Bata bestearen atzetik irakurritako liburu batzuei buruzko oharrak jaso ondoren, zera pentsatu nuen: «hemen artikulu bat zegoen».

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Lagunek esan izan didate burusoil-gustua dudala (hau da, gizon burusoil batek ikusi, entzun eta irakurriko lukeena dudala gustuko), eta pentsatzen dut hein batean arrazoia dutela. Horrek izan du gorabeherarik, ordea.

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En los grupos de Telegram se revela, además de la misoginia evidente, una identidad masculinizada hecha trizas, un deseo insatisfecho de identidad, pertenencia y trascendencia y una violencia inacabable.

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Reflexionamos sobre algunos de los mantras reaccionarios y nos preguntamos qué hacer para, de una vez por todas, no funcionar como la sección femenina de nadie.

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Paco Cantero, Coordinador de ATTAC Madrid y Futuro Alternativo. Publicado originalmente para Público.

Hay un movimiento silencioso pero revelador que está reconfigurando el mapa geopolítico del siglo XXI. Los grandes barones tecnológicos de Silicon Valley, arquitectos de los sistemas de vigilancia digital más sofisticados de la historia, están abandonando progresivamente Estados Unidos en busca de territorios donde construir sus propias reglas, dictar sus propias leyes y quedar al margen de cualquier rendición de cuentas democrática. Roatán en Honduras y la Argentina de Milei son sus destinos más emblemáticos. España, mientras tanto, empieza a sentir en su propia piel las consecuencias de esta nueva diplomacia del poder, donde las embajadas operan como cuarteles generales de una oposición que mira más a Washington que a sus propios electores.

Próspera: la ciudad-estado que quiso comprar la soberanía hondureña

Ubicada en la isla de Roatán, Honduras, Próspera fue concebida como una ciudad-estado libertaria con estructura fiscal y regulatoria independiente, diseñada para atraer inversores tecnológicos y defensores del libre mercado. La ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) permitía crear enclaves con autonomía casi total en materia fiscal, regulatoria e incluso de seguridad pública, y el proyecto reunió más de 120 millones de dólares en capital de Silicon Valley.

El experimento chocó con una realidad que los libertarios tienden a subestimar: la soberanía popular. Cuando la presidenta Xiomara Castro derogó la ley que amparaba las ZEDE, Honduras Próspera Inc. presentó una demanda de más de 10.000 millones de dólares contra el gobierno hondureño, argumentando que tratados comerciales con Estados Unidos le garantizaban operar 50 años más. Una empresa privada amenazando con arruinar a un país por haber ejercido su soberanía constitucional: pocas imágenes ilustran mejor la lógica de este movimiento.

El vínculo entre Próspera y el expresidente Juan Orlando Hernández no es anecdótico: fue él quien aseguró las concesiones legales que hicieron posible la ZEDE durante su mandato. Hernández fue extraditado a Estados Unidos, juzgado y condenado en 2024 a 45 años de prisión por conspiración para traficar narcóticos y armas de fuego. Lo que ocurrió después constituye una de las interferencias electorales más descaradas de los últimos tiempos. El 28 de noviembre de 2025, solo dos días antes de las elecciones generales hondureñas, Trump anunció su indulto en redes sociales y mostró su apoyo explícito al candidato del partido de Hernández, amenazando además con cortar el financiamiento a Honduras si no ganaba el conservador afín. La lógica del chantaje aplicada a la democracia de un país soberano, con un narcotraficante confeso como moneda de cambio.

Argentina: cuando el experimento ocupa un país entero

Si Honduras fue el laboratorio de la ciudad-estado, Argentina bajo Javier Milei representa la versión a escala nacional del mismo proyecto. El símbolo más elocuente es la llegada de Peter Thiel, cofundador de PayPal y presidente de Palantir Technologies, a Buenos Aires. Thiel dejó sus residencias en Los Ángeles y Miami, trasladó a su familia e inscribió a sus hijos en una escuela local, consolidando una relación ideológica con el gobierno de Milei que ambos definen como el encuentro de dos anarcocapitalistas.

La paradoja es mayúscula. Thiel es cofundador de Palantir, la empresa de análisis de datos e inteligencia artificial que la CIA financió en sus inicios a través de su brazo inversor In-Q-Tel, concebida desde el primer día como herramienta de vigilancia estatal. En 2025, Palantir aseguró un contrato con el Ejército estadounidense de hasta 10.000 millones de dólares, consolidando su papel como pieza central del Estado de seguridad global. Que el creador de uno de los mayores instrumentos de vigilancia masiva del planeta busque refugio en una Argentina desregulada no carece de ironía. Varios analistas regionales especulan con posibles acuerdos de inteligencia entre Palantir y el gobierno de Milei, aunque ninguno ha sido confirmado públicamente.

El patrón que emerge merece una lectura más profunda. Los tecnólogos que construyeron los sistemas de rastreo de comunicaciones y perfilado ciudadano más poderosos de la historia parecen haber concluido que Estados Unidos ya no es un lugar seguro para ellos ni para su patrimonio. Cabe preguntarse si esa sensación no guarda relación directa con su propia obra: con los mecanismos de control que ayudaron a diseñar y que ahora temen que puedan volverse contra quienes los crearon en un contexto de creciente desigualdad y tensión social. ¿Son conscientes de que los sistemas de vigilancia masiva que contribuyeron a desarrollar pueden generar precisamente las revueltas sociales de las que intentan huir?

España en el punto de mira

El escenario que se dibuja en Latinoamérica tiene su correlato europeo, y España es el objetivo más visible. Las reuniones del nuevo embajador de la administración Trump con los líderes del bloque conservador (Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal), sumadas a sus declaraciones públicas en un desayuno informativo organizado por el Foro de Nueva Economía el 27 de mayo de 2026 en Madrid contra el Ejecutivo de coalición, superan los límites de la cortesía diplomática. Desde la izquierda parlamentaria se exigieron explicaciones sobre qué coordinaban los tres líderes de la oposición con la sede diplomática estadounidense en la misma semana, sugiriendo que los movimientos podrían responder a intereses ajenos a España.

Merece atención especial el papel de Isabel Díaz Ayuso. El 21 de mayo, la presidenta de la Comunidad de Madrid no acudió a la embajada como sus correligionarios: recibió al embajador en la Real Casa de Correos, su propia sede institucional, como si de un jefe de Estado se tratara. Esa inversión del protocolo es reveladora. Su participación en estos cónclaves evidencia una diplomacia paralela más interesada en sintonizar con el neoconservadurismo de Washington que en respetar los cauces de la política exterior española.

La pregunta que flota en el ambiente madrileño, entre irónica e inquietante, es inevitable: ¿Estarán negociando una “ZEDE” para Madrid? La broma tiene su lógica. Ayuso lleva años construyendo la Comunidad de Madrid como un enclave de baja fiscalidad y regulación diferenciada, cuya filosofía de fondo no dista tanto del modelo que los tecnólogos libertarios intentaron implantar en Roatán. Lo que en Honduras requirió una isla del Caribe, en Madrid se construye con bajadas de impuestos y una narrativa de excepcionalidad frente al gobierno central. La visita del embajador podría leerse, en clave sarcástica, como la visita del socio inversor.

Lo que antes se gestionaba a través de fundaciones y think tanks hoy se hace con el embajador marcando líneas rojas públicamente al gobierno de la cuarta economía de la Unión Europea. La historia de las injerencias estadounidenses en Europa no comienza con Trump, pero la actual administración ha eliminado la discreción que sus predecesoras mantenían como decoro mínimo. El patrón global es coherente: presión diplomática sobre gobiernos díscolos, instrumentalización de la justicia como palanca política, y financiación de experimentos de soberanía privada donde las reglas las escriben quienes tienen el capital. Lo que está en juego no es solo quién gobierna en Madrid, Buenos Aires o Tegucigalpa, sino si la soberanía democrática sigue teniendo algún significado en un mundo donde los más ricos pueden comprarse una jurisdicción a medida y contratar al embajador más conveniente.

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Transgenikoei zuzenduriko arauditik TGB Teknika Genomiko Berriak izendaturiko transgenikoak kentzeko bidea ireki zuen 2023ko uztailean Europako Batzordeak, eta ekainaren 17 honetan alde agertu dira eurodiputatuak. Trazabilitaterik ez denez izanen, kontsumitzaileak ez du jakinen transgenikorik jan ote duen, eta ingurunean badauden ere ez da jakinen. Inork kontrolatu gabe zabalduko dira, beraz, lehenik eta behin polinizazioa ezin delako kontrolatu. Opari ederra egin diote agroindustriari. Arazoa da landareetan eta, oro har, bizidunetan eta ingurumenean izan ditzaketen ondorioei buruz ezjakintasun handia dagoela.

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En lugar de asumir y solventar esta deuda histórica y estructural con las mujeres, ahora se están generando otras nuevas. Por ejemplo, en Argentina ante el retiro del Estado muchas se endeudan para sostener a sus familias.

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No digo que no exista el peligro, pero se nos habla del peligro por encima del placer.

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Por Alberto Garzón Espinosa. Publicado originalmente para elDiario.es.

¿Te imaginas vivir en una sociedad en la que toda la población, a lo largo de todo el planeta, recibiera un ingreso anual de 60.000 euros? Esa cifra se corresponde con unos 5.000 euros al mes, lo que está algo por encima de la media actual en Norte América, pero muy por encima de los 290 euros de media del África subsahariana. Pues esa es la cifra que el recién publicado informe del Global Justice Report (GJR) considera viable para lograr combatir la desigualdad mundial y sus consecuencias y, al mismo tiempo, evitar el calentamiento global.

El informe ha sido elaborado por el equipo del economista Thomas Piketty, y merece un reconocimiento especial porque se esfuerza por demostrar que la lucha contra la desigualdad va necesariamente de la mano de la defensa del planeta que sostiene la vida. Esto es ir a contracorriente de una larga tradición que entiende que la lucha contra la desigualdad —así como la cuestión económica en general— es sólo posible mediante el crecimiento económico y a costa del medio natural; una forma de pensar que todavía invade la mayor parte del pensamiento económico progresista y, por supuesto, conservador.

La clave de bóveda del informe es, de hecho, la constatación de que la actividad económica conlleva necesariamente un consumo de recursos naturales y energía que genera impactos ecológicos, destacadamente el cambio climático. Así, la única manera de que en el año 2100 la temperatura promedio global se mantenga por debajo de los 2 °C respecto a la era preindustrial —y evitar así una catástrofe de costes impredecibles— es reducir desde hoy la actividad económica, esto es, el crecimiento económico. En este sentido, el informe comparte intuiciones centrales de la tradición del ‘decrecimiento’, aunque sus autores no asumen la etiqueta. Y aporta, además, matices de calado propios.

Para empezar, no se trata sólo de un reescalado hacia abajo de la actividad económica, como ocurriría con una crisis económica, una pandemia o una guerra. Lo que se defiende es una reorientación general del modelo de producción y consumo buscando una desmaterialización de la economía, lo que significa el crecimiento de sectores poco intensivos en consumo de materiales y energía, pero muy intensivos en proporcionar bienestar: por ejemplo, los sectores de educación y sanidad crecerían enormemente. Como señalaba el economista ecológico Herman Daly, es importante recordar que crecimiento y desarrollo no son lo mismo y que, mientras el primero se refiere al valor monetario de la producción, el segundo nos interpela sobre los servicios que nos proporcionan directamente bienestar o felicidad. El GJR se centra en las condiciones biofísicas y sociales que hacen viable el desarrollo del conjunto de la población mundial; nada más y nada menos.

En estas páginas hemos hablado a menudo del paradójico papel que juega la tecnología y la productividad bajo el sistema económico capitalista. El punto es que aunque las innovaciones permiten producir la misma cantidad de bienes en menos tiempo, bajo el capitalismo esta opción está clausurada. La razón es que la lógica del sistema obliga a todos los agentes a competir entre ellos y, en consecuencia, a recurrir a la tecnología no para producir lo mismo en menos tiempo, sino para producir más en el mismo tiempo. La opción liberadora —trabajar menos manteniendo el bienestar— queda así bloqueada. De este modo, durante dos siglos la productividad ha aumentado de forma extraordinaria, pero la mayor parte de ese incremento se ha traducido en más producción y consumo antes que en más tiempo libre. Solo la lucha del movimiento obrero logró compensarlo en parte, consiguiendo que una fracción de esas ganancias se destinara a reducir la jornada. El informe del GJR abunda en esta idea al plantear que las horas de trabajo deben ser reducidas desde la media actual de 2.100 horas por año hacia las 1.000 horas para 2100. Equivaldría, grosso modo, a jornadas de algo más de cuatro horas o a semanas laborales notablemente más cortas que las actuales.

La idea es desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica

Una de las variables centrales que ajusta todo el modelo es precisamente la que llaman suficiencia, y que tiene que ver con el consumo. Con jornadas laborales mucho más reducidas y con un crecimiento de los sectores inmateriales como educación y sanidad, el consumo necesariamente tiene que basarse en un cambio de hábitos: una dieta más sostenible ecológicamente (con una reducción del 25% del consumo de carne a nivel mundial) e incluso con impuestos no lineales donde las primeras compras de un bien (como un vuelo) sean asequibles, pero no tanto las siguientes. Todas estas propuestas responden a una misma idea: desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica. La suficiencia también implica una rápida y contundente transición energética para descarbonizar la economía, así como una reforestación que permita recuperar la masa de bosques que existía en 1900. Es decir, no hay un decrecimiento que pretenda volver a los parámetros de las sociedades preindustriales sino un aprovechamiento del conocimiento y tecnología acumulados para “saltar” hacia un nuevo modelo energético renovable.

Para que todo ello sea posible, el informe subraya la necesidad de combatir ferozmente la desigualdad de ingresos entre países (para permitir que los más pobres crezcan y puedan converger hacia un nivel de vida digno) así como dentro de cada país. No sólo por razones de índole moral sino también económica: de una fuerte imposición a los estratos más ricos sale el dinero necesario para comenzar el programa. El informe no apela a la creación monetaria, sino a la redistribución, ya que el gasto se financia al principio gravando a quienes más tienen. Luego, en cambio, se crea un fondo común (de todos los países) que invierte en las empresas sostenibles para obtener la financiación necesaria: una idea con ecos de las propuestas socialdemócratas radicales. En todo caso, esta transferencia de renta y riqueza desde los estratos altos hacia la base de la sociedad explica por qué en el modelo se compatibiliza el crecimiento económico casi cero de los países más ricos con el hecho de que la mayoría de su población pueda mejorar considerablemente tanto sus ingresos como su bienestar. De la misma forma que actualmente el crecimiento económico no “llega” a una gran parte de la población, la ausencia de crecimiento agregado es compatible con la mejora del bienestar individual de la mayoría.

Aunque el informe contiene mucha más información y datos, es importante quedarse con la imagen general: es posible imaginar un mundo donde toda la población tiene unos mínimos de vida muy razonables (sanidad, educación, tiempo libre), donde el bienestar no depende del crecimiento económico ni de un consumo ilimitado de recursos naturales, y donde la desigualdad ha sido drásticamente reducida como consecuencia de una gran ofensiva contra las élites económicas. Gracias a eso, los parámetros del Sistema-Tierra pueden mantenerse dentro de unos márgenes que, sin estar exentos de riesgo, evitan los puntos de no retorno. Suena radical, y en cierto sentido lo es (lo que no es malo, porque supone ir a la raíz del problema), pero cualquier otra alternativa —como seguir como hasta ahora— supondría adentrarse en un terreno muy oscuro para la civilización humana y para la vida en general.

Frente a ese terreno oscuro, el informe del GJR se inscribe en la tradición utópica, pero en su connotación positiva: aquella que, como en News from Nowhere de William Morris, hizo soñar a la población con mundos deseables y la activó políticamente. La principal virtud de aquellas utopías clásicas, desde Moro hasta las esbozadas por Marx, es el deseo de proyectar en el futuro horizontes deseables que, en el presente, debían empezar a construirse. Necesitamos estas guías utópicas porque dibujan el perímetro de lo que es posible, y trazan un camino que, aunque no esté perfectamente definido —nunca lo estará—, es ya claramente la senda que tenemos que recorrer.

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Publicado originalmente por Enrique Dans.

California acaba de poner sobre la mesa una discusión que muchas democracias llevan demasiado tiempo aplazando. La propuesta, que podrá ya ser incluida en la papeleta electoral de noviembre de 2026 según la Secretaría de Estado de California, plantea un impuesto extraordinario, de una sola vez, de hasta el 5% sobre patrimonios superiores a mil millones de dólares, con el 90% de la recaudación destinado a sanidad y el 10% a educación y alimentación.

El texto registrado ante la oficina del fiscal general no habla de expropiar empresas ni de castigar a nadie: habla de financiar servicios básicos en una sociedad capaz de generar fortunas inmensas mientras se deterioran sus infraestructuras esenciales.

La reacción de algunos nombres conocidos de Silicon Valley ha sido la previsible: hablar de fuga de capitales, de destrucción del ecosistema emprendedor y de pérdida de incentivos. Es el argumento habitual: si se pide a quienes más se han beneficiado de un entorno económico, jurídico, educativo, científico y de infraestructura que contribuyan de manera proporcional, supuestamente la innovación se detendrá. Pero la tesis tiene mucho de chantaje y de absurdo conceptual: nadie deja de fundar una empresa que puede valer miles de millones porque, en el hipotético caso de acabar acumulando más de mil millones de patrimonio personal, tenga que pagar una contribución extraordinaria. Las empresas se crean por ambición, oportunidad, tecnología, talento, capital, redes, mercados e instituciones. Confundir eso con el privilegio de no tributar es manipular el debate.

El problema de fondo es que el sistema fiscal grava nóminas, consumo y rentas ordinarias, pero sigue tratando la riqueza extrema como una abstracción contable. Un trabajador cobra, declara y paga. Una pequeña empresa obtiene beneficios y paga. Pero el multimillonario típico puede vivir con pocos «ingresos» fiscales: acumula plusvalías no realizadas, utiliza acciones como colateral, se endeuda contra su patrimonio, reorganiza activos en sociedades, trusts y fundaciones, y retrasa indefinidamente el momento en que el fisco puede considerar que existe algo gravable. ProPublica lo documentó en su investigación sobre cómo los más ricos de Estados Unidos evitan pagar impuestos sobre la renta, y lo resumió después en su lista de técnicas de elusión fiscal utilizadas por multimillonarios.

La excusa de que «no tienen ingresos» es precisamente la razón para hablar de riqueza. No es una objeción técnica: es la descripción del agujero. Si alguien controla decenas o cientos de miles de millones en activos, puede influir en mercados, financiar campañas, condicionar regulaciones y transmitir poder económico a la siguiente generación. Pero si aparece fiscalmente como alguien con ingresos modestos, el problema no es la ausencia de renta imponible: el problema es un sistema diseñado para mirar hacia otro lado cuando la riqueza adopta formas que no encajan en sus categorías tradicionales.

La investigación académica lleva años señalando esa disfunción. Emmanuel Saez y Gabriel Zucman explicaron en su trabajo sobre tributación progresiva de la riqueza que un impuesto bien diseñado sobre el patrimonio puede restaurar progresividad allí donde el impuesto sobre la renta deja de funcionar: en la cúspide, donde la riqueza crece mucho más rápido que la renta declarada. Un estudio reciente del NBER sobre los cuatrocientos hogares más ricos de Estados Unidos concluyó que su tipo efectivo total era inferior al de la población en su conjunto, porque sus ingresos imponibles son pequeños en relación con su renta económica real.

La desigualdad extrema no es una cuestión estética ni una invitación a practicar la envidia: es un problema institucional de primera magnitud. La OCDE lo plantea en su análisis sobre desigualdad de ingresos y riqueza: desigualdad de resultados y de oportunidades se refuerzan mutuamente. Cuando una sociedad permite que la acumulación patrimonial extrema crezca sin fricción fiscal, no premia únicamente el mérito: consolida ventajas, compra influencia y cierra puertas.

El argumento de la fuga de ricos merece menos histeria. Sí, algunos pueden cambiar residencia fiscal o reorganizar activos. Lo hacen ya, con impuestos altos, bajos o inexistentes. Pero la evidencia es más matizada que el relato apocalíptico: el estudio de Cristobal Young y sus coautores sobre migración de millonarios y tributación de élites encontró que esa fuga existe, pero en márgenes estadística y socialmente limitados.

Silicon Valley no surgió en un desierto institucional: surgió sobre universidades, investigación pública, contratos gubernamentales, inmigración cualificada, infraestructuras, capital riesgo, protección jurídica y mercados regulados. Todo eso cuesta dinero. Todo eso es sociedad. Todo eso es Estado.

La verdadera confiscación no es pedir una contribución extraordinaria a quien supera los mil millones de dólares de patrimonio. Confiscatorio es permitir que escuelas, hospitales y programas públicos se deterioren mientras una élite minúscula convierte la ingeniería fiscal en ventaja competitiva. Los multimillonarios seguirán creando empresas, invirtiendo y ganando muchísimo dinero. El incentivo seguirá siendo gigantesco. Lo que este impuesto establece es otra cosa: que la riqueza extrema no debe estar por encima de la democracia.

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Por Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, publicado originalmente para alai.

Nadie pone en duda la relevancia económica, política y ecosocial de la minería metálica, convertida en uno de los principales fenómenos de disputa global.

Cada automóvil eléctrico precisa de 8 kilogramos de litio, 35 de níquel, 20 de manganeso y 14 de cobalto. Las baterías de almacenamiento de energía –claves para el desarrollo de la economía verde en su conjunto– necesitan también los cuatro metales antes citados, además de grafito, vanadio, cobre y aluminio.

Por su parte, los circuitos integrados y semiconductores, engranaje indispensable para el impulso de la digitalización –inteligencia artificial, centros de datos, redes 5G y 6G, cables interoceánicos, etc. –, verían limitada su expansión sin el silicio y otros minerales. A su vez, la amplísima gama de dispositivos electrónicos alimentados por chips, como por ejemplo los teléfonos inteligentes, requieren oro, aluminio, litio, cobre, zinc, níquel, plata, tierras raras, etc.

Por último, la industria militar utiliza ingentes cantidades de niobio, magnesio, titanio, renio, molibdeno, tungsteno y uranio para la producción de armamento, negocio al alza tras la escalada promovida por la OTAN desde su Cumbre de Madrid en 2022. Tal es así que el horizonte estipulado para 2035 aspira a situar la inversión en defensa y seguridad en el 5% del PIB.

En resumen: energía, economía verde, digitalización y complejo industrial-militar, buques insignia junto a las finanzas del capitalismo verde oliva y digital hoy en boga –agenda oficial que apunta a la resolución de la crisis sistémica vigente mediante alianzas público-privadas e inversiones masivas en dichos sectores económicos–, dependen de manera estrecha y directa de una serie de minerales fundamentales y/o críticos.

Específicamente las tierras raras –por sus altas propiedades magnéticas, ópticas, luminiscentes y electroquímicas–, ciertos minerales transversales o multiusos (cobre, aluminio, manganeso), así como los principales metales concentrados para baterías (litio, níquel, cobalto y grafito).

De manera complementaria, el resurgir del oro y la plata como depósito de valor –en un contexto de crisis, incertidumbre y vulnerabilidad monetario-financiera– refuerza la dinámica de expansión planetaria de la frontera extractiva vinculada a la minería metálica.

¿Cuál es la escala real de esta ofensiva? ¿Qué rol juega la minería metálica en el caos geopolítico actual? ¿A qué procesos vinculados a ésta debemos prestar especial atención?

Un análisis económico y geopolítico: entre las expectativas corporativas y el caos global

En los últimos años se han disparado las expectativas de crecimiento de la demanda global de metales. Múltiples informes publicados por diferentes estamentos oficiales y académicos concuerdan en señalar tanto su aumento exponencial como la creciente disputa por el acceso a estos recursos finitos.

El Banco Mundial apuntaba en 2020 la cifra de 3,000 millones de toneladas de minerales necesarias únicamente para el despegue de la energía eólica, solar y geotérmica, así como para su almacenamiento. La Agencia Internacional de la Energía, por su parte, sostenía en 2021 que la demanda de materiales para las tecnologías limpias debería cuadriplicarse entre 2020 y 2024.

Estas expectativas, no obstante, se derivaban de un hipotético horizonte de crecimiento sostenido y generalizado, premisa fallida y contraria a una realidad económica marcada por la tríada estancamiento económico-sobrecapacidad productiva-financiarización.

En resumidas cuentas, la tarta del crecimiento mundial se ha estancado en su expansión –aún en términos relativos y de manera asimétrica–, siendo un magro 2.4% la media esperada para la presente década; los ingentes capitales en liza compiten denodadamente por asegurarse un trozo de esa tarta menguante, alimentando guerras de precios que concluyen en un “juego de suma cero”, donde muchos pierden por falta de rentabilidad y muy pocos ganan; por último, la naturaleza financiarizada de la matriz económica actual –la deuda global alcanzó los 315 billones en 2025, el 333% del PIB mundial– abona horizontes de posibles estallidos financieros y bancarios como los de 2008 y 2023 –no se descarta a medio plazo la explosión de la burbuja de la IA–, retrayendo dinámicas de inversión en la economía real.

En consecuencia, la demanda de metales está en expansión, pero lejos de las desorbitadas expectativas anunciadas. La inversión verde se elevó hasta los 2.2 billones en 2025, la verde oliva los 2,7 billones, mientras la inversión esperada en IA parece catapultarse hasta los 2,6 billones. Cifras más que notables, sin duda, pero incapaces hasta el momento de revertir el estancamiento general ni de superar la sobrecapacidad –por ejemplo, China acapara sólo 1/3 de la inversión verde–, por lo que la necesidad de suministros se torna significativa, pero no tan exponencial como pareciera.

Por tanto, la frontera extractiva vinculada a la minería metálica sigue ampliándose –el volumen del sector ya se duplicó entre 2017 y 2022–, fruto tanto de la demanda verde oliva y digital como de su consideración como depósito prioritario de valor, pero en un contexto de crisis, problemas de rentabilidad corporativa e incertidumbre.

Un contexto económico que, en todo caso, no desactiva sino que intensifica un marco geopolítico definido por el caos y la violencia, y en la que la disputa minera juega un rol clave.

En este sentido, el orden internacional consolidado tras la segunda guerra mundial está siendo desmantelado por su propio impulsor –Estados Unidos–, al constatar que China se ha convertido de facto en el nuevo hegemón económico, liderando rubros estratégicos –automóvil eléctrico, bombas de calor, paneles solares, energía eólica, redes 5G y 6G– y, como después analizaremos, la estratégica extracción y transformación de metales. El multilateralismo y las reglas generales saltan en consecuencia por los aires, y se imponen las dinámicas de guerra económica y militar como vía para solucionar conflictos y garantizar las propias dinámicas de acumulación frente a la hegemonía china.

Esta guerra se sustancia, más allá de la creación de zonas de seguridad e influencia para cada bloque regional, en la disputa en torno a tres ámbitos clave para el control de las principales cadenas globales de valor: los sectores punta verde oliva y digitales aún en competencia, específicamente la inteligencia artificial generativa y los semiconductores; las rutas comerciales, de manera especial Oriente Medio como pivote de Eurasia, así como Groenlandia dentro de la hipotética ruta a través del Ártico; y, por supuesto, los suministros como base de la pirámide de acumulación, dentro de los cuales destaca la energía fósil y, de manera  creciente, la minería metálica.

Figura 1: Puntos calientes de la geopolítica de la energía y los materiales

Y la principal seña de identidad del sector minero-metálico es el evidente liderazgo de China tanto en la extracción como sobre todo en la transformación, a partir de planes, negocios y acuerdos estratégicos impulsados desde hace décadas.

En la actualidad, China extrae el 70% de las tierras raras –controlando el 90% de su refino y procesamiento–, produce el 56% del litio, gestiona el 50% de la transformación del cobalto –garantizando su acceso mediante acuerdos con República Democrática del Congo–, maneja el 60% del grafito, genera el 10% del cobre y refina el 50% del níquel, por poner sólo algunos de los ejemplos más significativos.

Esta posición de poder le permite no sólo alimentar sus cadenas globales de valor, sino también responder a las dinámicas de guerra económica lanzadas por Estados Unidos y sus aliados. Por ejemplo, la guerra arancelaria lanzada en 2025 por Trump, que pretendía incrementar los aranceles a productos chinos hasta un 145%, fue revertida y anulada por las restricciones chinas a la exportación de tierras raras para las corporaciones de defensa y automoción norteamericanas.

Estas estrategias de guerra económica, no obstante, se siguen impulsando dentro de una amplia batería de agresivas medidas impulsadas por un Occidente vulnerable y dependiente de suministros externos: ampliación de la frontera minera en sus propios territorios, bajo la premisa de garantizar la “autosuficiencia estratégica”; desarrollo de normativas proteccionistas y de exclusión de facto de suministros chinos; firma febril de tratados de comercio y acuerdos de materiales críticos y/o estratégicos, así como de proyectos internacionales de inversión como el Global Gateway europeo, o el proyecto Bóveda de Estados Unidos para el control de las tierras raras; impulso de estrategias imperiales, como la recuperación explícita de la Doctrina Monroe para América Latina por parte de Estados Unidos, en un intento por apropiarse de sus bienes naturales; y, por supuesto, agresiones militares directas como vía de expropiación y despojo sobre los mismos, tanto por su vertiente fósil como minera.

En conclusión, la minería metálica, aún lejos de las cebadas expectativas de crecimiento de su demanda, consolida su tendencia expansiva, y se convierte en uno de los principales ejes de la disputa económica y geopolítica en ciernes, acrecentando el caos vigente.

Principales alertas en torno al fenómeno minero-metálico

Concluimos el artículo alertando sobre tres de los procesos más significativos y peligrosos derivados de este fenómeno global.

Destacamos en primer lugar la proliferación de megaproyectos mineros, tanto en los países periféricos como centrales, impulsados por empresas transnacionales y protegidos por sus alianzas institucionales. La minería supone una tipología de megaproyectos especialmente nociva –máxime en el marco de impunidad corporativa que impera en muchos territorios–, generadora de grandes desastres ecológicos, criminalización, violencia, autoritarismo, división social y devastación económica. El marco para el crecimiento exponencial de la conflictividad social, por tanto, está servido, en un contexto no sólo de desregulación sino de destrucción de derechos.

En segundo término, asistimos con preocupación al fortalecimiento de un contexto geopolítico de imperialismo, colonialismo, dependencia y reprimarización, al que la disputa minera contribuye notablemente. Por un lado, corporaciones y estados centrales utilizan todos sus dispositivos económicos, diplomáticos y militares para apropiarse de los recursos que necesitan sus cadenas de valor, sin rubor alguno. Por el otro, gobiernos y élites de países periféricos se abonan crecientemente al extractivismo como vía de inserción internacional. El sector metálico, en consecuencia, contribuye a la consolidación de agendas violentas y de desestructuración política y social.

Por último, es especialmente grave el vínculo directo y creciente entre la minería metálica y el avance del régimen de guerra. Como ya hemos señalado previamente, son sobre todo las inversiones digitales y armamentísticas las que definen el horizonte económico y geopolítico actual, especialmente en la conexión entre inteligencia artificial y el complejo militar y securitario.

Si la guerra económica no ha dado para Occidente los resultados esperados, es la guerra pura y dura donde Estados Unidos y sus aliados sitúan ahora el desesperado intento tanto por fomentar la acumulación de capital de sus corporaciones, como la herramienta principal para sostener su posición internacional, a partir de su aparente primacía tecnológica en el vínculo entre belicismo e IA. Las nuevas herramientas militares utilizadas en Gaza, Venezuela e Irán evidencian esta apuesta estratégica, fortaleciendo la lógica de bloque público-privado entre estados y grandes tecnológicas como Palantir.

Esta agenda bélico-digital en ascenso, centrada en el desmantelamiento del Estado social, el control social masivo y del desarrollo armamentístico de última generación sería imposible sin la minería metálica, por lo ya expuesto en la introducción.

Por tanto, el extractivismo minero supone hoy un fenómeno global de primer orden, modelador del caos geopolítico vigente y del régimen de guerra en expansión. Es fundamental acelerar la movilización popular contra su avance, la regulación democrática de su uso, así como el impulso de una agenda minera propia por parte de pueblos y movimientos sociales en pos de una transición ecosocial justa.

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La cantante llevó un vestido de flores y manga abullonada en su concierto de Barcelona y el público se escandalizó. Ella rinde tributo a las Riot Grrrl de los 90, desde Courtney Love a Kat Bjelland, que quisieron devolver la violencia a la mirada masculina que sexualiza lo infantil.

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La violencia en los CIE se ejerce por distintas vías: desde tratos degradantes y vejatorios por parte de la policía hasta la falta de cumplimiento de las garantías legales mínimas.

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Por Alberto Garzón Espinosa, originalmente para El Diario.es.

El recién publicado informe del ‘Global Justice Report’ (GJR), elaborado por el equipo de Thomas Piketty, se esfuerza por demostrar que la lucha contra la desigualdad va necesariamente de la mano de la defensa del planeta que sostiene la vida. Esto es ir a contracorriente de una forma de pensar que todavía invade la mayor parte del pensamiento económico progresista y, por supuesto, conservador.

¿Te imaginas vivir en una sociedad en la que toda la población, a lo largo de todo el planeta, recibiera un ingreso anual de 60.000 euros? Esa cifra se corresponde con unos 5.000 euros al mes, lo que está algo por encima de la media actual en Norte América, pero muy por encima de los 290 euros de media del África subsahariana. Pues esa es la cifra que el recién publicado informe del Global Justice Report (GJR) considera viable para lograr combatir la desigualdad mundial y sus consecuencias y, al mismo tiempo, evitar el calentamiento global.

El informe ha sido elaborado por el equipo del economista Thomas Piketty, y merece un reconocimiento especial porque se esfuerza por demostrar que la lucha contra la desigualdad va necesariamente de la mano de la defensa del planeta que sostiene la vida. Esto es ir a contracorriente de una larga tradición que entiende que la lucha contra la desigualdad —así como la cuestión económica en general— es sólo posible mediante el crecimiento económico y a costa del medio natural; una forma de pensar que todavía invade la mayor parte del pensamiento económico progresista y, por supuesto, conservador.

La clave de bóveda del informe es, de hecho, la constatación de que la actividad económica conlleva necesariamente un consumo de recursos naturales y energía que genera impactos ecológicos, destacadamente el cambio climático. Así, la única manera de que en el año 2100 la temperatura promedio global se mantenga por debajo de los 2 °C respecto a la era preindustrial —y evitar así una catástrofe de costes impredecibles— es reducir desde hoy la actividad económica, esto es, el crecimiento económico. En este sentido, el informe comparte intuiciones centrales de la tradición del ‘decrecimiento’, aunque sus autores no asumen la etiqueta. Y aporta, además, matices de calado propios.

Para empezar, no se trata sólo de un reescalado hacia abajo de la actividad económica, como ocurriría con una crisis económica, una pandemia o una guerra. Lo que se defiende es una reorientación general del modelo de producción y consumo buscando una desmaterialización de la economía, lo que significa el crecimiento de sectores poco intensivos en consumo de materiales y energía, pero muy intensivos en proporcionar bienestar: por ejemplo, los sectores de educación y sanidad crecerían enormemente. Como señalaba el economista ecológico Herman Daly, es importante recordar que crecimiento y desarrollo no son lo mismo y que, mientras el primero se refiere al valor monetario de la producción, el segundo nos interpela sobre los servicios que nos proporcionan directamente bienestar o felicidad. El GJR se centra en las condiciones biofísicas y sociales que hacen viable el desarrollo del conjunto de la población mundial; nada más y nada menos.

En estas páginas hemos hablado a menudo del paradójico papel que juega la tecnología y la productividad bajo el sistema económico capitalista. El punto es que aunque las innovaciones permiten producir la misma cantidad de bienes en menos tiempo, bajo el capitalismo esta opción está clausurada. La razón es que la lógica del sistema obliga a todos los agentes a competir entre ellos y, en consecuencia, a recurrir a la tecnología no para producir lo mismo en menos tiempo, sino para producir más en el mismo tiempo. La opción liberadora —trabajar menos manteniendo el bienestar— queda así bloqueada. De este modo, durante dos siglos la productividad ha aumentado de forma extraordinaria, pero la mayor parte de ese incremento se ha traducido en más producción y consumo antes que en más tiempo libre. Solo la lucha del movimiento obrero logró compensarlo en parte, consiguiendo que una fracción de esas ganancias se destinara a reducir la jornada. El informe del GJR abunda en esta idea al plantear que las horas de trabajo deben ser reducidas desde la media actual de 2.100 horas por año hacia las 1.000 horas para 2100. Equivaldría, grosso modo, a jornadas de algo más de cuatro horas o a semanas laborales notablemente más cortas que las actuales.

La idea es desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica

Una de las variables centrales que ajusta todo el modelo es precisamente la que llaman suficiencia, y que tiene que ver con el consumo. Con jornadas laborales mucho más reducidas y con un crecimiento de los sectores inmateriales como educación y sanidad, el consumo necesariamente tiene que basarse en un cambio de hábitos: una dieta más sostenible ecológicamente (con una reducción del 25% del consumo de carne a nivel mundial) e incluso con impuestos no lineales donde las primeras compras de un bien (como un vuelo) sean asequibles, pero no tanto las siguientes. Todas estas propuestas responden a una misma idea: desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica. La suficiencia también implica una rápida y contundente transición energética para descarbonizar la economía, así como una reforestación que permita recuperar la masa de bosques que existía en 1900. Es decir, no hay un decrecimiento que pretenda volver a los parámetros de las sociedades preindustriales sino un aprovechamiento del conocimiento y tecnología acumulados para “saltar” hacia un nuevo modelo energético renovable.

Para que todo ello sea posible, el informe subraya la necesidad de combatir ferozmente la desigualdad de ingresos entre países (para permitir que los más pobres crezcan y puedan converger hacia un nivel de vida digno) así como dentro de cada país. No sólo por razones de índole moral sino también económica: de una fuerte imposición a los estratos más ricos sale el dinero necesario para comenzar el programa. El informe no apela a la creación monetaria, sino a la redistribución, ya que el gasto se financia al principio gravando a quienes más tienen. Luego, en cambio, se crea un fondo común (de todos los países) que invierte en las empresas sostenibles para obtener la financiación necesaria: una idea con ecos de las propuestas socialdemócratas radicales. En todo caso, esta transferencia de renta y riqueza desde los estratos altos hacia la base de la sociedad explica por qué en el modelo se compatibiliza el crecimiento económico casi cero de los países más ricos con el hecho de que la mayoría de su población pueda mejorar considerablemente tanto sus ingresos como su bienestar. De la misma forma que actualmente el crecimiento económico no “llega” a una gran parte de la población, la ausencia de crecimiento agregado es compatible con la mejora del bienestar individual de la mayoría.

Aunque el informe contiene mucha más información y datos, es importante quedarse con la imagen general: es posible imaginar un mundo donde toda la población tiene unos mínimos de vida muy razonables (sanidad, educación, tiempo libre), donde el bienestar no depende del crecimiento económico ni de un consumo ilimitado de recursos naturales, y donde la desigualdad ha sido drásticamente reducida como consecuencia de una gran ofensiva contra las élites económicas. Gracias a eso, los parámetros del Sistema-Tierra pueden mantenerse dentro de unos márgenes que, sin estar exentos de riesgo, evitan los puntos de no retorno. Suena radical, y en cierto sentido lo es (lo que no es malo, porque supone ir a la raíz del problema), pero cualquier otra alternativa —como seguir como hasta ahora— supondría adentrarse en un terreno muy oscuro para la civilización humana y para la vida en general.

Frente a ese terreno oscuro, el informe del GJR se inscribe en la tradición utópica, pero en su connotación positiva: aquella que, como en News from Nowhere de William Morris, hizo soñar a la población con mundos deseables y la activó políticamente. La principal virtud de aquellas utopías clásicas, desde Moro hasta las esbozadas por Marx, es el deseo de proyectar en el futuro horizontes deseables que, en el presente, debían empezar a construirse. Necesitamos estas guías utópicas porque dibujan el perímetro de lo que es posible, y trazan un camino que, aunque no esté perfectamente definido —nunca lo estará—, es ya claramente la senda que tenemos que recorrer.

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Por Alberto Mesas, publicado originalmente en ctxt.

Diez años después de los ‘Papeles de Panamá’ sigue faltando voluntad política para acabar con el fraude y la evasión.

La riqueza que oculta en paraísos fiscales el 0,1 % más rico del planeta (5,5 millones de individuos) supera con creces el patrimonio total de la mitad más pobre de la humanidad (4.000 millones de personas). Son los datos que arroja un estudio publicado el pasado mes de abril por la confederación de oenegés Oxfam International. La organización estima que en el año 2024 esa riqueza oculta alcanzó los tres billones de euros, una cifra cercana al PIB de países como Francia y que dobla el PIB combinado de los 44 países más pobres del mundo.

No obstante, este dato no refleja únicamente la desigualdad en el patrimonio, sino que pone el acento en que esa monumental cantidad de dinero queda fuera del alcance de las arcas públicas y de los sistemas tributarios al estar escondido en paraísos fiscales, cuentas opacas o entramados de ingeniería fiscal que impiden que tribute.

La investigación de Oxfam coincide con el décimo aniversario de los ‘Papeles de Panamá’, la filtración coordinada que reveló el uso masivo de sociedades pantalla y trucos varios para evadir impuestos por parte de empresarios, celebridades y dirigentes políticos de todo el planeta. Desde entonces, algunos organismos transnacionales como la OCDE o la Unión Europea han endurecido los mecanismos tributarios, pero las grandes fortunas continúan evitando pagar los impuestos que les corresponden.

Los ricos evaden porque el sistema lo permite

Las multinacionales y millonarios del planeta tienen a su disposición múltiples mecanismos e instrumentos para evadir o reducir considerablemente los impuestos que deberían pagar. En toda esta ingeniería de la trampa, los paraísos fiscales y las sociedades offshore juegan un papel clave, y se calcula que en ellos se encuentra en torno al 8 % del PIB mundial (unos 10.000 billones de euros).

Los paraísos fiscales y las sociedades offshore juegan un papel clave, y se calcula que en ellos se encuentra en torno al 8 % del PIB mundial

Además, quienes más tienen también poseen mayor conocimiento y capacidad para aprovechar las fisuras de los sistemas tributarios, que en algunos casos premian esa concentración de riqueza y tienen un efecto regresivo sobre las rentas más bajas. En muchas ocasiones se ha abierto el debate de instaurar un impuesto mínimo global para las grandes fortunas, pero instituciones como el EU Tax Observatory critican que este tipo de medidas únicamente confirman y perpetúan el hecho de que los ultrarricos tributan a niveles muy inferiores a los de otros contribuyentes en proporción a su riqueza, y que los gobiernos no pueden o no quieren hacer eficaz el principio de fiscalidad progresiva.

En concreto, los multimillonarios del mundo tributan en tipos impositivos que van del 0 % al 0,5 %. Esto no significa que todos los grandes patrimonios paguen lo mismo ni que todos evadan impuestos, pero sí demuestra que el sistema les permite hacer artimañas para pagar mucho menos que el contribuyente medio.

La responsable de Justicia Fiscal de Oxfam en España, Susana Ruiz, destaca el caso de nuestro país, donde “el impuesto sobre el patrimonio está diseñado de tal forma que permite a los más ricos estructurar su patrimonio para pagar mucho menos que el conjunto de la ciudadanía”. Ruiz comenta que el resultado de ese desajuste “es que ocho de cada diez euros de la recaudación potencial del impuesto sobre el patrimonio se pierden, y el tipo efectivo que paga el 0,1 % más rico es del 0,22 %, muy lejos del 3,5 % del impuesto para los tramos más altos”. 

No es solo que los ricos paguen poco, es que sus gobiernos ni siquiera pueden saber cuánto dinero y activos tienen

En el intento de lograr esa progresividad también existe una diferencia muy pronunciada entre el norte y el sur global. El World Social Report de la ONU constata que las políticas fiscales justas son capaces de reducir las desigualdades, pero que eso ocurre sobre todo en los países industrializados frente a los países en vías de desarrollo. Mientras que Bélgica, Finlandia o Dinamarca han logrado avances para hacer tributar a sus grandes fortunas, naciones como Gambia o Camboya carecen de la capacidad técnica y legal para llevarlo a cabo. No es solo que los ricos de esos países paguen poco, es que sus gobiernos ni siquiera pueden saber cuánto dinero y activos tienen.

En contra de lo que se cree, los paraísos fiscales no suelen ser islas paradisíacas en el Caribe o el Pacífico, sino que donde primero se permite el fraude es en las grandes economías occidentales. Tal y como asegura Bemnet Agata, responsable de comunicación de la organización británica Tax Justice Network, que investiga sobre la evasión de impuestos y el fraude fiscal, “los mayores riesgos suelen estar arraigados en las propias grandes economías avanzadas y centros financieros. En la UE, alrededor del 34 % del secreto financiero que amenaza a los Estados miembros procede de centros financieros dentro de la propia UE”.

Agata remarca que estas instituciones del capital desempeñan un papel clave dentro del sistema financiero mundial facilitando la ocultación de beneficios y patrimonio a través de sofisticados mecanismos jurídicos y financieros: “El secreto financiero se genera y se mantiene a través de decisiones políticas y jurídicas deliberadas, y muchos de los países más implicados en facilitar estos flujos de dinero no figuran en absoluto en ninguna lista negra, sino que se encuentran entre las economías y los centros financieros más grandes e influyentes del planeta”.

 “Seguimos contando con listas de paraísos fiscales que son meramente testimoniales y no cumplen con su función”

En la ineficacia de esas listas coincide Susana Ruiz: “Seguimos contando con listas de paraísos fiscales que son meramente testimoniales y no cumplen con su función. Si se contara con listas efectivas y bien diseñadas, se podrían también implementar mejores sanciones o reforzar los controles”. Ruiz también propone “reforzar la transparencia, hacer públicos los registros de titulares reales de cuentas bancarias, sociedades y trusts (fideicomisos), y poner coto a las sociedades fantasma o pantalla, que no ejercen actividad económica real y son una vía para la ocultación de activos”.

Se grava más el trabajo que la propiedad

Estructuralmente, los sistemas fiscales están configurados no tanto para gravar a las empresas y la propiedad como a los salarios y el trabajo. Según la OCDE, en los países desarrollados aproximadamente la mitad de la recaudación procede de impuestos sobre el trabajo, mientras que el impuesto de sociedades representa en torno al 10 % y los impuestos sobre la propiedad alrededor del 5 %. Esto significa que la mayor parte del esfuerzo fiscal recae sobre los salarios y el consumo (el IVA, por ejemplo, no tiene en cuenta la renta ni el patrimonio).

Susana Ruiz, de Oxfam incide en esta cuestión al afirmar que “uno de los problemas esenciales es que los sistemas tributarios están diseñados para gravar la renta, pero no tanto la riqueza o el capital”. Ruiz habla de que en los niveles más altos de la escala, los ricos no suelen generar rentas del trabajo, sino rentas del capital debido al patrimonio que acumulan. “Está clara la incapacidad del IRPF para gravar a los individuos con mayor riqueza”, remarca. 

En el caso de la UE, los datos de la Comisión Europea muestran que en 2026 los impuestos sobre el trabajo representan el 51,5 % del total de ingresos fiscales, mientras que los impuestos sobre el capital y la propiedad se sitúan en torno al 21,6 %. El Fondo Monetario Internacional ha advertido en varias ocasiones de que esta estructura amplifica las desigualdades, ya que los sistemas fiscales tienden a depender de ingresos más fáciles de recaudar pero menos progresivos, como el trabajo y el consumo, en detrimento de bases más concentradas y móviles como el capital.

La OCDE también destaca la bajada progresiva y la ampliación de mecanismos de deducción y exención del impuesto de sociedades en los últimos lustros. Conocido como race to the bottom (competir a la baja en salarios y precios), esta tendencia limita la capacidad de los Estados para gravar los beneficios de las grandes empresas de manera efectiva.

“El fraude fiscal suele abordarse como una cuestión técnica o financiera, pero sus consecuencias son muy tangibles y se notan en la vida cotidiana”

La consecuencia más directa de la evasión de impuestos es que los Estados recaudan menos dinero y, por tanto, tienen menos recursos a su disposición para hacer políticas públicas. “El fraude fiscal suele abordarse como una cuestión técnica o financiera, pero sus consecuencias son muy tangibles y se notan en la vida cotidiana”, afirma Agata, de Tax Justice Network. “Los efectos recaen en la sanidad y la educación públicas, la vivienda, el transporte, las infraestructuras, el cuidado infantil, las pensiones y los sistemas de protección social, al tiempo que debilitan la capacidad de los gobiernos para responder eficazmente a las crisis económicas y climáticas, y las pandemias”, continúa.

En España, por ejemplo, las arcas públicas dejan de ingresar entre 4.000 y 8.000 millones de euros cada año por la evasión fiscal de las grandes fortunas –principalmente empresas–. Se estima que entre 2016 y 2021 España perdió 33.000 millones de euros (casi la mitad del presupuesto en Educación). 

Agata comenta que, en muchas ocasiones, los gobiernos tratan de compensar ese descenso en los ingresos públicos mediante formas de tributación regresivas como el IVA, los recortes del gasto público, la contención salarial, privatizaciones, austeridad y endeudamiento público.

Los más ricos cada vez son más ricos

En los últimos treinta años, la riqueza global privada ha crecido ocho veces más que la pública (300.000 billones de euros frente a 40.000 billones), lo que ha contribuido enormemente al incremento sostenido de la concentración de riqueza de quienes se encuentran en la cúspide de la pirámide, y un aumento desproporcionado de la desigualdad.

Desde 2015, el 1 % más rico del planeta ha incrementado su patrimonio en unos 34.000 millones de euros, un dinero con el que se podría cubrir varias veces el coste estimado de erradicación de la pobreza extrema según los baremos del Banco Mundial. En los años posteriores a 2020, una parte muy importante de toda esa nueva riqueza generada a escala mundial ha sido acaparada por el 1% más rico.

Desde Oxfam, Susana Ruiz señala que “en los últimos 15 años, la riqueza de las 200 familias más ricas en España ha crecido un 188 %. La concentración de riqueza se acelera y hay que tratarla de manera diferente en la tributación”, insiste.

Con los años también se ha instaurado el argumento de que subirles los impuestos a los millonarios hace que se marchen del país, pero los datos lo desmienten.

Según datos de Tax Justice Network, la tasa de movilidad anual de los millonarios es de apenas del 0,2 %.

En cualquier caso, Agata señala que “la cuestión no es si los ricos se van, sino si los gobiernos tienen la capacidad de diseñar y aplicar sistemas fiscales para gravar la riqueza de manera justa, en vez de permitir que la política fiscal se vea influenciada por las preferencias de una élite de megarricos”.

Sin voluntad política para perseguir el fraude

Tras las filtraciones de los ‘Papeles de Panamá’, la lucha contra el fraude fiscal cogió un impulso que con los años se ha ido desinflando. Varios países del G20 se comprometieron a mejorar sus mecanismos para identificar y perseguir a los tramposos, pero la realidad es que no existe una acción coordinada y realmente efectiva, a pesar de que hay tecnología para ello.

Básicamente, la lucha contra los paraísos fiscales gira en torno a unas pocas pautas de transparencia marcadas por instituciones como la OCDE. El eje central es el Common Reporting Standard, que facilita el intercambio de información financiera entre países, pero no todos los Estados –especialmente en el sur global– participan en condiciones equivalentes ni tienen la misma capacidad para recibir, procesar y usar esos datos.

En resumidas cuentas, hay más información que hace una década, pero sigue faltando la voluntad política necesaria para lograr que todo ese patrimonio evadido, o al menos una parte importante, tribute como debería. En el marco de Naciones Unidas también se ha discutido la creación de una convención fiscal internacional que refuerce la coordinación global, aunque aún está sobre el papel y no hay mucho compromiso por llevarla a cabo.

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Juanjo Ramón, portavoz de la PAH. Publicado originalmente para El Salto.

En apenas cuatro meses, PP, Vox y Junts han tumbado la moratoria antidesahucios, rechazado la prórroga de alquileres para tres millones de hogares y dado trámite a una ley que facilita los desalojos exprés.

Cada cuatro minutos, en algún lugar de España, alguien pierde su hogar. No por negligencia del Estado, no por accidente del mercado: por decisiones políticas concretas y rastreables. En los últimos cuatro meses, el bloque parlamentario formado por el PP, Vox y Junts ha eliminado las principales protecciones que quedaban en pie para los inquilinos más vulnerables. Mientras tanto, los precios del alquiler baten récords, el parque público de vivienda sigue siendo uno de los más raquíticos de Europa y el Relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda ha tenido que pedir por escrito al Estado español que no abandone a decenas de miles de familias. Este es el relato de cómo hemos llegado hasta aquí. 

Hay números que resisten cualquier marco político. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó en marzo de 2026 los datos definitivos de lanzamientos judiciales del año 2025. En horario judicial hábil, sin contar fines de semana, agosto ni festivos, los juzgados ejecutaron un lanzamiento cada cuatro minutos. 24.540 desahucios desgranados así:

• 18.317 por impago de alquiler, el 74,6% del total. Una familia es expulsada de su arrendamiento cada 28 minutos.
• 4.356 por ejecuciones hipotecarias. El 17,7% del total. Familias que no pudieron mantener la hipoteca.
• El CGPJ no desglosa públicamente las 1.877 causas restantes.

Un año más continúan cayendo los juicios por ocupación sin título caen un 20,2%, con datos desmontando el bulo sobre la “okupación” y el relato de que este es el problema y no parte de las consecuencias del problema real, tratar la vivienda como un bien de mercado y no un derecho como decía Abalos.

Estos datos se publicaron mientras la moratoria antidesahucios seguía, parcialmente, en vigor. La moratoria —vigente desde abril de 2020 como respuesta de emergencia a la pandemia, y prorrogada año tras año— había logrado, según el Observatori DESCA, suspender o paralizar hasta el 24% de todos los procedimientos de desahucio abiertos en España entre 2020 y 2024, protegiendo a cerca de 60.000 hogares en ese periodo. Como hemos declarado en diversas ocasiones desde La PAH, “detrás de cada desahucio no hay cifras, hay vidas suspendidas. Familias que viven en una incertidumbre permanente, sin poder proyectar un futuro, sin saber si podrán seguir en su casa el mes siguiente».

En perspectiva histórica, entre 2008 y 2019 se produjeron 684.000 lanzamientos judiciales en España, afectando a más de 1,7 millones de personas. La moratoria fue el único instrumento que, desde 2020, evitó que ese ciclo volviera a repetirse a la misma velocidad. En febrero de 2026, el Congreso decidió eliminarlo.

La cronología del desmontaje: cuatro meses, tres golpes

La retirada de protecciones no ha sido un accidente legislativo ni un efecto colateral. Ha sido una secuencia deliberada de votaciones del mismo bloque parlamentario, el formado por PP, Vox, Junts y UPN, que ha tenido consecuencias directas e inmediatas sobre decenas de miles de familias.

• 27 enero 2026. Decreto ómnibus rechazado. PP, Vox y Junts tumban el decreto que incluía, junto a la revalorización de pensiones, la moratoria antidesahucios. El Gobierno se ve forzado a tramitar las medidas por separado.
• 26 febrero 2026. Moratoria antidesahucios eliminada. El mismo bloque rechaza la moratoria también presentada por separado. Desde ese día, 70.000 procedimientos de desahucio suspendidos quedan reactivados. Las organizaciones advierten de un “tsunami de desahucios”. El Relator de la ONU había pedido formalmente, días antes, que no se eliminara la medida.
• 21 abril 2026. Proposición de ley del PP admitida a trámite. Con el apoyo de Vox, Junts y UPN. Incluye: desahucios exprés para bancos y fondos, rebaja del umbral de vulnerabilidad de 1.800 a 900 euros mensuales y derogación de los topes de alquiler de la Ley de Vivienda de 2023.
• 22 abril 2026. Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno. 7.000 millones de euros en cinco años, con medidas dirigidas a jóvenes. Se aprueba con cuatro meses de retraso el mismo día que el PP lleva su propuesta al Congreso.
• 29 abril 2026. Decreto de prórroga de alquileres tumbado. PP, Vox, Junts y UPN rechazan el RDL 8/2026 por 177 votos. La norma protegía con una prórroga de dos años y un límite del 2% de subida a los contratos de alquiler que venzan hasta diciembre de 2027. Afectaba a tres millones de personas en un millón de hogares. Más de 33.500 prórrogas ya solicitadas quedan en un limbo legal.
• 24 mayo 2026 en adelante. Más de 40 manifestaciones por todo el Estado llamando a una huelga general de vivienda y a la desobediencia frente a lo que se denomina la dictadura del rentismo.

Las organizaciones de la coalición #NiUnDesahucioMás, que agrupa a más de cien entidades sociales, jurídicas y vecinales de todo el Estado, fuimos contundentes tras el voto del 26 de febrero: “No estamos ante un debate técnico o coyuntural. Estamos ante una decisión política con consecuencias sociales directas y previsibles”. La PAH lo concretamos así: “Cada desahucio que se produzca a partir de ahora no será una consecuencia inevitable del mercado, sino el resultado directo de decisiones políticas concretas”.

PP, Vox y Junts fundamentaron su rechazo en argumentos distintos pero convergentes. El PP sostuvo que la moratoria “genera inseguridad jurídica, invade competencias autonómicas y desincentiva la oferta de viviendas en alquiler”. Junts, por su parte, adujo la invasión de competencias catalanas. Vox rechazó el decreto por considerar que beneficiaba a quienes no cumplen sus obligaciones contractuales. Ninguno de los tres grupos ofreció una alternativa de protección para las familias afectadas.

¿Qué propone la ley del PP? Menos protección, más velocidad para el desalojo

Más allá de lo que ya ha ocurrido, el escenario que se abre con la proposición de ley del Partido Popular es de mayor calado. La propuesta lleva tres cambios estructurales que, de aprobarse, reconfigurarían de forma duradera las reglas del mercado del alquiler.

El primero y más simbólico: permitir a bancos y fondos de inversión acceder a los mismos juicios rápidos de desahucio que hoy solo están disponibles para pequeños propietarios. Es decir, las mismas entidades que acumularon miles de viviendas durante la crisis hipotecaria de 2008 tendrían vía libre para expulsar inquilinos de forma acelerada. El diputado del PP Ricardo Chamorro defendió explícitamente los “desahucios exprés” en el Pleno.

Con un desalojo cada cuatro minutos, el 49,8% de la ciudadanía ya señala la vivienda como su principal problema y las calles están respondiendo ante la falta del Gobierno

El segundo: rebajar el umbral de ingresos que determina la vulnerabilidad económica de una familia de 1.800 a 900 euros mensuales. En la práctica, esto sacaría a miles de hogares del paraguas de protección: una familia con ingresos de 1.200 euros que hoy puede acceder a la suspensión del desahucio ya no podría hacerlo. La medida afecta especialmente a hogares con dos o más miembros en los que los ingresos combinados rondan el salario mínimo.

El tercero: derogar los artículos de la Ley de Vivienda de 2023 que permiten declarar zonas de mercado tensionado y establecer índices de contención de precios. Cataluña, que aplicó estas medidas, registra hoy un crecimiento del alquiler del 1,5% interanual, frente al 9,1% de media nacional. La propuesta del PP eliminaría ese mecanismo.

La admisión a trámite de esta barbaridad no implica aprobación inmediata. La proposición deberá atravesar enmiendas, debate en comisión y votación final. Con la actual fragmentación parlamentaria, su aprobación definitiva es incierta. Sin embargo, la tramitación en sí ya genera un efecto de señalización política sobre el mercado y sobre las comunidades autónomas que estudian aplicar las zonas tensionadas. 

El plan y la contradicción del Gobierno

Con cuatro meses de retraso sobre el calendario previsto, un día después de que el PP presentara esta proposición de ley en el Congreso, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lo presentó como un paso hacia la consolidación de la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar.

Las medidas principales se dirigen a jóvenes menores de 35 años: ayudas de hasta 28.800 euros para alquiler con opción a compra de vivienda de protección oficial, subvenciones de hasta 10.800 euros para primera vivienda en municipios rurales de menos de 10.000 habitantes, y mejoras del bono alquiler joven, con hasta 300 euros mensuales para vivienda completa.

Amnistía Internacional valoró el plan con reservas. Entre sus críticas: el plan establece como criterio de acceso la nacionalidad o la residencia legal, excluyendo a personas en situación administrativa irregular; no incluye garantías de que las comunidades autónomas no vendan el parque de vivienda social ya existente; y las ayudas directas al alquiler, sin control paralelo de precios, corren el riesgo de ser absorbidas por el mercado, beneficiando a los propietarios más que a los inquilinos.

En resumen, un plan sin ampliación masiva de vivienda pública y sin medidas estructurales de contención de precios no resuelve el problema, solo lo aplaza, al tiempo que la contradicción es palmaria: el mismo día, que el Gobierno aprueba 7.000 millones para construir vivienda asequible, el Congreso da trámite a una propuesta para facilitar que los fondos de inversión desahucien más rápido.

Un mercado que alimenta el colapso

Las decisiones parlamentarias no ocurren en el vacío, ocurren sobre un mercado ya al límite. El barómetro de mayo del CIS registra que el 49,8% de la ciudadanía española señala la vivienda como su principal problema: el registro más alto de la historia del organismo, por encima de la crisis económica, la inmigración y la sanidad juntas.

Los datos del Observatorio del Alquiler publicados en mayo confirman la magnitud de la tensión: cada vivienda disponible recibe de media 141 solicitudes en apenas diez días, un 25,9% más que el año anterior. En Barcelona, la cifra alcanza 453 personas compitiendo por cada inmueble. El Observatorio prevé que en 2026 habrá 14.391 viviendas menos en el mercado de alquiler que el año anterior, una caída del 2,1%.

El precio medio del alquiler en España según Fotocasa cerró el primer trimestre de 2026 en 14,78 euros por metro cuadrado al mes, con un incremento interanual del 9,1%. Madrid supera los 21 euros por metro cuadrado; Baleares, los 19. En una comunidad con el salario mediano, alquilar un piso de 80 metros cuadrados en estas ciudades consume más del 60% de los ingresos de una persona joven.

El Banco de España ha documentado que la oferta de viviendas asequibles ha caído un 42% en tres años. El déficit acumulado de viviendas en España roza las 983.000 unidades, y al ritmo actual de construcción, 143.350 viviendas por año, tardaríamos seis décadas en cerrarlo. España tiene uno de los parques de vivienda social más pequeños de Europa occidental: menos del 2% del total, frente al 24% de los Países Bajos o el 9% de Francia.

Con todo esto y como ya es habitual, desde el Congreso se sigue ignorando la voz de la ONU. El 12 de febrero, a menos de dos semanas de la votación que eliminaría la moratoria antidesahucios, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda, Balakrishnan Rajagopal, publicó una declaración oficial instando al Estado español a mantener la moratoria. Su advertencia fue explícita: permitir su decaimiento “podría tener consecuencias dramáticas para decenas de miles de las personas más vulnerables de la sociedad, que podrían quedarse sin hogar”.

La declaración de Rajagopal recordaba que el derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución española (artículo 47), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por España en 1977 y en la Carta Social Europea. Expulsar de sus hogares a familias vulnerables sin alternativa habitacional no es solo una política social cuestionable: es, en el lenguaje del derecho internacional, una violación de derechos fundamentales.

El Congreso votó en contra dos semanas después.

La respuesta desde abajo: las calles y los movimientos

El 24 de mayo, decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid convocadas por el Sindicato de Inquilinas, la PAH y otras organizaciones del movimiento por la vivienda, resumiendo la situación con precisión: el mercado funciona como una “máquina de empobrecimiento y expulsión”. Las demandas incluían recuperar los contratos de alquiler indefinidos, una bajada estructural de los precios y medidas de emergencia para quienes se enfrentan a desahucios inmediatos.

La protesta del 24 de mayo no es un fenómeno aislado. El movimiento por la vivienda lleva más de un año creciendo en tamaño y composición. Por primera vez en mucho tiempo, las marchas no están formadas solo por activistas o personas directamente afectadas: participan trabajadores con empleo estable, familias de clase media y profesionales que hasta hace pocos años consideraban la crisis habitacional un problema ajeno. El encarecimiento ha llegado a capas de la sociedad que hasta ahora habían permanecido al margen y de ahi que desde los SIndicatos de Vivienda y los laborales se esté trabajando hacía un vaga general con la vivienda y el trabajo digno como eje principal.

Aviso a navegantes

Los datos apuntan a un agravamiento, con la moratoria caída y los 70.000 procedimientos suspendidos reactivados, la cifra de desahucios en 2026 podría superar los 30.000 lanzamientos: el nivel más alto desde los peores años de la crisis hipotecaria. Para quienes solicitaron la prórroga de alquiler durante el breve período de vigencia del decreto (22 de marzo al 28 de abril), la situación legal sigue siendo incierta: los juristas no se ponen de acuerdo sobre si esas prórrogas son válidas o no tras la derogación, aunque la tendencia más clara de los propietarios es rechazarla.El 49,8% de menciones en el barómetro del CIS no es solo una estadística, es la medida de un país que ya no aguanta más mientras quien lo dirige a eliminado los desahucios y los perfiles más vulnerables de su agenda y la oposición aspira a Gobernar a golpe de eliminación de Derechos fundamentales. Así, que termino recordando un viejo lema de lo más actual ‘’no te quedes en casa que puedes perderla’’. Eso si tienes la suerte de tenerla y no formas parte de la generación sin opciones a ello.

La entrada Sin derecho a la vivienda: la crónica del desmontaje se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Por Juan Laborda. Publicado originalmente en El Salto.

Si el Gobierno no combate la financiarización, la extrema derecha crecerá alimentándose precisamente de la frustración social que ese modelo produce.

Lo ocurrido en el Congreso de los Diputados el martes 28 de abril no fue un mero accidente parlamentario. Fue una definición política en toda regla. El Pleno derogó el Real Decreto-ley 8/2026 por 177 votos en contra, 166 a favor y 5 abstenciones, tumbando una prórroga extraordinaria para contratos de alquiler que vencieran antes de 2028. La propia información oficial del Congreso recuerda que la finalidad del decreto era evitar que la carga media del alquiler, sumados gastos y suministros básicos, rebasara el 30% de los ingresos medios de los hogares. Que Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya votaran contra eso significa, lisa y llanamente, colocarse del lado de la renta inmobiliaria frente al derecho social a una vivienda digna. En otros momentos de la historia serían echados a gorrazos. Ahora vivimos tiempos de maleza, de “vivan las cadenas”, y demás distopías inimaginables.

Cuando la derecha parlamentaria bloquea siquiera un alivio temporal para inquilinos vulnerables, no está defendiendo la libertad; está defendiendo una determinada jerarquía social

Y aquí conviene llamar a las cosas por su nombre. La Constitución no consagra un “derecho a especular”; consagra, en su Artículo 47, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y además ordena a los poderes públicos regular el suelo “para impedir la especulación”. Es verdad que el Artículo 47 no tiene la misma aplicación inmediata que los derechos fundamentales clásicos, pero eso no lo convierte en adorno retórico: es un mandato constitucional inequívoco. Cuando la derecha parlamentaria bloquea siquiera un alivio temporal para inquilinos vulnerables, no está defendiendo la libertad; está defendiendo una determinada jerarquía social, en la que la propiedad rentista pesa más que la vida material de la mayoría.

Dicho esto, también sería un error convertir el decreto rechazado en una solución milagrosa. Era una medida defensiva y coyuntural, no una transformación estructural. Servía para amortiguar un golpe, no para desactivar la máquina que lo produce. Precisamente por eso la crítica debería ser doble: contra quienes tumbaron una protección mínima y contra quienes siguen respondiendo a una crisis sistémica con parches de emergencia.

La vivienda y los alimentos convertidos en activos

El problema de fondo no es solo el alquiler en España. El problema es que dos esferas que deberían permanecer fuera del casino —la vivienda y la alimentación— han sido progresivamente absorbidas por la lógica de la rentabilidad financiera. No es un desvío accidental; es una orientación política acumulada durante décadas. En Estados Unidos, la gran ola desreguladora fue también bipartidista: la administración de Bill Clinton impulsó la Gramm-Leach-Bliley Act de 1999, que favoreció la integración financiera, y Clinton firmó además la Commodity Futures Modernization Act de 2000, que rehízo el marco regulatorio de derivados y favoreció la expansión de los mercados “over the counter (OTC)”. En Europa, la Tercera Vía Laborista asumió amplias dosis de liberalismo de mercado como horizonte de modernización. La financiarización no fue solo obra de la derecha clásica; también fue administrada, legitimada y normalizada por buena parte de la socialdemocracia atlántica.

En vivienda, la literatura es ya abrumadora. Manuel B. Aalbers explicó hace tiempo que la financiarización convierte no solo la casa, sino también al propietario y al deudor, en objetos de extracción financiera. Más recientemente, trabajos de Aalbers y Cody Hochstenbach describen un “desacoplamiento” entre precios de la vivienda y deuda hipotecaria: tras la crisis global, los precios pueden dispararse incluso cuando el peso relativo de la deuda hipotecaria ya no crece al mismo ritmo, porque el motor pasa a ser cada vez más la riqueza, el capital institucional y la inversión patrimonial. Para el caso español, Javier Gil García y Miguel A. Martínez López sostienen que varias reformas estatales reactivaron la financiarización de la vivienda a partir de 2013, y Jordi G. Guzmán habla ya sin rodeos de un verdadero “complejo vivienda-finanzas” en la España posterior a 2008.

Lo que antes servía, al menos parcialmente, como activo diversificador frente a renta variable y renta fija se comporta hoy mucho más como una extensión de los mercados de riesgo

En materias primas alimentarias, el cambio ha sido igualmente profundo. Tang y Xiong mostraron que, con la entrada masiva de inversión indexada desde los primeros dos mil, los futuros de materias primas en Estados Unidos se volvieron crecientemente correlacionados entre sí, especialmente los incluidos en grandes índices. El BCE constató que las correlaciones entre rendimientos de materias primas y rendimientos financieros aumentaron desde comienzos de siglo. Adams y Glück concluyen que la mayor comovilidad entre commodities y bolsa no puede explicarse solo por ventas forzadas durante la crisis de 2007-2009; y Ding y coautores hallan que la financiarización elevó la volatilidad y estrechó la relación dinámica entre materias primas y mercado bursátil. En Román Paladín: lo que antes servía, al menos parcialmente, como activo diversificador frente a renta variable y renta fija se comporta hoy mucho más como una extensión de los mercados de riesgo.

Sobre la cuestión de si las series han pasado de estacionarias a no estacionarias conviene introducir un matiz serio. La literatura no es unánime. Hay trabajos que encuentran tendencias estocásticas comunes, alta volatilidad y una estructura de dependencia mucho más “financiera” en los precios de commodities; incluso se ha descrito que, en el régimen posterior a la financiarización, las variables presentan tendencias estocásticas de alta volatilidad. Pero también existen análisis que, una vez se modelizan bien las rupturas estructurales y la no linealidad, encuentran estacionariedad tendencial en muchas commodities, con la notable excepción del petróleo en varios ejercicios.

El Decreto protegía a una parte de los inquilinos durante un tiempo, pero dejaba intacto el mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero

El punto políticamente importante no es convertir un debate econométrico complejo en eslogan, sino entender su significado material: si una serie es estacionaria, los shocks acaban disipándose alrededor de una tendencia; si domina una dinámica integrada o con fuertes tendencias estocásticas, los shocks dejan cicatrices más persistentes, hacen más difícil distinguir fundamento y especulación y facilitan episodios de overshooting, burbujas y spikes de precios. Además, organismos como la UNCTAD subrayan que la actividad especulativa en mercados alimentarios financiarizados aumenta de forma muy marcada durante las crisis.

Por qué el decreto era insuficiente

Precisamente por eso el Decreto era insuficiente incluso antes de ser derribado. Protegía a una parte de los inquilinos durante un tiempo, pero dejaba intacto el mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero y el parque residencial en soporte de extracción rentista. España sigue llegando tarde al núcleo del problema: el parque de vivienda social apenas ha pasado del 2,5% al 3,4% del total nacional, todavía lejísimos del 8% europeo que el propio Ministerio de Vivienda toma como referencia de convergencia. No hablamos de una desviación marginal: hablamos de un diseño histórico que ha preferido subvencionar acceso privado, endeudamiento y valorización patrimonial antes que construir una infraestructura pública de alojamiento realmente anticíclica.

Tampoco basta con repetir que “falta oferta” si después se deja la solución en manos de un sector privado fragmentado, con poca escala industrial y sometido a ciclos de suelo, financiación y rentabilidad. El Banco de España estimó primero un déficit en torno a 600.000 viviendas hasta 2025 y, en su actualización posterior, situó el desajuste acumulado entre nuevas viviendas y creación de hogares en 400.000-450.000 entre 2022 y 2024, concentrado sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. Al mismo tiempo, el INE proyecta 3,69 millones de hogares más entre 2024 y 2039, y la población residente ya se situó en 49,69 millones a 1 de abril de 2026. Es decir: el país no solo arrastra déficit; además gana población y hogares a una velocidad que vuelve grotesco cualquier enfoque de pura administración del síntoma.

Incluso el nuevo PERTE de industrialización de la vivienda, siendo una señal valiosa en la dirección correcta, revela los límites del momento político. La inversión pública prevista es de 1.300 millones en diez años con el objetivo de consolidar un ritmo de unas 15.000 viviendas industrializadas al año y llegar a 20.000 anuales en una década. Eso puede ayudar a mover el modelo productivo, pero no alcanza ni de lejos la escala del desequilibrio actual. Y parte, además, de una posición muy débil: distintos informes sectoriales sitúan la cuota de la construcción industrializada residencial en España en torno al 1%-2% de las viviendas terminadas. El decreto rechazado, por tanto, era insuficiente no porque regular el alquiler sea inútil, sino porque regular solo el alquiler sin transformar la estructura de producción de vivienda equivale a achicar agua sin cerrar la vía de entrada.

Construir a la escala del problema

La comparación con China debe leerse como una lección de escala industrial. El plan quinquenal chino para 2021-2025 fijó que los edificios prefabricados superaran el 30% de la nueva construcción, dentro de una estrategia explícita de industrialización, digitalización y robotización del sector. La literatura reciente sobre construcción fuera de la obra en China muestra además el enorme despliegue normativo, territorial y productivo con el que el Estado ha empujado esa transición, aunque también señala barreras y cuellos de botella. La diferencia con España es brutal: allí la cuestión se trata como política industrial de país; aquí todavía se aborda demasiadas veces como nicho tecnológico o como promesa voluntarista.

Por eso hace falta una construcción masiva de vivienda asequible financiada públicamente o avalada por una banca pública de desarrollo con mandato claro. Y aquí tampoco conviene inventar nada exótico. Europa está llena de precedentes. KfW es uno de los mayores bancos públicos de inversión y desarrollo del mundo: financia vivienda, industria e infraestructuras actuando por cuenta del Estado alemán y de los Länder. En Francia, Bpifrance funciona como el gran brazo financiero público para impulsar el crecimiento empresarial y la inversión estratégica. España cuenta con ICO, una entidad de titularidad estatal con un papel relevante, pero históricamente orientada sobre todo a captar financiación en los mercados y canalizar crédito a través de bancos colaboradores. Ese modelo puede ser útil para determinadas políticas, pero resulta insuficiente para liderar una gran estrategia de reindustrialización residencial basada en vivienda asequible, financiación estable y plazos largos.

Si el crédito largo para vivienda asequible, industrialización, rehabilitación y suelo urbanizado depende casi en exclusiva de un oligopolio privado, la política de vivienda siempre llegará tarde

Además, la necesidad de una banca pública fuerte se vuelve más clara cuanto más concentrado está el sistema privado. Según el Banco de España, el peso de los cinco mayores bancos españoles ha pasado de alrededor del 40% en 2007 a cerca del 70% en 2023, y el supervisor situaba a España entre los países europeos con mayor concentración bancaria entre las grandes economías. Si el crédito largo para vivienda asequible, industrialización, rehabilitación y suelo urbanizado depende casi en exclusiva de un oligopolio privado cuyo criterio básico es la rentabilidad ajustada al riesgo, la política de vivienda siempre llegará tarde y a menor escala de la necesaria.

La prueba de fuego para Pedro Sánchez

Si Pedro Sánchez quiere revalidar el poder en las próximas elecciones generales, no le bastará con administrar mejor que la derecha una crisis heredada. Tiene que ofrecer una ruptura legible con un modelo agotado. No hablo de retórica; hablo de asumir políticamente que el neoliberalismo ha dejado de ser una solución y se ha convertido en parte esencial del problema. El adversario no es solo electoral. Es una constelación de intereses inmobiliarios, financieros y regulatorios que ha colonizado la conversación pública con una idea tóxica: que vivienda, crédito y alimentos deben ordenarse ante todo por precio de mercado, aunque eso destroce vidas. Si el Gobierno no combate la financiarización, la extrema derecha crecerá alimentándose precisamente de la frustración social que ese modelo produce.

Lo primero es blindar de forma permanente la función social de la vivienda, ampliar el parque público y cerrar puertas a la extracción rentista sobre derechos básicos

Eso exige varias decisiones a la vez. Primera: blindar de forma permanente la función social de la vivienda, ampliar el parque público y cerrar puertas a la extracción rentista sobre derechos básicos. Segunda: construir una palanca financiera pública con músculo para industrialización, promoción asequible y rehabilitación a gran escala. Tercera: disputar el terreno intelectual a la ortodoxia de la escasez autoprovocada.

En la eurozona, la independencia del Banco Central Europeo está blindada por el artículo 130 del TFUE y por el propio diseño institucional del banco. Democratizar esa arquitectura no debería significar politizar cada decisión de tipos de interés, sino someter objetivos, coordinación fiscal-monetaria y rendición de cuentas a un control democrático mucho más fuerte del actual. Y, si se quiere estudiar la Teoría Monetaria Moderna, hay que hacerlo con seriedad: varias contribuciones europeas recuerdan que los Estados del euro no gozan de soberanía monetaria plena, de modo que cualquier traslación mecánica de la MMT exigiría reformar, no solo reinterpretar, la gobernanza monetaria europea.

El sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política

Dicho de otra manera: el sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política. El momento exige un giro rooseveltiano: expulsar a los lobbies del centro del Estado, reordenar las prioridades del crédito, tratar la vivienda como infraestructura social y devolver a la política la capacidad de mandar sobre las finanzas cuando estas invaden lo que nunca debieron dominar. Si no se hace, vendrán otros a capitalizar el malestar con una mezcla de xenofobia, autoritarismo cultural y obediencia económica a los mismos intereses de siempre.

Corolario

Mi tesis final, en suma, es esta: el liberalismo está agotado, muerto, finiquitado. Su promesa de prosperidad general ha desembocado en una economía donde los bienes básicos se convierten en activos, la desigualdad se normaliza y la política se limita a gestionar el daño. La OCDE lleva años documentando un aumento sostenido de la desigualdad de ingresos en la mayoría de economías avanzadas. Si a eso añadimos la mercantilización de la vivienda, la precarización de los alimentos y la subordinación del Estado a la lógica rentista, el resultado no es libertad: es inseguridad material de masas.

La defensa de la vivienda digna y la desfinanciarización de la vida no son una agenda sectorial; son una agenda de salud pública, de democracia material y de supervivencia ecológica

Y el balance ecológico es igual de demoledor. La OMS considera el cambio climático una amenaza fundamental para la salud; el IPCC sostiene que ya ha afectado negativamente a la salud física y mental en todas las regiones evaluadas; y el PNUMA advierte de que, sin recortes mucho más rápidos de emisiones, el objetivo de 1,5 °C se escapará en pocos años. Cuando un modelo económico necesita depredar suelo, energía, hogares y alimentos para seguir generando rentas, no solo fabrica desigualdad: también fabrica vulnerabilidad climática y enfermedad. Por eso la defensa de la vivienda digna y la desfinanciarización de la vida no son una agenda sectorial; son una agenda de salud pública, de democracia material y de supervivencia ecológica.

El verdadero debate, entonces, no es si había que prorrogar dos años unos alquileres. Claro que había que hacerlo. El verdadero debate es si vamos a seguir tolerando que comer y habitar dependan de la rentabilidad de fondos, bancos y mercados de derivados. Ahí está la línea divisoria de nuestro tiempo. Y quien no la vea, quien siga creyendo que todo se arregla dejando “hacer al mercado”, no está defendiendo la modernidad: está protegiendo un orden viejo, desigual y cada vez más autoritario en sus salidas políticas.

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Asko da Teresak utzi diguna: alde batetik, haren idatzietan bildutakoa, denbora luzez balioa mantenduko duena; bestetik, haren keinu, molde eta egiteko maneren oroitzapenean geratzen dena.

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Imagen: Fotograma de la película La Gran Apuesta (Adam Mckay 2015)

El Tribunal Supremo se alinea con los bancos y estima que el sobrecoste de las hipotecas, más de 25.000 euros de media que han pagado casi un millón de clientes, no es abusivo

Juan Torres López Publicado originalmente en CTXT

El magistrado emérito y presidente de honor de esta revista, José Antonio Martín Pallín, está mostrando en sus intervenciones y libros que en España se viene produciendo un golpe de Estado judicial. Sus argumentos me parecen de gran solidez y comparto esa opinión. Todavía más, viendo cómo se instruye y acusa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o a la esposa del presidente del Gobierno, por no hablar de lo sucedido con el anterior fiscal general. En este artículo, sin embargo, no me propongo incidir en esa idea, sino mostrar que el Tribunal Supremo español tiene una querencia especial que le lleva a favorecer de forma desproporcionada a los poderosos en general y a los bancos en particular.

Utilizaré como prueba de ello un caso que ha tenido un enorme coste para millones de españoles, el de las reclamaciones por la utilización por las entidades bancarias del denominado Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).

El IRPH

El IRPH es un índice oficial calculado por el Banco de España como media de los tipos de los préstamos hipotecarios que dan las entidades bancarias. A diferencia de otro quizá más conocido, el Euríbor (tipo de interés medio al que los bancos europeos se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario), el IRPH incorpora en su cálculo los diferenciales (el tipo fijo que los bancos pueden sumar al interés de referencia) y las comisiones que los bancos cobran. Por tanto, es más caro para el consumidor. 

Por esta última razón, el Banco de España advirtió en 1994 de que, para igualar ambos índices, cuando se aplicara el IRPH se debería añadir un diferencial negativo al precio real del mercado.

El problema

Esa cantidad de dinero supuso una merma muy notable de gasto en consumo que afectó directamente a la demanda de bienes y servicios

Si ese diferencial no se incluye, el consumidor al que un banco aplica el IRPH terminará pagando bastante más al final de la hipoteca que si se le aplica cualquier otro. Y el problema se produjo cuando, en miles de casos, los bancos no sólo no lo aplicaron, sino que ni siquiera informaron con un mínimo detalle a sus clientes del sobrecoste en el que incurrían.

El daño total producido es difícil de calcular, pero hay estimaciones que dan buena medida de su magnitud y gravedad. Las del beneficio extraordinario que obtuvieron los bancos españoles al aplicar el IRPH en lugar de otros índices más bajos varían entre los 25.000 millones de euros entre 2004 y 2009 de la asociación de consumidores Asufin, los 37.000 millones de euros calculados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y los 44.000 millones de Goldman Sachs. El sobrecoste pagado en promedio por cada consumidor se situó entre 25.000 y 28.000 de euros, y el número de personas afectadas se estima entre 500.000 y un millón.

Es importante señalar que el sobreprecio que los bancos impusieron a sus clientes no provocó solamente un daño o coste económico particular a las personas afectadas. Esa cantidad de dinero tan grande que dejó de estar en sus bolsillos para irse a la cuenta de beneficios de los bancos supuso una merma muy notable de gasto en consumo o de ahorro familiar que afectó directamente a la demanda de bienes y servicios. Por lo tanto, disminuyó también los ingresos de miles de empresas productivas. Un efecto muy negativo para la economía que se produjo, además, en años particularmente complicados por vivirse bajo el impacto de una gran crisis económica.

Las reclamaciones

Cuando los pagos mensuales de la hipoteca comenzaron a darse, miles de personas comprobaban que pagaban más dinero que otras personas que las tenían de la misma cuantía. Enseguida descubrieron que los bancos les habían aplicado un tipo de interés basado en un índice más elevado sin haberles informado de ello. Comenzaron a interponerse entonces cientos de reclamaciones y demandas judiciales.

Sobre la mesa se pusieron dos cuestiones esenciales. La primera, si los bancos habían actuado con buena fe profesional, si cumplieron con un elemental deber de transparencia y, como he dicho, si informaron a sus clientes de que el índice aplicado terminaría por hacerles pagar una cantidad más elevada. La segunda, si la posible falta de información había supuesto un abuso real, es decir un sobrecoste sustancial y no poco significativo.

Las disputas llegaron finalmente al Tribunal Supremo y al de Justicia de la Unión Europea y el resultado ha sido muy claro: proteger a la banca, recurriendo para ello a construcciones jurídicas que poco tienen que ver con la idea material de justicia, en el sentido más elemental y auténtico de este término.

La trampa del Tribunal Supremo 

Para comprender lo que ha hecho el Supremo, no basta con decir que falló a favor de los bancos. Hay que saber explicar cómo lo hizo, porque la sofisticación del mecanismo es precisamente lo que lo hace tan eficaz y difícil de combatir.

El Tribunal construyó a lo largo de varios años un mecanismo de protección a los bancos basado en tres elementos fundamentales.

El primero, separar transparencia de abuso para vaciar de contenido a ambas. El Supremo estableció en 2017 que el IRPH era un índice oficial y que su mera oficialidad implicaba transparencia. Cuando en 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le obligó a corregir esa posición, el Supremo lo aceptó formalmente. Pero rápidamente neutralizó su efecto estableciendo que la transparencia quedaba cumplida sólo con que el contrato mencionara el índice e hiciera referencia a la Circular del Banco de España, sin necesidad de explicar al cliente qué dice ni qué implica. 

El segundo elemento fue hacer que el desequilibrio entre las partes fuese prácticamente indemostrable. Para ello, el Supremo estableció que, aunque se acreditara falta de transparencia, la cláusula seguía siendo válida salvo que se demostrara que había una desproporción “muy evidente” entre el tipo efectivo y el de mercado en el momento de la firma. Y para ello descartó expresamente la comparación entre el IRPH y el euríbor (el único dato que la mayoría de los afectados puede acreditar con facilidad), exigiendo en cambio una prueba pericial que es de enorme complejidad y de alto coste, sobre todo para los consumidores.

Para demostrar que hubiera habido abuso, el perito del consumidor afectado tendría que reconstruir el coste medio real de todas las hipotecas firmadas en España en el mes exacto de la firma, para lo cual se necesita combinar fuentes del Banco de España, estadísticas del INE y datos de tipos medios de mercado, y justificar en cada caso la elección metodológica realizada. Pero el banco, por su parte, contratará a su propio economista con criterios diferentes, igualmente defendibles. Y el Supremo se reserva el derecho a rechazar cualquier metodología sin haber fijado de antemano qué fuentes son válidas, ni cuántos puntos de diferencia constituyen una desproporción suficiente. 

El tercer elemento fue aún más ingenioso y taimado. Para determinar el daño real, el Supremo no pidió comparar el IRPH con el euríbor ni tomar en consideración el sobrecoste total de la hipoteca. Estableció que el IRPH se debía comparar con un índice sintético representativo del coste medio del crédito general en el mercado, y no sólo con otros índices hipotecarios. Al incorporar referencias más amplias, el resultado es un índice inevitablemente más elevado, lo que facilita concluir que el daño ocasionado por la aplicación del IRPH es reducido. 

Como añadido, el Supremo exigió que cada afectado probase individualmente qué entendió a la hora de contratar, qué información recibió y cómo se produjo la comercialización concreta de su hipoteca, lo cual hizo prácticamente inviable la litigación colectiva, que es la que favorece la resolución de este tipo de abusos a favor de los consumidores.

El resultado del mecanismo completo es evidente y previsible: si la transparencia se supera con casi cualquier mención formal al índice, y si el abuso sólo se declara ante una desproporción que hay que demostrar con una pericial que el Supremo puede rechazar sin argumentos objetivos, y comparando el IRPH con índices de tarjetas de crédito, la nulidad del IRPH se convierte en prácticamente imposible.

Europa corrigió en falso

Muchas personas afectadas por el IRPH pusieron sus esperanzas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque la Directiva europea 13 de 1993 estableció con claridad que una cláusula no negociada individualmente puede ser declarada nula si causa un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor, y que el consumidor debe poder comprender sus consecuencias económicas reales. Una directiva que tiene primacía sobre el derecho nacional.

Con ese fundamento, el TJUE sentenció en 2020 que el IRPH no es intocable por el hecho de ser un índice oficial; que los bancos debían haber facilitado información suficiente; y que, si no lo hicieron, el juez puede declarar la nulidad. Y en 2024 reafirmó que la publicación oficial no bastaba para cumplir la exigencia de transparencia y que la comparación debe hacerse con el conjunto del mercado hipotecario, no solo con el euríbor.

Sin embargo, el tribunal europeo no declaró abusivo el IRPH, no dijo que las cláusulas fueran nulas por definición y no estableció una consecuencia automática. Manteniendo formalmente una posición diferente a la del Supremo, lo que hizo en realidad fue establecer principios abstractos y devolver la pelota a los tribunales españoles.

Y lo más revelador llegó en febrero de 2026. Una sentencia de 12 de febrero vino a respaldar explícitamente la posición del Supremo: la transparencia no exige al banco explicar la metodología del índice, siendo suficiente informar de la variabilidad y sus consecuencias económicas. Seis años después de su primera corrección al Supremo, el tribunal europeo se puso de acuerdo con él. 

No es justicia, es política. Son privilegios

A la hora de juzgar el comportamiento de los bancos, muchos jueces dictaron sentencias sensatas y equilibradas. El Tribunal Supremo, por el contrario, recurrió a argumentos sibilinos para imposibilitar, en la práctica, que los abusos de los bancos pudieran revelarse. Recurriendo a argumentos claramente torticeros ha permitido que estos últimos hayan producido un daño multimillonario a millones de españoles, a miles de empresas y al conjunto de la economía. 

En la crisis de 2008 se quiso convencer a la gente de que los bancos que se habían hundido a base de estafar a sus clientes mediante todo tipo de irregularidades y engaños eran “demasiado grandes para dejarlos caer”. En el caso del IRPH, el Tribunal Supremo español nos ha demostrado que, además, son suficientemente poderosos como para que no se pueda (o no se quiera) quitarles sus privilegios. No ha hecho justicia, ha dado otros nuevos al más fuerte. 

Y eso quizá explique también por qué se dan golpes de Estado contra unos políticos y no contra otros.

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