El presidente tunecino, Kais Saied, ha concedido un indulto al excandidato presidencial Ayachi Zammel y al expresidente de la Federación Tunecina de Fútbol, Wadie Jary, en el marco de la festividad de la República celebrada el 24 de julio. Sin embargo, el líder del partido islamista Ennahdha, Rached Ghannouchi, permanece encarcelado en un estado de salud que su defensa califica de «crítico».
Según ha denunciado el equipo legal de Ghannouchi, las autoridades no han reaccionado ante la grave deterioración de su estado de salud, lo que ha generado críticas sobre la selectividad de la medida de gracia presidencial. Mientras Zammel y Jary han sido excarcelados, Ghannouchi continúa recluido en prisión, lo que evidencia, a juicio de sus representantes, un trato diferenciado por razones políticas.
La decisión de Saied se produce en un contexto de creciente tensión política en el país magrebí, donde el presidente ha concentrado poder desde su autogolpe de 2021. El indulto a figuras menores contrasta con la persistente persecución a la oposición islamista, cuyo histórico líder lleva meses detenido en medio de un proceso judicial que la comunidad internacional ha señalado como carente de garantías.
La noticia, difundida este jueves 24 de julio de 2026, sitúa nuevamente a Túnez en el foco de las organizaciones de derechos humanos, que denuncian un retroceso democrático. La suerte de Ghannouchi, en particular, se ha convertido en un símbolo de la represión gubernamental contra el islamismo político en el norte de África.
La renovada disrupción en el estrecho de Ormuz ha elevado las primas de riesgo en los mercados mundiales de gas natural licuado (GNL), según ha señalado el economista paquistaní Dr. Khaqan Najeeb. La inestabilidad geopolítica en la región, vinculada al conflicto entre Irán y Estados Unidos, afecta el tránsito de buques gaseros y encarece el suministro, sin que exista una escasez fundamental de gas.
El estrecho de Ormuz, por el que transita aproximadamente el 20% del GNL mundial, se ha convertido en un punto crítico para la seguridad energética global. La incertidumbre sobre la continuidad del tráfico marítimo ha hecho que los mercados spot del GNL reflejen un incremento en las primas de riesgo, lo que se traduce en precios más altos para los importadores.
Entre los países más expuestos se encuentra Pakistán, que depende en gran medida del GNL importado para cubrir su demanda energética. Sin embargo, el impacto se extiende a toda la cadena de suministro global, afectando especialmente a Europa, que tras la crisis energética de 2022 ha incrementado su dependencia del GNL como fuente de gas.
Según el análisis del Dr. Najeeb, la subida de las primas responde a factores geopolíticos y no a una contracción real de la oferta. Esto implica que los precios podrían moderarse si la situación en el Golfo Pérsico se estabiliza, pero mientras persista la tensión, los compradores deberán asumir sobrecostes para asegurar las cargas.
España, como uno de los principales hubs de GNL en Europa, podría verse afectada por el encarecimiento de las importaciones, lo que repercutiría en la factura energética de hogares y empresas. La dependencia europea del gas licuado hace que cualquier perturbación en rutas clave como Ormuz tenga consecuencias directas en el mercado interior.
Los precios del petróleo han registrado una subida significativa este lunes, con el barril de Brent de la North Sea superando el umbral de los 90 dólares durante las primeras horas de negociación en los mercados asiáticos. La escalada militar entre Estados Unidos e Irán, centrada en la región del golfo Pérsico, ha disparado la preocupación de los inversores ante una posible interrupción del suministro.
El temor a que el conflicto afecte al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del crudo mundial, está presionando al alza los futuros del crudo. El Brent ha alcanzado los 90 dólares el barril, un nivel que no se veía desde el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, según operadores del mercado.
La cotización del petróleo afecta directamente a la economía española, que depende en gran medida de las importaciones de crudo. Un encarecimiento del barril se traduce en un aumento del precio de los combustibles y, por extensión, de la electricidad y el transporte, lo que eleva la inflación y reduce el poder adquisitivo de los hogares.
El detonante inmediato de la escalada ha sido el intercambio de ataques entre fuerzas estadounidenses y milicias respaldadas por Irán en Irak y Siria, así como las amenazas de Teherán de bloquear el estrecho de Ormuz. Por el momento, no se ha confirmado ninguna interrupción real del suministro. El Brent cotiza en máximos de cuatro años, y todo apunta a que la volatilidad se mantendrá mientras no se despeje el horizonte diplomático.
El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha advertido este domingo de que ningún petrolero podrá atravesar el estrecho de Ormuz sin permiso, después de incidentes con dos buques a los que ha calificado de «infractores». La amenaza, lanzada el 19 de julio de 2026, supone un nuevo desafío a la libertad de navegación en una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo, por donde transita cerca del 20% del crudo global.
Incidentes en aguas del golfo Pérsico
Según informó el CGRI, los incidentes ocurrieron durante el fin de semana en la zona del estrecho, sin que se hayan precisado las circunstancias exactas ni la identidad de los barcos implicados. La fuerza naval iraní ha intensificado en los últimos meses las inspecciones y operaciones de disuasión en la región, en el marco de las tensiones con Estados Unidos y sus aliados por el programa nuclear iraní y las sanciones internacionales.
La advertencia iraní afecta directamente a los buques petroleros y metaneros que atraviesan el estrecho de Ormuz, una vía que conecta los productores de Oriente Próximo —Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Catar— con los mercados asiáticos, europeos y americanos. Cualquier interrupción o restricción del paso podría disparar los precios del crudo y del gas licuado (LNG), con graves consecuencias para la economía global.
Reacción internacional y precedentes
El gobierno iraní no ha emitido hasta el momento un comunicado oficial más allá de la declaración del CGRI, aunque fuentes de la República Islámica han señalado en el pasado que el control del estrecho responde a su derecho a garantizar la seguridad marítima y a proteger sus intereses nacionales. La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, mantiene una presencia naval en la zona para asegurar la libre navegación, en virtud del derecho internacional.
Este tipo de amenazas no son nuevas: en 2019, Irán llegó a interceptar varios petroleros en el estrecho de Ormuz en represalia por las sanciones estadounidenses, lo que provocó un aumento temporal de la tensión militar. La situación actual se produce en un contexto de ausencia de avances en las negociaciones nucleares y de endurecimiento de las sanciones occidentales contra Teherán.
El estrecho de Ormuz, de solo 39 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, es considerado un punto crítico para la seguridad energética mundial. La advertencia del CGRI, de materializarse, podría derivar en un bloqueo de facto que obligaría a los países consumidores a buscar rutas alternativas o a recurrir a sus reservas estratégicas.
El término del día, que, con toda seguridad, tendrá más recorrido: el absentismo laboral. Declaraciones recientes de Feijóo sobre el coste económico del mismo para las empresas y el erario público, recogiendo el testigo de las patronales y la economía y los economistas conservadores. Como si absentismo fuera una argucia de los currantes para trabajar menos o con menos intensidad, sin renunciar a sus ingresos.
En realidad, nada nuevo en el firmamento. El objetivo es mezclarlo todo para no hablar de lo verdaderamente trascendente. El denominado absentismo laboral, expresión claramente tendenciosa, incluye, entre otros conceptos, la incapacidad temporal–como las bajas médicas– y los permisosretribuidos y no retribuidos. Es una expresión que arremete de forma infame contra derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras. Resulta sencillamente inaceptable que ese sea el debate y no la precariedad en el trabajo y los bajos salarios, que impiden llevar una vida decente y ejercer plenamente los derechos laborales y sociales.
Pero el asunto en cuestión presenta mucho más recorrido. Tiene que ver con el lenguaje utilizado que pretende incorporar (imponer) un sentido común que, supuestamente, debe tomarse como punto de partida de un debate racional y razonable… ¡un espacio donde se darían cita la buena economía y los buenos economistas!
Sin pretender ser exhaustivo, algunos ejemplos que pretenden reflejar el sentido común al que acabo de hacer referencia y que constituyen manipulaciones de gran calado:
a) La utilización del término “mercado de trabajo”, cuando en realidad las condiciones de vida de los trabajadores están indisociablemente unidas al ejercicio de los derechos laborales y humanos, derechos que ni pueden ni deben abordarse en clave mercantil.
b) Cuando se aplican políticas para, supuestamente, “flexibilizar” el mercado laboral cuando en realidad se pretende, y se ha conseguido en buena medida, debilitar o anular la capacidad de lucha y negociación de las personas trabajadoras, creando las condiciones para presionar a la baja los salarios.
c) Cuando se asocia “contención salarial” con competitividad, pretendiendo, errónea y sesgadamente, que este es el factor determinante de la misma.
d) Cuando se pretende establecer una relación de causa/efecto entre los salarios y la inflación, ocultando que esta tiene que ver sobre todo con el desorden estructural del capitalismo y el poder de las grandes firmas.
e) Cuando con estos enunciados se desvía descaradamente el foco donde en realidad debería situarse: las retribuciones de las élites empresariales y los grandes accionistas de las empresas, un terreno intocable, que, sin embargo, es fundamental para entender la economía realmente existente y los intereses que la articulan.
Sobre estos y otros temas cruciales se pasa, en el mejor de los casos, de puntillas. El debate queda, de este modo, atrapado y contaminado.
Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El país que hace apenas quince años era presentado como una de las naciones más seguras de América Latina y mostraba avances significativos en indicadores de desarrollo humano, estabilidad institucional y reducción de desigualdades vive hoy una realidad radicalmente distinta.
La expansión del narcotráfico, la fragmentación del crimen organizado y el colapso de la seguridad pública han convertido a Ecuador en el país más inseguro de la región en términos de crecimiento de la violencia y tasas de homicidios. Pero la crisis no es únicamente de seguridad. Paralelamente, atraviesa un acelerado deterioro democrático e institucional marcado por la concentración de poder, la militarización de la vida pública y una deriva autoritaria cada vez más evidente bajo el gobierno de Daniel Noboa.
Los niveles de violencia e inseguridad ponen de manifiesto la incapacidad para responder con toda la fuerza del Estado de derecho y las instituciones democráticas esta realidad que enfrenta el pueblo ecuatoriano en su día a día. Convertir la lucha contra el crimen organizado en una prioridad política es muy distinto a normalizar un estado de excepción permanente, consolidando lo que deberían ser medidas temporales y excepcionales en una forma de gobierno. La declaración de “conflicto armado interno” y la sucesiva prórroga de estados de excepción desde inicios de 2024 han consolidado un escenario de excepcionalidad que debilita la institucionalidad, difumina los contrapesos democráticos y elimina las garantías constitucionales.
El presidente Noboa sigue el camino marcado por Nayib Bukele en El Salvador, intentando replicar el mismo patrón de gobierno: una progresiva concentración de poder en el Ejecutivo y la militarización de la seguridad pública. Igualmente, se confronta con contundencia a jueces, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos que se han opuesto a algunas reformas legales o han denunciado determinadas prácticas gubernamentales, como la ampliación de competencias de los servicios de inteligencia sin controles judiciales, la criminalización de la protesta social o las denuncias de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Por elevación, también podría apuntarse a la creciente influencia y alineamiento con las políticas de Donald Trump, cada vez más visibles, en la estrategia de Daniel Noboa, proyectando la imagen de un gobierno supeditado a una agenda regional impulsada desde Estados Unidos. Noboa se ha sumado fervientemente a la iniciativa “Escudo de las Américas” e incluso, hace unos meses, ambos países realizaron una operación militar conjunta contra el narcotráfico. Sin embargo, conviene recordar que su propuesta de volver a permitir la instalación de bases norteamericanas en Ecuador fue rotundamente derrotada en referéndum el año pasado.
Persecución política y judicial
A ello se suma un clima político cada vez más hostil hacia la oposición y hacia cualquier forma de disidencia social o política. En los últimos meses se han multiplicado las denuncias sobre persecución judicial contra dirigentes opositores, retirada de inmunidades parlamentarias y utilización de mecanismos administrativos y judiciales para debilitar espacios políticos críticos con el Gobierno.
La reciente suspensión provisional de Revolución Ciudadana, principal fuerza política de oposición del país, constituye uno de los episodios más graves de esta deriva. La exclusión de una organización política con amplia representación social y electoral afecta gravemente al pluralismo político y al derecho de participación democrática reconocido tanto en la Constitución ecuatoriana como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
La preocupación aumenta si se observa el contexto general marcado por las denuncias de lawfare o guerra judicial iniciada hace años contra el expresidente Rafael Correa y su entorno, contra quienes se han abierto causas penales como parte de una estrategia de persecución o neutralización política del adversario. El caso del exvicepresidente Jorge Glas es un ejemplo paradigmático. Su detención en la Embajada de México en Quito supuso una vulneración sin precedentes de principios básicos del derecho internacional y de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. La operación provocó una grave crisis diplomática y generó numerosos pronunciamientos en contra, entre ellos el de España. Actualmente existe una enorme preocupación por el deterioro acelerado de su estado de salud debido a las condiciones en las que permanece encarcelado.
La experiencia latinoamericana demuestra que las políticas de “mano dura” no solucionan las causas estructurales de la violencia. Por el contrario, suelen producir graves retrocesos democráticos y abrir la puerta a modelos autoritarios difíciles de revertir. No es admisible combatir al crimen organizado a costa de los derechos humanos y el pluralismo político. De esta forma únicamente se agrava la crisis e incluso se acaba generando más violencia. En el caso de Ecuador, además, todos los datos conocidos ponen de manifiesto el fracaso de esta estrategia: el “estado de guerra” no está funcionando.
Lo que hoy ocurre en Ecuador no puede analizarse únicamente como una crisis de seguridad. Es también una profunda crisis democrática y social. Y quizá lo más preocupante sea precisamente la naturalización de esa deriva autoritaria en nombre del orden y de una supuesta estabilidad, pese al retroceso en cuestiones básicas como la sanidad o la educación. Porque cuando la excepción se convierte en forma de gobierno, la democracia empieza a tambalearse y, en ese momento, solo se revierte con una ciudadanía consciente y activa que se rebela contra la normalización del miedo y defiende sus derechos y libertades frente a la deriva autoritaria del poder.
La regularización extraordinaria de personas migrantes ha despertado la oposición de diversos líderes políticos y organizaciones ultraconservadoras. Están en contra de que personas extranjeras adquieran derechos y obligaciones equiparables a las de cualquier ciudadano español. Tras la entrada en vigor de esta medida, Vox ha expandido el concepto de la “prioridad nacional” –otra copia de la extrema derecha francesa de Le Pen– con la ayuda de un amplio número de pseudomedios de comunicación e incluso de dirigentes del PP, partido que a día de hoy sigue siendo el que más regularizaciones de este tipo ha aprobado desde que España es una democracia.
Entre quienes tratan de frenar la regularización emerge un patrón recurrente: la Industria del Control Migratorio. Diversos actores que tradicionalmente han tenido posturas conservadoras, como las patronales empresariales o la Conferencia Episcopal, han expresado apoyo a la regularización. Sin embargo, más allá de ideologías, valores y creencias, destacadas voces detractoras de la regularización de migrantes tienen vínculos claros con empresas que se lucran con el gasto público destinado a militarizar fronteras y endurecer el control migratorio. Dirigentes de Vox y del PP, así como líderes de organizaciones ultras como Hazte Oír, forman parte del ecosistema de la Industria del Control Migratorio en España. ¿Quiénes son?
El negocio antimigratorio del ‘cártel’ antiregularización
Vox, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la ultraconservadora Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica han presentado recursos ante el Tribunal Supremo para tumbar la regularización. La organización ultra Hazte Oír hizo lo propio el pasado 15 de abril, y el Alto Tribunal admitió su recurso a trámite en apenas 24 horas.
Hazte Oír es una organización católica ultraconservadora especializada en campañas de acoso y derribo contra las leyes LGTBI, el derecho al aborto o las personas migrantes. Esta asociación española, relacionada con la secta secreta El Yunque, cuenta con amplia presencia global gracias a su brazo internacional, CitizenGO, y está supuestamente vinculada al Kremlin a través de oligarcas del círculo íntimo de Putin. Ha sido acusada de promover campañas que usan el miedo al extranjero como herramienta de agitación y desestabilización en diversos países democráticos, entre ellos España. Estas campañas y acciones están acreditadas en diversas investigaciones e informes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y filtraciones de Wikileaks. Hazte Oír tiene, además, una relación estrecha con grandes actores de la Industria del Control Migratorio.
Un ejemplo: entre los grandes donantes históricos de Hazte Oír (en concreto, de su famoso Congreso Mundial de Familias) figura el fallecido David Álvarez Díez, fundador y presidente de Grupo EULEN, empresa adjudicataria de, entre otros, servicios en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y del mantenimiento de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y diversos puestos fronterizos. EULEN figura entre las 10 empresas que más dinero público facturan en la Industria del Control Migratorio de España.
Por el consejo de administración de EULEN han desfilado nombres célebres del mundo conservador español, entre ellos los ex ministros del Interior Jaime Mayor Oreja y Rodolfo Martín Villa. Entre otras personas, en su equipo directivo figura Micaela Núñez Feijóo, que lleva 23 años en EULEN y es hermana del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, otra de las voces más destacadas en contra de la regularización de migrantes. “Ni la ilegalidad puede generar derechos, ni se puede premiar el desorden”, afirma el líder de los populares acerca de la regularización extraordinaria. María José Álvarez Mezquíriz, presidenta de EULEN, es una de las consejeras de EDATV, el portal defake newsdel agitador Javier Negre, que a diario divulga bulos sobre el proceso de regularización.
EULEN no responde a las preguntas de este medio sobre su relación con Hazte Oír, sobre la financiación de EDATV ni sobre protocolos internos para evitar conflictos de intereses con el ámbito político. La compañía tampoco aclara si las donaciones de su fundador a Hazte Oír fueron hechas a título individual o en nombre de EULEN.
Entre los empresarios que nutren las arcas de Hazte Oír también figura la marquesa Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del consejo de administración de FCC, que se da la mano con EULEN para licitar en procesos de contratación pública de control fronterizo.
La beligerancia de Hazte Oír también ilustra el componente mediático de la campaña de acoso y derribo contra la regularización de migrantes. Hazte Oír está vinculada al Grupo Intereconomía, que engloba medios como Toro TV o Radio Intereconomía, entre otros. Este conglomerado fue fundado por Julio Ariza, exdiputado del PP en el Parlament catalán. En el pasado Grupo Intereconomía también controló La Gaceta, cuyo consejo editorial preside el eurodiputado e hijo de un diplomático y propagandista nazi Hermann Terstch, que define la regularización como operación “criminal”. La Gaceta ahora pertenece a la Fundación Disenso. Este think tank vinculado a Vox se financia con fondos públicos que recibe el partido y sirve de altavoz a las posturas xenófobas de la ultraderecha española.
Vox y Disenso no responden a ninguna de las preguntas formuladas por este medio. Tampoco aportan detalles sobre los fondos públicos que recibe esta fundación, que no facilita sus cuentas ni la composición de su equipo directivo.
En la “derecha moderada” española que encarna el Partido Popular también hay una larga lista de figuras especialmente agresivas contra el proceso de regularización y vinculadas a empresas que hacen negocio con las políticas de control migratorio.
Un caso poco conocido es el de Elías Bendodo Benasayag, uno de los hombres fuertes de los populares en Andalucía. Bendodo encabezó la Consejería de Presidencia e Interior, y hasta mediados de 2022 fue portavoz de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno. Cuando estalló el caso de corrupción conocido como ‘Mediador’ o ‘Tito Berni’, que afecta principalmente al PSOE canario, varios medios informaron de que Bendodo adjudicó al menos un contrato a Asesoramiento y Servicios de Drones SL, empresa central en la trama corrupta. Bendodo afirmó que todo fue legal.
En este mismo escándalo de corrupción destaca Francisco Espinosa, general de división de la Guardia Civil, el escalafón más alto de esta institución. Espinosa procede de lo que en la benemérita llaman “el clan de los Zoido”, en referencia al político sevillano Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior en tiempos de Rajoy, que le ascendió a ese puesto. La Justicia investiga el presunto cobro de comisiones por parte de Espinosa y otras personas en los contratos del Gobierno español para transferir drones a países como Mali con el objetivo de combatir los flujos migratorios, una política conocida como ‘externalización de fronteras’.
«Los que vengan de forma irregular no serán bienvenidos, serán expulsados», aseguró Bendodo a finales de abril en un acto de la campaña electoral andaluza en una localidad de Almería, una de las provincias con más casos de explotación laboral de personas migrantes en situación irregular.
Elías Bendodo también es uno de los políticos más cercanos al lobby proisraelí en España. Por ejemplo, en varias ocasiones ha mostrado públicamente su sintonía con David Hatchwell, presidente y cofundador de ACOM, el mayor grupo de influencia de los aliados en España de Netanyahu. Hatchwell es uno de los grandes beneficiarios de la Industria del Control Migratorio en España. Una de sus grandes empresas, Excem, suministra tecnología israelí de vigilancia y análisis de documentos a la Policía Nacional, la Guardia Civil y AENA, entre otros. A pesar del embargo decretado por el Gobierno el año pasado, la frontera española está repleta de tecnología israelí por cielo, mar y tierra.
No acaba ahí la lista de líderes políticos y de organizaciones ultraconservadoras que claman contra la regularización de migrantes al mismo tiempo que se lucran, directa o indirectamente, con el gasto asociado a las políticas de control migratorio. En el ránking español de la Industria del Control Migratorio destacan empresas como Telefónica, Escribano, Indra, Amper, Air Europa o Tecnobit, entre otras. Todas cuentan con ex altos cargos del Estado, la mayoría procedentes del PP (aunque también del PSOE y, en menor medida, del PNV).
El Partido Popular no responde a ninguna de las preguntas formuladas para este artículo.
Los detractores de la regularización argumentan que la regularización de migrantes tiene un efecto negativo sobre el empleo, la economía, la seguridad y la “identidad nacional”. La evidencia científica revela todo lo contrario: la irregularidad produce situaciones de explotación, vulneración de derechos fundamentales y caos, mientras que las anteriores regularizaciones en España tuvieron efectos positivos sobre los derechos de estas personas, reduciendo los casos explotación laboral, y favoreciendo la inclusión social y la contribución de los trabajadores extranjeros a las arcas del Estado. La cercanía de los actores ultraconservadores y las posiciones conspiranoicas contrarias a la ciencia también queda patente en innumerables estudios académicos.
José Bautista es coordinador del equipo de periodismo de investigación de la Fundación porCausa.
Aficanda en Valencia de Alcántara (Cáceres) tras varios años viviendo en Ecuador, Victoria César Velázquez acaba de defender en la Universidad de Sevilla una tesis doctoral en la que indaga, a través de sus protagonistas, cómo el movimiento memorialista se ha ido forjando como el músculo de la recuperación y reparación a las víctimas del franquismo en España en las últimas dos décadas. Es tal la fuerza de este activismo –defiende la investigadora– que, incluso en este momento de ultraderechización y de discursos contrarios a los derechos humanos, logra mantener vivo un tema que desde muchas instituciones intentan dar por muerto. Para esta investigación, no ha recibido ningún tipo de financiación. «Hay mucha gente haciendo investigación sin recibir retribución económica, a expensas del sacrificio profesional y personal», afirma.
¿Por qué hizo esta tesis doctoral?
El tema conectaba con mi trabajo de fin de grado, que había versado sobre una propuesta del Parlamento Europeo en 2014 acerca de cómo estudiar la memoria en las escuelas. Esta propuesta iba encaminada fundamentalmente al nazismo y al estalinismo o a los regímenes comunistas. Cuando me quise meter en el doctorado, contacté con el profesor Miguel Vázquez Liñán, que también había sido mi director de TFG, y ya concretamos el tema partiendo del planteamiento de que la memoria histórica en España y en Andalucía, tal y como la conocemos, no se puede entender sin el activismo memorialista, sin el movimiento memorialista. Hay, además, una ausencia o escasez de estudios académicos en los que el movimiento memorialista sea el objeto de estudio principal. Y así fuimos estableciendo el tema inicial de hacer una historia social del movimiento memorialista en Andalucía a través de entrevistas en profundidad, para que fueran las propias personas del movimiento las que describieran sus experiencias y las que contaran cómo había sido todo ese proceso.
Se la dedica a su abuela. Aparte de que las abuelas siempre son especiales, ¿existe alguna motivación relacionada con la memoria?
No directamente o no del todo. Mi abuela es una figura muy importante en mi vida; es mi segunda madre, yo me crié con ella. Falleció durante el proceso de elaboración de la tesis y no fue nunca muy consciente del doctorado porque en sus últimos años tuvo Alzhéimer. A veces me había hablado de la represión en Lebrija, en mi pueblo, desde un punto de vista crítico. Mi abuelo había sido bastante autoritario, bastante afín al franquismo y a este tipo de ideología, por lo que mi abuela había sido una mujer muy sumisa durante casi toda su vida. Cuando falleció mi abuelo, fue cuando ella empezó a expresarse y hablar mucho más. Y sobre este tema en concreto, sacaba muchísimo a colación a una tía suya, que la crió, que sí fue una represaliada directa del franquismo, a su marido lo desaparecieron, ella quedó viuda con un niño de dos años, se negó a firmar el documento para recibir una ayuda, tuvo una vida bastante difícil y bastante condicionada por esa circunstancia. De hecho, a mí ahora mismo me gustaría intentar recuperar en la medida de lo posible la historia de esa tía abuela.
Mi abuela hablaba de ella como una mujer muy fuerte, muy orgullosa, muy digna. Y también sé que otra de sus tías se fue a Sevilla a vivir en una especie de cooperativa y fue también represaliada directamente, pero no sé todavía ni siquiera el nombre. Todas estas historias van creando una conciencia, una sensibilidad que en las generaciones más jóvenes quizás está menos presente que en generaciones más mayores que han tenido un contacto más directo con personas represaliadas directamente.
La investigación abarca 23 años, de 2000 a 2023. Puede parecer mucho, pero ¿cree que se siguen quedando cortos para todo lo que hay que reparar? Muchas víctimas presentes en ese movimiento memorialista ya han muerto.
El movimiento ha logrado muchísimas cosas y ha avanzado muchísimo, pero también ha tenido muchísimos obstáculos que han determinado los avances que se han podido hacer. En estos años, aunque en Andalucía ha habido una profusión de iniciativas, incluso políticas institucionales, observas que no es suficiente viendo por ejemplo las cifras de las exhumaciones, de todas las personas que siguen siendo anónimas, como la historia de mi tía y su marido. Y, siendo realista, probablemente vaya a quedar mucho sin recuperar. Veinte años no son suficientes, obviamente, para recuperar la memoria de las personas represaliadas por el franquismo en su totalidad.
Mantiene que el movimiento memorialista andaluz tiene unas características propias. ¿No es extrapolable al resto de España?
Hay características propias a nivel de iniciativas, de políticas, de organización de las asociaciones, de medios de comunicación… pero obviamente muchas características sí son extrapolables. Sí sostengo también que Andalucía, sin restar gravedad a la represión en ninguna otra comunidad, es una víctima ejemplarizante, se mandaba un mensaje al exterior de ‘esto es lo que va a seguir pasando’.
Entrevista a diferentes perfiles dentro del movimiento memorialista y hace una distinción entre familiares biológicos e ideológicos, como Cecilio Gordillo dentro de este último grupo.
Sí, surgía la necesidad de distinguirlos, precisamente por una definición que hace Cecilio Gordillo. Porque la participación en el movimiento memorialista puede empezar no necesariamente por un vínculo familiar sino por una afinidad ideológica,y creo que es muy importante porque es algo que está presente prácticamente en todas las personas que participan en él. A lo mejor las personas que pueden poner un poco más de distancia ideológica son aquellas que participan en la memoria a través de un vínculo profesional, pero incluso en esos casos hay un fuerte componente de compromiso emocional.
Y muchas de esas personas, como el propio Gordillo, descubren también que son familiares biológicos.
Sí, son dos colectivos que están muy conectados entre sí, porque al final, si nos ponemos a escarbar en nuestras historias familiares, vamos a encontrar algún caso.
Lo define Andrés Rebolledo, familiar de represaliados, como “trauma colectivo”.
Eso es.
Divide la investigación en tres fases: los orígenes, la institucionalización y la inanición, que es en la que estamos ahora, con el PP en la Junta de Andalucía. No obstante, el movimiento memorialista fue bastante crítico con el PSOE en la fase de institucionalización.
El periodo de institucionalización es muy complejo desde el punto de vista ideológico: hay muchas personas muy críticas que entienden que aun habiendo un cierto compromiso institucional con la recuperación de la memoria histórica, era muy limitado. Es decir, todo lo que se hacía tenía que seguir siendo promovido por parte del activismo ciudadano, e incluso en muchas ocasiones llevaba a cabo el trabajo, como con el mapa de fosas. Luego otras instituciones, incluyendo la universidad, validaron esta información. Pero sin la existencia del movimiento memorialista, mucho o casi todo de lo que se ha hecho no se hubiera hecho si se hubiera dejado en manos de la Junta de Andalucía. Y, además, lo que se ha conseguido ha sido a un ritmo que no es coherente con la urgencia de reparar a personas que son mayores. Las instituciones solas no hubieran movido la memoria histórica apenas y, de hecho, incluso las normativas han podido limitar a veces el tema de las exhumaciones, como la burocratización del proceso.
Y también ha habido conflictos internos en el seno del movimiento, ¿no?
Sí, no quiero idealizarlo. Venimos de un movimiento que también tiene sus contradicciones internas, sus propios desafíos internos. Han logrado llevar a cabo iniciativas conjuntas, pero obviamente existe conflicto a la hora de ponerse de acuerdo y de trabajar en el día a día con las personas que ideológicamente no son del mismo grupo, por así decirlo. De todas formas, es un movimiento muy plural, eso me parece algo muy positivo.
El PP ha ganado de nuevo las elecciones en Andalucía, pero ha perdido la mayoría absoluta. ¿Cómo ve al movimiento memorialista ahora, en este contexto de ultraderechización generalizado?
A partir de que entra el PP en la Junta de Andalucía, en 2019, hay un cambio muy claro: recorta brutalmente la financiación, elimina instituciones como la Oficina de Memoria Histórica de Sevilla, elimina también información que antes estaba en la página del Ayuntamiento de Sevilla sin ningún tipo de declaración pública sobre eso, sino que simplemente desaparece y ya está.
Y ahora, aunque en Andalucía pueda parecer que la ultraderechización no es tan explícita, en la práctica sí lo es, porque incluso en el discurso del PP no hay nada que nos invite a pensar que no existe esa hostilidad y esa oposición hacia la recuperación de la memoria histórica. El PP andaluz no se ha manifestado a favor de la recuperación de la memoria histórica, ni ha manifestado ningún compromiso con recuperar la memoria histórica. Por eso creo que, a diferencia de la etapa del PSOE, ahora mismo el movimiento memorialista puede tener una oportunidad de volver a un punto más reivindicativo en su conjunto, de estar en pie de guerra, puede ser un nexo de unión, tener una mayor cohesión interna. También dependerá mucho de cómo evolucione la situación a nivel nacional e incluso internacional en cuanto al auge de la extrema derecha, de la normalización de discursos que son totalmente contrarios al reconocimiento a las víctimas y a los derechos humanos. La inclusión de personas jóvenes, la renovación de liderazgos en el movimiento memorialista, es otro de los desafíos.
Hasta ahora, en el fortalecimiento del movimiento memorialista ha influido también, según explica en su tesis, la enorme producción cultural en torno a la memoria en los últimos años.
Sí, yo creo que gran parte de esto viene gracias a esa divulgación cultural. Entiendo que la producción académica es fundamental y es el origen, también en parte, de esa divulgación cultural. Pero claro, la academia tiene bastantes limitaciones para llegar a la sociedad y eso es lo que sí logra la divulgación cultural: literatura, cine, música, incluso los medios de comunicación. Por eso me parece muy importante esos últimos diez años desde 2012, más o menos hasta acá, con una producción muy amplia y con un enfoque de derechos humanos.
¿Eso puede cambiar ahora con los nuevos escenarios políticos?
Todos entendemos que aquí hubo una dictadura durante 40 años, pero la justificación de que con Franco no se vivía tan mal viene de invisibilizar a todas las víctimas que el franquismo tiene detrás. Lo hace la extrema derecha pero también la derecha moderada, por así decirlo, o incluso parte de lo que se supone que es izquierda. Creo que ahí también ha jugado un rol en invisibilizar esa violencia tanto del franquismo como de la transición, al no querer poner el punto de atención ahí. Entonces, que exista esa divulgación cultural es súper importante, eso va a quedar ahí, a no ser que empiecen a censurar y a eliminar obras, ¿no? Que esperemos que no tengamos que llegar a ese punto nunca. Lo que pasa es que debería dársele más difusión todavía, por ejemplo, a través de la escuela. Y ahí, de nuevo, la posición institucional se vuelve un límite.
¿Y si desapareciera el movimiento memorialista?
Si se disolviera en los próximos diez años, la memoria histórica quedaría en lo que se ha recuperado hasta ahora y poco más. Y como conclusión de la investigación, si no existiera el activismo no se habría hecho prácticamente nada. Pero bueno, también es un movimiento que está todavía en actividad, en desarrollo. Y eso para mí ha sido, durante la última etapa, un desafío desde el punto de vista de la investigación, estudiar esos últimos años en los que prácticamente estamos metidos ahora mismo, hacia dónde puede ir.
2.707 personas fueron ejecutadas en 2025 en 17 países. Es la cifra más alta registrada en casi medio siglo, desde 1981, según el informe Condenas a muerte y ejecuciones 2025 elaborado por Amnistía Internacional. En general, las ejecuciones aumentaron en un 78%, después de que en 2024 se registraran al menos 1.518. La organización atribuye este aumento «a unos pocos gobiernos decididos a ejercer su poder mediante el miedo».
El grueso de este incremento procede de Irán, cuyas autoridades ejecutaron a al menos 2.159 personas, más del doble que en 2024. En otros lugares, Arabia Saudí elevó su recuento de ejecuciones hasta al menos 356, y utilizó ampliamente la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas. En Kuwait, las ejecuciones casi se triplicaron (de seis a 17), mientras que casi se duplicaron en Egipto (de 13 a 23), Estados Unidos (de 25 a 47) y Singapur (de nueve a 17). El total de 2025 no incluye los miles de ejecuciones que Amnistía Internacional considera que siguieron llevándose a cabo en China, que continuó siendo el país con más ejecuciones en el mundo.
“Este alarmante aumento del uso de la pena de muerte se debe a un grupo reducido y aislado de Estados dispuestos a llevar a cabo ejecuciones a toda costa, pese a la tendencia global continuada hacia la abolición. Desde China, Irán o Corea del Norte, pasando por Arabia Saudí y Yemen, hasta Kuwait, Singapur y Estados Unidos, esta vergonzosa minoría está utilizando la pena de muerte como arma para infundir temor, sofocar la disidencia y mostrar la fuerza que las instituciones estatales tienen sobre personas desfavorecidas y comunidades marginadas”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
La organización indica que el recrudecimiento de enfoques sumamente punitivos de la “guerra contra las drogas” impulsó los esfuerzos por ampliar el uso de la pena de muerte. Esto se reflejó en el número de ejecuciones, pues casi la mitad (1.257 o el 46%) de todas las que se registraron fueron por delitos relacionados con las drogas: Irán (998), Kuwait (2), Arabia Saudí (240) y Singapur (15). Argelia, Kuwait y las Maldivas emprendieron iniciativas legislativas para ampliar el ámbito de aplicación de la pena capital con el fin de incluir este tipo de delitos.
El gobierno de Burkina Faso aprobó un proyecto de ley que incluía la reinstauración de la pena de muerte para delitos como “alta traición”, “terrorismo” y “actos de espionaje”, mientras que las autoridades de Chad establecieron una comisión para revisar cuestiones relacionadas con la pena capital, incluida su reinstauración. Además, las de Israel presentaron proyectos de ley discriminatorios para introducir y facilitar el uso de la pena de muerte contra personas palestinas.
Las ejecuciones las llevaron a cabo una puñado de países
Aunque las ejecuciones aumentaron, los países que las llevaron a cabo siguieron siendo una minoría aislada. Arabia Saudí, Corea del Norte, China, Egipto, Estados Unidos, Irak, Irán, Somalia, Vietnam y Yemen son los mismos 10 países de los que se supo que habían llevado a cabo ejecuciones todos los años en el último quinquenio y que habían mostrado un desprecio sistemático hacia las salvaguardias establecidas en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, insiste el informe.
Cuatro países reanudaron las ejecuciones el año pasado (Japón, Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur y Taiwán), con lo que el total de países que ejecutaron a personas ascendió a 17.
Por decimoséptimo año consecutivo, Estados Unidos fue el único país de las Américas que llevó a cabo ejecuciones, y casi la mitad de ellas se produjeron en Florida. En el África subsahariana, las ejecuciones se limitaron a Somalia y Sudán del Sur. Afganistán fue el único país de Asia meridional que ejecutó a personas, mientras que Singapur y Vietnam fueron los únicos de los que se tuvo constancia de que lo hicieran en el sureste asiático. Tonga era el único país de Oceanía que mantenía la pena de muerte en la ley. No se tuvo constancia de ejecuciones ni de condenas a muerte en Europa y Asia Central.
“Es hora de que los países que llevan a cabo ejecuciones se unan al resto del mundo y conviertan esta práctica abominable en cosa del pasado. La pena de muerte no nos ofrece mayor seguridad. Al contrario: constituye una afrenta irreversible contra la humanidad, impulsada por el miedo y que muestra un desprecio absoluto por el derecho internacional de los derechos humanos”, ha declarado Callamard.
La llama de la abolición sigue ardiendo
Cuando Amnistía Internacional comenzó su trabajo contra la pena de muerte en 1977, sólo 16 países la habían abolido. Hoy, esa cifra ha subido a 113, más de la mitad de los países del mundo, mientras que más de dos tercios son abolicionistas en la ley o en la práctica.
Ante un telón de fondo de conductas depredadoras, miedo y odio, algunos países tomaron medidas que demostraban que, con determinación y una presión continuada, la abolición mundial está al alcance de la mano. Las autoridades de Vietnam abolieron la pena de muerte para ocho delitos, entre ellos transporte de drogas, soborno y malversación, mientras que Gambia la abolió para el asesinato, la traición y otros delitos contra el Estado. En una decisión histórica, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, concedió el indulto a Rocky Myers: el primer indulto que se concedía a una persona de raza negra condenada a muerte en el estado.
En Líbano y Nigeria se presentaron proyectos de ley para abolir la pena capital, mientras que el Tribunal Constitucional de Kirguistán declaró inconstitucionales las iniciativas para reintroducir la pena de muerte.
“Con los derechos humanos amenazados en todo el mundo, millones de personas siguen luchando contra la pena de muerte todos los años, en una potente demostración de nuestra humanidad compartida”, prosigue Callamard. “La abolición total es posible si nos unimos para mantenernos firmes contra los pocos países aislados. Debemos mantener encendida, brillando con fuerza, la llama de la abolición hasta que el mundo quede totalmente libre de las tinieblas de los patíbulos».
La Llotja de Mar, símbolo del comercio marítimo barcelonés desde el siglo XIV, albergó durante dos días una conversación sobre los flujos invisibles que mueven el mundo contemporáneo: datos, algoritmos, plataformas, derechos. El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales –organizado en el marco de la Mobile World Capital Barcelona y financiado con fondos europeos de NextGenerationEU– acogió mesas redondas, charlas magistrales y sesiones de participación ciudadana sobre un mismo eje temático abordado desde ángulos muy distintos: el impacto de la inteligencia artificial y las plataformas digitales sobre los derechos fundamentales, la democracia y el trabajo.
Y, sin embargo, uno de los mensajes más repetidos a lo largo de las dos jornadas fue precisamente ese: que el debate llega tarde. Que mientras académicos, juristas y representantes sindicales discuten marcos regulatorios y garantías democráticas, las tecnologías que pretenden regular llevan años operando a escala masiva, moldeando conductas, eliminando empleos y concentrando un poder sin precedentes en manos de unas pocas corporaciones privadas. El congreso no podía resolver esa contradicción, pero al menos la nombraba sin eufemismos.
Buena parte de los asistentes que debatían sobre el empoderamiento de los trabajadores y la necesidad de escuchar voces colectivas lo hacían ataviados con traje. Una contradicción menor, quizás, pero elocuente: la urgencia por democratizar el debate digital convive, todavía, con los códigos y los circuitos de siempre.
El vehículo sin carriles
Geertrui Mieke De Ketelaere, ingeniera e investigadora de inteligencia artificial desde los años noventa y autora de The Chatbot Trap, fue una de las voces más contundentes de la primera jornada. Lleva décadas estudiando cómo las sociedades adoptan tecnología y ha aprendido a reconocer ciertos patrones que se van repitiendo, pero el que ve ahora con el desarrollo de la llamada “Inteligencia Artificial” le inquieta: “Cuando hay un accidente de coche, los daños están a la vista, pero con la IA los daños se esconden”. Su diagnóstico fue claro: el modelo habitual –primero optimizar, luego pensar en el impacto– se está repitiendo con la inteligencia artificial, pero a una velocidad y con una opacidad sin precedentes. “Tenemos que apresurarnos en ponerle carriles al vehículo”, resumió. El coche ya está en marcha, pero la carretera todavía no existe.
De Ketelaere fue más allá de la necesidad de regulación para hablar de algo más estructural, lo que ella llamó “la economía del apego”, es decir, la forma en la que las grandes plataformas explotan mecanismos dopamínicos para generar dependencia emocional, presentándola como mejora de las relaciones sociales cuando los efectos reales apuntan en dirección contraria. La adicción como business model.
Este tipo de análisis, que hace apenas una década habría sonado alarmista en un foro institucional, fue recibido en la Llotja de Mar sin apenas cuestionamiento. Algo ha cambiado en el consenso experto. La pregunta es más qué herramientas disponemos para actuar.
«Estamos entrenando a la máquina para que nos sustituya»
Si la sesión sobre sostenibilidad digital habló del problema en términos sistémicos, la mesa dedicada al impacto de las tecnologías emergentes en el trabajo sirvió para bajarlo a ras de suelo. María Luz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, arrancó desmontando una coartada habitual: “No estamos hablando del futuro del trabajo. Estamos hablando del presente”. Puso el ejemplo de los centros de atención telefónica, donde la voz de los trabajadores se graba sistemáticamente para entrenar a los bots que acabarán sustituyéndoles. “Estamos trabajando para que nos acaben desalojando”, resumió. Y aquí paz y después gloria.
Rodríguez reclamó que el debate sobre la propiedad de los datos laborales se sitúe en el centro de la agenda política y sindical. Los datos que generan los trabajadores en su actividad cotidiana tienen un valor económico enorme. Ese valor se captura, se monetiza y raramente revierte sobre quien lo produce. “No podremos transformar la sociedad sin la voz de las personas implicadas”, insistió. La transformación digital, advertía, requiere un diseño plural que vaya más allá de la perspectiva empresarial.
La mesa completó ese diagnóstico con otras voces. José Varela, responsable de IA y digitalización de UGT Confederal, distinguió entre empleo y empleabilidad: perder un trabajo es un drama individual, pero cuando una tecnología elimina categorías enteras de ocupación, lo que se destruye es la posibilidad misma de encontrar empleo en ese sector. “Eso está ocurriendo”, advirtió. Eva Rimbau-Gilabert, profesora de la UOC, añadió que el control tecnológico excesivo sobre los trabajadores siempre genera desafección y rompe el contrato psicológico. “La IA se está usando para sustituir, cuando debería ser utilizada para complementar”, concluyó. Las empresas, dijo, se están buscando un problema a medio plazo.
Democracia, juventud y el espejo iberoamericano
La primera jornada cerró con una mesa que amplió el foco geográfico y generacional. Alexandre Pupo, secretario general del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, aportó un dato que debería figurar en cualquier informe sobre el estado de las democracias: si en 2010 una mayoría de jóvenes iberoamericanos declaraba apoyar la democracia, en 2020 ese apoyo había caído al 45%. En el mismo período, las tasas de trastorno emocional y depresión se duplicaron.
Ciertamente, correlación no implica necesariamente causalidad. Pero en este caso, y a falta de que baje un estadista y lo certifique, todo apunta a que ambos conceptos se dan de la mano.
Pupo rechazó la narrativa de los que los jóvenes de hoy son “nativos digitales”, identificándola como una trampa conceptual. “Nos toca vivir en esta realidad, pero no nacemos preparados para ella”, dijo. Y apuntó a un dato que da que pensar. “En 2010 ocurre algo…Facebook crea el botón de me gusta”. Correlación no implica causalidad. Pero haríamos bien en recordar estos datos y atar algunos cabos.
Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM, señaló la asimetría regulatoria que subyace a todos estos debates: se regula con más intensidad a los usuarios que a los dueños de las plataformas. En América Latina, ese desequilibrio tiene consecuencias políticas directas que los marcos europeos tienden a subestimar. La cuestión de fondo es quién tiene el poder de definir qué se ve, qué se amplifica y qué se silencia en el espacio público.
Lo que queda pendiente
El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales no pretendía resolver los problemas que ponía sobre la mesa, y no los resolvió. Pero consiguió algo más difícil en el clima actual: reunir en un mismo espacio a personas que habitualmente hablan en registros y foros distintos –el académico, el sindical, el jurídico, el activista, el institucional– y forzarlas a escucharse. En un momento en que la velocidad del cambio tecnológico tiende a dejar obsoletos los marcos de análisis antes de que sean adoptados, esa lentitud deliberativa tiene un valor que no debe subestimarse.
Lo que el congreso dejó en evidencia es que el tiempo del diagnóstico se agota. Durante años, investigadores y activistas han documentado los riesgos de la concentración tecnológica, la explotación de datos, la manipulación algorítmica y la destrucción de empleo. Esa documentación existe. Los marcos regulatorios europeos –el AI Act, el Digital Services Act– existen también, aunque sean insuficientes. Lo que falta es, de algún modo, lo de siempre: voluntad política para actuar a la altura de un problema que ya nos está superando, y hacerlo en clave democrática en contra los intereses del poder tecnofeudal creciente.
El 7 de mayo se convierte en un día histórico para las escuelas infantiles de España. Su profesorado convoca una huelga nacional, la primera del sector, en la que solo ofrecerán los servicios mínimos.
En una rueda de prensa convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), varios miembros de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) y representantes de las trabajadoras de educación infantil en la etapa de 0-3 años han explicado las razones de esta huelga. «Somos la base, somos educación», subrayó Lucía Martínez, miembro de la PLEI, en un momento de su intervención.
«Esto es algo histórico. Nunca todo el sector 0-3 en la Comunidad de Madrid había hecho una huelga indefinida [iniciaron su paro el pasado 7 de abril]. Que todo el sector se manifieste el 7 de mayo en todas las comunidades autónomas en defensa de una educación pública, gratuita y universal y de unas condiciones dignas para la primera infancia es muy emocionante», cuenta a La Marea Rosa Marín, representante de la PLEI. Desde las escuelas infantiles están ejerciendo presión –«tan necesaria», a juicio de Marín– para que las instituciones públicas les escuchen. Lo denominan la «revolución amarilla».
Convocatoria de la huelga en el perfil de Instagram de la Plataforma Plataforma Laboral Escuelas Infantiles (PLEI), también conocida como Plataforma 0-3.
Además de la huelga estatal, se celebran manifestaciones esta tarde en diversos puntos de España a las que se anima a asistir también a las familias «para luchar por el derecho de sus hijos e hijas a recibir una educación de calidad», anima Marín.
La portavoz de la PLEI reconoce que ya se han reunido con la ministra de Educación y han abierto una línea de trabajo para caminar hacia las mejoras que el sector demanda. Sin embargo, denuncia que «la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ni nos atiende ni nos ha escuchado; se ha reunido con los sindicatos mayoritarios para ver temas concretos, pero creo que en su cabeza no está la problemática global de la que hablamos».
Qué medidas se solicitan
¿Por qué se manifiestan? «Por dignificar el 0-3. Por la bajada de ratios. Por la subida de salarios. Por el reconocimiento profesional», resumen unos profesores y profesoras de la PLEI en su perfil de Instagram. «Es hora de dejar de ser invisibles, de exigir los recursos que nuestra infancia merece». Estas son sus peticiones.
1. Una aproximación a las ratios europeas
«No te dan las manos para cambiar un pañal mientras otro tiene hambre, otro sueño, otro llora…», admite Rosa Marín. «Queremos una normativa a nivel estatal que estipule unas ratios respetuosas con la infancia y que, por lo menos, se asemejen a las recomendaciones de la Unión Europea». El Decreto 18/2008, de 6 de marzo, establece los requisitos mínimos para los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en la Comunidad de Madrid, unas ratios que, con pequeñas variaciones, se mantienen en todas las comunidades autónomas, y que están alejadas de las cifras europeas.
Cuidar de un solo bebé ya es complicado. En este caso se trata de un/a educador/a para 8 bebés de 0-1 año, una para 14 de 1-2 años, y una para 20 de 2-3 años. En la puerta de una escuela infantil de A Coruña, las docentes han colgado un cartel que compara la ratio actual en España con la de países como Finlandia, Inglaterra o la vecina Portugal. Mientras en España contamos con 8 bebés por aula, en el resto de países mencionados tienen 4, 3 y 5 menores de un año, respectivamente, al cuidado de una persona. «Lo que pedimos es cambiar nuestros ratios por una educadora para 3 bebés de 0-1, una para 5 niños/as de 1-2 años y una para 6 de 2-3 años», cuenta la portavoz de la PLEI.
Cartel colgado en una escuela infantil comparando las ratios españolas con las de otros países.
2. Pareja educativa
La pareja educativa es un modelo de trabajo en el ámbito educativo en el que dos docentes (o un docente y otro profesional) comparten la responsabilidad de un grupo de estudiantes de manera coordinada. «Necesitamos ser dos en el aula para atender la individualidad que requiere esta etapa», sostiene Marín, de la PLEI. Y no solo por bajar las ratios, sino por facilitar que todos los menores consigan construir un vínculo con una de esas dos personas de referencia, y que estas tengan un «conocimiento profundo» de ese niño o niña.
3. Salarios dignos y reconocimiento de las categorías profesionales.
«Con la responsabilidad y formación que tenemos, estamos teniendo tablas salariales por debajo del salario mínimo interprofesional. Es indigno y muy frustrante dejarnos vendidas a un convenio colectivo que es imposible mejorar», insiste Marín. Esa subida salarial debe estar acompañada «de una dotación suficiente de recursos», apunta, por su parte, David Castro, representante de la plataforma Galicia Dignidade 0-3, brazo autonómico de la plataforma estatal.
4. Calendario escolar como el de otras etapas educativas
«Estamos obligados a abrir 12 meses al año», denuncian desde Galicia Dignidade 0-3. «No entendemos por qué las criaturas más pequeñas, que más necesidad tienen de pasar tiempo con su familia, tienen que estar durante el mes de julio en las aulas», añade desde Madrid Rosa Marín. «¡Y sin climatización! Porque esa es otra cosa: las infraestructuras se nos caen a pedazos, con goteras, moho… Es vergonzoso».
5. En Galicia no son parte de Educación
«En Galicia no estamos ni siquiera reconocidos por la Consellería de Educación; estamos adscritos a Política Social. Y esto, que parece una tontería, implica bastantes cosas», explica David Castro. «El carácter educativo incluiría, por ejemplo, horas reconocidas de atención a la infancia, de programación, de evaluación, de tutorías, reuniones de equipo, reuniones con las familias… Eso no está recogido, eso sale de nuestras horas libres».
Una lucha feminista en un sector feminizado
«La infancia hay que cuidarla. Es nuestro mayor valor como sociedad», subraya Marín, que lleva cinco semanas en huelga indefinida en Madrid. Define esta reivindicación también como una «lucha feminista contra este sistema patriarcal que nos sigue asfixiando y que no pone en valor los cuidados, algo que tradicionalmente han hecho las mujeres». «No somos cuatro locas, es todo un sector».
Coincide con ella Castro, de Galicia Dignidade 0-3: «Este es un sector muy feminizado. Casi el 96% son mujeres. También por eso creo que las reclamaciones que hacen juegan a favor de una política de igualdad real. Porque no vale más fabricar neumáticos que educar a un niño pequeño. Y, sin embargo, se paga más».
La primera infancia, una etapa clave
«La etapa 0-3 no es conciliación». Este es el primer punto del manifiesto de las escuelas infantiles en Galicia, difundido por la plataforma Galicia Dignidade 0-3.
La primera infancia siempre ha sido denostada, como si los receptores de esta educación inicial no se enteraran de nada. La neurociencia y la pedagogía indica, en cambio, que es una etapa fundamental: el cerebro es una esponja y es en esas edades cuando se crea la personalidad, la socialización, la construcción de vínculos, la tolerancia a la frustración, la co-regulación con su figura de referencia… Esa referencia, en el aula, son las educadoras. «No puedes ofrecer lo que no tienes. Y tú no puedes tener una estabilidad emocional cuando tienes a ocho bebés llorando».
«Es una lucha por poner el foco en la infancia y dejar el adultocentrismo, la producción y el capitalismo exacerbado que nos está comiendo», demanda Marín.
Servicios mínimos
Se han marcado en toda España unos servicios mínimos para que las familias que, por conciliación, necesitan llevar a sus niños y niñas, puedan hacerlo con garantías de que serán cuidados. Aunque en el caso de Galicia, «la Xunta nos está marcando unos servicios mínimos abusivos», denuncia Sandra, docente en 0-3 en una escuela pública de A Coruña. «Nosotros aquí somos 14 educadoras y, si seguimos sus pautas, sólo nos podríamos ir a la huelga cuatro personas».
A continuación, se pueden ver los horarios de las manifestaciones en diversas localidades.
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Me cuesta decir «mi padre». Dos palabras que, en la mayoría de personas, son quizá de las más pronunciadas. Son un concepto normal, uno de esos en los que se basa tu mundo cuando eres niña y uno de tus pilares cuando te haces mayor. A mí, en cambio, me revuelven el estómago por el subtexto asociado a ese concepto, por lo que se supone que dices cuando pronuncias esas siete letras, por la referencia a esa figura de apego que debe ser quien te cuida y te protege. No soy capaz.
Por las tardes, me enseñaba a montar en bicicleta, me decía que me apuntara a judo para saber defenderme de mayor, presumía de lo lista y responsable que era su hija frente a la vecinas, que lo saludaban sonrientes. «Qué majo es tu padre. Tu madre, hija, es más seca», me dijo un día la señora del quinto, una de esas mujeres mayores que pretendía no aparentarlo y que se bañaba en perfume y maquillaje. «Qué majo», decía, y a mí un dolor me partía el pecho por dentro. Nunca dije que me dolía. No quería molestar, no quería preocupar, no quería que nadie me preguntara por qué. Solo quería hacerme invisible, olvidar, vivir en las tardes de sol y playa donde mi infancia era lo que debería ser la de cualquier niña: calma y amor.
Pero llegaba la noche, y la oscuridad se cernía sobre la casa. Y yo me acurrucaba en la cama. Me hacía pequeña y me escondía entre las sábanas, híper vigilante y con el corazón en un puño. Oyendo cada crujido de la madera, cada respiración en la casa. Me sentía como Spiderman, con un sentido arácnido que me hacía ser consciente del vuelo de una mosca y me aceleraba el corazón cuando notaba que una mano se posaba en la manilla de la puerta de mi cuarto. Aprendí a dormir boca abajo, con los brazos a los lados, para poder hacer presión hacia el colchón y evitar que una mano me tocara en zonas donde a ninguna niña deberían tocarle. Era una parálisis, una resistencia silenciosa, sin moverme apenas, intentando poner todas las barreras físicas que una menor de unos tres años podría poner frente a un monstruo de 1,85 cm. de altura, más de 100 kilos de peso y treinta y pico años de vida. En esos momentos, solo podía escuchar el latir de mi corazón en mis sienes, con la sangre galopando por mis venas y mi cuerpo en rigor mortis. No sabía lo que pasaba, únicamente que quería matarlo y huir. Lo soñaba a veces. Y luego me sentía mal, culpable, porque es tu padre y tienes que quererlo, porque te lleva a las extraescolares y sonríe a las madres de tus amigas, porque es muy gracioso y en el bar lo adoran, porque sabe lidiar con mi madre cuando se enfada y es el alma de la fiesta en las comidas.
Todavía lucho con la culpa, cuarenta años después. Quizá podría haber gritado, aunque no encontraba la voz. Quizá podría haber pedido ayuda, aunque conseguí hacerlo una vez –pero acabé por minimizar la historia mientras la contaba porque no quería romper mi familia, no quería ver a mi abuela llorar, a mi madre chillar, a los vecinos hablar–. Porque «los trapos sucios se lavan en casa», me decían, sin saber el impacto de esa frase. Ni siquiera sabía pedir ayuda porque tardé muchos años en entender que podía negarme y que la punzada que me desgarraba el pecho era ansiedad.
Con treinta y pico años, más o menos su edad en el momento en que se inicia esta historia, reuní fuerzas y escribí a una psicóloga especializada. Digo escribí porque no fui capaz de llamar. «Necesito hablar con alguien pero no puedo decirte por qué, simplemente no puedo», tecleé en un formulario ‘online’ de una web. Ella lo entendió, me recibió, me dejó llorar, me dio mi tiempo. Y fue la primera que lo llamó «mi agresor». Me revolví en la silla de una consulta blanca, decorada con plantas y con una caja de pañuelos enorme sobre la mesa. Me los acercó. «Llamémosle por su nombre», me dijo. Me dolió; también me liberó. No sería más «mi padre», aunque ha acabado por ser «el susodicho» o «el gilipollas» porque llamarle «mi pederasta» se hace muy duro de tragar, y no solo por el «pederasta» sino por el «mi». Porque no quiero que sea nada mío. Porque lo he borrado de mi vida y, solo entonces, solo así, he podido empezar a dormir de lado y, poco a poco, boca arriba.
Empecé a meditar, a soltar el cuerpo, a contarlo en pequeños círculos donde, para mi sorpresa, me encontraba en ocasiones con historias similares que me eran susurradas en privado o enviadas en mensajes tras el encuentro. «Me pasó, fue mi hermano». «Mi abuelo». «El vecino en un bar». «También mi padre». Y un terremoto se desató en mi cuerpo, porque comprendí que no era una rarita con problema extraños sino que había mucha gente a mi alrededor con problemas similares. Porque habían abusado de muchas de nosotras, incluso cuando no nos habían ni salido las tetas. Solo por el hecho de ser niñas. Solo por creerse impunes y, a nosotras, trozos de carne sobre los que ejercer su poder sin consecuencias.
Me gustaría decir que ya estoy bien. Pero solo puedo decir que he conseguido vivir con ello y, muchas veces, seguir disociándome de esa historia porque me niego a que me defina. Pero ahora, con dos hijas a mi cargo, las regresiones se activan y las veo pequeñas, inocentes e indefensas, y pienso que hay que ser un puto ‘monstruo’ para hacerles daño. Y no sé si es más triste que me haya pasado a mí o que yo no sea una excepción; que lo que para mí son monstruos no son locos ni psicópatas, solo hijos sanos del patriarcado.
Ahora, intento protegerlas y educarlas desde la herida sin dejar que sangre. Les canto canciones, les explico cómo se llaman las partes (todas) de su cuerpo, les compro libros sobre consentimiento e intento no obsesionarme cuando las pierdo de vista unos segundos en una comida familiar. No voy a mentir, me cuesta. Las miro y vuelven los temblores, el palpitar de la sien y el miedo a que se repita la historia con otra de esas personas de mi entorno que sea muy majo para las personas sobre las que no puede ejercer poder.
Todavía tiemblo al escribir esto. Porque la herida no se cierra nunca. Solo cicatriza. Hoy la muestro por si alguien más necesita saber que no está sola. Y que no es su culpa, aunque así se sienta.
*Aurora Delmar es un pseudónimo. La mujer que escribe estas líneas nunca denunció a su agresor y ha optado por no revelar su verdadero nombre por temor a posibles represalias.
Puedes escuchar el texto en este audio, con locución de Rocío Gómez.
Como ya hemos contado en infinidad de ocasiones, este periódico nació para convocar a la huelga del 29 de septiembre de 2010, con el doble objetivo de llamar a la movilización contra los recortes impuestos por el PSOE y de visibilizar el papel paralizador de los sindicatos oficiales.
Año y medio después, y ya con un año de publicación periódica, sacábamos 4.000 periódicos a las calles de Madrid contra la reforma laboral del PP a la que denominamos la reforma del miedo y que fue enfrentada con la huelga general del 29 de marzo de 2012.
El abaratamiento de los costes del despido y la prioridad de los convenios de empresa, tendrían unas consecuencias claras que se confirmaron con el paso del tiempo:
“cobraremos menos, tendremos una inseguridad absoluta sobre nuestro futuro y nuestras condiciones laborales quedarán totalmente ligadas a los deseos y necesidades de la empresa. La reducción de la indemnización por despido e incluso su supresión durante el año de prueba supone una merma de nuestros ingresos y un incentivo para los empresarios a la hora de reducir su plantilla y aumentar beneficios. En última instancia, la idea de la reforma laboral es muy simple: “reducir los costes laborales” para “aumentar la productividad”. A las claras, que nosotros trabajemos más por menos para que “todos” (pero unos antes que otros) podamos salir de la crisis.
Pero si de algo va esta reforma no es tanto de recortes, rebajas y reducciones… eso es el medio. Esta reforma de lo que va es de miedo, de miedo y poder. El miedo que persigue imponer en los trabajadores a costa de aumentar el poder de los empresarios para hacer y deshacer a su antojo. Todos los puntos de la reforma se resumen en uno: aumentar la precariedad y la indefensión a la que los trabajadores nos vemos sometidos, que puede llevarnos a aceptar todas las condiciones que exija el empresario. Con la amenaza del despido sobrevolando por la cabeza, se pretende reducir la combatividad que pudiese mostrar el empleado y, como ya ha reconocido el PP, aumentar su “rendimiento”. Sabiendo que el despido es casi gratuito y que más de cinco millones de parados están prácticamente obligados a aceptar cualquier trabajo, ¿Quién va a exigir que se le paguen las horas extraordinarias? ¿Cómo decirle al jefe que quieres vacaciones? ¿Cómo negociar un convenio de empresa?”
… a la calma
Unos meses después, salíamos a la calle el 14 de noviembre en la Huelga General europea y no fue hasta el 8 de marzo de 2018 y 2019 cuando el movimiento feminista nos llamó a dejar quieta la herramienta (y el delantal y el monedero) porque era la hora de luchar.
La ausencia de convocatorias de huelga general, a pesar de que la ofensiva no se detuvo, se explica no solo por la inacción de las dos grandes centrales sindicales, sino en la parálisis entre la clase trabajadora provocada por la crisis y la inestabilidad laboral.
Si bien la falta de paros generales llaman más la atención, la reducción de huelgas sectoriales o de empresa han sido también una dinámica constante en estos años. Analizando las jornadas no trabajadas por convocatoria de huelga, excluyendo los paros generales, observamos que en los años anteriores a 2010 se perdieron entre ochocientas mil y millón y medio de días de trabajo al año por huelga. En 2011 y 2012, pasamos a parar en quinientos y ochocientos mil días, respectivamente, y desde entonces a 2020, las jornadas de trabajo perdidas fluctúan entre los doscientos y trescientos cincuenta mil días.
En los últimos años, vivimos un ligero aumento de los días no trabajados por huelgas, habiéndose convocado 707 huelgas e todo el Estado, siendo 253 de ellas en Euskadi, que viene liderando la lucha obrera.
Aunque parezca un sinsentido, podemos decir que en estos momentos, más allá de la no convocatoria de huelgas generales, el problema está en su convocatoria irreflexiva.
La huelga debe ser una herramienta de lucha que sirva para ganar un conflicto o, al menos para mostrar al enemigo nuestra fuerza. Si bien no podemos negar la buena voluntad de sus convocantes, las llamadas huelgas generales de 2024 y 2025 por Palestina parecen olvidar estos objetivos.
La reciente huelga convocada por CGT, animado por organizaciones solidarias con el pueblo palestino, ha estado muy lejos de esos propósitos. Según cifras de la Seguridad Social, solo alrededor de siete mil personas dejaron de trabajar ese día y la manifestación, al menos en Madrid, tuvo una participación muy inferior a la histórica convocatoria que unas semanas antes sacó a la calle a cientos de miles personas.
En palabras de CNT-AIT Albacete,“vemos que se profundiza en una dinámica donde las convocatorias de huelga se convierten en inocuas y los mismos afiliados a los sindicatos ni siquiera las secundan. Con estas formas de convocatoria de arriba abajo y los resultados de incidencia, se puede llegar a banalizar culturalmente la herramienta de transformación social más poderosa que tiene la clase trabajadora, la Huelga General.
Sin duda, el despertar de una solidaridad internacionalista ante un genocidio merece todo el apoyo e iniciativa de los sindicatos de clase (…). El boicot y el sabotaje contra el sionismo deben ser la forma de acción predominante, porque el desplazamiento, los asesinatos y las agresiones sionistas al pueblo palestino van a continuar, a pesar de los “ultimátums de paz”.
Misma reflexión realizaban desde CNT Granada: hemos visto que preparar una huelga general que llame a secundarla a todos los sectores productivos en apenas una semana es una ardua – por no decir prácticamente imposible – tarea: es difícil llegar en tan poco tiempo a aquellas trabajadoras/es de las empresas en las que sí tenemos presencia para que ese día hagan huelga con nosotras y, aún más complicado todavía, llegar a las plantillas de los sectores productivos en los que no tenemos presencia para que se unan el 15 de octubre a las protestas y paren de producir ese día. Eso, si es que nos tomamos en serio lo que supone una huelga general. Otra cosa distinta es que esta convocatoria se esté tratando de una huelga de carácter simbólico utilizando, además, las redes sociales como casi único medio de difusión y no emanando de los centros de trabajo: ¿cuántas personas que no participan de movimientos sociales se habrán enterado de esta convocatoria del 15 de octubre?
Así pues, queremos ser honestas con nuestra afiliación, a quienes nos debemos, con nuestras secciones, motor de nuestro sindicato, y con todas aquellas personas que simpatizan con nuestras ideas: una huelga es una poderosa herramienta de lucha de la clase trabajadora y, como tal, debe usarse con estrategia y, por qué no, con tiempo (como así se vino haciendo en las Huelgas Feministas del 8M de 2018 y 2019: meses y meses de trabajo previos al gran día en el que todas paramos y salimos a las calles por el fin del patriarcado).
Si la huelga no sirve para detener de verdad el tejido productivo, aunque sea por un día, para formar asambleas de trabajadoras/es que debatan qué pueden hacer por Palestina, etc, ¿de qué sirve para el objetivo de detener el genocidio, de pedir el cese de relaciones con el estado sionista? Debemos plantearnos si nuestras luchas son cascarones vacíos o tienen un movimiento real detrás. Y, como es el caso que nos concierne, si queremos que esta tenga un apoyo desde la base de la clase trabajadora y que desborde los límites de lo que conocemos como ‘movimientos sociales’, no basta con convocar ‘a golpe de corneta’ una huelga. Necesitamos trabajar en el desarrollo de nuestra afiliación, así como de la clase trabajadora en su conjunto. Un trabajo más difícil pero necesario, que cambia cualitativamente las posibilidades de enfrentarnos ante la barbarie.
La derogación que no deroga
Tras unos años de poca actividad en cuanto a normas que afectaran a las relaciones laborales, en 2019 se firmó el pacto de investidura que abría el camino al autodenominado Gobierno más progresista de la historia. En el que PSOE y Unidas Podemos afirmaban que “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. También se establecía que se sustituiría la Ley Mordaza, así que ya sabéis el resultado.
Al poco tiempo, Yolanda Díez, en ese momento sucesora de Pablo Iglesias, nos explicaba (es un decir) que “técnicamente no se podía derogar la reforma laboral”, lo que era manifiestamente falso y que demostraba la falta de respeto constante que tiene la izquierda a sus votantes.
Así, tras un camino marcado por excusas y declaraciones grandilocuentes, llegamos a la nueva reforma laboral de la izquierda, pactada y aplaudida al unísono por patronal y sindicatos mayoritarios.
Revisando el texto de la norma, hace unos años nos preguntábamos y respondíamos: «¿Se ha derogado la reforma laboral? Rotundamente, no. ¿Se han derogado, al menos, los aspectos más lesivos de la reforma laboral? Pues depende de para quién. Para los trabajadores, no. Para los sindicatos mayoritarios, que habían perdido poder de negociación en el ámbito de los convenios colectivos, tal vez sí.
Como agradecía la patronal, la nueva norma mantenía «intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas»(modificaciones de condiciones de trabajo, ERTE, movilidad funcional) y no alteraba en nada el régimen del despido, tanto el individual como el colectivo«.
La reforma basó su éxito en la desaparición de la contratación temporal fraudulenta, utilizando una fórmula infalible: cambió los términos. Quien se acostaba siendo temporal se levantó siendo fijo discontinuo. Los que tenían la suerte de ser transformados a indefinidos, verían que la alegría duraba poco tiempo: sin trabas al despido, es irrelevante el tipo de contrato.
Lo que era evidente que ocurriría (y que la ministra de Trabajo sabía porque, como no nos olvidamos de repetir, era abogada laboralista) sucedió. Los contratos temporales fueron sustituidos por indefinidos que finalizaban por no superar el periodo de prueba (tipo de cese que ha aumentado un 656%) o, si la duración era algo mayor, se usaba el despido disciplinario o el objetivo (aumentando este despido un 145% y y 186% respectivamente).
Por tanto, la duración de los contratos, tras la reforma, ha tenido poco cambio y la precariedad e incertidumbre se mantiene, aunque no podemos dar datos exactos puesto que esa estadística se ha dejado -hábilmente- de publicar.
Otra de las victorias altamente publicitadas por los Gobiernos de coalición (tanto de Podemos como de Sumar), es la gran cifra de personas ocupadas. Esos datos ocultan una realidad y es la disminución de la media del número de horas trabajadas por persona. La duración media de la jornada es de 31 horas semanales, lo que desvela que existe una ocupación a tiempo parcial indeseada cada vez mayor que logra que tener un contrato de trabajo no evite estar en situación de pobreza.
Además de innegables avances en temas de conciliación de vida familiar (más duración del permiso por nacimiento, alguna mayor facilidad para la adaptación de jornada y ampliación de algunos permisos), otra bandera del Gobierno ha sido la ampliación del salario mínimo. Si bien es cierto que éste casi se ha duplicado desde el año 2011 (de 641 euros a 1.220) la inflación del 34,5% de este periodo se ha llevado gran parte de la subida (hay que tener en cuenta que el IPC no incluye el precio de la vivienda, que ha aumentado una media del 45% y del 12,8% solo este último año). Además, esta subida del salario mínimo no ha empujado la subida del resto: el salario mediano de 2011 ascendió 19.287 euros y el de 2025 a 24.800, lo que supone, teniendo en cuenta la inflación, una pérdida salarial de mil euros anuales.
Unas notas sobre el cisma en CNT
No podemos hablar de cuestiones sobre el trabajo y pasar por alto algo sobre lo que hemos mantenido un prudente (y puede que algo cobarde) silencio durante estos años. La ruptura en el anarcosindicalismo entre las CNTs, con especial gravedad en lo sucedido en nuestra ciudad, nos hace caer en el pesimismo sobre el mundo nuevo que queremos construir y nos hace dudar de si nuestros principios de asamblearismo, apoyo mutuo, acción directa y antipunitivismo podrán ser los pilares de éste. No queremos ahondar en el conflicto, quien quiera conocer las versiones de ambos bandos puede leer los comunicados de cada organización (y quien quiera lanzarse al barro puede ver los lamentables foros y publicaciones en redes sociales de ex-compañeros echándose mierda), pero sí reprochar (algunas como afiliadas, todas como compañeras) la incapacidad de ambas organizaciones de resolver un problema con la madurez y generosidad que se debía esperar del sindicato.
Demandas en los juzgados, agresiones entre compañeros, calumnias, decisiones tomadas de espaldas a la afiliación y construcción de un relato donde la CNT contraria era el mayor enemigo imaginable, ha eclipsado el trabajo de algunas afiliadas que, en la sombra, han tratado de poner algo de sentido en esta ruptura mientras algunos trataban de torpedear cualquier acercamiento. Todo nuestro respeto hacia ellas y nuestro mayor deseo de que, contra todo pronóstico, el conflicto no acabe de una manera que nos avergüence a todas durante años.
«La sanidad, en su ámbito más directo de hospitales y centros de salud, es quizá el ejemplo más evidente y denunciado«, explica el periodista Roberto Ugena en elplural.com. «Sin embargo, la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental se deshace progresivamente y alejada del foco, arrastrando con ella a miles de usuarios, que requieren de este apoyo, y a sus trabajadores, precarizados hasta la extenuación y víctimas del peor de los chantajes: el que utiliza a los receptores de la atención.
Manantial Gestión S.L., brazo de reciente creación de Fundación Manantial, es una de las entidades concesionarias de estos servicios cada vez más decadentes. Las concesiones otorgadas por la Comunidad de Madrid a este grupo a lo largo de los años son incontables y su negocio se ha expandido, pero los derechos de los trabajadores, incluidos los legales garantizados por Convenio, han seguido un camino opuesto. Cuando las cosas iban bien, los beneficios se quedaron en la cumbre y los trabajadores recibieron migajas; flujo que se ha invertido con la llegada de las vacas flacas, que se han cargado en las espaldas de la plantilla.
El juego de las concesiones ha salido caro al Grupo Manantial, que ve ahora como otros conglomerados le arrebatan servicios gracias a ofertas que podrían llegar a considerarse bajas temerarias. Esa es la justificación dada a los trabajadores para mantenerles un salario cercano al mínimo interprofesional, en contra del mínimo del convenio sectorial; aumentarles la jornada laboral, incumpliendo el acuerdo alcanzado; eliminar pluses de experiencia ya pactados; o reducir las horas de formación. Así se lo trasladó la dirección al Comité de Empresa en una reunión. […]
La amenaza, tal y como recoge el acta de aquella reunión, es directa. “Son las medidas necesarias para no llegar a tener que hablar de despidos”, trasladó el representante legal de la Dirección. “Por lo que, si se impugna la decisión de la empresa, tendrán que tomar otra serie de medidas a las que no quieren llegar”, apostilló el letrado, por si no había quedado claro el cariz negociador. Unas actuaciones que retiran 2 de los 14 pluses de dirección y 2 de los 14 pluses de disponibilidad a los directivos y que arrebata todo a los trabajadores (literal a continuación):
Supresión del 9% del plus de experiencia consolidado, recogido en el Acuerdo de Mejora, a aplicar a la totalidad de la plantilla.
Ajuste del número de educadoras sociales de las Residencias ajustándose al mínimo posible según marcan los pliegos.
Aumento de la jornada laboral de 35 horas semanales a 38,5 horas según indica el XVI Convenio.
Reducción de las horas de formación de las 30 horas actuales recogidas en el Acuerdo de Mejora a 25 horas que fija el XVI Convenio.
Supresión de la contratación de educadores de refuerzo en vacaciones en las Residencias recogido en el Acuerdo de Mejora.
Y es que la jeta de la Dirección de Manantial Gestión llega al punto de querer acogerse al Convenio Sectorial según conveniencia y vulnerar acuerdos internos, de total validez e inalienables cuando mejoran las condiciones sectoriales (tal y como recoge el propio Estatuto de los Trabajadores en su artículo 3). Es decir, incumplimos el acuerdo interno consolidado, retrocediendo al Convenio, para la jornada laboral, el plus de experiencia, la formación y el número de trabajadoras; pero no ajustamos las nóminas a Convenio porque no hay dinero.
Una práctica a todas luces ilegal, pues vulnera acuerdos válidos suscritos y salvaguardados por el Estatuto de los Trabajadores, además del Convenio; y contraria a la normativa laboral, incurriendo incluso en amenazas con los representantes de los trabajadores, a los que se sugiere que o aceptan estos incumplimientos o se producirán despidos. La Inspección de Trabajo podría actuar de oficio o ante una denuncia anónima y sancionar gravemente. La Comunidad de Madrid, a la que no se espera, también podría tomar cartas en el asunto«, concluye el artículo.
Frente a este ataque contra los derechos laborales y la precarización de las plantillas, más de 300 trabajadoras han sido llamadas a lahuelga indefinida por CGT, con el apoyo de CNT Comarcal Sur, en múltiples centros dominados por el Grupo Manantial. Lo hacen «en lucha por sus salarios, contra la pérdida de poder adquisitivo y por la mejora de sus derechos laborales«.
La primera de las jornadas se activó el jueves 4 de diciembre, pero el plato fuerte llegó el viernes 5 por la mañana, cuando las huelguistas se concentraron frente a la sede de la Fundación.
En un comunicado, la CNT Comarcal Sur aclara que «las reivindicaciones que impulsan esta movilización son claras, legítimas y urgentes:
Defender de manera efectiva el poder adquisitivo de la plantilla, reclamando medidas que compensen la pérdida acumulada y garanticen salarios dignos.
Preservar la jornada laboral semanal vigente, rechazando cualquier retroceso que implique un empeoramiento de las condiciones laborales.
Exigir la adopción inmediata de medidas adecuadas de prevención de riesgos laborales y psicosociales, indispensables para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo.
Reclamar el cumplimiento íntegro del Acuerdo de mejora de las condiciones laborales, recogido en los convenios colectivos aplicables y de obligado respeto en los centros de trabajo.
Asegurar que se respeten los pliegos establecidos por la Consejería, especialmente en lo referente a las condiciones técnicas y la dotación mínima de personal imprescindible para prestar una atención profesional y de calidad.
Somos profesionales de la salud mental: psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, terapeutas, integradoras… Y sabemos que la precariedad es una agresión directa a la calidad del servicio. No vamos a permitir que se utilice la excusa de la “crisis” para desmantelar nuestras condiciones mientras se eluden responsabilidades y se pide sacrificio solo a la plantilla.
En un momento como este, resulta imprescindible la unidad de toda la plantilla. Solo con cohesión, apoyo mutuo y una posición colectiva firme será posible frenar el deterioro de las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
El sindicato reafirma su respaldo inequívoco a todas las trabajadoras y trabajadores en esta huelga, así como su compromiso en la defensa activa de sus derechos, la dignidad profesional y la calidad del empleo«.
En un artículo de El Salto, Néstor Camacho, delegado de CGT, explica que «los últimos años venimos sufriendo retrasos en las nóminas”, porque la empresa “no está en un buen momento económico, tienen dificultades de tesorería”. Asegura que Manantial Gestión explica que “la actualización del convenio es inasumible por su economía, que ya de por sí estaba tocada”. Por eso, afirma, llegaron a un acuerdo para que se asumieran mejoras poco a poco. “Se empezó a hablar de septiembre, para luego hablar de octubre, y estamos en diciembre y no ha ocurrido nada”, comenta. “Lo que nos han planteado hasta ahora es quitarnos el 9% de plus de experiencia; pasar de la jornada de 35 horas semanales que tenemos actualmente a tres horas y media más; bajar el número de horas de formación que tenemos, de 30 a 25; y no contratar a personal de refuerzo en épocas estivales o en Navidades”. Además, indica, “nos han dicho que estas medidas serían de manera indefinida”. Algo, que recuerdan, ya les pasó tiempo atrás y aceptaron bajarse el salario, una bajada que no llegaron a recuperar nunca.
“Nos lleva a una situación insostenible, con los precios de las viviendas que hay en Madrid, que ha aumentado la cesta de la compra”, indica Néstor Camacho que asegura que “muchas compañeras tienen que tener dos trabajos para poder llegar a final de mes”. “El resultado es una plantilla extenuada”, afirma.
El Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social se está negociando a día de hoy. Un convenio que rige la relación y ámbito laboral de las trabajadoras de las siguientes áreas, tal y como aparecen denominadas en el actual Convenio: área de intervención psicosocial y socio-educativa (centros de acogida, centros de atención a mujeres víctimas de violencia, agresiones, etc., pisos, centros de día, comedores sociales, programas de atención, intervención y mediación, etc.), área de intervención sociolaboral (servicios de inserción laboral, orientación para el empleo, etc.), área de intervención sociosanitaria y asistencial (servicios de apoyo emocional, de prevención del VIH y drogodependencias, servicios sociosanitarios de rehabilitación dirigidos a colectivos en situación de riesgo o exclusión social, servicios de Salud Mental, servicios de emergencia social, centros de atención a las toxicodependencias y otras dependencias, centros residenciales para poblaciones en riesgo de exclusión social, etc.) y área de gestión, investigación, diseño, evaluación, diagnóstico y planificación estratégica de programas sociales (asesoría y consultoría, servicios de formación y orientación, acompañamiento y mediación a personas para prevenir la pérdida de su vivienda, etc.).
La mesa negociadora se encuentra conformada por los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones patronales AEEISSS, ANESOC y OEIS. Ésta última, la Organización Estatal de Intervención Social, constituida, según su página web, por las siguientes 27 entidades, engloba a 22.000 trabajadoras: Aldeas Infantiles, AECC, Asociación Norte Joven, ACCEM, Asociación Proyecto Hombre, Asociación PAIDEA, Cáritas, COCEDER, Cruz Roja, Acción contra el Hambre, Fundación Adecco, Anesvad, CEPAIM, La Merced Migraciones, Oxfam Intermón, Plan Internacional, RAIS, Secretariado Gitano, Save the Children, Fundación Social La Sapiencia, Fundación Tomillo, Médicos sin Fronteras, Movimiento por la Paz, Pinardi, YMCA, Educo e Intered.
Como informa la Plataforma del Sector Social en Madrid, organización asamblearia que agrupa a trabajadoras de forma independiente a las centrales sindicales mayoritarias, durante los últimos 18 años, se han firmado 3 convenios. La Plataforma señala que el convenio de 2007 sigue siendo la base principal de referencia, habiendo quedado, como es lógico, totalmente desfasado, incompleto y sin actualizar categorías, funciones, jornadas, etc., y, aunque se han producido revisiones salariales anuales, las subidas salariales han sido inferiores a la subida del IPC, es decir, las trabajadoras del sector han perdido poder adquisitivo en los últimos años. Por ello, uno de las reivindicaciones principales es la salarial, pero, con el objetivo no sólo de ajustar el salario al actual nivel de vida sino de alcanzar los salarios de los trabajadores públicos, pues, con cada vez más frecuencia, dichas empresas sustituyen a servicios de carácter estatal, dentro de la dinámica externalizadora y privatizadora presente en todos los niveles de la Administración sin importar el color político de sus gestores.
Otra reivindicación presente es la reducción de las horas de trabajo hasta alcanzar las 37,5 horas semanales, así como la mejora de las condiciones laborales (cuidado de la salud física, mental y emocional de las trabajadoras), el reconocimiento como servicio público esencial, la dignificación de la atención a las personas que participan en estos servicios y, por tanto, la dignificación de las propias personas, etc.
Los sindicatos de carácter reformista y pactista han denunciado el bloqueo patronal a la negociación en un primer comunicado titulado “El principio del fin de la paz social en la intervención social”. En dicho comunicado han acusado a la patronal de no asumir ni la mínima reivindicación de equiparar los salarios al actual nivel de vida, en contraste con la dinámica presente respecto a los altos cargos, por ejemplo, en 2024, las trabajadoras de CEAR denunciaban las subidas salariales de hasta casi un 30% para cargos superiores.
El pasado 24 de noviembre, estos sindicatos publicaban una nueva nota de prensa anunciando el inicio de una serie de movilizaciones si continúa el bloqueo por parte de las tres entidades patronales.
En esta disputa, en la que convergen diferentes ejes de conflicto (como la precarización y feminización de estos servicios de acompañamiento y cuidado, la privatización de un elemento del Estado social que, a través de supuestas fundaciones y asociaciones, la Administración acaba externalizando toda una serie de servicios, los recortes presupuestarios en nombre de, por un lado, el equilibrio fiscal, o, por el otro, el relato neoliberal, racista e individualista de la extrema derecha presente en las instituciones, el impacto personal y mental en las propias trabajadoras, etc.), la amenaza de la ruptura de la paz social por parte de las dos centrales sindicales que con más ahínco han trabajado para mantenerla, nos hace entrever la gravedad de las intenciones de una serie de empresas, ONGs, fundaciones y asociaciones, que proyectan una imagen pública que colisiona con la realidad de las trabajadores que las sostienen.
Pero, aunque dicha imagen pública ha sido de forma recurrente usada como chantaje a las trabajadoras, porque algunas de ellas se sostienen aún en parte por las donaciones y suscripciones de miles de personas voluntariosas, también, es una herramienta de presión y fuerza poderosa para todas nosotras. No olvidemos que tienen mucho que perder. Aplaudimos la organización autónoma de las propias afectadas, con la esperanza de que acabe constituyéndose un elemento de contrapoder suficiente no sólo para plantar a la patronal sino para que CCOO y UGT sientan la presión y deban poner en práctica, como mínimo, lo amenazado en sus comunicados y no acepten las cuatro migajas que les puedan ofrecer apelando a la “responsabilidad” que constantemente mencionan, una responsabilidad que siempre coarta a las trabajadoras pero nunca repercute en sentido contrario.
Por un auténtico principio del fin de la paz social en la intervención social.
Esta semana, la Corte Suprema de Estados Unidos ha marcado un precedente decisivo al anular un fallo que bloqueaba la demanda de Priscilla Villarreal, conocida en redes como La Gordiloca, una periodista ciudadana de Texas. Villarreal, arrestada en 2017 por publicar información no pública sobre un suicidio en su página de Facebook, ahora ve reabierto su caso. Esta victoria no solo es importante para ella, sino que sienta las bases para una mayor protección de los periodistas ciudadanos que, como Villarreal, se enfrentan a represalias y riesgos al realizar su trabajo.
En un contexto donde los medios tradicionales continúan atravesando una crisis de credibilidada, acentuada por el consumo de redes sociales y el estallido de la desinformación, figuras como Priscilla Villarreal, han emergido comoreferente informativo para su comunidad, llegando a las páginas de medios como el New York Times. Villarreal utiliza plataformas como Instagram o Facebok para compartir noticias que llegan a miles de personas. Con más de 200.000 seguidores en Facebook, Villarreal ha superado a muchos medios locales en términos de alcance, pero su trabajo como informadora voluntaria la ha expuesto a riesgos, incluidas detenciones y amenazas legales.
El riesgo de ser periodista ciudadano
El arresto de Villarreal, basado en una ley de Texas que criminalizaba la solicitud de información no pública con «la intención de obtener un beneficio», ejemplifica los peligros a los que se enfrentan los periodistas ciudadanos. A menudo, estos informadores trabajan sin los recursos, protecciones y respaldo de grandes corporaciones mediáticas, lo que los expone a situaciones de violencia, intimidación y acciones legales por el simple hecho de cumplir con su rol de informadores.
La Corte Suprema ha ordenado al Quinto Circuito que reconsidere la demanda presentada por Villarreal, tras un fallo anterior que bloqueaba su demanda bajo el argumento de la inmunidad de los agentes involucrados en su arresto. Este fallo podría ampliar las protecciones legales para los periodistas ciudadanos, quienes se han convertido en voces fundamentales en un ecosistema mediático que cambia rápidamente.
La creciente importancia de los periodistas ciudadanos
En un mundo donde los medios tradicionales siguen luchando por mantener su relevancia, los periodistas ciudadanos consiguen llegar a territorios donde los periodistas profesionales no pueden llegar. El caso de La Gordiloca refleja cómo, en algunos casos, la confianza del público se ha desplazando hacia fuentes independientes, menos convencionales. Sin embargo, la falta de reconocimiento legal y las amenazas que enfrentan estos periodistas exponen una necesidad urgente: proteger a quienes arriesgan su seguridad y libertad para informar a sus comunidades.
La sentencia de la Corte Suprema podría cambiar las reglas del juego, no solo para Villarreal, sino para todos los periodistas ciudadanos que se enfrentan a toda clase de amenazas en el ejercicio de su labor informativa y que requieren de protección legal frente a posibles represalias.
