• El Anteproyecto de Ley, bautizada risiblemente como LIDER, pretende una mayor desprotección de los espacios rurales y naturales, limitar la participación ciudadana, desamparar el patrimonio histórico-cultural, plantear un crecimiento que saturaría más aún la ya desbordada capacidad de carga del territorio de nuestra región y dar carta blanca al gobierno de la Comunidad de Madrid para implantar macro proyectos en cualquier lugar de nuestra comunidad.
• Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha planteado un detallado escrito de alegaciones contra ese Anteproyecto y llama a la ciudadanía y a las organizaciones sociales a manifestar activamente nuestra oposición al mismo y a la dinámica trumpista en la que está embarcado el gobierno regional.

Tras 25 años de vigencia de la actual ley del suelo y 30 de la ley de ordenación territorial, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido poner al día esta legislación que había venido parcheándose a lo largo de este tiempo, refundiéndola en un único texto legal.

Una oportunidad sin duda histórica para elaborar una normativa a la altura de los enormes desafíos que enfrenta nuestra región en esta materia: desde la crisis habitacional a la proliferación de usos y actividades incompatibles en los suelos rurales y espacios naturales, pasando por la sobreexplotación del suelo urbano mediante operaciones especulativas y la mercantilización del espacio público. Todo ello en un marco de creciente desigualdad social y de crisis climática, que se manifiestan de forma dramática en nuestras ciudades y territorios.

La respuesta del gobierno regional es un anteproyecto de ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región, que ha sido sometido al trámite de audiencia e información pública durante el breve periodo de un mes, que incluía las vacaciones de semana santa. Un exiguo plazo para que la ciudadanía pueda estudiar y opinar sobre un anteproyecto de 323 artículos y 24 disposiciones, de una complejidad técnica y jurídica considerable y con gravísimas implicaciones sociales y medioambientales, por lo que tanto Ecologistas en Acción como otras entidades sociales hemos reclamado, sin respuesta, la ampliación de ese plazo.

Pero, más allá de la nula voluntad de las autoridades autonómicas por contrastar socialmente el proyecto, ¿responde este a los retos y necesidades de nuestra región? Desde Ecologistas en Acción creemos que no responde en absoluto, y por ello hemos presentado un documento de alegaciones, del que extraemos los elementos principales en esta nota.

En primer lugar, debe destacarse que tanto la motivación explícita de la ley como el sentido de sus disposiciones apuntan a un mismo objetivo, que es desregular la actuación urbanizadora y facilitar la intervención de los agentes inmobiliarios y la materialización de sus intereses, todo ello bajo el mantra reiterativo de agilizar, flexibilizar y simplificar la tramitación de los planes urbanísticos. Lo que resulta plenamente coherente con los antecedentes legislativos regionales más recientes en la materia, en concreto la llamada ley Ómnibus 2024 (Ley 7/2024, de 26 de diciembre, de ‘medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio’) y la creación de la Aceleradora Urbanística (decreto 92/2025, de 10 de diciembre de la Comunidad de Madrid), que también fueron contestados por muchas entidades ciudadanas, entre otras nuestra asociación.

Este objetivo ultraliberal y privatizador del urbanismo se pone al servicio, en el anteproyecto, de una visión de crecimiento urbano ilimitado y acelerado de nuestra región, basada en hipótesis fantasiosas sobre su aumento de población y en la ignorancia de los impactos medioambientales, la situación de sus recursos vitales y la capacidad de carga de sus infraestructuras y servicios. En definitiva, al margen de cualquier modelo territorial racional y sostenible.

Para ello, el anteproyecto oficializa la renuncia (hasta ahora de facto) del gobierno regional a ejercer sus deberes de ordenación integral del territorio, a cambio de habilitar la intervención discrecional, pública y privada, sobre cualquiera de sus partes o ámbitos mediante distintos instrumentos que pueden imponerse sin más sobre el planeamiento de los municipios e incluso sobre suelos protegidos por sus valores naturales o agropecuarios. Detrás de esta batería legal pueden adivinarse fácilmente macroproyectos recreativos, logísticos, energéticos, centros de datos… es decir, anunciadas agresiones al territorio que se complementa con la permisividad casi total de usos ‘excepcionales’ en el suelo rural.

Por otra parte, en materia urbanística el anteproyecto más que agilizar y simplificar lo que introduce es una notable confusión e incertidumbre con una voladura del actual sistema jerárquico y racional a cambio de un nuevo modelo que confía a la iniciativa privada el diseño de nuestras ciudades y pueblos.

Todo ello encuentra un reflejo lógico en la merma de las medidas para la preservación del patrimonio y la cultura que tradicionalmente se ha vehiculizado por los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, cuya relevancia y obligatoriedad el anteproyecto reduce significativamente.

La propuesta depredadora y antidemocrática del anteproyecto se completa, por una parte, con disposiciones que rozan la inconstitucionalidad como es la pretensión de cercenar las declaraciones judiciales de nulidad de los planes, así como permitiendo su tramitación en ausencia de informes sectoriales preceptivos. Por otra parte, con el recorte de la participación ciudadana en la tramitación de esos instrumentos urbanísticos. Y, cerrando un círculo perverso, el anteproyecto aprovecha para reducir los controles ambientales y de seguridad de las actividades recreativas y espectáculos públicos.

¿Dónde han quedado los retos sociales y ambientales de nuestra región mencionados al inicio de la nota? El anteproyecto ni sabe ni contesta; de hecho, es un texto que valdría para cualquier territorio del planeta pues de lo único que trata es de la extracción de rentas del suelo; y el lenguaje del negocio es universal, como lo son los desastres sociales y territoriales que acarrea.

En definitiva, hemos alegado contra esta descarada pretensión del gobierno regional de asaltar el territorio -o más bien, de seguir asaltándolo, pero con pleno respaldo legal- para convertirlo en un enorme solar a merced del capital financiero e inmobiliario. Ahora la palabra para conseguir frenarlo la tienen la asamblea regional y el pueblo madrileño.

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Queridas radiooyentas, os traemos de sorpresa este programa tan especial que hemos grabado con las compas de la Asamblea Antiespecista de Madrid sobre la campaña “Cerremos Vivotecnia” (https://cerremosvivotecnia.noblogs.org/). El 8 de abril de 2021 salieron a la luz… Leer más

Radio Almaina - Cerremos Vivotecnia 5 años después

• El proyecto, promovido por la empresa AGR Biogás, ha desencadenado una creciente movilización vecinal en el sureste de la Comunidad de Madrid, con una oposición social cada vez más amplia y el rechazo institucional del Ayuntamiento de Belmonte de Tajo.
• Bajo la denominación Stop Biogás de Belmonte de Tajo, se ha creado una plataforma para canalizar la oposición vecinal al proyecto que consideran supondría una agresión a la calidad de vida de los vecindarios y al entorno natural de la zona.

La planta proyectada prevé el tratamiento de hasta 140.000 toneladas anuales de residuos orgánicos del tipo purines de las granjas porcinas, gallinaza proveniente de granjas avícolas, lactosuero, residuos de mataderos SANDACH C2 y C3, lodos de depuradora, etc. Se prevé su ubicación en el paraje denominado El Mojón, entre el municipio de Belmonte de Tajo y Villarejo de Salvanés. Dicho proyecto ha generado una gran inquietud entre los vecindarios de dichas localidades, por lo que consideran supondría un enorme impacto ambiental en un entorno agrícola y natural de especial sensibilidad.

Según la documentación técnica disponible, la planta ocuparía una superficie aproximada de 100.000 metros cuadrados e incluiría digestores anaerobios, balsas de almacenamiento de gran capacidad —superiores a 90.000 m³—, zonas de tratamiento y sistemas para la producción de biometano destinado a su inyección en red. El funcionamiento de la instalación implicaría, además, un flujo continuo de transporte de residuos mediante tráfico pesado por carretera.

La iniciativa ha suscitado una amplia oposición vecinal por sus posibles afecciones ambientales y a la calidad de vida de los pueblos cercanos, a lo que se suma el posicionamiento público del Ayuntamiento de Belmonte de Tajo, que ha manifestado su firme rechazo al proyecto y su compromiso con la defensa de los intereses de la población.

La constitución de una plataforma ciudadana y la celebración de una asamblea informativa el pasado 21 de marzo, evidencian el grado de movilización existente, con un llamamiento a la ciudadanía a informarse y participar activamente en el proceso de alegaciones administrativas. Dicha reunión informativa contó con una notable asistencia de vecinos y vecinas de la zona, en la que se expusieron los detalles del proyecto y se abordaron sus posibles implicaciones ambientales, sociales y económicas.

Entre las principales inquietudes expresadas se encuentran el potencial impacto por emisiones de olores y gases con riesgo para la salud de la población próxima, el aumento significativo del tráfico de vehículos pesados para traer dicha materia orgánica de otras localidades, posibles riesgos para los acuíferos y la calidad del suelo, afección paisajística en un entorno agrícola tradicional que se vería perjudicado por los perjuicios derivados de la actividad industrial.

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• El  domingo 22 de marzo de 2026 celebramos el 6º Día de las Vías Pecuarias con una ruta en bicicleta por el norte de Alcorcón, el cerro de San Babilés en Boadilla del Monte y la vereda segoviana en Villaviciosa de Odón.
• El punto de partida, la pasarela del parque de Las Presillas, nos ofrecía una imagen tan clara como incómoda: un territorio herido, fragmentado, cercado por infraestructuras y sometido a una presión constante.

Desde esa posición, el paisaje se desplegaba como un mapa vivo: una estación subeléctica, los tendidos de alta tensión, alcornoques centenarios, pinares de repoblación, el lago artificial que recoge el arroyo Butarque, el rastro casi borrado de la vereda de Castilla y la cicatriz del antiguo ferrocarril militar que aspiramos a transformar en vía verde. Todo ello bajo el ruido persistente de los coches y las avionetas de la base de Cuatro Vientos. Un recordatorio de que estos espacios no están protegidos: están asediados.

Vías pecuarias: corredores ecológicos, en riesgo

Con el grupo ya formado —nueve personas finalmente— iniciamos la marcha hacia Cuatro Vientos. El ritmo tranquilo nos permitió observar con atención un territorio que, pese a todo, sigue vivo. Las plantaciones de encinas y alcornoques, impulsadas en su día por colectivos ecologistas, conviven hoy con intervenciones institucionales como el proyecto Arco Verde. Pero la pregunta sigue repitiéndose: ¿es suficiente?
La antigua vía del ferrocarril militar, colonizada por vegetación espontánea, y la presencia constante de fauna como conejos nos hablan de la capacidad de regeneración del entorno. Sin embargo, la negativa a negociar del Ministerio de Defensa mantiene esta infraestructura viaria en desuso. Con una pequeña inversión esta vía muerta podría convertirse en la vía verde del ferrocarril militar.
En la vereda de Castilla, entre Alcorcón y Madrid, nos detuvimos ante los restos de un encinar. Allí recordamos que estos caminos no son simples rutas de paso: son estructuras históricas del territorio, auténticos corredores ecológicos que conectan ecosistemas y conservan la memoria de un paisaje adehesado hoy prácticamente desaparecido.

Del ruido a la paz de los campos

A medida que avanzábamos, el contraste se hacía más evidente. El estruendo de aeromodelos y aviones reales sustituía al canto de las aves, ausentes en ese tramo. El cielo, saturado de tráfico aéreo, reflejaba el modelo de ocupación del territorio: intensivo, invasivo, ajeno a los ritmos naturales y con unos usos recreativos que, en la mayor parte de los casos, ignoran al resto de seres vivos que habitan el ecosistema.
Sin embargo, al descender hacia el barranco de Pradonal, la paz se impuso como por un ensalmo. Allí, en un encinar con árboles centenarios, se hace evidente lo que está en juego. Estos fragmentos de bosque, conectados con espacios como el cercano Montegancedo, el parque histórico de Casa de Campo o el Monte del Pardo, son los últimos vestigios de un ecosistema que una vez fue continuo, un bosque de encinas y otras especies autóctonas.
Pero incluso aquí las amenazas son visibles: vertidos descontrolados, arroyos canalizados, urbanización de los elementos de la ciudad más desagradables como la depuradora de aguas residuales. A pesar de todo, la naturaleza resiste, sí, pero lo hace en condiciones cada vez más adversas.

Defender el territorio, a golpe de pedalada

La ruta continuó entre caminos trazados con terrizo y vallados, arroyos encauzados, bordeando espacios como la Ciudad Financiera, donde el contraste entre lo natural y lo urbanizado alcanza su máxima expresión. Alcanzamos el Cerro de San Babilés, mirador privilegiado desde el que se divisa la Sierra de Guadarrama, el Palacido del Infante Don Luis, la vega del río Guadarrama o el silo de trigo de Navalcarnero. Un paisaje que produce honda impresión, pero también muy transformado.
Allí tuvo lugar el único percance de la jornada: una caída que dejó la rueda de una bicicleta inutilizable… o eso parecía. Sin herramientas, el grupo improvisó un remedio fácil. La rueda, doblada, volvió a girar. No perfectamente, pero lo suficiente para que la compañera pudiese continuar.
El último tramo nos llevó por cárcavas, campos de cereal en crecimiento y vías pecuarias parcialmente invadidas o desviadas por obras y urbanizaciones. Aun así, la naturaleza persiste y no da un paso atrás: una pareja de milanos sobrevolando, la vegetación de ribera del arroyo de La Madre empieza su mejor momento, la primavera, caminos que se resisten a desaparecer.
Terminamos la ruta en la colada de Pozuelo, junto al CC Tres Aguas. Un final simbólico: una vía pecuaria que sobrevive en este espacio urbanizado gracias a la protección legal que les otorga la legislación.
Porque de eso se trata. De entender que estos caminos no son reliquias del pasado, sino infraestructuras esenciales para un futuro más habitable. Defender las vías pecuarias es defender la biodiversidad, la conectividad ecológica y el derecho a un territorio menos fragmentado.

Y nos despedimos… hasta ¡el año que viene!

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Ecologistas en Acción apoyamos el comunicado de las vecinas y vecinos de Serigne Mbaye y llamamos a las diferentes organizaciones a apoyarlo.

Con esto, los colectivos sociales denunciamos una actuación policial desproporcionada e injusta, fruto de las redadas racistas que se siguen produciendo en nuestro país con total impunidad, como la de este 26 de marzo, que terminó con la detención de Serigne Mbaye y seis personas más, entre ellas, tres activistas de Ecologistas en Acción.

Queremos que se reconozca la verdad y, por ello, apoyamos la versión de las vecinas.

 

Violencia policial en la puerta de casa

• La comunidad de vecinas y vecinos de Serigne Mbaye denunciamos su detención con violencia cuando estaba entrando en su casa.
• En la operación policial también se detuvo a otros seis vecinos, tres dentro del edificio y en presencia de niñas, niños y adolescentes, cuando salieron a ver qué es lo que estaba ocurriendo.
• Hay tres vecinos y una vecina con un parte de lesiones provocadas por la intervención policial, que han tenido que volver a acudir esta mañana al hospital.
• Denunciamos esta agresión contra nuestro vecino, que no es la primera vez que sufre una identificación por perfil étnico-racial. Son prácticas cotidianas que vemos que padecen muchas personas racializadas de nuestro barrio.

En la mañana del viernes, mientras llevamos a dos de nuestras vecinos y vecinas a urgencias por las lesiones sufridas en la actuación policial, la comunidad en la que vive Serigne Mbaye emitimos este comunicado para dar nuestra versión de los hechos, solidarizarnos con las siete personas detenidas y denunciar el acoso policial cotidiano que sufren las personas racializadas en nuestro barrio.

El jueves 26 de marzo, a las 19:30 de la tarde, Serigne Mbaye fue detenido cuando estaba entrando en su casa. No le dio tiempo ni a sacar las llaves de la cerradura antes de que unos policías de paisano le exigieran que se identificara. Al explicarles que estaba entrando en su casa y que no había motivo para que lo filiaran, la contundencia y la dureza de la policía escaló muy rápido, llegando a inmovilizar en el suelo con fuerza desproporcionada a Serigne.

Alarmados y asustados, los niños y niñas que viven en el edificio avisaron a sus familias de lo que sucedía. Varias personas adultas del edificio bajaron rápidamente para intentar explicar que Serigne es miembro de la comunidad y que es una persona tranquila. Pero todos sus esfuerzos por intentar explicar la situación se encontraron con una respuesta cada vez más desproporcionada, que fue creciendo a medida que llegaban más unidades policiales.

La policía detuvo con fuerza a siete vecinos y vecinas, tirando al suelo, poniendo la rodilla en la cabeza y golpeando de manera contundente a varias personas Tres de ellas fueron detenidas incluso dentro del edificio y cuatro de ellas sufrieron lesiones.

A pesar de la injustificada contundencia policial, las vecinas y vecinos nunca entorpecieron la labor de los agentes, sino que trataron de mediar en lo que estaba sucediendo. Es más, en dos ocasiones se solicitó la interlocución con el mando, lo cual fue ignorado.

Por la convivencia y la no discriminación en nuestro barrio

Las vecinas y vecinos de Serigne Mbaye hemos presenciado, una vez más, otra identificación injusta por perfil racial a nuestro vecino. Queremos añadir que ningún otro vecino o vecina del edificio (personas blancas) ha sido jamás identificada ni en la calle ni en la puerta de su casa y esta es la segunda vez que paran a Serigne, de origen senegalés, en las inmediaciones de su domicilio, por no decir las decenas de veces que ha sido identificado y acosado en las calles.

Sabemos que esto no es un caso aislado ya que lo observamos cada día en nuestros trayectos cotidianos y lo escuchamos en boca de las personas afectadas (familias de la comunidad escolar, etc.). Todas ellas relatan el constante acoso al que se ven sometidos por parte de la policía y el impacto que tiene sobre ellas y sus familias.

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Ecologistas en Acción celebra la decisión inapelable del Tribunal Supremo de inadmisión de los recursos interpuestos por la Junta de Castilla y León y la empresa privada Puerto de Navacerrada Estación de Esquí a la sentencia de enero de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que obligaba al gobierno de Castilla y León al desmantelamiento de la estación de esquí de los montes públicos propiedad del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN).

Desde Ecologistas en Acción lamentan que por intereses políticos y económicos contrarios al interés general se esté demorando el desmantelamiento de la estación de esquí. La concesión a la estación de esquí de terrenos públicos propiedad de Parques Nacionales (que afecta al monte pinar de Valsaín donde se encuentran las pistas del Telégrafo, el Escaparate y el Bosque) caducó en 2021. Sin embargo, la Junta de Castilla y León se negó a tramitar el procedimiento como era su deber legal. Esto ha llevado a la apertura de la estación de esquí durante cinco años ocupando terrenos públicos sin pagar ningún canon por ello.

Desde Ecologistas en Acción recuerdan que la defensa del cierre de la estación de esquí del puerto de Navacerrada se debe además de a las razones legales, a razones climáticas y ambientales y recuerdan cómo en 1999 la Comunidad de Madrid marcó un camino basado en la sostenibilidad, con el desmantelamiento de la estación de esquí de Valcotos.

La crisis climática ha provocado desde los años 70 del siglo XX un ascenso de las temperaturas medias en el puerto de Navacerrada de casi dos grados, reduciéndose la nieve en un cuarto.

A su vez, la estación de esquí genera impactos negativos en el frágil entorno natural de las cumbres de las montañas (despilfarro económico y energético de la producción de nieve artificial, grandes aglomeraciones humanas asociadas a residuos, contaminación atmosférica por el tráfico, alteración de aguas en sus nacederos, compactación, erosión y contaminación de suelos, construcción de infraestructuras,…). Por ello y teniendo en cuenta que la estación de esquí del Puerto de Navacerrada supone una interrupción de la zona de protección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el desmantelamiento de la estación supondría una notable mejora ambiental, además de paisajística.

El desmantelamiento de las pistas de esquí que ocupan el monte del pinar de Valsaín debería ir unido a la renuncia por parte de la empresa de la estación de esquí de la nueva concesión en los montes públicos de la Comunidad de Madrid otorgada en 2024 por 29 años, ampliando la superficie concedida a más de 54.000 m2 (cuando antes eran unos 8.800 m2) por un precio irrisorio (menos de 0,60 euros por m2). Ya que en estos terrenos situados en la ladera sur del puerto la escasez de nieve es contante, insistir en mantener pistas de esquí sería negar la realidad e intentar mantenerlo mediante caras y disparatadas soluciones técnicas (cañones de nieve, pistas cubiertas,…), lo que supondría un despilfarro de recursos que lo convierte no sólo en un problema ambiental sino económico.

Por todo ello desde Ecologistas en Acción esperan que la decisión del Tribunal Supremo acabé con la dañina politización partidista del desmantelamiento de la estación de esquí y sirva para actuar conscientemente ante la policrisis climática y ambiental que vivimos.

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• Ecologistas en Acción de Arganda-Rivas, denuncia el silencio del Ayuntamiento de Arganda del Rey respecto al requerimiento sobre la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en el municipio.
• La organización viene demandando que se cumpla esta medida, por ser obligatoria para municipios de más de 50.000 habitantes.

Han transcurrido ya tres meses desde que se presentó formalmente un requerimiento al Ayuntamiento de Arganda para que actúe conforme a la normativa vigente en relación con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). A día de hoy, el consistorio continúa sin ofrecer ninguna respuesta oficial a dicho requerimiento.

Este silencio administrativo se produce en un contexto en el que distintas administraciones y responsables institucionales han recordado públicamente la obligatoriedad de estas medidas. De hecho, en una entrevista publicada en el medio local Diario de Arganda, la subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, aborda diferentes cuestiones relacionadas con la movilidad y las políticas públicas en el sureste madrileño, incluyendo la situación de la Zona de Bajas Emisiones en Arganda.

La organización ecologista recuerda que la implantación de Zonas de Bajas Emisiones no es una opción política discrecional, sino una obligación derivada de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que establece que los municipios de más de 50.000 habitantes deben implementar este tipo de medidas para reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire, precisamente sobre esta cuestión, Ecologistas en Acción realizó un estudio sobre la calidad del aire donde se da cuenta de la problemática, con especial atención a puntos sensibles como los entornos escolares y en el cual se apuntan aquellas actuaciones que los municipio necesita para mejorar este aspecto tan importante para la salud.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Arganda ha mantenido públicamente su oposición a implantar esta medida, pese a que su ausencia puede acarrear consecuencias como la pérdida de ayudas estatales vinculadas a la movilidad sostenible y al transporte público.

Para la organización, resulta especialmente preocupante el silencio del consistorio tras el requerimiento formal que presentó hace tres meses, sin que hasta la fecha se haya producido ninguna contestación ni iniciativa para cumplir con las obligaciones legales en materia de movilidad sostenible. Denuncian que este comportamiento no solo supone ignorar un requerimiento formal, sino que refleja una actitud de inacción frente a una obligación legal clara y reiteradamente señalada por distintas instituciones.

Ante la ausencia de respuesta por parte del Ayuntamiento de Arganda, Ecologistas en Acción anuncia su intención de dar el siguiente paso en defensa del cumplimiento de la legalidad y del interés general.

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• El Consejo de Transparencia ha resuelto este 11 de marzo el recurso que Ecologistas en Acción planteó contra el Ministerio de Cultura por no facilitar la documentación que requirieron sobre el proyecto de hotel de lujo en el Monasterio de El Paular, dándole un plazo de diez días al Ministerio para que hagan llegar un documento.
• El Ministerio de Cultura anunció en julio de 2025 que iba a proceder a realizar un proceso de concesión de servicios de la práctica totalidad del conjunto monumental de Santa María de El Paular con el objeto de poner en uso un hotel de lujo. Ecologistas en Acción denunció que no se había puesto a disposición pública toda la información del proceso y señaló la inadecuación de la gestión privada y explotación comercial de un Bien de Interés Cultural en pleno Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
• Ecologistas en Acción espera que el Ministerio de Cultura vuelva a abrir el trámite de información pública y en él publique toda la información, a la vez que lamenta que las administraciones actúen de manera antidemocrática e ilegal, ocultando información y obligando a la ciudadanía y a las organizaciones a malgastar tiempo y energías para intentar obtenerla.

En el BOE del pasado 29 de julio de 2025 se anunció el sometimiento al trámite de información pública del Anteproyecto para la rehabilitación, acondicionamiento y puesta en uso de las instalaciones hoteleras en el conjunto del Real Monasterio de Santa María de El Paular en régimen de contrato de concesión de servicios con ejecución de obras para la redacción de los proyectos básicos y de ejecución de un complejo hotelero y hostelero. La concesión de servicios abarca la práctica totalidad de la antigua cartuja, da lugar a la explotación comercial y privada de un Monumento de titularidad pública que ha sido hasta ahora objeto de grandes inversiones, una obra maestra del arte español —con su deslumbrante capilla del Sagrario, el retablo de finales del siglo XV en alabastro policromado, la serie de Carduchos— situado en el corazón del Parque Nacional de Guadarrama.

En la página web del Ministerio de Cultura no se hicieron disponibles documentos fundamentales para la comprensión del Anteproyecto—faltaba el Pliego de Concesión de Servicios con obras, el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Estudio de Viabilidad, y el índice de la documentación. La ausencia de esta documentación conllevó dificultades para identificar la dimensión de la concesión. Así mismo no resultaba posible consultar la Actualización del Plan Director de El Monasterio de El Paular, documentación que el Consejo de Transparencia estatal ha instado a que sea puesta a nuestra disposición.

El Paular inició su construcción en 1390 y apoyado por sucesivos monarcas llegó a ser una de las cartujas más poderosas de Europa. En 1836, mediante la Ley de Desamortización de Mendizábal, el Estado tomó posesión del conjunto, que incluía, entre otros bienes, el Pinar Cabeza de Hierro, y lo vendió por partes y a precios muy bajos. En 1876, visto el error que había supuesto la privatización, lo volvió a adquirir y lo declaró Monumento Histórico-Artístico Nacional.

A partir de entonces, la ex-Cartuja atrajo y alojó a intelectuales, como el ingeniero Casiano de Prado, el naturalista Mariano Graells, el historiador Ramón Menéndez Pidal o el escritor Pío Baroja, convirtiéndose El Paular y su contexto natural en centro principal del desarrollo de las nacientes disciplinas científicas vinculadas a las montañas españolas. Fue además Residencia de artistas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, bajo la dirección de Joaquín Sorolla, una institución clave para el arte de la época. El 18 de julio de 1936, el mismo día del golpe de estado, la Segunda República Española declaró El Paular centro de enseñanzas artísticas. Su realización fue imposible, ya que en 1940 Franco implantó nuevas funciones: la vuelta de una comunidad religiosa, ahora benedictina, y un nuevo uso, el turístico.

Tradicionalmente El Paular ha sido una gran explotación agroecológica. Dotada de los mejores recursos naturales del alto valle del Lozoya, la economía monástica alojó una de las mayores cabañas de ovejas de la Mesta, huertas y frutales, quesería, destilería, piscifactoría… Estas actividades, paralelas a las de la comunidad campesina local, modelaron el paisaje de forma armónica con sus condiciones naturales, dando lugar al bellísimo entorno actual. La pérdida de las funciones tradicionales amenaza la conservación del valle del Lozoya, que sufre una presión turística completamente desbocada.

La inclusión en el ámbito de máxima protección del Parque Nacional de la finca colindante al monasterio “El Término El Paular” así como del Monte Cabeza de Hierro, propiedades monásticas privatizadas durante el periodo desamortizador, hace aún más evidente que el Ministerio de Cultura tiene la obligación no sólo de conservar el conjunto monumental sino de garantizar la preservación del ámbito natural en el que está inmerso, siendo esta una oportunidad única para articular políticas agroecológicas, culturales y económicas concretas que lo permitan de forma real.

La preservación de los valores medioambientales únicos del alto valle pasará por retomar funciones propias de las economías sostenibles y usos diseñados para favorecer el empleo en el marco de una diversificación compatible. La explotación comercial de este BIC supone la entrega de éste una empresa privada y asocia su disfrute a la clase social, sin servicios a la población y ofreciendo empleos de poca cualificación. La dependencia del turismo hace al área vulnerable y dependiente, y tiene una gran afección a los recursos naturales que se pretenden proteger, de los más valiosos de la Comunidad de Madrid.

Resulta además fundamental impulsar del papel de la cultura pública o sin ánimo de lucro en el rural—incluyendo las residencias artísticas de las que el Ministerio se declara promotor—, absolutamente desaparecida en el ámbito madrileño, dirigiéndose todas las iniciativas a lo urbano y tratándose el campo como una zona de esparcimiento turístico y de segundas residencias, vivido de forma desconectada, de la que se desconoce su pasado cultural y en la que no se elabora pensamiento vivo. La desvinculación entre la población y la memoria y la identidad locales redunda en el riesgo cada vez mayor de perder definitivamente tanto el paisaje como los conocimientos a los que éste está ligado, a pesar de que la preservación cultural está obligada por la normativa.

Por otro lado, Ecologistas en Acción Sierras consideramos problemático que la rehabilitación arquitectónica de un BIC sea dirigida y quede ligada a los intereses de explotación de una empresa privada. La selección del proyecto de rehabilitación debe elegirse por la calidad técnicos, funcionales, arquitectónicos, culturales y medioambientales como señala la normativa. El Anteproyecto da pie a actuaciones arquitectónicas de dudosa compatibilidad con la preservación del conjunto, como la ubicación de un parking en el Patio de la Cadena, la rehabilitación de la piscina y de las pistas de tenis en el patio histórico de Matalobos, y falta de criterios explícitos que permitan guiar la calidad arquitectónica de la intervención, además de suponer la privatización de hecho de una parte considerable de ese conjunto monumental que solo sería accesible a los clientes del hotel de lujo.

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El recorrido tendrá lugar el próximo domingo 22 de marzo a las 10:00 horas, con salida desde el parque de Las Presillas (Alcorcón).

La iniciativa propone un recorrido interpretativo por algunas de las principales vías pecuarias, con el objetivo de dar a conocer este patrimonio público, formentar su conservación y reivindicar una protección legal para el corredor ecológico del suroeste. Un espacio que da continuidad a ecosistemas de proximidad muy valiosos para el futuro de las ciudades.

La bicicleta se ha convertido en una presencia cada vez más habitual en las vías pecuarias y en los caminos públicos que aún conservan conexiones entre municipios, parques y espacios naturales. Por ello, Ecologistas en Acción considera importante acercar esta red histórica de caminos al colectivo ciclista, poniendo en valor su integridad y conservación como espacios de uso común.

Las vías pecuarias son caminos utilizados históricamente por el ganado en sus desplazamientos, ya fueran de larga distancia —como en la trashumancia—, media o corta. A las vías lineales, como cañadas, cordeles, veredas o coladas, se suman otros espacios asociados que permitían al ganado descansar, abrevar o alimentarse, como abrevaderos, descansaderos o reposaderos.

Estos caminos tienen la consideración de dominio público y están destinados al uso común dentro de los límites establecidos por la ley, con preferencia para la actividad ganadera, origen mismo de estas infraestructuras. Su reconocimiento institucional se remonta a 1273, cuando durante el reinado de Alfonso X el Sabio se constituyó el Honrado Concejo de la Mesta, organización que reguló durante siglos el tránsito ganadero por la península.

La Comunidad de Madrid cuenta con aproximadamente 4.200 kilómetros de vías pecuarias, que representan cerca del 1,6 % de su superficie territorial. Se trata de un patrimonio histórico, cultural, económico y natural de enorme valor que merece ser conocido, cuidado y defendido.

Una marcha pionera

La ruta propuesta será asequible y de carácter divulgativo, con alguna suave pendiente. Durante el recorrido se explicará cómo identificar estas vías, quién es su titular, qué transformaciones han sufrido, qué problemas afrontan —como intrusiones o vertidos— y cómo puede la ciudadanía comunicarse con las administraciones para contribuir a su conservación y uso adecuado.

El punto de encuentro será a las 10:00 horas en el parque de Las Presillas, en el término municipal de Alcorcón, concretamente en la Avenida de las Flores, junto a la pasarela que salva la carretera de circunvalación M-406. En este lugar confluyen dos vías pecuarias: la vereda de Castilla, muy afectada por la red de infraestructuras viarias y por el propio parque, y el antiguo trazado del ferrocarril militar, cuyo corredor se proyecta reconvertir en una futura vía verde entre Leganés y el barrio de Aluche.

La primera parada tendrá lugar en una parcela frente al Ventorro del Cano, a la que se llegará por la vereda de Castilla tras intersectar con otras dos vías pecuarias: la vereda de Villaviciosa y el trazado original de la Cañada Real de Madrid. En este punto se comentará la importancia de dos caminos fundamentales del corredor: la colada de Pozuelo —o camino de Pozuelo—, que atraviesa el corazón de Alcorcón, y la vereda de los Barros, que conecta con el barranco Pradonal en el límite con Boadilla del Monte.

La segunda parada será en el cerro de San Babilés, al que se accede por un tramo de la vereda del Cerro de los Olivares y la Cueva de la Mora. Hasta este promontorio llega también el histórico camino de San Babilés, utilizado desde la Edad Media por numerosas cofradías y grupos de peregrinos. Allí se comentará brevemente la relevancia histórica de este enclave como cruce de civilizaciones y lugar espiritual junto al río Guadarrama.

La tercera parada tendrá lugar junto al parque El Forestal, en Villaviciosa de Odón. El grupo llegará atravesando el barranco Batanero y siguiendo la vereda segoviana, otra de las vías pecuarias que recorren este territorio. A orillas del arroyo de la Madre se encuentra este parque histórico, de gran valor botánico y decisivo en la historia local, ya que allí se instaló la primera escuela de ingenieros forestales de España.
La cuarta y última parada se realizará en las inmediaciones del CC Tres Aguas, donde vuelve a aparecer la colada de Pozuelo. El tramo final se recorrerá desde El Forestal por la vereda de Villaviciosa, atravesando los terrenos del Retamar de la Huerta, actualmente en proceso de urbanización. Este espacio constituye otro ecosistema relevante del corredor ecológico, una campiña con abundancia de retamas y encinas casi centenarias que alberga una notable riqueza faunística.

El recorrido completo, incluyendo paradas y explicaciones, tendrá una duración aproximada de dos horas y media. La actividad finalizará hacia las 12:30 horas en la colada de Pozuelo a su paso por Tres Aguas.
Es necesario inscribirse.

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• Ecologistas en Acción Madrid presenta un informe exhaustivo sobre la calidad del aire en la capital durante el pasado 2025 
• El consistorio destaca siempre la situación del dióxido de nitrógeno, contaminante para el que desde hace cuatro años se cumple la normativa, aunque está muy lejos de cumplir los niveles que serán obligatorios en 2030.
• Pero otros contaminantes, como el ozono troposférico, superan nítidamente los límites actuales y además empeoran año a año, provocando unas 1.500 muertes prematuras al año en la región.
• La organización ecologista se opone a la rebaja que pretende introducir el Gobierno municipal en su propia Ordenanza de Movilidad Sostenible para permitir de forma permanente la circulación de vehículos sin etiqueta.

Para evaluar adecuadamente la calidad del aire de la ciudad de Madrid, Ecologistas en Acción Madrid ha tenido en cuenta diferentes valores de referencia: los valores límite recogidos en la antigua Directiva 2008/50 de calidad del aire, aún vigentes legalmente; la actual Directiva 2024/2881, que establece unos valores límite legales más exigentes, que deberán cumplirse como muy tarde a partir del 1 de enero de 2030; y los valores guía de la Organización Mundial de Salud (OMS), aún más estrictos, que constituyen la principal referencia para una calidad del aire que ofrezca una adecuada protección de la salud humana.

Teniendo en cuenta los distintos valores de referencia citados, la situación para los distintos contaminantes en la ciudad de Madrid durante el pasado 2025 es la siguiente:

Ozono troposférico
El contaminante más problemático es el ozono troposférico. Las 13 estaciones de la red que miden dicho contaminante registraron superaciones del valor objetivo octohorario (número de días con 8 horas seguidas por encima de 120 µg/m3), holgadamente por encima de las 25 superaciones anuales que permite la legislación. Durante 2025 esta superación se produjo en 680 ocasiones en el conjunto de la red, en el peor registro conocido. El valor medio de la red registró 52 superaciones del valor objetivo octohorario, más del doble de las 25 superaciones permitidas.

Así pues, la ciudad de Madrid se encuentra en estos momentos nítidamente fuera de los valores marcados por la legislación vigente en relación con la contaminación por ozono, con una fuerte tendencia al alza que de momento no ha encontrado techo. Y esta situación tiene unas consecuencias gravísimas sobre la salud de las personas que residen en la capital: la Agencia Europea de Medio Ambiente en 2022 (con niveles de ozono más bajos que los actuales) calculaba que este contaminante provoca que 1.520 personas fallezcan cada año de forma prematura en la Comunidad de Madrid.

Dióxido de nitrógeno
Tal y como se esfuerza en trasmitir el Gobierno municipal desde 2022, ninguna estación rebasó el valor límite anual de 40 µg/m3 fijado por la directiva anterior. Sin embargo, 17 de las 24 estaciones de la red rebasaron el valor límite anual de 20 µg/m3 establecido por la directiva actual (en 2024 fueron 15), que deberá de cumplirse a partir de 2030.

Es decir, que queda mucho por hacer para que dentro de cuatro años cumplamos la ley: Madrid deberá reducir más de un 37% su nivel máximo de contaminación anual por dióxido de nitrógeno en este periodo de tiempo. Y si nuestra ambición fuera cumplir los valores guía de la OMS, únicamente la estación de El Pardo registró un valor de contaminación inferior a los 10 µg/m3 que marca este organismo como límite para protección de la salud.

Partículas
Los datos registrados en 2025 para partículas suspensión también mostraron superaciones de los valores límite que deben cumplirse en 2030. 5 de las 15 estaciones que miden PM10 rebasaron los 20 µg/m3, mientras que 2 de 11 estaciones que miden PM2.5 rebasaron el límite de 10 µg/m3. Todas las estaciones que miden partículas en suspensión rebasaron los valores guía recomendados por la OMS.

A pesar de la contundencia de estos datos, en los últimos años el Ayuntamiento de Madrid viene haciendo campañas de promoción destacando el hecho de que la ciudad de Madrid ha dejado de incumplir por fin el límite legal de contaminación por dióxido de nitrógeno contemplado por la antigua directiva europea, ya revisada. Y lo que es más grave, ha anunciado reiteradamente que no contempla introducir medidas adicionales de reducción de la contaminación por considerarlas innecesarias, al tiempo que ha relajado la adopción de medidas que ya estaban previstas, como acaba de ocurrir con el anuncio de que los vehículos sin etiqueta de residentes empadronados podrán circular sin restricciones por la ciudad.

Para Ecologistas en Acción, la ciudad de Madrid se encuentra lejos de contar con una calidad del aire saludable y tiene ante sí un importante reto para lograr cumplir con los valores límite fijados por la normativa europea en los próximos cuatro años. De hecho, el propio Ayuntamiento de Madrid reconoce en su documentación técnica interna que será necesario reducir un 60% las emisiones actuales del tráfico rodado de aquí a 2030, para poder cumplir en plazo con las disposiciones de la directiva europea de calidad del aire. Pero nada de esto se va a conseguir con la actitud que muestra la corporación municipal.

Así pues, queda poco margen para la autocomplacencia y mucho trabajo por delante para lograr un aire saludable en la ciudad.

 

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Las referencias que Ecologistas en Acción ha tenido en cuenta para la elaboración de este informe son: los valores límite recogidos en la antigua Directiva 2008/50 de calidad del aire, aún vigentes legalmente; la actual Directiva 2024/2881, que establece unos valores límite legales más exigentes, que deberán cumplirse como muy tarde a partir del 1 de enero de 2030; y los valores guía de la Organización Mundial de Salud (OMS), aún más estrictos, que constituyen la principal referencia para una calidad del aire que ofrezca una adecuada protección de la salud humana.

Desde 2022, el Ayuntamiento de Madrid viene lanzado campañas de promoción con lemas como: “Madrid por fin respira” y “Madrid tiene otro aire”, destacando el hecho de que la ciudad de Madrid ha dejado de incumplir los límites legales vigentes de NO2, concluyendo que la ciudad ya ha alcanzado niveles de calidad del aire saludables, por lo que básicamente, no contemplan introducir medidas adicionales de reducción de la contaminación.

A este respecto, es importante señalar que los valores límite legales de NO2 que la ciudad viene cumpliendo desde 2022, eran exigibles desde el año 2010 (se cumplieron con 12 años de retraso), y fueron legislados por la Directiva 1999/30/CE, aprobada en 1999 (23 años antes de alcanzar el cumplimiento). Esto tiene implicaciones. Por un lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a España en diciembre de 2022 por el “incumplimiento sistemático” de los valores límite legales de NO2 tanto en Madrid como Barcelona (en el caso de Madrid, incumplimientos acumulados entre 2010-2021). Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los estándares de protección de la salud avanzan, a medida que se profundiza en el conocimiento sobre los efectos adversos que se pretende evitar y la sociedad toma conciencia del problema. Del mismo modo, los valores de referencia en materia de contaminación atmosférica (las Guías de Calidad del Aire de la OMS), se han actualizado en diversas ocasiones desde su primera edición en 1987. Como se indica al principio de este informe, la última actualización tuvo lugar en 2021 (revisando valores que databan de 2005) y constituye la base sobre la que la UE ha revisado sus propios valores límite legales, plasmados en la actual Directiva 2024/2881 (de octubre de 2024), que son considerablemente más estrictos que los anteriores.

En definitiva, para garantizar una calidad del aire saludable, no basta con cumplir con más de una década de retraso unos valores límite que ya quedaron obsoletos. Resulta necesaria la puesta en marcha de nuevas medidas ambiciosas, fundamentalmente relacionadas con la limitación del uso del automóvil en las ciudades. En este contexto, diversos países de nuestro entorno están poniendo en marcha medidas adicionales que suponen un incremento importante de las restricciones al tráfico respecto de sus normativas anteriores. Por ejemplo: La ULEZ o Zona de Emisiones Ultra Bajas de Londres, el Área B de Milán (que complementa al Área C), o las numerosas medidas encaminadas a la reducción del tráfico en París, a la que se ha sumado la Zona de Tráfico Limitado (ZTL, de 5,5 Km2), en funcionamiento desde el 5 de noviembre de 2024, e inspirada explícitamente en Madrid Central, tal como fue inicialmente presentado el proyecto por las autoridades municipales de París.

Por el contrario, el Ayuntamiento de Madrid se encamina en la dirección opuesta. En 2021 realizó una reforma de la ordenanza de movilidad sostenible, con el objetivo principal de relajar las restricciones de tráfico imperantes en Madrid Central, recogiendo numerosas excepciones adicionales, para permitir acceder y circular por dicha zona a una cantidad importante de vehículos, que con la redacción anterior no podían hacerlo. En 2022 se aprobó una moratoria que autorizaba a seguir circulando por dicha zona un año más (hasta diciembre de 2023) a los vehículos industriales y de mercancías (furgonetas) con etiqueta B. Intentó hacer lo mismo en 2023, pero afortunadamente lo impidió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Por otro lado, desde el consistorio se impulsan planes de grandes aparcamientos en el centro de la ciudad, como los dos proyectados en el entorno del estadio Bernabéu, con capacidad para cerca de 2.000 automóviles (de momento paralizados también por sentencia del TSJM), en un momento en que diversas capitales europeas como Ámsterdam o París desarrollan estrategias para reducir significativamente las plazas de aparcamiento en la cuidad. Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid ha cerrado el año 2025 estableciendo prórrogas y excepciones a diversas medidas de limitación del tráfico contempladas en las ordenanzas municipales que rigen las zonas de bajas emisiones (ZBE) de la capital (prohibición de circulación de los coches sin etiqueta ambiental). La última es la intención de permitir, de forma permanente, que los vehículos sin etiqueta de los residentes circulen libremente por toda la ciudad, a pesar de que debería estar prohibida desde el inicio de 2025.

Por otro lado, el constante incremento de los niveles de contaminación por ozono en Madrid en los últimos años es un hecho preocupante. Se constata que la contaminación por ozono en la ciudad está en niveles máximos históricos, tras la tregua que supusieron las excepcionales medidas de restricción de la movilidad de los años 2020 y 2021 a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Es previsible que en los próximos años la situación tienda a agravarse, por el efecto de las intensas y continuas olas de calor en verano, debido al cambio climático. Por ello es urgente que tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid pongan en marcha protocolos de actuación ante los picos de contaminación por ozono, así como planes de reducción de la contaminación específicos frente a este contaminante.

Los datos sobre calidad del aire en Madrid durante 2025 recopilados en este informe son claros. En este momento, la red de medición de la contaminación de la capital registra superaciones de valores límite legales establecidos por la actual directiva europea para los cuatro contaminates analizados (NO2, PM10 y PM2.5 y Ozono). Para Ecologistas en Acción, la ciudad de Madrid se encuentra lejos de contar con una calidad del aire saludable y tiene ante sí un importante reto para lograr cumplir con los valores límite fijados por la normativa europea en los próximos cuatro años. El propio Ayuntamiento de Madrid es consciente de esta situación, ya que maneja documentación técnica interna que indica que será necesario reducir un 60% las emisiones actuales del tráfico rodado de aquí a 2030, para poder cumplir en plazo con las disposiciones de la directiva europea de calidad del aire. Así pues, queda poco margen para la complacencia y mucho trabajo por delante para lograr un aire saludable en la ciudad.

 

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• La Mancomunidad del Sur ha presentado solicitud para una nueva ampliación del vertedero con capacidad para 20 millones de metros cúbicos, la mayor solicitada hasta la fecha.
• La propuesta es incompatible con la jerarquía europea de residuos y con la normativa que exige medidas para reducir el residuo que va a vertedero hasta el 10 por ciento para 2035.
• Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha solicitado al gobierno regional que rechace una propuesta que perpetuaría un vertedero que se inauguró en 1986 otros 40 años.

Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha presentado sugerencias a la solicitud de determinación de alcance del proyecto «Nuevo vaso de vertido (Fase V) en el vertedero de residuos urbanos de Pinto», promovido por la Mancomunidad del Sur en los términos municipales de Pinto y San Martín de la Vega. Hay que recordar que el vertedero se extiende actualmente entre los municipios de Pinto, que alberga la mayor parte de su superficie, y Getafe, dentro de la demarcación del Parque Regional del Sureste, único espacio natural protegido con el que cuenta el sur de la región.

La propuesta de la mancomunidad se sustancia en un documento denominado “Memoria ambiental de proyecto de modificación” que recoge como principal propuesta la ampliación de la capacidad del vertedero actual en 20 millones de metros cúbicos, adheridos a la Fase III del mismo, con lo que según el citado documento se “garantiza la eliminación de los residuos para los próximos 30 o 40 años”.

El vertedero de Pinto y Getafe se inauguró en 1986, lleva ya cuarenta años recibiendo los residuos de 71 municipios con sus casi dos millones de personas. Desde las 45 hectáreas que ocupaba en su primera fase, se han producido sucesivas ampliaciones tras las que se ha llegado a las 148 hectáreas actuales que lo sitúan como uno de los vertederos más grandes de Europa.

El estudio de los datos de recepción y tratamiento de residuos en la instalación revelan que, pese a las instalaciones existentes de tratamiento, como la planta de biometanización y compostaje, más de la mitad de los mismos acaban en el depósito controlado sin tratamiento alguno. Estos materiales mezclados con materia orgánica, generan numerosos impactos en el entorno en forma de emisiones de gases tóxicos, entre los que destaca el metano, cuyas desproporcionadas dimensiones han sido divisadas y registradas por satélites en diversas ocasiones, la más significativa en agosto de 2021 con la detección de hasta 8.000kg. /hora entre los vertederos de Vademingómez y Pinto-Getafe. Cabe recordar que este gas no solo colabora en el calentamiento del planeta, sino que interfiere significativamente en la formación de ozono troposférico, perjudicial para la salud humana y para la vegetación.

Pese a que recientemente se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental para la construcción de una nueva planta para el tratamiento de la fracción resto y la fracción orgánica recogida de forma separada (FORS), que requerirá de una inversión millonaria por parte de la Mancomunidad del Sur, y que prometía reducir la materia que finalmente va a vertedero, se propone ahora una ampliación, la mayor hasta la fecha, que la  organización ecologista considera contradictoria e ineficaz para resolver el incumplimiento sistemático de la jerarquía europea de residuos, que sitúa el vertido en último lugar.

Para Ecologistas en Acción, la propuesta de la mancomunidad pasa por encima de la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid y  la Estrategia de Economía Circular de la Comunidad de Madrid (2025-2032), ambas basadas en la trasposición de la Directiva (UE) 2018/850, del Parlamento Europeo y del Consejo, que insta a los Estados miembros a adoptar “las medidas necesarias para garantizar que para 2035 la cantidad de residuos municipales depositados en vertederos se reduzca al 10 %, o a un porcentaje inferior, de la cantidad total de residuos municipales generados”.

Precisamente el artículo 1 de la citada Ley 1/2024 indica que su objeto y finalidad es establecer los principios y la regulación necesaria para la efectiva implantación en la Comunidad de Madrid del modelo de economía circular, con el fin de favorecer la utilización más eficiente y sostenible de los recursos, extender la vida útil de los productos, prevenir y reducir la generación de residuos, potenciar la valorización de los residuos para evitar el vertido y su reintroducción como nuevos recursos en el ciclo productivo, con la mayor eficiencia energética.

Lejos de tomar medidas para alcanzar los objetivos que señala la propia Comunidad de Madrid y que vendrían a cumplir las prescripciones de la Unión Europea, la organización ecologista considera que la propuesta de la Mancomunidad del Sur se orienta de manera preponderante a perpetuar el vertido como sistema principal de gestión, presentando una propuesta basada en el promedio de las entradas anuales registradas entre 2014 y 2023, que dan como resultado un proyecto que prevé la mayor cantidad de metros cúbicos que se ha planteado hasta la fecha, lo que indica que ni se prevé tomar medidas para reducir el residuo, ni se contempla cómo afectará la construcción del futuro complejo medioambiental en la cantidad que finalmente se deposite como vertido.

Ecologistas en Acción denuncia que este sistema obsoleto de gestión, no solo perpetúa los problemas socioambientales derivados de los vertederos, sino que previsiblemente supondrá la imposición de sanciones por pate de la administración europea, que deberán ser satisfechas con cargo al dinero público.

La organización  recuerda que según Resolución del 16 de diciembre de 2013, la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid subrogó la concesión administrativa para la utilización y aprovechamiento de los terrenos e infraestructura del vertedero, lo que supuso el cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada de la actividad “Depósito en vertedero de residuos urbanos y Planta de Biometanización”, en el término municipal de Pinto, a favor de la Mancomunidad del Sur para la gestión, tratamiento y eliminación de residuos urbanos.  La Mancomunidad asumió, de este modo, no solo la gestión del vertedero propiamente dicha, sino las decisiones políticas que corresponden a la gestión de los residuos, adoptando como marco jurídico la normativa existente y promoviendo la implantación de políticas que, como dictan sus estatutos, contemplen “la debida protección del medio ambiente, fomentando, en su caso, el reciclaje y el aprovechamiento de tales residuos mediante la adecuada recuperación de los recursos contenidos en ellos”.

Para la organización, no es asumible que hasta 71 municipios, que nada tienen que ver con la demarcación geográfica del “sur”, alejados decenas de kilómetros, trasladen sus residuos al vertedero de Pinto en detrimento del territorio que le sustenta, por lo que valoran el documento presentado por la Mancomunidad del Sur carente de una visión amplia, integral y ajustada tanto a la actual normativa, como al contexto de cambio climático en el que nos encontramos.

Ecologistas en Acción reclama a la Comunidad de Madrid, como órgano ambiental competente, la exigencia a la Mancomunidad del Sur de un estudio integral basado en datos contrastados, donde se propongan soluciones basadas en la prevención de los residuos, mejoras de la recogida selectiva, medidas para mejorar el reciclaje y garantías para la protección del medio ambiente y la calidad de vida de todos los vecindarios, en este sentido reclaman actuaciones que eliminen el desequilibrio territorial existente y aporten criterios de proximidad y descentralización de las infraestructuras, orientando las actuaciones hacia un cambio de paradigma que transite hacia una verdadera economía circular para la que la región ya va tarde.

 

 

 

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• Las entidades denuncian el “suma y sigue” del Ayuntamiento contra el río.
• Alertan contra su conversión en “río escenario” para eventos y exigen su protección como ecosistema vivo.
• Advierten de que la instalación “Nadar la noche” vulnera los compromisos de sostenibilidad del propio festival y supone un paso más en la desprotección del río.

La Asociación Vecinal Pasillo Verde-Imperial y Ecologistas en Acción Madrid alzan la voz contra la creciente “turistificación” de Madrid Río en general y del río en particular. Las organizaciones denuncian la instalación de esculturas luminosas sobre el río Manzanares con motivo del Festival Internacional de la Luz, “Luz Madrid” (del 12 al 14 de marzo), calificándola como una nueva e innecesaria agresión de contaminación lumínica.

La intervención, denominada “Nadar la noche” y ubicada en la Presa 8, supone, a juicio de los colectivos, una vulneración directa de la naturaleza del río. “El Manzanares no es una plaza dura ni un ‘eventódromo’ a disposición del consistorio; es un río vivo con una biodiversidad recuperada que exige protección, no focos ni estructuras artificiales”, señalan desde la Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial.”Esas esculturas pueden instalarse en cualquier otro espacio no natural. El río vivo ya es una maravilla en sí mismo”.

Un peligroso “suma y sigue”
Los denunciantes califican de “hipócrita” que el festival anuncie en su web el compromiso de “respetar el arbolado y las zonas verdes” mientras instala esculturas luminosas en un entorno tan frágil. Esta actuación se suma al polémico proyecto de iluminación ornamental en torno a la Presa 6, el cual ya ha sido llevado a los tribunales por estas mismas asociaciones debido a su impacto medioambiental y al incumplimiento del Plan Especial Río Manzanares.”Esto es un suma y sigue del Ayuntamiento, que no considera el río como un espacio natural a proteger, sino como un escenario para espectáculos”.

Contra el modelo “Madrid S.A.”
Las entidades rechazan el modelo de ciudad que busca convertir la capital en un parque temático para el turismo a costa de la calidad de vida de sus residentes y la integridad de sus espacios públicos. “La renaturalización del Manzanares ha sido un éxito de biodiversidad reconocido por todas las fuerzas políticas; convertirlo ahora en una verbena permanente pone en peligro no solo su biodiversidad, sino también su seguridad y el patrimonio histórico, arqueológico y ecológico”, alertan desde Ecologistas en Acción Madrid. Además recalcan la vulnerabilidad medioambiental del río por los efectos crecientes de la crisis climática y la intensificación de fenómenos extremos, lo que exige fuertes y permanentes medidas de protección y no más agresiones.

Hacia el reconocimiento de los Derechos del Río.
Ante esta situación, los colectivos reafirman su apoyo a la Declaración de los Derechos del Río Manzanares y su cuenca (promulgada en noviembre de 2025, Redes por el Clima) y a la iniciativa ciudadana para dotar al río de personalidad jurídica propia. Este movimiento, similar a otros en Europa, busca replicar el éxito de la Ley 19/2022 del Mar Menor para otorgar al Manzanares un blindaje legal superior al de una simple zona verde singular.

Por todo lo expuesto, las entidades exigen al Gobierno Municipal la paralización de cualquier actuación o evento que comprometa la sostenibilidad del ecosistema fluvial. Bajo el lema “El Manzanares no se toca”, los colectivos anuncian que seguirán utilizando todas las vías —sociales y legales— para defender el río.

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• La asociación ecologista hace un llamamiento a la sociedad madrileña a participar en las actividades programadas en torno al VI Día de las Vías Pecuarias el próximo día 22 de marzo.
• Las Vías Pecuarios necesitan de más protección efectiva y proponen la creación de una Dirección General de Vías Pecuarias

Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid rechaza la pretensión del gobierno regional de modificar el artículo 25 de la Ley 8/98 de Vías Pecuarias mediante el Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública. Esta modificación contempla que la emisión del informe, que hasta este momento se realizaba con carácter previo a la aprobación inicial del planeamiento, pasa a emitirse con posterioridad a la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación territorial.

También introduce la figura del silencio administrativo positivo que abandona a la discrecionalidad de una misma administración, la Comunidad de Madrid, la decisión de emitir, o no, informe, además de poner en cuestión el carácter vinculante que, hasta ahora, dicho informe indubitadamente tenía. A estos asuntos se suma el cambio terminológico que viene a sustituir la obligación de “calificar” como suelo no urbanizable protegido las vías pecuarias por el más laxo e indefinido de “contemplar” que, a entender de Ecologistas en Acción, supone un retroceso en cuanto a la seguridad jurídica para el dominio público pecuario.

Una de las pocas competencias que se reserva la Administración General del Estado, por razones obvias, es la de crear la Red Nacional de Vías Pecuarias que integraría todas las cañadas y aquellas otras vías pecuarias que garanticen la continuidad de las mismas, siempre que su itinerario discurra entre dos o más Comunidades Autónomas. Considerando que la Comunidad de Madrid acoge cinco grandes Cañadas, y algún itinerario más que es susceptible a tener esa consideración, la aprobación de esa reforma podría comprometer la viabilidad e integridad de esa Red Nacional de Vías Pecuarias que se encuentra en periodo de tramitación.

La organización ecologista rechaza el intento de confrontar los derechos de la ciudadanía, para supuestamente satisfacer el legítimo derecho a la vivienda, comprometiendo el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado (artículo 45 de la Constitución Española) sobre todo teniendo en cuenta la discutible orientación política que mantiene el gobierno regional en materia de vivienda, considerando a esta como un simple bien de mercado ajeno a las necesidades de la población.

En la sociedad madrileña parece existir un amplio consenso al entender que el problema de la vivienda se refiere más al acceso que a la carencia de ellas. Para la organización ecologista el acaparamiento por grandes grupos inversores y personas extranjeras con alto nivel adquisitivo, copan la oferta y distorsionan su coste. Mientras, denuncian, la Comunidad de Madrid maquilla su actuación promoviendo un modelo de vivienda protegida que por su coste resulta inalcanzable para amplias franjas de la población.

Desde Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid reclaman un decidido cambio de orientación para así poder recuperar una Red de Vías Pecuarias que satisfaga las necesidades, presentes y futuras, de la cabaña ganadera y de la ciudadanía en general. La creación de la Dirección General de Vías Pecuarias con una dotación presupuestaria y de personal acorde con una Red que cuenta con unos 4.200 km. de longitud y 13.000 hectáreas de superficie (1,6% del territorio de la región), vendría a reconocer y asumir el carácter poliédrico y el inmenso potencial de las Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

La organización ecologista considera que las vías pecuarias necesitan más protección y reconocimiento, más relevancia política y social, para dejar de ser un elemento subsidiario de otras administraciones, y sobre todo considerando las características de una región tan densamente poblada y fragmentada, principalmente por infraestructuras de transporte, como lo es la madrileña.
Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid anima a la ciudadanía a participar en las actividades convocadas con motivo del 6º Día de las Vías Pecuarias y Caminos Públicos, jornada reivindicativa convocada conjuntamente por la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y Ecologistas en Acción que tendrá su fecha central el próximo 22 de marzo.

Una inmejorable ocasión para que la ciudadanía madrileña pueda conocer algunas de sus vías pecuarias y tomar contacto con la problemática que aqueja a este valioso patrimonio. Bien de dominio público, que precisa de transparencia, control público y participación ciudadana, y no de propuestas que comprometen su integridad y futuro.

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• El Tribunal Supremo confirma por unanimidad y otorga firmeza definitiva a la Sentencia que declaraba la ilegalidad del Plan Urbanístico de las Cocheras de Cuatro Caminos al inadmitir los recursos de casación presentados por el Ayuntamiento, la Comunidad y el Metro de Madrid, así como por la Sociedad Cooperativa Residencial Metropolitan, dando la razón con todos los pronunciamientos favorables a MCYP y Ecologistas en Acción y condenando a los recurrentes a las costas procesales.
• El plan de las Cocheras de Metro en Cuatro Caminos siempre fue ilegal desde su origen, y la demolición por tanto también lo fue, pues se concedió sin legitimidad: ¿Quién responde por ello? Pedimos que se asuman responsabilidades.
• Las Cocheras y Talleres eran obra del arquitecto Antonio Palacios y fueron derribadas ilegalmente en 2021, e instamos una solución que repare el daño causado.

Las Cocheras de Cuatro Caminos son un ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas en materia de urbanismo, cultura y participación ciudadana en una sociedad democrática. Desde que en 2014 se anunció su enajenación, Madrid Ciudadanía y Patrimonio (MCYP), ha defendido la conservación y restauración de la parte histórica del edificio, diseñado por Antonio Palacios e inaugurado en 1919.

Nuestra labor consistió en la puesta en valor y reconocimiento a su indubitable potencial como contenedor de historia, cultura y técnica, atesorando además varios significados culturales y aspectos patrimoniales. Así lo entendimos en distintos foros de participación cívica, en los que tanto MCyP, como Ecologistas en Acción Madrid, Corazón Verde de Chamberí, o Parque Sí en Chamberí, habiendo colaborado conjuntamente, con el fin de apoyar la conservación y recuperación de este Patrimonio Cultural de primer orden.

En ese sentido, las Cocheras de Cuatro Caminos obtuvieron el respaldo de un sector social amplio, desde vecinal a académico, y fueron muchas las voces autorizadas que se pronunciaron a favor de su conservación y de la búsqueda de una solución intermedia que permitiese la conservación de la parte histórica y fuese compatible con una operación urbanística.

Sin embargo, las administraciones responsables fueron sordas y actuaron con modales gubernamentales antidemocráticos. En primer lugar, negaron los valores evidentes, como auténtico Patrimonio Industrial, origen del Metropolitano de Madrid, y que debía ser preservado. En segundo lugar, negaron la autoría de Antonio Palacios como arquitecto de la compañía, encargándose incluso informes periciales —claramente tendenciosos o erróneos— que argumentasen en contra de la autoría, para finalmente terminar reconociéndolo en la exposición del 150 aniversario del arquitecto, organizada por el Ayuntamiento de Madrid.

Las Cocheras habían sido seleccionadas como finalistas en la lista de las 7 joyas patrimoniales más amenazadas de Europa —“The 7 most endangered heritage list” — que realiza Europa Nostra periódicamente, tras haberlas visitado en su congreso anual de 2016, mismo año en que la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid (DGPC) denegaba su —más que merecido— reconocimiento como Bien de Interés Cultural (BIC), y cuya incoación fue aprobada por la Asamblea de Madrid ese mismo año.

Cabe preguntarse si la DGPC actuó de manera independiente, o por el contrario era juez y parte, ante una coyuntura donde todas las instancias administrativas procedieron de manera unánime y coordinada en sacar adelante el planeamiento conforme a las pretensiones previstas en la venta de la parcela por parte de Metro, que necesariamente implicaban el derribo de las instalaciones históricas.

Las asociaciones acudimos a la justicia recurriendo que no fuesen declaradas BIC y denunciando el planeamiento, que nuestros equipos jurídicos determinaron que no se ajustaba al marco legal vigente.

Tras avanzar en la aprobación de las distintas fases de planeamiento, el Ayuntamiento de Madrid expidió licencia para iniciar el derribo, con una cautela que implicaba respetar la parte histórica hasta que se dirimiera si había de ser o no protegida.

En febrero de 2021 se inició la demolición. Poco después se emitía sentencia que determinaba la potestad de la DGPC para determinar qué bienes debían ser o no protegidos, por lo que no cabía recurso para proteger el conjunto de Cuatro Caminos. Resulta contradictorio que ese mismo año Metro y el Ayuntamiento reconstruyeran el templete de la Red de San Luis, a la vez que permitían derribar esta obra original y lugar de nacimiento del Metropolitano de Madrid, uno de los más antiguos del mundo.

En abril de ese año el TSJM dicta sentencia respecto al planeamiento aprobado, declarándolo nulo “ab initio”, o sea, en todas sus instancias y en todo momento, por lo que la demolición se verificaba como ILEGAL e ILEGÍTIMA, a pesar de lo cual, el Ayuntamiento dio carta blanca para proseguir la demolición, que se concluyó el 7 de junio de 2021.

Tras adquirir firmeza en sede judicial la sentencia urbanística, el Ayuntamiento volvió a tramitar un nuevo planeamiento desde cero aprobando exactamente el mismo plan anterior, y argumentando que se trataba únicamente de subsanar errores formales.

Nuevamente, desde MCyP y Ecologistas en Acción recurrimos el planeamiento de idénticas características al anulado previamente. En junio de 2025 conocimos la nueva sentencia del TSJM por la que, dándonos de nuevo razón, se declaraba nulo el segundo plan urbanístico.

Tanto la Comunidad de Madrid como la sociedad adjudicataria de los terrenos recurrieron la sentencia anulatoria, y a pesar de ello, el Ayuntamiento ha seguido tramitando el plan. Ahora la sala de casación desestima tramitar los recursos interpuestos, adquiriendo así firmeza el fallo. Con todo descaro el Ayuntamiento de Madrid celebró el Año Palacios en 2024-25 con una gran exposición de su obra en Madrid, en la que constaron varias obras desaparecidas, entre ellas el Hotel Florida, demolido en 1964 en plena dictadura, y las Cocheras de Cuatro Caminos, demolidas ilegalmente en 2021 en plena democracia.

Además, resulta del todo irregular que una compraventa de suelo público sujeta a un contrato siga en vigor tras una década resuelta a nivel contable, incumplido el contrato y con la imposibilidad material de llevarse a cabo de manera jurídica sin crear la sospecha de que las Administraciones o sus responsables tuvieran en ello una implicación personal, dada su insistencia en aprobar un planeamiento ilegal por dos veces consecutivas y con visos de querer plantearlo todavía de nuevo sin rectificar el despropósito.

Exigimos una solución a esta operación mal planteada, impulsada con una política de hechos consumados, grandemente lesiva contra el Patrimonio Cultural madrileño y recriminamos al gobierno municipal que haya sido consentidor y cómplice de la destrucción de una obra del gran arquitecto Antonio Palacios.

A pesar de ser irreparable en términos de autenticidad, exigimos la reparación del daño causado contra el Patrimonio Cultural, recuperando el espacio que nunca debió ser derribado para poner en valor el conjunto del Metro y con la bien fundada sugerencia de alojar en él la colección histórica única en el mundo que atesora la compañía. Colección y contenedor deben ser unidos en ese simbólico lugar.

Estado de las Cocheras de Cuatro Caminos tras el derribo ilegal de sus naves en junio de 2021. MCyP. 

El plan de las Cocheras sigue siendo ilegal 16 años después de que se originase, y el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y Metro, no pueden seguir empeñados en sacar adelante una operación ilegal, y habiendo destruido una pieza fundamental de nuestro Patrimonio Cultural técnico, industrial, arquitectónico y emblema del transporte moderno que supuso la llegada del metro a Madrid. Esta situación requiere una reparación y la búsqueda de una solución que recupere el espacio original.

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• Ecologistas en Acción Madrid considera que la construcción de estas edificaciones destruirá los elevados valores patrimoniales y ambientales de esta finca de 1,7 Has del distrito de Chamartín, uno de los más deficitarios en arbolado y zonas verdes del municipio de Madrid.
• Cualquier uso o reforma del inmueble debe respetar la integridad del conjunto -edificio, jardines y huertas- protegido, declarado Bien de Interés Patrimonial por la Comunidad de Madrid, a instancias del Tribunal superior de Justicia de Madrid, en 2019.

El Noviciado de las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón de Jesús se encuentra en una finca de 16.898 m2 de superficie situada en el número 198 del paseo de La Habana, en Madrid. El conjunto conventual edificado tiene una superficie en planta de 2.020 m2 y construida de 5.000 m2, y es un ejemplo significativo del estilo neomudéjar de los años 20 del pasado siglo,  obra del arquitecto Críspulo Moro Cabeza. El resto de superficie de la finca (1,48 Has) son jardines y huertas, con 423 ejemplares de arbolado (algunos de los cuales son ejemplares singulares) y un alto valor faunístico y que constituyen la segunda zona verde más grande del distrito de Chamartín, solo por detrás del Parque de Berlín.

No obstante, desde que la parcela del Noviciado de las Damas Apostólicas fue vendida a la empresa Global Alchiba SL, esos elevados valores patrimoniales y ambientales han estado en peligro. Así, tras adquirirla, la empresa comenzó a demoler el edificio del convento en junio de 2017 tras presentar una Declaración Responsable que autorizó el Ayuntamiento de Madrid. No obstante, la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid vigente en ese momento, protegía, entre otros, a los conventos anteriores a 1936.

Ello propició que, ante las agresiones recibidas, en 2018 las dos edificaciones y los jardines de la parte sur y oeste del Noviciado fueran declarados Bien de Interés Patrimonial (BIP) por la Comunidad de Madrid.

Posteriormente, en 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló (en sentencia número 777/2019) estimando el recurso interpuesto por la Asociación de Defensa del Patrimonio de Chamartín de la Rosa y ordenando que se extendiera la protección también a los jardines de la parte este y norte de la parcela, argumentando que: “No se trata de proteger en sí mismo el jardín o las huertas, sino de proteger el conjunto, puesto que el conjunto es lo que presenta interés como rememoranza histórica de la forma de vida que representaba. Vida en la que se configuraba como un todo inseparable la construcción y los jardines y las huertas.”

Por ello, en 2021 la Comunidad de Madrid declaraba al conjunto de la finca del Noviciado como BIP, incluyendo las dos edificaciones y la totalidad de los jardines y huertas de la misma.

A pesar de todo ello, el Ayuntamiento de Madrid, ha aprobado el pasado martes 24 de febrero una modificación del planeamiento para que se puedan edificar en estos jardines de la parte este y norte de la parcela 11 nuevas edificaciones (6 en la zona norte, de tres plantas y 5 en la zona este, de dos plantas). La intención es que toda la finca tenga un uso como residencia de estudiantes con 850 habitaciones.

Junto al atentado contra la integridad de los valores patrimoniales de la finca, como resultado de la ejecución de estas construcciones, 200 ejemplares de arbolado van a verse afectados, por lo que se plantea su trasplante “en los que sea viable”. No obstante, desde Ecologistas en Acción Madrid se considera que, por la edad, porte y especies de los mismos, estos trasplantes serán inviables en su amplia mayoría. La pérdida de la superficie de los jardines de la zona norte y este (10.198 m2) y de su arbolado, supondría una pérdida ambiental inasumible para el distrito de Chamartín, uno de los distritos más deficitarios en arbolado de la ciudad de Madrid, ya que tal y como consta en el documento municipal “Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad”, tiene solo 9 árboles por cada 100 personas, muy alejado de los 33 árboles/100 personas recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De la misma forma, la superficie verde por habitante del distrito de Chamartín es tan solo de 3.9 m2/Hab, muy alejada igualmente de los 15 m2/Hab, que sería el objetivo marcado por la OMS como valor adecuado.

Por todo ello, Ecologistas en Acción Madrid presentó alegaciones a esta modificación del planeamiento dado que considera que esta actuación del Ayuntamiento de Madrid no sigue los mandatos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ni las disposiciones autonómicas por las que se declara a toda la finca como BIP, sino que, por el contrario, se trata de una operación especulativa para extraer rentas inmobiliarias en un conjunto protegido, destruyendo buena parte de sus valores ambientales y patrimoniales.

Ecologistas en Acción Madrid considera que Ayuntamiento de Madrid debe garantizar la protección de esta finca para preservar la totalidad de sus valores ambientales y patrimoniales. También solicita, que se arbitren los mecanismos que procedan a través de los instrumentos urbanísticos correspondientes, para que las huertas y jardines protegidos puedan ser una zona verde de mantenimiento municipal y de uso público para el disfrute de la ciudadanía.

Además, solicita que en cumplimiento de lo establecido en la normativa que protege esta finca, el Ayuntamiento de Madrid incluya todas las edificaciones y jardines de la misma en el catálogo municipal de bienes protegidos.

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Ecologistas en Acción Sierras de la Comunidad de Madrid advierte sobre un proyecto irrespetuoso de viviendas colaborativas de lujo que se pretende levantar en la cumbre del Monte de La Serranilla, en Guadarrama, junto a los términos de Los Molinos y Collado Mediano, así como del enorme impacto ambiental y paisajístico que tendría y de la pretensión de levantarlo sin infraestructuras adecuadas ni alcantarillado.

Ecologistas en Acción informa que ha tenido conocimiento de este proyecto a través de la página https://residencialguadarrama.es/, en la que se publicita un “Luxury Cohousing” en bloques de tres pisos, más lo que parece ser una residencia para mayores, justo en la cumbre del Monte de La Serranilla, a 1.078 metros de altitud. Ese complejo tendría un impacto brutal sobre el paisaje, al ser una construcción en altura que se haría notar desde una amplísima cuenca visual, además de que implicaría la destrucción del denso bosque de miles de encinas (chaparras) que lo cubre.

Ecologistas en Acción explica que en el folleto propagandístico de ese proyecto se informa que el “cohousing” (vivienda colaborativa) tendría 36 viviendas (áticos y apartamentos), un restaurante, sala de té y cafetería, salones, una sala de cine, gimnasio, piscina climatizada, sauna y spa, pista de pádel, guardería para perros, lavandería, tienda, peluquería, capilla, consulta médica y enfermería, sala de rehabilitación, solárium, zonas de ocio, etc., a lo que, según aparece en los dibujos, estaría añadida también una residencia para mayores. Es decir que se trataría de un enorme complejo de edificaciones que se publicita para disfrutar del paisaje y de la tranquilidad de la Sierra, mientras se atenta contra ambos valores.

Ecologistas en Acción considera que, por interés general, debe prevalecer la calidad ambiental y paisajística de esa cumbre, por delante del uso lucrativo, e informa que esa zona está dentro de una Reserva de la Biosfera y en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, rodeada de zonas forestales de la Comunidad de Madrid y lindante con un Monte Preservado y cercana a un Hábitat Natural de Interés Comunitario. El Cerro de La Serranilla está calificado por la Comunidad de Madrid como un área de Alta Calidad de Paisaje y Alta Fragilidad del Paisaje.

Asimismo, en dicha cumbre y en todo el cerro, existe una destacada red de fortificaciones de la Guerra Civil, que han sido documentadas por especialistas de tanto renombre como Jacinto Arévalo y otros estudiosos del Grupo de Estudios del Frente de Madrid, y que están protegidas como Bienes de Interés Patrimonial, de acuerdo a lo que establece la Disposición Adicional Tercera de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

Ecologistas en Acción informa también que, de acuerdo al artículo 14 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, esa zona no puede considerarse suelo urbano, pues carece de alcantarillado, aceras y acceso rodado adecuado al tráfico que generaría ese complejo en una urbanización de calles muy estrechas y empinadas. Considera también que los niveles de protección del entorno no permiten que se construyeran en esa cumbre las enormes fosas sépticas que se necesitarían para albergar las aguas fecales y servidas que produciría ese gran complejo lo que, además de una fuente de olores, riesgos y posibles vertidos contaminantes, generaría un tráfico cotidiano de grandes camiones para extraer los fluidos de las fosas sépticas y llevarlos a una depuradora.

Ecologistas en Acción informa de que el ámbito en el que se pretende construir el complejo está dentro de una urbanización de los años setenta del siglo pasado, carente de viales adecuados, de aceras y de alcantarillado, y que las parcelas donde se quiere edificar están calificadas como suelo dotacional por la normativa urbanística vigente en Guadarrama (Normas Subsidiarias de 1985) por lo que no se pueden construir allí viviendas, aunque una reciente normativa de la Comunidad de Madrid (Resolución 940/2022, de 1 de marzo, de la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación, por la que se establecen los criterios que han de regir el régimen de autorización de viviendas colaborativas para la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia de personas mayores) permite, con determinadas condiciones, instalar ese tipo de viviendas “colaborativas” para mayores, sin que se puedan adquirir en propiedad, sino solo en usufructo o alquiler, con la condición de que “El número de personas residentes que hayan alcanzado la edad de jubilación deberá superar el cincuenta por ciento del total, y las que no reúnan esta condición deberán tener una edad igual o superior a cincuenta años. No obstante, podrán residir en el centro personas con una edad inferior a cincuenta años, siempre que convivan en la misma vivienda colaborativa con, al menos, una persona residente de edad igual o superior a cincuenta años, y siempre que se respete, en el cómputo global del centro, el porcentaje mencionado” (Apartado Segundo de la Resolución citada).

Por otro lado, en el folleto propagandístico de los promotores se plantea que se buscan personas que adquieran esas viviendas que podrían alquilar a aquellas que cumplan las condiciones, lo que indica que el grupo promotor pretende juntar recursos de “inversores” para poner en marcha esa iniciativa, bien por estrategia empresarial o bien porque carece de recursos propios para realizar la urbanización del ámbito
(Ver anexo).

Ecologistas en Acción hace un llamamiento a los grupos municipales del Ayuntamiento de Guadarrama, así como a los de Los Molinos y Collado Mediano, y a los vecinos y vecinas de estos municipios a que se opongan a este despropósito ambiental y paisajístico.

Anexo Cohousing La Serranilla

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• La organización denuncia el “silencio absoluto” del gobierno municipal de San Sebastián de Los Reyes ante las alegaciones vecinales y la falta de transparencia en la reactivación de un proyecto urbanístico paralizado durante más de una década.
• La urbanización daría al traste con una zona natural de extraordinario valor para el municipio y para el conjunto de espacios naturales del territorio.

Ante el anuncio realizado por el primer teniente de alcalde, Diego Domingo García, sobre el inminente inicio de las obras de urbanización del Cerro del Baile, Ecologistas en Acción de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, AlcoSanse, en coordinación con otros movimientos sociales y vecinales del municipio, ha anunciado el inicio de una campaña de recogida de fondos para emprender las acciones legales necesarias que permitan esclarecer las circunstancias de esta reactivación urbanística, la cual daría al traste con una zona natural de extraordinario valor para el municipio y para el conjunto de espacios naturales del territorio, que se han ido reduciendo drásticamente en los últimos años.

Para Ecologistas en Acción, la decisión de retomar este proyecto genera más sombras que luces. La organización considera que se trata de una operación urbanística carente de transparencia, que llega en un momento de máxima tensión social por la crisis de acceso a la vivienda y afirman que no viene a paliar ni a solucionar en absoluto la problemática de vivienda en el municipio, y mucho menos a contribuir a la bajada de su precio. En este sentido, el colectivo advierte que se está reproduciendo un modelo especulativo que recuerda al boom inmobiliario previo a la crisis de 2008, el cual desembocó en una de las peores crisis socioeconómicas de la historia reciente de España.

La organización ecologista recrimina al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que haya respondido con “desprecio y silencio administrativo” a las sucesivas alegaciones, peticiones de información y escritos presentados, tanto por la ciudadanía a título individual, como por colectivos sociales. Este mutismo, unido a la decisión de desempolvar un proyecto que llevaba estancado más de diez años, ha despertado todas las alarmas y ante la falta de respuesta institucional, Ecologistas en Acción ha considerado la necesidad de buscar amparo mediante el inicio de un proceso judicial que busca paralizar esta actuación urbanística y exigir al consistorio la entrega de toda la documentación relativa a la modificación puntual del planeamiento, los informes de impacto ambiental y la viabilidad económica del proyecto aspectos que, entienden, ocultan deficiencias graves en la tramitación.

Cómo colaborar

Para hacer frente a los costes derivados de la asesoría legal, la presentación de recursos y las posibles medidas cautelares, Ecologistas en Acción ha habilitado una cuenta corriente para recibir donaciones. La organización hace un llamamiento a la participación ciudadana, por pequeña que sea la aportación, para defender uno de los últimos espacios naturales que albergan una rica biodiversidad, procuran aire limpio al municipio y lugares donde pasear y recrearse para sus vecindarios.

Titular: Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid
Nº de cuenta: ES13 1491 0001 2630 0014 1920
Concepto: “Proceso judicial Cerro del Baile”

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El acto, un diálogo entre Gabriel Rufián y Emilio Delgado moderado por Sarah Santaolalla, había sido anunciado como una conversación para abrir un nuevo espacio. Un espacio que, en realidad, lleva tiempo rondando como un fantasma en el discurso de Rufián. Desde hace meses, el diputado de Esquerra viene insistiendo en la necesidad de articular una izquierda plurinacional capaz de competir no solo electoralmente, sino culturalmente, frente al bloque que se consolida en la derecha. Porque el contexto es ese. No se trata de un simple relevo parlamentario: existe la sensación de que lo que viene no es alternancia, sino algo más áspero. Una derecha que ya no se presenta como adversario, sino como amenaza. Y una izquierda que, mientras tanto, se consume en debates internos, siglas superpuestas y guerras de pureza.

Lo significativo es que el movimiento de Rufián ha recibido, hasta ahora, más portazos que adhesiones. Esquerra ha marcado distancias. Bildu también. Otros actores del espacio progresista han preferido leer el gesto como una maniobra personal o como un globo sonda sin recorrido. Y, sin embargo, pese a todos esos noes, la sala estaba llena. Incluso, como subrayó Santaolalla al abrir el acto, estaban todos los partidos políticos. Algo pasaba, precisamente porque no había nada cerrado.

La presentadora arrancó con una pregunta directa a Emilio Delgado, de Más Madrid: ¿Qué es esto? ¿Qué hacéis aquí?

Delgado tomó la palabra con una apelación directa, casi generacional. Quienes estaban allí, vino a decir, eran quienes no se resignan a bajar los brazos y abandonar el país. Quienes creen que todavía hace falta abrir la conversación, aunque sea tarde, aunque sea incómodo, aunque sea difícil.

Su intervención giró rápidamente hacia un diagnóstico más ambicioso. Lo que tienen delante, sostuvo, es un bloque histórico, refiriéndose al eje PP-Vox. Un bloque capaz de convertir los intereses de los ricos en sentido común mayoritario. Y eso, advirtió, no se frena solo con una coalición de partidos: “Hace falta algo más amplio. Organizar un bloque democrático equivalente, con sindicatos, estudiantes, movimientos vecinales, consumidores. Un gran debate nacional entre demócratas”.

Pero la unidad no es el único problema, advirtió Delgado. El problema real es que la derecha ha ganado la hegemonía. Ha logrado apropiarse de banderas que durante décadas parecían patrimonio de la izquierda. La libertad, pero también la seguridad.

Un terreno, admitió, en el que a la izquierda le cuesta entrar sin incomodidad. Hablar de seguridad genera recelos, pero abandonar ese marco implica dejar a mucha gente por el camino. Recuperar esas banderas, defendió, es parte central de cualquier proyecto de mayorías.

Rufián respondió a la misma pregunta con otro registro. Arrancó con ironía, enumerando insultos recibidos durante años, pero enseguida se colocó en un tono más grave. Dijo que tiene miedo como demócrata. Y añadió que lo que viene no es solo una alternancia política, sino algo salvaje. Imitadores baratos de Milei y de Trump, afirmó.

La amenaza, en su relato, no era abstracta. Habló de ilegalizaciones, de sufrimientos, de un horizonte de endurecimiento que exige responsabilidad. Aunque me hicieran dimitir mañana, dijo, seguiría sintiendo esa responsabilidad. Y entonces volvió la frase que atravesó toda la noche como un estribillo. No solo quiere ilusionar, quiere ganar: “Ganar exige ciencia, método y orden. Porque si no, se repite la historia. Intentemos hacer algo diferente”.

Y trató de aterrizar el problema en términos prácticos: “¿Qué sentido tiene que catorce izquierdas representando lo mismo se presenten en el mismo sitio? ¿Quién se presenta en Girona, en Sevilla, en Valencia, en Madrid…? ¿Vale la pena seguir compitiendo entre nosotros para ver quién es más puro y quién hace mejores tuits?”.

Su argumento no era un llamamiento a la desaparición de las siglas, sino a la coordinación. No le pide a nadie que renuncie a su identidad. Lo único que pido, dijo, “por primera vez en nuestra historia, es orden, método y eficiencia. Lo demás son tuits”. ¿Porque de qué sirve que Bildu o el BNG obtengan buenos resultados si Abascal termina siendo ministro del Interior?

Rufián defendió que “Podemos ha sido, es y será una fuerza imprescindible para la izquierda del país”. Reivindicó a Pablo Iglesias como el mejor de su generación y a Irene Montero como una fuerza de la naturaleza. Los quiere dentro de cualquier intento de recomposición. “Quien crea que esta gente sobra, se equivoca”, aseguró.

Delgado recogió el guante desde otro ángulo. Hay sectores sociales a los que la izquierda no llega, afirmó, como los campesinos o ciertos jóvenes alejados del progresismo urbano. Puso un ejemplo provocador. No le gusta la caza, dijo, pero si con un cazador comparte la defensa de la sanidad pública, lo quiere de su lado.

Rufián, después, defendió que la izquierda no puede seguir evitando determinados debates por miedo a ser estigmatizada desde dentro. Habló de seguridad, de multirreincidencia y de flujos migratorios como retos reales. Que le llamen racista por decirlo, afirmó, le parece injusto. Gobernar implica hablar también de derechos y obligaciones.

Ese razonamiento desembocó en una afirmación que marcó un punto de inflexión claro respecto a buena parte del discurso que la izquierda a la izquierda ha sostenido en los últimos años. Desde una defensa explícita del laicismo, Rufián afirmó que “el burka es una salvajada” y que “una izquierda verdaderamente laica no puede permitir que se esconda a las mujeres de esa manera”. En el fondo, era también una forma de disputar un terreno cultural que durante años la izquierda ha preferido esquivar por miedo a fracturarse.

Diferenció esa práctica de otras expresiones religiosas, como el velo o el hábito de una monja, enmarcándolas en otra tradición cultural.

“Hay límites que la izquierda debe atreverse a defender sin complejos si quiere disputar la hegemonía y no replegarse en una identidad defensiva”, dijo, ante una sala que, en este punto, dudaba entre el silencio y el aplauso. “Yo me niego a que la izquierda reparta carnés de pureza”, concluyó.

Santaolalla empujó entonces la conversación hacia el punto donde inevitablemente se atasca. Entendido el diagnóstico, “¿cómo se lleva eso a la papeleta? ¿A quién vota la gente? ¿Quién decide quién se presenta en cada provincia?”, inquirió.

Rufián lo formuló como una propuesta de base: “Requiere de un acto de generosidad inédito de todos los partidos de izquierda. Entender que no se compite entre iguales, sino contra un bloque que ya ha aprendido a jugar unido”. Y luego: “Tres o cuatro puntos compartidos para que los partidos se presenten provincia a provincia. Antifascismo, derecho a la autodeterminación, coordinación interparlamentaria”. Y un guiño explícito a la IU de Anguita: “Programa, programa, programa”.

La idea de fondo era clara. Renunciar a la pureza como identidad. Construir mayoría como tarea. Dejar de hablar solo para convencidos. Encontrar un mínimo común denominador. Pero la pregunta seguía flotando: ¿cómo hacerlo cuando los partidos, en tanto partidos, no tienen muchos incentivos para dar ese paso?

Será difícil articular realmente todo lo que se dijo en la Sala Galileo, pero durante unas horas, al menos, algo parecido a la ilusión volvió a iluminar una parte de la izquierda. No como nostalgia, sino como necesidad.

Luego ya veremos si la mecha prende.

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