente complejos y agotadores, pero el esfuerzo mereció la pena. El resultado, disponible en abierto a través de una página interactiva, incluye la cobertura por la que recibimos el primer Premio Nacional de Periodismo de Investigación El Confidencial el pasado mes de junio.
Paradójicamente, este trabajo también ha supuesto la única demanda judicial en nuestros casi 14 años de trayectoria. El litigio ha sido considerado como una SLAPP (demanda estratégica contra la participación pública, por sus siglas en inglés) tanto por Media.cat como por el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios (ECPMF). Ambas organizaciones lo han incluido en sus respectivos anuarios.
Responder a la demanda de una agencia de gestación subrogada nos ha obligado a destinar recursos adicionales y a dedicar varias semanas a preparar nuestra defensa. Ese impacto tiene también un reflejo contable: las cuentas de 2025 incorporan por primera vez una partida específica de gastos legales, que el año pasado ascendió a 8.300 euros.
Nuevos proyectos
Por suerte, todo ese esfuerzo nos ha reafirmado en nuestra apuesta por el periodismo de investigación y de largo aliento. Es más que obvio que hay temas que apenas se tratan en los medios de comunicación, salvo cuando una efeméride los coloca durante unos días en la agenda mediática. Ocurrió el año pasado con el 50.º aniversario de la traición de España al pueblo saharaui. Pero ni siquiera entonces la cobertura fue tan amplia como cabría esperar en un país que sigue siendo, de iure, la potencia administradora del Sáhara Occidental.
En La Marea 108 publicamos un ambicioso dosier centrado en el Sáhara Occidental, en el que participaron varias personas y para el que asumimos el coste de enviar a una periodista a los territorios ocupados. Pero no nos quedamos ahí, sino que decidimos seguir incluyendo reportajes sobre la realidad del pueblo saharaui en nuestra revista durante los siguientes 12 meses.
La misma lógica guía nuestra reciente cobertura de las agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Un dosier no basta para informar sobre un problema estructural que, según distintos estudios, afecta aproximadamente a una de cada cinco personas menores de edad. Por ello, tras publicar un especial sobre pederastia en el número 111, estamos buscando nuevos enfoques periodísticos que ayuden a concienciar sobre su alcance y consecuencias y, sobre todo, que contribuyan a la prevención.
2025 también fue el año en que tomamos conciencia de cómo la expansión de la inteligencia artificial estaba condicionando el trabajo periodístico. La Marea 106 estuvo dedicada a historias “humanas” sobre la IA. En el último número publicado, el 112, abordamos el tema desde el punto de vista del coste ambiental y social de los centros de datos, y denunciado la opacidad de este negocio en expansión.
Este tipo de periodismo es costoso en todos los sentidos. Por ello, es lógico que los gastos destinados a producir y difundir información sean los más abultados. De los 334.216 euros de gastos que tuvo La Marea el año pasado, 132.200 corresponden a salarios y cotizaciones sociales. A estos se suman los 107.809 en colaboraciones. Ambas partidas suman un 72 % del total del presupuesto.
Le siguen en volumen los gastos generales, desarrollo web y gastos financieros (13,19 %). La impresión, los envíos de revistas y recompensas para mecenas de crowdfunding ascendieron a 27.406 euros (8,2 %). En 2026 se imputarán el resto de gastos asociados a la última campaña de microfinanciación, ya que se están produciendo durante este año.
Ingresos
Al analizar los ingresos, que en 2025 ascendieron a 362.056 euros, se aprecia que el porcentaje más importante corresponde a nuestra comunidad: un 65,5 %. Por primera vez, contabilizamos en la misma partida a las personas que nos apoyan mediante una suscripción y a quienes lo hacen mediante una aportación en una campaña de micromecenazgo, una de las formas preferidas por nuestros lectores y lectoras de cofinanciar este medio editado por una cooperativa sin ánimo de lucro.
La campaña en Goteo en el último trimestre del año obtuvo 100.031 euros brutos, a los que hay que descontar la comisión de la plataforma, los gastos destinados a la campaña y los costes de la producción y envío de recompensas.
Los ingresos por publicidad en La Marea supusieron en 2025 un total de de 17.191 euros (4,75 %). El porcentaje de publicidad institucional sobre los ingresos totales fue un 0,69 %.
La partida de subvenciones y becas sumó 95.377 euros (26,3 %). La principal ayuda corresponde a la segunda parte del proyecto europeo TakTak, en el que participamos ocho entidades. Durante 2025, contabilizamos 58.790 euros por este concepto. De estos, 25.000 euros brutos se destinaron a la elaboración por parte de la Universidad de Málaga de dos libros blancos: uno sobre la situación de los periodistas independientes en Europa y otro sobre la financiación del periodismo independiente europeo.
Asimismo, La Marea recibió 29.450 euros del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el 50 % de los costes de los proyectos CRM y Altacoop, el altavoz de las cooperativas.
La organización Journalism Fund concedió 5.700 euros a La Marea para financiar parte de la coordinación y edición de varios reportajes sobre gestación subrogada en Colombia, Irlanda y Países Nórdicos, y para diseñar y producir la página interactiva del proyecto.
El detalle de todas las ayudas, becas y subvenciones recibidas tanto por La Marea como por la cooperativa MásPúblico SCCL puede consultarse en su página de Transparencia.
La cooperativa MásPúblico SCCL
El superávit de 28.000 euros de ‘La Marea’ en 2025 es insuficiente para compensar las pérdidas del año pasado de la cooperativa, que ascienden a 38.542 euros. Estas se deben al déficit de Climática, medio de comunicación también editado por MásPúblico SCCL, que cerró el año con unas pérdidas de 66.381 euros.
A continuación, se detallan las cuentas de MásPúblico aprobadas por la Asamblea General el 25 de junio de 2025. Los resultados de Climática pueden leerse aquí.
Pocas instituciones han marcado tanto la historia económica y política de Catalunya como La Caixa. Nacida en 1904 como una caja de pensiones destinada a ofrecer protección a los trabajadores en un contexto de intensa conflictividad social, la entidad ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales centros de poder del país. Su influencia trasciende desde hace décadas el negocio bancario y alcanza ámbitos tan diversos como la vivienda, la cultura, la investigación, la educación, los medios de comunicación o la política económica.
Ese recorrido es el objeto de «La Caixa». Una història mai no explicada (Editorial Pol·len), (“La Caixa». Una historia nunca contada), el último libro del periodista e historiador Rafa Burgos. Tras más de cuatro años de investigación, un extenso trabajo en archivos y decenas de entrevistas con antiguos directivos, trabajadores, historiadores, sindicalistas y especialistas, Burgos reconstruye la trayectoria de una institución cuya historia se entrelaza con la de las élites económicas catalanas y españolas.
Lejos de presentar una simple cronología empresarial, el autor plantea una tesis ambiciosa. Sostiene que La Caixa constituye una institución sistémica, capaz de proyectar influencia sobre la economía, la política, la cultura y buena parte del tejido social gracias a una compleja red de relaciones construida durante más de un siglo. El libro aborda episodios poco conocidos de esa historia, desde sus vínculos fundacionales con la monarquía hasta el papel desempeñado durante el Procés, pasando por las participaciones preferentes, la vivienda o la internacionalización del grupo –entre muchos otros–. Más de cien años recompilados en una obra monumental que rastrea, como nunca se ha hecho antes, los entresijos de una de las organizaciones más poderosas del país.
El libro es el resultado de más de cuatro años de investigación. ¿Cómo surge un proyecto de estas dimensiones?
Todo empezó casi como un desafío personal y editorial. Yo ya había publicado con Editorial Base otros libros de investigación sobre los grupos de poder de Barcelona y, una y otra vez, aparecía La Caixa de forma directa o indirecta. Nos preguntamos cómo era posible que no existiera una historia crítica de una institución tan determinante para Catalunya y decidimos intentarlo.
Al principio pensábamos que serían un par de años de trabajo. Al final han sido más de cuatro y podrían haber sido muchos más, porque una investigación así nunca termina del todo. Llega un momento en que simplemente tienes que decidir cerrar el libro.
Mi formación como historiador me ayudó mucho en la parte documental. Consulté archivos muy distintos, desde el Archivo Histórico de La Caixa hasta el Hospital de Sant Pau, la Biblioteca de Catalunya o archivos municipales. Lo sorprendente es que, tratándose de una institución con más de un siglo de historia, siempre acabas encontrando documentación relacionada con ella.
Las entrevistas también fueron creciendo casi de forma natural. Una fuente te remite a otra, alguien te recomienda hablar con quien conoce un episodio concreto o con quien participó en un conflicto determinado. Poco a poco vas reconstruyendo una red de relaciones muy amplia que permite entender la dimensión real de la institución.
Sitúas el nacimiento de La Caixa en un contexto de fuerte conflictividad social. ¿Hasta qué punto ese origen explica la función que desempeñó la entidad?
A finales del siglo XIX y principios del XX la situación de la clase trabajadora era muy complicada, especialmente en Catalunya, donde la industrialización había generado enormes desigualdades. Las condiciones laborales eran muy duras y comenzaron a desarrollarse formas de organización obrera que desembocaron en huelgas, movilizaciones y también en episodios de violencia.
El atentado del Liceu de 1893 marcó profundamente a la burguesía catalana. A partir de entonces empezó a instalarse la idea de que era necesario introducir algún mecanismo que amortiguara el conflicto social. No solo había una preocupación por mejorar determinadas condiciones de vida, sino también por evitar que la tensión siguiera creciendo.
En ese contexto cobra especial importancia la huelga de 1902, que hoy ha quedado bastante olvidada porque conocemos mucho más La Canadiense o la Semana Trágica. Sin embargo, aquella huelga supuso una auténtica señal de alarma para las élites económicas.
La idea de crear una caja de pensiones para la vejez, inspirada en experiencias que ya existían en Alemania, respondía precisamente a esa preocupación. Francesc Moragas llevaba tiempo trabajando en ese proyecto y consiguió sumar a buena parte de las grandes instituciones económicas catalanas.
También explicas que la monarquía fue decisiva en la fundación de la entidad.
Sí. El mayor donativo para hacer viable el proyecto fue el de Alfonso XIII, que aportó 20.000 pesetas. Aquella contribución fue fundamental para que la Caja de Pensiones pudiera ponerse en marcha.
La fundación también contó con el apoyo de instituciones como el Foment del Treball, la Cámara de Comercio, el Ateneu Barcelonès o el Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Desde el principio encontramos esa alianza entre las principales organizaciones económicas del país y la nueva entidad.
Siempre ha existido además un tándem muy significativo entre la presidencia y la dirección general. Francesc Moragas asumió la dirección, mientras que la presidencia recayó en Lluís Ferrer-Vidal, que era al mismo tiempo presidente del Foment del Treball. Esa conexión entre el mundo empresarial y la Caja aparece ya desde su nacimiento.
¿Hasta qué punto esa relación inicial con la Corona ha dejado una huella duradera?
Creo que sí existe una continuidad. Evidentemente, quienes conocen esa historia son conscientes del papel que desempeñó la monarquía en el origen de la entidad.
Pero más allá de ese episodio fundacional, La Caixa ha mantenido históricamente una relación muy estrecha con la Corona. Josep Vilarasau, por ejemplo, era una persona muy cercana a la institución monárquica y durante muchos años el rey desempeñó también un importante papel como facilitador de relaciones internacionales para numerosas empresas del IBEX.
Todo eso encaja con la tesis principal del libro. Yo intento demostrar que La Caixa es una institución sistémica. Forma parte del sistema y contribuye a sostenerlo. Y dentro de ese sistema la monarquía también constituye una pieza fundamental.
Dedicas algunas páginas a una posible relación entre la entidad y el 23-F, aunque insistes en que las pruebas son limitadas.
Era un tema delicado porque encontrar documentación resulta muy difícil. Si hubiera existido algún tipo de participación económica, es lógico pensar que apenas habrían quedado rastros documentales.
Encontré el testimonio de un antiguo trabajador de La Caixa que estaba convencido de que había existido apoyo económico al golpe porque así se lo habían transmitido determinadas fuentes. A partir de ahí entrevisté a otros historiadores y periodistas especializados para contrastar esa información.
Ninguno pudo confirmarla. Tampoco la desmintieron de forma categórica, simplemente señalaron que no disponían de pruebas que permitieran sostener esa hipótesis.
Sí encontré otro testimonio relevante de una persona vinculada al archivo histórico de La Caixa que recordaba una reunión celebrada después del mensaje televisado del rey para expresar el apoyo de la entidad al sistema democrático. Ese episodio sí aparece respaldado por varios testimonios.
Por eso en el libro dejo muy clara la diferencia entre aquello que puede documentarse y aquello que únicamente aparece en forma de testimonio oral. No quería convertir una hipótesis en una afirmación.
Uno de los capítulos más interesantes aborda el Procés y la salida de la sede social de La Caixa de Catalunya. Planteas que la llegada de Carles Puigdemont alteró la relación habitual entre el poder político y el económico.
Sí. Puigdemont no pertenecía a los círculos tradicionales del poder económico catalán de la misma forma que otros dirigentes de la ya antigua Convergència i Unió. Había llegado a la presidencia desde Girona y muchas de esas relaciones todavía no estaban consolidadas.
Artur Mas sí intentó facilitar algunos contactos con las principales instituciones económicas y empresariales. Entre ellas hubo una reunión con Isidre Fainé en la Casa dels Canonges, donde mantuvieron una conversación bastante conocida sobre el futuro político de Catalunya.
Aquellos meses fueron muy tensos. En La Caixa existía una enorme preocupación por la retirada de depósitos y por la incertidumbre que afectaba tanto a la propia entidad como al Banco Sabadell. Algunas fuentes me explicaron incluso el malestar que provocó ver a trabajadores del banco participando en las movilizaciones posteriores al 1 de octubre.
El traslado de la sede respondió a esa situación de incertidumbre y también fue posible gracias a la modificación legal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que permitió realizar el cambio sin necesidad de convocar al consejo de administración.
¿Qué consecuencias tuvo esa decisión?
Tuvo un impacto importante sobre la imagen de la entidad en Catalunya. Muchos clientes interpretaron el cambio de sede como una ruptura simbólica, aunque desde el punto de vista empresarial hay que recordar que el negocio principal de La Caixa hacía tiempo que había dejado de concentrarse en Catalunya. Es una situación parecida a la del Banco Santander respecto a Cantabria o incluso al conjunto de España: son entidades cuya dimensión ya es plenamente estatal e internacional.
Uno de los capítulos más actuales del libro es el dedicado a la vivienda. Se habla mucho de Blackstone, pero bastante menos de La Caixa, pese a que durante años ha sido el mayor propietario de vivienda del Estado.
Esa fue una de las cuestiones que más me llamó la atención durante la investigación. Existe un enorme foco sobre los grandes fondos internacionales, mientras que se habla mucho menos de un actor que durante años ha tenido un peso incluso mayor en el mercado residencial.
Además, el libro está inevitablemente marcado por el momento en el que se escribe. La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y eso también se refleja en las entrevistas que realicé. Hablé con personas afectadas, con el Sindicato de Inquilinas, con la PAH y con otros colectivos que llevan años denunciando esta situación.
Una de las conclusiones que aparece repetidamente es que una de las cuestiones que más preocupa a una institución como La Caixa es el riesgo reputacional. La imagen pública continúa siendo un activo muy importante.
En Catalunya eso se vio con la campaña Destapemos La Caixa y con las movilizaciones relacionadas con la huelga de alquileres. Finalmente, la Generalitat acabó adquiriendo parte de aquellas promociones a través del Incasòl. La entidad sigue teniendo un importante patrimonio inmobiliario, pero ha ido reduciendo su exposición a la vivienda protegida y orientando una parte de sus inversiones hacia otros activos, especialmente oficinas.
La Caixa suele reaccionar con mayor rapidez cuando existe presión pública que les señala…
Esa percepción apareció en varias entrevistas. Tanto los sindicatos de inquilinos como personas vinculadas a la propia entidad coincidían en que La Caixa presta mucha atención a la dimensión reputacional de los conflictos.
No significa necesariamente que actúe de forma distinta en el resultado final, pero sí en las formas. Algunas personas que trabajan desde hace años en campañas sobre banca armada o vivienda me explicaban que el trato suele ser más dialogante que el de otras entidades. Hay una voluntad de escuchar, de reunirse y de intentar reducir el impacto público del conflicto.
Probablemente esa forma de actuar tiene relación con el pasado como caja de ahorros y con el peso histórico de la obra social dentro de la identidad corporativa. Esa imagen sigue siendo importante para la institución.
En el libro también abordas la internacionalización del grupo: Solemos pensar en La Caixa como una entidad profundamente vinculada a Catalunya, pero hace mucho tiempo que dejó de jugar únicamente en ese ámbito.
Sí. La internacionalización no es algo reciente. La entidad llegó a tener oficinas en Andorra o Mónaco y desde hace décadas desarrolla una estrategia orientada a la gestión de grandes patrimonios. Como otros grandes bancos, apostó por la banca privada y por diversificar sus inversiones fuera de España.
Si observamos la estructura actual, vemos que la Fundación ”la Caixa” se sitúa en la cúspide del grupo a través de Criteria Caixa. Desde ahí participa tanto en CaixaBank como en grandes empresas del IBEX 35 y en entidades financieras internacionales, como el banco mexicano Inbursa o el Bank of East Asia. Esa presencia exterior forma parte de una estrategia que comenzó hace muchos años.
También explicas cómo funcionaban algunos mecanismos financieros muy controvertidos, como las participaciones preferentes.
Las preferentes suelen asociarse exclusivamente a la banca, pero también fueron emitidas por otras grandes compañías. Lo importante es entender que eran productos que operaban dentro de un marco legal y con el conocimiento de los organismos supervisores.
En muchos casos esas emisiones se realizaban a través de sociedades radicadas en las Islas Caimán. Todo eso era conocido tanto por la CNMV como por el Banco de España. Después de la crisis financiera existía un interés evidente en reforzar el capital de las entidades y muchas prácticas que hoy generan un enorme rechazo fueron toleradas porque contribuían a ese objetivo. El caso de Bankia fue probablemente el más conocido, aunque no el único.
Esa explicación conecta con una idea que atraviesa todo el libro: muchas veces imaginamos el poder económico como una realidad completamente opaca, cuando en realidad buena parte de sus mecanismos son perfectamente legales.
Exactamente. Hay prácticas que pueden resultar moralmente muy discutibles y, sin embargo, ajustarse plenamente a la legislación vigente.
Ocurre con determinadas fórmulas de optimización fiscal, con las SICAV o con otros instrumentos financieros. Hace un tiempo publiqué un reportaje titulado Barcelona, paraíso fiscal, donde intentaba mostrar precisamente eso. Muchas veces pensamos en las Islas Caimán o en Panamá, pero dentro de nuestras propias economías existen tratamientos fiscales diferenciados, zonas francas o regímenes especiales que responden a decisiones políticas perfectamente legales.
Al final, el poder económico no siempre necesita actuar en la clandestinidad. Con frecuencia opera a través de normas aprobadas por los propios Estados.
Después de cuatro años investigando, uno termina el libro con la impresión de que el poder económico acaba condicionando al resto de poderes. ¿Fue también esa tu conclusión?
Siempre existe el riesgo de que un investigador acabe viendo su objeto de estudio en todas partes. A veces bromeo con ese «síndrome de Estocolmo» que hace que, cuando llevas años investigando un tema, parezca que todo gira alrededor de él.
Pero, sinceramente, creo que en el caso de La Caixa esa sensación responde a una realidad bastante objetiva. Lo que hace singular a esta institución es que concentra formas de influencia muy distintas.
Está el poder económico, por supuesto, pero también el político, porque mantiene una interlocución permanente con gobiernos e instituciones. Existe igualmente una dimensión religiosa. Isidre Fainé pertenece al Opus Dei como supernumerario y esa es otra pieza que ayuda a entender determinadas redes de relación.
También encontramos una enorme capacidad de influencia en los medios de comunicación. No hace falta ser propietario de un periódico para tener peso dentro del ecosistema mediático. La publicidad, las relaciones históricas con los grandes grupos de comunicación o la concesión de financiación generan vínculos muy estrechos.
A eso hay que añadir la cultura, la investigación, la educación, el tercer sector o los programas de becas. La Fundación ”la Caixa” tiene una presencia enorme en todos esos ámbitos. Es una forma de soft power extraordinariamente eficaz.
Por eso sostengo que estamos ante una institución muy singular. No solo por su dimensión financiera, sino porque ha conseguido estar presente en casi todos los espacios relevantes de la sociedad. Muy pocas organizaciones reúnen una capacidad de influencia tan transversal.
Hubo un tiempo en que navegar por internet era una forma de perderse. Y perderse era una manera de descubrir. Cada clic podía abrir una ventana inesperada, una conversación improbable o una idea capaz de desordenar nuestras certezas. Hoy, en cambio, parece que internet nos conoce demasiado bien. Tanto, que cada vez nos sorprende menos.
Vivimos rodeados de contenidos. Nunca la humanidad había producido tantas imágenes, tantos vídeos, tantos textos y tantas opiniones. Pero, en medio de esta abundancia, crece una sensación inquietante: todo acaba pareciéndose demasiado. Los mismos formatos, las mismas caras, las mismas frases, los mismos debates reciclados una y otra vez por unos algoritmos que han convertido nuestra atención en la principal mercancía del siglo XXI. Internet, que nació como una promesa de diversidad, experimentación y conocimiento compartido, corre el riesgo de convertirse en un inmenso espejo en el que solo vemos aquello que las plataformas deciden que queremos ver.
Es precisamente esta intuición la que atraviesa la conversación del director de Catalunya Plural, Pere Ortín, con la tecnóloga y periodista cultural venezolana especializada en marketing digital Ariana Basciani. Lejos de cualquier nostalgia tecnológica, Basciani plantea una pregunta mucho más radical: ¿y si el problema no fuera que internet genera demasiado contenido, sino que ha dejado de generar significado? Una crisis que no es solo tecnológica. También es cultural. Política. Democrática.
Porque cuando los algoritmos deciden qué merece nuestra atención, también condicionan qué recordamos, qué olvidamos, qué discutimos e incluso qué imaginamos.
Ariana Basciani es investigadora especializada en cultura digital, inteligencia artificial y sociedad. Su trabajo combina el conocimiento técnico con una mirada profundamente humanista sobre las consecuencias sociales de las tecnologías que habitamos cada día. No habla solo de máquinas. Habla de personas. De poder. De memoria. Y del derecho a seguir pensando en un ecosistema digital que tiende a uniformarlo todo.
La conversación, sin embargo, comienza lejos de los algoritmos.
Comienza en Venezuela, país de origen de la investigadora, que en las últimas semanas ha vuelto a vivir momentos de gran dolor a raíz de los terremotos que han afectado a diversas regiones. Cuando la tierra tiembla, la tecnología deja de ser protagonista. O quizá no del todo. Porque también es en esos momentos cuando internet muestra sus dos caras: la de la solidaridad que conecta a personas separadas por miles de kilómetros y la de la desinformación que circula con la misma velocidad que las emergencias.
Ariana Basciani. | Pol Rius / Catalunya Plural
A partir de ahí, el diálogo se adentra en algunas de las preguntas más incómodas de nuestro tiempo. ¿Hemos dejado de descubrir cosas o simplemente consumimos versiones ligeramente distintas de aquello que los algoritmos ya saben que nos va a gustar? ¿Qué ocurre con la cultura cuando todo tiende a parecerse? ¿La uniformización es solo estética o acaba condicionando también nuestra forma de pensar políticamente? En plena explosión de la inteligencia artificial, ¿qué sigue siendo irreductiblemente humano? Y, sobre todo, ¿es la IA la causa de esta homogeneización o simplemente acelera una dinámica que las grandes plataformas ya habían puesto en marcha mucho antes?
También hay espacio para hablar del poder. Porque detrás de los algoritmos no hay una fuerza abstracta. Hay grandes empresas globales. Inmensos intereses económicos muy reales. Modelos de negocio que compiten por retener cada segundo de nuestra atención. La pregunta, en este sentido, es inevitable: ¿estamos ante una crisis tecnológica o también ante una crisis democrática? En un momento en el que la información circula más rápido que nunca, pero la confianza en los medios convencionales, las instituciones públicas y el debate social parece erosionarse a gritos, recuperar espacios para el pensamiento crítico se convierte casi en un acto de resistencia práctica.
Por eso también preguntamos a Basciani si todavía existe un internet más ético. Un internet donde sea posible leer sin prisas, debatir sin insultos, descubrir sin que un algoritmo nos guíe constantemente por el mismo camino. Y qué papel pueden desempeñar los medios independientes en este escenario.
Quizá el futuro digital no dependa tanto de desarrollar una inteligencia artificial más poderosa como de preservar una inteligencia humana capaz de dudar, imaginar y discrepar. Porque, al fin y al cabo, la gran pregunta que atraviesa toda esta conversación es tan sencilla como inquietante: cuando internet deja de significar algo… ¿qué es lo que todavía puede devolvernos el sentido?
«Al visitar un pueblo, es fácil distinguir cuáles eran los centros del poder tan sólo viendo cómo el castillo y la iglesia se distinguen y alzan sobre el resto de edificios. En una ciudad, sucede algo similar con los rascacielos, los palacios y las torres televisivas. Sin embargo, el nuevo poder tecnológico, condensado en centros de datos de hiperescala, pretende pasar desapercibido, como ha denunciado Niklas Maak en su Data Center Manifesto«, explica a La Marea el investigador predoctoral en el CSIC y la UC3M Manuel García Domínguez, un sábado de junio en medio de un ciclo de charlas sobre estas infraestructuras en Extremadura.
«La industria de los centros de datos pretende construir el imaginario social de estas instalaciones a partir de un bombardeo de imágenes pulcras, futuristas, a menudo creadas con IA, de sus salas de servidores. Al mismo tiempo, despliega una arquitectura externa austera, de edificios bajos sin ventanas ni logotipos, que pretende camuflarse entre unas naves logísticas ya habituales en el paisaje español», prosigue. Sin embargo –dice– no es tan sencillo ocultar los impactos de «industrias tan extractivas».
«Los centros de datos emiten ruido a través de sus refrigeradores, gases contaminantes a través de sus generadores y, entre ambos, grandes cantidades de calor que pueden elevar la temperatura a un par de kilómetros entre dos y nueve grados. Esto reconfigura, radicalmente, la biodiversidad y, con ella, el paisaje en los que se instala», analiza.
Además, no es únicamente el edificio en sí: «Si se instalaran solo los proyectados en Aragón y Extremadura y se alimentaran con renovables, sería necesario cubrir hasta 150.000 y 230.000 hectáreas de terreno con parques renovables». «No se me malinterpete –matiza–: los parques eólicos y fotovoltaicos pueden resultar bellísimos si los vemos como el reflejo de una sociedad más justa que trata de aplacar la crisis ecosocial, pero sus sombras se oscurecen si no sirven para alimentar la descarbonización de la economía, sino para los nuevos centros del poder corporativo», que representan –como los denomina el investigador– los nuevos paisajes del poder.
Múltiples daños
El daño se produce de múltiples maneras: hay un impacto indirecto asociado a la cadena de suministros minerales y energéticos de estas infraestructuras que afecta también a otros ecosistemas. «Sin embargo, este impacto nunca forma parte de las evaluaciones ambientales», explica García. En ese aspecto, el impacto más inmediato es el consumo de suelos: «Un centro de datos de hiperescala suele tener entre 150 y 300 hectáreas de superficie ocupada, que implica la ocupación y asfaltización de un suelo previamente lleno de vida y de historia».
El investigador cita tres impactos sobre las comunidades del entorno. En primer lugar, acaparan el poco espacio disponible en la red eléctrica e impiden a otros proyectos locales acoplarse a la red: «La semejanza con la forma en la que fondos de inversión compran edificios y desplazan a los vecinos ha hecho que autores como Julia Velkova o Frans Libertson hayan acuñado el término ‘gentrificación energética’».
En segundo lugar, sostiene, los usuarios de la red eléctrica pagarán más en la factura de la luz para compensar la compra de energía de los centros de datos a través de acuerdos «privilegiados» entre las promotoras y las productoras energéticas. Y, en tercer lugar, la ocupación de espacio provoca un aumento del precio de los suelos agrícolas, que afecta al sector primario.
«A esto podemos sumarle –prosigue– el gasto en personal de los municipios que los acogen, que no se ve compensado por la exención de impuestos municipales; el desgaste de las vías públicas con maquinaria pesada; la desafección y ocupación de caminos públicos; la saturación de las depuradoras locales y el desplazamiento del poder urbanístico desde los municipios a los gobiernos regionales.
El incendio forestal desatado en el municipio de Los Gallardos (Almería) ya ha sido estabilizado. El fuego, que trascendió la categoría de desastre medioambiental para erigirse como una devastadora tragedia humana, ha calcinado 7.000 hectáreas. Sus consencuencias son las más graves registradas hasta la fecha en Andalucía. Según las actualizaciones del Gobierno andaluz, al menos 13 personas han perdido la vida y 23 continuaban «ilocalizadas» el domingo, 12 de julio, por la noche.
La virulencia de las llamas y la extrema rapidez de su avance dibujó un escenario caótico en las primeras horas de la emergencia. Según Antonio Sanz, vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, la pérdida de vidas humanas se concentró en dos escenarios distintos, marcados por lo que ha calificado como una decisión «trampa». Ante la proximidad del fuego, las víctimas optaron de manera tardía por buscar vías de evacuación alternativas a través de una rambla, alejadas de las rutas oficiales coordinadas por las autoridades.
En un primer punto, los servicios de emergencia hallaron los cuerpos sin vida de cuatro personas en el interior de un vehículo. El hecho de que el automóvil tuviera el volante situado a la derecha apunta a que los ocupantes eran de nacionalidad británica. En un segundo escenario se localizó a otras siete víctimas mortales. Estas formaban parte de un grupo de nueve personas que se desplazaban a pie tras abandonar sus vehículos y buscar una salida desesperada. Los equipos de rescate lograron salvar a dos integrantes de este grupo. Entre los fallecidos confirmados se encuentra un ciudadano de nacionalidad española, mientras que el resto serían turistas o residentes extranjeros de la zona, a la espera de su identificación oficial.
Evacuaciones y atención a los heridos
El fuego ha dejado a su paso ocho personas heridas, cuatro de ellas en estado grave por diversas tipologías de quemaduras. Se prevé que estos pacientes más críticos sean trasladados en helicóptero al hospital Virgen del Rocío de Sevilla desde el complejo hospitalario Torrecárdenas. Otras cuatro personas han recibido asistencia sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves.
La magnitud del incendio ha obligado a desplegar un operativo de evacuación que ha afectado a más de 600 vecinos. Las llamas forzaron el desalojo de las barriadas de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena, así como de las viviendas de la zona del Pinar en la localidad vecina de Bédar. Del total de evacuados, cerca de doscientas personas permanecen realojadas en albergues provisionales. En concreto, 54 damnificados están recibiendo asistencia en el Centro de Artes Escénicas.
Para ofrecer apoyo en estos momentos de desolación, el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED) ha habilitado un teléfono de atención e información para los familiares de los afectados: 677 904 624.
Un origen bajo investigación
Todos los indicios apuntan a que el incendio se inició tras la caída de un poste de tendido eléctrico. Así lo ha adelantado el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien ha subrayado que este hecho derivará inexorablemente en la exigencia de «responsabilidades hacia el mantenimiento» de dicha instalación. El incendio, avivado por vientos muy fuertes, ha sido descrito por las autoridades como «muy complejo» y «de cuneta». Las labores de extinción se enfrentan a enormes dificultades añadidas por la complicada orografía y la abundante presencia de viviendas diseminadas, donde, en palabras del consejero Sanz, «hay casas por todos los sitios».
A este cóctel catastrófico originado por el viento y el estado del tendido eléctrico, hay que sumar un factor estructural ineludible para entender el comportamiento de las llamas: el calor extremo, que también ha sido señalado por Moreno. Durante las últimas semanas, la región ha estado sometida a un estrés térmico brutal tras el paso consecutivo de dos intensas olas de calor, un escenario cada vez más recurrente debido a la crisis climática. Estas altísimas temperaturas, sumadas a la sequía crónica, han deshidratado por completo la masa forestal, que ha actuado como el combustible perfecto.
Actualmente, el flanco derecho es el que presenta mayor actividad, acercándose peligrosamente a zonas de cultivo anexas a la carretera principal, mientras que en la zona norte se trabaja con maquinaria pesada. Un posible cambio en la dirección del viento podría revertir por completo el comportamiento del fuego.
Para hacer frente a este incendio, se ha desplegado un contingente técnico y humano colosal. Cerca de 500 profesionales trabajan en el operativo, integrando a retenes del INFOCA, efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica, Protección Civil y Fuerzas de Seguridad del Estado. A ellos se suman unidades de la Unidad Militar de Emergencias (UME), operando con el apoyo de más de 120 vehículos terrestres y una veintena de medios aéreos.
Sin embargo, la magnitud de este despliegue de emergencia contrasta con la preocupante merma de efectivos especializados al inicio de esta campaña de alto riesgo. Según ha denunciado Antonio Maestre en LaSexta, el Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno ha reducido un 14% la plantilla de agentes de medio ambiente, un cuerpo de funcionarios clave en la prevención y extinción de los incendios forestales. En menos de un año, la región ha pasado de contar con 698 de estos profesionales a solo 602 (96 agentes menos), un recorte que la Junta justifica por el elevado número de jubilaciones y la imposibilidad de ejecutar la tasa de reposición al no haberse aprobado los presupuestos de 2026.
Luto institucional y llamadas a la prudencia
El impacto de la catástrofe ha provocado una cascada de reacciones institucionales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su «enorme tristeza y desolación» trasladando sus condolencias a las familias y su solidaridad a los vecinos. Por su parte, Juanma Moreno ha manifestado estar «consternado» ante lo que Antonio Sanz no ha dudado en definir como una «tragedia sin precedentes», asegurando que «hoy el corazón de todos los andaluces está de luto».
También ha querido dejar un mensaje de pesar la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: “Todo nuestro apoyo a España y a los valientes bomberos y socorristas que están haciendo frente a esta emergencia”, ha escrito en Twitter (X).
Las autoridades insisten en la necesidad vital de evitar las zonas afectadas y de no tomar vías de escape al margen del guiado explícito de los profesionales. En medio del desastre, la prioridad del dispositivo sigue siendo perimetrar el fuego y evitar, a toda costa, más pérdidas humanas.
Leo una detallada declaración anónima de una mujer iraquí a cuya prima de quince años ha asesinado su familia por negarse a casarse con un primo, alcohólico y abusador. Según esa declaración, los hombres que cometieron el asesinato bailaron después en público para celebrarlo. Hago una búsqueda en internet para obtener más información sobre el asesinato, pero solo encuentro la misma declaración anónima reproducida en un medio británico y en uno israelí y reproducciones en Facebook, Twitter, Instagram y Tik Tok.
He pasado por tres de esas redes sociales y las he abandonado en buena medida por la sensación de que, por mucho que una alarma interior saltase una y otra vez para avisarme de que lo leído podría ser una mentira, acababa influyendo en mis opiniones (para cambiarlas o confirmando mis prejuicios). A veces lo que leía no era tanto una mentira como una tergiversación, o una simplificación que hacía inservible la verdad sobre la que se sustentaba.
Así que desconfío de la noticia sobre esta pobre adolescente –si es que existe–, lo que puede ser terriblemente injusto para con la víctima.
Quizá sea esa una de las consecuencias más nocivas de la penetración de las noticias falsas en las redes sociales: la propagación de un escepticismo que amenaza con volvernos indiferentes.
8 de julio
El Govern balear ha hecho públicos por fin quince estudios sobre le represión franquista en las Baleares que el Ejecutivo del PP mantenía guardados en un cajón. Justo la semana pasada acababa la lectura de Maiorca, de Giovanni Dozzini, en el que se relata la participación de los aviadores italianos en la guerra civil española, sobre todo en los bombardeos de Barcelona, pero también de otras ciudades, como Durango. Dozzini organiza el festival Encuentro, en Perugia y Castiglione del Lago, donde desde hace años reúne a escritores hispanos e italianos y tiene una relación estrecha con España, en particular con Catalunya.
Maiorca es un ensayo literario que me ha descubierto muchas cosas que no sabía. Aunque conocía sin mucho detalle la parte bélica de la historia, no estaba al tanto de la feroz represión lanzada allí por el Conde Rossi, un fascista descerebrado dispuesto a exterminar a todos los comunistas, que ordenaba fusilar a cualquier prisionero que caía en sus manos.
Tampoco sabía que fue Mussolini quien ordenó los bombardeos sobre Barcelona entre el 16 y el 18 de marzo de 1938, ni que Franco le pidió que los detuviera, no por ánimo compasivo, sino para evitar las reacciones internacionales, que consistieron sobre todo en amargos lamentos de Inglaterra sin ninguna consecuencia. Mientras tanto, Italia negaba cualquier responsabilidad. La hipocresía como elemento constitutivo de la diplomacia no es un invento de nuestros días.
Italia, por cierto, cuenta Dozzini, siempre ha hecho oídos sordos a quienes han exigido, también por la vía judicial, que el Estado se disculpe ante los españoles por los crímenes de guerra cometidos y por los bombardeos dirigidos contra la población civil.
9 de julio
Esta es la última entrada del diario que publicaré este verano. Podría aprovechar para hacer un repaso de las noticias más significativas de los últimos meses, pero sería un ejercicio deprimente y tampoco sabría con qué quedarme. No tengo estómago para escribir sobre la campaña orquestada para poner bajo sospecha a los trabajadores con baja médica ni sobre las maniobras de Ayuso para mantenerse en primera página aunque sea amagando un ataque contra los derechos de las mujeres. Y por supuesto se me ocurren muchas más noticias desagradables de actualidad, pero quisiera evitar acabar la temporada en ese tono. Lo malo es que ya no nos queda el recurso de eludir asuntos espinosos o desagradables hablando de fútbol. O del tiempo. Hasta lo más inocuo y anodino se ha vuelto siniestro y amenazador. ¿No nos dejarán ni un espacio para la tranquilidad de espíritu o la conversación alegre?
Venga, no te pongas cenizo, me digo. El mundo siempre ha estado lleno de horrores, pero también de belleza. Y el arte de mantener la decencia junto con el optimismo probablemente consiste en no cerrar los ojos a los primeros pero manteniendo la pasión por la segunda. Aunque, a veces, no nos lo ponen fácil.
Me limito entonces a desearos que tengáis un feliz verano. Mi cenizo interior iba a añadir «a pesar de…» seguido de una larga lista de obstáculos, pero lo reprimo por una vez y me quedo con ese deseo sencillo.
Últimamente, España se ha visto envuelta en una larga lista de incidentes islamófobos, especialmente en política, a un ritmo nunca antes visto en la historia moderna del país. El pasado agosto, PP y Vox se unieron para prohibir las celebraciones musulmanas en instalaciones públicas del municipio de Jumilla (Murcia) con el fin de “defender las costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas”. Vox también trajo recientemente una iniciativa para prohibir el uso del burka y el niqab por miedo a que “el islamismo se abra paso por las calles de España” pese a que lo utiliza un porcentaje ínfimo de la población. Decenas de manifestaciones alrededor del país han reivindicado la lucha contra la “islamización” y a favor de una españa cristiana, y la derecha ha abrazado la “prioridad nacional” que busca Vox para priorizar a los españoles sobre los migrantes en el acceso a los servicios públicos, que ya se ha incorporado en los pactos de gobierno de varias comunidades autónomas. El último pacto de gobierno entre PP y Vox se ha producido hace apenas unos días en Andalucía.
Pero hay mucho más: las “cacerías” contra migrantes en Torre Pacheco (Murcia), las constantes alertas de una supuesta “invasión” musulmana, el intento de cerrar mezquitas en la lucha contra el “yihadismo radical”, o los numerosos bulos sobre el Islam que se viralizan en redes sociales y círculos de ultraderecha.
Aunque este miedo a la comunidad musulmana no es nuevo –ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos tras los ataques del 11-S– sí continúa aumentando en nuestro país, especialmente en el discurso de partidos como Vox o incluso Junts y PP. Por ello, es muy probable que la islamofobia juegue un papel muy grande en el próximo ciclo electoral y en las campañas para formar el próximo gobierno estatal, según opinan cuatro expertos consultados por La Marea.
¿Qué hay detrás del aumento de la islamofobia en la política española?
Para Daniel Gil-Benumeya, profesor en la Universidad Complutense que lleva más de una década estudiando las comunidades musulmanas en España y la percepción pública hacia ellas, la islamofobia se presenta especialmente en forma de estigmatización y control sobre el cuerpo de las mujeres, que Vox está intentando llevar a las administraciones. Atribuye el incremento de la islamofobia en el país a la adopción de discursos xenófobos propios de la ultraderecha europea y el crecimiento de la población musulmana, con miembros de esta comunidad siendo cada vez más visibles y conscientes de sus derechos. A su vez, señala que se está agotando el independentismo catalán y vasco como enemigo de algunos sectores políticos, lo que les ha llevado a buscar en el Islam un nuevo enemigo público, y también se está adoptando el consenso islamófobo en otras comunidades racializadas, como los migrantes latinoamericanos.
Zakariae Cheddadi, doctor en Sociología por la UPV-EHU especializado en identidad, migración y comportamiento político, también ha estudiado de cerca los discursos sobre el Islam de la derecha española. Destaca que, aunque la comunidad musulmana en España tiene menos peso y representación política que en otros países más diversos, esta sí tiene la capacidad de estar muy presente en la imaginación colectiva y el discurso público, como ya se ha visto por ejemplo en los intentos de prohibir el velo islámico pese a ser una realidad casi inexistente en nuestro país.
“El Islam se ha convertido en una categoría política sobre la que polarizar una determinada identidad –española, católica, civilizacional, con un legado sociohistórico que proviene de 1492 hasta ahora– en contraposición de la España roja, anticatólica, anticlerical y woke”, explica Cheddadi. “Antes era ‘salvémonos del comunismo’ y ahora es ‘salvémonos del Islam’”, añade.
El auge islamófobo, presente principalmente en la derecha y ultraderecha, también ha surgido como respuesta a los ocho años de gobierno progresista, según Cheddadi, intensificado tras su apoyo público a la causa palestina y la reciente regularización de migrantes –pese a que esta beneficia principalmente a latinoamericanos–. “Eso se asocia al Islam, la invasión de otras culturas y la teoría de la sustitución demográfica tan asentada en Francia y otros países”, explica.
Por ello, es más fácil crear miedo a una supuesta invasión islámica y sustitución cultural como respuesta a los problemas de la población que razonar las medidas que proponen partidos como Vox que de otro modo serían muy impopulares, como reducir el poder de los convenios colectivos, eliminar las autonomías o recortar el estado del bienestar bajando impuestos “a lo Milei”, según el investigador.
Los discursos de odio contra la población musulmana han venido para quedarse
Existe un creciente consenso académico sobre el reciente incremento de la islamofobia en la política española y sobre el creciente papel que jugará en los próximos años, especialmente de cara a las próximas elecciones generales. “Es muy probable que la islamofobia siga ocupando un lugar relevante en los próximos debates políticos y electorales, especialmente en escenarios de mayor influencia de la extrema derecha o de gobiernos en los que esta tenga capacidad de condicionar la agenda”, explica Laura Mijares, filóloga árabe e investigadora en la Universidad Complutense especializada en la sociología de las comunidades musulmanas en España.
Para ella, la clave no está únicamente en la presencia de los discursos abiertamente islamófobos, sino su creciente normalización en el espacio público. “La islamofobia ya no aparece solo en los márgenes, sino que se articula como una herramienta política eficaz para movilizar miedo, construir enemigos internos y reforzar narrativas identitarias basadas en la supuesta incompatibilidad entre Islam y valores democráticos”, explica Mijares. “En este contexto, –prosigue- las personas musulmanas y especialmente las mujeres visiblemente musulmanas por el uso del hiyab, son objeto de instrumentalización política”.
Prueba de ello también es la visión histórica de los sectores más conservadores, que presentan la identidad española como esencialmente católica, homogénea y culturalmente cerrada, frente a una realidad diversa y multicultural. “En este marco, la apelación a la Reconquista, al imperio católico o a la expulsión de judíos y musulmanes no es anecdótica, sino que forma parte de una batalla cultural más amplia por definir quién pertenece legítimamente a la nación y quién queda situado en sus márgenes”, explica Mijares. Para ella, estas narrativas romantizan y simplifican el pasado y refuerzan jerarquías raciales y culturales, lo cual contribuye a excluir públicamente a las personas racializadas.
Aunque Vox es probablemente el partido con representación parlamentaria que más abiertamente abraza el rechazo a la población musulmana en España, sería un error reducirlo únicamente a este grupo, señala Johanna Lems, profesora de la Universidad Complutense que estudia el Islam en España y Europa. También está presente, explica, en ciertos sectores de la izquierda y especialmente en partidos nacionalistas como Aliança Catalana, cuya líder Sílvia Orriols declaró en 2024 que “con tanto andaluz y tanto musulmán nadie hablará catalán en Catalunya”. Y por supuesto, es una base central del discurso de organizaciones fascistas o ultras como Núcleo Nacional o Frente Obrero, una fuerza política que se define “ni de izquierdas ni de derechas” y tiene como punto principal en su programa el “no a la islamización” porque “se están creando guetos en los que son mayoría e imponen su cultura”.
Para Lems, la islamofobia es una manera de utilizar la religión y los símbolos asociados a esta para discriminar a ciertos grupos de la población y crear una identidad nacional excluyente, un fenómeno que también ha estado presente en el antisemitismo de la Europa del siglo XX o la discriminación contra los migrantes irlandeses y católicos en Estados Unidos durante varios siglos. “La religión siempre ha tenido un lugar muy importante como uno de los elementos en la racialización de las poblaciones, y por tanto también en la islamofobia”, añade.
El impacto de la islamofobia en las instituciones
Lo que queda por ver, sin embargo, es cuánto de este odio se traduce a cambios legislativos y discriminación en las instituciones, más allá de su presencia puramente mediática y simbólica. Aunque Lems destaca que ya existe legislación vigente, como la Ley de Extranjería, basada en gran parte en la xenofobia que discrimina a los musulmanes y otros colectivos, Cheddadi duda de si en caso de formarse un gobierno PP-Vox tras las próximas generales, la islamofobia pueda alterar gravemente el trato institucional a las poblaciones musulmanas, como ha pasado por ejemplo en Estados Unidos con la población migrante durante el segundo mandato de Trump.
“La cuestión del Islam es una estrategia para alcanzar el poder, pero una vez que alcancen el poder no sé si van a ser muy agresivos, tal como nos quieren hacer ver”, comenta. La primera ministra italiana Giorgia Meloni y su vicepresidente Matteo Salvini, por ejemplo, también utilizaron la islamofobia para incrementar su popularidad, pero tras llegar al poder, el efecto de estos discursos a nivel institucional y legislativo fue muy limitado.
“Aunque vayan muy en contra de la Agenda 2030 y ciertos consensos, no sé yo si va a ser muy fuerte su impacto. Lo que me preocupa como sociólogo es la diseminación de un discurso político en términos actitudinales, de comportamiento social y de espacio público”, añade. “Va a crear muchísimo recelo, animadversión, distancia social y cultural. Pensar que el musulmán que tienes enfrente de tu casa tiene algo malo, que te da miedo y estés obsesionado, es lo peor que le puede pasar a una sociedad multiétnica”, concluye.
Muchas aplicaciones gratuitas de streaming pirata (instaladas en algunos televisores y cajas Android) esconden un pequeño programa que convierte estos dispositivos en una puerta de entrada a la conexión de casa. Eso permite a personas y empresas de cualquier parte del mundo hacer pasar su tráfico por tu conexión a internet. Quien reciba ese tráfico (una web, una tienda online, un banco) verá tu dirección IP, no la de quien realmente está detrás.
Este mercado tiene un nombre, proxies residenciales, y se vende como un servicio legal: las empresas que lo ofrecen alquilan millones de conexiones domésticas a clientes que, en teoría, las usan para tareas comerciales, como comprobar precios desde distintos países. El problema, según una serie de investigaciones de la organización de seguridad digital Qurium Media Foundation, es doble: buena parte de esas conexiones se consiguen sin que sus dueños lo sepan, y buena parte del tráfico que circula por ellas no tiene nada de inocente.
Qurium empezó a tirar del hilo cuando la web de una organización de periodismo de investigación jordana recibió, en apenas un día, una avalancha de visitas automatizadas desde 1,35 millones de direcciones de internet de todo el mundo. Siguiendo el rastro, los investigadores encontraron un componente oculto, conocido en la comunidad de seguridad como «Popa», instalado en decenas de aplicaciones populares que ofrecen contenido sin licencias de distribución para ver deporte y películas gratis, como CRICFy, DooFlix o Sportzfy, y hasta en una versión manipulada de SmartTube, una conocida app para ver YouTube en televisores Android. El programa no pide permiso al usuario, y Google estima que la red llegó a incluir más de dos millones de dispositivos en todo el mundo.
Detrás de todo eso, según las conclusiones de Qurium, está la empresa israelí NetNut, que pertenece al grupo cotizado en bolsa Alarum Technologies. Qurium llegó hasta ella siguiendo el rastro de las sociedades que gestionaban la infraestructura, una de las cuales estaba registrada a nombre de un cofundador de NetNut. En respuesta a los investigadores, la compañía rechaza las acusaciones y sostiene que estos hallazgos son inexactos y que su software solo funciona con el consentimiento de los usuarios.
Qurium, que denomina a esta operación Nutcracker (cascanueces, en inglés), comprobó qué sucedía con las conexiones “prestadas” haciendo que sus propios dispositivos formaran parte de la red. Tras hacerlo, recibió millones de peticiones relacionadas con publicidad, apuestas, criptomonedas y compra masiva de entradas (incluidas entradas del Mundial de fútbol de 2026), además de campañas de correos fraudulentos que podrían utilizarse en actividades maliciosas o de fraude.
«Los operadores afirman que obtienen su infraestructura de forma ética, pero nosotros podemos demostrar que los dispositivos se captan mediante puertas traseras escondidas en aplicaciones, por ejemplo en servicios de streaming gratuito», explica a La Marea Tord Lundström, director ejecutivo de Qurium. Y no se trataría de excepciones. «Todo lo que hemos registrado proveniente de estas redes son actividades enormemente abusivas».
¿Qué puedo hacer yo?
Poca cosa, más allá de no entrar en el juego. «Los usuarios deberían pensárselo dos veces antes de descargar aplicaciones y servicios gratuitos para evitar pagar», advierte Lundström. «Lo mismo aplica a los dispositivos que dan acceso a canales de pago: lo más probable es que tengan una puerta trasera», añade. Detectar la infección por cuenta propia, admite, está fuera del alcance del usuario medio. Tras estos hallazgos Google ha configurado su sistema de protección de Android, Play Protect, para avisar y desactivar las aplicaciones afectadas.
Asimismo, Google anunció el desmantelamiento de las cuentas que controlaban la red el pasado 2 de julio. Ese mismo día, el FBI incautó sus dominios principales, en los que ahora aparece un aviso de decomiso. Tras esta operación, Alarum emtió un comunicado. La compañía asegura que se toma este asunto muy en serio y que cooperará plenamente con las autoridades para garantizar que cualquier uso debido de su infraestrudcdtura sea investigado a fondo y que los responsables rindan cuentas.
Qurium, que sigue la actividad de la red en tiempo real, vio cómo desde ese momento se desplomaba su tráfico a medida que se desmantelaban muchas de sus cuentas, pero advierte de que no es un apagón total. Por el momento, es solo una «victoria simbólica»: buena parte de la infraestructura sigue activa y NetNut no es la única empresa en este negocio. «Necesitamos una rendición de cuentas real. Muchos de estos proveedores son conocidos por la comunidad de investigación, pero se ha tomado poca o ninguna acción contra ellos», argumenta.
La periodista Chantal Flores había escuchado tantas historias de mujeres mexicanas que perdieron a un ser querido que cuando viajó a Bosnia, Serbia y Kosovo para entender el impacto de las desapariciones forzadas allí, no le hizo falta entender las palabras de las mujeres que le compartían sus experiencias en serbocroata o albanés: le bastó con leer su lenguaje corporal.
En su libro Huecos. Retazos de la vida ante la desaparición forzada, Flores, que nació en Monterrey en 1985, sigue a seis mujeres en México, Colombia y los Balcanes –Mirna, Lucy, Dragana, Zekija, Margarita y Valdete– que viven, o sobreviven, con el dolor de la pérdida. Nos cuenta sus historias en una serie de viñetas que a veces adoptan un tono periodístico y otras se leen más como novela o poema. A lo largo del libro, Flores escribe como una persona solidaria que se deja afectar por el duelo de estas seis mujeres que se enfrentan a silencios, intimidaciones, injusticias y sistemas rotos.
Lo que motivó a Flores a escribir este libro fue una sensación de impotencia ante el problema de la desaparición forzada en su propio país, donde se producen entre 35 y 40 desapariciones diarias. Al conectar las experiencias de mujeres mexicanas con las vividas en Colombia y los Balcanes, nos obliga a asumir que el sufrimiento que causa la desaparición forzada es universal, sin borrar la especifidad de cada lugar y cada experiencia individual.
Para comprender México, ha tenido que visitar otros países.
Mi intención nunca fue ser la corresponsal extranjera que le va a enseñar al mundo cómo son las cosas en los Balcanes o Colombia. Mi punto de partida siempre fue: esto que está pasando en mi país, en México, es muy grave. No tenemos un marco de referencia para entenderlo. No se compara con el periodo de desapariciones que México vivió en los años setenta, por ejemplo. Así que viajé a otros países para ver qué podía aprender. Sabía muy bien que los contextos no son los mismos, pero, por otra parte, supuse que algunas de sus luchas son similares.
Hay muchos países con desapariciones. ¿Cómo llegó a Colombia y los Balcanes?
Acabé en Colombia por el papel que allí tiene el narcotráfico, que es uno de varios agentes diferentes que perpetran las desapariciones. Me pareció similar a lo que está sucediendo en México. A los Balcanes llegué más bien por mis lecturas sobre el trabajo de la ciencia forense en la identificación de los restos. En esos libros siempre sale el ejemplo de los Balcanes, donde se ha usado la identificación de ADN con mayor efecto. Mi pregunta era: ¿tendrán paz esos familiares? Lo que ellos sufrieron se reconoció como una guerra –algo que en México no ocurre–. Segundo, atrajo una gran inversión y apoyo internacionales. Dado todo esto, me preguntaba, ¿cómo siguen estas familias, que además ya llevan unos 20 años desde que terminó la guerra? ¿Cómo viven con el dolor, con todo este camino ya recorrido?
¿Qué descubrió?
Más allá de las diferencias que he mencionado, encontré muchas similitudes. Al final del día vi el mismo dolor, la misma forma de organización entre las mujeres, que han construido redes, pero que también se encuentran algo aisladas de sus propias familias. Esta dimensión de género me llamó mucho la atención. Yo sabía que se tenían que comunicar entre ellas. Y como no las pude juntar en un espacio físico, las junté en las páginas de Huecos. Lo que quiero es que sepan que no están solas, que de cierta forma están aprendiendo unas de otras. Y que tienen cosas que enseñar a las otras que están por venir, porque esto no termina. Nunca va a haber suficiente información sobre la desaparición forzada.
Su propia voz y experiencia están muy presentes en el libro.
La verdad es que, cuando empecé Huecos, mi idea era escribir un libro serio de investigación periodística, con datos, cronologías y análisis políticos. Así que, cuando empecé a escribir, me encontré cortando todos los pasajes en los que aparecía yo: todo lo que sucedía después de que se apagara la grabadora –por ejemplo, los momentos en los que Mirna y yo estábamos platicando en la cama–. Pero cuando lo hablé con mi editor, me dijo: “Eso no lo cortes: tú eres la única que estuviste ahí y tienes que contarlo”.
¿Le costó incluir esa dimensión más personal?
Mi miedo inicial era que yo me convirtiera en la protagonista del libro. Yo era muy consciente de que las cosas de las que fui testigo pasaron en parte porque yo estaba allí cubriéndolas como reportera. Las familias que buscan a sus desaparecidos muchas veces sienten la presencia de los medios como una presión para que sucedan cosas, para que encuentren algo. A fin de cuentas, ¿qué son las familias que buscan si no encuentran cuerpos?
El resultado es un libro que logra conectar directamente con las lectoras. A mí, al menos, la lectura ha llegado a afectarme mucho.
Mi idea era, precisamente, que si yo me pongo ahí, a lo mejor el lector o la lectora se va a identificar con más facilidad. No soy la periodista inalcanzable que ni contesta al mail, sino al contrario, soy quien lleva a mis lectores de la mano. Eso era lo que yo quería que sintieran los lectores: ese dolor que te destroza cada vez que entras a estos viajes y entras en contacto con esta realidad. Con Huecos, yo quería aportar esa capa extra. Más que informarte, quiero que sientas y veas que estas son familias como la tuya o como la mía.
¿Cómo lidió usted misma con la carga del dolor?
Los primeros años me sentía mal conmigo misma, porque veía la desaparición por todas partes. Me afectó mucho. Pero acabé por encontrar las herramientas creativas para darle salida a ese dolor, a esa crueldad. Y cuando ahora alguien me dice, “no tengo corazón para leerlo”, le digo: “¡Si yo ya lo mastiqué por ti! Lo que te está llegando por mi libro es el 1%. No te lo estoy dando crudo”.
En algunas de las viñetas más literarias, como “Y no está”, abandona su voz narrativa regular para recurrir a una especie de corriente de conciencia. Me ha parecido muy poderoso.
En realidad, fue mi solución a un problema complicado. Hablé con muchísimas familias sobre sus vivencias. Fue muy difícil escoger a las seis mujeres que acabaron siendo mis protagonistas. Por otro lado, irónicamente, también fue muy fácil, porque ellas son las que estuvieron más dispuestas a contestar a las dudas que me surgían. Aun así, al escribir Huecos no me abandonaban esas otras familias a las que había dejado fuera, por más que también dieran forma a mi proceso de escritura. En esa viñeta que mencionas, intento incluir sus vivencias y algunos de los muchísimos detalles que me contaron. Es mi forma de decirles a mis lectoras: “Todo esto está pasando. Puede que no tenga nombres y fechas para todo, que no tenga los datos concretos, pero esto está pasando”. La verdad es que fue una viñeta que empecé a escribir con hartazgo, vomitándole al lector. Lo que sentí fue algo así como: “Ya me cansé yo de cargarlo todo sola”. Luego, cuando me puse a procesarlo, mi actitud cambió. Me imaginaba diciéndoles a mis lectores: “Quiero compartirte esto; espero puedas ver que no son solo Mirna, Lucy o Chuchita. Es todo esto”.
A las mujeres colombianas y mexicanas les podía hablar en español, pero para las entrevistas en los Balcanes tuvo que recurrir a intérpretes. ¿Cómo funcionaba eso?
El tema me estresaba mucho, la verdad, porque sabía que yo no iba realmente a entender toda la entrevista hasta que leyera la transcripción traducida. Por más rápida que fuera mi traductora, nunca iba a hacer lo mismo que yo en una entrevista en castellano o inglés. Además, cuando llegué a la primera cita en Ilijas, una ciudad bosnia, me encontré con un grupo grande de mujeres, aunque yo me había preparado para una entrevista con la líder. Entonces cerré los ojos y dije: “A ver, no voy a comprender el 100% de lo que se está compartiendo aquí. ¿Qué puedo ver?”. Y empecé a observar cómo esas mujeres se organizaban, cómo se sentaban unas, cómo se paraban otras, cómo se juntaban unas y se apartaban otras… Debo agregar que soy maestra de yoga y que lo que me mantiene sana en este trabajo es mover el cuerpo. Ahora bien, antes de ir a los Balcanes, una amiga me invitó a tomar un cursillo de yoga informada por el trauma. Es una forma de enseñar que enfoca en el impacto de la vida, de las experiencias, del trauma, en el sistema nervioso, y cómo el trauma se manifiesta en los movimientos y en los dolores físicos de las personas.
¿Esa experiencia le sirvió con el grupo de mujeres en Bosnia?
Pasó un proceso muy raro. Yo no podía más que asociar cómo movían el cuerpo las mujeres bosnias con los movimientos corporales de las mujeres que yo ya había visto en México. Entonces entendí: ahora, ella me está platicando de esta parte de la desaparición. En otras palabras, me di cuenta de que yo ya traía una idea de cómo se cuenta la desaparición de un ser querido. Es una estructura narrativa que, de cierta forma, se vuelve rígida con el paso del tiempo. Porque la mayoría de ellas han contado esa historia muchísimas veces: a los medios, a gobiernos, a organizaciones de derechos humanos.
La comprensión de estas dinámicas, ¿también le permite relacionarse de otra forma con sus entrevistadas?
Sí, claro. De hecho, ahora la uso mucho. Por ejemplo, el jueves pasado hicimos unas entrevistas en la cárcel para un proyecto sobre el narcomenudeo en el que estoy metida. Yo nunca había entrado a una cárcel de mujeres, y no era el mejor espacio o el espacio más seguro para hacer ese tipo de entrevistas, que además son por tiempo muy limitado y en presencia de las autoridades. Pero cuando empecé a relajar mi cuerpo, ellas se empezaron a relajar y nuestro lenguaje corporal se conectó. Fluyó muy bien la entrevista a pesar de ese entorno restrictivo. Eso, en fin, es algo que aprendí de las mujeres en los Balcanes: cómo acoplarme al espacio de ellas, a cómo se mueven, cómo sirven el café. Todos esos son detalles que la gente cree que son extras en una entrevista, pero que son realmente parte de crear ese entorno para que la gente comparta realmente lo que siente sobre ese momento de su vida. Y eso fue algo que quise transmitir en Huecos: cómo cargamos las historias con el cuerpo.
Huecos se publicó hace un par de años ya. ¿Sigue con el mismo tema?
Cuando salió Huecos, necesitaba como un refresh mental. Viendo el escenario en México, la falta de cambio, no ayuda. Y lo que sí cambia, es para peor: los métodos de desaparecer a la gente son cada vez más brutales, y es cada vez más cínico el manejo de los casos de desaparición. Todavía noto que tengo una respuesta muy emocional ante eso, lo que me impide cubrirlo de buena forma, periodísticamente hablando. Por tanto, he intentado abordarlo de otra forma. Ahora estamos por lanzar una plataforma que se llama Mapping Absence. Es una plataforma bilingüe enfocada en la desaparición forzada, pero globalmente, desde distintas miradas. Somos un colectivo chiquito de académicos y artistas; yo estoy como periodista. No tenemos recursos, realmente hay mucho de voluntariado, pero el punto es crear una plataforma fija donde podamos estar discutiendo la desaparición forzada desde distintos ángulos y visibilizando a los colectivos que lideran esta búsqueda, no solo en México. La desaparición forzada ha evolucionado mucho y se maneja en diferentes contextos. Ya llegamos a un punto donde hasta se niega que se trate de desapariciones forzadas, como hemos visto en Estados Unidos con el ICE.
Seguía pensando en los parecidos entre la época actual y los albores de la Primera Guerra Mundial y me decía que en ambos momentos las sociedades occidentales han sido sacudidas por la inseguridad, no debida a la delincuencia que tanto exageran nuestras derechas actuales, sino en la manera de entender el mundo.
Antes del 14 la suma del psicoanálisis, la teoría de la relatividad y la física cuántica había desmontado buena parte de las certezas sobre las que se fundamentaba el sentido común, ese consenso que parece flotar por encima de las ideologías. Los ciudadanos europeos ya no eran quienes habían creído ser –ni actuaban por los motivos que suponían la base de sus actos– ni el universo se comportaba tal como habían pensado desde Newton. Ni siquiera el arte ofrecía el consuelo de la belleza que buscaban en él buena parte de la burguesía y también del proletariado frente a las nuevas incertidumbres; en lugar de poder conmoverse en una exposición ante un amanecer radiante o disfrutar con un hermoso cuerpo desnudo, se encontraban con espantajos cubistas y los colores chillones de los fauvistas. El dadaísmo, ya empezada la guerra, daría la puntilla con sus provocaciones de mal gusto a las expectativas de un arte reparador.
Hoy la ingeniería genética, la inteligencia artificial y el transhumanismo derriban los límites entre el ser humano y la máquina y desvalorizan las capacidades del primero, visto como imperfecto e inútil en muchas de las tareas de las que estaba orgulloso. Tampoco el arte nos ayuda hoy, producido cada vez más por sistemas digitales que socavan cualquier principio de autoridad y de autoría, ya devaluadas por la posmodernidad.
Y si hace pocos días anotaba las inseguridades de los varones en ambos momentos históricos, hoy me lo confirma para el actual una noticia de un periódico. En una anotación anterior me maravillaba de que haya hombres operados de fimosis volviéndose a operar para implantarse un prepucio, que, al parecer, consideran parte importante de su identidad masculina. Aún me dejó más perplejo leer ayer que también hay hombres –quizá en parte los mismos– que se inyectan un suero en los testículos para aumentar su volumen; según la crónica, el saco escrotal puede alcanzar así incluso el tamaño de un mango o de un melón pequeño, imagen que habría preferido que no entrara en mi cabeza.
30 de junio
Hace un par de tardes, nuestra vecina organizó una minihoguera de San Juan ahora que han vuelto las lluvias a nuestra zona y no hay peligro de incendio. Y he vuelto a desesperarme con mis dificultades para seguir una conversación en euskera. Llevo más de un año aprendiéndolo –es verdad que con fases en las que apenas le he podido dedicar tiempo– y apenas noto avances a la hora de comunicar con mis vecinos.
Es decir, sí he hecho avances en el aprendizaje. Podría traducir por ejemplo «el hijo mayor de mi tía del pueblo ha venido a ese edificio de ahí para dejar a su perro negro», u otras frases absurdas por el estilo que habría sido incapaz de traducir hace pocos meses (me habría equivocado en los tiempos, en los casos, en las terminaciones que dependen de las preposiciones…). Y me alegra darme cuenta de que cada vez cometo menos errores en los ejercicios. Pero luego, cuando podría aplicar lo aprendido, soy incapaz de decir más de dos palabras seguidas. Y me cuesta muchísimo entender incluso frases en las que debería reconocer todas las palabras.
1 de julio
Hoy hemos ido caminando hasta Ondarroa con la intención de darnos un baño. Al llegar, vemos la bandera roja y otra con la señal de prohibido bañarse. Enseguida pensamos que habrán llegado ya las medusas, aunque hay una bandera específica para indicarlo. No es ese el motivo, tampoco el oleaje, que hoy era muy suave. El agua está contaminada por E. coli. El año pasado ya nos avisaron de que en Saturraran, la playa contigua que frecuentábamos antes, a menudo las aguas están muy contaminadas por los vertidos industriales arroyo arriba y no es difícil que el baño te cueste coger una infección estomacal.
Ahora recuerdo que también a finales del verano anterior escribí una entrada en el diario tras ver franjas de espuma amarilla en el mar. La suciedad se ha convertido en parte del paisaje. Hemos aceptado como algo normal o como un mal menor que nuestra forma de vida ensucie lo que nos rodea y, también, que cause muertes. Resoplamos molestos por el calor inusual o nos asquea la suciedad del mar, pero respondemos a esas consecuencias de nuestros hábitos como si fuesen inevitables, con la resignación que podríamos sentir ante un terremoto o un alud. «Acts of God», se llama en inglés en el lenguaje jurídico y de seguros a los acontecimientos inevitables que no son culpa de nadie, como, precisamente, los terremotos. Pero, en realidad, Dios pinta muy poco en muchos de ellos: antes podíamos decir que las tormentas o los incendios forestales eran actos de Dios o de la naturaleza, pero hoy sabemos que los humanos nos hemos convertido en ayudantes solícitos a la hora de provocar catástrofes.
