La reforma de la Ley del Suelo de l’esborrany del reial decret llei, ara posposat fins al setembre, podria suposar un desastre ambiental i social.

El Govern d’Espanya ha anunciat aquest matí que posposa fins a setembre el reial decret llei sobre habitatge. En les seves últimes versions, el text pretenia incloure una modificació de la Ley del Suelo per a blindar les iniciatives d’urbanització i construcció que es provin irregulars en seu judicial.

Segons el parer d’Ecologistes en Acció, Greenpeace i els Sindicats de Llogateres i Llogaters, aquestes mesures busquen reduir la protecció mediambiental del territori afectat per plans urbanístics, a més de protegir futurs infractors urbanístics i a amnistiar aquells infractors presents, qüestió que no guarda cap relació amb la promoció d’un parc d’habitatge públic.

Les tres organitzacions coincideixen a denunciar que s’aprofiti la greu crisi d’habitatge per a presentar un reial decret llei que camufla reivindicacions del lobby immobiliari amb mesures proposades per les llogateres com posar fi al frau del lloguer de temporada i d’habitacions. “Aquesta desprotecció permetrà més urbanitzacions enclavades en zones naturals, la qual cosa resulta, com s’està veient ara, extremadament perillós i perjudicial en els grans incendis forestals”, afirmen les organitzacions ecologistes, que també exigeixen “estendre i reforçar més enllà del 2026 les ajudes que facilitin a la ciutadania participar d’una transició energètica justa, entre ells, avançar cap a una tarifa social energètica, garantir l’accés a subministraments bàsics i impulsar la rehabilitació dels habitatges”.

En conseqüència, reclamen al govern i als grups parlamentaris que retirin els aspectes més lesius de la reforma de la Ley del Suelo del text del reial decret llei. Sota el redactat actual, la reforma va en la mateixa línia que el Projecte de Llei d’Impuls i Desenvolupament Equilibrat a la Regió (LIDER) que el Consell de Govern d’Ayuso acaba d’aprovar en la Comunitat de Madrid.

Dues prioritats llogateres per al decret: Incloure tàcites i limitar pujades

Respecte al conjunt del decret d’habitatge, la Confederació de Sindicats de Llogateres assenyala dues prioritats més per a la negociació del reial decret llei en les pròximes setmanes:

• Mantenir tots els supòsits per a acollir-se a les pròrrogues de l’anterior reial decret aprovat al març i incloure les situacions de tàcita reconducció que afecten desenes de milers de famílies.
• Limitació de pujades de la renda interanual dels lloguers al 0%.

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La reforma de la Ley del Suelo del borrador del real decreto ley, ahora pospuesto hasta septiembre, podría suponer un desastre ambiental y social.

El Gobierno de España ha anunciado esta mañana que pospone hasta septiembre el real decreto ley sobre vivienda. En sus últimas versiones, el texto pretendía incluir una modificación de la Ley del Suelo para blindar las iniciativas de urbanización y construcción que se prueben irregulares en sede judicial.

A juicio de Ecologistas en Acción, Greenpeace y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, estas medidas buscan reducir la protección medioambiental del territorio afectado por planes urbanísticos, además de proteger a futuros infractores urbanísticos y a amnistiar a aquellos infractores presentes, cuestión que no guarda ninguna relación con la promoción de un parque de vivienda pública.

Las tres organizaciones coinciden en denunciar que se aproveche la grave crisis de vivienda para presentar un real decreto ley que camufla reivindicaciones del lobby inmobiliario con medidas propuestas por las inquilinas como acabar con el fraude del alquiler de temporada y de habitaciones. “Esta desprotección permitirá más urbanizaciones enclavadas en zonas naturales, lo que resulta, como se está viendo ahora, extremadamente peligroso y perjudicial en los grandes incendios forestales”, afirman las organizaciones ecologistas, que también exigen “extender y reforzar más allá de 2026 las ayudas que faciliten a la ciudadanía participar de una transición energética justa, entre ellos, avanzar hacia una tarifa social energética, garantizar el acceso a suministros básicos e impulsar la rehabilitación de las viviendas”.

En consecuencia, reclaman al gobierno y a los grupos parlamentarios que retiren los aspectos más lesivos de la reforma de la Ley del Suelo del texto del real decreto ley. Bajo el redactado actual, la reforma va en la misma línea que el Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado en la Región (LIDER) que el Consejo de Gobierno de Ayuso acaba de aprobar en la Comunidad de Madrid.

Dos prioridades inquilinas para el decreto: Incluir tácitas y limitar subidas

Respecto al conjunto del decreto de vivienda, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas señala dos prioridades más para la negociación del real decreto ley en las próximas semanas:

1. Mantener todos los supuestos para acogerse a las prórrogas del anterior real decreto aprobado en marzo e incluir las situaciones de tácita reconducción que afectan a decenas de miles de familias.
2. Limitación de subidas de la renta interanual de los alquileres al 0%.

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Las consultas a las administraciones públicas, las 2.000 firmas presentadas por vecinos y vecinas del municipio y las 46 alegaciones de asociaciones y particulares motivan el Informe Ambiental Estratégico del órgano autonómico en el que se determina que el Plan Parcial SAU-3 “Los Arroyuelos” debe someterse a procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria y reformularse.

A finales de 2024, la Alcaldía del Ayuntamiento de Cercedilla aprobó inicialmente el Plan Parcial para la urbanización de la dehesa de Los Arroyuelos (Sector SAU-3) presentado por Inversiones Inmobiliarias Canvives, promotora filial del Banco Santander y del entramado del fondo buitre Blackstone. El documento, redactado íntegramente por la promotora propietaria de la finca y en el que se proponía la construcción de 36 chalés en fincas de 1000 m2, fue aprobado por Alcaldía sin ninguna modificación a pesar de sus numerosos defectos de contenido y forma. Más de un año y medio después la Consejería de Medio Ambiente se muestra tajante en la respuesta al consistorio: “la alternativa propuesta no se encuentra justificada ambientalmente en el Documento Ambiental Estratégico, donde no se realiza un análisis detallado de las afecciones ambientales que implicaría…” se afirma en el informe emitido el pasado 29 de mayo.

Prevención y control de incendios, catástrofes naturales, depuración de aguas residuales o la protección de la biodiversidad son algunas de las principales deficiencias señaladas en la redacción del Plan Parcial por parte de las administraciones consultadas.

En concreto, el informe emitido por el Área de Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid subraya la insuficiencia de anchura de los viales según lo estipulado en el Código Técnico de Edificación. Asimismo, señala mal dimensionados los radios de giro e intersecciones de viales, la distribución de hidrantes, y señala la posible influencia en terreno forestal.

Por su parte, el informe de la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal manifiesta su preocupación por la pérdida de arbolado en la dehesa (hasta 714 árboles maduros de 939 podrían verse comprometidos), alude al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) “El organismo ambiental competente podrá limitar la superficie ocupada por futuros desarrollos urbanísticos en las Zonas de Transición” y advierte que “…en el caso de que el Plan haya de ser sometido a algún procedimiento de impacto ambiental, éste deberá ser informado por la Sección de Parques Regionales y Naturales, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la Ley del PRCAM”.

El Canal de Isabel II informa sobre la falta de capacidad del Sistema de Saneamiento del Chaparral debido a la incorporación también de las aguas limpias a través del alcantarillado de los municipios tributarios (Cercedilla, Los Molinos y Guadarrama), emplaza al Ayuntamiento de Cercedilla a la firma de un Convenio de Ejecución de Infraestructuras Hidráulicas y asevera que “Hasta la firma del nuevo Convenio de Ejecución de Infraestructuras Hidráulicas, el Ayuntamiento de Cercedilla no deberá ni aprobar definitivamente ni instar a la aprobación definitiva de las figuras de planeamiento a tramitar para el desarrollo de los ámbitos incluidos en el citado Convenio a firmar, entre otros, el Sector SAU-3”.

Desde que se abrió el periodo de alegaciones a este plan parcial, Cercedilla ha vivido una movilización vecinal sin precedentes. La Plataforma Vecinal en Defensa de la Dehesa de Los Arroyuelos sirvió de punto de encuentro a vecinos y vecinas que asumieron la responsabilidad de informar a residentes y visitantes sobre los valores ambientales de la dehesa de Los Arroyuelos. Fruto de ese trabajo, se registraron ante la Consejería que hoy informa negativamente sobre el plan 2.000 firmas manuscritas en papel de oposición al proyecto.

En total, el Ayuntamiento de Cercedilla recibió por registro 46 alegaciones al plan parcial y, a pesar de haberse comprometido a darles respuesta en pleno municipal, a día de hoy no se ha pronunciado sobre ninguna de ellas. Las alegaciones vecinales hacen hincapié en el carácter especulativo del proyecto, la ausencia de interés general y consideran insuficientes las medidas propuestas para la protección de la biodiversidad y preservación del recurso hídrico. También subrayan la incapacidad de asumir obra nueva sin abordar los problemas de abastecimiento y depuración que afectan al parque urbano consolidado de Cercedilla, donde numerosas viviendas ya construidas, incluso hace más de medio siglo, no tienen acceso aún a la red de alcantarillado.

Las exhaustivas alegaciones registradas por Ecologistas en Acción Sierras de la Comunidad de Madrid trataron de subrayar que la dehesa de Los Arroyuelos “constituye un ámbito de suelo rural de facto, de destacado valor ambiental, lo que amerita su clasificación como suelo no urbanizable protegido, para mantener sus características agropecuarias”. Este documento pone de manifiesto el alto valor ecológico, ambiental y paisajístico de la zona, con afloramientos de arroyos y escorrentías, con características del uso tradicional ganadero y forestal, nidos de aves y campeo de aves protegidas y en peligro de extinción.

Casi dos meses después de haber recibido el informe de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento de Cercedilla no lo ha hecho público en su página web ni las partes interesadas han recibido comunicación alguna.

Tanto las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción como numerosas alegaciones suscritas a título individual reclamaban que se declarase el suelo afectado como no urbanizable de protección por su valor forestal, agropecuario y paisajístico, así como la implementación de medidas para la conservación de su biodiversidad. El informe emitido por la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal se alinea con esta tesis al recordar que “En los suelos urbanizables que carezcan de planeamiento de desarrollo vigente, los montes arbolados cuya vegetación arbórea iguale o supere la fracción de cabida cubierta total, a nivel de parcela catastral, del treinta por ciento, deberán adscribirse a Zonas Verdes o Sistemas Generales de Espacios Libres, o retomar a la condición permanente de No Urbanizables de Protección en la próxima revisión del planeamiento municipal”. Sobre la mesa está, precisamente, la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Cercedilla, actualmente en fase de evaluación ambiental estratégica, una oportunidad para revertir la clasificación urbanística de esta dehesa para declararla suelo no urbanizable de protección.

En efecto, el informe planteado por la propia Consejería también afea que “ni se contempla considerar la alternativa cero o de no actuación, que resultaría ser la ambientalmente más favorable, con un menor impacto negativo en todos los aspectos ambientales evaluados.”

El Plan Parcial SAU-3 Los Arroyuelos vuelve a la casilla de salida. Pero de una manera diferente: tendrá que asumir una Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria y consultar a organizaciones y organismos a los que no se había tenido en cuenta. Por ejemplo, la población local.

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• La coordinadora ciudadana Madrid contra la LIDER, en la que participa Ecologistas en Acción, denuncia que la nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid se presenta como agilización, pero oculta especulación, recorte de garantías y un urbanismo a dos velocidades.
• Aseguran que el proyecto de nueva legislación del suelo regional se presenta arropado de una retórica que fundamentalmente glosa la rapidez o agilización de que va a gozar el urbanismo en la Comunidad de Madrid a partir de esta ley.

Para la coordinadora los “anuncios triunfalistas” del gobierno regional ocultan que el proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER) se ha elaborado sin contar con un diagnóstico objetivo de la situación y los retos a los que se enfrenta la región en materia de suelo y urbanismo. Las organizaciones que componen la coordinadora aseguran que no se han presentado datos concretos sobre cuáles son los plazos actuales de tramitación del urbanismo y cuáles son, en su caso, los cuellos de botella en ese proceso, por lo que consideran que el proyecto de ley surge sin el menor análisis de los efectos de la legislación actual sobre el territorio regional, después de 25 años de vigencia de la actual ley del suelo y de más de 30 de vigencia de la ley de ordenación del territorio.

La coordinadora critica que el objetivo de la nueva legislación tiene muy poco que ver con los problemas reales de la región y mucho con lo que tildan de “obsesión de las autoridades regionales” por facilitar la especulación inmobiliaria y la expansión del suelo urbanizado, al margen de las necesidades sociales y los límites ambientales.

El anuncio oficial de la aprobación del proyecto de ley ofrece, aseguran, una variada información engañosa que en su comunicado han desglosado en varios puntos:

• Se anuncian como un gran avance los Planes Estratégico Municipales (PEM), que sustituyen a los actuales Planes Generales, cuando realmente lo que suponen es la dejación de las obligaciones públicas a la hora de definir el modelo territorial y urbano de los municipios, que, ahora, recaerán en la iniciativa privada a través de Planes Ejecutivos. Y no se habla de que todo ello se acompaña en el proyecto de ley de unos mecanismos de participación ciudadana recortados, reducidos prácticamente a formalismos.
• Se anuncia un sistema pionero que permitirá a los ayuntamientos remodelar barrios y espacios libres sin coste para el vecindario, algo que se puede hacer, y se debería hacer, sin ningún problema con la actual legislación.
• La reducción del número de clases de suelo, por un lado, y por otro la supuesta facilitación de actividades rurales, también anunciadas, enmascara que el proyecto de ley abre una puerta trasera por la que se podrán colar todo tipo de actividades ‘excepcionales’ -pero toleradas- en los suelos rurales, tanto protegidos como no protegidos; además de que en el suelo rural no protegido (que representa aproximadamente un 22,5% del total del territorio regional, más que el ya urbanizado, que es el 18%), se podrán desarrollar actuaciones urbanísticas sin cortapisa legal alguna.
• ¿Más protección del patrimonio histórico? También se menciona en el anuncio, cuando en realidad el proyecto de ley rebaja la categoría legal de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos municipales, facilitando así la descatalogación de bienes, por ejemplo.
• Se hacen estimaciones en cuanto a la duración de la tramitación de los instrumentos urbanísticos que no están apoyados en ningún dato fiable ni conocido. Y en todo caso no se aclara que la posible reducción de plazos se dará a costa de las garantías legales, ambientales y sociales de dichos instrumentos; por ejemplo, mediante el silencio positivo ante la ausencia o retraso de los informes sectoriales preceptivos. Ni se explica que la tramitación será a partir de esta ley a dos ritmos: el de la administración pública, por un lado, y el de las entidades privadas colaboradoras (lucrativas, obviamente), que se supone tendrán mayor agilidad; dicho de otra forma: habrá urbanismo de primera, o de pago -el privado-, y de segunda -el público.

Por otro lado ¿son realmente los plazos de tramitación de los planes urbanísticos el principal problema que tiene la ciudadanía madrileña en materia de suelo y territorio?, se preguntan. La coordinadora pone en duda que en una región atravesada por una crisis habitacional sin precedentes, por actuaciones especulativas (los pelotazos), por la privatización de las dotaciones y los espacios libres, la cesión de suelo público al mercado inmobiliario, por un proceso de expulsión de población de las áreas centrales y de expansión de la urbanización que obliga a crecientes desplazamientos diarios, sin hablar de emergencias universales como el cambio climático, el problema de los plazos de tramitación de los instrumentos urbanísticos sea la prioridad a abordar por una nueva legislación del suelo.

Aseguran que el proyecto de ley, ni aborda el reequilibrio territorial en la región, ni establece medida alguna para controlar y paliar el encarecimiento de la vivienda o para favorecer el incremento del parque público residencial, ni para frenar la especulación y la privatización de lo común, o para mitigar los efectos del cambio climático.

Consideran que, con esta ley, el gobierno regional, al tiempo que sanciona la defunción de la ordenación territorial, obligación pública autonómica no ejercida hasta la fecha, introduce instrumentos de intervención sobre el territorio en ámbitos subregionales, directamente desde el gobierno regional y al servicio de las iniciativas privadas, al margen por completo de la normativa y la opinión de los municipios afectados y advierten del riesgo, en un futuro próximo, de que se aprueben proyectos de graves impactos ambientales en el campo energético, de proceso de datos, macro granjas etc.

Concluyen que este proyecto de ley constituye una grave irresponsabilidad del gobierno regional, y lamentan que sus efectos previsibles en el territorio y en la sociedad madrileña sociedad serán muy profundos y negativos por lo que la Coordinadora Madrid contra la LIDER anuncia movilizaciones contra el Proyecto de Ley para el mes de septiembre.

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La organización ecologista denuncia posibles irregularidades en la tramitación urbanística que habrían favorecido al Real Betis Balompié con un grave perjuicio para el patrimonio municipal y abre la vía penal contra los usos terciarios y especulativos en los estadios deportivos.

Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla por los posibles indicios de delito detectados durante la tramitación urbanística de la reforma del estadio Benito Villamarín y del edificio comercial previsto junto al recinto deportivo.

La organización considera que las decisiones adoptadas por los órganos responsables de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla podrían haber supuesto un trato de favor al Real Betis Balompié en detrimento del patrimonio público municipal y del interés general.

La denuncia ha sido elaborada tras más de dos años de seguimiento del expediente por parte de Ecologistas en Acción, con el apoyo de distintas entidades vecinales y de personal técnico especializado en urbanismo del entorno del estadio. Durante este tiempo se ha analizado toda la documentación administrativa, desde la presentación del avance del Estudio de Ordenación en febrero de 2024 hasta la concesión de la licencia de obras en marzo de 2026.

Según la organización ecologista, del estudio del expediente se desprenden indicios de que determinadas actuaciones administrativas podrían ser constitutivas de diversos ilícitos penales, entre ellos presuntos delitos de prevaricación y contra el patrimonio público, sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que pudiera realizar la Fiscalía.

Dos bloques principales de irregularidades

La denuncia se fundamenta esencialmente en dos grandes cuestiones.

La primera hace referencia a la utilización de terrenos pertenecientes al patrimonio municipal del suelo para posibilitar una operación privada mediante una permuta cuya legalidad resulta, a juicio de Ecologistas en Acción, altamente cuestionable.

La organización recuerda que parte de los terrenos municipales afectados fueron cedidos en su día exclusivamente para uso deportivo y que el documento de cesión incorpora una cláusula resolutoria por la cual dichos terrenos deberían revertir al Ayuntamiento si dejaran de destinarse a ese uso. Sin embargo, la operación actualmente aprobada permitiría desarrollar sobre ellos usos terciarios y comerciales sin que previamente se haya seguido el procedimiento legal de desafectación ni se haya justificado la desaparición de dicha limitación.

Además, la permuta aprobada contempla que el Ayuntamiento entregue parcelas municipales perfectamente identificadas a cambio de una futura superficie edificable integrada en un edificio comercial que todavía no existe y cuyo diseño definitivo ni siquiera figura completamente definido en el proyecto de licencia. En opinión de Ecologistas en Acción, ello impide conocer con precisión el verdadero valor económico de los bienes que recibiría la ciudad.

El segundo bloque de irregularidades denunciadas se refiere a la valoración económica de la operación

Según la organización, la permuta infravalora de forma muy significativa los terrenos municipales y evita calcular correctamente el incremento de aprovechamiento urbanístico derivado del cambio de uso desde equipamiento deportivo hacia usos terciarios y gran superficie comercial. Ello habría impedido que el Ayuntamiento percibiera el diez por ciento del aprovechamiento urbanístico que corresponde legalmente a la administración en este tipo de actuaciones.

Asimismo, Ecologistas en Acción considera especialmente grave que la valoración de los terrenos municipales se haya realizado utilizando referencias catastrales extraordinariamente desfasadas, basadas en una ponencia de valores del año 2001, en lugar de aplicar criterios ajustados al valor real de mercado exigidos por la legislación vigente sobre suelo.

La organización añade que tampoco se ha tramitado el preceptivo Proyecto de Reparcelación, instrumento imprescindible para determinar la edificabilidad definitiva y el reparto de beneficios y cargas entre las distintas propiedades afectadas, circunstancia que impide conocer el verdadero alcance económico de la operación.

El informe del Secretario General ya advirtió de las dudas jurídicas

La denuncia recuerda igualmente que el propio Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla expresó importantes reparos jurídicos durante la tramitación del Estudio de Ordenación.

Entre otras cuestiones, su informe advertía de las dudas existentes sobre la valoración económica de los terrenos y señalaba expresamente que la legislación prohíbe la enajenación de bienes inmuebles municipales a cambio de la ejecución de obras.

Pese a estas advertencias, Ecologistas en Acción denuncia que la Gerencia de Urbanismo continuó impulsando la operación sin corregir las deficiencias señaladas ni incorporar las garantías jurídicas exigibles para proteger el patrimonio público.

La Fiscalía deberá determinar las posibles responsabilidades

Tras la presentación de numerosas alegaciones, sugerencias y recursos administrativos que fueron rechazados por el Ayuntamiento de Sevilla, Ecologistas en Acción ha decidido acudir a la vía penal para que sea la Fiscalía quien investigue si los hechos pudieran ser constitutivos de distintos delitos, entre ellos presuntos delitos de prevaricación, fraude de ley, administración desleal del patrimonio público, falsedad documental, estafa u otros que pudieran apreciarse durante la investigación.

La organización ecologista subraya que corresponde ahora al Ministerio Fiscal analizar la documentación aportada y determinar si existen responsabilidades penales derivadas de la actuación de quienes participaron en la tramitación del expediente.

Un precedente para frenar la mercantilización de los estadios

Para Ecologistas en Acción, este procedimiento trasciende el caso concreto del estadio Benito Villamarín y constituye un precedente de enorme relevancia sobre el creciente proceso de transformación de grandes equipamientos deportivos en complejos inmobiliarios y comerciales mediante operaciones urbanísticas que pueden comprometer el patrimonio público.

La organización considera que este modelo favorece intereses privados mediante la utilización de suelo público destinado originalmente al interés general y entiende que la actuación de la Comisión Ejecutiva de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, presidida por Juan de la Rosa, refleja una forma de gestionar el urbanismo más orientada a satisfacer determinados intereses económicos que a garantizar la defensa del patrimonio municipal y de los derechos de la ciudadanía.

Por ello, Ecologistas en Acción manifiesta su confianza en que la investigación de la Fiscalía permita esclarecer los hechos, depurar las posibles responsabilidades y reforzar la protección del patrimonio público frente a operaciones urbanísticas que puedan resultar lesivas para el interés general.

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Ecologistas en Acción Sierras ha presentado sendos documentos de alegaciones contra la pretensión de la alcaldía de Villalba de desclasificar unas cuatro hectáreas de Monte Preservado y más de una hectárea de la Cañada Real Segoviana, en un oscuro plan para convertir en urbanizables esos suelos protegidos situados al norte de la Dehesa Boyal.

Ecologistas en Acción denuncia que, según declaró, la alcaldesa pretende que esos suelos protegidos sean destinados a equipamientos privados (centro universitario privado, residencia médica, etc.) lo que culminaría la destrucción de esa zona de Monte Preservado que formó parte de la chopera sobre la que se construyó el Hospital que administra la empresa Quirón-Salud.

Ecologistas en Acción anuncia que la Fiscalía de Ordenación Territorial y Medio Ambiente ha abierto trámites preprocesales contra la alcaldía de Collado Villalba, tras la denuncia que presentaron por incumplimiento del deber de supervisión, vigilancia y control en esa zona de Suelo No Urbanizable Protegido, consintiendo y alentando un aparcamiento ilegal durante años, que ha destruido gran parte de la cubierta vegetal existente en esa zona e impedido su regeneración natural.

Explican que la alcaldía de Collado Villalba pretende esa operación de desclasificación de terrenos protegidos con el fin de venderlos, cederlos o alquilarlos, para instalar en ellos algún tipo de concesión a negocios privados, como la alcaldesa expuso en rueda de prensa en marzo de del año pasado, en la que llegó a hablar de una universidad privada.

Informa Ecologistas en Acción Sierras que en ninguno de los dos procedimientos de alegaciones, que han finalizado el 16 y el 26 del pasado mes de junio, aparece documentación que explique qué pretende hacer la alcaldía con esa amplia zona de suelos protegidos si consigue que el gobierno de la Comunidad de Madrid apruebe su propuesta. Explican que en la documentación oficial solo aparece una confusa referencia a un “uso sanitario” que no se explica y que mucho se temen pueda ocultar una operación de venta o privatización de esa zona.

Consideran, que de darse la urbanización de toda la franja de suelo protegido entre el Hospital y el Tanatorio, se culminaría también el cerco a la Dehesa Boyal de Collado Villalba, urbanizando el único corredor ecológico que la comunica con el Monte Preservado al norte, en la perniciosa lógica que ha llevado a la ocupación, el acorralamiento, el estrangulamiento y la segmentación de los pocos espacios rurales que sobreviven y de las vías pecuarias.

Denuncian que el Ayuntamiento de Collado Villalba ha consentido que una parte de la franja que pretende convertir en suelo urbano haya sido utilizada como aparcamiento ilegal desde la inauguración del hospital, lo que ha llevado a la destrucción de arbolado y otra vegetación, ha
impedido que volviera a crecer la vegetación que fue fuertemente afectada por su uso durante la construcción del Hospital Comarcal como zona de acopio y depósito de materiales y maquinaria, ha provocado una fuerte compactación del terreno con pérdida de porosidad del mismo, frecuentes encharcamientos e incremento de las escorrentías, lo que ha hecho que desaparezca una parte de la cubierta vegetal y, en la medida en que lo ha venido permitiendo, ha inducido la visión de que esa zona era para aparcar. Una actuación que consideran, a la vista de su propuesta actual de reclasificación del ámbito, premeditada y que implica el incumpliendo de la obligación que tiene el Ayuntamiento de respetar y hacer respetar la ley.

Consideran que cuando se ha dejado degradar un terreno protegido, para luego argumentar que ha perdido los valores que llevaron a protegerlo, se debería impedir su reclasificación (y también tomar medidas legales contra quienes así han actuado por acción u omisión). Más aún cuando la renaturalización de los suelos es siempre posible y, en este caso, se podría impulsar con medidas tan sencillas como impedir la entrada de vehículos, descompactar el suelo y poco más, y en pocos años el terreno recuperaría los valores que han sido destruidos, como se puede observar en la parte no ocupada por el aparcamiento ilegal, en la que subsiste el arbolado original y están creciendo decenas de chopos y
en torno a un centenar de nuevas encinas, así como matorrales, a pesar de los desbroces abusivos que se vienen haciendo.

Ecologistas en Acción ha reflejado en esas alegaciones que los informes “técnicos” presentados por la alcaldía ante la Comunidad de Madrid evaden y falsifican la realidad, llegando a decir que el uso como aparcamiento (que califican como improvisado, en vez de ilegal) ha llevado a la perdida completa de su cubierta vegetal, cuando es obvio que los suelos junto al Tanatorio la mantienen en su totalidad.

Denuncia Ecologistas en Acción que además el acceso a las dos zonas de aparcamiento ilegal y a otras en las que se comienza a aparcar, se realizan a través de cinco rebajes de las aceras situados en pasos de peatones, de los que se han retirado los bolardos o las piedras que impedían el paso de vehículos y hasta en un caso se ha continuado el rebaje con el hormigonado de la entrada para los vehículos.

Consideran que la alcaldía de Collado Villalba ha incumplido y permitido incumplir la legislación, de manera consciente y premeditada, por lo que la creen responsable directa de la destrucción de ese entorno. Así aparece implícitamente reconocido en la página web del Ayuntamiento de Collado Villalba:

“El informe del técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Collado Villalba señala que “el proyecto de construcción del hospital, incluyendo sus viarios de acceso y los espacios intersticiales, los cuales se han estado utilizando como zonas de aparcamiento, han configurado un espacio sin continuidad, separado físicamente por las infraestructuras viarias de acceso al mismo, en el que se ha alterado sustancialmente el estado físico del suelo y de las cubiertas vegetales, lo que, respecto al monte preservado, ha supuesto la pérdida de los valores naturales que motivaron su declaración como tal”.

Explican también que en la Modificación Puntual que empezó a tramitar el Ayuntamiento de Collado Villalba para regularizar la situación de “fuera de ordenación” de tiene el Hospital, se decía lo siguiente:

“Respecto de la dotación de aparcamiento del hospital, debe señalarse que, si bien la parcela cuenta con zonas de aparcamiento, debidamente urbanizadas y ajardinadas, y existe otro aparcamiento subterráneo de libre acceso bajo el edificio del hospital, estas son insuficientes en determinados momentos. Por ello el Ayuntamiento ha mejorado la conexión peatonal del hospital con una zona de aparcamiento ubicada en la urbanización colindante “La Chopera”. Ante la insuficiencia de plazas de aparcamiento los vehículos estacionan fuera de la parcela del hospital, en la parcela colindante por el oeste, sin que esta zona esté debidamente habilitada para ello causando una degradación ambiental en la misma incompatible con su condición de monte preservado“.

Consideran que no es de recibo que una Administración señale que se están dando actuaciones ilegales que causan degradación ambiental en Monte Preservado propiedad del Ayuntamiento y que teniendo los medios, las competencias y la obligación de evitarlo, no solo no lo haya hecho sino que aproveche ese estado para pretender que esa zona pase a ser urbanizable, con un uso que sería, además, lucrativo para el Ayuntamiento como titular de esas parcelas. En la legislación penal actuaciones semejantes han sido calificadas como prevaricación.

Consideran además que la degradación no hace desaparecer las características que llevan a clasificar una zona como monte preservado, pues si se evitaran las agresiones esa zona recuperarían en pocos años sus valores naturales. Valores que mejorarían si fueran también objeto de un proyecto de renaturalización que además haría de mayor calidad el entorno del Hospital.

Recuerdan que el Hospital de Collado Villalba fue construido (a petición del propio Ayuntamiento, entonces gobernado por el PSOE, bajo el Plan de Construcción de Nuevos Hospitales de la Comunidad de Madrid) en suelo no urbanizable de especial protección por sus valores paisajísticos y de ribera (de acuerdo al Plan General de Collado Villalba) y Terreno Forestal de la Comunidad de Madrid, lo que llevó a la destrucción de la chopera que allí existía, con la tala de centenares de árboles y la destrucción de su vegetación y vida silvestre.

Señalan también que el Hospital Comarcal de Villalba se asienta sobre unos terrenos que siguen siendo terrenos protegidos tras la Sentencia nº 237/2016, dictada el 1 de septiembre de 2016, por la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en demanda interpuesta por Ecologistas en Acción, que anuló el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 9 de febrero del 2012, por el que se aprobó definitivamente la Modificación Puntual no sustancial del P.G.O.U. de Collado Villalba para la construcción de un nuevo Hospital (Modificación Puntual fallida que costó a las finanzas del Ayuntamiento de Collado Villalba 157.548 € de entonces, solo en trabajos técnicos externos). Por lo que la totalidad de la zona ocupada por el Hospital, así como los viales de accesos, se encuentran en situación de “fuera de ordenación”, sin que el Ayuntamiento de Collado Villalba haya conseguido o querido regularizar esa situación a través de la aprobación definitiva de una modificación del planeamiento.

Alternativas frente al aparcamiento ilegal en zona protegida

Ecologistas en Acción considera que la falta de previsión en el número de plazas de aparcamiento que se aprobó en el proyecto de construcción del Hospital Comarcal, no puede implicar la destrucción y la urbanización de más terreno protegido. Proponen que se haga un estudio sobre el uso de las 463 plazas del aparcamiento subterráneo del Hospital, de las plazas utilizadas por los trabajadores/as del hospital y por sus servicios, para poder definir si en base a una mala planificación en la construcción del hospital esas plazas han resultado insuficientes y también si alguna reorganización podría permitir aumentarlas.

Consideran que en ese estudio se tendría que analizar los horarios de mayor afluencia de vehículos privados y también si el transporte público, los recorridos y la frecuencia hacia el hospital son los adecuados, frente a la afirmación temeraria del Ayuntamiento de que la accesibilidad al hospital en transporte público “es adecuada y suficiente”.

Y han incluido en sus alegaciones sugerencias al respecto:

Incrementar el número y la frecuencia de las líneas de autobuses hacia el hospital, así como su adaptación a personas con movilidad reducida, y la puesta en funcionamiento de un servicio de taxis subvencionados. Se trata de una medida necesaria y de futuro, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, el plus de contaminaciones que producen los vehículos privados, la carestía de éstos y de los combustibles, la carestía de los vehículos de baterías, el evitar atascos, etc. y la necesidad de preservar el medio natural y rural.

Mejorar el acceso peatonal al hospital, habilitando pasos peatonales en las carreteras M-601 y nuevos pasos peatonales en la M-608, mejorando las aceras y los recorridos peatonales, etc.

Aprovechar aparcamientos cercanos para que desde ellos salgan autobuses lanzaderas hacia el hospital. Esto sería posible desde el situado junto al Centro Comercial Los Valles (de 2,248 hectáreas, que nunca se ocupan en su totalidad, que tiene cerca varias paradas de autobuses y que además cuenta con un gran aparcamiento subterráneo, lo que totaliza más de mil cuatrocientas plazas de aparcamiento
gratuito, más las de las calles aledañas) o en el que existe a continuación en la zona de la calle Rincón de las Heras. Desde ambos en unos cinco minutos, incluso en horas punta, esos autobuses podría recorrer la distancia hasta el hospital que es de en torno a dos kilómetros.

Racionalizar los horarios del hospital, trasladando parte de las consultas y pruebas a las tardes, desdoblando las existentes en las mañanas, lo que además supondría un beneficio para las personas usuarias que, en muchos casos, tienen dificultades para asistir a las citas en las mañanas.

Consideran que si tras estos estudios y tras barajar las otras opciones más racionales, respetuosas con el medio y baratas, se concluyera que hubo un análisis erróneo (sic) sobre el número de vehículos que llegarían al hospital y las plazas de aparcamiento que se necesitarían, quedaría la opción de estudiar la posible construcción de un nuevo aparcamiento subterráneo, o en altura, en la zona del aparcamiento en superficie a la entrada del hospital, y sin afectar a suelo protegido, en vez de plantear la reclasificación de suelos protegidos y las desafecciones que pretende la alcaldía de Collado Villalba.

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Ecologistas en Acción de La Ribera revela la composición tóxica de los suelos de goma de los parques infantiles de Tudela y constata que son las zonas con mayores temperaturas de la ciudad.

Recientemente el Ayuntamiento de Tudela ha reformado los parques infantiles de la ciudad. Ecologistas en Acción de La Ribera lamenta que se haya utilizado caucho en los suelos de dichos parques. Nuestra entidad informa que los suelos de caucho no cumplen con la normativa, en concreto con el Reglamento (UE) 2023/2055 que restringe las micropartículas de polímeros sintéticos con los que se fabrica el relleno granular de las superficies deportivas sintéticas. Debido a las presiones de los “lobbys” a nivel europeo se planteó un período transitorio para la aplicación de la prohibición, que acaba el 17 de octubre de 2031, fecha a partir de la cual ya no se pueden instalar por su toxicidad para las personas y para el medio ambiente.

Los suelos de caucho de los parques infantiles están fabricados en mayor parte con el caucho de los neumáticos, un compuesto tóxico para las niñas y niños y para la naturaleza cercana. Además, estos suelos de los parques infantiles contienen retardantes de la llama y colorantes que son disruptores endocrinos y cancerígenos, junto con metales pesados y compuestos orgánicos volátiles, lo que los hace muy perjudiciales, fundamentalmente para la salud de las niñas y niños, y también para las personas que acompañan a los menores en esos lugares, especialmente a las mujeres embarazadas.

Ecologistas en Acción de la Ribera apunta otro dato negativo de los suelos de caucho de los parques infantiles, y es que son el punto más caliente de la ciudad, donde se alcanzan temperaturas extremas, muy por encima de otros materiales. Este dato ya fue revelado por nuestra asociación en un informe de ciencia ciudadana llevado a cabo en el verano de 2024. Recientemente se han tomado temperaturas en alguno de estos parques infantiles constatándose temperaturas extremas que hacen imposible que los niños y niñas puedan jugar en dichos parques.

Por estos motivos Ecologistas en Acción de La Ribera pide al Ayuntamiento de Tudela la utilización de otros materiales en los suelos de los parques infantiles y que se cubran con lonas o, mejor aún, se planten árboles que den sombra. Si los parques infantiles se diseñaran con tierra o césped, y se rodearan o cubrieran con árboles de porte natural, se convertirían en refugios climáticos y reducirían el efecto “isla de calor”. Por el contrario, la utilización de caucho en los suelos contribuye al cambio climático y tiene afecciones para la salud humana  y la del planeta.

 

Imagen de portada tomada el 23 de junio de 2026 en el Parque infantil del Parque de la Champiñonera (Tudela) a las 14:15 horas. La temperatura ambiente era de 40ºC, la temperatura del césped 28,7ºC y la del suelo de goma de 73,3ºC, una temperatura extrema. Se vuelve a constatar lo bien que responden al calor las zonas con vegetación y cubiertas con sombra de árboles de porte natural. Sin embargo, se encuentran temperaturas extremas en zonas mal adaptadas al calor.

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• Unas 40 personas, de los colectivos: AAVV de la Jara-Las Piletas, La Borraja, Plataforma por la conservación, cuidado y ampliación del arbolado de Sanlúcar, Ecologistas en Acción y Adelante Andalucía, hemos realizado un paseo guiado por la playa de Las Piletas y su entorno.

La visita tenía como objetivo: Explicar sobre el terreno las alegaciones que estos 5 colectivos han presentado a la solicitud de concesión por 50 años de la Sociedad de Carreras de Caballos para construir y mantener de forma permanente en el Dominio Público Marítimo Terrestre una infraestructura subterránea de más de 3000 metros de canalizaciones, 140 arquetas y más de 120 m³ de hormigón (para abastecimiento de agua, alcantarillado, bombeo, electricidad, alumbrado y telecomunicaciones). Dichas alegaciones se basan en la infracción sobre la Ley de Costas y en el impacto ambiental que dicho proyecto ocasionaría. Enlace

Pudimos comprobar sobre el terreno, además, como las actuales instalaciones de las Carreras de Caballos destruyen las dunas y la vegetación natural; la clara infracción de la ley de Costas que supone la permanencia desde hace mucho tiempo en la playa:

1) de un rectángulo de hormigón de 1500 m²;

y 2) de unos 20.000 m² de albero compactado.

Visitamos el entorno de gran valor natural en el que se encuentra la playa de Las Piletas: el conjunto del navazo del Hoyo del Puja, el bosquete de álamos y las dunas muy bien conservadas situadas entre el acantilado del Espíritu santo y la concesión de las Carreras de Caballos. Y al otro lado, la zona de dunas y vegetación autorregenerada en los últimos años debido a la campaña de protección del chorlitejo patinegro.

Sobre la marcha se propusieron algunas ideas:

1) Hacer un llamamiento a otros colectivos para que se sumen a la defensa de Las Piletas, para su disfrute público y su conservación natural.

2) Poner una denuncia judicial por las infracciones de la Ley de Costas.

Desde Ecologistas en Acción expresamos nuestra satisfacción y agradecimiento por la movilización ciudadana en defensa de lo común y de la Naturaleza.

Documento completo de las alegaciones

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• La organización ecologista presenta una demanda en la que incorpora buena parte de las denuncias formuladas por las asociaciones vecinales afectadas. 

Ecologistas en Acción de Sevilla ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Estudio de Ordenación del Estadio Benito Villamarín, aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla el pasado mes de septiembre, al considerar que vulnera la normativa urbanística y favorece intereses privados en detrimento del interés general.

La demanda cuenta con el respaldo de las asociaciones vecinales del entorno del estadio, que desde el inicio de la tramitación han mostrado su oposición a la incorporación de nuevos usos terciarios y de gran superficie comercial en la parcela municipal situada entre el estadio y la calle Doctor Fleming. Estos usos, según denuncian, son independientes de la actividad deportiva y supondrían un importante impacto sobre la calidad de vida del vecindario.

Uno de los principales fundamentos del recurso es que el Estudio de Ordenación se sustenta en la Modificación Puntual número 63 del planeamiento urbanístico, que habilitó la implantación de dichos usos terciarios y comerciales desvinculados del uso deportivo. Esta modificación también ha sido recurrida ante el mismo tribunal, por lo que la organización ecologista considera que el instrumento ahora impugnado carece de una base jurídica consolidada.

Entre los motivos de la demanda figuran, además, diversas deficiencias técnicas y legales que coinciden en gran medida con las alegaciones presentadas por las entidades vecinales durante el procedimiento de información pública. En concreto, se denuncia la insuficiente justificación de la supuesta mejora urbana que pretende el proyecto, la falta de una ordenación detallada adecuada, la ausencia de un cálculo del incremento del aprovechamiento urbanístico derivado del cambio de usos y de la correspondiente cesión del 10 % al Ayuntamiento, así como la insuficiente evaluación de la afección sobre el paisaje urbano.

Ecologistas en Acción considera que el tratamiento otorgado por el Ayuntamiento de Sevilla al Real Betis Balompié SAD constituye una excepcionalidad incompatible con los principios que rigen la ordenación urbanística, al establecer un marco de privilegio para una entidad privada.

En este sentido, la organización recuerda la advertencia realizada por un técnico jurista durante la tramitación del expediente, quien alertó del riesgo de consolidar “un urbanismo a la carta en el que primen los intereses privados sobre el supremo interés público de mejorar la ciudad, sus equipamientos, sus infraestructuras, sus barrios y, sobre todo, la calidad de vida de la ciudadanía”.

Con este recurso judicial, Ecologistas en Acción y el movimiento vecinal defienden la necesidad de que el planeamiento urbanístico responda al interés general, garantice el cumplimiento de la legalidad vigente y preserve un modelo de ciudad equilibrado, transparente y respetuoso con los derechos de las vecinas y vecinos.

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