Bob Marley: One Love

Jueves 23 de julio, 22:00 h

Parque Abelardo Sánchez

Entrada: libre

 

 

Proyección de la película Bob Marley: One Love.

Sinopsis

Una celebración de la vida y la música de un icono que inspiró a generaciones a través de su mensaje de amor y unidad. Por primera vez en la gran pantalla, descubrimos la impactante historia de superación de la adversidad de Bob Marley y la travesía que subyace a su música revolucionaria.

Reparto: James Norton, Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, Tosin Cole, Anthony Welsh, Michael Gandolfini, Umi Myers y Nadine Marshall.

 

Noveno programa de Tofus2Furious, amigas veganas… ¡y seguimos aquí dando caña! Este mes venimos con una rectificación necesaria, política animal, anécdotas surrealistas y una entrevista a una de nuestros integrantes. En Veganicias repasamos dos titulares que han encendido todas las… Leer más

Radio Almaina - Tofus 2 Furious T1x09 Caza sin freno, aniversario vegano y unos bichillo que nos dan su merecido… y otros no tanto

 

Banda Sinfónica Municipal de Albacete

Jueves 16 de julio, 22:00 h

Explanada del C.P. San Fernando, Parque Abelardo Sánchez

Entrada: libre

  

Este jueves el Parque Abelardo Sánchez acogerá el concierto visual Mitos del cine y leyendas del pop, una propuesta conjunta de la Banda Sinfónica Municipal y la Filmoteca Municipal que unirá música y cine en un gran espectáculo audiovisual.

"Mitos del Cine y Leyendas del Pop" pondrá el broche a la temporada de conciertos de verano, en colaboración con la Filmoteca Municipal de Albacete.

La Banda Sinfónica Municipal de Albacete ofrecerá un concierto muy especial. El público podrá disfrutar de un recorrido musical por algunas de las bandas sonoras más emblemáticas de la historia del cine y por los grandes himnos del pop que han trascendido generaciones.

El programa reunirá un repertorio lleno de emoción y espectacularidad:

𝗟𝗼𝘀 𝘀𝗶𝗲𝘁𝗲 𝗺𝗮𝗴𝗻𝗶́𝗳𝗶𝗰𝗼𝘀 (𝗘𝗹𝗺𝗲𝗿 𝗕𝗲𝗿𝗻𝘀𝘁𝗲𝗶𝗻). 

𝗘𝗹 𝗽𝗮𝗱𝗿𝗶𝗻𝗼 (𝗧𝗵𝗲 𝗚𝗼𝗱𝗳𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗦𝗮𝗴𝗮) (𝗡𝗶𝗻𝗼 𝗥𝗼𝘁𝗮). 

𝗕𝗿𝗮𝘃𝗲𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁 (𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗛𝗼𝗿𝗻𝗲𝗿). 

𝗛𝗲𝗿𝗼𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘃𝗲𝗹 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 (𝗔𝗿𝗿. 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗹 𝗕𝗿𝗼𝘄𝗻). 

𝗥𝗼𝗰𝗸𝘆 𝗜𝗜𝗜 – 𝗘𝘆𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗧𝗶𝗴𝗲𝗿 (𝗦𝘂𝗹𝗹𝗶𝘃𝗮𝗻 & 𝗣𝗲𝘁𝗲𝗿𝗶𝗸). 

𝗤𝘂𝗲𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁 (𝗔𝗿𝗿. 𝗝𝗮𝘆 𝗕𝗼𝗰𝗼𝗼𝗸).

𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗲 𝘁𝗼 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗹 𝗝𝗮𝗰𝗸𝘀𝗼𝗻 (𝗔𝗿𝗿. 𝗝𝗼𝘀𝗲𝗳 𝗛𝗮𝘀𝘁𝗿𝗲𝗶𝘁𝗲𝗿). 

𝗙𝗹𝗮𝘀𝗵𝗱𝗮𝗻𝗰𝗲 – 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗮 𝗙𝗲𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 (𝗚𝗶𝗼𝗿𝗴𝗶𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗼𝗱𝗲𝗿). 

El Centro para el Pluralismo Mediático y Libertad de Prensa, perteneciente al Instituto Universitario Europeo con sede en Florencia (Italia), ha otorgado un 53% de riesgo a España en relación con su diversidad de medios en 2025, un punto porcentual más que el año previo. Esta evaluación anual analiza si el ecosistema mediático garantiza el pluralismo democrático y la salud del sistema mediático en su conjunto. Ha sido realizada por seis autores, entre ellos Jaume Suau Martínez, director del grupo de investigación Digilab del Institut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

En este contexto, y empatado con Croacia, España se sitúa en el puesto 19 de 27 de la Unión Europea en diversidad informativa, es decir, el noveno por la cola, peor que la media de la Unión Europea (49%). Solo Alemania y Suiza presentan porcentajes menores, con un 30% y un 26% respectivamente.

“España no presenta un único gran problema, sino un conjunto de vulnerabilidades que se mantienen en el tiempo. En los últimos años se han producido avances regulatorios importantes impulsados por la legislación europea. Sin embargo, la existencia de nuevas normas no garantiza automáticamente una mejora del pluralismo mediático. El informe muestra que el desafío ya no consiste únicamente en aprobar nuevas leyes, sino en asegurar que funcionan de manera efectiva”, explica a La Marea Jaume Suau.

El informe destaca que no se ha llevado a la práctica la plena aplicación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, en particular en lo relativo a las obligaciones de transparencia y las garantías de independencia editorial. Pese a que el Gobierno presentó sus propuestas para crear un registro ampliado de medios de comunicación bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la aprobación parlamentaria del anteproyecto de ley sigue pendiente. Lo anunció en febrero de 2025 en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López.

“La concentración estructural continuó siendo una característica definitoria del sistema mediático español, mientras que las presiones económicas derivadas de la dependencia de las plataformas digitales siguieron afectando al pluralismo mediático”, incide el análisis. La comparativa europea sobre pluralidad del mercado deja a España mejor que la mayoría de Estados miembros, que tienen un ecosistema mediático más concentrado.

Respecto a los grandes grupos tradicionales de comunicación, se menciona que mantienen “posiciones sólidas tanto en los sectores audiovisual como de prensa”, con cuotas de audiencias superiores al 75%, mientras que los medios nativos digitales de menor tamaño continuaron siendo económicamente frágiles y altamente dependientes de la visibilidad mediada por plataformas.

En los indicadores relacionados con la protección de derechos fundamentales, en España mostraron mejoras “limitadas”. Solo Hungría, Malta, Grecia y Bulgaria tienen un riesgo mayor que España al respecto, donde aún no se ha completado plenamente la transposición nacional del marco europeo contra las demandas estratégicas contra la participación pública (anti-SLAPP). Esto deja a periodistas y medios expuestos a riesgos de litigación estratégica, “especialmente en casos relacionados con el periodismo de investigación y el escrutinio de asuntos de interés público”. La Marea, por ejemplo, se enfrenta a una demanda por su investigación sobre la industria de los vientres de alquiler.

Además, la difamación sigue siendo un delito penal con hasta dos años de prisión, así como las injurias a la Corona, a las Cortes Generales, al Gobierno y a los símbolos del Estado, y continuaron las preocupaciones acerca de su posible efecto disuasorio sobre la libertad de expresión. También se menciona la Ley de Secretos Oficiales de la época franquista y el proyecto de Ley de Información Clasificada que busca sustituirlo ha sido criticado por mantener una amplia discrecionalidad del Ejecutivo y un régimen de multas de carácter punitivo. El mantenimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, y su uso para restringir a los periodistas para grabar a las fuerzas de seguridad durante las protestas es otro punto débil para los autores del informe.

Sobre la labor de los profesionales, la falta de independencia de los periodistas y la precariedad laboral están entre las principales preocupaciones de los profesionales del periodismo, tanto asalariados como autónomos. Al mismo tiempo, el acoso online contra periodistas tuvo una mayor visibilidad, especialmente como campañas coordinadas de intimidación a través de plataformas digitales dirigidas contra reporteros y comentaristas involucrados en coberturas políticamente sensibles.

El panorama mediático tiene una mejor nota, riesgo medio bajo, en independencia política. La influencia política a los medios de comunicación “tiende a ejercerse a través de canales indirectos, incluyendo relaciones institucionales, alineamientos editoriales y dependencias financieras, con efectos más pronunciados en los niveles regional y local”, incluye el análisis de España. Destaca el dato que recoge la Asociación de la Prensa de Madrid: el 79% de los periodistas y el 72% de los autónomos han experimentado algún tipo de presión.

Respecto a los medios públicos, hay “preocupaciones sobre la influencia política y la insuficiente aplicación efectiva de las normas de imparcialidad en los medios públicos españoles”. En el caso concreto de RTVE, indica el informe, hay una “débil aplicación de los mecanismos internos de salvaguarda, la ausencia de mandatos estratégicos actualizados y las reiteradas denuncias formuladas por organizaciones profesionales sobre posibles injerencias políticas en las decisiones editoriales”.

En relación con las obligaciones en materia de igualdad de género introducidas por la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres permanecieron formalmente vigentes. Pero su aplicación dentro de las organizaciones mediáticas “continuó siendo desigual, especialmente en lo relativo al acceso a puestos de liderazgo y a la implementación de planes internos de igualdad”.

Recomendaciones al Gobierno español

Los retos para Jaume Suau se resumen en mejorar la transparencia de la propiedad de los medios, reforzar la independencia editorial, proteger mejor a los periodistas, reducir la concentración del mercado y adaptar la regulación al entorno digital. Algunos consejos del informe para mejorar la protección fundamental son despenalizar la difamación, abolir los delitos de «discurso institucional», reforzar la supervisión judicial en la moderación de contenidos y modernizar las leyes de transparencia y acceso a la información.

Para mejorar la pluralidad del mercado, el Gobierno debe acelerar la tramitación y aprobación de la Ley de Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación para cumplir eficazmente con la legislación europea ya en vigor y reforzar la capacidad de supervisión de la CNMC para que pueda proporcionar datos fiables sobre el sector mediático, así como acelerar y finalizar las propuestas legislativas para aumentar la transparencia en el mercado de la publicidad digital.

En relación con la independencia política, se aconseja al Estado reforzar las salvaguardias frente a la influencia política en los medios de comunicación para prevenir los conflictos de interés entre el ejercicio de cargos políticos y la propiedad de medios de comunicación. Otra mejora sería fortalecer la independencia y la gobernanza de los medios públicos, mediante el pleno respeto de los órganos internos de supervisión, como el Consejo de Informativos de RTVE, así como de su función en la gobernanza editorial y en los procesos de nombramiento de cargos relevantes. También garantizar que los nombramientos de la dirección sean más transparentes y que los órganos estatutarios internos y los representantes profesionales sean consultados de conformidad con las normas vigentes.

La revisión del modelo actual de cobertura electoral en los medios públicos, especialmente el sistema de bloques electorales rígidos, para reforzar la autonomía editorial y el pluralismo sería otra mejora para el Centro para el Pluralismo Mediático y Libertad de Prensa.

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Nueva sesión «amordiscos» donde le hincamos el diente, maridados de dos en dos, a vinilos de «leyendas del rock» que no necesitan presentación: Little Richard & Elvis, The Doors & Janis Joplin, Jimi Hendrix & Carlos Santana, The Rolling Stones & Bob Dylan, Crosby, Stills & Nash & Neil Young y The Beatles. En la […]

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Nuevo capítulo de la agobiada serie “Desbandadas” dedicada a la banda británica Brinsley Schwarz de la que surgirían solistas como Nick Lowe y nuevos grupos como The Rumour: I can see her face (Kippington Lodge, In my life, 1969), Country girl (Brinsley Schwarz, Despite it all, 1970), One more day (Brinsley Schwarz, Silver Pistol, 1971), […]

La entrada HIJOS DEL AGOBIO: «DESBANDADAS: BRINSLEY SCHWARZ» (26/02/2021) se publicó primero en Radio Topo.

Cuando en marzo del año pasado Ángel García recibió la multa, no se lo podía creer. “Todavía no sé qué hice, esa es la triste desgracia”, dice este jubilado de 74 años, miembro de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), que fue sancionado por la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Y no es el único damnificado del colectivo por esta controvertida norma. Paco Cepeda, sindicalista y colaborador de COESPE, también ha sido multado. En su caso, denunció agresiones policiales. En ambos procedimientos, la versión policial se sustenta únicamente en el testimonio de los agentes.

Por eso, este jueves, la Coordinadora ha registrado en el Congreso alrededor de 130 cartas procedentes de diversas organizaciones y plataformas estatales dirigidas a los parlamentarios y, en concreto, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Queremos que paralicen los expedientes de sanción a nuestros compañeros y la derogación de la Ley Mordaza”, reivindicó Damián Rodríguez, portavoz de COESPE a nivel estatal, antes del acto de entrega.

“En ambos casos hemos hecho todos los recursos posibles para defender que las denuncias realizadas por la Policía Nacional eran absolutamente falsas”, sostiene el portavoz a La Marea. La COESPE insiste en la “arbitrariedad” de la ley y denuncia que persigue “reprimir las movilizaciones sociales y a los activistas”. Rodríguez afirma, asimismo, que la Ley Mordaza es “absolutamente subjetiva y da todo el poder a las interpretaciones de la Policía, lo que provoca situaciones incomprensibles”. 

A pesar de ser una promesa electoral repetida hasta la saciedad por parte del PSOE, la norma continúa vigente. “Es un incumplimiento más de los que nos tiene acostumbrados este y otros gobiernos”, añadió el portavoz estatal.

Sin incidentes: multa de 1.200 euros

Una de esas situaciones incomprensibles de las que habla Rodríguez la está viviendo Ángel García. Sucedió en mayo de 2024 y hasta marzo del año siguiente no tuvo noticia de la sanción. Como cada tercer miércoles de cada mes, el colectivo se manifestaba frente al Congreso: “Yo suelo ser una de las personas que comunica la protesta en Delegación del Gobierno, y normalmente no hay ningún problema con la Policía”, relata.

El también portavoz de la COESPE en la Comunidad de Madrid y en Pinto terminó multado con 1.200 euros por desacato a la autoridad y por haber insultado gravemente a los agentes, siempre según lo esgrimido por la parte denunciante. “A mí no me identificó nadie, excepto al principio de la manifestación como convocante, y luego no pasó absolutamente nada. Nadie recuerda que sucediera lo que dicen que sucedió”, se defiende.

Según la versión policial, García llamó por el megáfono “hijos de puta” a los policías destinados a controlar la protesta. “Yo no suelo utilizar esos términos. Nadie se lo explica porque no hubo ningún tipo de enfrentamiento”, añade el jubilado. La COESPE siempre lleva a cabo movilizaciones pacíficas, en las que corean sus conocidos lemas, como “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”. “Sería absurdo que nosotros nos pegáramos o insultáramos a nadie. Con la edad que tenemos, imagínate la violencia que utilizamos. Cero”, completa Rodríguez.

Hasta en tres ocasiones han intentado la retirada de la sanción a García mediante diferentes alegaciones. “Ahora lo tiene que decidir el Ministerio del Interior. Espero que vean cómo no hay ninguna prueba que acredite que yo insulté a los policías, tan solo un informe emitido por un agente que dice que he desobedecido las órdenes y que he faltado gravemente al respeto”, dice este integrante de la Coordinadora en defensa de las pensiones.

Él tampoco entiende cómo un Gobierno que asegura ser progresista continúa al frente del Ejecutivo con la Ley Mordaza en vigor. “Perjudica a todos los que luchamos en la calle. Por protestar, ya tienes las de perder”, asegura el activista. Llegado el caso de que la justicia ratificara la sanción que pesa sobre él, García señala que no la abonaría. “Yo la podría haber pagado ya porque mis circunstancias me lo permiten, pero no voy a aceptar algo que es una mentira, una farsa y que no tiene ni pies ni cabeza”, zanja el asunto.

Denunciado y golpeado por la Policía

Su compañero de Getafe Paco Cepeda tiene 63 años, es delegado sindical de CC. OO. en una empresa de artes gráficas y apoya siempre que puede a COESPE. Todavía recuerda aquel 18 de junio del año pasado: “Al llegar al Congreso en la manifestación de los miércoles, la Policía de alguna manera provocó a las compañeras que portaban la pancarta. Les dijeron que si no estarían mejor en su casa preparando la comida”, introduce.

Al escuchar aquello, Cepeda se acercó al lugar: “sin mediar palabra me empujaron, me tiraron al suelo y me golpearon”, denuncia. El parte médico realizado después atestigua hematomas recientes en la cara interna del brazo derecho de “gran tamaño”, así como un eritema “por presión en brazo izquierdo”.

El encontronazo se saldó con una sanción de 700 euros. Según la versión policial, el sindicalista increpó a los agentes, quienes le dijeron que depusiera su actitud, a lo que hizo caso omiso. “Incitó al resto de manifestantes, lo que provocó un conflicto de orden público. Posteriormente, se le solicita que se identifique, a lo que se niega de manera reiterada a la vez que intenta ocultarse entre la masa y abandonar el lugar, procediendo por tanto a la comisión de una desobediencia a unos agentes de la autoridad en el ejercicio legítimo de sus funciones”, dejaron por escrito.

Una vez más, la Policía no ha aportado ninguna prueba y tan solo el testimonio del agente hace valer su versión de los hechos. “No puede haber nada que secunde su versión, porque no tuvo lugar lo que ellos dicen que pasó. Y tengo que ver bien cómo va mi denuncia por la agresión que sufrí, no sé si está parada en el juzgado o es que la misma comisaría no la ha tramitado”, dice el activista un año después de los hechos.

Llegado el momento, Cepeda admite que no pagará la cuantía. “Lo que yo he hecho es defender el sistema público de pensiones, que no me parece nada malo”, finaliza. Pasadas las 12.30 horas, el registro del Congreso de los Diputados contaba ya con las 130 misivas entregadas por cinco delegados de la COESPE. Así finaliza un intento más de hacer cambiar de opinión, antes de un futurible viraje del Gobierno hacia la derecha, a los parlamentarios que todavía apoyan la vigencia de la Ley Mordaza.

La entrada Los pensionistas entregan 130 cartas en el Congreso para exigir la derogación de la Ley Mordaza se publicó primero en lamarea.com.

 

Fiesta del Leyendas del Rock

Sábado 30 de mayo, 21:00 h

TNT

 

Fiesta oficial del Leyendas del Rock. Organizada por ARMMA. Con la colaboración de Raquel Piqueras.

 

Una herramienta imprescindible de seguimiento de las políticas europeas de desregulación y una alerta sobre las posibles consecuencias sociales y ambientales de  la agenda de competitividad de la UE, donde se prioriza la competitividad empresarial sobre la regulación pública, bajo el pretexto de simplificación de trámites administrativos.

Arturo Martínez. Comunicación Attac España.

EL Observatorio Europeo de las Empresas (CEO por sus siglas en inglés) es un grupo de investigación y activismo que trabaja para sacar a la luz y cuestionar el acceso privilegiado y la influencia de que gozan las empresas y sus grupos de presión en la elaboración de las políticas de la Unión Europea (UE)

El observatorio nos advierte de las consecuencias sociales y ambientales que la vigente priorización de la competitividad empresarial sobre la regulación pública de la UE nos traerá si no revertimos la situación. Y para ello lleva a cabo el proyecto “Deregulation Watch” (Observatorio de la Desregulación) del que, desde Attac, ya os hemos dado cuenta y recomendado anteriormente. Deregulation watch analiza y documenta la agenda de desregulación promovida por la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen.

La Unión Europea está entrando en una nueva fase política en la que el objetivo de aumentar la “competitividad” empresarial se traduce en una reducción o flexibilización de normas sociales, ambientales, digitales y de protección de derechos.

Esta orientación política está fuertemente influida por las grandes patronales y grupos de presión empresariales, que consideran que muchas regulaciones europeas representan costes excesivos para las empresas. La consecuencia puede ser un debilitamiento progresivo de estándares construidos durante décadas en ámbitos como la protección ambiental, los derechos laborales, la privacidad digital, la transparencia corporativa y la salud pública.

La herramienta “Deregulation Watch”, que desde Attac España recomendamos, nos sirve de seguimiento  a las organizaciones sociales, sindicatos, activistas y ciudadanas interesadas en comprender cómo avanza este proceso de desregulación y qué sectores económicos son sus principales beneficiarios.

Contexto político y económico

El CEO sitúa el origen de esta ofensiva desreguladora en la preocupación de las instituciones europeas por la pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China. Diversos actores económicos y políticos sostienen que Europa tiene un exceso de regulación que ralentiza la innovación, las inversiones y el crecimiento económico.

En este contexto, la Comisión Europea ha empezado a presentar propuestas de “simplificación normativa”, justificadas oficialmente como medidas para reducir burocracia y facilitar la actividad empresarial. Bajo este término de “simplificación” lo que se oculta es una estrategia más amplia de desmantelamiento regulatorio.

Las políticas europeas estén priorizando los intereses de grandes empresas industriales, tecnológicas, químicas y financieras frente a objetivos como la transición ecológica, la protección de consumidores o los derechos laborales.

Principales mecanismos de desregulación identificados

1. Paquetes “ómnibus” legislativos

Uno de los instrumentos más relevantes son las llamadas leyes “ómnibus”. Estas iniciativas agrupan múltiples modificaciones regulatorias en un solo paquete legislativo. El mecanismo dificulta el debate democrático y facilita la eliminación simultánea de distintas obligaciones regulatorias. Entre las áreas afectadas se encuentran:

• Requisitos de sostenibilidad empresarial.
• Normas medioambientales.
• Obligaciones de transparencia corporativa.
• Controles sobre cadenas de suministro.
• Protección de consumidores.

Este procedimiento favorece procesos rápidos y opacos, con poca supervisión pública.

2. Reducción de obligaciones de información empresarial

Otro aspecto central es la reducción de obligaciones de reporte y transparencia para las empresas.

La Comisión Europea ha planteado disminuir significativamente las exigencias de información relacionadas con sostenibilidad ambiental y responsabilidad social corporativa (RSC). El argumento oficial es que las pequeñas y medianas empresas soportan cargas administrativas excesivas.

Sin embargo, estas medidas pueden limitar la capacidad de controlar impactos ambientales, violaciones de derechos humanos y prácticas empresariales abusivas. Al tiempo que las empresas disponen de mayores márgenes para practicar “greenwashing”. Si no hay posibilidad de verificarlo ¿Qué va a evitar que se presenten como sostenibles sin serlo?

3. Obstáculos para nuevas regulaciones

El observatorio denuncia la creación de nuevos mecanismos institucionales que dificultan aprobar futuras regulaciones.

Entre ellos destaca el uso creciente de evaluaciones de impacto económico centradas casi exclusivamente en costes empresariales. Dejando en segundo plano beneficios sociales y ambientales.

Además, critica que determinadas propuestas exijan revisiones constantes de la legislación ya existente bajo criterios de competitividad, generando presión permanente para reducir normas protectoras.

4. Limitación de regulaciones nacionales

Otro elemento relevante es el intento de reforzar el mercado único europeo limitando la capacidad regulatoria de los Estados miembros. La Comisión Europea está impulsando controles más estrictos sobre las normativas nacionales que pueden afectar al funcionamiento del mercado interior. Esto puede dificultar que algunos países adopten estándares ambientales o sociales más ambiciosos que los mínimos europeos.

Se trata de una centralización normativa favorable a las grandes corporaciones multinacionales, interesadas en operar bajo reglas homogéneas y menos exigentes.

Sectores especialmente afectados

Sector ambiental y climático

Las políticas ambientales son uno de los principales objetivos de la agenda desreguladora.

Las industrias químicas, energéticas y automovilísticas aparecen frecuentemente como actores influyentes en las campañas de presión contra regulaciones ecológicas. El Observatorio advierte de posibles retrasos o debilitamientos en:

• Objetivos climáticos.
• Normas sobre sustancias tóxicas.
• Regulaciones de emisiones industriales.
• Requisitos de transición energética.
• Legislación sobre economía circular.

La narrativa de la competitividad se utiliza para justificar excepciones regulatorias y ayudas públicas a sectores altamente contaminantes.

Sector digital y tecnológico

Grandes empresas tecnológicas están ejerciendo una intensa presión para suavizar normas relacionadas con:

• Protección de datos.
• Inteligencia artificial.
• Transparencia algorítmica.
• Competencia digital.
• Moderación de contenidos.

Algunas propuestas de “simplificación digital” pueden reducir garantías fundamentales de privacidad y derechos de usuarios.

Por otro lado es alarmante la falta de transparencia en determinadas negociaciones entre instituciones europeas y grandes plataformas tecnológicas.

Derechos laborales y sociales

Entre las preocupaciones señaladas destacan:

• Debilitamiento de normas de seguridad laboral.
• Flexibilización de obligaciones empresariales.
• Menor protección para trabajadores de plataformas digitales.
• Reducción de estándares sociales en nombre de la competitividad.

Algunos sectores empresariales presentan las protecciones sociales como obstáculos económicos, favoreciendo un enfoque donde la reducción de costes laborales se convierte en prioridad política sobre otros derechos sociales.

Crítica al papel de los lobbies empresariales

Uno de los ejes centrales del análisis del Observatorio de la Desregulación es la influencia de los grupos de presión corporativos en la toma de decisiones europeas. Muchas de las propuestas actuales reproducen demandas históricas de grandes asociaciones empresariales europeas. Y representantes de la industria mantienen un acceso privilegiado a comisarios europeos y altos funcionarios.

El Observatorio denuncia especialmente:

• La desproporción entre acceso empresarial y acceso de organizaciones civiles.
• La opacidad de algunas reuniones y procesos consultivos.
• La incorporación casi literal de demandas empresariales en propuestas regulatorias.
• El uso del discurso de la competitividad para legitimar retrocesos normativos.

Estamos ante una forma de “captura corporativa” pavorosa de las instituciones europeas.

Riesgos identificados por el observatorio

El Corporate Europe Observatory considera que la actual ola desreguladora puede tener consecuencias profundas a medio y largo plazo. Y entre los riesgos principales menciona:

1. Debilitamiento de estándares ambientales y climáticos.
2. Menor transparencia empresarial.
3. Retroceso en derechos laborales y sociales.
4. Pérdida de protección de consumidores.
5. Reducción de controles democráticos sobre grandes empresas.
6. Aumento de la influencia corporativa en la legislación europea.
7. Obstáculos para futuras políticas progresistas.
8. Fragmentación de la confianza ciudadana en las instituciones europeas.

El observatorio teme que Europa abandone progresivamente su modelo regulatorio, históricamente más protector que el estadounidense, para adoptar una lógica más orientada a la liberalización económica.

Conclusión

Frente a todo ello, el Corporate Europe Observatory propone reforzar la vigilancia ciudadana, aumentar la transparencia institucional y mantener mecanismos regulatorios sólidos capaces de equilibrar intereses económicos con objetivos sociales, climáticos y democráticos.

Para saber más os remitimos a nuestra entrada: https://attac.es/curso-intensivo-sobre-la-ola-de-desregulacion-de-la-ue/

La entrada Observatorio de la Desregulación se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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Ciento veinte organizaciones de carácter social, académico, político y sindical presentaron hoy un manifiesto a favor de que se aplique la Ley de Memoria Democrática a todos los y las saharauis que «padecieron persecución y violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento, opinión o conciencia por sus actividades de oposición» a la dictadura franquista.

Según reza el manifiesto, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, el reconocimiento de las víctimas saharauis «es un acto obligado conforme a los principios de verdad, justicia y reparación». De hecho, resaltan que fue en África donde comenzó el verdadero régimen franquista, ya que fueron los oficiales allí destinados quienes protagonizaron el golpe de Estado de 1936. Además, España administró ese territorio desde 1884 y, tras la reorganización de 1958, lo convirtió en la provincia número 53. A todos los efectos, sus habitantes eran tan españoles como los habitantes de la Península y las islas, y lo fueron hasta que España abandonó el territorio en 1976 y dio vía libre a la ocupación ilegal por parte de Marruecos.

«Denunciamos, además, un trato diferenciado entre la población española de origen europeo, que fue evacuada e indemnizada durante la llamada Operación Golondrina, y la población saharaui, que quedó desprotegida frente a la ocupación militar y perdió en muchos casos la nacionalidad española, derivando en situaciones de exilio y apatridia», señalan los firmantes en un comunicado.

Violencia colonial en el Sáhara

Existe una amplia bibliografía académica sobre la represión franquista en lo que entonces se llamó el «Sáhara español». Uno de los trabajos destacados es el informe Saharauis. Las otras víctimas del franquismo y postfranquismo. Memoria, desmemoria y responsabilidades del Estado español, de Abdeslam Aomar Lahsen, publicado por el Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco. En él se examina pormenorizadamente la historia de violencia colonial desarrollada en este territorio, como la guerra de Ifni-Sáhara (1957), la represión de manifestaciones pacíficas como la de Zemla (tras la que se produjo la desaparición forzada del líder saharaui Mohamed Bassiri) y otras desapariciones ocurridas durante la retirada española. El tratamiento desigual entre los represaliados de los distintos territorios españoles «constituye una discriminación basada en criterios raciales», denuncian los promotores del manifiesto.

Sus firmantes celebran la Ley de Memoria Democrática, pero indican que existe «un vacío histórico relevante al no contemplar expresamente la represión ejercida contra la población saharaui». Por ello, realizan una serie de peticiones al Gobierno y a la Comisión de la Verdad, anunciada el pasado mes de marzo para esclarecer las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura. Entre estas peticiones están:

• el reconocimiento oficial de las víctimas saharauis;
• el acceso a archivos y registros históricos;
• la investigación independiente de los hechos ocurridos durante la Administración española;
• la incorporación del caso saharaui al Plan Estatal de Memoria Democrática;
• la participación directa de víctimas y familiares en los procesos de verdad, justicia y reparación.

De acuerdo a lo recomendado por Naciones Unidas a la hora de abordar los legados del colonialismo y garantizar reparaciones efectivas, las organizaciones que firman este manifiesto concluyen que en el Sáhara Occidental persiste «una deuda histórica pendiente en materia de derechos humanos y reparación».

La entrada 120 organizaciones piden que se aplique la Ley de Memoria también a las víctimas saharauis del franquismo se publicó primero en lamarea.com.

 

Goya, la melodía de una leyenda

Viernes 24 abril, 20:00 h

Teatro Circo de Albacete

Entradas: Zona A: 28 € / Zona B: 22 €

 

 

Goya, la obra musical de una leyenda. Arte, amor y traición

Sinopsis: 

Una obra pensada para emocionar y divertir, lejos de parecer una obra clásica, donde el ritmo, la pasión y el humor se entrelazan en cada escena, con la música como hilo conductor, interpretadas en directo.

Narra la vida apasionante de Francisco de Goya, genio universal atrapado entre el poder y la censura, el amor y la política, en una España convulsa entre la Inquisición y la modernidad ilustrada.

La trama, llena de emoción, giros dramáticos y comedia, acerca al espectador a un Goya humano y contradictorio. Sus relaciones con personajes como la Duquesa de Alba, Godoy, Ceán Bermúdez, Bayeu y la Reina María Luisa revelan un mundo de pasiones prohibidas, intrigas y luchas ideológicas.

Una historia que indaga en la profundidad creativa, en la pasión por el arte y en el amor.

 

Por Jorge del Arco y Mario Rísquez (CGT-UCM)

Los pasados 26 y 27 de noviembre las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid fuimos nuevamente a la huelga contra la asfixia económica a la que nos está sometiendo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En el horizonte amenaza, además, la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC), un proyecto legislativo que busca abrir aún más el espacio universitario al expolio de los recursos públicos.

La situación en las universidades madrileñas

La situación de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid viene de lejos. Se tomen los datos que se tomen, la financiación nunca ha recuperado los niveles previos a los recortes implementados por las medidas de austeridad posteriores a 2008. En aquel momento, las universidades públicas madrileñas vivían una situación de equilibrio presupuestario y la financiación pública por estudiante era equivalente en Madrid y en el sistema nacional en su conjunto. Quince años después, hay un desfase del 22,5% en la región. La Comunidad de Madrid es la única región española que invierte menos ahora por estudiante de grado y de máster. Siendo una de las regiones más ricas, es también, junto con Cataluña, la que menos invierte por estudiante.

La financiación pública de las universidades madrileñas se situó el año pasado en un 0,37% en relación al PIB autonómico. Este índice parece aumentar ligeramente en 2025 (0,38% según estimaciones conservadoras sobre el crecimiento del PIB y la inflación), aunque en relación al presupuesto total, el universitario desciende una vez más: del 4,06% al 4,04%. Este dato es importante porque al consejero de Educación, Emilio Viciana Duro, le gusta decir que el porcentaje con respecto al PIB ni representa las necesidades reales de las universidade,s ni mide adecuadamente el esfuerzo presupuestario que realiza la Comunidad de Madrid. La realidad es que dicho esfuerzo ha pasado de estar 25 puntos porcentuales por encima de la media nacional en 1998, cuando las competencias estaban en manos del Ministerio de Educación, a situarse un 23% por debajo en 2023.

El gobierno de la Comunidad de Madrid atribuye los problemas económicos de sus universidades al aumento del gasto. Pero, una vez más, los datos desmienten sus afirmaciones. Mientras el total de los gastos a nivel estatal ha aumentado un 20%, en Madrid dicho incremento ha sido una quinta parte menor (16%). El problema es que mientras en el primer caso los ingresos han aumentado un 20%, el sistema universitario madrileño apenas ha visto incrementados sus ingresos en un 10%. Poniendo estas cifras nuevamente en relación al PIB autonómico, la caída de los ingresos de las universidades madrileñas es palmaria: del 0,90% de 2008 se ha pasado al 0,68% en 2023 (un retroceso del 25% en términos reales).

Si acudimos a los euros contantes y sonantes, hay que indicar que, en verano de 2024, los rectorados de las seis universidades públicas solicitaron un incremento de 200 millones en el presupuesto para poder funcionar con una mínima normalidad.¹ El gobierno de Ayuso respondió con un pequeño incremento de 47,26 millones respecto de lo que había anunciado en primera instancia. Este año se anuncia otra pequeña subida de 75,3 millones. En total, poco más de la mitad de lo que las universidades solicitaban simplemente para poder abrir.

Esto ha hecho que aquellas universidades con un mayor déficit de financiación se encuentren en graves problemas. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tuvo un agujero de 33 millones de euros en 2023. Un año después, este déficit aumentó hasta los 45 millones. Es la universidad que menos dinero recibe de las administraciones autonómicas por estudiante (4.291 euros anuales). Este déficit estructural de financiación ha tenido que ser cubierto con los remanentes de diez años de ahorro. Pero la tesorería se agota rápidamente con esta deriva. Este pasado verano, el rector afirmaba que les quedaba entre un año y un año y medio de solvencia.

La situación en la UCM

El agujero en la Universidad Complutense (UCM) en los últimos dos años ha sido de 142,3 millones de euros (64,5 millones en 2023 y 77,8 millones de euros en 2024). El problema no es puntual y se va a ir agravando. Si se compara la cuantía de la transferencia de este año con la que tenía lugar en 2008, y se corrige la inflación, se aprecia un recorte del 18%. El gobierno de Ayuso puede seguir diciendo que está aumentando la financiación porque en 2024 asignó un 7,8% más (373,8 millones) de lo que transfería en 2008 (349,8 millones). Pero lo cierto es que la inflación ha aumentado un 31,3% en ese mismo período. No hace falta ser economista para deducir lo que ha ocurrido en estos 16 años. Y eso en un contexto en que la región ha vivido un crecimiento acumulado del 28,8% del PIB, una vez ajustada la inflación. No hay manera de justificar esta asfixia por la situación económica.

Esto ha provocado que la UCM sufra un déficit de financiación que ha pasado en los últimos tres años del 0,92% al 12,39%. De los más de 33 millones de euros que conservaba en la tesorería como remanente ahora mismo no queda nada. El informe de las cuentas anuales habla de tensión de liquidez. La UCM no tiene dinero para afrontar sus pagos corrientes.

Por eso se ha visto obligada a pedir un préstamo a la misma institución que la ahoga económicamente. Un crédito de 34,46 millones de euros que tiene que devolver en los próximos cinco años. Pero no solamente tendrá que devolver ese dinero. Además tendrá que pagar 4,4 millones de euros en conceptos de intereses (2,8%). En una situación de insolvencia provocada por la propia Comunidad de Madrid, ésta pasa a convertirse en acreedora y asume la deuda de la universidad que ella misma ha generado a cambio de un nada módico precio (el Euribor se encuentra en estas fechas alrededor del 2%).

A cambio de ese dinero, la UCM tiene que implementar un Plan Económico-Financiero de ajuste de gasto de alrededor de 33 millones de euros en los próximos 3 años. Por las informaciones de que disponemos hasta ahora el núcleo duro de esos recortes se va a concentrar en la plantilla: 16 millones en el personal docente e investigador (PDI) y 11 millones en el personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS). Lo que es seguro es que se mantendrá durante tres años la retención del 35% del presupuesto a departamentos y facultades que se anunció en diciembre del año pasado en previsión de la situación de insolvencia a la cual la conducía la Comunidad de Madrid. Ahora ha anunciado que dicha medida se mantendrá los próximos tres años. Esta retención presupuestaria ya supuso que se dejaran de financiar los grupos de investigación, que algunas bibliotecas tuvieran que anunciar que no se adquirirían novedades o que se cancelaran becas de excelencia para estudios de máster.

Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC)

A nadie puede sorprender el desprecio de un gobierno del PP por los servicios públicos. Aun así, la situación resulta chocante incluso para los estamentos universitarios más conservadores. Los decanos y decanas de todas facultades de la Complutense se han concentrado en la Puerta del Sol para protestar por la falta de financiación. Con la boca pequeña, y un exasperante síndrome de Estocolmo en ocasiones cínico, los rectorados llevan un año y medio denunciando la insostenibilidad de la educación superior universitaria con estas cifras. ¿A qué responde entonces este ataque que parece llevar el recorte al punto del desmantelamiento?

Prácticamente al mismo tiempo que conocíamos el crítico escenario económico que afrontaban nuestras universidades, caía en nuestras manos un borrador incompleto del anteproyecto de ley que preparaba el gobierno de Ayuso. Un proyecto estructural que busca aprovechar los huecos habilitados por la legislación estatal para convertir la educación superior madrileña en un mercado del que se puedan obtener pingües beneficios. Llevan años intentándolo, no solo con la educación, también con la sanidad, y piensan que la crisis económica que han generado en la universidad les da la oportunidad perfecta tanto en la imposición de recortes como en la negociación legislativa.

Este es un ataque desde varios frentes a la autonomía universitaria. Busca poner a las universidades públicas bajo control directo de la Comunidad de Madrid y el tejido empresarial madrileño. La infrafinanciación de las universidades públicas abre espacio a la competencia de las entidades privadas y a la precarización de la fuerza laboral, tanto la propia de las universidades como aquella en formación, a la vez que ofrece trabajo gratuito o infrapagado. Pero la verdadera y preocupante novedad de la ley es el fomento del expolio de los recursos públicos.

El sometimiento de la educación superior, tanto universitaria como no universitaria, al mundo empresarial ya no pasa solamente por su orientación al mercado laboral y las exigencias productivas. Con esta ley es la propia educación superior la que se convierte cada vez más en un mercado en el cual lucrarse. Pero además no se pretende hacer únicamente favoreciendo a las entidades privadas en detrimento de las públicas. Las exigencias de programas conjuntos, uso compartido de equipamientos, trasvase de estudiantes y docentes y demás aspectos propuestos en el anteproyecto dejan a las claras que lo que se busca es permitir el parasitismo de entidades privadas, tanto universitarias como no universitarias, sobre las universidades públicas.

Para ello la Comunidad de Madrid debe reforzar su propio control externo sobre las universidades y el control interno por parte del tejido empresarial a través de los Consejos Sociales. Esta institución idealmente pensada para habilitar la participación de la sociedad en la universidad ha sido utilizada para permitir la entrada del mundo empresarial. El anteproyecto de ley amplía y deforma sus funciones hasta convertirlo casi en un Consejo de Gobierno de facto. Junto con la también exacerbada figura de la intervención, se busca transformar radicalmente el equilibrio de gobierno y el significado mismo del concepto de la autonomía universitaria. Las competencias económicas que se le otorgan le dan un control presupuestario prácticamente total. Las académicas le habilitan para controlar lo que se enseña o se investiga en las universidades. Y por si todo ello fuera poco, se le pretende convertir en un órgano que blinde y promocione los discursos de odio, puenteando los órganos de la propia universidad que regulan los derechos de reunión y libertad de cátedra o expresión. Pero el objetivo es el mismo que muestran el resto de artículos referidos al gobierno y el diseño institucional: debilitar la autonomía universitaria para blindar el control político de la Comunidad de Madrid y bloquear las vías de representación y participación efectiva de las trabajadoras y el estudiantado. Solo así podrá llevarse a cabo la puesta en disposición de los centros privados de enseñanza superior –universitaria o no universitaria (por eso se establece una normativa conjunta)– las infraestructuras (laboratorios, centros deportivos, talleres artísticos y otras instalaciones o herramientas digitales), la investigación y la formación para la investigación (programas de doctorado), los recursos humanos, los servicios, así como el prestigio de las universidades públicas.

El otro instrumento ideado para consumar el expolio es el modelo de financiación propuesto en el anteproyecto. Dividido en tres capítulos (financiación básica, por necesidades específicas y por objetivos), de los cuales solamente el primero estaría relativamente garantizado, esta propuesta, lejos de garantizar la autonomía financiera de las universidades, refuerza su dependencia del proyecto privatizador de la Comunidad de Madrid y mantiene una transferencia ordinaria insuficiente para su normal funcionamiento. Puesto que se pretende detraer de dicha transferencia los ingresos de los precios y tasas públicas, el anteproyecto pone un límite a la financiación autonómica por debajo de las necesidades de financiación básica. Lo mismo ocurre con los gastos de mantenimiento y reposición de activos ya existentes, que no podrán incluirse en el capítulo de necesidades específicas –en abierta contradicción con la legislación estatal–. Este se vería limitado exclusivamente a nuevas inversiones en infraestructuras y equipamientos que tendrán que ser aprobadas por la Comunidad de Madrid. Finalmente, la financiación por objetivos busca establecer unos contratos-programa orientados al cumplimiento de la colaboración con las empresas privadas y a la progresiva privatización de las propias fuentes de financiación de la universidad. Porque esa es la otra gran novedad que quiere implantar la LESUC: la creación de fondos de inversión y otros mecanismos financieros para que las universidades obtengan recursos por su cuenta en el mercado. Si la situación económica de las universidades públicas ya es insostenible hoy, un estudio de los mayores expertos en contabilidad universitaria ha llevado a cabo el ejercicio de aplicar los criterios de financiación del anteproyecto para la liquidación presupuestaria de 2023. El resultado es que las universidades públicas de Madrid perderían en total otros 179 millones de euros. La Complutense sería la más afectada con más de 54 millones menos. Si el mismo criterio se aplicase a nivel nacional, la pérdida sería de casi mil millones de euros.

¿Estamos ante un proyecto de ahorro y austeridad brutal en un momento de relativa bonanza, al menos en términos macroeconómicos y ciertamente para las arcas de la Comunidad de Madrid? Sin descartar que la animadversión por lo público de las élites políticas y económicas madrileñas pudieran conducir a decisiones irracionales como esta, lo cierto es que el motivo es mucho más prosaico. La universidad privada se ha convertido en un nicho de negocio de alta rentabilidad en España. Un estudio de hace seis años cifraba la rentabilidad media del sector en un 9,4%. Y es un mercado en crecimiento. Incluso enormes fondos de inversión se percataron de la situación y adquirieron en aquel momento dos de las más rentables, Alfonso X El Sabio y la Universidad Europea, por más de mil millones y casi ochocientos millones, respectivamente. Recientemente, la primera se ha vendido por el doble de lo que costó. En seis años, el fondo de inversiones CVC ha ganado mil millones de euros. Una rentabilidad del 100% de la inversión. Lo mismo ha sucedido con la Universidad Europea. Aunque las cifras de la venta no han sido publicadas en este caso, su valor de mercado actual se calcula también en alrededor de 2000 millones de euros. El fondo Permira habría casi triplicado su inversión de hace seis años.

Estamos ante un caso de intento de acumulación por desposesión de manual. Pero como siempre que el capital arremete contra nuestros derechos y condiciones de vida, los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas, de la mano del revitalizado movimiento estudiantil, vamos a resistir. Nos jugamos la universidad pública en Madrid. Las movilizaciones de este año que cerramos con la huelga general universitaria son solo el comienzo de la lucha. Vamos a parar la tramitación de la LESUC y vamos a obligar a la Comunidad de Madrid a revertir la situación de infrafinanciación que lleva años provocando. Y ojalá esto sea solo el comienzo también de una lucha por los servicios públicos en general en Madrid. Porque el gobierno de Ayuso representa el trumpismo más peligroso que el capital quiere usar para seguir esquilmando: aquel con poder institucional y de gobierno. Ahora le toca a la universidad, pero lo seguirán intentando con la sanidad y con cualquier otra forma de riqueza colectiva que escape a su depredación. Pero nosotras también nos organizamos. Lo hicimos con las mareas y lo estamos volviendo a hacer.

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1 Según cálculos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA), transmitidos en Consejo de Gobierno por el rector de la Complutense en julio de este año, dicha cifra alcanzaría hoy los 460 millones de euros.

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