Un grupo de empleados de Amazon se presentó el pasado 3 de junio de 2026 ante un concejo municipal estadounidense —cuya identidad no se ha revelado— para exigir restricciones a la construcción de centros de datos. Los trabajadores, organizados como activistas internos, denunciaron el elevado consumo energético y la presión sobre las infraestructuras locales que generan estas instalaciones.
Se trata de la primera vez que empleados de una gran empresa tecnológica (big tech) presionan públicamente para que se regule este tipo de proyectos, según señalaron fuentes conocedoras de la acción. Hasta ahora, las críticas a los centros de datos solían provenir de grupos ecologistas o vecinales, no de la propia plantilla de las compañías que los operan.
Los centros de datos, esenciales para el funcionamiento de servicios en la nube, inteligencia artificial y plataformas digitales, requieren enormes cantidades de electricidad y agua para refrigeración. En los últimos años, su proliferación ha generado tensiones con comunidades locales por la saturación de la red eléctrica y la escasez hídrica.
Un precedente sin precedentes
La acción de los empleados de Amazon marca un punto de inflexión en la relación entre las grandes tecnológicas y el territorio donde se asientan. ‘Es la primera vez que trabajadores de una big tech se movilizan para pedir límites a la expansión de centros de datos. Hasta ahora, las empresas siempre habían defendido estos proyectos como motores de empleo e inversión’, explicó una fuente cercana a los activistas.
La protesta se produce en un contexto de creciente presión regulatoria en varios países. En España, el Gobierno ultima un decreto que obligará a los centros de datos a compensar su impacto ambiental, mientras que en Países Bajos e Irlanda ya se han impuesto moratorias parciales. La iniciativa de los empleados de Amazon podría acelerar medidas similares en otras jurisdicciones.
Amazon no ha emitido comentarios oficiales sobre la acción de sus trabajadores. Los empleados, por su parte, evitaron dar declaraciones a la prensa para no ser identificados, pero pidieron al concejo que frene nuevas autorizaciones hasta que se evalúe el impacto acumulativo sobre los recursos naturales.
La policía italiana ha detenido a varios presuntos responsables del brutal asesinato de trabajadores agrícolas ocurrido en el sur del país, un crimen que ha conmocionado a la opinión pública y ha reabierto el debate sobre las condiciones laborales en el sector agroalimentario europeo. Los hechos sucedieron el pasado 3 de junio, según confirmaron fuentes de la fiscalía local.
Las víctimas, todos ellos jornaleros, fueron atacadas mientras trabajaban en una explotación agrícola de la región de Apulia, una de las principales zonas productoras de frutas y hortalizas de Italia. Aunque las autoridades no han precisado el número exacto de detenidos ni la identidad de los fallecidos, el caso ha puesto el foco en la explotación laboral que sufren miles de trabajadores temporeros en el campo italiano, muchos de ellos inmigrantes sin papeles.
Un obispo denuncia la «esclavitud moderna» en el campo
El obispo de la diócesis local, monseñor Giuseppe Satriano, ha sido una de las voces más críticas tras el suceso. En una declaración recogida por la agencia italiana ANSA, el prelado afirmó que «estas muertes son el resultado de un sistema que reduce a las personas a meros instrumentos de producción». Satriano ha calificado de «escándalo insoportable» las condiciones en las que trabajan los temporeros, a menudo sin contrato, sin protección sanitaria y alojados en chabolas.
El obispo Satriano ha instado a las autoridades italianas y a la Unión Europea a tomar medidas urgentes para garantizar la dignidad de los trabajadores agrícolas, en un sector que genera enormes beneficios para las grandes cadenas de supermercados.
Un modelo de producción bajo sospecha
El crimen ha reavivado el debate sobre el modelo de producción agrícola de bajo coste que impera en Europa, donde las grandes superficies presionan a los productores para reducir precios, lo que a menudo se traduce en salarios precarios y condiciones inhumanas para los trabajadores. Organizaciones sindicales italianas han convocado movilizaciones para las próximas semanas y exigen la creación de un registro oficial de explotaciones agrícolas que garantice el cumplimiento de la legalidad laboral.
El caso italiano resuena con especial fuerza en España, país que compite directamente con Italia en el mercado hortofrutícola europeo y donde también se han denunciado en repetidas ocasiones situaciones de explotación de temporeros, especialmente en zonas como Huelva, Murcia o Almería. Organizaciones como la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en el Campo han señalado que el modelo de producción basado en la precariedad es un problema estructural en el sur de Europa.
La escalada militar de Estados Unidos e Israel contra Irán está desencadenando una crisis energética que amenaza con sumir a Europa en una ola de desempleo masivo. Según datos de la Comisión Europea recogidos por la prensa local, se prevé que al menos 500.000 nuevos desempleos se registren en el continente como consecuencia directa del conflicto y sus efectos sobre los precios de la energía.
El deterioro del mercado laboral no se limitará a la pérdida de puestos de trabajo. Los informes advierten de un aumento de la pobreza laboral, un fenómeno en el que incluso quienes mantienen su empleo ven reducido su poder adquisitivo hasta niveles críticos. La dependencia europea de las importaciones energéticas convierte al continente en uno de los principales paganos de la confrontación en Oriente Próximo.
La Comisión Europea, citada por Sputnik Mundo, señala que la crisis energética derivada de la guerra contra Irán golpea con especial dureza a las economías más industrializadas del bloque, donde el encarecimiento del gas y el petróleo ya está provocando cierres de fábricas y recortes de plantilla. Aunque el informe no especifica el período en que se materializarán estos datos, las proyecciones dibujan un panorama sombrío para el empleo en los próximos meses.
La noticia se produce en un contexto de tensión geopolítica creciente, donde la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán ha disparado los precios del crudo y del gas natural, afectando directamente a la factura energética europea. Mientras los gobiernos del continente buscan alternativas para sortear la crisis, los analistas alertan de que el impacto social podría ser mayor si el conflicto se prolonga.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido este martes, desde su sede en Ginebra, de que el impacto de la inteligencia artificial en el empleo dependerá en gran medida de las políticas que adopten los gobiernos. El organismo instó a fortalecer la protección laboral ante la transformación tecnológica y defendió un modelo de IA que beneficie a los trabajadores, en lugar de desplazarlos.
El llamamiento de la OIT se produce en un momento en que el debate sobre la regulación de la IA se intensifica a nivel global, con posturas divergentes entre las grandes potencias tecnológicas y los sindicatos. La organización aboga por un enfoque centrado en el ser humano, que garantice una transición justa y evite un aumento de la desigualdad.
Políticas clave para encauzar la disrupción
El organismo subrayó que la disrupción tecnológica no es un destino inevitable, sino que puede ser moldeada mediante normativas laborales adecuadas, inversión en formación y diálogo social. La OIT señaló que la clave reside en las decisiones políticas, no en la tecnología en sí misma, y pidió una coordinación internacional para evitar una carrera hacia la desregulación.
La advertencia llega mientras la Comisión Europea avanza en su Ley de IA y otros países, como Estados Unidos y China, compiten por el liderazgo tecnológico. La OIT reivindica un papel central en esta agenda para asegurar que los derechos de los trabajadores no queden relegados frente a los intereses empresariales o geopolíticos.
En un contexto de rápida adopción de herramientas como ChatGPT, la organización recordó que, sin políticas adecuadas, la IA podría exacerbar la precariedad laboral y la concentración de riqueza. Por ello, instó a los gobiernos a priorizar la inversión en reciclaje profesional y a actualizar los sistemas de protección social para adaptarlos a la nueva realidad del mercado de trabajo.
La inteligencia artificial ha alcanzado un hito paradójico en China: un ingeniero de la empresa tecnológica Baidu ha diseñado un bot de IA que terminará reemplazando su propio puesto de trabajo. El caso, reportado el 30 de mayo de 2026, ilustra el dilema sobre la dignidad del trabajo frente a la automatización, un tema que el papa León XIV abordó recientemente en su encíclica Magnifica Humanitas.
Según ha trascendido, el ingeniero programó voluntariamente un sistema conversacional basado en el modelo de lenguaje de Baidu, capaz de realizar las mismas tareas que él desempeñaba. La empresa, líder en inteligencia artificial en China, ha comenzado a utilizar el bot para automatizar funciones que antes requerían personal humano. El traspaso de competencias, descrito como voluntario, refleja una tendencia creciente en el gigante asiático conocida como zhengliu o «destilación»: la transformación digital de las capacidades de los empleados.
La paradoja del creador reemplazado
El caso ha reabierto el debate sobre el impacto social de la automatización. Mientras la productividad aumenta, la sustitución de puestos de trabajo por máquinas inteligentes plantea interrogantes sobre el futuro del empleo y la dignidad humana. La encíclica de León XIV, publicada semanas atrás, advertía precisamente sobre los riesgos de una tecnología que despoja al trabajador de su sentido de propósito.
En China, donde la IA avanza a pasos agigantados, la historia de este ingeniero no es un hecho aislado. Otras empresas tecnológicas han empezado a «destilar» el conocimiento de sus empleados en sistemas automatizados, una práctica que, según analistas, podría acelerar la obsolescencia laboral en el sector. Baidu no ha emitido comentarios oficiales sobre el futuro laboral del ingeniero.
El Reino Unido atraviesa la peor crisis de empleo en dos siglos, marcada por un aumento sin precedentes de jóvenes que ni estudian ni trabajan, el deterioro de la salud mental y la presión de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral, según datos recogidos por medios británicos y analizados internacionalmente.
El fenómeno, que afecta especialmente a la población entre 16 y 24 años, ha encendido las alarmas sobre el futuro económico del país. El número de ‘ninis’ (jóvenes que ni estudian ni trabajan) ha crecido hasta niveles récord, superando las cifras de la crisis financiera de 2008 y la recesión de los años ochenta.
Salud mental y automatización, los factores clave
Los expertos señalan que el deterioro de la salud mental entre los jóvenes británicos es uno de los principales motores de esta crisis. La ansiedad, la depresión y otros trastornos psicológicos han aumentado de forma significativa desde la pandemia, dificultando la incorporación al mercado laboral o la continuidad en los estudios.
Además, la irrupción de la inteligencia artificial está eliminando puestos de trabajo tradicionales, especialmente en sectores como la administración, el comercio minorista y los servicios, sin que se hayan creado alternativas suficientes para los jóvenes que buscan su primer empleo.
Estamos ante una tormenta perfecta: salud mental dañada, un mercado laboral que se transforma a velocidad vertiginosa por la IA y un sistema educativo que no logra adaptarse a las nuevas demandas, según advierten analistas británicos.
Consecuencias económicas y sociales
La crisis de empleo juvenil tiene graves implicaciones para la economía británica. Un elevado número de jóvenes fuera del sistema productivo supone una pérdida de capital humano a largo plazo, menor recaudación fiscal y mayor gasto en prestaciones sociales. También incrementa el riesgo de exclusión social y de tensiones intergeneracionales.
El Gobierno británico ha anunciado medidas como programas de formación digital y apoyo psicológico, pero los críticos consideran que son insuficientes ante la magnitud del problema. Mientras tanto, la tasa de desempleo juvenil sigue escalando, y el país se enfrenta a un desafío estructural que recuerda a las crisis laborales del siglo XIX.
La Llotja de Mar, símbolo del comercio marítimo barcelonés desde el siglo XIV, albergó durante dos días una conversación sobre los flujos invisibles que mueven el mundo contemporáneo: datos, algoritmos, plataformas, derechos. El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales –organizado en el marco de la Mobile World Capital Barcelona y financiado con fondos europeos de NextGenerationEU– acogió mesas redondas, charlas magistrales y sesiones de participación ciudadana sobre un mismo eje temático abordado desde ángulos muy distintos: el impacto de la inteligencia artificial y las plataformas digitales sobre los derechos fundamentales, la democracia y el trabajo.
Y, sin embargo, uno de los mensajes más repetidos a lo largo de las dos jornadas fue precisamente ese: que el debate llega tarde. Que mientras académicos, juristas y representantes sindicales discuten marcos regulatorios y garantías democráticas, las tecnologías que pretenden regular llevan años operando a escala masiva, moldeando conductas, eliminando empleos y concentrando un poder sin precedentes en manos de unas pocas corporaciones privadas. El congreso no podía resolver esa contradicción, pero al menos la nombraba sin eufemismos.
Buena parte de los asistentes que debatían sobre el empoderamiento de los trabajadores y la necesidad de escuchar voces colectivas lo hacían ataviados con traje. Una contradicción menor, quizás, pero elocuente: la urgencia por democratizar el debate digital convive, todavía, con los códigos y los circuitos de siempre.
El vehículo sin carriles
Geertrui Mieke De Ketelaere, ingeniera e investigadora de inteligencia artificial desde los años noventa y autora de The Chatbot Trap, fue una de las voces más contundentes de la primera jornada. Lleva décadas estudiando cómo las sociedades adoptan tecnología y ha aprendido a reconocer ciertos patrones que se van repitiendo, pero el que ve ahora con el desarrollo de la llamada “Inteligencia Artificial” le inquieta: “Cuando hay un accidente de coche, los daños están a la vista, pero con la IA los daños se esconden”. Su diagnóstico fue claro: el modelo habitual –primero optimizar, luego pensar en el impacto– se está repitiendo con la inteligencia artificial, pero a una velocidad y con una opacidad sin precedentes. “Tenemos que apresurarnos en ponerle carriles al vehículo”, resumió. El coche ya está en marcha, pero la carretera todavía no existe.
De Ketelaere fue más allá de la necesidad de regulación para hablar de algo más estructural, lo que ella llamó “la economía del apego”, es decir, la forma en la que las grandes plataformas explotan mecanismos dopamínicos para generar dependencia emocional, presentándola como mejora de las relaciones sociales cuando los efectos reales apuntan en dirección contraria. La adicción como business model.
Este tipo de análisis, que hace apenas una década habría sonado alarmista en un foro institucional, fue recibido en la Llotja de Mar sin apenas cuestionamiento. Algo ha cambiado en el consenso experto. La pregunta es más qué herramientas disponemos para actuar.
«Estamos entrenando a la máquina para que nos sustituya»
Si la sesión sobre sostenibilidad digital habló del problema en términos sistémicos, la mesa dedicada al impacto de las tecnologías emergentes en el trabajo sirvió para bajarlo a ras de suelo. María Luz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, arrancó desmontando una coartada habitual: “No estamos hablando del futuro del trabajo. Estamos hablando del presente”. Puso el ejemplo de los centros de atención telefónica, donde la voz de los trabajadores se graba sistemáticamente para entrenar a los bots que acabarán sustituyéndoles. “Estamos trabajando para que nos acaben desalojando”, resumió. Y aquí paz y después gloria.
Rodríguez reclamó que el debate sobre la propiedad de los datos laborales se sitúe en el centro de la agenda política y sindical. Los datos que generan los trabajadores en su actividad cotidiana tienen un valor económico enorme. Ese valor se captura, se monetiza y raramente revierte sobre quien lo produce. “No podremos transformar la sociedad sin la voz de las personas implicadas”, insistió. La transformación digital, advertía, requiere un diseño plural que vaya más allá de la perspectiva empresarial.
La mesa completó ese diagnóstico con otras voces. José Varela, responsable de IA y digitalización de UGT Confederal, distinguió entre empleo y empleabilidad: perder un trabajo es un drama individual, pero cuando una tecnología elimina categorías enteras de ocupación, lo que se destruye es la posibilidad misma de encontrar empleo en ese sector. “Eso está ocurriendo”, advirtió. Eva Rimbau-Gilabert, profesora de la UOC, añadió que el control tecnológico excesivo sobre los trabajadores siempre genera desafección y rompe el contrato psicológico. “La IA se está usando para sustituir, cuando debería ser utilizada para complementar”, concluyó. Las empresas, dijo, se están buscando un problema a medio plazo.
Democracia, juventud y el espejo iberoamericano
La primera jornada cerró con una mesa que amplió el foco geográfico y generacional. Alexandre Pupo, secretario general del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, aportó un dato que debería figurar en cualquier informe sobre el estado de las democracias: si en 2010 una mayoría de jóvenes iberoamericanos declaraba apoyar la democracia, en 2020 ese apoyo había caído al 45%. En el mismo período, las tasas de trastorno emocional y depresión se duplicaron.
Ciertamente, correlación no implica necesariamente causalidad. Pero en este caso, y a falta de que baje un estadista y lo certifique, todo apunta a que ambos conceptos se dan de la mano.
Pupo rechazó la narrativa de los que los jóvenes de hoy son “nativos digitales”, identificándola como una trampa conceptual. “Nos toca vivir en esta realidad, pero no nacemos preparados para ella”, dijo. Y apuntó a un dato que da que pensar. “En 2010 ocurre algo…Facebook crea el botón de me gusta”. Correlación no implica causalidad. Pero haríamos bien en recordar estos datos y atar algunos cabos.
Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM, señaló la asimetría regulatoria que subyace a todos estos debates: se regula con más intensidad a los usuarios que a los dueños de las plataformas. En América Latina, ese desequilibrio tiene consecuencias políticas directas que los marcos europeos tienden a subestimar. La cuestión de fondo es quién tiene el poder de definir qué se ve, qué se amplifica y qué se silencia en el espacio público.
Lo que queda pendiente
El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales no pretendía resolver los problemas que ponía sobre la mesa, y no los resolvió. Pero consiguió algo más difícil en el clima actual: reunir en un mismo espacio a personas que habitualmente hablan en registros y foros distintos –el académico, el sindical, el jurídico, el activista, el institucional– y forzarlas a escucharse. En un momento en que la velocidad del cambio tecnológico tiende a dejar obsoletos los marcos de análisis antes de que sean adoptados, esa lentitud deliberativa tiene un valor que no debe subestimarse.
Lo que el congreso dejó en evidencia es que el tiempo del diagnóstico se agota. Durante años, investigadores y activistas han documentado los riesgos de la concentración tecnológica, la explotación de datos, la manipulación algorítmica y la destrucción de empleo. Esa documentación existe. Los marcos regulatorios europeos –el AI Act, el Digital Services Act– existen también, aunque sean insuficientes. Lo que falta es, de algún modo, lo de siempre: voluntad política para actuar a la altura de un problema que ya nos está superando, y hacerlo en clave democrática en contra los intereses del poder tecnofeudal creciente.
En marzo de 2026, Anthropic –la empresa que fabrica el modelo de inteligencia artificial Claude– publicó un informe sobre el impacto de la IA en el mercado laboral. Sus autores, Maxim Massenkoff y Peter McCrory, introducen un nuevo indicador para medir el riesgo de desplazamiento laboral por IA al que llaman observed exposure, una métrica que cruza la capacidad teórica de los modelos de lenguaje con su uso real y automatizado en entornos profesionales.
Los números son reveladores en su frialdad, aunque a estas alturas ya no sorprenderán demasiado: los programadores informáticos encabezan la lista de ocupaciones más expuestas, con un 74,5% de cobertura automatizable. Les siguen los representantes de atención al cliente (70,1%), los técnicos de entrada de datos (67,1%), los especialistas en registros médicos (66,7%) y los analistas de mercado (64,8%). La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos proyecta, además, que las ocupaciones con mayor exposición observada crecerán menos de aquí a 2034: por cada 10 puntos porcentuales de incremento en la cobertura IA, la proyección de crecimiento del empleo cae 0,6 puntos. Es una pendiente modesta en los decimales, pero inequívoca en la dirección.
El informe también detecta algo que todavía no aparece en las estadísticas de desempleo pero que lo precede: la contratación de jóvenes entre 22 y 25 años en los sectores más expuestos ha caído un 14% en el período post-ChatGPT. Los trabajadores de mayor edad permanecen en sus puestos; los jóvenes, sencillamente, ya no entran. La máquina no expulsa todavía de forma masiva; por ahora, cierra el acceso a quienes aún no han llegado.
Conviene señalar, antes de seguir, algo que ningún modelo econométrico puede capturar: el informe lo publica la misma empresa que construye la herramienta que desplaza los empleos. El capital tecnológico se ha arrogado también la función de diagnóstico, y eso delimita de antemano qué puede ser visto, pensado y, sobre todo, propuesto como solución. El informe mide la exposición al riesgo, pero la pregunta que no formula –a quién va a parar la productividad ganada– la responden los mercados cada trimestre con resultados récord.
La promesa incumplida de la abundancia
En 1930, en plena resaca del crack de Wall Street, John Maynard Keynes publicó un ensayo llamado Economic Possibilities for our Grandchildren en el que imaginó que hacia el año 2030 el progreso tecnológico habría resuelto el problema económico de la humanidad. Su predicción era que por aquel entonces (dentro de cuatro años), la humanidad disfrutaría de una jornada laboral de 15horas semanales, y el resto del tiempo podría ser dedicado al ocio, a la cultura, a lo que a cada cual le diera la gana. Keynes no era un revolucionario ni un utopista de izquierdas; era el economista más influyente de su siglo, y su argumento era puramente aritmético. Si la productividad crece lo suficiente, llega un momento en que las máquinas hacen el trabajo y los seres humanos pueden hacer otra cosa.
Paul Lafargue había llegado a una conclusión similar cincuenta años antes, en El derecho a la pereza (1880), aunque con una carga política que Keynes no compartía: si las máquinas producen más, los seres humanos deberían trabajar menos, y el hecho de que eso no ocurra dice algo sobre quién controla las máquinas, no sobre las máquinas en sí.
Marx lo había formulado en términos más radicales todavía, en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, al describir el trabajo como la forma fundamental de alienación del ser humano bajo el capitalismo. En ese texto, el trabajo se convierte en algo externo al trabajador, en una actividad que no le pertenece y que le arrebata la energía vital para convertirla en mercancía. La tecnología, en este esquema, debería representar la posibilidad histórica de revertir esa alienación: si las máquinas hacen el trabajo, los seres humanos podrían recuperar el tiempo para desarrollarse como tales.
Tres pensadores, tres tradiciones intelectuales distintas, la misma conclusión de fondo…pero lo que estamos viviendo en este momento es exactamente lo contrario de lo que los tres anticiparon. El aumento de productividad que trae la IA no está reduciendo la jornada laboral, ni garantizando una renta de subsistencia a quienes quedan desplazados, ni, por supuesto, financiando sistemas públicos más robustos. Está concentrando el excedente en manos de un número cada vez más reducido de propietarios de infraestructura digital, mientras los trabajadores desplazados navegan solos un mercado que ya no los necesita con la misma urgencia de antes.
La cuestión de fondo, sin embargo, no es que la IA destruya empleos netos, sino que los beneficios extraordinarios separan cada vez a aquellos que necesitan “matarse” a trabajar (a veces se trata de un matarse literal) ante una minoría ultrarrica con un poder económico superior al PIB de varios Estados del mundo.
De alguna manera la ola neoliberal que comenzó en las postrimerías de la primera mitad del siglo XX, ha encontrado en la IA su argumento más poderoso: la inevitabilidad. Si los mercados son eficientes y la tecnología es neutral, cualquier perturbación laboral es simplemente el precio del progreso, y quien no se adapte habrá elegido, en el fondo, su propio destino.
Lo que sería posible si hubiera voluntad política
No existe ninguna razón técnica por la que el aumento de productividad derivado de la IA no pueda distribuirse. Las propuestas son muchas. La renta básica universal, por ejemplo, ofrece un mecanismo: si las máquinas generan riqueza, que esa riqueza financie la vida de quienes las máquinas han desplazado. Una demanda que, lejos de ser una excentricidad de la izquierda, tiene defensores en tradiciones políticas muy diversas, precisamente porque la lógica que la sustenta es difícil de rebatir sin apelar directamente a los intereses de quienes acumulan.
Porque lo que sigue ocurriendo –y lo que el debate técnico sobre la IA sistemáticamente oscurece con sus métricas de cobertura y sus proyecciones de crecimiento sectorial– es que el aumento de la productividad no está sirviendo para liberarnos del trabajo, sino para concentrar la riqueza de muchos en manos de muy pocos. Keynes lo habría reconocido con perplejidad. Lafargue, con rabia. Y Marx, con la amarga satisfacción de quien ya lo habría anticipado.
El 1 de mayo condensa una historia de huelga, represión, solidaridad y dignidad obrera. Su sentido sigue vivo en la lucha de clases, en la resistencia frente al capital y en el rechazo de las jerarquías patriarcales. Por todo ello se ha convocado una Manifestación libertaria que tomará partida desde la plaza del Cid a partir de las 13:00 horas y recorrerá las calles del centro de Burgos.
El 1 de mayo, nació como una jornada de combate obrero, como fecha de memoria y como llamamiento a la organización de clase. Su raíz no está en los despachos ni en la benevolencia de los gobiernos, sino en la lucha de quienes, frente a jornadas extenuantes, salarios de miseria y una disciplina fabril brutal, decidieron plantar cara al capital, quienes, no conformándose con ser sus esclavos asalariados, decidieron luchar por un mundo nuevo y pelear por la emancipación social. Ocho anarquistas pagaron con su vida tal desafío.
Este 2026 se cumplen 90 años de la Revolución Social de 1936, referente en la lucha por la emancipación social de los trabajadores, que demostró cómo la organización obrera puede parar la reacción fascista. En estos tiempos convulsos no debemos ignorar los numerosos aprendizajes que nos dejó; entre ellos, que no se puede pactar con la burguesía ni con los autoritarios, ya que estos pactos nos llevarían inevitablemente a la derrota del ideal libertario y revolucionario. Como personas libertarias y anarquistas, sabemos que la revolución debe apuntar al Estado y al capital desde el primer momento.
Hoy seguimos viviendo momentos en los que la vida es aplastada bajo el peso del sistema. Mientras que la riqueza se concentra en manos de unos pocos, las obreras sufrimos condiciones cada vez más precarias; cargando con situaciones de estrés, responsabilidades, abusos, explotaciones e injusticias diarias. No somos solo productoras y consumidoras; se nos reduce a cifras, a rendimiento, a piezas reemplazables. Ser obrera no puede ser sinónimo de sacrificio, sino de conciencia, organización y resistencia. Somos la fuerza que levanta cada fábrica, cada oficina, cada escuela. No aceptamos la precariedad como futuro, ni la explotación como norma.
Debemos señalar, por un lado, al sistema capitalista como causa de las crisis, de las inflaciones y la creciente desigualdad; por otro lado, a sus secuaces (CCOO, UGT, CSIF…) que han vendido el movimiento obrero a la patronal y al Estado, firmando negociaciones que producen asco y vergüenza, convirtiéndose así en enemigos de la clase trabajadora. Mientras que los beneficios se acumulan en la cima, quienes producimos realmente la riqueza vivimos en una lucha constante por llegar a fin de mes. Todo esto se suma al miedo por perder el trabajo y la imposibilidad de proyectar un futuro digno.
Hoy, cuando la precariedad cambia de nombre para parecer modernidad, el sentido del 1 de mayo conserva toda su vigencia. Las subcontratas, la temporalidad, los accidentes laborales y las muertes en los trabajos, la extensión encubierta de la jornada, la disponibilidad total, los falsos autónomos, la feminización y racialización de los empleos peor pagados muestran que la vieja cuestión social no ha desaparecido. Por eso el 1 de mayo exige algo más que nostalgia. Exige organización en los centros de trabajo y fuera de ellos. Exige reconstruir vínculos de solidaridad entre plantillas fragmentadas. Exige un sindicalismo de combate y una mirada feminista de clase, capaz de reconocer que ninguna emancipación obrera será completa si deja intactas las jerarquías patriarcales.
Conviene subrayar algo que el sindicalismo domesticado suele olvidar: el 1 de mayo no fue concebido para pedir permiso, sino para medir fuerzas. En la tradición libertaria y anarcosindicalista, esta fecha no remite a una celebración vacía, sino a una pedagogía de la dignidad.
Sería infame no mirar más allá de nuestras narices y obviar la realidad que nos rodea.
En un contexto global de guerra y deshumanización, vemos cómo la apropiación por la fuerza de los recursos y territorios ajenos nos retrotrae a las políticas belicistas y colonialistas, provocando el desplazamiento de millones de personas, destruyendo infraestructuras de todo tipo, masacrando a poblaciones indefensas, bombardeando escuelas, hospitales…
La guerra es característica indispensable y permanente del sistema estatal y capitalista. Según los intereses de la clase dominante, la guerra es desplegada de un modo u otro. Dentro o fuera de nuestros territorios, en la forma colonial, imperialista y extractivista, o dentro de nuestras fronteras, recrudeciendo las condiciones de vida de los oprimidos para aumentar los beneficios de la clase dominante, precarizando más nuestras vidas. El antimilitarismo anarquista debe estar presente en la lucha de clases, no como elemento pacificador, sino como detonante del cambio. Debe ser punto de partida para enfrentar al estado militarista, los ejércitos y las jerarquías, así como las soluciones autoritarias. Porque el cambio social llegará con la disolución del poder en todas sus formas.
Observamos cómo los movimientos sociales han sido reducidos al meme, la lucha y los ideales revolucionarios convertidos en un tuit, la artificialización de la vida ha permeado en los movimientos revolucionarios y de base convirtiéndolos en parte del espectáculo democrático. Obsesionados con los likes, el postureo y la batalla virtual, se ha conseguido mistificar la lucha y los ideales revolucionarios. En nuestra mano está salir de la rueda plantear la alternativa que resquebraje el sistema y nos lleve a la victoria.
Creemos que hay que recuperar la potencialidad revolucionaria que tienen la acción directa, la confrontación y la radicalidad. Tantos años de “convivencia democrática” han terminado por pacificar el movimiento obrero y convertirlo en su propio verdugo.
Ya vale de falsas promesas, ya basta de reforma y de pedir que se cumplan los derechos, basta de mendigar al poder, basta de creer que la democracia y el sistema pueden ser reformados y justos. El capitalismo es nuestro enemigo y el Estado su brazo armado; tendremos que ir a por el todo, tendremos que hablar de revolución, organizarnos y poner en riesgo nuestros privilegios, porque el que no arriesga no gana.
Como ya hemos contado en infinidad de ocasiones, este periódico nació para convocar a la huelga del 29 de septiembre de 2010, con el doble objetivo de llamar a la movilización contra los recortes impuestos por el PSOE y de visibilizar el papel paralizador de los sindicatos oficiales.
Año y medio después, y ya con un año de publicación periódica, sacábamos 4.000 periódicos a las calles de Madrid contra la reforma laboral del PP a la que denominamos la reforma del miedo y que fue enfrentada con la huelga general del 29 de marzo de 2012.
El abaratamiento de los costes del despido y la prioridad de los convenios de empresa, tendrían unas consecuencias claras que se confirmaron con el paso del tiempo:
“cobraremos menos, tendremos una inseguridad absoluta sobre nuestro futuro y nuestras condiciones laborales quedarán totalmente ligadas a los deseos y necesidades de la empresa. La reducción de la indemnización por despido e incluso su supresión durante el año de prueba supone una merma de nuestros ingresos y un incentivo para los empresarios a la hora de reducir su plantilla y aumentar beneficios. En última instancia, la idea de la reforma laboral es muy simple: “reducir los costes laborales” para “aumentar la productividad”. A las claras, que nosotros trabajemos más por menos para que “todos” (pero unos antes que otros) podamos salir de la crisis.
Pero si de algo va esta reforma no es tanto de recortes, rebajas y reducciones… eso es el medio. Esta reforma de lo que va es de miedo, de miedo y poder. El miedo que persigue imponer en los trabajadores a costa de aumentar el poder de los empresarios para hacer y deshacer a su antojo. Todos los puntos de la reforma se resumen en uno: aumentar la precariedad y la indefensión a la que los trabajadores nos vemos sometidos, que puede llevarnos a aceptar todas las condiciones que exija el empresario. Con la amenaza del despido sobrevolando por la cabeza, se pretende reducir la combatividad que pudiese mostrar el empleado y, como ya ha reconocido el PP, aumentar su “rendimiento”. Sabiendo que el despido es casi gratuito y que más de cinco millones de parados están prácticamente obligados a aceptar cualquier trabajo, ¿Quién va a exigir que se le paguen las horas extraordinarias? ¿Cómo decirle al jefe que quieres vacaciones? ¿Cómo negociar un convenio de empresa?”
… a la calma
Unos meses después, salíamos a la calle el 14 de noviembre en la Huelga General europea y no fue hasta el 8 de marzo de 2018 y 2019 cuando el movimiento feminista nos llamó a dejar quieta la herramienta (y el delantal y el monedero) porque era la hora de luchar.
La ausencia de convocatorias de huelga general, a pesar de que la ofensiva no se detuvo, se explica no solo por la inacción de las dos grandes centrales sindicales, sino en la parálisis entre la clase trabajadora provocada por la crisis y la inestabilidad laboral.
Si bien la falta de paros generales llaman más la atención, la reducción de huelgas sectoriales o de empresa han sido también una dinámica constante en estos años. Analizando las jornadas no trabajadas por convocatoria de huelga, excluyendo los paros generales, observamos que en los años anteriores a 2010 se perdieron entre ochocientas mil y millón y medio de días de trabajo al año por huelga. En 2011 y 2012, pasamos a parar en quinientos y ochocientos mil días, respectivamente, y desde entonces a 2020, las jornadas de trabajo perdidas fluctúan entre los doscientos y trescientos cincuenta mil días.
En los últimos años, vivimos un ligero aumento de los días no trabajados por huelgas, habiéndose convocado 707 huelgas e todo el Estado, siendo 253 de ellas en Euskadi, que viene liderando la lucha obrera.
Aunque parezca un sinsentido, podemos decir que en estos momentos, más allá de la no convocatoria de huelgas generales, el problema está en su convocatoria irreflexiva.
La huelga debe ser una herramienta de lucha que sirva para ganar un conflicto o, al menos para mostrar al enemigo nuestra fuerza. Si bien no podemos negar la buena voluntad de sus convocantes, las llamadas huelgas generales de 2024 y 2025 por Palestina parecen olvidar estos objetivos.
La reciente huelga convocada por CGT, animado por organizaciones solidarias con el pueblo palestino, ha estado muy lejos de esos propósitos. Según cifras de la Seguridad Social, solo alrededor de siete mil personas dejaron de trabajar ese día y la manifestación, al menos en Madrid, tuvo una participación muy inferior a la histórica convocatoria que unas semanas antes sacó a la calle a cientos de miles personas.
En palabras de CNT-AIT Albacete,“vemos que se profundiza en una dinámica donde las convocatorias de huelga se convierten en inocuas y los mismos afiliados a los sindicatos ni siquiera las secundan. Con estas formas de convocatoria de arriba abajo y los resultados de incidencia, se puede llegar a banalizar culturalmente la herramienta de transformación social más poderosa que tiene la clase trabajadora, la Huelga General.
Sin duda, el despertar de una solidaridad internacionalista ante un genocidio merece todo el apoyo e iniciativa de los sindicatos de clase (…). El boicot y el sabotaje contra el sionismo deben ser la forma de acción predominante, porque el desplazamiento, los asesinatos y las agresiones sionistas al pueblo palestino van a continuar, a pesar de los “ultimátums de paz”.
Misma reflexión realizaban desde CNT Granada: hemos visto que preparar una huelga general que llame a secundarla a todos los sectores productivos en apenas una semana es una ardua – por no decir prácticamente imposible – tarea: es difícil llegar en tan poco tiempo a aquellas trabajadoras/es de las empresas en las que sí tenemos presencia para que ese día hagan huelga con nosotras y, aún más complicado todavía, llegar a las plantillas de los sectores productivos en los que no tenemos presencia para que se unan el 15 de octubre a las protestas y paren de producir ese día. Eso, si es que nos tomamos en serio lo que supone una huelga general. Otra cosa distinta es que esta convocatoria se esté tratando de una huelga de carácter simbólico utilizando, además, las redes sociales como casi único medio de difusión y no emanando de los centros de trabajo: ¿cuántas personas que no participan de movimientos sociales se habrán enterado de esta convocatoria del 15 de octubre?
Así pues, queremos ser honestas con nuestra afiliación, a quienes nos debemos, con nuestras secciones, motor de nuestro sindicato, y con todas aquellas personas que simpatizan con nuestras ideas: una huelga es una poderosa herramienta de lucha de la clase trabajadora y, como tal, debe usarse con estrategia y, por qué no, con tiempo (como así se vino haciendo en las Huelgas Feministas del 8M de 2018 y 2019: meses y meses de trabajo previos al gran día en el que todas paramos y salimos a las calles por el fin del patriarcado).
Si la huelga no sirve para detener de verdad el tejido productivo, aunque sea por un día, para formar asambleas de trabajadoras/es que debatan qué pueden hacer por Palestina, etc, ¿de qué sirve para el objetivo de detener el genocidio, de pedir el cese de relaciones con el estado sionista? Debemos plantearnos si nuestras luchas son cascarones vacíos o tienen un movimiento real detrás. Y, como es el caso que nos concierne, si queremos que esta tenga un apoyo desde la base de la clase trabajadora y que desborde los límites de lo que conocemos como ‘movimientos sociales’, no basta con convocar ‘a golpe de corneta’ una huelga. Necesitamos trabajar en el desarrollo de nuestra afiliación, así como de la clase trabajadora en su conjunto. Un trabajo más difícil pero necesario, que cambia cualitativamente las posibilidades de enfrentarnos ante la barbarie.
La derogación que no deroga
Tras unos años de poca actividad en cuanto a normas que afectaran a las relaciones laborales, en 2019 se firmó el pacto de investidura que abría el camino al autodenominado Gobierno más progresista de la historia. En el que PSOE y Unidas Podemos afirmaban que “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. También se establecía que se sustituiría la Ley Mordaza, así que ya sabéis el resultado.
Al poco tiempo, Yolanda Díez, en ese momento sucesora de Pablo Iglesias, nos explicaba (es un decir) que “técnicamente no se podía derogar la reforma laboral”, lo que era manifiestamente falso y que demostraba la falta de respeto constante que tiene la izquierda a sus votantes.
Así, tras un camino marcado por excusas y declaraciones grandilocuentes, llegamos a la nueva reforma laboral de la izquierda, pactada y aplaudida al unísono por patronal y sindicatos mayoritarios.
Revisando el texto de la norma, hace unos años nos preguntábamos y respondíamos: «¿Se ha derogado la reforma laboral? Rotundamente, no. ¿Se han derogado, al menos, los aspectos más lesivos de la reforma laboral? Pues depende de para quién. Para los trabajadores, no. Para los sindicatos mayoritarios, que habían perdido poder de negociación en el ámbito de los convenios colectivos, tal vez sí.
Como agradecía la patronal, la nueva norma mantenía «intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas»(modificaciones de condiciones de trabajo, ERTE, movilidad funcional) y no alteraba en nada el régimen del despido, tanto el individual como el colectivo«.
La reforma basó su éxito en la desaparición de la contratación temporal fraudulenta, utilizando una fórmula infalible: cambió los términos. Quien se acostaba siendo temporal se levantó siendo fijo discontinuo. Los que tenían la suerte de ser transformados a indefinidos, verían que la alegría duraba poco tiempo: sin trabas al despido, es irrelevante el tipo de contrato.
Lo que era evidente que ocurriría (y que la ministra de Trabajo sabía porque, como no nos olvidamos de repetir, era abogada laboralista) sucedió. Los contratos temporales fueron sustituidos por indefinidos que finalizaban por no superar el periodo de prueba (tipo de cese que ha aumentado un 656%) o, si la duración era algo mayor, se usaba el despido disciplinario o el objetivo (aumentando este despido un 145% y y 186% respectivamente).
Por tanto, la duración de los contratos, tras la reforma, ha tenido poco cambio y la precariedad e incertidumbre se mantiene, aunque no podemos dar datos exactos puesto que esa estadística se ha dejado -hábilmente- de publicar.
Otra de las victorias altamente publicitadas por los Gobiernos de coalición (tanto de Podemos como de Sumar), es la gran cifra de personas ocupadas. Esos datos ocultan una realidad y es la disminución de la media del número de horas trabajadas por persona. La duración media de la jornada es de 31 horas semanales, lo que desvela que existe una ocupación a tiempo parcial indeseada cada vez mayor que logra que tener un contrato de trabajo no evite estar en situación de pobreza.
Además de innegables avances en temas de conciliación de vida familiar (más duración del permiso por nacimiento, alguna mayor facilidad para la adaptación de jornada y ampliación de algunos permisos), otra bandera del Gobierno ha sido la ampliación del salario mínimo. Si bien es cierto que éste casi se ha duplicado desde el año 2011 (de 641 euros a 1.220) la inflación del 34,5% de este periodo se ha llevado gran parte de la subida (hay que tener en cuenta que el IPC no incluye el precio de la vivienda, que ha aumentado una media del 45% y del 12,8% solo este último año). Además, esta subida del salario mínimo no ha empujado la subida del resto: el salario mediano de 2011 ascendió 19.287 euros y el de 2025 a 24.800, lo que supone, teniendo en cuenta la inflación, una pérdida salarial de mil euros anuales.
Unas notas sobre el cisma en CNT
No podemos hablar de cuestiones sobre el trabajo y pasar por alto algo sobre lo que hemos mantenido un prudente (y puede que algo cobarde) silencio durante estos años. La ruptura en el anarcosindicalismo entre las CNTs, con especial gravedad en lo sucedido en nuestra ciudad, nos hace caer en el pesimismo sobre el mundo nuevo que queremos construir y nos hace dudar de si nuestros principios de asamblearismo, apoyo mutuo, acción directa y antipunitivismo podrán ser los pilares de éste. No queremos ahondar en el conflicto, quien quiera conocer las versiones de ambos bandos puede leer los comunicados de cada organización (y quien quiera lanzarse al barro puede ver los lamentables foros y publicaciones en redes sociales de ex-compañeros echándose mierda), pero sí reprochar (algunas como afiliadas, todas como compañeras) la incapacidad de ambas organizaciones de resolver un problema con la madurez y generosidad que se debía esperar del sindicato.
Demandas en los juzgados, agresiones entre compañeros, calumnias, decisiones tomadas de espaldas a la afiliación y construcción de un relato donde la CNT contraria era el mayor enemigo imaginable, ha eclipsado el trabajo de algunas afiliadas que, en la sombra, han tratado de poner algo de sentido en esta ruptura mientras algunos trataban de torpedear cualquier acercamiento. Todo nuestro respeto hacia ellas y nuestro mayor deseo de que, contra todo pronóstico, el conflicto no acabe de una manera que nos avergüence a todas durante años.
Todo por Hacer es una publicación anarquista que se edita mensualmente en Madrid. Se distribuye de forma gratuita en esta ciudad y se puede descargar en www.todoporhacer.
«La sanidad, en su ámbito más directo de hospitales y centros de salud, es quizá el ejemplo más evidente y denunciado«, explica el periodista Roberto Ugena en elplural.com. «Sin embargo, la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental se deshace progresivamente y alejada del foco, arrastrando con ella a miles de usuarios, que requieren de este apoyo, y a sus trabajadores, precarizados hasta la extenuación y víctimas del peor de los chantajes: el que utiliza a los receptores de la atención.
Manantial Gestión S.L., brazo de reciente creación de Fundación Manantial, es una de las entidades concesionarias de estos servicios cada vez más decadentes. Las concesiones otorgadas por la Comunidad de Madrid a este grupo a lo largo de los años son incontables y su negocio se ha expandido, pero los derechos de los trabajadores, incluidos los legales garantizados por Convenio, han seguido un camino opuesto. Cuando las cosas iban bien, los beneficios se quedaron en la cumbre y los trabajadores recibieron migajas; flujo que se ha invertido con la llegada de las vacas flacas, que se han cargado en las espaldas de la plantilla.
El juego de las concesiones ha salido caro al Grupo Manantial, que ve ahora como otros conglomerados le arrebatan servicios gracias a ofertas que podrían llegar a considerarse bajas temerarias. Esa es la justificación dada a los trabajadores para mantenerles un salario cercano al mínimo interprofesional, en contra del mínimo del convenio sectorial; aumentarles la jornada laboral, incumpliendo el acuerdo alcanzado; eliminar pluses de experiencia ya pactados; o reducir las horas de formación. Así se lo trasladó la dirección al Comité de Empresa en una reunión. […]
La amenaza, tal y como recoge el acta de aquella reunión, es directa. “Son las medidas necesarias para no llegar a tener que hablar de despidos”, trasladó el representante legal de la Dirección. “Por lo que, si se impugna la decisión de la empresa, tendrán que tomar otra serie de medidas a las que no quieren llegar”, apostilló el letrado, por si no había quedado claro el cariz negociador. Unas actuaciones que retiran 2 de los 14 pluses de dirección y 2 de los 14 pluses de disponibilidad a los directivos y que arrebata todo a los trabajadores (literal a continuación):
Supresión del 9% del plus de experiencia consolidado, recogido en el Acuerdo de Mejora, a aplicar a la totalidad de la plantilla.
Ajuste del número de educadoras sociales de las Residencias ajustándose al mínimo posible según marcan los pliegos.
Aumento de la jornada laboral de 35 horas semanales a 38,5 horas según indica el XVI Convenio.
Reducción de las horas de formación de las 30 horas actuales recogidas en el Acuerdo de Mejora a 25 horas que fija el XVI Convenio.
Supresión de la contratación de educadores de refuerzo en vacaciones en las Residencias recogido en el Acuerdo de Mejora.
Y es que la jeta de la Dirección de Manantial Gestión llega al punto de querer acogerse al Convenio Sectorial según conveniencia y vulnerar acuerdos internos, de total validez e inalienables cuando mejoran las condiciones sectoriales (tal y como recoge el propio Estatuto de los Trabajadores en su artículo 3). Es decir, incumplimos el acuerdo interno consolidado, retrocediendo al Convenio, para la jornada laboral, el plus de experiencia, la formación y el número de trabajadoras; pero no ajustamos las nóminas a Convenio porque no hay dinero.
Una práctica a todas luces ilegal, pues vulnera acuerdos válidos suscritos y salvaguardados por el Estatuto de los Trabajadores, además del Convenio; y contraria a la normativa laboral, incurriendo incluso en amenazas con los representantes de los trabajadores, a los que se sugiere que o aceptan estos incumplimientos o se producirán despidos. La Inspección de Trabajo podría actuar de oficio o ante una denuncia anónima y sancionar gravemente. La Comunidad de Madrid, a la que no se espera, también podría tomar cartas en el asunto«, concluye el artículo.
Frente a este ataque contra los derechos laborales y la precarización de las plantillas, más de 300 trabajadoras han sido llamadas a lahuelga indefinida por CGT, con el apoyo de CNT Comarcal Sur, en múltiples centros dominados por el Grupo Manantial. Lo hacen «en lucha por sus salarios, contra la pérdida de poder adquisitivo y por la mejora de sus derechos laborales«.
La primera de las jornadas se activó el jueves 4 de diciembre, pero el plato fuerte llegó el viernes 5 por la mañana, cuando las huelguistas se concentraron frente a la sede de la Fundación.
En un comunicado, la CNT Comarcal Sur aclara que «las reivindicaciones que impulsan esta movilización son claras, legítimas y urgentes:
Defender de manera efectiva el poder adquisitivo de la plantilla, reclamando medidas que compensen la pérdida acumulada y garanticen salarios dignos.
Preservar la jornada laboral semanal vigente, rechazando cualquier retroceso que implique un empeoramiento de las condiciones laborales.
Exigir la adopción inmediata de medidas adecuadas de prevención de riesgos laborales y psicosociales, indispensables para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo.
Reclamar el cumplimiento íntegro del Acuerdo de mejora de las condiciones laborales, recogido en los convenios colectivos aplicables y de obligado respeto en los centros de trabajo.
Asegurar que se respeten los pliegos establecidos por la Consejería, especialmente en lo referente a las condiciones técnicas y la dotación mínima de personal imprescindible para prestar una atención profesional y de calidad.
Somos profesionales de la salud mental: psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, terapeutas, integradoras… Y sabemos que la precariedad es una agresión directa a la calidad del servicio. No vamos a permitir que se utilice la excusa de la “crisis” para desmantelar nuestras condiciones mientras se eluden responsabilidades y se pide sacrificio solo a la plantilla.
En un momento como este, resulta imprescindible la unidad de toda la plantilla. Solo con cohesión, apoyo mutuo y una posición colectiva firme será posible frenar el deterioro de las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
El sindicato reafirma su respaldo inequívoco a todas las trabajadoras y trabajadores en esta huelga, así como su compromiso en la defensa activa de sus derechos, la dignidad profesional y la calidad del empleo«.
En un artículo de El Salto, Néstor Camacho, delegado de CGT, explica que «los últimos años venimos sufriendo retrasos en las nóminas”, porque la empresa “no está en un buen momento económico, tienen dificultades de tesorería”. Asegura que Manantial Gestión explica que “la actualización del convenio es inasumible por su economía, que ya de por sí estaba tocada”. Por eso, afirma, llegaron a un acuerdo para que se asumieran mejoras poco a poco. “Se empezó a hablar de septiembre, para luego hablar de octubre, y estamos en diciembre y no ha ocurrido nada”, comenta. “Lo que nos han planteado hasta ahora es quitarnos el 9% de plus de experiencia; pasar de la jornada de 35 horas semanales que tenemos actualmente a tres horas y media más; bajar el número de horas de formación que tenemos, de 30 a 25; y no contratar a personal de refuerzo en épocas estivales o en Navidades”. Además, indica, “nos han dicho que estas medidas serían de manera indefinida”. Algo, que recuerdan, ya les pasó tiempo atrás y aceptaron bajarse el salario, una bajada que no llegaron a recuperar nunca.
“Nos lleva a una situación insostenible, con los precios de las viviendas que hay en Madrid, que ha aumentado la cesta de la compra”, indica Néstor Camacho que asegura que “muchas compañeras tienen que tener dos trabajos para poder llegar a final de mes”. “El resultado es una plantilla extenuada”, afirma.
El Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social se está negociando a día de hoy. Un convenio que rige la relación y ámbito laboral de las trabajadoras de las siguientes áreas, tal y como aparecen denominadas en el actual Convenio: área de intervención psicosocial y socio-educativa (centros de acogida, centros de atención a mujeres víctimas de violencia, agresiones, etc., pisos, centros de día, comedores sociales, programas de atención, intervención y mediación, etc.), área de intervención sociolaboral (servicios de inserción laboral, orientación para el empleo, etc.), área de intervención sociosanitaria y asistencial (servicios de apoyo emocional, de prevención del VIH y drogodependencias, servicios sociosanitarios de rehabilitación dirigidos a colectivos en situación de riesgo o exclusión social, servicios de Salud Mental, servicios de emergencia social, centros de atención a las toxicodependencias y otras dependencias, centros residenciales para poblaciones en riesgo de exclusión social, etc.) y área de gestión, investigación, diseño, evaluación, diagnóstico y planificación estratégica de programas sociales (asesoría y consultoría, servicios de formación y orientación, acompañamiento y mediación a personas para prevenir la pérdida de su vivienda, etc.).
La mesa negociadora se encuentra conformada por los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones patronales AEEISSS, ANESOC y OEIS. Ésta última, la Organización Estatal de Intervención Social, constituida, según su página web, por las siguientes 27 entidades, engloba a 22.000 trabajadoras: Aldeas Infantiles, AECC, Asociación Norte Joven, ACCEM, Asociación Proyecto Hombre, Asociación PAIDEA, Cáritas, COCEDER, Cruz Roja, Acción contra el Hambre, Fundación Adecco, Anesvad, CEPAIM, La Merced Migraciones, Oxfam Intermón, Plan Internacional, RAIS, Secretariado Gitano, Save the Children, Fundación Social La Sapiencia, Fundación Tomillo, Médicos sin Fronteras, Movimiento por la Paz, Pinardi, YMCA, Educo e Intered.
Como informa la Plataforma del Sector Social en Madrid, organización asamblearia que agrupa a trabajadoras de forma independiente a las centrales sindicales mayoritarias, durante los últimos 18 años, se han firmado 3 convenios. La Plataforma señala que el convenio de 2007 sigue siendo la base principal de referencia, habiendo quedado, como es lógico, totalmente desfasado, incompleto y sin actualizar categorías, funciones, jornadas, etc., y, aunque se han producido revisiones salariales anuales, las subidas salariales han sido inferiores a la subida del IPC, es decir, las trabajadoras del sector han perdido poder adquisitivo en los últimos años. Por ello, uno de las reivindicaciones principales es la salarial, pero, con el objetivo no sólo de ajustar el salario al actual nivel de vida sino de alcanzar los salarios de los trabajadores públicos, pues, con cada vez más frecuencia, dichas empresas sustituyen a servicios de carácter estatal, dentro de la dinámica externalizadora y privatizadora presente en todos los niveles de la Administración sin importar el color político de sus gestores.
Otra reivindicación presente es la reducción de las horas de trabajo hasta alcanzar las 37,5 horas semanales, así como la mejora de las condiciones laborales (cuidado de la salud física, mental y emocional de las trabajadoras), el reconocimiento como servicio público esencial, la dignificación de la atención a las personas que participan en estos servicios y, por tanto, la dignificación de las propias personas, etc.
Los sindicatos de carácter reformista y pactista han denunciado el bloqueo patronal a la negociación en un primer comunicado titulado “El principio del fin de la paz social en la intervención social”. En dicho comunicado han acusado a la patronal de no asumir ni la mínima reivindicación de equiparar los salarios al actual nivel de vida, en contraste con la dinámica presente respecto a los altos cargos, por ejemplo, en 2024, las trabajadoras de CEAR denunciaban las subidas salariales de hasta casi un 30% para cargos superiores.
El pasado 24 de noviembre, estos sindicatos publicaban una nueva nota de prensa anunciando el inicio de una serie de movilizaciones si continúa el bloqueo por parte de las tres entidades patronales.
En esta disputa, en la que convergen diferentes ejes de conflicto (como la precarización y feminización de estos servicios de acompañamiento y cuidado, la privatización de un elemento del Estado social que, a través de supuestas fundaciones y asociaciones, la Administración acaba externalizando toda una serie de servicios, los recortes presupuestarios en nombre de, por un lado, el equilibrio fiscal, o, por el otro, el relato neoliberal, racista e individualista de la extrema derecha presente en las instituciones, el impacto personal y mental en las propias trabajadoras, etc.), la amenaza de la ruptura de la paz social por parte de las dos centrales sindicales que con más ahínco han trabajado para mantenerla, nos hace entrever la gravedad de las intenciones de una serie de empresas, ONGs, fundaciones y asociaciones, que proyectan una imagen pública que colisiona con la realidad de las trabajadores que las sostienen.
Pero, aunque dicha imagen pública ha sido de forma recurrente usada como chantaje a las trabajadoras, porque algunas de ellas se sostienen aún en parte por las donaciones y suscripciones de miles de personas voluntariosas, también, es una herramienta de presión y fuerza poderosa para todas nosotras. No olvidemos que tienen mucho que perder. Aplaudimos la organización autónoma de las propias afectadas, con la esperanza de que acabe constituyéndose un elemento de contrapoder suficiente no sólo para plantar a la patronal sino para que CCOO y UGT sientan la presión y deban poner en práctica, como mínimo, lo amenazado en sus comunicados y no acepten las cuatro migajas que les puedan ofrecer apelando a la “responsabilidad” que constantemente mencionan, una responsabilidad que siempre coarta a las trabajadoras pero nunca repercute en sentido contrario.
Por un auténtico principio del fin de la paz social en la intervención social.
