Al menos 144 personas han muerto o permanecen desaparecidas tras tres naufragios ocurridos entre el 14 y el 18 de julio frente a las costas de Mauritania, según informó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Los sucesos se produjeron cerca de la localidad de Nouadhibou, uno de los principales puntos de salida de migrantes que intentan alcanzar las Islas Canarias a través de la ruta atlántica.
Durante las operaciones de rescate y desembarco, las autoridades mauritanas lograron recuperar 387 personas con vida, que fueron trasladadas a tierra firme. La agencia de la ONU no precisó las nacionalidades de las víctimas ni los detalles de cada naufragio, pero señaló que la ruta migratoria desde África Occidental hacia el archipiélago español sigue siendo una de las más mortíferas del mundo.
Una ruta letal hacia Canarias
La travesía desde la costa mauritana hasta Canarias, de unos 1.500 kilómetros, se realiza en embarcaciones precarias y con frecuencia sin suficiente combustible ni agua. España, como frontera sur de la Unión Europea, está directamente afectada por estas llegadas, que han aumentado en los últimos meses. El ACNUR ha reiterado la necesidad de reforzar los mecanismos de búsqueda y rescate y de crear vías legales y seguras para la migración.
Mauritania, con el apoyo de organizaciones internacionales, mantiene operaciones de patrulla en sus aguas, pero los recursos son limitados frente al elevado número de salidas. Las tragedias de la semana pasada elevan el balance de fallecidos en la ruta atlántica en lo que va de 2026 a más de 2.000 personas, según datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la ONU.
Un ciudadano marroquí ha muerto este lunes en Bolonia (Italia) durante un operativo policial en el que dos agentes lo inmovilizaron contra el suelo. El suceso, ocurrido en la vía pública, ha provocado conmoción en el país y recuerda por su crudeza el caso de George Floyd en Estados Unidos.
Según han informado fuentes policiales italianas, los dos agentes intervinieron por causas que aún se investigan y redujeron al hombre presionándole contra el pavimento. Poco después, el marroquí perdió el conocimiento y falleció en el lugar a pesar de los intentos de reanimación por parte de los servicios de emergencia.
Investigación judicial y autopsia
Las autoridades judiciales de Bolonia han abierto una investigación para esclarecer si hubo uso excesivo de la fuerza. La Fiscalía ha ordenado la autopsia del cuerpo, mientras que los dos policías han sido interrogados y, de momento, no han sido detenidos. Según ha trascendido de fuentes próximas al caso, la investigación busca determinar si la maniobra de inmovilización fue proporcionada a la situación que la originó.
El caso ha provocado una fuerte reacción en las comunidades migrante y antirracista. En redes sociales, muchos comparan la muerte con la de George Floyd en 2020, que desencadenó protestas globales contra el racismo sistémico. La prensa italiana ha informado de que se esperan concentraciones de repulsa en los próximos días.
Dimensión diplomática con Marruecos
El Gobierno italiano, presidido por Giorgia Meloni, se enfrenta a un nuevo frente en su tensa relación con Marruecos, país de origen del fallecido. Rabat aún no ha emitido una declaración oficial, pero la evolución del caso será seguida de cerca por la embajada marroquí en Roma. Italia es uno de los principales puntos de entrada a Europa para la inmigración procedente del norte de África, y sucesos como este suelen tensar las relaciones bilaterales.
Por el momento, la investigación sigue su curso y se esperan los resultados forenses para determinar las causas exactas de la muerte. El Gobierno italiano ha garantizado transparencia en el esclarecimiento de los hechos.
No hizo falta ni que comenzara, el Mundial de fútbol masculino nos mandó un primer recordatorio incluso antes de que se celebrase el primer partido: las fronteras son crueles, arbitrarias y no suelen atender a razones. Da igual que el árbitro somalí Omar Abdulkadir tuviera el pasaporte en la mano y el encargo de pitar en la Copa del Mundo. Tras 11 horas de interrogatorio, parece que pesó más lo de somalí –sospechoso por decreto de Trump– que lo de árbitro, y fue devuelto a su país.
La segunda lección vino poco después de la mano del presidente de la FIFA, y es la respuesta que da casi siempre el poder ante cualquier problema. La dio Infantino sobre la expulsión de Omar, pero vale también para el cambio climático, una hambruna, un genocidio a miles de kilómetros, o un desahucio en tu barrio: “Es una lástima, pero no controlamos todo, así que es mejor que se relajen”. Relax and chill, dijo el colega, si es que es para hacerse camisetas con la frase.
Pero para enseñarnos de verdad cómo funciona el mundo, tuvimos que esperar hasta la fase de eliminatorias. Las reglas están, pero se retuercen hasta el infinito, como toallas a las que se quiere sacar la última gota de agua. Los dobles raseros son sangrantes (muchas veces, en el peor sentido de la palabra). Los poderosos actúan sin miramientos, y ya ni el qué dirán parece salvarnos de los mayores despropósitos. Así que si el delantero estrella de Estados Unidos recibe una tarjeta roja y está sancionado por tanto para el partido siguiente, el presidente Trump hace una llamada a su amigo Infantino, y, oh qué coincidencia, justo después el serio e incorruptible comité arbitral de la FIFA hace desaparecer la sanción y el delantero Folarin Balogun juega sin problemas. Estas cosas se han hecho de toda la vida, pero de tapadillo. La diferencia es que Trump presume en sus redes de algo que, así a bote pronto, podría calificarse de tráfico de influencias.
Si cambiamos “delantero” por “presidente” o “jefe del ejército”, y “tarjeta roja” por acusación de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad, quizás podamos ver con mayor claridad cómo funcionan los engranajes de eso que llaman pomposamente realpolitik. Luego Bélgica le metió cuatro goles a Estados Unidos y asunto arreglado. Como no hay rastro de la Justicia en mayúsculas, tendremos que conformarnos con la poética.
Pero no nos engañemos, esto no es nada nuevo. Como tampoco lo son las injusticias, o el mirar hacia otro lado si quien comete la barbarie es uno de los nuestros. Y si no, que se lo pregunten a los palestinos, bombardeados en Gaza y acosados cada día por colonos en Cisjordania. Antes con el –presuntamente– sensato Biden, ahora con el alocado Trump, y en cualquier momento con quienes están al mando de la Unión Europea. Es lo mismo, solo que ahora con más des-facha-tez (dentro sintonía del club de la comedia).
El Mundial, el deporte, el fútbol, hacen que aflore lo que somos, lo que pensamos de verdad. En ese sentido, solo cabe celebrar que Rajoy siga soltando sus marianadas y ayude a visibilizar el racismo campechano. Ese que rebosa estos días en los sofás, las barras de bar y los grupos de Whatsapp, que tampoco quiere meter a nadie en un campo de concentración y que por eso más que racismo se podría llamar casi sentido común… Sí, se basa en discriminar por la piel, por el origen, por la religión, pero de forma amable, en formato chascarrillo, casi de broma. Y además no entiende de fronteras. Le cuesta entender igual por qué un señor nacido en Francia de abuelo argelino o senegalés sigue siendo francés; y que un español no sea blanco, católico y se apellide Pérez o González. Lo de toda la vida. Démosles cariño estos días porque cada victoria de la selección hasta la final ha sido un desafío mental para ellos, y ya no saben si cuando sale Lamine por la tele llamarle moro (con el puto delante si falla el tiro o el regate) o ponerse a hacerle la ola.
También hay cosas que no cambian, haya o no fútbol. Israel sigue matando en Gaza a personas tan peligrosas como Mohamed al Wahidi, que montó una pantalla gigante para ver el Mundial entre los escombros. Y hay gente como el entrenador de Egipto o Javier Bardem que siguen aprovechando cada oportunidad que tienen para denunciarlo. Parece que argentinos e ingleses siguen odiándose bastante, pero al menos el honor patrio hoy lo decide un marcador de dos goles a uno, no de cientos de jóvenes que pierden la vida en una isla perdida. La FIFA sigue teniendo presidentes impresentables que tienen una increíble habilidad para elegir las sedes más turbias: Rusia, Qatar, Estados Unidos. El próximo en 2030, España junto a Marruecos y Portugal. Ahí veremos con claridad el nivel de desfachatez que alcanzamos en los próximos cuatro años.
Los vigías, de Taina Tervonen, rompe el silencio que rodea a quienes desaparecen en las rutas migratorias y desplaza el foco hacia quienes intentan seguir su rastro: los “vigías”. Cinco voces anónimas que, desde la distancia, acompañan, alertan y reconstruyen historias que el mar amenaza con borrar.
En su nuevo libro, editado por Errata Naturae, la autora franco-finlandesa parte de una imagen íntima: durante años, las trayectorias inciertas de embarcaciones que salían de las costas africanas atravesaban su salón, mientras al otro lado de la ventana seguía el ritmo cotidiano de París. Ese contraste (tan cercano como ignorado) articula todo el libro: la coexistencia entre la comodidad europea y una tragedia persistente que a duras penas logra abrirse paso en la agenda mediática.
En un contexto dominado por el término “crisis migratoria”, la obra cuestiona esa etiqueta por su capacidad de deshumanizar. Más que una crisis abstracta, lo que emerge aquí es una suma de historias atravesadas por la necesidad, la precariedad y, a menudo, la urgencia de sobrevivir. Tervonen lo formula con crudeza: “Se obliga a la gente a emprender la travesía, se los obliga también a morir”. La repetición de estas muertes, sugiere el libro, ha terminado por normalizar lo inaceptable. Todo ello a pesar de que migrar sigue siendo un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Más que un reportaje o una novela, el texto funciona como un ejercicio de memoria. A través de naufragios, desapariciones y familias que buscan respuestas, esta obra pone rostro a cifras que suelen quedarse cortas. También amplía la mirada, destacando que la pérdida no afecta solo a quienes desaparecen, sino también a los países de origen, vaciados progresivamente de futuro y de relevo generacional.
En paralelo, se dibuja la inacción –o la distancia– de muchos gobiernos europeos. Frente a estructuras oficiales insuficientes emergen redes informales de solidaridad. Ahí aparecen los “vigías”: Marie Dupont, Saliou, Hervé, María y Marie Cosnay, ciudadanos que, armados con un teléfono móvil, siguen embarcaciones en tiempo real, alertan a autoridades, rastrean desaparecidos y acompañan a las familias. “Con un smartphone y las redes sociales, logran lo que las instituciones no consiguen”, apunta la autora.
El libro está construido a partir de horas de conversaciones con estos “centinelas de las fronteras” y adopta un tono cercano, casi coral. Lo relevante no es solo lo que se cuenta, sino desde dónde se cuenta: pantallas, llamadas y mensajes que conectan continentes mientras la vida pende de un hilo en el Atlántico o el Mediterráneo.
Sin caer en el sensacionalismo ni refugiarse en la frialdad del dato, Los vigías encuentra su mayor acierto en ese equilibrio entre testimonio y reflexión. El resultado es un relato que devuelve densidad humana a una realidad a menudo reducida a estadísticas. Porque, como recuerda una de sus voces, “todos necesitamos al prójimo”. Y en esa constatación sencilla se condensa la tesis del libro: detrás de cada cifra hay una vida; detrás de cada silencio, una responsabilidad compartida.
La regularización extraordinaria de personas migrantes ha despertado la oposición de diversos líderes políticos y organizaciones ultraconservadoras. Están en contra de que personas extranjeras adquieran derechos y obligaciones equiparables a las de cualquier ciudadano español. Tras la entrada en vigor de esta medida, Vox ha expandido el concepto de la “prioridad nacional” –otra copia de la extrema derecha francesa de Le Pen– con la ayuda de un amplio número de pseudomedios de comunicación e incluso de dirigentes del PP, partido que a día de hoy sigue siendo el que más regularizaciones de este tipo ha aprobado desde que España es una democracia.
Entre quienes tratan de frenar la regularización emerge un patrón recurrente: la Industria del Control Migratorio. Diversos actores que tradicionalmente han tenido posturas conservadoras, como las patronales empresariales o la Conferencia Episcopal, han expresado apoyo a la regularización. Sin embargo, más allá de ideologías, valores y creencias, destacadas voces detractoras de la regularización de migrantes tienen vínculos claros con empresas que se lucran con el gasto público destinado a militarizar fronteras y endurecer el control migratorio. Dirigentes de Vox y del PP, así como líderes de organizaciones ultras como Hazte Oír, forman parte del ecosistema de la Industria del Control Migratorio en España. ¿Quiénes son?
El negocio antimigratorio del ‘cártel’ antiregularización
Vox, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la ultraconservadora Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica han presentado recursos ante el Tribunal Supremo para tumbar la regularización. La organización ultra Hazte Oír hizo lo propio el pasado 15 de abril, y el Alto Tribunal admitió su recurso a trámite en apenas 24 horas.
Hazte Oír es una organización católica ultraconservadora especializada en campañas de acoso y derribo contra las leyes LGTBI, el derecho al aborto o las personas migrantes. Esta asociación española, relacionada con la secta secreta El Yunque, cuenta con amplia presencia global gracias a su brazo internacional, CitizenGO, y está supuestamente vinculada al Kremlin a través de oligarcas del círculo íntimo de Putin. Ha sido acusada de promover campañas que usan el miedo al extranjero como herramienta de agitación y desestabilización en diversos países democráticos, entre ellos España. Estas campañas y acciones están acreditadas en diversas investigaciones e informes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y filtraciones de Wikileaks. Hazte Oír tiene, además, una relación estrecha con grandes actores de la Industria del Control Migratorio.
Un ejemplo: entre los grandes donantes históricos de Hazte Oír (en concreto, de su famoso Congreso Mundial de Familias) figura el fallecido David Álvarez Díez, fundador y presidente de Grupo EULEN, empresa adjudicataria de, entre otros, servicios en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y del mantenimiento de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y diversos puestos fronterizos. EULEN figura entre las 10 empresas que más dinero público facturan en la Industria del Control Migratorio de España.
Por el consejo de administración de EULEN han desfilado nombres célebres del mundo conservador español, entre ellos los ex ministros del Interior Jaime Mayor Oreja y Rodolfo Martín Villa. Entre otras personas, en su equipo directivo figura Micaela Núñez Feijóo, que lleva 23 años en EULEN y es hermana del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, otra de las voces más destacadas en contra de la regularización de migrantes. “Ni la ilegalidad puede generar derechos, ni se puede premiar el desorden”, afirma el líder de los populares acerca de la regularización extraordinaria. María José Álvarez Mezquíriz, presidenta de EULEN, es una de las consejeras de EDATV, el portal defake newsdel agitador Javier Negre, que a diario divulga bulos sobre el proceso de regularización.
EULEN no responde a las preguntas de este medio sobre su relación con Hazte Oír, sobre la financiación de EDATV ni sobre protocolos internos para evitar conflictos de intereses con el ámbito político. La compañía tampoco aclara si las donaciones de su fundador a Hazte Oír fueron hechas a título individual o en nombre de EULEN.
Entre los empresarios que nutren las arcas de Hazte Oír también figura la marquesa Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del consejo de administración de FCC, que se da la mano con EULEN para licitar en procesos de contratación pública de control fronterizo.
La beligerancia de Hazte Oír también ilustra el componente mediático de la campaña de acoso y derribo contra la regularización de migrantes. Hazte Oír está vinculada al Grupo Intereconomía, que engloba medios como Toro TV o Radio Intereconomía, entre otros. Este conglomerado fue fundado por Julio Ariza, exdiputado del PP en el Parlament catalán. En el pasado Grupo Intereconomía también controló La Gaceta, cuyo consejo editorial preside el eurodiputado e hijo de un diplomático y propagandista nazi Hermann Terstch, que define la regularización como operación “criminal”. La Gaceta ahora pertenece a la Fundación Disenso. Este think tank vinculado a Vox se financia con fondos públicos que recibe el partido y sirve de altavoz a las posturas xenófobas de la ultraderecha española.
Vox y Disenso no responden a ninguna de las preguntas formuladas por este medio. Tampoco aportan detalles sobre los fondos públicos que recibe esta fundación, que no facilita sus cuentas ni la composición de su equipo directivo.
En la “derecha moderada” española que encarna el Partido Popular también hay una larga lista de figuras especialmente agresivas contra el proceso de regularización y vinculadas a empresas que hacen negocio con las políticas de control migratorio.
Un caso poco conocido es el de Elías Bendodo Benasayag, uno de los hombres fuertes de los populares en Andalucía. Bendodo encabezó la Consejería de Presidencia e Interior, y hasta mediados de 2022 fue portavoz de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno. Cuando estalló el caso de corrupción conocido como ‘Mediador’ o ‘Tito Berni’, que afecta principalmente al PSOE canario, varios medios informaron de que Bendodo adjudicó al menos un contrato a Asesoramiento y Servicios de Drones SL, empresa central en la trama corrupta. Bendodo afirmó que todo fue legal.
En este mismo escándalo de corrupción destaca Francisco Espinosa, general de división de la Guardia Civil, el escalafón más alto de esta institución. Espinosa procede de lo que en la benemérita llaman “el clan de los Zoido”, en referencia al político sevillano Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior en tiempos de Rajoy, que le ascendió a ese puesto. La Justicia investiga el presunto cobro de comisiones por parte de Espinosa y otras personas en los contratos del Gobierno español para transferir drones a países como Mali con el objetivo de combatir los flujos migratorios, una política conocida como ‘externalización de fronteras’.
«Los que vengan de forma irregular no serán bienvenidos, serán expulsados», aseguró Bendodo a finales de abril en un acto de la campaña electoral andaluza en una localidad de Almería, una de las provincias con más casos de explotación laboral de personas migrantes en situación irregular.
Elías Bendodo también es uno de los políticos más cercanos al lobby proisraelí en España. Por ejemplo, en varias ocasiones ha mostrado públicamente su sintonía con David Hatchwell, presidente y cofundador de ACOM, el mayor grupo de influencia de los aliados en España de Netanyahu. Hatchwell es uno de los grandes beneficiarios de la Industria del Control Migratorio en España. Una de sus grandes empresas, Excem, suministra tecnología israelí de vigilancia y análisis de documentos a la Policía Nacional, la Guardia Civil y AENA, entre otros. A pesar del embargo decretado por el Gobierno el año pasado, la frontera española está repleta de tecnología israelí por cielo, mar y tierra.
No acaba ahí la lista de líderes políticos y de organizaciones ultraconservadoras que claman contra la regularización de migrantes al mismo tiempo que se lucran, directa o indirectamente, con el gasto asociado a las políticas de control migratorio. En el ránking español de la Industria del Control Migratorio destacan empresas como Telefónica, Escribano, Indra, Amper, Air Europa o Tecnobit, entre otras. Todas cuentan con ex altos cargos del Estado, la mayoría procedentes del PP (aunque también del PSOE y, en menor medida, del PNV).
El Partido Popular no responde a ninguna de las preguntas formuladas para este artículo.
Los detractores de la regularización argumentan que la regularización de migrantes tiene un efecto negativo sobre el empleo, la economía, la seguridad y la “identidad nacional”. La evidencia científica revela todo lo contrario: la irregularidad produce situaciones de explotación, vulneración de derechos fundamentales y caos, mientras que las anteriores regularizaciones en España tuvieron efectos positivos sobre los derechos de estas personas, reduciendo los casos explotación laboral, y favoreciendo la inclusión social y la contribución de los trabajadores extranjeros a las arcas del Estado. La cercanía de los actores ultraconservadores y las posiciones conspiranoicas contrarias a la ciencia también queda patente en innumerables estudios académicos.
José Bautista es coordinador del equipo de periodismo de investigación de la Fundación porCausa.
El miércoles 17 de diciembre, los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el desalojo del antiguo institut B9 de Badalona (Barcelona), un edificio abandonado que se había convertido en la alternativa habitacional de decenas de personas migrantes y empobrecidas ante la pasividad prolongada de las administraciones.
El operativo comenzó a las 8 de la mañana, con el habitual y amplio cordón policial1. El desalojo fue impulsado por el Ayuntamiento de Badalona, en manos del xenófobo Xavier García Albiol2, amparado en una resolución judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona, fechada el pasado 12 de diciembre, que autorizaba al consistorio a recuperar la propiedad.
La jueza había dado luz verde al desalojo masivo, pero igualmente ordenó al Ayuntamiento a prestar atención social a los migrantes. Pese a ello, Albiol se negó en todo momento a ofrecer una alternativa habitacional. El alcalde del PP, conocido por su posiciones de ultraderecha hacia las personas migrantes (a las que en esta ocasión tildó de “salvajes”), ordenó igualmente el desahucio. “El ayuntamiento de Badalona no va a invertir ni un solo euro en darles vivienda a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos”, declaró ante los medios de comunicación.
Por ello, durante la mañana solo se presentaron dos personas trabajadoras de los servicios sociales para atender a las 400. Hicieron mucho más por ayudar a las decenas de familias afectadas un centenar de activistas que se concentraron en la puerta que cualquier institución.
El desalojo, además, condujo a la identificación de más de 180 personas y a la detención y derivación de 18 de ellas al CIE de la Zona Franca de Barcelona, para su futura expulsión del país. Dos días después, quedaron en libertad.
Discursos de odio sin tapujos
El desalojo de cientos de personas sin alternativa habitacional ha sido el más grande de la historia de Catalunya y ha sido fuertemente criticado por organizaciones como Badalona Acull, la Plataforma del Barrio de Sant Roc, Regularización Ya y el Sindicato de Vivienda de Badalona. De las 400 personas vivían en el inmueble del antiguo instituto B9, 200 de ellas ya habían abandonado el bloque ante las amenazas abiertas del alcalde semanas antes, las otras 200, sin alternativa a donde ir a vivir, fueron desalojadas en pleno temporal de lluvia, viento y frío. Decenas de ellas pernoctaron los siguientes días bajo un puente de la C-31 en Badalona, mientras, con ayuda de vecinas, organizaciones sociales y sindicatos de vivienda trataban de encontrar soluciones.
Además, el desalojo ha venido acompañado de un discurso claramente criminalizador de la pobreza y de la población migrante. Da igual si en un edificio aparece una moto robada o si algunas personas no tienen papeles: la retórica es siempre la misma. Se construye un relato que vincula pobreza, migración y criminalidad para legitimar el desplazamiento. Un relato que no solo explica lo que ocurre, sino que lo produce: prepara el terreno para que ciertas vidas sean expulsables, para que su presencia en la ciudad sea siempre provisional, siempre cuestionada.
“Cuando Albiol habla en la radio y TV de ‘esta gente’ y los trata de delincuentes, está cometiendo un delito de odio”, ha señalado el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH), de la Universidad de Barcelona (UB) a través de un comunicado publicado es sus redes sociales. “Se trata de un ejemplo claro de racismo institucional, crueldad extrema y menosprecio público”.
Por su parte, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado recordando que “desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos”, que pueden “constituir un trato cruel, inhumano o degradante estrictamente prohibido por el derecho internacional”. Y afea que se haya producido “acompañado de un discurso estigmatizador por parte de las autoridades que describen a todos los que vivían en el bloque B9 como una fuente de inseguridad de la zona y los tildan de delincuentes o personas violentas sin aportar pruebas… esa retórica es inaceptable, discriminatoria y profundamente perjudicial” y que “las autoridades deben esforzarse por combatir la discriminación y no alimentarla”.
Entre chatarra y golpes de porra
“¿Qué tipo de persona puede dejar sin un techo, en pleno invierno, a más de 400 personas? Albiol, el actual alcalde de Badalona, nos ha mostrado esta semana que entre sus delirios racistas es capaz de deshumanizar a una parte de la clase trabajadora para justificar su agenda política. Ahora bien, cabe destacar que lejos de ser un fenómeno aislado, no deja de ser la punta de lanza de un movimiento mucho más generalizado, que de hecho encarna el signo de los tiempos: la reacción”, reflexiona Gisela Bermúdez en El Salto.
“El desahucio del B9 no solo forma parte de los desvaríos autoritarios de Albiol, sino también de una política de la pobreza por la vía punitiva. Una agenda que actúa como si tapando las grietas de un sistema cada vez más inhumano con pintura fresca, estas dejaran de existir. Un programa político que piensa que, al imponerles el cielo como techo a centenares de personas estas desaparecerán, como si de un truco de magia se tratase.
[…] Situamos el desahucio más grande de Catalunya en el contexto político más convulso que se ha visto en décadas. Genocidios, guerras y catástrofes se desarrollan bajo el telón de fondo de una crisis generalizada que lleva en si el agravamiento del problema de la vivienda. La tendencia al alza de los fenómenos de la infravivienda y el sinhogarismo aparecen hoy como la punta del iceberg de la crisis de la vivienda, focalizados en un segmento poblacional muy concreto.
Pues solo hace falta ver las imágenes del desahucio del antiguo instituto para darse cuenta de quiénes fueron los protagonistas de la bochornosa jornada: trabajadores migrantes que malviven errando de nave industrial en nave industrial, vendiendo chatarra, sometidos a salarios de miseria, irregularidad legal y violencia policial sistemática. Albiol, bajo la pudiente retórica a la que nos tiene acostumbrados balbuceó que «lo que tiene que hacer Sánchez es acogerlos él y darles vivienda». Unas palabras que duele oírlas entre aquellos que ya sabemos que el PSOE lleva años abrazando las políticas higienistas de la reacción. Ya sea en forma de laboratorios de criminalización y persecución bajo la marca del “Pla Endreça” en Barcelona o abriendo cárceles de migrantes en Mauritania, en el caso del Gobierno del Estado español.
En el acceso a la vivienda se concentran muchas de las contradicciones, pero la experiencia del B9 nos permite extraer una lección. Mientras que, en Badalona, según el INE, hay más de 7.000 pisos vacíos, hoy 400 personas que antes tenían techo están durmiendo al raso. Esta disonancia inhumana, que haya gente sin casa y casas sin gente, es consecuencia directa de las lógicas del capitalismo. Las viviendas, igual que el resto de las mercancías, no se producen y se distribuyen según su capacidad de satisfacer necesidades humanas, sino por su capacidad de generar beneficios económicos para unos pocos. En pocas palabras: el beneficio de un rentista vale más que condenar a una persona a condiciones infrahumanas de hambre y frío; y el sistema, a golpe de porra, pone todos los medios a la disposición para que no cese la barbarie”.
El desahucio como infraestructura antiinmigratoria
“Lo ocurrido en Badalona parece romper incluso con las expectativas más pesimistas. Aunque el incremento del odio es evidente, una no puede evitar preguntarse: ¿cómo hemos llegado a este nivel de criminalización de la pobreza y del activismo solidario, de racismo institucionalizado y de violencia abierta?”, se pregunta la activista de la PAH Barcelona Julieta Lechini Vittorino. “La extrema vulnerabilidad de las personas que vivían en la IB9 unió a activistas por el derecho a la vivienda, por los derechos humanos y por los derechos de la población migrante, dejándonos con una pregunta común: ¿cómo se ha vuelto posible esto y cómo podemos frenarlo?
Hace apenas unas semanas, con compañeras de la PAH, reapareció el recuerdo de la revista Pronto, que hace años que regalaba pegatinas de “Stop desahucios”. Un activista con más trayectoria que yo me compartía esa memoria con cierta nostalgia, acordándose de un tiempo en el que defender que la gente se quedara en su casa era algo ampliamente compartido, casi obvio, como el derecho que es.
Está claro que muchas cosas han cambiado desde entonces. Los desahucios por hipoteca son minoría y es hoy una población cada vez más vulnerable la que llega a las asamblea. Si extrapolamos aún un poco más, el contexto del auge de la extrema derecha ha traído consigo figuras autoritarias, desde Argentina hasta Rusia, que han normalizado discursos de odio que hoy impregnan tanto el espacio digital como la vida cotidiana. En este panorama, vemos crecer la individualización de nuestras comunidades y una necesidad exacerbada de construir al otro como amenaza, como enemigo. Un “ellos contra nosotros” que se apoya en identidades nacionales, raciales o culturales para reafirmar un “nosotros” cada vez más estrecho y excluyente.
Pero en este caldo de cultivo de odio, miedo e inseguridad, ¿qué papel juegan los desahucios? ¿Cómo se convierten en infraestructura —porque mueven personas, recursos, materiales y espacios— de control antimigratorio gestionada desde los gobiernos locales? Esta es una pregunta que llevo más de un año y medio haciéndome, como activista y como investigadora migrante, al encontrarme diariamente con la naturalización del desahucio del migrante. Una pregunta que en los últimos días parece haberse materializado en hitos de crueldad y frialdad institucional difíciles de ignorar: dejar a más de 400 personas en una situación de altísima vulnerabilidad en la calle, en pleno invierno, desplazándolas no una sino varias veces, con un mensaje claro y contundente: en esta ciudad no te queremos.
Dos geógrafos urbanos, Baker y Van Baar, ayudan a entender este momento. Ambos coinciden en que el desahucio funciona como una práctica de frontera dentro de la ciudad. No se trata solo de perder una casa, sino de vivir bajo la amenaza constante de perderla. Van Baar llama a esto “evictabilidad”, estableciendo un paralelismo clave entre el espectáculo de la frontera y el espectáculo del desahucio. Así como la frontera produce la ilegalidad migrante como algo naturalizado, el desahucio produce una condición permanente de vulnerabilidad, en la que ciertas personas saben que pueden ser expulsadas en cualquier momento. No es solo el acto del desalojo lo que importa, sino la amenaza constante, la normalización de que hay cuerpos siempre desplazables.
Desde la investigación urbana crítica se viene advirtiendo desde hace tiempo: el desahucio no es solo una consecuencia de la financiarización de la vivienda, sino una práctica de frontera. Como explica Baker, los desahucios no son rupturas excepcionales del orden urbano, sino actos infraestructurales de gobierno que producen lo que denomina una “disposición hacia el desplazamiento”. No se trata únicamente de expulsar cuerpos de un espacio concreto, sino de disciplinarlos, de enseñarles que su permanencia en la ciudad es siempre condicional.
En este sentido, la frontera no está solo en los aeropuertos o en las pateras del Mediterráneo. Invade el ámbito más íntimo: el hogar. Entra a través de la policía, de los juzgados, de las deudas, del mercado del alquiler y de perfiles racializados que determinan quién puede acceder a una vivienda y quién queda sistemáticamente fuera. El proceso del desahucio implica un trabajo constante sobre los cuerpos: funcionarios, agentes judiciales y fuerzas de seguridad actúan para justificar y producir esa disposición al desplazamiento, gestionando los movimientos de quienes son considerados prescindibles en el espacio urbano.
[…] De este modo, el desplazamiento vuelve a cumplir una función conocida: asegurar simbólicamente la identidad del español blanco —aunque también precarizado— que consume estas noticias. El desahucio no solo expulsa, también ordena. Ordena quién pertenece, quién sobra y quién puede ser sacrificado para sostener un imaginario de seguridad y normalidad. Y en ese orden, la vivienda se consolida como una de las infraestructuras más eficaces de la frontera contemporánea”.
Concentraciones racistas y respuesta solidaria
Tres días después del desalojo, la Creu Roja y Cáritas anunció que acogería a 15 de las personas más vulnerables que fueron desalojadas en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat. Una decisión claramente insuficiente a la vista de la magnitud del problema, pero que al menos puede dar una solución temporal a un puñado de personas.
Sin embargo, 200 personas, supuestamente vecinos de Badalona, se concentraron en la puerta del centro religioso. Con cánticos racistas y xenófobos, incluso amenazas de muerte, querían impedir la entrada de las personas desalojadas. Las expresiones abiertamente criminalizadoras contra las personas migrantes se asemejaban a las contenidas en los discursos de Albiol y buscaban una confrontación directa.
Xavier García Albiol se presentó en la concentración, supuestamente para apaciguar los ánimos. Después de haber negado durante todo el fin de semana la asistencia a los inmigrantes pidió a los vecinos que permitieran el alojamiento al menos durante aquella noche y se comprometió a abordar el asunto al día siguiente y pedir que no alojaran a los inmigrantes y fueran trasladados a otra parte. Como reveló Jesús Rodríguez en La Directa, «durante la reunión se comprobó la sintonía y la confianza entre Xavier Garcia Albiol y algunos de los concentrados, hasta el punto de recomendar discreción a las personas exaltadas que instigaban a asaltar el albergue y quemarlo. “Os hago una recomendación, especialmente a los más jóvenes. No digáis según qué cosas porque aquí se está grabando absolutamente todo”, dirigiéndose a un grupo que iba con la cara tapada con pasamontañas, para después ejemplificarlo: “Imagínate que esta noche pasa algo. El que ha dicho ‘hay que quemarlo’ se la carga”. En algunos momentos, los gritos no permitían oírle, y le exigían que dejara de hablar y pasara a la acción. Fue entonces cuando consiguió la ovación más grande de la noche: “Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo o, si no, haced lo que consideréis”«.
Dado lo caldeados que estaban los ánimos, la parroquia anuló la acogida. Por ello, las personas desamparadas tuvieron que acudir a otros espacios solidarios. Un grupo reducido pudo dormir en el local de la CUP y el Casal Antoni Sala i Pont y otras ocuparon un albergue municipal que estaba clausurado, pero todavía hay decenas de personas pernoctando bajo el puente de la C-31, usando tiendas y sacos de dormir que les han donado distintas activistas.
A pesar de los esfuerzos de colectivos sociales que intentan paliar con autoorganización inestabilidad de las personas que se han quedado en la calle, Badalona Acull y el resto de colectivos aseguran que la crisis continúa, que sus recursos solidarios son limitados y reclaman a las instituciones implicarse con soluciones a medio y largo plazo.
Este mensaje fue replicado el lunes 22 de diciembre, cuando unas 500 personas se concentraron frente al espacio recuperado Can Bofí Vell y recorrieron las calles de Badalona en una manifestación antirracista, al grito de “nadie es ilegal” y “Albiol fascista” y bajo el lema “Contra els atacs racistes, unitat de classe”.
Mientras tanto, otros 300 vecinos de la ciudad, se concentraron a unos metros de distancia, soltando proclamas xenófobas y contra Pedro Sánchez, apoyando a su alcalde mientras ondeaban banderas españolas.
Vox y PP obtienen sus mejores resultados en los municipios del Área Metropolitana de Barcelona y Tarragona, en barrios habitados por trabajadores de lengua castellana de la segunda o tercera generación procedentes de la inmigración del sur de España del franquismo. Por el contrario, Aliança Catalana, dirigida por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, mayoritariamente obtiene sus apoyos en poblaciones de la Catalunya interior, en localidades de Girona y Lleida donde la extinta Convergència de Jordi Pujol obtenía grandes mayorías y que fueron feudos del carlismo en el siglo XIX. Actualmente cuentan con dos diputats, pero un sondeo electoral de septiembre les otorga una previsión de ocupar 19 escaños.
“Ciertamente, el ascenso de las extremas derechas en Occidente es un fenómeno global con muy diversas concreciones y particularidades nacionales. La singularidad del caso catalán radica en la consolidación de dos formaciones que comparten un discurso antiinmigración, islamófobo y sionista, pero que militan en ultranacionalismos antagónicos. Además, representan una base identitaria, territorial y social muy distinta que puede resumirse esquemáticamente en las antinomias: lengua castellana/catalana, clase trabajadora/clase media, Catalunya metropolitana/interior”, explica Antonio Santamaría (periodista y ensayista sobre el nacionalismo catalán) en Zona de Estrategia.
“Desde el punto de vista ideológico, Vox no ha roto amarras con el nacionalcatolicismo franquista cuyos símbolos y memoria reivindica. Por el contrario, los referentes históricos de Aliança Catalana son fascistas catalanes de los años 30 del siglo pasado como Daniel Cardona de Nosaltres Sols o los hermanos Badia de Estat Català. Respecto al factor generacional, Vox y AC obtienen elevados apoyos electorales entre la juventud; aunque, en el caso de AC sus perfiles son algo más transversales.
El proceso independentista actuó como un acumulador de fuerzas, un desencadenante, para ambas formaciones, aunque en sentido contrario. Vox creció en los años de ascenso del procés que activó los registros del ultranacionalismo español en defensa de la unidad de la patria amenazada por los separatistas catalanes. Aliança Catalana sin embargo es un producto del declive del procés, de la frustración provocada en amplios sectores del movimiento independentista por las falsas promesas, la desunión de los partidos independentistas y la falta de perspectivas para avanzar hacia la secesión. Aquí radica la explicación del fenómeno de la existencia de dos ofertas políticas de extrema derecha en Catalunya.
El ultranacionalismo y la xenofobia son dos de los principales ejes ideológicos de las extremas derechas occidentales. Los trabajadores inmigrantes, especialmente los musulmanes, son percibidos como una amenaza para la identidad nacional/cultural y una competencia en el acceso a los servicios públicos y prestaciones sociales. Vox y AC coinciden, tanto en el discurso racista como en sus propuestas legislativas punitivas contra la inmigración, pero discrepan radicalmente en la cuestión de la identidad nacional”.
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1Para profundizar en los hechos, en lo que expresaban las desalojadas y sus interacciones con la policía y políticos, recomendamos las crónicas realizadas por Jesús Rodríguez en La Directa.
2En las pasadas municipales, Albiol obtuvo una aplastante mayoría absoluta. Presidente del PP catalán en los años del procés, ejerció de alcalde entre 2011 y 2015 con una campaña populista, antinmigración y antiocupación bajo el lema “limpiar Badalona”. Es significativo que, a diferencia de otros municipios del Área Metropolitana de Barcelona, aquí Vox no obtuvo representación. Al igual que Isabel Díaz Ayuso en Madrid, García Albiol ha asumido con éxito gran parte del discurso de la extrema derecha en materia de inmigración y seguridad ciudadana.
En Estados Unidos, periodistas extranjeros sin ciudadanía están optando por la autocensura como medida de protección ante un entorno político cada vez más hostil hacia la prensa y la inmigración. Así lo señala desde Poynter Angela Fu, al destacar cómo Reporteros con residencia legal —como titulares de la tarjeta verde (green card) o visados de trabajo— han empezado a eliminar huellas digitales, evitar coberturas sensibles y cancelar viajes por miedo a ser detenidos, deportados o perder sus permisos migratorios.
Uno de los casos más recientes es el del periodista salvadoreño Mario Guevara, detenido el 14 de junio por la policía del condado de Dekalb (Georgia) mientras cubría una protesta contra Trump. Según el Committee to Protect Journalists (CPJ), Guevara —con más de dos décadas de residencia legal en EE. UU.— fue posteriormente entregado a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha encendido las alarmas en la comunidad periodística. Aunque la Casa Blanca alegó que su detención fue por «obstrucción a la autoridad» y que se encontraba «ilegalmente en el país», su estatus migratorio estaba regularizado, según datos del CPJ.
Casos como el de Guevara han generado un efecto dominó entre otros informadores no ciudadanos, quienes han empezado a eliminar cuentas en redes sociales, borrar mensajes en sus dispositivos antes de cruzar fronteras o incluso publicar bajo seudónimos para evitar represalias.
Luz Mely Reyes, reconocida periodista venezolana y fundadora de Efecto Cocuyo, emigró a EE. UU. en busca de libertad de expresión. No obstante, ha confesado que hoy se autocensura más en suelo estadounidense que en su país de origen:
En Venezuela nunca me autocensuré. Aquí tengo que evitar ciertos temas porque siento que es peligroso para mi estatus migratorio.
De igual forma, la reportera mexicana Stephanie Ochoa Orozco, corresponsal en la Casa Blanca para Entravision, reveló que ha cancelado viajes dentro del país —incluido uno a Puerto Rico— y evita cualquier confrontación con la policía durante coberturas, por precaución. Tras descubrir que una oficina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había visualizado sus publicaciones en redes sociales, decidió extremar la vigilancia de su presencia digital.
El caso de Rümeysa Öztürk, estudiante turca de doctorado detenida por agentes del DHS tras coescribir un artículo de opinión sobre la guerra entre Israel y Hamás en su periódico universitario, sirvió como señal de alarma para otros periodistas internacionales. Un reportero europeo, que pidió anonimato, relató haber eliminado su nombre de varias publicaciones y reemplazado su firma por genéricos como “redacción” o alias ficticios, en historias que tocaban temas como inmigración o Palestina.
La situación también ha afectado a periodistas que trabajan para medios financiados por el gobierno estadounidense, como Voice of America o Radio Free Europe, muchos de los cuales se encuentran bajo amenaza de deportación tras despidos masivos. Varias de estas personas provienen de países donde ejercer el periodismo puede costar la libertad o la vida.
La periodista y fundadora de Conecta Arizona, Maritza Félix, explicó que su redacción ha debido implementar entrenamientos de seguridad similares a los utilizados en zonas de conflicto, incluyendo instrucciones como portar documentos migratorios o llevar el número de un abogado escrito en el brazo con rotulador permanente. Félix, naturalizada en noviembre pasado tras 18 años en EE. UU., aún toma precauciones antes de viajar, dejando contraseñas y documentos claves a su familia “por si acaso”.
“Vinieron aquí buscando libertad de prensa”, reflexiona Félix, “pero ahora temen que lo que los obligó a huir de sus países pueda volver a ocurrirles aquí”.
Desde el Colectivo de Migrantes Tinkuy queremos manifestar nuestra más profunda preocupación y repudio ante el creciente número de casos de violencia policial dirigida contra personas migrantes en el Estado español. En los últimos días, hemos sido testigos de dos episodios que evidencian un patrón de brutalidad injustificable y de sesgo racial y xenófobo por parte de las fuerzas del orden.
El primer caso ocurrió en Valencia, donde una mujer de nacionalidad colombiana fue violentamente agredida por agentes policiales en un claro uso excesivo de la fuerza. Pocos días después, en las Islas Canarias, un joven originario de Gambia fue asesinado tras recibir cinco disparos por parte de la policía, en un episodio cuya gravedad y carácter letal exige una explicación inmediata y exhaustiva. En el caso de Euskal Herria se hace patente la cada vez mayor agresividad de las fuerzas represivas en los controles aleatorios e indiscriminados en barrios con presencia migrante, tal es el caso de San Francisco en Bilbao.
Estos hechos no pueden entenderse de manera aislada. Se enmarcan en un contexto preocupante de creciente normalización de discursos de odio hacia la población migrante, promovidos y amplificados por sectores políticos de la derecha y la extrema derecha. Cuando estos discursos no solo quedan impunes, sino que se legitiman en el debate público, se genera un terreno fértil para que los abusos policiales y otras formas de violencia racista se perpetúen e intensifiquen.
Desde Tinkuy denunciamos que estos abusos no se habrían producido en las mismas condiciones si las víctimas no hubiesen sido personas migrantes o racializadas. Exigimos a las autoridades competentes una investigación rigurosa, transparente y con garantías sobre estos hechos, así como la identificación y sanción de los responsables materiales y políticos. No puede haber impunidad para quienes ejercen la violencia amparados por el uniforme del Estado.
Llamamos a la población migrante a organizarse, a unirse y a resistir colectivamente ante la violencia —sea esta física, institucional o simbólica— que enfrentamos a diario. Solo desde la organización y la solidaridad podremos frenar esta escalada de agresiones.
Del mismo modo, hacemos un llamamiento a toda la sociedad civil, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de derechos humanos a comprometerse activamente en la lucha contra el racismo institucional y el auge de los discursos fascistas. La violencia verbal se convierte en violencia física cuando se normaliza el odio desde las instituciones.
¡Ni una agresión más sin respuesta! ¡Basta de violencia policial! ¡Contra el racismo institucional, organización y lucha!
El
regreso de Trump a la Casa Blanca está marcado por el inicio de
duras medidas de repatriación
forzada de migrantes,
prometidas durante su campaña electoral. En la historia de Estados
Unidos, las políticas de repatriación se han aplicado con
frecuencia: según un análisis del Migration
Policy Institute ,
durante la presidencia de Clinton fueron repatriadas más de 12
millones de personas, y durante la de Obama, alrededor de 5 millones.
Ahora, la nueva presidencia pretende superar las cifras de las
políticas anteriores, gracias también a los cambios normativos que
amplían el número máximo de personas deportadas, a pesar de las
restricciones
impuestas por los
tribunales locales.
2.
LOS “PAÍSES TRAMPOLÍN”
Además
de recibir desde hace tiempo a sus propios ciudadanos expulsados de
Estados Unidos, actualmente los países
de América Central
se ven obligados por la administración Trump a aceptar también
ciudadanos de otros países. Estas medidas de expulsión, en las que
los migrantes son trasladados a refugios aislados sin
un destino claro, han
desviado inevitablemente la atención hacia estos “países
trampolín”, como Panamá
y Costa Rica.
Unos 300 migrantes procedentes de países asiáticos, árabes,
africanos y otros más llegaron el mes pasado a Ciudad de Panamá en
tres vuelos, y fueron aislados en el hotel Decapolis de la capital
bajo
custodia policial.
Algunos de ellos pintaron o colgaron carteles con mensajes de auxilio
en las ventanas del edificio. Días después, un vuelo con 135
personas aterrizó en Costa Rica.
Hasta
ahora, el número de migrantes expulsados a América Central sigue
siendo bajo, aunque se espera un peligroso aumento. Los líderes de
estos países afirman estar simplemente cooperando con el ejecutivo
estadounidense, minimizando el alcance de las deportaciones.
Analistas advierten que los presidentes han
sido amenazados con aumentos arancelarios
en caso de no colaborar, y que probablemente otros países de la
región también se sumen a la recepción de ciudadanos expulsados,
como lo demuestran las señales
de apertura de El Salvador y Guatemala
. El presidente guatemalteco anunció
: “Hemos decidido aumentar en un 40% el número de vuelos con
personas deportadas, tanto de ciudadanos repatriados como de
expulsados de otras nacionalidades”, durante una rueda de prensa
junto al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.
Pero
¿por qué el ejecutivo estadounidense está utilizando a estos
países para llevar a cabo sus medidas de repatriación? Los
analistas sostienen que estas expulsiones permiten al nuevo
presidente deshacerse de problemas que surgieron durante su primer
mandato, en un intento por bloquear
la migración legal
. Las nuevas medidas de la presidencia Trump permiten resolver el
problema del hacinamiento en las cárceles, ya que la deportación de
ciudadanos de países con los que Estados Unidos mantiene relaciones
diplomáticas tensas –como
China, Irán o Afganistán– acelera los procedimientos. Además,
mediante estas medidas, Estados Unidos puede eludir
sus obligaciones jurídicas internacionales
de ofrecer la posibilidad de solicitar asilo a personas que corren
riesgo en sus países de origen. Las deportaciones rápidas también
permiten evitar otro obstáculo especialmente espinoso: según la
legislación estadounidense, las autoridades no pueden retener a
menores durante más de 20 días, estén acompañados por sus padres
o no. La mayoría de los migrantes deportados a América Central
hasta ahora han sido familias con niños.
3.
LA AMENAZA A LOS DERECHOS HUMANOS
Juan
Navarrete, abogado de derechos humanos de Amnistía Internacional,
considera que la mayoría de los migrantes necesita protección
internacional, ya que en
muchos casos provienen de países afectados por conflictos armados o
gobernados por regímenes autoritarios que no respetan los derechos
humanos.
Muzaffar
Chishti, investigador del centro de estudios Instituto de Política
Migratoria en Estados Unidos, explica cómo el gobierno
estadounidense se ha desentendido de sus responsabilidades hacia los
deportados, debido a la inaplicabilidad de sus leyes: “Una vez que
trasladas a estas personas, las leyes, la Constitución y los
reglamentos estadounidenses ya no se aplican. Si estas personas
tenían algún derecho según la ley estadounidense, al llegar a
Panamá o a Costa Rica ese derecho desaparece”, declaró
Chishti a BBC Mundo.
Pero
esta no será la parte más difícil del proceso para los dos países,
considerando que aún deben negociar con los llamados estados
“recalcitrantes”. Se trata de países que no
están dispuestos a colaborar
en la acogida de migrantes, lo que obligaría a buscar nuevos
destinos.
Al ser electo como presidente estadounidense Joe Biden prometió mejorar la política migratoria de Estados Unidos saboteada por expresidente, Donald Trump. Fue un día feliz para todos los inmigrantes latinoamericanos. Hoy la administración de Joe Biden se ve obligada a rechazar su promesa por la crisis migratoria incontrolada.
La política de las “puertas abiertas” llevó al aumento permanente de los inmigrantes en el territorio de Estados Unidos. Pocos funcionarios estadounidenses reconocieron ese problema por miedo de perder puntos políticos y estar fuera de moda. El alcalde de Nueva York fue uno de los primeros que advirtió sobre recursos insuficientes para atender a muchos inmigrantes.
Intentos de mejorar la situación
La administración de Joe Biden tomó unas medidas para frenar flujos migratorios y calmar la situación en el país. Por ejemplo, gobierno estadounidense anunció que España aceptará a migrantes latinoamericanos desde centros en Latinoamérica lo que provocó descontento entre los españoles. Es una medida dirigida a descentralizar los flujos migratorios y disminuir la cantidad de los inmigrantes en USA.
Administración de Joe Biden también negoció con el gobierno mexicano al respecto, pero no consiguió resultados positivos. Tras negociaciones fracasadas la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con mayoría republicana, ha dado “luz verde" al proyecto de ley migratoria para reactivar la construcción de un muro en la frontera con México, la medida estrella del expresidente Donald Trump. Al mismo tiempo representantes del Senado, con mayoría demócrata, anunciaron que bloquearán este proyecto. Mientras El Congreso de Estados Unidos sufre una confrontación los gobernadores estadounidenses actúan en su propio modo.
El gobernador del estado de Texas, fronterizo con México, ha informado de que la Guardia Nacional ha creado una nueva unidad para interceptar inmigrantes en la frontera. "Estamos desplegando una nueva unidad llamada Fuerza Táctica Fronteriza de Texas, que estará en los puntos calientes a lo largo de la frontera para interceptar, repeler y devolver a los inmigrantes que traten de cruzar de forma ilegal", anunció Greg Abbott. Su medida dio los resultados positivos. Unos 30 mil migrantes latinoamericanos fueron bloqueados en la frontera. A pesar de tales acciones, un gobernador no podría resolver el problema sin apoyo estatal.
El crecimiento de odio respecto a los inmigrantes
No solo el gobierno de Biden reconoció parcialmente el problema. Los estadounidenses con cada año muchos más expresaron su descontento por el permanente aumento de los inmigrantes en el territorio de Estados Unidos. Todo eso llevó al crecimiento de los casos de crímenes contra los inmigrantes latinoamericanos. Por ejemplo, en marzo la Liga de Ciudadanos Latino Estadounidenses Unidos (LULAC) demandó una investigación independiente de la muerte de la soldado Ana Basaldua Ruiz, nacida en México y naturalizada estadounidense. Fue hallada muerta en un local de mantenimiento de la base militar (Fort Hood, Texas,) donde, en 2020, fue asesinada la soldado Vanessa Guillén. Los familiares de la soldado indicaron que en la semana anterior a su muerte Basaldua se había quejado de acoso sexual por parte de camaradas y de un oficial.
En el inicio de mayo, Mauricio Garcia, mató al menos a ocho personas y hirió a docenas en el centro comercial Allen Premium Outlets. En las redes sociales de Garcia revelaron cientos de publicaciones que incluyen retórica extremista violenta por motivos raciales o étnicos. En masacre murieron unos inmigrantes.
También en mayo una camioneta embistió a un grupo de inmigrantes venezolanos que esperaban el camión afuera de un albergue para migrantes en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, dejando al menos ocho muertos y por lo menos 10 heridos. Las autoridades creen que el conductor George Alvarez, de 34 años, perdió el control después de pasarse un semáforo en rojo. La investigación preliminar indica que Alvarez presentaba claros signos de intoxicación. Todavía no se desconoce si fue intencional o se trataría de un lamentable accidente.
Tierra deseable
Actualmente, Estados Unidos intenta luchar contra amenaza migratoria y tranquilizar la situación dentro del país. No se sabe quién gana en esa lucha. Está claro que ahora los deseos de los inmigrantes se encuentran fuera de los intereses estadounidenses. Tras normalizar la situación USA nuevamente se convertirá en un país de hospitalidad.
