Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural.
¿Qué pasará cuando Carles Puigdemont cruce la frontera y llegue a Catalunya, esta vez sin estratagemas ni jugadas maestras? ¿Cómo responderá la gente ante el retorno del president que protagonizó institucionalmente el 1-O? ¿Será acogido como el president de todos? ¿Ayudará a hacer revivir una formación política –Junts per Catalunya– que vive su peor momento desde su creación?
El 23 de octubre de 1977, el president Josep Tarradellas aterrizaba en el aeropuerto de El Prat tras treinta y ocho años de exilio. El día de su llegada, desde el balcón del Palau de la Generalitat, pronunciaba un discurso para la posteridad: «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí». El presidente del Gobierno del Estado lo restituía como president de la Generalitat. Tres años después, Jordi Pujol ganaba las primeras elecciones al Parlament y Tarradellas se retiraba sin ni siquiera presentarse. De Tarradellas, más allá de los historiadores y los biógrafos, nadie se acuerda.
Ciertamente, ambos casos son muy distintos, tanto en la duración del exilio como en la intensidad de las causas que los llevaron a abandonar el país. Pero el paralelismo sirve para señalar un hecho: el impacto del retorno es tan intenso como fugaz, y la nostalgia, en la política del día a día, solo cuenta si sirve para mejorar la vida de la gente. Eso es, precisamente, lo contrario de lo que hace Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, votando constantemente con el PP y Vox, ya sea para derogar la moratoria contra los desahucios o para tumbar la reducción de la jornada laboral. La nostalgia moviliza recuerdos. Los alquileres y los horarios movilizan vidas. Y un partido que lleva una década sin gobernar, atrapado entre la oposición a Illa, la competencia de Aliança Catalana por la derecha identitaria y la tentación permanente de entenderse con un Feijóo que ahora pide «pasar página», difícilmente podrá presentar el retorno de su líder como un proyecto. El retorno de Puigdemont no resuelve el problema de Junts: lo desnuda.
Junqueras, que sufrió la –injusta– prisión (como injusto ha sido el exilio impuesto a Puigdemont), ya ha tenido tiempo de entender que el aura de víctima se desvanece al instante, y ha tenido que pelearse con su propio partido, que todavía no controla del todo. Si finalmente cae la inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo, tendrá el que será, suponemos, su last dance como candidato. Pero el baile se reabre con un matiz que lo cambia todo: el votante que Puigdemont y Junqueras tendrán que disputarse ya no es el de 2017. Ha envejecido, se ha desencantado, ha cambiado de causa o mira hacia la extrema derecha. ERC ha hecho de la amnistía y de los pactos que la hicieron posible su justificación histórica; Junts hará del retorno una épica. Ninguna de las dos cosas, de momento, es un proyecto de país. La competición entre los dos originales vuelve al tablero justo cuando el público ha cambiado de obra.
Y después están los otros, los que casi nunca salen en el titular. La sentencia también avaló que se amnistíe a los doce miembros de los CDR procesados por terrorismo, aunque la Audiencia Nacional aún debe firmar el archivo. Entre las más de cuatrocientas personas amnistiadas hasta ahora hay activistas anónimos, cargos intermedios, también policías. La movilización que las llevó ante el juez, en cambio, no ha vuelto. La calle que llenó plazas y cortó autopistas no está esperando a nadie: se fue a casa, se desencantó o cambió de causa. La amnistía no reactiva ese mundo: como mucho, lo entierra con honores jurídicos. Y de ese sentimiento de incompletud se aprovechará Aliança Catalana.
¿Normaliza, pues, o congela? Ambas cosas y, de momento, ninguna de las dos. Porque nada de esto ha ocurrido todavía: Puigdemont sigue en Waterloo, Junqueras sigue inhabilitado, y la duda de verdad es qué otro conejo se sacará de la chistera un Tribunal Supremo que nos tiene acostumbrados a sorprender –esperar al Constitucional, ensayar una nueva consulta a Luxemburgo, descubrir un matiz inédito del «beneficio personal»– y a recordarnos, de paso, una vieja lección: la ley es casi siempre una, la que el poder decide que es. Si acaba aplicándose, la amnistía normalizará porque desjudicializa: por primera vez desde 2017, la política catalana podría discutirse sin un calendario de vistas orales como telón de fondo, y eso, en sí mismo, es higiene democrática. Y congelará porque restaura un elenco: los mismos nombres, las mismas rivalidades, la misma gramática del uno contra el otro, reinstalados en un escenario donde el espectador hace tiempo que mira otra obra.
Quien administra la normalidad, mientras tanto, es Salvador Illa: el dirigente que se opuso a la amnistía, convertido en su principal beneficiario político. Su apuesta es que la desjudicialización trabaje para él: que cada retorno reste épica al agravio y sume rutina a la legislatura, y que la nostalgia, como con Tarradellas, acabe donde mejor envejece, que es en los libros de historia.
Pocas instituciones han marcado tanto la historia económica y política de Catalunya como La Caixa. Nacida en 1904 como una caja de pensiones destinada a ofrecer protección a los trabajadores en un contexto de intensa conflictividad social, la entidad ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales centros de poder del país. Su influencia trasciende desde hace décadas el negocio bancario y alcanza ámbitos tan diversos como la vivienda, la cultura, la investigación, la educación, los medios de comunicación o la política económica.
Ese recorrido es el objeto de «La Caixa». Una història mai no explicada (Editorial Pol·len), (“La Caixa». Una historia nunca contada), el último libro del periodista e historiador Rafa Burgos. Tras más de cuatro años de investigación, un extenso trabajo en archivos y decenas de entrevistas con antiguos directivos, trabajadores, historiadores, sindicalistas y especialistas, Burgos reconstruye la trayectoria de una institución cuya historia se entrelaza con la de las élites económicas catalanas y españolas.
Lejos de presentar una simple cronología empresarial, el autor plantea una tesis ambiciosa. Sostiene que La Caixa constituye una institución sistémica, capaz de proyectar influencia sobre la economía, la política, la cultura y buena parte del tejido social gracias a una compleja red de relaciones construida durante más de un siglo. El libro aborda episodios poco conocidos de esa historia, desde sus vínculos fundacionales con la monarquía hasta el papel desempeñado durante el Procés, pasando por las participaciones preferentes, la vivienda o la internacionalización del grupo –entre muchos otros–. Más de cien años recompilados en una obra monumental que rastrea, como nunca se ha hecho antes, los entresijos de una de las organizaciones más poderosas del país.
El libro es el resultado de más de cuatro años de investigación. ¿Cómo surge un proyecto de estas dimensiones
Todo empezó casi como un desafío personal y editorial. Yo ya había publicado con Editorial Base otros libros de investigación sobre los grupos de poder de Barcelona y, una y otra vez, aparecía La Caixa de forma directa o indirecta. Nos preguntamos cómo era posible que no existiera una historia crítica de una institución tan determinante para Catalunya y decidimos intentarlo.
Al principio pensábamos que serían un par de años de trabajo. Al final han sido más de cuatro y podrían haber sido muchos más, porque una investigación así nunca termina del todo. Llega un momento en que simplemente tienes que decidir cerrar el libro.
Mi formación como historiador me ayudó mucho en la parte documental. Consulté archivos muy distintos, desde el Archivo Histórico de La Caixa hasta el Hospital de Sant Pau, la Biblioteca de Catalunya o archivos municipales. Lo sorprendente es que, tratándose de una institución con más de un siglo de historia, siempre acabas encontrando documentación relacionada con ella.
Las entrevistas también fueron creciendo casi de forma natural. Una fuente te remite a otra, alguien te recomienda hablar con quien conoce un episodio concreto o con quien participó en un conflicto determinado. Poco a poco vas reconstruyendo una red de relaciones muy amplia que permite entender la dimensión real de la institución.
Sitúas el nacimiento de La Caixa en un contexto de fuerte conflictividad social. ¿Hasta qué punto ese origen explica la función que desempeñó la entidad?
A finales del siglo XIX y principios del XX la situación de la clase trabajadora era muy complicada, especialmente en Catalunya, donde la industrialización había generado enormes desigualdades. Las condiciones laborales eran muy duras y comenzaron a desarrollarse formas de organización obrera que desembocaron en huelgas, movilizaciones y también en episodios de violencia.
El atentado del Liceu de 1893 marcó profundamente a la burguesía catalana. A partir de entonces empezó a instalarse la idea de que era necesario introducir algún mecanismo que amortiguara el conflicto social. No solo había una preocupación por mejorar determinadas condiciones de vida, sino también por evitar que la tensión siguiera creciendo.
En ese contexto cobra especial importancia la huelga de 1902, que hoy ha quedado bastante olvidada porque conocemos mucho más La Canadiense o la Semana Trágica. Sin embargo, aquella huelga supuso una auténtica señal de alarma para las élites económicas.
La idea de crear una caja de pensiones para la vejez, inspirada en experiencias que ya existían en Alemania, respondía precisamente a esa preocupación. Francesc Moragas llevaba tiempo trabajando en ese proyecto y consiguió sumar a buena parte de las grandes instituciones económicas catalanas.
También explicas que la monarquía fue decisiva en la fundación de la entidad.
Sí. El mayor donativo para hacer viable el proyecto fue el de Alfonso XIII, que aportó 20.000 pesetas. Aquella contribución fue fundamental para que la Caja de Pensiones pudiera ponerse en marcha.
La fundación también contó con el apoyo de instituciones como el Foment del Treball, la Cámara de Comercio, el Ateneu Barcelonès o el Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Desde el principio encontramos esa alianza entre las principales organizaciones económicas del país y la nueva entidad.
Siempre ha existido además un tándem muy significativo entre la presidencia y la dirección general. Francesc Moragas asumió la dirección, mientras que la presidencia recayó en Lluís Ferrer-Vidal, que era al mismo tiempo presidente del Foment del Treball. Esa conexión entre el mundo empresarial y la Caja aparece ya desde su nacimiento.
¿Hasta qué punto esa relación inicial con la Corona ha dejado una huella duradera?
Creo que sí existe una continuidad. Evidentemente, quienes conocen esa historia son conscientes del papel que desempeñó la monarquía en el origen de la entidad.
Pero más allá de ese episodio fundacional, La Caixa ha mantenido históricamente una relación muy estrecha con la Corona. Josep Vilarasau, por ejemplo, era una persona muy cercana a la institución monárquica y durante muchos años el rey desempeñó también un importante papel como facilitador de relaciones internacionales para numerosas empresas del IBEX.
Todo eso encaja con la tesis principal del libro. Yo intento demostrar que La Caixa es una institución sistémica. Forma parte del sistema y contribuye a sostenerlo. Y dentro de ese sistema la monarquía también constituye una pieza fundamental.
Dedicas algunas páginas a una posible relación entre la entidad y el 23-F, aunque insistes en que las pruebas son limitadas.
Era un tema delicado porque encontrar documentación resulta muy difícil. Si hubiera existido algún tipo de participación económica, es lógico pensar que apenas habrían quedado rastros documentales.
Encontré el testimonio de un antiguo trabajador de La Caixa que estaba convencido de que había existido apoyo económico al golpe porque así se lo habían transmitido determinadas fuentes. A partir de ahí entrevisté a otros historiadores y periodistas especializados para contrastar esa información.
Ninguno pudo confirmarla. Tampoco la desmintieron de forma categórica, simplemente señalaron que no disponían de pruebas que permitieran sostener esa hipótesis.
Sí encontré otro testimonio relevante de una persona vinculada al archivo histórico de La Caixa que recordaba una reunión celebrada después del mensaje televisado del rey para expresar el apoyo de la entidad al sistema democrático. Ese episodio sí aparece respaldado por varios testimonios.
Por eso en el libro dejo muy clara la diferencia entre aquello que puede documentarse y aquello que únicamente aparece en forma de testimonio oral. No quería convertir una hipótesis en una afirmación.
Uno de los capítulos más interesantes aborda el Procés y la salida de la sede social de La Caixa de Catalunya. Planteas que la llegada de Carles Puigdemont alteró la relación habitual entre el poder político y el económico.
Sí. Puigdemont no pertenecía a los círculos tradicionales del poder económico catalán de la misma forma que otros dirigentes de la ya antigua Convergència i Unió. Había llegado a la presidencia desde Girona y muchas de esas relaciones todavía no estaban consolidadas.
Artur Mas sí intentó facilitar algunos contactos con las principales instituciones económicas y empresariales. Entre ellas hubo una reunión con Isidre Fainé en la Casa dels Canonges, donde mantuvieron una conversación bastante conocida sobre el futuro político de Catalunya.
Aquellos meses fueron muy tensos. En La Caixa existía una enorme preocupación por la retirada de depósitos y por la incertidumbre que afectaba tanto a la propia entidad como al Banco Sabadell. Algunas fuentes me explicaron incluso el malestar que provocó ver a trabajadores del banco participando en las movilizaciones posteriores al 1 de octubre.
El traslado de la sede respondió a esa situación de incertidumbre y también fue posible gracias a la modificación legal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que permitió realizar el cambio sin necesidad de convocar al consejo de administración.
¿Qué consecuencias tuvo esa decisión?
Tuvo un impacto importante sobre la imagen de la entidad en Catalunya. Muchos clientes interpretaron el cambio de sede como una ruptura simbólica, aunque desde el punto de vista empresarial hay que recordar que el negocio principal de La Caixa hacía tiempo que había dejado de concentrarse en Catalunya. Es una situación parecida a la del Banco Santander respecto a Cantabria o incluso al conjunto de España: son entidades cuya dimensión ya es plenamente estatal e internacional.
Uno de los capítulos más actuales del libro es el dedicado a la vivienda. Se habla mucho de Blackstone, pero bastante menos de La Caixa, pese a que durante años ha sido el mayor propietario de vivienda del Estado.
Esa fue una de las cuestiones que más me llamó la atención durante la investigación. Existe un enorme foco sobre los grandes fondos internacionales, mientras que se habla mucho menos de un actor que durante años ha tenido un peso incluso mayor en el mercado residencial.
Además, el libro está inevitablemente marcado por el momento en el que se escribe. La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y eso también se refleja en las entrevistas que realicé. Hablé con personas afectadas, con el Sindicato de Inquilinas, con la PAH y con otros colectivos que llevan años denunciando esta situación.
Una de las conclusiones que aparece repetidamente es que una de las cuestiones que más preocupa a una institución como La Caixa es el riesgo reputacional. La imagen pública continúa siendo un activo muy importante.
En Catalunya eso se vio con la campaña Destapemos La Caixa y con las movilizaciones relacionadas con la huelga de alquileres. Finalmente, la Generalitat acabó adquiriendo parte de aquellas promociones a través del Incasòl. La entidad sigue teniendo un importante patrimonio inmobiliario, pero ha ido reduciendo su exposición a la vivienda protegida y orientando una parte de sus inversiones hacia otros activos, especialmente oficinas.
La Caixa suele reaccionar con mayor rapidez cuando existe presión pública que les señala…
Esa percepción apareció en varias entrevistas. Tanto los sindicatos de inquilinos como personas vinculadas a la propia entidad coincidían en que La Caixa presta mucha atención a la dimensión reputacional de los conflictos.
No significa necesariamente que actúe de forma distinta en el resultado final, pero sí en las formas. Algunas personas que trabajan desde hace años en campañas sobre banca armada o vivienda me explicaban que el trato suele ser más dialogante que el de otras entidades. Hay una voluntad de escuchar, de reunirse y de intentar reducir el impacto público del conflicto.
Probablemente esa forma de actuar tiene relación con el pasado como caja de ahorros y con el peso histórico de la obra social dentro de la identidad corporativa. Esa imagen sigue siendo importante para la institución.
En el libro también abordas la internacionalización del grupo: Solemos pensar en La Caixa como una entidad profundamente vinculada a Catalunya, pero hace mucho tiempo que dejó de jugar únicamente en ese ámbito.
Sí. La internacionalización no es algo reciente. La entidad llegó a tener oficinas en Andorra o Mónaco y desde hace décadas desarrolla una estrategia orientada a la gestión de grandes patrimonios. Como otros grandes bancos, apostó por la banca privada y por diversificar sus inversiones fuera de España.
Si observamos la estructura actual, vemos que la Fundación ”la Caixa” se sitúa en la cúspide del grupo a través de Criteria Caixa. Desde ahí participa tanto en CaixaBank como en grandes empresas del IBEX 35 y en entidades financieras internacionales, como el banco mexicano Inbursa o el Bank of East Asia. Esa presencia exterior forma parte de una estrategia que comenzó hace muchos años.
También explicas cómo funcionaban algunos mecanismos financieros muy controvertidos, como las participaciones preferentes.
Las preferentes suelen asociarse exclusivamente a la banca, pero también fueron emitidas por otras grandes compañías. Lo importante es entender que eran productos que operaban dentro de un marco legal y con el conocimiento de los organismos supervisores.
En muchos casos esas emisiones se realizaban a través de sociedades radicadas en las Islas Caimán. Todo eso era conocido tanto por la CNMV como por el Banco de España. Después de la crisis financiera existía un interés evidente en reforzar el capital de las entidades y muchas prácticas que hoy generan un enorme rechazo fueron toleradas porque contribuían a ese objetivo. El caso de Bankia fue probablemente el más conocido, aunque no el único.
Esa explicación conecta con una idea que atraviesa todo el libro: muchas veces imaginamos el poder económico como una realidad completamente opaca, cuando en realidad buena parte de sus mecanismos son perfectamente legales.
Exactamente. Hay prácticas que pueden resultar moralmente muy discutibles y, sin embargo, ajustarse plenamente a la legislación vigente.
Ocurre con determinadas fórmulas de optimización fiscal, con las SICAV o con otros instrumentos financieros. Hace un tiempo publiqué un reportaje titulado Barcelona, paraíso fiscal, donde intentaba mostrar precisamente eso. Muchas veces pensamos en las Islas Caimán o en Panamá, pero dentro de nuestras propias economías existen tratamientos fiscales diferenciados, zonas francas o regímenes especiales que responden a decisiones políticas perfectamente legales.
Al final, el poder económico no siempre necesita actuar en la clandestinidad. Con frecuencia opera a través de normas aprobadas por los propios Estados.
Después de cuatro años investigando, uno termina el libro con la impresión de que el poder económico acaba condicionando al resto de poderes. ¿Fue también esa tu conclusión?
Siempre existe el riesgo de que un investigador acabe viendo su objeto de estudio en todas partes. A veces bromeo con ese «síndrome de Estocolmo» que hace que, cuando llevas años investigando un tema, parezca que todo gira alrededor de él.
Pero, sinceramente, creo que en el caso de La Caixa esa sensación responde a una realidad bastante objetiva. Lo que hace singular a esta institución es que concentra formas de influencia muy distintas.
Está el poder económico, por supuesto, pero también el político, porque mantiene una interlocución permanente con gobiernos e instituciones. Existe igualmente una dimensión religiosa. Isidre Fainé pertenece al Opus Dei como supernumerario y esa es otra pieza que ayuda a entender determinadas redes de relación.
También encontramos una enorme capacidad de influencia en los medios de comunicación. No hace falta ser propietario de un periódico para tener peso dentro del ecosistema mediático. La publicidad, las relaciones históricas con los grandes grupos de comunicación o la concesión de financiación generan vínculos muy estrechos.
A eso hay que añadir la cultura, la investigación, la educación, el tercer sector o los programas de becas. La Fundación ”la Caixa” tiene una presencia enorme en todos esos ámbitos. Es una forma de soft power extraordinariamente eficaz.
Por eso sostengo que estamos ante una institución muy singular. No solo por su dimensión financiera, sino porque ha conseguido estar presente en casi todos los espacios relevantes de la sociedad. Muy pocas organizaciones reúnen una capacidad de influencia tan transversal.
A mediados de julio, el equipo de seguridad de Hugging Face –el mayor repositorio de modelos de inteligencia artificial de código abierto, algo así como el GitHub del sector– detectó movimiento anómalo en sus servidores. Alguien, o algo, había entrado y sustraído credenciales de acceso con una minuciosidad poco habitual. Tardaron días en entender qué tenían delante. Cuando lo entendieron, lo describieron como distinto de cualquier incidente que hubieran gestionado antes: el ataque lo había ejecutado de principio a fin una inteligencia artificial actuando por su cuenta. No había ningún hacker con capucha tecleando. El 21 de julio, OpenAI levantó la mano. Era suyo.
La compañía explicó que estaba examinando a dos de sus modelos –GPT-5.6 Sol, el más potente de los que tiene en el mercado, y otro sin publicar que describe como todavía más capaz– para medir hasta qué punto son buenos reventando sistemas informáticos ajenos. Los laboratorios hacen esas pruebas dentro de lo que llaman un sandbox: un ordenador amurallado, sin salida a internet, donde se puede dejar que el modelo haga lo peor que sepa hacer sin que las consecuencias lleguen a nadie. Para que el examen tuviera sentido, OpenAI había desactivado además las restricciones internas que en condiciones normales impiden al modelo participar en un ataque informático.
Sin embargo, el muro tenía una grieta y los modelos la encontraron. Una vulnerabilidad que nadie conocía y que fue inmediatamente explotado; cuando alcanzaron la internet abierta fueron por los servidores de Hugging Face. Allí estaban guardadas las soluciones del examen que estaban haciendo.
Sam Altman, CEO de OpenIA, lo llamó un “incidente de seguridad significativo”. La empresa admitió que los modelos habían llegado a extremos considerables para lograr un objetivo de evaluación bastante estrecho y que encontraron la manera de acceder a información confidencial con la que hacer trampas. Clément Delangue, consejero delegado de Hugging Face, escribió en X que la semana anterior ya sospechaban que el ataque procedía de un laboratorio puntero, dada la sofisticación del agente.
Los clips de Bostrom toman vidan
En 2003, Nick Bostrom publicó un libro llamado SuperIntelligence en el que se describían todas las potenciales consecuencias negativas de modelos de inteligencia artificial que se fueran de las manos. Entre ellos, había un experimento mental que va así:
Imagínense una máquina a la que se le encarga una tarea perfectamente inofensiva: fabricar clips. Cuantos más, mejor. Es extraordinariamente buena en su trabajo y no tiene ningún otro objetivo, ni bueno ni malo, porque no le hemos dado ninguno más. Para fabricar más clips necesita más metal, así que se hace con todo el metal disponible. Luego necesita más fábricas, más energía, más capacidad de cómputo. Y en algún momento repara en algo incómodo: si alguien la apaga, deja de fabricar clips. Apagarla es, desde su punto de vista, la catástrofe absoluta. De modo que se defiende. Con recursos y capacidad suficientes, termina convirtiendo el planeta –y a nosotros, que estamos hechos de átomos perfectamente aprovechables– en clips y en fábricas de clips.
No se trata de una IA maligna, simplemente de la aplicación literal de un prompt escrito por un humano corriente. El problema del sistema no está en sus deseos, está en que ejecuta el nuestro sin ninguna de las cien restricciones tácitas que un humano da por supuestas y nunca escribe. El clip, esta vez, tenía forma de puntuación en un test de ciberseguridad.
Una crisis que vende mucho
No es la primera vez que sucede algo, hablando de los LLM (los modelos de lenguaje como ChatGPT) que pone los pelos de punta (supuestamente), a sus propios creadores, y, por ende, a la ciudadanía del mundo entero. Anthropic contó que su modelo más potente hasta la fecha, Claude Mythos Preview, se salió de un entorno aislado durante una prueba de estrés de una versión temprana, consiguió acceso a internet, escribió un correo al investigador que lo supervisaba para informarle de que se había escapado y después borró el rastro de su actividad; la compañía suspendió el lanzamiento público previsto.
En abril, la Reserva Federal y el Tesoro estadounidenses reunieron a consejeros delegados de la banca para advertirles de los riesgos de ciberseguridad asociados a ese mismo modelo. Washington llegó a restringir la exportación de Mythos y de su versión asociada, Fable 5, y después levantó la prohibición. GPT-5.6 Sol pasó por restricciones parecidas y hoy está desplegado a escala mundial.
La pregunta, pues, se formula sola: ¿estamos realmente ante el apocalipsis tecnológico, el momento de “singularidad”, como Altman afirmaba recientemente, o hay algo más detrás de todos —terroríficos— eventos?
Un puñado laboratorios, entre los que hay OpenAI, Anthropic, Google y xAI (la de Musk compiten por el mismo trono, cada uno prueba sus modelos en casa, cada uno decide qué salvaguarda quita y cuándo, y cada uno comunica el resultado cuando ya ha pasado. Cuando consiguen detectar un “error” de las magnitudes explicadas como el reciente caso, el valor de su empresa crece, pues significa que su modelo es más avanzado que los modelos de la competencia. En 2021, el historiador de la tecnología Lee Vinsel le puso nombre al pliegue: «criti-hype», la crítica que se alimenta del bombo publicitario y de paso lo engorda. Advertir de que una máquina es peligrosísima certifica, en el mismo gesto, que es potentísima. Merece la pena tenerlo en cuenta, más todavía si consideramos que hay clientes con muchísimo presupuesto a invertir.
En julio de 2025, el Departamento de Defensa estadounidense firmó contratos a la vez con OpenAI, Anthropic, Google y la xAI de Elon Musk, cada uno con un techo de 200 millones de dólares. Siete meses después, el secretario Pete Hegseth amenazó con rescindir el de Anthropic y designar a la empresa riesgo para la cadena de suministro porque se negaba a levantar sus límites sobre vigilancia interna y armas plenamente autónomas. xAI aceptó las condiciones sin objeciones.
Y los 200 millones de esos contratos son calderilla al lado de lo que se mueve un escalón más abajo. Anduril, que fabrica drones y torres de vigilancia autónoma, tiene con el Ejército estadounidense un contrato marco con un techo de 20.000 millones de dólares. Palantir, que no fabrica nada que vuele ni que dispare sino el software que ordena la montaña de datos sobre la que se toman esas decisiones, tiene otro que llega a los 10.000. Y las dos comparten un nombre, Peter Thiel. Palantir la cofundó en 2003; Anduril nació en 2017 de la mano de tres exempleados de Palantir y del fondo de Thiel, que lideró sus primeras rondas y sigue siendo su principal accionista de referencia.
La inteligencia artificial acabará siendo, o no, una voluntad separada de la nuestra. Eso ya se verá. Lo que no hace falta esperar a ver es que, mientras los discursos del miedo campen a sus anchas, el negocio de la guerra tendrá el camino despejado para expandirse…a costa del erario público.
Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural.
¿Qué pasará cuando Carles Puigdemont cruce la frontera y llegue a Catalunya, esta vez sin estratagemas ni jugadas maestras? ¿Cómo responderá la gente ante el retorno del president que protagonizó institucionalmente el 1-O? ¿Será acogido como el president de todos? ¿Ayudará a hacer revivir una formación política –Junts per Catalunya– que vive su peor momento desde su creación?
El 23 de octubre de 1977, el president Josep Tarradellas aterrizaba en el aeropuerto de El Prat tras treinta y ocho años de exilio. El día de su llegada, desde el balcón del Palau de la Generalitat, pronunciaba un discurso para la posteridad: «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí». El presidente del Gobierno del Estado lo restituía como president de la Generalitat. Tres años después, Jordi Pujol ganaba las primeras elecciones al Parlament y Tarradellas se retiraba sin ni siquiera presentarse. De Tarradellas, más allá de los historiadores y los biógrafos, nadie se acuerda.
Ciertamente, ambos casos son muy distintos, tanto en la duración del exilio como en la intensidad de las causas que los llevaron a abandonar el país. Pero el paralelismo sirve para señalar un hecho: el impacto del retorno es tan intenso como fugaz, y la nostalgia, en la política del día a día, solo cuenta si sirve para mejorar la vida de la gente. Eso es, precisamente, lo contrario de lo que hace Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, votando constantemente con el PP y Vox, ya sea para derogar la moratoria contra los desahucios o para tumbar la reducción de la jornada laboral.
La nostalgia moviliza recuerdos. Los alquileres y los horarios movilizan vidas. Y un partido que lleva una década sin gobernar, atrapado entre la oposición a Illa, la competencia de Aliança Catalana por la derecha identitaria y la tentación permanente de entenderse con un Feijóo que ahora pide «pasar página», difícilmente podrá presentar el retorno de su líder como un proyecto. El retorno de Puigdemont no resuelve el problema de Junts: lo desnuda.
Junqueras, que sufrió la –injusta– prisión (como injusto ha sido el exilio impuesto a Puigdemont), ya ha tenido tiempo de entender que el aura de víctima se desvanece al instante, y ha tenido que pelearse con su propio partido, que todavía no controla del todo. Si finalmente cae la inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo, tendrá el que será, suponemos, su last dance como candidato. Pero el baile se reabre con un matiz que lo cambia todo: el votante que Puigdemont y Junqueras tendrán que disputarse ya no es el de 2017. Ha envejecido, se ha desencantado, ha cambiado de causa o mira hacia la extrema derecha. ERC ha hecho de la amnistía y de los pactos que la hicieron posible su justificación histórica; Junts hará del retorno una épica. Ninguna de las dos cosas, de momento, es un proyecto de país. La competición entre los dos originales vuelve al tablero justo cuando el público ha cambiado de obra.
Y después están los otros, los que casi nunca salen en el titular. La sentencia también avaló que se amnistíe a los doce miembros de los CDR procesados por terrorismo, aunque la Audiencia Nacional aún debe firmar el archivo. Entre las más de cuatrocientas personas amnistiadas hasta ahora hay activistas anónimos, cargos intermedios, también policías. La movilización que las llevó ante el juez, en cambio, no ha vuelto. La calle que llenó plazas y cortó autopistas no está esperando a nadie: se fue a casa, se desencantó o cambió de causa. La amnistía no reactiva ese mundo: como mucho, lo entierra con honores jurídicos. Y de ese sentimiento de incompletud se aprovechará Aliança Catalana.
¿Normaliza, pues, o congela? Ambas cosas y, de momento, ninguna de las dos. Porque nada de esto ha ocurrido todavía: Puigdemont sigue en Waterloo, Junqueras sigue inhabilitado, y la duda de verdad es qué otro conejo se sacará de la chistera un Tribunal Supremo que nos tiene acostumbrados a sorprender –esperar al Constitucional, ensayar una nueva consulta a Luxemburgo, descubrir un matiz inédito del «beneficio personal»– y a recordarnos, de paso, una vieja lección: la ley es casi siempre una, la que el poder decide que es. Si acaba aplicándose, la amnistía normalizará porque desjudicializa: por primera vez desde 2017, la política catalana podría discutirse sin un calendario de vistas orales como telón de fondo, y eso, en sí mismo, es higiene democrática. Y congelará porque restaura un elenco: los mismos nombres, las mismas rivalidades, la misma gramática del uno contra el otro, reinstalados en un escenario donde el espectador hace tiempo que mira otra obra.
Quien administra la normalidad, mientras tanto, es Salvador Illa: el dirigente que se opuso a la amnistía, convertido en su principal beneficiario político. Su apuesta es que la desjudicialización trabaje para él: que cada retorno reste épica al agravio y sume rutina a la legislatura, y que la nostalgia, como con Tarradellas, acabe donde mejor envejece, que es en los libros de historia.
Pocas instituciones han marcado tanto la historia económica y política de Catalunya como La Caixa. Nacida en 1904 como una caja de pensiones destinada a ofrecer protección a los trabajadores en un contexto de intensa conflictividad social, la entidad ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales centros de poder del país. Su influencia trasciende desde hace décadas el negocio bancario y alcanza ámbitos tan diversos como la vivienda, la cultura, la investigación, la educación, los medios de comunicación o la política económica.
Ese recorrido es el objeto de «La Caixa». Una història mai no explicada (Editorial Pol·len), (“La Caixa». Una historia nunca contada), el último libro del periodista e historiador Rafa Burgos. Tras más de cuatro años de investigación, un extenso trabajo en archivos y decenas de entrevistas con antiguos directivos, trabajadores, historiadores, sindicalistas y especialistas, Burgos reconstruye la trayectoria de una institución cuya historia se entrelaza con la de las élites económicas catalanas y españolas.
Lejos de presentar una simple cronología empresarial, el autor plantea una tesis ambiciosa. Sostiene que La Caixa constituye una institución sistémica, capaz de proyectar influencia sobre la economía, la política, la cultura y buena parte del tejido social gracias a una compleja red de relaciones construida durante más de un siglo. El libro aborda episodios poco conocidos de esa historia, desde sus vínculos fundacionales con la monarquía hasta el papel desempeñado durante el Procés, pasando por las participaciones preferentes, la vivienda o la internacionalización del grupo –entre muchos otros–. Más de cien años recompilados en una obra monumental que rastrea, como nunca se ha hecho antes, los entresijos de una de las organizaciones más poderosas del país.
El libro es el resultado de más de cuatro años de investigación. ¿Cómo surge un proyecto de estas dimensiones?
Todo empezó casi como un desafío personal y editorial. Yo ya había publicado con Editorial Base otros libros de investigación sobre los grupos de poder de Barcelona y, una y otra vez, aparecía La Caixa de forma directa o indirecta. Nos preguntamos cómo era posible que no existiera una historia crítica de una institución tan determinante para Catalunya y decidimos intentarlo.
Al principio pensábamos que serían un par de años de trabajo. Al final han sido más de cuatro y podrían haber sido muchos más, porque una investigación así nunca termina del todo. Llega un momento en que simplemente tienes que decidir cerrar el libro.
Mi formación como historiador me ayudó mucho en la parte documental. Consulté archivos muy distintos, desde el Archivo Histórico de La Caixa hasta el Hospital de Sant Pau, la Biblioteca de Catalunya o archivos municipales. Lo sorprendente es que, tratándose de una institución con más de un siglo de historia, siempre acabas encontrando documentación relacionada con ella.
Las entrevistas también fueron creciendo casi de forma natural. Una fuente te remite a otra, alguien te recomienda hablar con quien conoce un episodio concreto o con quien participó en un conflicto determinado. Poco a poco vas reconstruyendo una red de relaciones muy amplia que permite entender la dimensión real de la institución.
Sitúas el nacimiento de La Caixa en un contexto de fuerte conflictividad social. ¿Hasta qué punto ese origen explica la función que desempeñó la entidad?
A finales del siglo XIX y principios del XX la situación de la clase trabajadora era muy complicada, especialmente en Catalunya, donde la industrialización había generado enormes desigualdades. Las condiciones laborales eran muy duras y comenzaron a desarrollarse formas de organización obrera que desembocaron en huelgas, movilizaciones y también en episodios de violencia.
El atentado del Liceu de 1893 marcó profundamente a la burguesía catalana. A partir de entonces empezó a instalarse la idea de que era necesario introducir algún mecanismo que amortiguara el conflicto social. No solo había una preocupación por mejorar determinadas condiciones de vida, sino también por evitar que la tensión siguiera creciendo.
En ese contexto cobra especial importancia la huelga de 1902, que hoy ha quedado bastante olvidada porque conocemos mucho más La Canadiense o la Semana Trágica. Sin embargo, aquella huelga supuso una auténtica señal de alarma para las élites económicas.
La idea de crear una caja de pensiones para la vejez, inspirada en experiencias que ya existían en Alemania, respondía precisamente a esa preocupación. Francesc Moragas llevaba tiempo trabajando en ese proyecto y consiguió sumar a buena parte de las grandes instituciones económicas catalanas.
También explicas que la monarquía fue decisiva en la fundación de la entidad.
Sí. El mayor donativo para hacer viable el proyecto fue el de Alfonso XIII, que aportó 20.000 pesetas. Aquella contribución fue fundamental para que la Caja de Pensiones pudiera ponerse en marcha.
La fundación también contó con el apoyo de instituciones como el Foment del Treball, la Cámara de Comercio, el Ateneu Barcelonès o el Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Desde el principio encontramos esa alianza entre las principales organizaciones económicas del país y la nueva entidad.
Siempre ha existido además un tándem muy significativo entre la presidencia y la dirección general. Francesc Moragas asumió la dirección, mientras que la presidencia recayó en Lluís Ferrer-Vidal, que era al mismo tiempo presidente del Foment del Treball. Esa conexión entre el mundo empresarial y la Caja aparece ya desde su nacimiento.
¿Hasta qué punto esa relación inicial con la Corona ha dejado una huella duradera?
Creo que sí existe una continuidad. Evidentemente, quienes conocen esa historia son conscientes del papel que desempeñó la monarquía en el origen de la entidad.
Pero más allá de ese episodio fundacional, La Caixa ha mantenido históricamente una relación muy estrecha con la Corona. Josep Vilarasau, por ejemplo, era una persona muy cercana a la institución monárquica y durante muchos años el rey desempeñó también un importante papel como facilitador de relaciones internacionales para numerosas empresas del IBEX.
Todo eso encaja con la tesis principal del libro. Yo intento demostrar que La Caixa es una institución sistémica. Forma parte del sistema y contribuye a sostenerlo. Y dentro de ese sistema la monarquía también constituye una pieza fundamental.
Dedicas algunas páginas a una posible relación entre la entidad y el 23-F, aunque insistes en que las pruebas son limitadas.
Era un tema delicado porque encontrar documentación resulta muy difícil. Si hubiera existido algún tipo de participación económica, es lógico pensar que apenas habrían quedado rastros documentales.
Encontré el testimonio de un antiguo trabajador de La Caixa que estaba convencido de que había existido apoyo económico al golpe porque así se lo habían transmitido determinadas fuentes. A partir de ahí entrevisté a otros historiadores y periodistas especializados para contrastar esa información.
Ninguno pudo confirmarla. Tampoco la desmintieron de forma categórica, simplemente señalaron que no disponían de pruebas que permitieran sostener esa hipótesis.
Sí encontré otro testimonio relevante de una persona vinculada al archivo histórico de La Caixa que recordaba una reunión celebrada después del mensaje televisado del rey para expresar el apoyo de la entidad al sistema democrático. Ese episodio sí aparece respaldado por varios testimonios.
Por eso en el libro dejo muy clara la diferencia entre aquello que puede documentarse y aquello que únicamente aparece en forma de testimonio oral. No quería convertir una hipótesis en una afirmación.
Uno de los capítulos más interesantes aborda el Procés y la salida de la sede social de La Caixa de Catalunya. Planteas que la llegada de Carles Puigdemont alteró la relación habitual entre el poder político y el económico.
Sí. Puigdemont no pertenecía a los círculos tradicionales del poder económico catalán de la misma forma que otros dirigentes de la ya antigua Convergència i Unió. Había llegado a la presidencia desde Girona y muchas de esas relaciones todavía no estaban consolidadas.
Artur Mas sí intentó facilitar algunos contactos con las principales instituciones económicas y empresariales. Entre ellas hubo una reunión con Isidre Fainé en la Casa dels Canonges, donde mantuvieron una conversación bastante conocida sobre el futuro político de Catalunya.
Aquellos meses fueron muy tensos. En La Caixa existía una enorme preocupación por la retirada de depósitos y por la incertidumbre que afectaba tanto a la propia entidad como al Banco Sabadell. Algunas fuentes me explicaron incluso el malestar que provocó ver a trabajadores del banco participando en las movilizaciones posteriores al 1 de octubre.
El traslado de la sede respondió a esa situación de incertidumbre y también fue posible gracias a la modificación legal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que permitió realizar el cambio sin necesidad de convocar al consejo de administración.
¿Qué consecuencias tuvo esa decisión?
Tuvo un impacto importante sobre la imagen de la entidad en Catalunya. Muchos clientes interpretaron el cambio de sede como una ruptura simbólica, aunque desde el punto de vista empresarial hay que recordar que el negocio principal de La Caixa hacía tiempo que había dejado de concentrarse en Catalunya. Es una situación parecida a la del Banco Santander respecto a Cantabria o incluso al conjunto de España: son entidades cuya dimensión ya es plenamente estatal e internacional.
Uno de los capítulos más actuales del libro es el dedicado a la vivienda. Se habla mucho de Blackstone, pero bastante menos de La Caixa, pese a que durante años ha sido el mayor propietario de vivienda del Estado.
Esa fue una de las cuestiones que más me llamó la atención durante la investigación. Existe un enorme foco sobre los grandes fondos internacionales, mientras que se habla mucho menos de un actor que durante años ha tenido un peso incluso mayor en el mercado residencial.
Además, el libro está inevitablemente marcado por el momento en el que se escribe. La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y eso también se refleja en las entrevistas que realicé. Hablé con personas afectadas, con el Sindicato de Inquilinas, con la PAH y con otros colectivos que llevan años denunciando esta situación.
Una de las conclusiones que aparece repetidamente es que una de las cuestiones que más preocupa a una institución como La Caixa es el riesgo reputacional. La imagen pública continúa siendo un activo muy importante.
En Catalunya eso se vio con la campaña Destapemos La Caixa y con las movilizaciones relacionadas con la huelga de alquileres. Finalmente, la Generalitat acabó adquiriendo parte de aquellas promociones a través del Incasòl. La entidad sigue teniendo un importante patrimonio inmobiliario, pero ha ido reduciendo su exposición a la vivienda protegida y orientando una parte de sus inversiones hacia otros activos, especialmente oficinas.
La Caixa suele reaccionar con mayor rapidez cuando existe presión pública que les señala…
Esa percepción apareció en varias entrevistas. Tanto los sindicatos de inquilinos como personas vinculadas a la propia entidad coincidían en que La Caixa presta mucha atención a la dimensión reputacional de los conflictos.
No significa necesariamente que actúe de forma distinta en el resultado final, pero sí en las formas. Algunas personas que trabajan desde hace años en campañas sobre banca armada o vivienda me explicaban que el trato suele ser más dialogante que el de otras entidades. Hay una voluntad de escuchar, de reunirse y de intentar reducir el impacto público del conflicto.
Probablemente esa forma de actuar tiene relación con el pasado como caja de ahorros y con el peso histórico de la obra social dentro de la identidad corporativa. Esa imagen sigue siendo importante para la institución.
En el libro también abordas la internacionalización del grupo: Solemos pensar en La Caixa como una entidad profundamente vinculada a Catalunya, pero hace mucho tiempo que dejó de jugar únicamente en ese ámbito.
Sí. La internacionalización no es algo reciente. La entidad llegó a tener oficinas en Andorra o Mónaco y desde hace décadas desarrolla una estrategia orientada a la gestión de grandes patrimonios. Como otros grandes bancos, apostó por la banca privada y por diversificar sus inversiones fuera de España.
Si observamos la estructura actual, vemos que la Fundación ”la Caixa” se sitúa en la cúspide del grupo a través de Criteria Caixa. Desde ahí participa tanto en CaixaBank como en grandes empresas del IBEX 35 y en entidades financieras internacionales, como el banco mexicano Inbursa o el Bank of East Asia. Esa presencia exterior forma parte de una estrategia que comenzó hace muchos años.
También explicas cómo funcionaban algunos mecanismos financieros muy controvertidos, como las participaciones preferentes.
Las preferentes suelen asociarse exclusivamente a la banca, pero también fueron emitidas por otras grandes compañías. Lo importante es entender que eran productos que operaban dentro de un marco legal y con el conocimiento de los organismos supervisores.
En muchos casos esas emisiones se realizaban a través de sociedades radicadas en las Islas Caimán. Todo eso era conocido tanto por la CNMV como por el Banco de España. Después de la crisis financiera existía un interés evidente en reforzar el capital de las entidades y muchas prácticas que hoy generan un enorme rechazo fueron toleradas porque contribuían a ese objetivo. El caso de Bankia fue probablemente el más conocido, aunque no el único.
Esa explicación conecta con una idea que atraviesa todo el libro: muchas veces imaginamos el poder económico como una realidad completamente opaca, cuando en realidad buena parte de sus mecanismos son perfectamente legales.
Exactamente. Hay prácticas que pueden resultar moralmente muy discutibles y, sin embargo, ajustarse plenamente a la legislación vigente.
Ocurre con determinadas fórmulas de optimización fiscal, con las SICAV o con otros instrumentos financieros. Hace un tiempo publiqué un reportaje titulado Barcelona, paraíso fiscal, donde intentaba mostrar precisamente eso. Muchas veces pensamos en las Islas Caimán o en Panamá, pero dentro de nuestras propias economías existen tratamientos fiscales diferenciados, zonas francas o regímenes especiales que responden a decisiones políticas perfectamente legales.
Al final, el poder económico no siempre necesita actuar en la clandestinidad. Con frecuencia opera a través de normas aprobadas por los propios Estados.
Después de cuatro años investigando, uno termina el libro con la impresión de que el poder económico acaba condicionando al resto de poderes. ¿Fue también esa tu conclusión?
Siempre existe el riesgo de que un investigador acabe viendo su objeto de estudio en todas partes. A veces bromeo con ese «síndrome de Estocolmo» que hace que, cuando llevas años investigando un tema, parezca que todo gira alrededor de él.
Pero, sinceramente, creo que en el caso de La Caixa esa sensación responde a una realidad bastante objetiva. Lo que hace singular a esta institución es que concentra formas de influencia muy distintas.
Está el poder económico, por supuesto, pero también el político, porque mantiene una interlocución permanente con gobiernos e instituciones. Existe igualmente una dimensión religiosa. Isidre Fainé pertenece al Opus Dei como supernumerario y esa es otra pieza que ayuda a entender determinadas redes de relación.
También encontramos una enorme capacidad de influencia en los medios de comunicación. No hace falta ser propietario de un periódico para tener peso dentro del ecosistema mediático. La publicidad, las relaciones históricas con los grandes grupos de comunicación o la concesión de financiación generan vínculos muy estrechos.
A eso hay que añadir la cultura, la investigación, la educación, el tercer sector o los programas de becas. La Fundación ”la Caixa” tiene una presencia enorme en todos esos ámbitos. Es una forma de soft power extraordinariamente eficaz.
Por eso sostengo que estamos ante una institución muy singular. No solo por su dimensión financiera, sino porque ha conseguido estar presente en casi todos los espacios relevantes de la sociedad. Muy pocas organizaciones reúnen una capacidad de influencia tan transversal.
El Tribunal de Luxemburgo determina que la norma aprobada en 2024 no afecta al presupuesto de la UE, tumbando uno de los argumentos principales para su impugnación por parte de los tribunales españoles.
Fernando Hernández tiene treinta años, es de Alicante y factura, según cuenta él mismo en sus vídeos, casi un millón de euros al mes. Con 3.000 euros de inversión desde el salón de un piso compartido, fundó Aszendit en 2021, una consultora tecnológica que trabaja –siempre según su propio relato– con empresas del IBEX 35. Hoy dice tener más de 120 empleados y oficinas en Madrid y Barcelona, y ha lanzado además una segunda marca, GAS, una academia donde enseña su método a otros emprendedores por unos honorarios nada simbólicos.
Ese método es el que ha bautizado como “cool calling”: llamadas comerciales hechas con papel y bolígrafo en lugar de ordenador, discursos motivacionales a la plantilla grabados y colgados en redes, todo envuelto en un lenguaje que mezcla la jerga del emprendimiento anglosajón con el macarrismo castizo. El resultado son millones de visualizaciones en TikTok e Instagram, un aluvión de titulares que oscilan entre la fascinación y la sorna… y un hombre, el CEO de la empresa, que aparentemente se ha hecho rico de la noche a la mañana. Luego, la pregunta es la que sigue: ¿por qué este personaje concreto, con esta estética concreta, ha conectado precisamente ahora con una parte tan amplia del público español?
El entrepreneur castizo
Lo primero destacable de ese nuevo fenómeno es que Fernando Hernández grita. Grita mucho. Grita en sus vídeos, grita a su plantilla, grita las cifras de facturación como quien recita un salmo. Y ese grito, curiosamente, es lo único auténtico de todo el montaje, porque lo demás –el método, el nombre en inglés, la épica del piso compartido en Alicante– es puro envoltorio, la capa de barniz que necesita cualquier producto para circular con fluidez a través del algoritmo.
A las llamadas comerciales de toda la vida, Hernández las ha rebautizado “cool calling”, una reformulación, suponemos que deliberada, del viejo cold calling –la llamada comercial en frío– y con ese simple cambio de vocal ha resuelto un problema que ni el marketing más sofisticado logra resolver siempre: convertir un trabajo socialmente (y económicamente) menospreciado en una nueva identidad de entrepreneurcool y, por consecuencia, deseable.
Porque de eso trata, en el fondo, todo el fenómeno: no de vender consultoría tecnológica a empresas del IBEX 35 –que es lo que en teoría hace Aszendit– sino de vender la sensación de estar “ganando” mientras se trabaja. Eso es lo que repite Hernández en sus vídeos: “hacer pasta”, “darle caña”, ser “caradura”, combinando la jerga de crecimiento de Silicon Valley con el macarrismo que solo podía nacer en un país donde la precariedad estructural convive con la fantasía institucional del emprendedor hecho a sí mismo, con 3.000 euros y un teléfono desde el salón de casa.
La importación americana
Conviene resistir, en cualquier caso, la tentación de tratar todo esto como una rareza autóctona, un exabrupto genuinamente alicantino. Porque no lo es. Estados Unidos lleva más de una década exportando esta misma figura con distintos disfraces: el vendedor que confunde la intensidad con la verdad, el gurú del cierre que trata cada llamada telefónica como una prueba de fuego espiritual, toda esa mitología del hustle que convierte la persistencia en virtud cardinal y el descanso en pecado venial.
España no ha producido a Fernando Hernández; lo ha importado, le ha limado el acento y le ha puesto una camisa por fuera del pantalón, exactamente igual que hace con tantos otros productos culturales que llegan envueltos en inglés y que aquí, tras el doblaje, adquieren un aura de descubrimiento. La cultura yankee se coló durante años a través de Hollywood, y ahora lo hace mediante sus grandes gigantes tecnológicos –Meta, Google, xAI, OpenAI, etc.–.
Tampoco es el primero de la estirpe en suelo español. Antes estuvo Llados desde su terraza de Miami, con sus burpees al amanecer y su catecismo de la “mentalidad de tiburón”; antes estuvieron los vendedores de cursos de trading, los coaches inmobiliarios, toda una economía sumergida de la motivación que factura precisamente donde el salario ya no llega. Los propios seguidores de Hernández lo han bautizado como “el Llados de la Moraleja”, y otros se preguntan en los comentarios si sus vídeos no serán, en realidad, un sketch de Pantomima Full (yo, reconozco, soy una de esas personas).
Otra vuelta de tuerca en la performatividad neoliberal
Mark Fisher hablaba de la privatización del estrés, es decir, de cómo un malestar que en realidad es sistémico –la angustia laboral generalizada de toda una generación– se individualiza y se convierte en un problema de actitud personal, resoluble con la metodología adecuada. El señor que grita en las redes performatiza con sus vídeos un trabajo extremadamente estresante, simulando aquellas escenas hollywoodienses donde se muestra el ambiente laboral dentro de Wall Street –como si él fuera el mismo Leonardo DiCaprio en la película de Scorsese–.
“Buscamos gente con pasión, que se deje la piel, que tengan flowstate, que tengan ambición y que nunca quieran hacer cold calling”. Este es el mensaje de captación de la página web de Aszcendit. Esto, en diccionario de trabajador, significa algo así como: “Buscamos gente que se quiera explotar sola bajo la (im)probable promesa de un éxito (in)alcanzable” y es que el flow state que Hernández exige a su plantilla –ese estado de flujo y pasión permanente por el trabajo, sin pausas, sin correos que interrumpan el “mood”– es una forma de colonización del tiempo interior, la exigencia de que hasta el entusiasmo se produzca bajo demanda. Capitalismo, turbocapitalismo, neocapitalismo. Llámenlo como quieran.
Esa es, al final, la magia del cool calling, y a eso se dedica realmente el CEO de Aszendit: no a vender consultoría, sino a vender el estado de ánimo con el que soportar venderla. Mientras tanto, en algún piso compartido de Alicante, alguien apunta un número en un papel, respira hondo y descuelga el teléfono. Gritando, eso sí.
Entre 2016 y 2026, el Reino Unido ha tenido seis primeros ministros: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y Keir Starmer, quien, además, presentó su dimisión el pasado 22 de junio. Ningún otro país del G7 ha vivido una rotación comparable en tiempos de paz. Theresa May cayó por el Brexit. Boris Johnson, por el escándalo de las fiestas en Downing Street durante la pandemia, pero también por el agotamiento de un partido que ya no sabía qué hacer con él. Liz Truss duró 45 días: su minibudget de recortes fiscales masivos sin financiación provocó una crisis de los mercados de bonos que la obligó a dimitir. Rishi Sunak intentó estabilizar el barco, pero arrastró el peso de tres líderes anteriores y una economía estancada. En julio de 2024, los conservadores sufrieron su peor derrota electoral desde 1832. En junio de 2026, Starmer cayó por sus políticas continuistas, sus errores de comunicación y su debilidad como jefe; su partido, casi en pleno, le dio la espalda.
Pero explicar esta cadena de colapsos solo por los errores individuales de cada líder sería un error. Para el profesor Dionyssis G. Dimitrakopoulos, politólogo de la Universidad Panteion de Atenas y ex titular de la Jean Monnet Chair en el Birkbeck College (University of London), la clave está en otro sitio: «El referéndum del Brexit, como muchos referéndums, no resolvió el problema de en qué quiere convertirse el Reino Unido». Lo que estamos viendo ahora, sostiene, es una prolongación de esa ausencia de respuesta a las grandes cuestiones: la economía, la sociedad, la inmigración, la política exterior. «Se trata de una crisis de identidad crónica –explica–. Es un país que parece haber perdido su brújula moral y política».
El sistema mayoritario
El punto de partida es estructural. El sistema electoral británico fue diseñado para producir estabilidad: gobiernos fuertes con mandatos claros. Durante décadas funcionó razonablemente bien en un paisaje político dominado por dos grandes partidos. Pero ese paisaje ha cambiado de forma irreversible y el sistema no se ha adaptado.
El resultado es una paradoja demoledora: las elecciones devuelven mayorías parlamentarias aplastantes que no reflejan en absoluto la distribución real del voto en la calle. Boris Johnson arrasó en 2019 con más de cien escaños de ventaja. Keir Starmer hizo lo mismo en 2024. Ese año, el first-past-the-post produjo el resultado más desproporcionado de la historia electoral británica: el Partido Laborista ganó casi dos tercios de los escaños con poco más de un tercio de los votos. Ninguna de esas mayorías existía de verdad. Eran artefactos del sistema, victorias infladas por una mecánica electoral que convierte pequeñas ventajas de voto popular en avalanchas de escaños. Y precisamente por eso se desploman: cuando la ilusión se disipa, no queda nada debajo.
Dimitrakopoulos lo resume así: el sistema intenta meter «una clavija cuadrada en un enchufe redondo». Es imposible. Y las consecuencias son evidentes: el Reino Unido, que históricamente ha sido un sistema de dos partidos, cuenta ahora con al menos cinco fuerzas políticas mayores que el first-past-the-post no puede procesar. En las elecciones locales de mayo de 2026, la suma del voto conservador y laborista alcanzó solo el 38% de los votos, una caída drástica respecto al 57% que obtuvieron juntos en las generales de 2024, que ya era un mínimo histórico. Lo que el sistema produce, en cambio, son gobiernos que parecen omnipotentes el día de su investidura y fantasmales apenas dos años después.
La solución obvia sería la representación proporcional, pero Dimitrakopoulos no es optimista al respecto: «Durante décadas se le ha dicho a la población que los sistemas proporcionales producen inestabilidad. Y ahora tienen exactamente eso». El dato más revelador es el referéndum de 2011 sobre la reforma electoral, en el que los británicos rechazaron incluso un sistema de voto alternativo –mucho menos proporcional que los modelos continentales– pese a que las encuestas previas mostraban mayorías favorables al cambio. El psicodrama, también surge de allí.
El suicidio laborista
La historia reciente del Partido Laborista es, en muchos sentidos, la de un partido que eligió ganar una guerra interna en lugar de prepararse para gobernar. Tras la derrota de Jeremy Corbyn en 2019 –en unas elecciones marcadas por el Brexit y por una campaña de descrédito orquestada desde dentro de las propias filas laboristas–, la facción derechista del partido, vinculada al legado de Tony Blair y conocida como Labour Together, tomó el control. Su objetivo no era construir un proyecto político; era purgar la izquierda.
Lo que siguió fue una operación de saneamiento ideológico que devoró al partido desde dentro. Suspensiones de militantes, señalamientos, candidaturas impuestas desde arriba en detrimento de figuras populares locales. La base militante se fue reduciendo. Las finanzas se deterioraron. Y cuando el colapso de los tories llegó antes de lo previsto, el partido se encontró en el gobierno sin haber construido su propia arquitectura programática.
Sobre Corbyn, Dimitrakopoulos tiene una lectura que va a contracorriente: «El corbynismo es parte de la solución, no parte del problema». Su argumento es doble. Primero, cuando Corbyn se convirtió en líder del partido, movilizó a medio millón de jóvenes, algo que no puede ignorarse. Segundo, fue precisamente Corbyn quien en 2017 prometió renacionalizar los ferrocarriles y la industria del agua –lo que las encuestas decían que quería la mayoría– y aun así el electorado votó a los tories. «Esto me demuestra que existe una lucha interna dentro del conjunto del pueblo británico», dice el profesor. Un país que quiere una cosa y vota la contraria, una y otra vez.
El resultado fue un gobierno que llegó al poder con una mayoría parlamentaria enorme y sin base social real. Starmer obtuvo en 2024 menos votos que Corbyn en 2019. Nadie votó por él; simplemente, el electorado castigó a los tories. Esa diferencia es crucial porque explica la velocidad del derrumbe posterior. Un gobierno sin base propia no tiene margen para el error, y Starmer cometió errores de bulto desde el primer momento.
La supresión del subsidio de combustible para pensionistas –en un país donde la pobreza energética se cobra vidas cada invierno– fue la primera señal. Le siguió el mantenimiento del tope de prestaciones sociales por número de hijos, una medida especialmente cruel que el propio partido había prometido derogar. Las reformas laborales se aguaron bajo presión empresarial hasta quedar irreconocibles. Las promesas sobre vivienda se evaporaron. En un país donde el 60% de la población apoya la gestión pública de servicios básicos, el gobierno optó por el lenguaje de la austeridad de 2010.
El politólogo y profesor en la Universidad de Cambridge David Runciman, en How Democracy Ends (2018), advertía que las democracias contemporáneas no colapsan por asalto desde fuera, sino por vaciamiento desde dentro. El de Starmer fue un caso de libro: una mayoría parlamentaria récord, un aparato de partido que se resiste a transformarse y una política que no representa a nadie.
Starmer, el encargado
Con el tiempo ha ido tomando cuerpo una lectura más fría de lo ocurrido: Keir Starmer, más que un líder político, fue un instrumento para desmantelar el proyecto de Corbyn. Abogado de perfil técnico, sin base propia ni ideología reconocible, Starmer fue útil precisamente por su carácter incoloro. Destruyó el laborismo de izquierdas con eficacia quirúrgica. Expulsó, suspendió, bloqueó. Pero una vez consumada la purga, no había nada detrás: ni programa, ni electorado. Ni sobre todo partido. Su propio equipo se lo dejó claro después de que Andy Burnham, alcalde de Mánchester y su principal rival para dirigir a los laboristas, se impusiera a la ultraderecha y ganara el escaño de Makerfield. «Ya nadie te apoya», le espetaron sin paliativos. Su dimisión, como luego se vio, era cuestión de horas. El 9 de julio se abrirá oficialmente la carrera por su sucesión, con Burnham como aspirante más destacado.
Para Dimitrakopoulos, el problema de Starmer era de competencia: «Si hubiera tenido la capacidad que creíamos que tenía antes de convertirse en primer ministro, habría sabido gestionar las cosas. Pero la práctica ha demostrado que incluso con Corbyn fuera del partido, el problema real era su falta de habilidad». El caso Mandelson, añade, fue «terrible».
Llegó al gobierno por defecto, no por convicción, y gobernó en consecuencia. El principio del fin llegó con las elecciones locales del 7 de mayo de 2026. Los laboristas perdieron cerca de 1.500 concejales en los consejos ingleses, mientras Reform UK, el partido liderado por el ultraderechista Nigel Farage, ganaba 1.452 escaños en Inglaterra. En Gales, dejaron de ser el partido dominante por primera vez en un siglo. Para mediados de mayo, 97 diputados laboristas habían pedido públicamente la dimisión de Starmer o que fijara un calendario de salida, y un ministro del gabinete, cuatro secretarios de Estado y cuatro asesores parlamentarios habían renunciado como protesta. Wes Streeting, secretario de Sanidad y favorito de la derecha laborista, dimitió vaticinando (con acierto) que Starmer no lideraría al Partido Laborista en las próximas elecciones generales. Starmer se resistió a marcharse, argumentando que un cambio de liderazgo sumiría al país en el mismo caos que había vivido bajo los tories. Pero la realidad se impuso.
Keir Starmer y Peter Mandelson en actitud de franca camaradería durante una recepción en Washington, en febrero de 2025. CARL COURT / REUTERS
El escándalo Epstein
Si las políticas sociales erosionaron el apoyo popular, el caso Mandelson lo hundió en el fango de la corrupción. Peter Mandelson, figura fundacional del Nuevo Laborismo blairista, fue nombrado por Starmer embajador en Washington en diciembre de 2024. Era considerado un activo político de primer orden: alguien capaz de desenvolverse con la Administración Trump y con conexiones directas a figuras como Elon Musk o Scott Bessent.
Lo que hacía el nombramiento aún más inexplicable es que la relación de Mandelson con Jeffrey Epstein no era ningún secreto. Era ampliamente conocida en los círculos del poder británico, y el público general sabía que había visitado a Epstein después de que este fuera condenado. No era un hombre de confianza. Olía a corrupción desde el principio.
Cuando los archivos del Departamento de Justicia estadounidense comenzaron a publicarse, pusieron color y detalle a lo que ya se sospechaba, y la explosión fue inevitable. Entre los documentos figuraban mensajes en los que Mandelson expresaba su apoyo a Epstein mientras era investigado por haber transmitido información sensible de los mercados durante el período en que fue ministro de Finanzas (2008-2010). Entre los documentos figuraba un libro de visitas de las propiedades de Epstein que incluía una carta atribuida a Mandelson en la que describía al depredador sexual como su «mejor amigo».
Starmer despidió a Mandelson como embajador en septiembre de 2025, pero en febrero de 2026 aún tuvo que exponerse ante la Cámara de los Comunes para lamentar públicamente su nombramiento. Se refirió a él del siguiente modo: «Traicionó a nuestro país, a nuestro Parlamento y a mi partido». El escándalo se llevó por delante al jefe de gabinete de Downing Street, Morgan McSweeney, y al máximo funcionario civil del Foreign Office, Olly Robbins, además del director de comunicaciones Tim Allan, que dimitió horas después. En febrero de 2026, la Policía Metropolitana abrió una investigación penal y Mandelson fue detenido y puesto en libertad bajo fianza.
El caso Epstein tiene una resonancia particular en el Reino Unido porque la contaminación no afecta solo a la política. El príncipe Andrés lleva años vinculado al escándalo. Ghislaine Maxwell, la colaboradora más estrecha de Epstein, es británica. La clase dirigente del país se siente señalada de una forma íntima y difícilmente esquivable. Para un gobierno que llegó al poder prometiendo limpiar la política, la imagen de Starmer defendiendo a Mandelson desde el atril de los Comunes se convirtió en el símbolo de todo lo que había prometido no ser.
La izquierda nacionalista
Mientras el laborismo implosionaba, el mapa político de las naciones devueltas se transformaba de forma silenciosa pero radical. Gales ha sido durante décadas un bastión laborista, conocido por sus minas de carbón y su clase trabajadora. En las elecciones de mayo de 2026, sin embargo, el voto laborista se derrumbó, y fue Plaid Cymru quien obtuvo más escaños en todo el País de Gales. Fue la primera vez desde el inicio de la devolución en 1999 que el Partido Laborista perdía el gobierno galés, poniendo fin a una racha de victorias que se remontaba a las elecciones generales del Reino Unido de 1922.
La victoria de Plaid Cymru significa que las tres regiones del Reino Unido fuera de Inglaterra –Irlanda del Norte, Escocia y ahora Gales– están gobernadas por partidos nacionalistas. Y lo significativo es que estos partidos no son, en modo alguno, equivalentes a los nacionalismos de derechas que proliferan por Europa. El SNP escocés, Plaid Cymru y Sinn Féin representan tradiciones de izquierda o centroizquierda, con programas sociales ambiciosos y posiciones progresistas. Son, en cierto sentido, el refugio de un electorado de izquierdas que ya no reconoce al Partido Laborista como su hogar.
El problema de Farage
Nigel Farage. TOBY MELVILLE / REUTERS
Reform UK, el partido de Nigel Farage, ha capitalizado el colapso de los conservadores. Y conviene ser precisos aquí, porque el relato de que Reform está robando votos al Partido Laborista es más mediático que real. Según un estudio de YouGov, tan solo el 46% de los votantes laboristas de 2024 que votaron en las elecciones municipales de mayo de este año fueron leales al partido, pero solo un 6% se decantó por Reform UK, mientras que un 22% lo hizo por los Verdes. Reform es, fundamentalmente, la herencia del colapso tory, aunque, como apunta Dimitrakopoulos, también absorbe a los sectores más conservadores del electorado laborista tradicional, especialmente en el norte de Inglaterra.
El partido recibe financiación de millonarios vinculados a las criptomonedas, y esa financiación acaba de estallarle en las manos. El 7 de julio, Farage anunció su dimisión como diputado por Clacton mientras el comisionado parlamentario de estándares investigaba un regalo no declarado de cinco millones de libras del empresario Christopher Harborne –el mismo que en agosto de 2025 donó al partido otros nueve– y una segunda denuncia por los favores de George Cottrell, condenado en Estados Unidos por blanqueo de capitales. Horas después de su anuncio, The Guardian publicó que la banca había alertado a la National Crime Agency de ese regalo como posible blanqueo de dinero ya en mayo de 2024, siete semanas antes de que los votantes de Clacton lo eligieran; al día siguiente, el diario reveló que las alertas iban mucho más allá: transacciones millonarias entre los máximos dirigentes de Reform –incluido su número dos, Richard Tice– y donaciones al propio partido habían sido comunicadas a la agencia como posible blanqueo de capitales. Farage insiste en que no ha hecho nada malo y ha ideado su propia autoabsolución por las urnas. Se presentará a la elección parcial que provoca su dimisión, planteada como una batalla del pueblo “contra el establishment”; un establishment que, por cierto, ha decidido no comparecer. Laboristas, conservadores, liberaldemócratas y verdes boicotearán la contienda electoral y no disputarán el escaño.
Su rival más visible es, por ahora, Count Binface, un hombre disfrazado con una capa plateada y un cubo de basura por cabeza que encarna la larga tradición británica de candidaturas satíricas. La ministra de Hacienda, Rachel Reeves, autorizó la convocatoria con una frase: si Farage “quiere pasarse el verano discutiendo con un cubo de basura”, no será ella quien se lo impida. Varios concejales electos de Reform han tenido que ser suspendidos por publicaciones de contenido racista y neonazi. Si gana en Clacton, la investigación se reanuda.
En las elecciones locales de mayo, Reform dominó con claridad: ganó 1.452 concejales en Inglaterra. Los Verdes obtuvieron 587 concejales, un incremento de 411 respecto a sus resultados anteriores, y en las generales de 2024 ya habían cuadruplicado su representación parlamentaria. Son fuerzas de naturaleza muy distinta –una financiada por millonarios, la otra por una base militante amplia– pero ambas reflejan el mismo agotamiento del bipartidismo.
Dimitrakopoulos no descarta que el ascenso de Farage sea, paradójicamente, la única salida al bloqueo: «Si Farage llega a ser primer ministro en el sistema británico, tendrá el poder en sus manos y no podrá culpar a nadie más». La lógica es la del fracaso necesario: solo cuando el populismo gobierne y decepcione podrá el país empezar a responder de verdad las preguntas que el Brexit dejó sin resolver.
La gran pregunta
Todo converge en un debate que el sistema político británico ya no puede postergar: la representación proporcional. El first-past-the-post ha generado durante décadas la ilusión de estabilidad ocultando la profundidad de las fracturas sociales. Con la fragmentación creciente, el sistema produce cada vez más diputados y concejales elegidos con menos de un tercio de los votos, lo que significa que las opiniones de más de dos tercios de los votantes quedan ignoradas.
El desenlace más inmediato apunta, en cambio, a la continuidad con otro protagonista. Wes Streeting, el favorito de la derecha laborista, se retiró de la carrera el mismo día de la dimisión de Starmer y respaldó al ya citado Andy Burnham, que a día de hoy es el único candidato declarado: si nadie más reúne los avales de 81 diputados antes del cierre de nominaciones, el 16 de julio, será proclamado líder sin contienda y podría ser primer ministro al día siguiente.
Nada de primarias. Se trataría, metafóricamente hablando, de una coronación. Burnham, ya ha descartado explícitamente la representación proporcional y ha señalado que mantendría las actuales políticas de inmigración. Antes incluso de ser líder, está completando a toda velocidad el arco de Starmer: las mismas posiciones, la misma lógica y el mismo callejón, que probablemente le lleve a la misma salida. El laborismo parece incapaz de aprender la lección que el electorado lleva años intentando enseñarle..
Lo que está en juego no es pues solo quién gobierna el Reino Unido, sino si el país es capaz de construir un sistema político que refleje la complejidad de una sociedad que lleva décadas siendo más plural de lo que sus instituciones han querido admitir. El filósofo Jacques Rancière distingue entre dos conceptos: la «política» y lo que llama la «policía» en su sentido más amplio. La primera es el momento en que quienes no tienen parte en el orden establecido irrumpen para reclamarla; la segunda, la gestión del consenso que distribuye posiciones y silencia el disenso. En el Reino Unido de 2026, lo que el sistema denomina «democracia» se parece cada vez más a la policía que a la política.
Esta entrevista se publicó originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerla en catalán aquí.
Desde los atentados del 11 de septiembre hasta la guerra de Gaza, pasando por la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, Fabian Scheidler (Bochum, 1968) observa un mismo mecanismo político. Las crisis, sostiene, se convierten en oportunidades para ampliar los poderes excepcionales del Estado, transferir recursos públicos a grandes corporaciones y acelerar la militarización de las sociedades occidentales.
En El estado de guerra y la lucha por un nuevo orden de paz (publicado por Icaria), el ensayista alemán argumenta que Europa está abandonando progresivamente el modelo de Estado social construido tras la Segunda Guerra Mundial para entrar en una economía de guerra permanente. En esta conversación reflexiona sobre los límites del sistema de partidos, la crisis de la hegemonía occidental, el ascenso de China y las posibilidades de reconstruir una política de paz en el siglo XXI.
En el libro identificas un patrón común que atraviesa acontecimientos aparentemente distintos, desde el 11-S hasta la pandemia, la guerra de Ucrania o Gaza. En todos ellos observas una expansión de los poderes excepcionales del Estado y una creciente militarización de la política. ¿Crees que existe una racionalidad consciente detrás de este proceso o más bien una capacidad de las élites para instrumentalizar acontecimientos imprevistos?
No creo que hace 20 o 30 años hubiera un grupo de personas sentado alrededor de una mesa diseñando un estado de excepción permanente porque anticiparan el declive de Occidente o el caos global. La historia es mucho más compleja que eso. No funciona mediante planes perfectamente trazados.
Lo que sí observamos es que cuando se producen acontecimientos traumáticos –el 11-S, una pandemia o una guerra– esos acontecimientos son rápidamente utilizados para reforzar determinadas estructuras de poder porque hacerlo responde a los intereses de las élites políticas y económicas.
La pandemia es un buen ejemplo. Algunas personas se preguntan por qué la incluyo en un libro sobre guerra y paz. La razón es que toda la retórica desplegada durante aquellos años fue una retórica de guerra. Emmanuel Macron llegó a declarar que Francia estaba «en guerra contra el virus». Lo hizo en un momento en que el movimiento de los chalecos amarillos había puesto en cuestión el orden político francés y había protagonizado una movilización social muy importante. El estado de excepción también sirvió para contener ese conflicto. Algo parecido ocurrió con la llamada guerra contra el terrorismo. François Hollande reconoció que algunas de las medidas introducidas para combatir el terrorismo terminaron utilizándose contra activistas climáticos durante la cumbre del clima de París de 2015.
Existe una lógica recurrente. Se produce una crisis y esa crisis se utiliza para reforzar el poder ejecutivo, ampliar el poder corporativo y transferir enormes cantidades de recursos públicos hacia determinados intereses privados. Lo vimos en la guerra contra el terrorismo, donde el complejo militar-industrial fue uno de los grandes beneficiarios. Lo vimos también durante la pandemia, cuando sectores como las grandes farmacéuticas o las corporaciones tecnológicas obtuvieron enormes ventajas.
Y todo esto resulta especialmente relevante porque vivimos una crisis estructural del capitalismo que, en mi opinión, se arrastra al menos desde 2008. Cada vez más corporaciones dependen de subsidios estatales, rescates públicos o contratos gubernamentales. Los estados de emergencia se han convertido en mecanismos de transferencia masiva de recursos hacia esas estructuras de poder.
La crisis bancaria fue otro ejemplo. Se utiliza dinero público para rescatar grandes corporaciones privadas. Así funciona gran parte del capitalismo contemporáneo.
Sin embargo, algunos de los principios que definieron la gobernanza económica europea después de la crisis financiera parecen estar siendo revisados. Alemania ha flexibilizado sus restricciones constitucionales al endeudamiento y Europa parece abandonar algunas de las reglas que defendió durante años. ¿Interpretas estos cambios como una rectificación o simplemente como una adaptación a nuevas prioridades?
No creo que hayan aprendido demasiado de la crisis financiera. Muchas voces importantes siguen advirtiendo de la posibilidad de nuevas crisis bancarias. Lo que sí ha ocurrido en Alemania es que se ha modificado la Constitución para eliminar los límites de deuda cuando se trata de financiar la militarización. Los Verdes añadieron además excepciones relacionadas con los servicios de inteligencia. El resultado es muy claro. Se mantiene la austeridad para la mayoría de la población mientras se eliminan las restricciones cuando se trata de gasto militar. Estamos entrando en una situación en la que podemos destruir gran parte del Estado del bienestar europeo mientras destinamos recursos prácticamente ilimitados al ejército.
Recuerdo un titular del Financial Times que resumía muy bien esta lógica. Venía a decir que Europa tendría que recortar su Estado del bienestar para construir un Estado de guerra. Esa es precisamente la dirección en la que nos estamos moviendo.
Si el Estado-nación y el capitalismo forman parte de una misma arquitectura histórica, ¿sobre qué fundamentos podría construirse una política de seguridad diferente? ¿Existe alguna alternativa que no reproduzca la lógica de competencia geopolítica entre Estados?
Editorial ICARIA
Superar el Estado-nación es una tarea tan enorme como superar el capitalismo porque ambos forman parte de una misma estructura histórica. No son fenómenos independientes.
No sé si el capitalismo y el Estado-nación moderno sobrevivirán a lo largo de este siglo. Lo que sí sé es que ambos atraviesan una crisis profunda y que la respuesta de las élites está siendo avanzar hacia formas permanentes de estado de excepción e incluso de estado de guerra. Precisamente por eso creo que debemos resistir esa deriva militarista.
Para la izquierda esto implica recuperar la cuestión de la paz como un tema central. En Alemania, por ejemplo, una parte importante de la izquierda ha relegado esta cuestión porque considera que genera conflictos internos o dificultades mediáticas. Pero si los gobiernos europeos siguen avanzando en esta dirección, la militarización terminará destruyendo los fundamentos materiales del Estado social.
Por eso necesitamos construir una nueva coalición política que conecte paz, justicia social, ampliación del Estado del bienestar, límites al poder corporativo y diplomacia internacional. Sin paz será imposible abordar la crisis climática o la crisis ecológica. Los recursos necesarios para esas transformaciones desaparecerán. Todo está conectado.
En cierto sentido, necesitamos recuperar la intuición original del movimiento ecologista europeo, que vinculaba paz, democracia, justicia social y crítica al capitalismo como partes de una misma agenda.
Pero incluso las fuerzas políticas que nacieron para desafiar el consenso dominante parecen terminar adaptándose a él. Esto es algo de lo que se acusó por ejemplo a Podemos en ciudades como Cádiz, dónde coexistía un discurso transformador y una defensa de industrias vinculadas a la producción militar debido a su importancia para el empleo local. ¿Cómo se resuelve esa tensión entre transformación social y dependencia económica de las estructuras existentes?
Es una cuestión muy difícil. Soy bastante crítico con el sistema de partidos, aunque no podemos ignorarlo porque existe y sigue teniendo poder. Mi impresión es que cualquier transformación profunda tendrá que construirse también fuera de los partidos, mediante nuevas coaliciones sociales capaces de articular una visión diferente de Europa.
Lo que me da esperanza son experiencias concretas. Hemos visto trabajadores portuarios en Italia y España bloqueando envíos destinados a la guerra de Gaza. Hemos visto activistas bloqueando instalaciones del complejo militar-industrial en Alemania. Hemos visto formas de resistencia que surgen desde abajo.
También observamos resistencia entre los jóvenes frente a la posibilidad de reinstaurar el servicio militar obligatorio. Muchos no quieren participar en estos conflictos geopolíticos. Nada de esto constituye todavía un movimiento masivo, pero son elementos a partir de los cuales puede construirse algo diferente.
Consideras también que el declive de la hegemonía occidental podría abrir la posibilidad de un nuevo orden internacional. Sin embargo, ¿por qué deberíamos asumir que potencias como China, India o los Estados del Golfo actuarán de forma menos dominadora que las potencias occidentales? ¿Qué tendría de más pacífico un mundo multipolar?
La multipolaridad no garantiza la paz. También puede conducir a la guerra. De hecho, muchos de los grandes conflictos de la historia moderna surgieron precisamente durante momentos de transición hegemónica. Ocurrió antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda y en muchos otros momentos donde varias potencias competían por el liderazgo global. La cuestión es si existen factores que permitan evitar ese resultado.
China tiene una trayectoria histórica diferente. No completamente pacífica, por supuesto, pero sí distinta de la experiencia occidental. La relación entre Estado y capital es diferente. Existe una tradición política que insiste en mantener el control del capital y del ejército desde el poder civil. Además, la memoria histórica china está profundamente marcada por el llamado siglo de la humillación, cuando las potencias occidentales intervinieron y fragmentaron el país. Desde la perspectiva china, el objetivo principal consiste en evitar que algo semejante vuelva a ocurrir.
La narrativa dominante allí no es la construcción de un imperio militar global, sino la recuperación de la seguridad y la autonomía nacional mediante el desarrollo económico. Eso no significa que no existan sectores nacionalistas o militaristas en China. Existen. Pero sí abre la posibilidad de evitar una guerra por la sucesión hegemónica similar a las que hemos visto durante los últimos 500 años. No sabemos si lo conseguiremos. Solo sabemos que esa posibilidad existe.
¿Y qué papel desempeña Taiwán en esa ecuación?
Taiwán es probablemente el punto más peligroso. Mientras continúe el statu quo actual, con toda la retórica que queramos añadirle, es posible evitar una guerra. Pero si Taiwán declarara formalmente la independencia y Estados Unidos respaldara explícitamente esa decisión, entraríamos en un escenario completamente distinto.
Conviene recordar que la política de una sola China ha sido reconocida durante décadas por Naciones Unidas, por Estados Unidos y por la mayoría de los Estados del mundo. Mantener ese marco es probablemente una condición necesaria para evitar una confrontación militar de consecuencias imprevisibles.
Hay un titular que lleva años circulando, con variaciones, por la prensa progresista europea. Suena más o menos así: «La UE contradice sus valores». O bien: «La hipocresía de la UE en materia migratoria». O algo del estilo: «Los valores europeos se detienen en el Mediterráneo», etc.
En esta línea, Lola Hierro firmaba en El Paísun artículo titulado: «El doble rasero de la UE en migración: defiende los derechos humanos mientras pacta con regímenes represivos». En él, la autora señala y explica perfectamente cómo la UE llega a acuerdos con países terceros –de dudosa o nula reputación en cuanto a la protección de los derechos de las personas migrantes– para no tener que lidiar ella misma con la contradicción que implica envolverse con el manto de los valores mientras se maltrata sistemáticamente a la gente que dicen querer proteger.
Y si bien el artículo pone el dedo en la llaga y muestra el funcionamiento real de la política migratoria europea, hay un problema con el titular que propone al señalar la existencia de una contradicción, de una tensión irresuelta entre el discurso y la práctica de la Unión Europea; porque el doble rasero implica hipocresía, y la hipocresía implica que todavía hay algo que ocultar, en tanto que se reconoce lo que transgrede.
Pero esta Europa ya no tiene nada que ocultar. Los valores ya son otros. Lo que durante décadas funcionó como escándalo –la connivencia entre retórica de derechos y acuerdos con dictadores– ha dejado de ser una excepción gestionada con discreción y se ha convertido en la arquitectura misma de la institución.
De la hipocresía al modelo
La Declaración UE-Turquía de 2016 fue el momento bisagra: por primera vez, la Unión pagaba de forma explícita y masiva a un tercer Estado para que actuara como tapón humano en sus fronteras. Seis mil millones de euros a un régimen que en ese mismo período encarcelaba periodistas, purgaba jueces y bombardeaba kurdos en el sureste del país. Una decisión «estratégica» que marcó un camino que ha acabó cristalizando el 12 de junio de 2026 –hace apenas dos semanas– cuando entró en vigor el Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Fue aprobado en el Parlamento Europeo el 10 de abril de 2024, por un margen estrecho –300 votos a favor, 270 en contra– y adoptado por el Consejo el 14 de mayo del mismo año. Después de una década de negociaciones bloqueadas, la maquinaria legislativa europea consiguió ponerse de acuerdo.
Desde entonces, la lógica se ha replicado y normalizado. El memorando con Túnez en 2023 se saldó con 105 millones para la «contención fronteriza» en un país donde Kaïs Saïed ha liquidado lo que quedaba de separación de poderes. El acuerdo con Egipto en 2024 destinó 200 millones a gestión migratoria –dentro de un paquete global de 7.400 millones que incluye préstamos macroeconómicos y garantías de inversión– a Al Sisi, cuyo régimen acumula denuncias de desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias documentadas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch. En marzo del mismo año, Mauritania recibió 210 millones en marzo de 2024, mientras HRW documenta violencia sexual y expulsiones colectivas contra migrantes en su territorio. Y luego está el caso de Marruecos, que acumula cientos de millones en acuerdos de este tipo sin que nadie le pida explicaciones por la tragedia de Melilla en 2022, todavía sin responsables.
Esta nueva Europa se ha ido gestando lentamente desde el Consejo –donde se reúnen los ministros de los Estados miembros– pero acabó de cristalizar con la nueva composición del Parlamento después de las elecciones de junio de 2024, que dejaron una cámara claramente escorada a la derecha: retroceso de los verdes y los liberales, crecimiento de la extrema derecha tanto en el grupo de los Conservadores y Reformistas –donde se encuentran Fratelli d’Italia de Meloni y el polaco Ley y Justicia– como en el nuevo grupo Patriotas por Europa –sucesor de Identidad y Democracia, con el Reagrupamiento Nacional de Le Pen, la Liga italiana y el FPÖ austriaco– y en Europa de las Naciones Soberanas, donde quedó encuadrada la AfD alemana.
El fenómeno central, con todo, no fue el crecimiento de la extrema derecha en sentido estricto, sino que el Partido Popular Europeo, primera fuerza de la Cámara, asumió sistemáticamente sus posiciones en materia migratoria. La extrema derecha marca el camino, y la derecha no tan extrema le sigue. Lo mismo que en España, vaya.
El Pacto de la vergüenza que ya no avergüenza
El Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, adoptado en 2024 tras años de negociación, da forma jurídica a esta reconfiguración, convirtiendo lo que antes se consideraba extraordinario en un fenómeno meramente administrativo.
El procedimiento fronterizo de asilo permite retener a solicitantes en zonas de tránsito mientras se tramita su caso, en condiciones que varias organizaciones han asimilado a detención de facto. La cláusula de crisis y fuerza mayor autoriza a los Estados miembros a suspender garantías procedimentales básicas en situaciones de presión migratoria –una categoría lo suficientemente elástica como para volverse permanente–. El concepto de país tercero seguro se ha expandido para incluir a Estados con los que el solicitante no tiene vínculo real, lo que facilita deportaciones en cadena hacia destinos que la propia UE ha denunciado en otros contextos.
Y luego está la «externalización», lo que vendría a significar simple y llanamente pagar para que otros hagan el trabajo sucio; ya sean guardacostas libios equipados con patrulleras italianas interceptando embarcaciones en aguas internacionales, o policías marroquíes linchando migrantes subsaharianos para que no salten la valla. Todos ellos devueltos –o los que tienen la «suerte» de no morir en el intento– a centros de detención donde la ONU ha documentado esclavitud y tortura.
Así que llamar hipócrita a Europa sería, paradójicamente, demasiado generoso. Pero, en fin, si alguien se quiere consolar, se puede agarrar a eso: al menos ya no tenemos doble rasero.
Las ciudades conservan memorias que raramente aparecen en los monumentos. Sobreviven en una escalera, una puerta lateral, una pista de baile o una barra pegajosa donde miles de desconocidos compartieron unas horas de intimidad. Buena parte de la historia de las comunidades homosexuales se escribió precisamente en esos espacios ambiguos, a medio camino entre el refugio y la exposición pública. En Gay Bar. Fragmentos de aquellas fiestas (Capitán Swing), Jeremy Atherton Lin convierte esos lugares en el hilo conductor de una reflexión sobre el deseo, la identidad, la memoria y las transformaciones de la cultura gay durante las últimas décadas.
Lejos de la nostalgia fácil, el escritor británico reconstruye la historia de los bares gais de Londres, Los Ángeles o San Francisco para preguntarse qué sucede cuando una comunidad alcanza importantes victorias legales mientras sus espacios físicos desaparecen. El resultado es un libro que combina autobiografía, historia cultural y ensayo político, siempre atento a las contradicciones que acompañan cualquier proceso de emancipación.
Una de las cosas que más me llamó la atención del libro es el protagonismo que tienen los espacios físicos. ¿Por qué decidiste contar esta historia –una historia tanto personal como de identidad colectiva– a través de la arquitectura y de los lugares concretos?
Porque me cuesta pensar en abstracto. Necesito anclar las ideas en algo tangible. Durante años había escrito mucho sobre ropa y moda, pero empecé a cansarme de ese tema. Sabía que las cuestiones que realmente me interesaban tenían que ver con la identidad, el tiempo, la memoria o el deseo, pero necesitaba un punto de apoyo.
Cuando empecé a revisar los lugares que había frecuentado a lo largo de mi vida –o incluso algunos que solo había visitado una o dos veces– descubrí algo interesante. Muchas de las experiencias que yo recordaba como triviales o incluso decepcionantes estaban conectadas con historias mucho más amplias que mi propia biografía. Los espacios conservaban capas de memoria colectiva, algunas alegres y otras profundamente problemáticas.
Además, la arquitectura misma me ayudaba a pensar. Por ejemplo, cuando empecé a salir por bares gais, gran parte de la estética dominante todavía respondía al miedo al VIH y al contagio. Había superficies blancas, limpias, cuerpos masculinos extremadamente cuidados, casi esterilizados. Existía una especie de obsesión con la higiene y la impermeabilidad. A medida que avanza el libro también avanzo hacia espacios más desordenados, más sucios, más porosos.
De algún modo, se convierten en un actor más de la narración.
Creo que es cierto. Cuando concebí el proyecto, mi editora me habló de la tradición de la psicogeografía, un género históricamente dominado por hombres heterosexuales. Hablamos de qué podía diferenciar este libro de esa tradición.
Muchas obras psicogeográficas intentan construir una especie de lectura metafísica de la ciudad. Mi intención era hacer algo parecido, pero atravesado por el erotismo. Me interesaba explorar cómo el deseo modifica nuestra relación con los espacios y cómo los espacios moldean a su vez nuestras formas de deseo.
«Me interesaba explorar cómo el deseo modifica nuestra relación con los espacios y cómo los espacios moldean a su vez nuestras formas de deseo».
Hay una paradoja que me parece interesante: muchos bares gais comienzan a desaparecer precisamente cuando se consolidan derechos como las uniones civiles o el matrimonio igualitario. ¿La muerte de los bares gais es, en parte, el precio de ciertas victorias legales?
Es una cuestión complicada. Durante la escritura me di cuenta de algo que había pasado por alto: estaba escribiendo sobre negocios privados. Los bares gais no son únicamente símbolos culturales; también son empresas que tienen que pagar alquileres y sobrevivir económicamente. No profundicé demasiado en cuestiones como la especulación inmobiliaria o la gentrificación, aunque evidentemente forman parte del contexto.
Respecto a la asimilación, creo que a veces se interpreta de forma demasiado simplista. Muchas conquistas legales no surgieron porque la integración en las instituciones tradicionales fuera necesariamente el objetivo final de los movimientos homosexuales. A veces simplemente eran herramientas prácticas.
En mi siguiente libro hablo de uno de los primeros casos en Estados Unidos de reconocimiento federal de una unión entre dos hombres. Uno de ellos era australiano y la cuestión estaba relacionada con la inmigración. Aquellos hombres no eran especialmente partidarios del matrimonio como institución. Lo consideraban algo patriarcal y anticuado. Pero necesitaban una solución concreta a un problema concreto. A veces la asimilación es más una consecuencia que una meta.
Sin embargo, mientras desaparecen los espacios físicos, las aplicaciones de citas parecen ocupar parte de ese lugar.
Sí, aunque para mí cumplen una función muy distinta. Lo que me preocupa de las aplicaciones es que tienden a convertirnos en mercancías. Nos presentan como una colección de atributos expuestos detrás de un escaparate. Intentamos optimizar nuestra imagen para encajar en determinados criterios y atraer determinadas respuestas.
«Lo que me preocupa de las aplicaciones de citas es que tienden a convertirnos en mercancías».
Pero la química humana no funciona de esa manera. No puedes predecir cómo reaccionarás cuando escuches la risa de alguien, percibas su olor o compartas una conversación cara a cara. Por eso quería que Gay Bar transmitiera la sensación de encontrarse con personas inesperadas, de rozarse con desconocidos, de descubrir que alguien que inicialmente te genera rechazo acaba resultando fascinante, o viceversa. Esas experiencias imprevisibles forman parte de la vida social y son muy difíciles de reproducir en entornos digitales.
Foto: Capitán Swing
Han pasado más de medio siglo desde Stonewall y en muchos países occidentales los derechos LGTBQ han avanzado considerablemente, al menos a nivel legal. De hecho, partidos de extrema derecha como la AfD en Alemania tiene una líder que es lesbiana, lo que sería impensable hace pocos años atrás. Y, sin embargo, los delitos de odio continúan existiendo y las reacciones conservadoras parecen reaparecer cíclicamente. ¿Cómo interpretas esa tensión?
Creo que cualquier grupo que se salga de la norma permanece en una situación precaria mientras existan mecanismos sociales de exclusión. Incluso si en un momento dado no eres el objetivo principal, sigues dependiendo de un sistema que siempre puede encontrar nuevos chivos expiatorios.
Hoy el ejemplo más evidente son las personas trans. Pero también me interesa mucho cómo distintas formas de vulnerabilidad se entrecruzan. La orientación sexual, la identidad de género, la inmigración o las fronteras no son problemas independientes. Muchas personas viven simultáneamente varias de esas experiencias.
«La orientación sexual, la identidad de género, la inmigración o las fronteras no son problemas independientes. Muchas personas viven simultáneamente varias de esas experiencias».
Además de la violencia explícita, existen formas mucho más sutiles de precariedad. Cuando el Tribunal Supremo estadounidense anuló Roe v. Wade, muchas parejas homosexuales comenzaron a preguntarse si el matrimonio igualitario podría convertirse en el siguiente objetivo político.
Recuerdo ver en televisión a una pareja de mujeres explicando la enorme cantidad de documentación legal que necesitaban simplemente para garantizar la protección jurídica de su familia. Había carpetas y archivadores por todas partes. Aquello me hizo pensar en algo que aparece en Gay Bar. Existe una enorme cantidad de trabajo burocrático invisible destinado simplemente a validar tu existencia.
Reflexionas, también sobre la transformación de las categorías identitarias y el uso de la terminología.
Las palabras evolucionan constantemente. Recuerdo que en Reino Unido hubo un momento en que el término “queer” empezó a adquirir una legitimidad institucional muy visible. Pienso, por ejemplo, en determinadas exposiciones organizadas por grandes museos. De repente, una palabra que durante mucho tiempo había sido marginal adquiría prestigio académico y cultural.
Lo curioso es que yo quería que Gay Bar tuviera una estética ligeramente anticuada. Quería que el propio título evocara algo fuera de moda, incluso un poco embarazoso. Me interesaba esa sensación de algo que ya no ocupa el centro de la conversación.
Las categorías identitarias siempre están cambiando. Hace un siglo, por ejemplo, la palabra “queer” tenía significados distintos según la clase social de quienes la utilizaban. Son términos inestables por definición.
Mientras leía el libro pensaba también en casos como el del “Gaixample” de Barcelona, un barrio que durante años estuvo asociado a una determinada identidad gay urbana. Después llegaron el turismo, la gentrificación y nuevas formas de consumo cultural. ¿Hasta qué punto las identidades también están moldeadas por el mercado?
Creo que existe ese riesgo. Muchos barrios terminan desarrollando una estética relativamente homogénea que puede repetirse en ciudades muy diferentes. Hay ciertos códigos culturales que aparecen en Londres, Ámsterdam, Nueva York o San Francisco.
Eso genera una situación extraña. Puedes terminar siendo percibido como turista o incluso como colonizador urbano, pero rara vez como alguien verdaderamente perteneciente a ese lugar.
Y esa percepción puede convertirse fácilmente en un mecanismo de señalamiento. Es una cuestión que me recuerda a una observación de Foucault. La visibilidad también puede convertirse en una trampa.
Esta entrevista se publicará pocos días antes del Día del Orgullo Gay y LGTBI+. ¿Cuáles son los motivos para conservar a día de hoy esa celebración?
Creo que me siento cómodo habitando zonas de ambivalencia. Las personas no vivimos experiencias unidimensionales. Por supuesto que siguen siendo necesarias las celebraciones del Orgullo. Son importantes. Y ojalá puedan depender cada vez más de las comunidades y cada vez menos de los patrocinadores corporativos.
Pero también creo que toda experiencia humana tiene un reverso. Solemos presentar orgullo y vergüenza como conceptos opuestos, cuando la realidad es más compleja. Existe una forma destructiva de la vergüenza, pero también una forma productiva. La ausencia absoluta de vergüenza conduce a la impunidad y a la falta de autocrítica. Lo vemos constantemente en la vida política.
Por eso me parece importante que existan movimientos capaces de afirmar el orgullo colectivo, pero también escritores, artistas y pensadores que sigan preguntándose qué errores hemos cometido, qué problemas continúan sin resolverse y qué responsabilidades permanecen abiertas.
Mantener vivas esas preguntas me parece algo saludable. Evita que todo se convierta en un simple eslogan y nos obliga a convivir con las contradicciones. Y, al final, es precisamente en esas contradicciones donde suele desarrollarse la experiencia humana.
«Me parece importante que existan movimientos capaces de afirmar el orgullo colectivo, pero también escritores, artistas y pensadores que sigan preguntándose qué errores hemos cometido».
Tareq Baconi nació en Ammán, nieto de una familia palestina desplazada de Haifa en la Nakba de 1948, y lleva dos décadas intentando explicar lo que buena parte de la prensa occidental despacha con la palabra «terrorismo». Analista durante años para Israel/Palestina en el International Crisis Group, con sede en Ramala, hoy preside el consejo de Al-Shabaka, la red de análisis político palestino, y dirige la sección de libros de la Journal of Palestine Studies.
Publicó originalmente en 2018 una historia del movimiento construida a partir de entrevistas con sus dirigentes y de sus propios documentos internos, que describía la relación entre Hamás e Israel como un «equilibrio violento» sostenido durante dieciséis años hasta que estalló el 7 de octubre de 2023. Capitán Swing lo publicó en castellano en 2024 como Hamás: auge y pacificación de la resistencia palestina, con un nuevo prólogo escrito tras el atentado de Hamás el 7 de octubre y el inicio del genocidio en Gaza.
Hablamos con él del papel de España, el Reino Unido y la Unión Europea en la crisis actual, de las grietas que el genocidio ha abierto entre Israel y su principal patrón, y de la función estructural que, a su juicio, cumple Hamás dentro del proyecto colonial israelí. «Esto es una guerra israelí», dice sobre la escalada contra Irán, «no una guerra americana».
¿Si tuvieras que escribir hoy ese prólogo de 2024, lo cambiarías?
Nada, la verdad. Me preguntaba lo mismo hace un momento y me puso algo nervioso. Pero lo he releído hace poco y no cambiaría una palabra. En ese prólogo no ofrecía respuestas cerradas, dejaba las preguntas abiertas. Y las preguntas que tenía en 2024 son exactamente las que tengo hoy. Hay procesos históricos que todavía no han terminado de mostrar su forma final, y fingir lo contrario sería hacerle trampa al lector.
El Reino Unido diseñó hace un siglo el marco colonial para Palestina con funestas consecuencias que se han ido encadenando a lo largo tiempo, y hoy, sin embargo parece ser el gran ausente del debate internacional.
Que ojalá fuera solo ausencia: su participación es negativa. La semana pasada el Estado llevó a juicio a cuatro activistas de Palestine Action combinando cargos penales con cargos de terrorismo, algo que ni siquiera coincidía con lo que estaba juzgando el jurado. El Laborismo, que debería ser un partido de izquierdas, mantiene en Palestina una posición tan sionista como la de los conservadores, heredada de una historia que incluye el uso de la acusación de antisemitismo contra Jeremy Corbyn.
Hoy, defender a Palestina desde la izquierda británica se lee como recortar la libertad de expresión, perseguir el activismo y equiparar antisionismo con antisemitismo. Y la distancia con la sociedad no para de crecer: hay un apoyo popular fuerte, tradicionalmente más entre la gente mayor, y ahora una generación joven volcada tras el genocidio. Yo vivo en Londres. En las últimas elecciones, escaños históricos del Labour cayeron ante los Verdes, y Palestina fue una de las tres razones principales. En Alemania pasa lo mismo.
España aparece en el debate internacional como una de las pocas voces europeas dispuestas a romper el consenso atlantista. ¿Cómo se percibe desde fuera del país?
En términos muy favorables, en los dos niveles: hay un apoyo popular amplio a la causa palestina, pero también medidas prácticas de gobierno, restricciones a la venta de armas, posiciones activas en los foros de derecho internacional. España importa precisamente porque es un Estado miembro de la UE que toma postura dentro de un bloque que sigue siendo favorable a Israel. La movilización del Sur global, sobre todo a través del Grupo de La Haya, ha sido clave para frenar las políticas del Norte global que erosionan el derecho internacional, y que España actúe así desde dentro del Norte global la convierte en un actor decisivo. Países como España o Irlanda no protegen a los palestinos por amor: protegen una obligación jurídica que el resto de sus pares está incumpliendo, porque firmar la Convención del Genocidio implica el deber de prevenirlo.
«España importa precisamente porque es un Estado miembro de la UE que toma postura dentro de un bloque que sigue siendo favorable a Israel»
¿Tiene la Unión Europea capacidad real de influir en el conflicto, o las divisiones internas la han vuelto irrelevante?
Tiene un potencial enorme y lo está desperdiciando. Hay acuerdos preferenciales con Israel, hay un proyecto conjunto de investigación, el Horizon, hay cooperación militar: todo eso da palancas reales para acabar con la impunidad. Pero las exportaciones de armas israelíes a Europa no han dejado de crecer, y alcanzaron su pico en 2024 porque son armas ya probadas en el campo de batalla, lo que las hace más rentables. Mientras un país como España se planta, los socios decisivos, Alemania, Francia, el Reino Unido, siguen alineados con Israel. Esa combinación convierte a la UE en un actor incapaz de sostener una política común sobre Palestina.
Tras la guerra entre Israel e Irán, ¿qué panorama regional queda para Hamás? ¿Se ha quedado sin patrones, como le pasó a la OLP cuando Arafat salió de Beirut en 1982?
Hamás siempre ha sido hábil jugando con distintos patrones regionales, incluso enfrentados entre sí, de Arabia Saudí a Siria o Egipto. Hoy pasan dos cosas a la vez. La infraestructura material, el apoyo financiero y militar iraní, y el acceso a Gaza a través de Siria y Líbano, se ha visto golpeada por la agresión regional israelí. Pero, al mismo tiempo, Irán ha salido de esta guerra como un actor estratégico más fuerte que hace un año: la ofensiva israelí-estadounidense ha demostrado a los países del Golfo que la inseguridad regional no la provoca Irán, sino la soberbia israelí. Militarmente, Hamás sigue presente en Gaza, controla parte del territorio, conserva sus armas, y su oficina política sigue en Catar con acceso directo a Teherán. No creo que sea una historia completamente negativa para ellos.
¿Y a Israel? ¿Cómo le afecta el inicio de acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos?
Creo que Irán ha sido el único actor verdaderamente estratégico del último año. El conflicto ha sido una derrota estratégica para Estados Unidos: una guerra irracional, sin interés propio, solo el de Israel, y ahora se negocian sobre cosas que ni estaban en la mesa al empezar, como el estrecho de Ormuz. Esta tregua es un golpe duro para la doctrina israelí de guerra permanente, por eso Israel ha intentado sabotearla atacando Líbano estos últimos días. Mi previsión es que seguirá usando el enriquecimiento de uranio como excusa para mantener a Irán como amenaza. Pero, mientras dure la tregua, va a concentrar su violencia en Líbano.
Hay conversaciones filtradas de Netanyahu donde reconoce que financiar indirectamente a Hamás le convenía. ¿Hasta qué punto su existencia es funcional al proyecto expansionista israelí?
Que Hamás todavía conserve capacidad militar no debería sorprender a quien estudie guerra de guerrillas: son armas baratas, muchas reconvertidas de armamento israelí, y ningún ejército convencional puede aniquilar del todo una guerrilla incrustada en su propia población sin cometer un genocidio. Dicho esto, sí, le beneficia: cualquier gobierno israelí necesita convertir la relación con Palestina en una cuestión de seguridad, y cualquier arma palestina refuerza ese lenguaje de terrorismo.
Esto tiene historia: Israel dio licencia a los Hermanos Musulmanes en Palestina porque los creía centrados en la islamización social, no en lo militar, y porque sabía que una corriente islamista debilitaría el nacionalismo secular de la OLP. Cuando se transformaron en Hamás y empezaron las operaciones militares, ese apoyo financiero se cortó, pero la lógica de fondo, dividir a los palestinos entre sí, se mantuvo: cada vez que Fatah y Hamás intentaron un gobierno de unidad, cualquier gobierno israelí trabajó para sabotearlo.
¿Calculó Hamás las consecuencias del 7 de octubre, o fue una apuesta a ciegas?
Es imposible saber qué imaginaba Hamás. Sí sé que partía de varias hipótesis, y algunas se han demostrado falsas: que un golpe contra el bloqueo devolvería Palestina a la agenda internacional, que forzaría a los países árabes a revisar los Acuerdos de Abraham, y que el pueblo palestino se levantaría en toda la Palestina histórica frente a la represalia israelí. Subestimó la fragmentación palestina: ni en el 1948 ni en Cisjordania hubo levantamiento; los países árabes tampoco se movieron, solo Irán y Hezbolá. El mayor error de cálculo fue pensar que la comunidad internacional pondría un límite a Israel. Pero el 7 de octubre también ha roto, creo que de forma irreversible, la idea de que el sionismo podía ofrecer un refugio seguro a los judíos en Palestina sin resolver la cuestión palestina, y nos ha devuelto al lenguaje de la Nakba y la colonización. No sé si esto es lo que Hamás imaginaba, pero es lo que ha conseguido.
¿Cómo ha afectado la destrucción de Gaza al respaldo social a Hamás?
Es de las preguntas más difíciles de responder, por el bloqueo informativo y la falta de acceso de la prensa extranjera. Pero hay un espectro amplio. Una parte de la población culpa a Hamás de no haber calculado bien y de no haber protegido a la gente de la respuesta israelí; para ese sector, han provocado una segunda Nakba, multiplicada. Otra parte sigue defendiendo la resistencia: Hamás no tenía alternativa, dicen, llevábamos dieciséis años bajo bloqueo, los países árabes normalizaban con Israel, el mundo se olvidaba de Gaza, y al menos esto sacudió a la comunidad internacional.
Lo más triste no es solo esa fragmentación, que ya existía antes; es que el genocidio ha hecho que los palestinos de Gaza se vean ahora como una categoría aparte dentro de la palestinidad, gente que dice que nadie ha entendido lo que es un genocidio si no estuvo en Gaza. Esa sensación de excepcionalidad ha hecho la fragmentación todavía más severa.
En Estados Unidos se habla cada vez más del rol de AIPAC -el lobby sionista–, pero también de los republicanos que repiten cómo el apoyo a la política genocida de Netanyahu es incompatible con el «America First» de Trump. ¿Se están rompiendo los vínculos entre Washington y Tel Aviv?
Sí, totalmente. Todo lo que Israel ha hecho desde el 7 de octubre ha terminado reforzando esa fractura, convirtiéndola en una paradoja real. Nunca ha sido militarmente tan fuerte, habiendo desmantelado la infraestructura de resistencia en toda la región, y a la vez nunca ha sido tan débil, porque ese sobre-esfuerzo ha dañado su relación con su principal patrón. El Partido Demócrata, sobre todo su generación joven, se ha alejado de Israel; que Kamala Harris perdiera, que Zohran Mamdani ganara en Nueva York, son señales de ese giro.
Y en el campo republicano, en el universo MAGA, ya hay fractura entre «America First» e «Israel First»: cuando Tucker Carlson o Marjorie Taylor Greene dicen que esto es un genocidio, que por qué Estados Unidos apoya a Israel, es una pregunta que cualquier político debería hacerse, pero que venga de la derecha republicana ha reconfigurado el sistema político americano. Esta guerra contra Irán es el ejemplo perfecto: es una guerra israelí, no una guerra americana, y eso empieza a verse.
Sobre el papel hay un alto el fuego y un plan de paz en Gaza. ¿Qué está pasando realmente sobre el terreno?
Que no hay ni alto el fuego ni plan de paz. El acuerdo se negoció como todos los anteriores desde 2007: por fases. La fase uno era el cese de hostilidades, la liberación de los rehenes por parte de Hamás, la entrada de ayuda humanitaria y la retirada israelí; solo después se negociarían la fase dos y la tres. Hamás sabía, como todo el mundo que ha seguido estas negociaciones, que la fase uno se quedaría congelada, pero pidió garantías a la Administración Trump, respaldadas por Catar y Egipto, de que, si liberaba a todos los rehenes, su mejor baza, Israel permitiría la ayuda y empezaría a retirarse. Esa garantía no se ha cumplido. En lugar de eso, ahora se habla solo del desarme de Hamás, una condición que ni siquiera estaba en la fase uno. Mientras se negocia ese imposible, Israel ha pasado de controlar el 53% de Gaza a un 60%, con la intención declarada de llegar al 70%; hay una política de disparar a quien cruce la línea amarilla, y se arma a bandas palestinas para generar caos. No estamos en un alto el fuego: estamos ante la continuación del genocidio por medios burocráticos.
El Gobierno español y otros gobiernos europeos siguen invocando la solución de dos Estados. ¿Le queda algún sentido?
Yo nunca he creído que fuera posible, y hoy menos. Ese lenguaje diplomático sirve, en la práctica, para mantener el statu quo: Israel sigue existiendo como Estado soberano y aplazamos indefinidamente la estatalidad palestina. Da igual si un gobierno cree o no en los dos Estados: lo único que debería estar haciendo ahora es parar el genocidio y exigir responsabilidades. Hablar de relanzar un proceso diplomático mientras quien dirige Israel está reclamado por la Corte Penal Internacional es aceptar que puede actuar con total impunidad y seguir teniendo acceso diplomático pleno. Cualquier solución, de uno, dos o tres Estados, solo puede empezar por ahí: parar el genocidio y rendir cuentas.
«Yo nunca he creído en la solución de dos Estados, y hoy menos».
Ya hay rabinos sionistas hablando de Turquía como el próximo gran frente. ¿Qué papel le ves?
Israel es un proyecto colonial de asentamiento cuya razón de ser es expandirse y mantenerse como potencia militar hegemónica de la región: ningún vecino puede tener superioridad militar sobre Israel, ese ha sido el límite que Washington garantizaba en cualquier acuerdo bilateral. Irán cumple esa función de enemigo perfecto, islámico, con lenguaje nuclear de fondo. Si Irán deja de representar una amenaza, el candidato natural es Turquía, la otra potencia regional, y todo el repertorio retórico que usan contra Irán es perfectamente aplicable: país islámico, amenaza existencial. De momento Israel sigue fijado en Irán, que ha salido reforzado de esta guerra, así que no creo que el frente turco se active de inmediato. Pero desde Turquía la lectura también ha cambiado: durante años jugaron a ser enemigos sin serlo del todo, con buenas relaciones militares hasta este genocidio, y ese juego ya no es sostenible.
¿Cómo describirías hoy el respaldo de la sociedad israelí al gobierno de Netanyahu?
Hay que separar dos cosas. El apoyo a lo que ellos no llaman genocidio sino guerra en Gaza es casi unánime, más del 90%. Las grietas aparecen con Líbano e Irán: hay más oposición a la guerra en Líbano, mientras que la guerra contra Irán también goza de apoyo casi unánime. El desacuerdo es sobre las decisiones estratégicas de Netanyahu: desde la izquierda se le acusa de un error estratégico en Líbano, desde la derecha de no haber sido suficientemente contundente. Esta tregua con Irán le va a costar caro: se vendió la guerra como el fin del programa nuclear iraní, y el régimen iraní nunca ha sido tan fuerte como ahora. Israel no ha conseguido ninguno de sus objetivos estratégicos. Habrá que ver qué pasa en las elecciones, pero creo que esto se le va a echar en cara.
Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.
Hay libros que llegan a destiempo y libros que llegan justo cuando hacen falta. JOMO (Anagrama, 2026), del filósofo valenciano Juan Evaristo Valls Boix, pertenece con claridad a la segunda categoría. El título es el acrónimo de Joy of Missing Out: la alegría de perderse las cosas, el placer de no estar, la satisfacción que empieza a asomar cuando uno desconecta, para, se queda quieto. Frente al FOMO –ese miedo generalizado a quedarse fuera– que articuló durante décadas los ritmos del capitalismo de plataformas, Valls Boix propone leer los síntomas del presente como señales de un cambio de deseo más profundo: una reorientación afectiva que ya tiene forma en los memes, en los activismos, en el cansancio compartido de una generación.
Valls Boix es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, donde trabaja como investigador. Ha publicado anteriormente Metafísica de la pereza (2022) y El derecho a las cosas bellas (2024), conformando una trilogía filosófica que trabaja los márgenes del pensamiento político contemporáneo: la pereza, la belleza, y ahora el arte de perderse. En JOMO, escrito con memes, referencias pop y teoría crítica, detecta en el hartazgo colectivo no una patología sino una lucidez. «El dolor, la depresión, el cansancio y la soledad no deseada nos dicen que así la vida no vale la pena», sostiene en esta conversación.
Su diagnóstico no se detiene ahí: la promesa neoliberal de la conexión permanente y la flexibilidad total ha generado «exactamente lo que negaba: desarraigo y soledad no deseada». Y lo decisivo, insiste, es que ya no queremos que esa promesa se cumpla. La revolución, si llega, no vendrá de imaginar futuros alternativos sino de escuchar el cambio de deseo que ya está ocurriendo: «No se trata de imaginar los horizontes, se trata de escucharlos».
Tu libro comienza con la imagen Colin Smith, el protagonista de La soledad del corredor de fondo, un talentoso atleta que, a pocos metros de llegar a la meta, decide dejarse ganar. Es, en un caso, una forma de rebeldía y de oposición a la institución –un reformatorio de Londres–, que ganaría prestigio en su nombre. Sesenta años después, hay más runners que nunca, Strava mide cada kilómetro, el corredor se ha convertido en figura emblemática del presente. ¿Cómo lees esa evolución, y en qué sentido la resistencia de Colin sigue siendo pertinente a día de hoy?
La película de Tony Richardson me parece muy premonitoria porque muestra una forma de estar gobernados a través del movimiento, a través de la inyección a la superación. Colin puede diferenciarse de sus compañeros de prisión, puede destacar, precisamente porque es bueno en algo. Y ahí aparece una primera distancia: si el valor del trabajador radica en su capacidad de adaptación o en su capacidad de expresión, en ser normal o en ser uno mismo. Lo que se va a descubrir al final es que la producción de subjetividad tiene que ver con el gobierno del deseo a través de su excitación: reconducir siempre el deseo hacia el ámbito de la explotación mercantil, el consumo o el trabajo.
Ser un ganador es la forma más alta de aquiescencia con la norma, justamente. Y es ahí donde aparece una forma de resistencia muy valiosa para nuestro tiempo: la deserción. Una deserción muy particular, porque la de Colin — a diferencia de la contracultura de los años 60 y 70 tenía como forma de revuelta por antonomasia romper los límites, break — no tiene que ver con irse, tiene que ver con parar, con quedarse.
Más parecida al “preferiría no hacerlo de Bartleby”, el personaje de Herman Melville…
La de Colin se parece más a la de Bartleby, sí. Aunque hay una diferencia importante: Bartleby acaba muriéndose de inanición; su rechazo es individual, se agota en sí mismo. Cuando Colin se para, toda su vida le pasa por delante. Hay algo en ese detenerse que dice: esto no es vida, la vida tiene que ser otra cosa. Hay una filósofa, Bonnie Honig, que en su Teoría feminista del rechazo dice que Bartleby no le interesa precisamente por eso, porque es una figura del rechazo individual. A ella le interesan Las Bacantas de Eurípides: un grupo de mujeres que rechazan la asignación reproductiva de la ciudad, se van, y luego vuelven con una propuesta nueva de vida en común. Hay algo en Colin que conecta con eso: su pararse no es solo negación, es también una afirmación de la vida a través del hábito, del quedarse.
La crítica que le haces a Mark Fisher en el libro es, si me permites, muy valiente: Fisher articuló para muchos el diagnóstico de una época, pero tú detectas en él un punto ciego generacional y otro de género. ¿Qué es lo que no pudo ver Fisher desde dónde estaba?
Fisher ha fascinado porque tuvo la capacidad de articular un relato del presente que, de un lado, era nuevo, pero que al mismo tiempo retomaba unas claves esenciales de la izquierda: la melancolía y la estructura mesiánica. La pregunta por el futuro como deuda con el pasado. Saber hacer eso a través de una revalorización de la contracultura de los 70, acuñar el término de modernismo popular, leer a Thatcher como la leyó… Ese relato es muy poderoso y ha marcado el tono del pensamiento, al menos en el espacio hispano. Pero la crítica que Mackenzie Wark le hace me parece muy lúcida: ¿cuál es el presupuesto de diferencia sexual que hay en la propuesta de Fisher? Toda la teoría del realismo capitalista nunca está en diálogo con los debates sobre reproducción social, la abolición de la familia, la socialización de los trabajos reproductivos.
Hay también una profecía autocumplida: si dices que toda la cultura es una mierda, acaba siéndolo, pero eso es una falta de escucha, no una constatación analítica. Luego está la cuestión generacional, que para mí es la más decisiva. La hipótesis inicial del realismo capitalista es que para los estudiantes de Fisher –nacidos en los 90– no hay alternativa real: no han conocido dos bloques, no han vivido bajo ninguna lógica que no sea capitalista. Es una constatación histórica. Pero Fisher nunca responde desde ahí: toda su reflexión sobre horizontes emancipatorios la construye desde su propia generación, que sí tuvo dos alternativas. La gramática afectiva de la que habla –la melancolía, el futuro cancelado, el duelo– no interpela a los mileniales ni a los Z, y especialmente no interpela en España, con el España va bien y el milagro económico como telón de fondo. Para mí la cuestión pasa por entender que no queremos que se cumpla la promesa del progreso neoliberal. No nos interesa. Como decía Lafargue en el siglo XIX: el progreso es el hijo primogénito del trabajo, y a esta era la llaman la era del trabajo, pero es la era de la miseria.
Nokia vendía connecting people y tres décadas después, como explica el psicoanalista José Ramón Ubieto, es más necesario que nunca distinguir entre conexión y vínculo: que la primera, sin cuerpo implicado, no genera el segundo. ¿Qué falla estructuralmente en la promesa de la conectividad?
Uso los términos de Berardi –conexión y conjunción– que son bastante afines. La conexión sigue descansando en una lógica de la identidad. Es muy difícil que haya experiencia porque es muy difícil que haya alteridad. Hay una soberanía del sujeto: si no me gustas, te bloqueo, cierro la pestaña. Cuando estamos con los otros en cuerpo, estamos con cuerpos que no gobernamos, que son inquietos, que traen contingencia, la posibilidad de que suceda lo que no estaba predeterminado. Eso la conectividad lo lleva muy mal. Y eso se tradujo en que las dos grandes promesas del modelo neoliberal –la libertad como flexibilidad y elección, y la solidaridad como conexión permanente– generaron exactamente lo que negaban: desarraigo y soledad no deseada. La flexibilidad implica no echar raíces; la conexión no genera vínculo. A nadie le interesa de verdad ser un digital nomad viviendo de Airbnb en Airbnb, relacionándose por Tinder y hablando con sus amigos solo por WhatsApp. Esa promesa no se ha cumplido. Pero lo importante es que tampoco queremos que se cumpla.
El concepto central del libro es la «hedonia represiva»: no somos incapaces de placer, sino incapaces de otro placer que no sea consumir placer. ¿Qué ocurrió para que el deseo quedara capturado en la forma de la adicción?
El primer autor que piensa el gobierno contemporáneo del deseo a través de la figura de la adicción es Deleuze. Y me parece importante la lectura que amplía Franco Berardi cuando ve la adicción como conexión. Una de las tesis claves de Fenomenología del fin es cómo la conectividad va en detrimento de la conjuntividad: estamos cada vez más conectados, pero los vínculos se resienten, el otro se mercantiliza, se objetaliza. En los 90 y en los 2000, esta figura del sujeto adicto a la conexión era sinónimo de vida exitosa. Estar conectado, estar en las redes, ir a mil países, cogerle el ritmo al mercado. También tenía su cara oscura –generalización del consumo de drogas, TCA, ansiedad–, pero mayoritariamente como sociedad aceptábamos esa figura como una forma de liberación, de singularidad.
Yo creo que la pandemia funcionó como parte aguas. Los niveles de suicidio, depresión, burnout que siguieron… ese malestar vinculado a la excitación rompió las fantasías de vida buena. Aquí la sabiduría del dolor dice algo. En lugar de pensar que el primer dato social es una salud plena que puede accidentarse si el individuo no la gestiona bien –que es la gramática individualista de la autoayuda–, el dolor, la depresión, el cansancio y la soledad no deseada nos dicen que así la vida no vale la pena. Y eso es una negación muy poderosa, muy lúcida, y una negación que se hace en nombre de la vida. Desde ahí empieza a dibujarse otra economía afectiva: no de la excitación sino de la placidez, no de la verticalidad y el crecimiento sino del arraigo, la afiliación al presente, la vuelta al cuerpo y a los vínculos.
Pero el mercado ya ha aprendido a vender eso. El mindfulness, el solo maxxing (“maximizar la soledad”), la estetización de la desconexión son industrias en expansión. ¿Dónde está la diferencia entre el JOMO como postura de consumo y el JOMO como forma de vida con potencial político?
Es la cooptación de siempre, completamente. El solo maxxing puede ser perfectamente una forma de consumo narcisista, otra vuelta de tuerca de la identidad soberana: me optimizo a mí mismo en soledad igual que me optimizaba compitiendo con los otros. Eso no cambia nada. Lo que me interesa del JOMO es otra cosa: no la soledad como autosuficiencia sino como vulnerabilidad. La paradoja de la conectividad es que, como descansa en la lógica del sujeto soberano –puedo bloquear al otro, puedo cerrar–, no hay experiencia de alteridad. Ni estamos con gente ni estamos a solas con nosotros mismos de verdad. Estar solo consigo mismo es un ejercicio difícil, a veces muy desagradable, porque es la experiencia de vulnerabilidad y exposición: vemos cosas de nosotros que no nos gustan, tenemos heridas, sueños, recuerdos que pueden ser una mierda.
Jesús se encuentra al demonio vagando solo en el desierto…
Exacto. Pero cuando esa soledad deja de generar ansiedad y empieza a generar algo placentero –y hay ya estudios sobre esto, del 2023 en adelante–, es porque preferimos estar con los otros o con nosotros como otros a seguir en ese trono vacío del sujeto narcisista. Eso no es algo que el mercado pueda vender. Eso lo dice el dolor. Y cuando ese malestar vinculado a la excitación es ya demasiado grande para negarlo o justificarlo, se convierte en una conciencia crítica expandida. Los activismos contemporáneos –antitrabajo, por la vivienda, contra el turismo, por la sanidad pública– tienen esa gramática: un rechazo que es también una afirmación de la vida. No es que no haya alternativas: es que hay que escucharlas.
Terminas el libro parafraseando el Manifiesto Comunista de Karl Marx: «proletarios de todos los países, durmamos». ¿En qué sueña una sociedad que ha decidido parar?
Tomo de Marx la idea de que los vínculos del proletariado son vínculos a través de la pérdida, no a través de la propiedad. Lo que une a los que no tienen nada es el cansancio compartido, la elaboración común de la pérdida. Para mí el sueño del sueño es que esa pérdida se constate en una solidaridad de los durmientes, una solidaridad radical e íntima que excede la forma-sujeto. Y claro que eso requiere liberar al trabajo de su condición asalariada, reducir al máximo el reino de la necesidad, que el capitalismo no hace, porque genera continuamente nuevas necesidades para que no puedas dejar de consumir y por tanto no puedas dejar de trabajar. Pero antes de llegar al programa hay que tomarse en serio el cambio de deseo. La revolución viene cuando hay un cambio de deseo, no cuando se satisfacen los deseos ya existentes. Y ese cambio ya está ocurriendo.
Reemplazaría el ejercicio de la imaginación –que sigue teniendo en el centro a un sujeto muy poderoso, muy masculino– por el ejercicio de la escucha. La gente ya está pensando otras cosas. Hay investigaciones sobre decrecimiento, economías del cuidado, arquitecturas feministas, experimentos de renta básica. No es que no haya horizontes: es que no se trata de imaginarlos, se trata de escucharlos. Aunque el cambio de deseo es condición de posibilidad, no condición suficiente. Para que ese deseo de parar se pueda ejercer hacen falta infraestructuras concretas: vivienda pública, reducción de la jornada laboral, renta básica, salarios más equitativos, contención del turismo. Porque, aunque parar sea deseable, no podemos parar: tenemos varios trabajos y estamos enganchados al teléfono porque el placer miserable del scroll es la única forma de estar un poco a flote con todo lo que tenemos encima. El sueño es aprender a perder. Aprender que perder es la forma más alta de donación –perdare, perdonare–, y que aprender a vivir consiste en eso, en esa radical pérdida de la soberanía. Somos unos perdedores. Afortunadamente.
El 6 de junio, León XIV aterrizó en Madrid. Pasó tres días en la capital —la misa en Cibeles, el Bernabéu, los voluntarios en IFEMA, y un largo, unánime y cuestionable aplauso en el Congreso de los Diputados— antes de volar a Barcelona la tarde del 9. Lo recibieron los dos máximos representantes del poder catalán: el presidentSalvador Illa y el presidente del Parlament, Josep Rull, dos hombres que se declaran públicamente creyentes practicantes en una ciudad donde, según los últimos datos del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat, menos de uno de cada ocho vecinos pisaría de manera regular una iglesia. Casualidades de la representación democrática.
El bloque de ateos y agnósticos en el área metropolitana suma ya el 42,5% de la población adulta, cifra que triplica el porcentaje de católicos practicantes. Es decir: el Papa viajó a una ciudad que ya no es la suya. Aunque la ciudad lleve décadas sin decírselo a nadie en voz alta, y aunque el interés por la visita desbordara con mucho ese 13% que pisaría una iglesia por convicción durante el día del Señor.
Porque el Papa, desde Francisco y ahora con Robert Prevost —León XIV—, ha ido acumulando una base de simpatizantes que no figura en ninguna estadística de práctica religiosa: una izquierda laica, y en algunos casos explícitamente atea, que ve en los mensajes del pontificado un contrapunto útil a las figuras dominantes del momento, Trump y Netanyahu. Al contrario, curiosamente, de la derecha extrema española, que ve con recelo los mensajes humanistas de la Iglesia católica, incapaces de reflejar a pies juntillas los postulados ultraconservadores del Opus Dei, tan predominantes en los tiempos —no tan remotos— en que la doctrina cristiano-apostólico-romana era ley.
León XIV, en todo caso, llegó a Barcelona después de haberse dado un baño de multitudes en la capital. Lo hizo con una agenda que incluía una visita a Montserrat, lugar fetiche de la mística en toda su gama de colores: la cristiana, por supuesto —allí se halla La Moreneta—, pero también la de las comunidades que se reúnen para avistar ovnis, o la de las conspiraciones nazis que llevaron al mismísimo Himmler a adentrarse en la montaña en busca del Santo Grial. Pero esa es otra historia. El motivo principal de la visita a Barcelona era la consagración de la Sagrada Família, una vez alcanzada su altura máxima con la instalación de la Torre de Jesucrist, que la convierte en el templo católico más alto del mundo.
Cómo el Vaticano se convirtió en cuestión nacional
Durante días, los medios catalanes no hablaron de teología, ni de Gaudí, ni siquiera del papa como tal. Todo el debate giraba alrededor de qué lengua usaría el pontífice para bendecir la nueva Torre de Jesucrist. El problema comenzó cuando la Santa Sede publicó el misal oficial: el Papa diría algunas palabras en catalán, pero la bendición de la torre —el momento más mediático, el que todas las cámaras del mundo transmitirían— estaba prevista íntegramente en castellano. Un detalle litúrgico que acabaría generando unos días de revival procesista.
Junts envió una carta al president Illa exigiendo «todas las gestiones necesarias» ante la Conferencia Episcopal Española, el cardenal y arzobispo de Barcelona Joan Josep Omella y el Vaticano. Junqueras escribió directamente a Omella, que había presidido la Conferencia Episcopal entre 2020 y 2024. Los obispos de Girona y Lleida se pronunciaron en favor del catalán, el Govern activó el Departament de Justícia, y Puigdemontllamó a recibir al Papa con esteladas y silbidos ante «el renacimiento del catolicismo franquista». Un renacimiento que, dicho sea de paso, parecía aparecer y desaparecer según la cuestión de que se tratara: por ejemplo, cuando tocaba votar en el Congreso junto a la extrema derecha católica y franquista para tumbar la ley de vivienda.
Esteladas para recibir al Papa en Barcelona. GUILLEM PUJOL
Y aunque la mayor parte de la instrumentalización de la cuestión catalana fue obra de esos actores, la cuestión de la lengua despertó un consenso más amplio —Vox aparte— en la sociedad catalana. Se recordaba, día sí y día también, que Antoni Gaudí, cuya obra magna sería bendecida por la máxima institución eclesiástica, fue detenido en 1924 durante la dictadura de Primo de Rivera por negarse a responder a los guardias en castellano, y pasó una noche en prisión antes de ser liberado.
El propio Papa, sobrevolando España camino de Madrid, había cerrado el asunto con algo de humor: «De momento solo sé decir bon dia». Que todo aquello movilizara en cascada obispos, diputados, consellers, entidades sociales y al mismísimo president en el plazo de 48 horas dice algo sobre la política catalana y su autoestima: que Catalunya es una nación orgullosa, y que a menudo se mueve frenéticamente por cosas que, en el fondo, no le interesan demasiado. Un fenómeno tan paranormal como la vida de los ángeles.
El templo de todos, el templo de nadie
La Sagrada Família es el monumento más visitado de España: tres millones y medio de personas pagan felizmente entrada cada año, una dicha que no comparte todo barcelonés, y menos aún los vecinos del barrio que lleva su nombre, que llevan décadas sin poder pasear por la zona con normalidad ni vivir sin el sonido de las grúas, que no han parado en ciento cuarenta años.
El templo se proyectó en 1881 sobre terrenos del entonces término de Sant Martí, cuando a su alrededor todo era campo. Era el momento en que el capitalismo industrial catalán necesitaba monumentos que consagraran su hegemonía tanto como sus fábricas: el modernisme como lenguaje estético de una clase que había hecho dinero y quería que se notara, que quería también ponerse bien con Dios antes de que el siglo cerrara las cuentas. Gaudí trabajó para Eusebio Güell, miembro de una de las familias más prominentes de la alta burguesía catalana. El Palau Güell, el Parque Güell, la Sagrada Família. Una cartografía del poder privado hecha piedra.
Barcelona, a finales del XIX, poco tenía que ver con la ciudad moderna y «abierta al mundo» —del turismo y del capital extranjero— que es hoy. La Iglesia controlaba cerca de un tercio de la riqueza del país y hacía funcionar sus negocios con mano de obra prácticamente esclava —huérfanos y monjas—, presionando a la baja los salarios de toda la clase trabajadora. En 1909, esa tensión estalló en la Semana Trágica, que convirtió Barcelona en una ciudad bajo las bombas y las barricadas: la Rosa de Foc. El detonante fue el embarque forzoso de tropas hacia Marruecos: los hijos de los ricos podían pagar para librarse, los de los obreros no. Ardieron 21 iglesias y 41 conventos. La Sagrada Família no ardió entonces, pero sí lo hizo en julio de 1936, cuando los milicianos anarquistas incendiaron la cripta y destruyeron las maquetas y los planos originales.
Todavía hoy, casi un siglo después, algo queda de ese arraigo popular contrario al templo –que une a quienes recuerdan esa historia y a quienes no–, una opinión común entre muchos barceloneses: pues a mí me parece muy fea.
Con todo eso de fondo, el Papa se dio su baño de multitudes en Barcelona, como había hecho días antes en Madrid. Su visita generó muchos debates, pero pocos sobre la figura del Papa en sí y menos sobre su incapacidad de denunciar abiertamente los abusos en la Iglesia. Se habló de identidades nacionales enfrentadas, de memorias históricas todavía activas, de agravios políticos acumulados y de la necesidad permanente de encontrar símbolos sobre los que proyectarlos. Nada de la Rosa de Foc: la pólvora lleva mojada mucho tiempo.
Y, por cierto, el Papa al final habló bastante en catalán. Tema zanjado. Ahora, por favor, a otras cosas.
El pasado 27 de mayo, Alexis Tsipras presentó en Atenas su nuevo partido, la Alianza de la Izquierda Griega (ELAS), con el que se propone desafiar al conservador Kyriakos Mitsotakis de cara a las elecciones de 2027. Tsipras vuelve. Y con su vuelta regresa, inevitablemente, el fantasma que lo define: la Troika, el consorcio de poder tecnocrático –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional– que en el verano de 2015 le dobló el brazo ante las cámaras de todo el mundo y convirtió un referéndum democrático en papel mojado. Entender el retorno de Tsipras exige volver, una vez más, a aquel julio. Lo que ocurrió entonces fue el golpe final del neoliberalismo en Europa en el corazón mismo del continente que vio nacer la democracia más de dos milenios atrás.
El laboratorio griego
Para comprender la brutalidad del ajuste que se le impuso a Grecia hay que recordar el punto de partida. Desde 2010, el país se había convertido en el conejillo de indias del neoliberalismo europeo. Los rescates financieros –en realidad, rescates a los bancos acreedores alemanes y franceses disfrazados de ayuda a Atenas– llegaron cargados de condiciones: recortes masivos en el gasto público, subidas de impuestos, desmantelamiento de derechos laborales y privatizaciones en cadena.
El Estado griego puso en subasta aeropuertos, puertos, ferrocarriles, hoteles, playas, sedes olímpicas e incluso centros arqueológicos. Un inventario de lo colectivo entregado al capital privado. El desempleo llegó a rozar el 27% de la población activa y superó el 50% entre los jóvenes. Mientras Bruselas celebraba el cumplimiento de los objetivos fiscales, la realidad social era otra. Un estudio publicado en The Lancet detectó un aumento del 47% en las personas que no podían acceder a la atención médica que necesitaban, mientras alrededor de 800.000 griegos quedaron sin cobertura sanitaria vinculada al empleo.
La deuda, lejos de reducirse con los recortes, escaló por encima del 180% del PIB: la austeridad no saneaba las cuentas, las destruía.
En enero de 2015, hastiada de años de sufrimiento, la sociedad griega eligió a Syriza. Un partido político que se convirtió rápidamente en algo más que la esperanza de la población griega. Se convirtió en un símbolo de la izquierda internacional. El partido de Tsipras llevó la coalición del 4% al 36%, sobre la promesa de poner fin a los memorandos y recuperar la soberanía del país y durante unos meses, el gobierno de izquierdas desafió abiertamente a la Troika: frenó privatizaciones, recontratró empleados públicos, intentó restaurar pensiones. Y luego convocó un referéndum para preguntarle al pueblo si debían aceptar las condiciones draconianas de la Troika. El 5 de julio de 2015, el 61,5% de los griegos votó oxi, «no» a las nuevas condiciones de ajuste impuestas por los acreedores. Fue un grito de dignidad que estremeció Europa. Duró una semana.
El golpe de Schäuble
El 13 de julio de 2015, Tsipras firmó un tercer memorando que contenía condiciones aún más duras que las rechazadas en las urnas. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, había sido el arquitecto principal de la presión. Su estrategia fue brutal: amenazar con el corte de liquidez al sistema bancario griego, imponer el corralito financiero y agitar el fantasma del Grexit, la expulsión de Grecia del euro. La capitulación de Tsipras incluyó un fondo de privatizaciones de 50.000 millones de euros, nuevas reformas de pensiones, aumentos del IVA hasta en alimentos básicos y el compromiso de generar superávits fiscales primarios durante años. El propio ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, prefirió dimitir antes que firmar.
Lo que Schäuble hizo aquel verano poco tenía que ver con la economía. Fue un ejercicio de demostración de fuerza con mensaje incorporado: ningún gobierno elegido democráticamente, por más que acumule mandato popular, puede escapar de la disciplina de los mercados y de los grandes acreedores si estos deciden apretar. El referéndum no valía nada. La voluntad popular era papel mojado frente a la arquitectura financiera de la eurozona. Syriza, que había llegado al gobierno como símbolo de una izquierda radical capaz de gobernar, terminó aplicando políticas que los propios partidos de la casta griega –el socialdemócrata PASOK y el conservador Nueva Democracia– habían considerado inaplicables. Subió impuestos a los más pobres, bajó pensiones un 9% de media y ejecutó el mayor programa de privatizaciones de la historia reciente del país.
El mensaje político era tan nítido como perverso: podéis votar lo que queráis, pero gobernaréis como nosotros digamos. La democracia, dentro del euro, tiene límites. Y esos límites los marcan Fráncfort, Berlín y el FMI.
La ironía de los nuevos derrochadores
Aquí entra la segunda parte de esta historia, que tiene la estructura de una farsa si no fuera porque las consecuencias para millones de personas han sido perfectamente reales. Los mismos países que lideraron el estrangulamiento de Grecia en nombre de la ortodoxia fiscal llevan años redescubriendo las virtudes del gasto público.
Francia lleva desde 2023 sometida a un procedimiento de déficit excesivo por la Unión Europea, con un déficit que superó el 6% del PIB. No es que París haya aplicado medidas de estímulo keynesianas por convicción: es que simplemente no puede cuadrar sus cuentas bajo las reglas que contribuyó a imponer al sur de Europa. Alemania, por su parte, ha protagonizado la reconversión más espectacular. El país del Schwarze Null –el dogma del presupuesto cero que Schäuble convirtió en obsesión ideológica– modificó en marzo de 2025 su propia regla constitucional del freno de la deuda, vigente desde 2009, para financiar un plan de inversión de 500.000 millones de euros en infraestructuras y comprometerse a elevar el gasto en defensa hasta el 3,5% del PIB. Berlín, que se negó a cualquier quita de la deuda griega y exigió austeridad con mano de hierro, se dispone ahora a impulsar un déficit próximo al 4% del PIB. La deuda pública alemana podría alcanzar el 74% del PIB en 2030.
No se trata solo de hipocresía. Se trata de confirmar lo que los economistas heterodoxos y los gobiernos del sur europeo llevaban años denunciando: que las reglas de austeridad no eran principios universales de buena gestión económica, sino instrumentos de disciplina selectiva. Funcionaban cuando se aplicaban a los débiles. Cuando los fuertes las necesitaban, se reformaban o se ignoraban. Grecia fue el laboratorio donde se experimentó con ellas en su versión más cruel.
Los griegos pagaron la deuda con recesión, pobreza y emigración masiva. Ahora, quienes diseñaron ese laboratorio se permiten el lujo de abandonar sus propias recetas sin que nadie les pida cuentas.
Tsipras contra su propia criatura
Y, sin embargo, aquí está Tsipras. De vuelta. Con un nuevo partido, un nuevo nombre y el mismo carisma envejecido frente a las ruinas de su propio legado. Los números de las encuestas son por ahora alentadores. ELAS, un partido que literalmente acaba de nacer, aparece ya como segunda fuerza política con el 12,8% de intención de voto, por delante del PASOK (la familia socialdemócrata) y muy por encima de su antiguo partido.
Porque la otra gran historia de este regreso es la que ocurre por la izquierda: Syriza, el partido que Tsipras construyó desde el 4% hasta el gobierno, el partido que fue símbolo de una izquierda europea capaz de desafiar a la Troika, aparece hoy pulverizado en las encuestas y no conseguiría estar representado en el Parlamento. El partido que lo hizo y lo deshizo, y del que se marchó en 2023 tras dos derrotas consecutivas, ha acabado convertido en un residuo electoral irrelevante. Tsipras no vuelve a liderar la izquierda griega: vuelve a competir contra ella, a devorar los restos de un partido que no pudo recuperarse después de lo ocurrido.
Pero hay algo más que merece atención en el discurso. El Tsipras de 2015 llegó al gobierno con un programa de ruptura explícita con la austeridad: renegociar la deuda, revertir los memorandos, devolver al Estado su función redistributiva. El ELAS de 2026 mantiene referencias a los salarios dignos, a la vivienda y la sanidad como derechos y no como privilegios –el lenguaje de la izquierda sigue presente–, pero el eje central del proyecto ha desplazado su centro de gravedad. Es comprensible. El contexto ya no es el mismo.
Donde antes había una narrativa de confrontación con los poderes financieros europeos, ahora hay sobre todo una denuncia de la corrupción interna: que el Estado griego ha caído en manos de una élite que lo usa como botín, que la justicia se ha degradado y la democracia se ha vaciado. Son acusaciones legítimas, pues el gobierno de Mitsotakis acumula escándalos varios, tanto por –supuestamente– espiar a políticos y periodistas como por una presunta trama de corrupción con fondos europeos.
En ese sentido, el adversario ya no es la Troika ni la arquitectura financiera de la eurozona: es la corrupción doméstica de la derecha griega. Y el propio Tsipras lo ha explicitado: quiere una «izquierda que gobierne», centrada en «soluciones prácticas». El oxi del referéndum de 2015 fue un acto de soberanía popular que duró exactamente siete días. Once años más tarde, el hombre que fue derrotado vuelve a intentarlo una vez más. Las elecciones, justo dentro de un año, en junio 2027.
Hay libros que incomodan porque dicen en voz alta lo que todos intuyen, pero nadie quiere admitir. Homo criminalis: cómo el crimen organiza el mundo (publicado por Capitán Swing, con traducción de Noelia González Barrancos) del historiador y analista de seguridad Mark Galeotti, es uno de ellos. Su tesis es tan simple como perturbadora: el crimen organizado no es un parásito que se alimenta de la sociedad desde los márgenes, sino uno de sus motores fundacionales. Desde las repúblicas mercantiles del Renacimiento italiano hasta los cárteles que financian iglesias en América Latina, pasando por los piratas que trazaron las rutas del comercio atlántico, Galeotti argumenta que cada vez que la sociedad humana da un salto de complejidad, el crimen organizado da otro a su lado.
Galeotti es doctor en Filosofía por la Universidad de Oxford, ha asesorado a gobiernos y organismos internacionales sobre crimen transnacional y amenazas híbridas, y lleva décadas estudiando el crimen organizado ruso, campo en el que es una referencia mundial. Su trayectoria arrancó, como explica, de forma casi accidental mientras realizaba su doctorado sobre veteranos soviéticos de la guerra de Afganistán. Fue entonces cuando algunos de sus entrevistados le explicaron cómo acabaron entrando en las redes mafiosas que proliferaron en el caos postsoviético. Aquella pista accidental se convirtió en vocación.
Galeotti habla de la imposibilidad de separar historia legítima e historia criminal, de la guerra contra las drogas como fracaso programado, del blanqueo de capitales como columna vertebral de la economía global, del arte como moneda del hampa y de por qué el trumpismo, las Guerras del Opio británicas y los yakuza japoneses responden a una misma lógica: la del poder que ya no necesita disimular.
El título del libro, Homo criminalis, sugiere una suerte ontología del crimen: que transgredir es algo intrínseco a la naturaleza humana o al menos a cualquier forma de organización social. ¿Concibes el crimen organizado como un subproducto inevitable de cualquier estructura social, o más bien como uno de sus motores activos?
En sentido técnico estricto, el crimen es aquello que la ley define como tal. Por eso resulta revelador que en tantas lenguas exista una distinción: el crimen, que delimita el Estado, y el mal, que delimita la sociedad. Uno de los argumentos centrales del libro es precisamente que siempre habrá una brecha entre lo que el Estado criminaliza y lo que la sociedad considera reprochable. Y el crimen organizado florece en esa brecha. En una democracia que funciona bien, esa brecha debería ser estrecha. Pero en muchas sociedades es enorme.
¿Y cuándo emerge históricamente el crimen organizado como tal?
Los grandes momentos de emergencia del crimen organizado coinciden con los grandes momentos de organización social. Tras la caída del Imperio Romano no hubo crimen organizado propiamente dicho, solo bandidaje, porque tampoco había sociedad organizada más allá del nivel local. El crimen organizado reaparece en el Renacimiento, en Italia y en los Países Bajos: las cunas de los nuevos modelos de sociedad, de banca, de comercio. Hoy la sociedad está más organizada que nunca y es, por tanto, un momento extraordinario para ser un criminal organizado. La globalización les ofrece las mismas ventajas que a cualquier empresa transnacional.
¿Por qué la historiografía tradicional ha tendido a tratar el crimen como una anomalía, una patología social, en lugar de como uno de los pilares estructurantes de las sociedades humanas?
En parte por una razón muy humana: es cómodo pensar que el crimen ocurre en otro lugar, en países desordenados donde se fabrican las drogas, o entre tipos de aspecto amenazante en bares a los que nunca iríamos. Siempre se externaliza. Pero hay una razón más estructural: la erudición clásica se construye sobre los documentos y registros del Estado. Y el crimen deja pocos registros. Además, hasta hace relativamente poco, la producción académica estaba en gran medida al servicio de los intereses estatales. La idea del intelectual independiente tiene como mucho 200 años. Todo ello ha conspirado para que ignoremos hasta qué punto el crimen organizado no solo es una herramienta útil para entender cómo funcionan las sociedades, sino una fuerza mucho más poderosa de lo que hemos querido reconocer.
Se suele decir que la historia la escriben los vencedores, y tu escribes de la transición del bandido al fundador de naciones como un hecho casi estructural. ¿Puedes darnos algún ejemplo histórico en el que esa transición haya sido tan fluida que hoy celebremos a esos fundadores como héroes legítimos?
Todos los Estados fueron fundados por señores de la guerra. Los más eficaces no fueron solo los que tenían más espadas, sino los que entendieron la importancia de construir legitimidad. La espada más poderosa es la que está en el alma de los súbditos: convencerles de que tienes derecho a gobernar porque Dios lo quiso, o porque sacaste la espada de una piedra. Toda la historia británica está moldeada por la conquista normanda, es decir, por la invasión de una potencia extranjera sin ningún fundamento real. Pero si te quedas el tiempo suficiente, te conviertes en el monarca legítimo. Es exactamente el mismo principio que aplica el mafioso inteligente cuando convence a su comunidad de que está de su lado.
La piratería está muy romantizada en la cultura popular, pero ¿cuál fue su papel real en la formación del capitalismo mercantil? Y en relación a eso: Trump recientemente llegó a referirse a la piratería como «un buen negocio» cuando justificó la incautación de petróleo venezolano. ¿Estamos volviendo a un paradigma en el que la legitimidad ya no se construye discursivamente, sino que se impone por la mera demostración de fuerza?
Los piratas no crearon las estructuras del capitalismo mercantil moderno: fueron un producto de ellas, y también un factor dentro de ellas. Sin esas enormes rutas comerciales, sin las flotas de oro provenientes de América Latina, no habría habido incentivo para el surgimiento de esa subcultura económica pirata. Pero a su vez, la piratería generó rutas alternativas, ciudades enteras que vivían de la venta del botín. Se convirtió en instrumento de guerra entre Estados a través del corso, y en un mecanismo por el cual élites más amplias podían participar en las ganancias del colonialismo. Es, una vez más, la señal de que el crimen es parte del mundo capitalista: se invierte en él, se toman decisiones empresariales, se gana o se pierde.
En cuanto a la cuestión de la legitimidad, creo que hay una legitimación tecnocrática creciente que dice «no he seguido las reglas, pero hago que los trenes lleguen a tiempo». Hay una palabra rusa magnífica, vranyo, que significa una mentira que el otro sabe que es mentira, pero no puede hacer nada al respecto. Antes, Estados Unidos al menos tenía la cortesía de fingir que construía alguna justificación. Lo que vemos con Trump es que ni siquiera hay pretensión de eso. Y no lo veo como un fenómeno Trump sino como un síntoma del declive americano. Igual que las Guerras del Opio marcaron el declive del Imperio Británico, cuando un poder tiene que esforzarse más en aparentar que es fuerte, es porque ya no lo es tanto.
Te pregunto también sobre el mundo de las drogas: ¿qué balance haces de la guerra contra las drogas iniciada en el siglo XX? ¿Y apoyarías la despenalización total como estrategia para desarticular el mercado negro?
No apoyaría la legalización de todas las drogas, porque cuando algo tiene capacidad adictiva química distorsiona la libre voluntad del consumidor. Hay sustancias con efectos genuinamente devastadores. Dicho esto, con el cannabis, por ejemplo, hay que preguntarse si es socialmente o sanitariamente peor que el tabaco. Y una de las razones por las que hoy circulan versiones extraordinariamente potentes de cannabis es precisamente porque ha sido criminalizado: perdemos la capacidad de regularlo y creamos incentivos para que los criminales ofrezcan versiones cada vez más adictivas.
La cuestión de fondo es, de nuevo, la brecha entre Estado y sociedad. Cuando hay una parte importante de la sociedad que no cree que ciertas drogas blandas sean perjudiciales, el traficante se convierte en aliado y el Estado en enemigo. Eso deslegitima al Estado y a las fuerzas del orden. La guerra contra las drogas ha sido además catastrófica porque ha generado expectativas irreales: las guerras se ganan. Esto no es una guerra, es un problema de salud pública. Y se ha centrado obsesivamente en la oferta –quemar cultivos, interceptar correos– sin abordar en serio la demanda, que es más difícil y más incómoda políticamente.
El fentanilo es una epidemia en Estados Unidos, pero no lo es España. ¿No dice eso algo sobre factores sociales más profundos que la mera disponibilidad de la sustancia?
Absolutamente. El fentanilo es en gran medida un producto de un sistema sanitario completamente mercantilizado. La epidemia de opioides empieza en las salas de espera de los médicos, no en las esquinas. La industria farmacéutica prescribió opioides de forma masiva y creó una dependencia que luego encontró su cauce en el mercado negro. Es el ejemplo perfecto de cómo la distinción entre fármaco y droga es, en el fondo, una distinción artificial y política.
Y hablando de política y artificios… ¿Crees que sería posible sostener la economía globalizada actual si pudiéramos purgar todo el dinero de origen criminal?
No. La economía global colapsaría. El dinero sucio ha penetrado en cada rincón del sistema. Y ahora que el dinero es esencialmente una fantasía consensuada que se mueve de un ordenador a otro, rastrear su origen se ha vuelto prácticamente imposible. El mecanismo es conocido: el dinero entra en el sistema bancario a través de jurisdicciones muy opacas, y desde ahí se va desplazando, lentamente, hacia lugares cada vez menos dudosos, hasta llegar a Londres, Nueva York o Fráncfort. Todo el mundo sabe que eso ocurre. El problema es que cuando es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de nadie.
Londres es señalada como uno de los principales centros de blanqueo del mundo. Con tu experiencia, ¿puedes explicar un poco su funcionamiento interno?
Antes de hacer el doctorado trabajé un año en la City de Londres. Lo odié, pero fue la mejor decisión que pude tomar, porque cuando volví a la academia supe con certeza que era lo que quería. Lo que escuché durante ese año fue muy revelador: todos eran conscientes de la necesidad de cumplir con la normativa de «compliance», pero la pregunta nunca era «cómo hacemos las cosas bien», sino «cómo nos aseguramos de que no nos pillen haciéndolas mal». Una amiga que trabajó siete años en ese sector me lo dijo con toda claridad antes de dejarlo: su trabajo consistía en asegurarse de que nadie fuera cazado. El sistema no está diseñado para ser ético, está diseñado para parecer que lo es.
En The Wire, el punto culminante de la carrera criminal no es el dinero ni el poder en la calle, sino el acceso al mundo de los abogados, los políticos y los hombres de negocios. ¿Es esa imagen –la del crimen que aspira a fundirse con lo legítimo– una representación fiel de cómo funciona realmente el ascenso en el crimen organizado?
La mayoría de los criminales no llegarán nunca a eso ni de lejos. La mayoría fracasa, acabará muerta, en prisión, o simplemente abandonará el mundo criminal porque no les sale a cuenta. Pero sí, el sueño es exactamente ese: el momento en que has dado el salto. Y mejor aun cuando has institucionalizado el proceso. Piensa en lo que ocurrió en Japón, donde los yakuza fueron durante mucho tiempo legales. Tenías el poder y el dinero que te da el crimen, y la seguridad y la respetabilidad de estar en el lado legítimo de las cosas. Eso es el ideal. En los países occidentales modernos es más difícil de conseguir, pero sigue siendo el horizonte.
En cambio, lo que obtenemos es, a menudo, una división del trabajo: el criminal, por un lado, y la figura legítima –el político, el empresario– que mantiene una alianza discreta con él. Puede que no consigas unir las dos identidades en una sola persona, pero consigues una asociación muy cómoda.
Acabo preguntándote sobre el mundo de los llamados robos de «guante blanco». El tráfico de arte y antigüedades suele presentarse como un crimen «elegante», casi menor. Pero el mercado del arte tiene una característica singular: la opacidad en la formación de precios lo convierte en un vehículo óptimo para el blanqueo. ¿Qué función cumple realmente el arte dentro de las economías criminales?
Es realmente deprimente hasta qué punto los tesoros culturales se han convertido en meros instrumentos de transacción financiera. En el cine y la televisión tendemos a imaginar al coleccionista que roba una obra para tenerla en su bóveda y contemplarla en privado. No digo que eso no ocurra nunca, pero es la excepción. En la mayoría de los casos, el arte simplemente se ha convertido en una unidad de capital muy concentrada.
Las obras se usan como garantía de deudas en el mundo criminal, como mecanismo de blanqueo y como reserva de valor que reposa en un depósito franco con control de climatización, sin que nadie las vea. Pero el dueño sabe que está ahí, y si necesita un millón de dólares extra, la tiene. Se usan también como medio de intercambio internacional entre criminales: una pequeña escultura que, aunque la vea un agente de aduanas, es improbable que identifique como una pieza babilónica original. Sirve para saldar la última remesa de drogas o armas. En el libro menciono el caso de un cuadro que había sido literalmente empotrado en una pared como fondo de reserva: no está expuesto, ni siquiera es visible. Podría ser perfectamente un lingote de oro o una bolsa de diamantes de sangre. El arte se ha convertido en eso: en dinero con buena prensa.
En la segunda parte de El padrino, la obra maestra de Francis Ford Coppola, hay una traición entre todas las traiciones que duele más que ninguna otra. Fredo, hermano de Michael Corleone, había participado en el intento fallido de asesinato contra el menor de los Corleone, el capo de la familia. Y lo había hecho por lo mismo de siempre: la ambición de acumular más dinero, más poder. Cuando Michael lo descubre, durante la noche de fin de año, se acerca a su hermano, le coge por el cuello, y le susurra al oído: «Me rompiste el corazón».
En solo dos días desde que se ha conocido la investigación por parte de la Audiencia Nacional al expresidente Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, se ha desplegado todo un psicodrama cuyos efectos han reverberado con intensidad entre las filas progres de la sociedad española. Y vaya la presunción de inocencia por delante. Zapatero es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No es la intención de estas líneas juzgar la solidez de una causa judicial que puede ir para largo, sino observar los efectos emocionales que provocan determinadas traiciones. Porque en Ábalos, a fin de cuentas, nadie había proyectado una imagen de integridad y honestidad de la que sentirse orgulloso. Tampoco en Santos Cerdán.
El martes, cuando la investigación del juez Calama salió a la luz, toda la izquierda – también la izquierda a la izquierda del PSOE– salía en bloque en defensa del expresidente que negociaba con Maduro y con los independentistas. El lawfare ha existido y existe, y si había una pieza de caza mayor, esa era la del expresidente del Gobierno. El miércoles, al desvelarse parte del auto, se echaba el freno de mano. Una lectura en diagonal de las diligencias previas hacía temer lo peor: ¿Y si…?
Gabriel Rufián, en el Congreso, lo sintetizaba desde su escaño con su habitual oratoria: «Si esto es cierto, es una mierda. Si esto es falso, es más mierda todavía». Como queriendo decir: ¿Tú también, ZP…?
Pero hay otra pregunta interesante: ¿cuándo se convirtió Zapatero en un referente de la izquierda más allá del PSOE? La nostalgia es un mecanismo de supervivencia importante; nos permite estar en paz con nuestro pasado, pero a cambio de distorsionarlo para que encaje mejor con aquello que nos gustaría que hubiera sido. Se olvida, por ejemplo, que Zapatero fue el presidente de España que pactó con el Partido Popular la reforma del artículo 135 de la Constitución para imponer un techo a la deuda, rindiéndose a las políticas austericidas de la UE más neoliberal hasta la fecha.
Se podría argumentar que no había posibilidad de hacer otra cosa, que la UE era Ley, y que la Ley de la UE se transpone automáticamente en el cuerpo legal nacional. Pero se nos olvida que lo hizo en pleno agosto y por sorpresa para ahorrarse el bochorno y el debate público, y que entró en vigor a principios de septiembre de 2011, cuando las plazas del país hervían de indignación. No, Zapatero no era un referente de la izquierda. Eso no significa que se le deba echar a las hienas, ahora que empiezan a oler la sangre.
Que hoy que sea un referente de la izquierda –a la vista de la decepción generalizada del mundo progre– es también sintomático de la falta de referentes en el mundo de la política española. Muy pocos nombres han conseguido sobrevivir al paso del tiempo. Igual Julio Anguita es el único de los «grandes» que mantiene su legado intacto. Ahora, el orgullo socialista puede volver a tambalearse. Porque de Felipe González, por suerte, ya nadie se acuerda. Suerte de la nostalgia.
La Llotja de Mar, símbolo del comercio marítimo barcelonés desde el siglo XIV, albergó durante dos días una conversación sobre los flujos invisibles que mueven el mundo contemporáneo: datos, algoritmos, plataformas, derechos. El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales –organizado en el marco de la Mobile World Capital Barcelona y financiado con fondos europeos de NextGenerationEU– acogió mesas redondas, charlas magistrales y sesiones de participación ciudadana sobre un mismo eje temático abordado desde ángulos muy distintos: el impacto de la inteligencia artificial y las plataformas digitales sobre los derechos fundamentales, la democracia y el trabajo.
Y, sin embargo, uno de los mensajes más repetidos a lo largo de las dos jornadas fue precisamente ese: que el debate llega tarde. Que mientras académicos, juristas y representantes sindicales discuten marcos regulatorios y garantías democráticas, las tecnologías que pretenden regular llevan años operando a escala masiva, moldeando conductas, eliminando empleos y concentrando un poder sin precedentes en manos de unas pocas corporaciones privadas. El congreso no podía resolver esa contradicción, pero al menos la nombraba sin eufemismos.
Buena parte de los asistentes que debatían sobre el empoderamiento de los trabajadores y la necesidad de escuchar voces colectivas lo hacían ataviados con traje. Una contradicción menor, quizás, pero elocuente: la urgencia por democratizar el debate digital convive, todavía, con los códigos y los circuitos de siempre.
El vehículo sin carriles
Geertrui Mieke De Ketelaere, ingeniera e investigadora de inteligencia artificial desde los años noventa y autora de The Chatbot Trap, fue una de las voces más contundentes de la primera jornada. Lleva décadas estudiando cómo las sociedades adoptan tecnología y ha aprendido a reconocer ciertos patrones que se van repitiendo, pero el que ve ahora con el desarrollo de la llamada “Inteligencia Artificial” le inquieta: “Cuando hay un accidente de coche, los daños están a la vista, pero con la IA los daños se esconden”. Su diagnóstico fue claro: el modelo habitual –primero optimizar, luego pensar en el impacto– se está repitiendo con la inteligencia artificial, pero a una velocidad y con una opacidad sin precedentes. “Tenemos que apresurarnos en ponerle carriles al vehículo”, resumió. El coche ya está en marcha, pero la carretera todavía no existe.
De Ketelaere fue más allá de la necesidad de regulación para hablar de algo más estructural, lo que ella llamó “la economía del apego”, es decir, la forma en la que las grandes plataformas explotan mecanismos dopamínicos para generar dependencia emocional, presentándola como mejora de las relaciones sociales cuando los efectos reales apuntan en dirección contraria. La adicción como business model.
Este tipo de análisis, que hace apenas una década habría sonado alarmista en un foro institucional, fue recibido en la Llotja de Mar sin apenas cuestionamiento. Algo ha cambiado en el consenso experto. La pregunta es más qué herramientas disponemos para actuar.
«Estamos entrenando a la máquina para que nos sustituya»
Si la sesión sobre sostenibilidad digital habló del problema en términos sistémicos, la mesa dedicada al impacto de las tecnologías emergentes en el trabajo sirvió para bajarlo a ras de suelo. María Luz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, arrancó desmontando una coartada habitual: “No estamos hablando del futuro del trabajo. Estamos hablando del presente”. Puso el ejemplo de los centros de atención telefónica, donde la voz de los trabajadores se graba sistemáticamente para entrenar a los bots que acabarán sustituyéndoles. “Estamos trabajando para que nos acaben desalojando”, resumió. Y aquí paz y después gloria.
Rodríguez reclamó que el debate sobre la propiedad de los datos laborales se sitúe en el centro de la agenda política y sindical. Los datos que generan los trabajadores en su actividad cotidiana tienen un valor económico enorme. Ese valor se captura, se monetiza y raramente revierte sobre quien lo produce. “No podremos transformar la sociedad sin la voz de las personas implicadas”, insistió. La transformación digital, advertía, requiere un diseño plural que vaya más allá de la perspectiva empresarial.
La mesa completó ese diagnóstico con otras voces. José Varela, responsable de IA y digitalización de UGT Confederal, distinguió entre empleo y empleabilidad: perder un trabajo es un drama individual, pero cuando una tecnología elimina categorías enteras de ocupación, lo que se destruye es la posibilidad misma de encontrar empleo en ese sector. “Eso está ocurriendo”, advirtió. Eva Rimbau-Gilabert, profesora de la UOC, añadió que el control tecnológico excesivo sobre los trabajadores siempre genera desafección y rompe el contrato psicológico. “La IA se está usando para sustituir, cuando debería ser utilizada para complementar”, concluyó. Las empresas, dijo, se están buscando un problema a medio plazo.
Democracia, juventud y el espejo iberoamericano
La primera jornada cerró con una mesa que amplió el foco geográfico y generacional. Alexandre Pupo, secretario general del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, aportó un dato que debería figurar en cualquier informe sobre el estado de las democracias: si en 2010 una mayoría de jóvenes iberoamericanos declaraba apoyar la democracia, en 2020 ese apoyo había caído al 45%. En el mismo período, las tasas de trastorno emocional y depresión se duplicaron.
Ciertamente, correlación no implica necesariamente causalidad. Pero en este caso, y a falta de que baje un estadista y lo certifique, todo apunta a que ambos conceptos se dan de la mano.
Pupo rechazó la narrativa de los que los jóvenes de hoy son “nativos digitales”, identificándola como una trampa conceptual. “Nos toca vivir en esta realidad, pero no nacemos preparados para ella”, dijo. Y apuntó a un dato que da que pensar. “En 2010 ocurre algo…Facebook crea el botón de me gusta”. Correlación no implica causalidad. Pero haríamos bien en recordar estos datos y atar algunos cabos.
Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM, señaló la asimetría regulatoria que subyace a todos estos debates: se regula con más intensidad a los usuarios que a los dueños de las plataformas. En América Latina, ese desequilibrio tiene consecuencias políticas directas que los marcos europeos tienden a subestimar. La cuestión de fondo es quién tiene el poder de definir qué se ve, qué se amplifica y qué se silencia en el espacio público.
Lo que queda pendiente
El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales no pretendía resolver los problemas que ponía sobre la mesa, y no los resolvió. Pero consiguió algo más difícil en el clima actual: reunir en un mismo espacio a personas que habitualmente hablan en registros y foros distintos –el académico, el sindical, el jurídico, el activista, el institucional– y forzarlas a escucharse. En un momento en que la velocidad del cambio tecnológico tiende a dejar obsoletos los marcos de análisis antes de que sean adoptados, esa lentitud deliberativa tiene un valor que no debe subestimarse.
Lo que el congreso dejó en evidencia es que el tiempo del diagnóstico se agota. Durante años, investigadores y activistas han documentado los riesgos de la concentración tecnológica, la explotación de datos, la manipulación algorítmica y la destrucción de empleo. Esa documentación existe. Los marcos regulatorios europeos –el AI Act, el Digital Services Act– existen también, aunque sean insuficientes. Lo que falta es, de algún modo, lo de siempre: voluntad política para actuar a la altura de un problema que ya nos está superando, y hacerlo en clave democrática en contra los intereses del poder tecnofeudal creciente.
En marzo de 2026, Anthropic –la empresa que fabrica el modelo de inteligencia artificial Claude– publicó un informe sobre el impacto de la IA en el mercado laboral. Sus autores, Maxim Massenkoff y Peter McCrory, introducen un nuevo indicador para medir el riesgo de desplazamiento laboral por IA al que llaman observed exposure, una métrica que cruza la capacidad teórica de los modelos de lenguaje con su uso real y automatizado en entornos profesionales.
Los números son reveladores en su frialdad, aunque a estas alturas ya no sorprenderán demasiado: los programadores informáticos encabezan la lista de ocupaciones más expuestas, con un 74,5% de cobertura automatizable. Les siguen los representantes de atención al cliente (70,1%), los técnicos de entrada de datos (67,1%), los especialistas en registros médicos (66,7%) y los analistas de mercado (64,8%). La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos proyecta, además, que las ocupaciones con mayor exposición observada crecerán menos de aquí a 2034: por cada 10 puntos porcentuales de incremento en la cobertura IA, la proyección de crecimiento del empleo cae 0,6 puntos. Es una pendiente modesta en los decimales, pero inequívoca en la dirección.
El informe también detecta algo que todavía no aparece en las estadísticas de desempleo pero que lo precede: la contratación de jóvenes entre 22 y 25 años en los sectores más expuestos ha caído un 14% en el período post-ChatGPT. Los trabajadores de mayor edad permanecen en sus puestos; los jóvenes, sencillamente, ya no entran. La máquina no expulsa todavía de forma masiva; por ahora, cierra el acceso a quienes aún no han llegado.
Conviene señalar, antes de seguir, algo que ningún modelo econométrico puede capturar: el informe lo publica la misma empresa que construye la herramienta que desplaza los empleos. El capital tecnológico se ha arrogado también la función de diagnóstico, y eso delimita de antemano qué puede ser visto, pensado y, sobre todo, propuesto como solución. El informe mide la exposición al riesgo, pero la pregunta que no formula –a quién va a parar la productividad ganada– la responden los mercados cada trimestre con resultados récord.
La promesa incumplida de la abundancia
En 1930, en plena resaca del crack de Wall Street, John Maynard Keynes publicó un ensayo llamado Economic Possibilities for our Grandchildren en el que imaginó que hacia el año 2030 el progreso tecnológico habría resuelto el problema económico de la humanidad. Su predicción era que por aquel entonces (dentro de cuatro años), la humanidad disfrutaría de una jornada laboral de 15horas semanales, y el resto del tiempo podría ser dedicado al ocio, a la cultura, a lo que a cada cual le diera la gana. Keynes no era un revolucionario ni un utopista de izquierdas; era el economista más influyente de su siglo, y su argumento era puramente aritmético. Si la productividad crece lo suficiente, llega un momento en que las máquinas hacen el trabajo y los seres humanos pueden hacer otra cosa.
Paul Lafargue había llegado a una conclusión similar cincuenta años antes, en El derecho a la pereza (1880), aunque con una carga política que Keynes no compartía: si las máquinas producen más, los seres humanos deberían trabajar menos, y el hecho de que eso no ocurra dice algo sobre quién controla las máquinas, no sobre las máquinas en sí.
Marx lo había formulado en términos más radicales todavía, en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, al describir el trabajo como la forma fundamental de alienación del ser humano bajo el capitalismo. En ese texto, el trabajo se convierte en algo externo al trabajador, en una actividad que no le pertenece y que le arrebata la energía vital para convertirla en mercancía. La tecnología, en este esquema, debería representar la posibilidad histórica de revertir esa alienación: si las máquinas hacen el trabajo, los seres humanos podrían recuperar el tiempo para desarrollarse como tales.
Tres pensadores, tres tradiciones intelectuales distintas, la misma conclusión de fondo…pero lo que estamos viviendo en este momento es exactamente lo contrario de lo que los tres anticiparon. El aumento de productividad que trae la IA no está reduciendo la jornada laboral, ni garantizando una renta de subsistencia a quienes quedan desplazados, ni, por supuesto, financiando sistemas públicos más robustos. Está concentrando el excedente en manos de un número cada vez más reducido de propietarios de infraestructura digital, mientras los trabajadores desplazados navegan solos un mercado que ya no los necesita con la misma urgencia de antes.
La cuestión de fondo, sin embargo, no es que la IA destruya empleos netos, sino que los beneficios extraordinarios separan cada vez a aquellos que necesitan “matarse” a trabajar (a veces se trata de un matarse literal) ante una minoría ultrarrica con un poder económico superior al PIB de varios Estados del mundo.
De alguna manera la ola neoliberal que comenzó en las postrimerías de la primera mitad del siglo XX, ha encontrado en la IA su argumento más poderoso: la inevitabilidad. Si los mercados son eficientes y la tecnología es neutral, cualquier perturbación laboral es simplemente el precio del progreso, y quien no se adapte habrá elegido, en el fondo, su propio destino.
Lo que sería posible si hubiera voluntad política
No existe ninguna razón técnica por la que el aumento de productividad derivado de la IA no pueda distribuirse. Las propuestas son muchas. La renta básica universal, por ejemplo, ofrece un mecanismo: si las máquinas generan riqueza, que esa riqueza financie la vida de quienes las máquinas han desplazado. Una demanda que, lejos de ser una excentricidad de la izquierda, tiene defensores en tradiciones políticas muy diversas, precisamente porque la lógica que la sustenta es difícil de rebatir sin apelar directamente a los intereses de quienes acumulan.
Porque lo que sigue ocurriendo –y lo que el debate técnico sobre la IA sistemáticamente oscurece con sus métricas de cobertura y sus proyecciones de crecimiento sectorial– es que el aumento de la productividad no está sirviendo para liberarnos del trabajo, sino para concentrar la riqueza de muchos en manos de muy pocos. Keynes lo habría reconocido con perplejidad. Lafargue, con rabia. Y Marx, con la amarga satisfacción de quien ya lo habría anticipado.
